jueves, 25 de octubre de 2018

¿Tiene destino la agenda del gobierno?

En La Tercera digital


El gobierno de Sebastián Piñera ha procurado salvar su ausencia de mayoría parlamentaria generando hechos de opinión pública que pongan a la defensiva a la oposición y la dividan para hacer avanzar su agenda. Primero fueron las comisiones fuera del parlamento, sin mayor resultado. Ahora se ha visto el riesgoso enfoque adoptado en el tema del proyecto de ley de “aula segura”. La “mano dura”, siempre popular, fue puesta como estandarte, con una ministra que se empecina en legislar para expulsar a los alumnos violentos antes de determinar responsabilidades en plazos prudentes. Se dejó de lado expresamente -y con el solo objeto de generar una presión de los medios contra actos vandálicos reprobables- la más razonable suspención temporal hasta terminar la investigación de cada caso, pero con derecho a defensa, sin perjuicio de sostener un firme enfoque de no dejar sin consecuencias actos violentos de alumnos o de padres contra el profesorado. Y se pasó por encima de un logro de las sociedades civilizadas contra las arbitrariedades: el debido proceso. La comisión de educación del Senado reemplazó sensatamente la expulsión por la suspensión temporal, derrotando al gobierno, aunque la postura opositora no sea la más popular circunstancialmente. Pero si la más seria.

No sabemos si una secuencia similar ocurrirá con la reforma tributaria, que plantea una nueva e injustificada amnistía a los evasores (que se agrega a la equivocadamente establecida en la reforma de 2014), debilita el delito fiscal y regalará 900 millones de dólares al año al 1% más rico con la reintegración de la totalidad de lo pagado por impuesto a las utilidades en el impuesto a la renta, entre otras normas regresivas que debilitarán la situación fiscal. La debilidad fiscal lleva además a un presupuesto para 2019 que disminuye el gasto en ciencia y tecnología y en cultura y debilita programas en salud, educación y regiones.

Tampoco sabemos que ocurrirá con las venideras reformas al sistema de pensiones o a las normas laborales. Mientras, los anuncios en materia de pobreza para “no dejar a nadie atrás”, y que se han propuesto involucrar a los grandes empresarios amigos del gobierno en áreas de acción pública, pero sin agenda ni mayores recursos, forman parte del mismo enfoque. Lo que no se asume es que el gran problema que aleja a Chile de un bienestar compartido es el exceso flagrante de poder empresarial y de privatización de la esfera pública, que produce discriminaciones y desigualdades múltiples y degradación de la naturaleza y de la calidad de vida, como hemos visto de manera dramática en Quintero. Es todo el “modelo de desarrollo subsidiario” el que no da para más.

El presidente Piñera incluso se lanzó recientemente al ruedo con un enfoque de tono ideológico para justificar sus proyectos proempresariales: atacar a la izquierda porque “quiere que el Estado lo haga todo”. El problema es que la izquierda (desde luego la de tradición libertaria y la socialdemócrata) nunca ha dicho que el Estado deba hacerlo todo, sino que debe limitar el poder privado -incluyendo el del actual presidente, que no nos olvidemos fue acusado en el pasado tanto de no respetar la legislación bancaria como multado severamente por uso de infomación privilegiada en transacciones bursátiles- junto a defender el interés general, producir más igualdad efectiva de oportunidades y de derechos en la sociedad y prestar servicios públicos universales de calidad en empleo, salud, educación, cultura, seguridad, urbanismo y medioambiente. Con los impuestos que pagan hoy en Chile los más ricos y las grandes empresas nada de esto es posible. Agreguemos que lo que discute hoy la izquierda en el mundo en sus diversas versiones no es la estatización de la economía sino avanzar a un postcapitalismo de economía mixta con un sector público orientador y estratégico, un sector privado regulado social y ecológicamente y un amplio sector social y solidario y de economía del cuidado como alternativa al neoliberalismo y al mercado omnipresente.

Ha agregado el presidente Piñera que en los gobiernos de la izquierda la pobreza se habría estancado y la desigualdad aumentado. Y que en su gobierno habría ocurrido lo contrario. En realidad, la pobreza monetaria bajó bastante y la desigualdad algo en los gobiernos de Lagos y Bachelet, y también en el suyo. La excepción ocurrió entre 2015 y 2017, cuando la desigualdad subió levemente y se constató un escaso progreso en la caída de la pobreza multidimensional, justamente en el período en el que la presidenta Bachelet les entregó la conducción económica a los neoliberales de su gobierno. Lo que se necesita no es más sino menos neoliberalismo para bajar la pobreza multidimensional y la desigualdad. O sea, más izquierda y equipos distintos a los de Andrés Velasco (que se opuso a toda reforma tributaria y laboral) o Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre (que bajaron la inversión pública, estancaron la economía y no han dado explicación alguna por el aumento de la desigualdad durante su gestión).

La incapacidad del enfoque neoliberal de enfrentar los problemas de Chile es especialmente notorio en otro tema relevado en estos días por el presidente Piñera: “la libre competencia da justificación económica y moral a la economía social de mercado” por lo que en su anterior gobierrno le habría puesto “dientes a la FNE”. En realidad, se trató solo de cambios marginales frente al masivo hecho que el Chile que emergió de la dictadura y de los sectores neoliberales de los gobiernos posteriores es uno de los capitalismos más concentrados del mundo. Y que, además, como en ninguna otra parte del planeta, domina la mayor parte de la seguridad social y de la educación, incluso la subsidiada. Frente a este tema, el actual gobierno no tiene agenda.

Desprivatizar la seguridad social, sacando a las AFP e Isapres del sistema de cotizaciones obligatorias, será la primera tarea de un futuro gobierno que no sea de continuidad, junto a la vasta tarea de desconcentrar la economía. Esta deberá incluir, respecto de lo cual se escuchan pocas propuestas de la actual oposición, rediseñar las regulaciones y las tarifas para impedir las enormes rentas empresariales indebidas en los recursos naturales, los servicios básicos y los servicios financieros. Y potenciar las empresas públicas, como Codelco y las del área de transportes, junto a crear una nueva Empresa Nacional de Energía para acelerar la transición a energías no contaminantes, además de afianzar el aporte al tejido productivo y al empleo de las pequeñas y medianas empresas innovadoras y de la economía social y solidaria. Habrá, además, que retomar el objetivo de redurcir directamente las enormes brechas distributivas mediante una negociación colectiva salarial efectiva y un sistema tributario más progresivo que financie ingresos mínimos universales decentes, empezando por la pensión básica.

Nada de esto va a ocurrir en el actual gobierno. Su agenda en lo medular está pensada para favorecer los intereses empresariales, lo que no tiene nada de extraño dada la composición y la orientación de una administración que los chilenos eligieron hasta 2022. Pero los chilenos también eligieron un parlamento que no es favorable a esa agenda. Para superar esta situación, la pirotecnia discursiva no alcanzará. El presidente Piñera deberá pactar con aquella parte de la oposición que pudiera compartir visiones neoliberales en economía o conservadoras en temas culturales, e incluso integrarla al gobierno para darle estabilidad. O bien aceptar que sus legislaciones no podrán favorecer solo los intereses y enfoques que representa, por la sencilla razón que no obtuvo las mayorías parlamentarias suficientes.

sábado, 6 de octubre de 2018

Presentación sobre el NO en la Escuela de Ingeniería

Mi breve presentación ayer en el seminario sobre el recuento paralelo del NO realizado en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile

----

Desde las 13.40 horas del 5 de octubre un sistema de estimación a boca de urna realizado con la empresa SOFRES nos había dado una estimación de 60-40% a favor del NO. Todas las encuestas previas realizadas por el grupo CIS (CED-ILET-Sur) nos daban ganadores por un amplio margen.

El primer boletín de escrutinios fue cerrado a las 21 horas del 5 de octubre con 188 mil votos, luego de la decisión de adelantar la primera información parcial, que debía producirse con 500 mil votos (más del 5%), dada la no entrega de datos por el gobierno desde las 19.10 horas. El segundo informe de la dictadura fue con 187 mil votos a las 21.50 horas y en él seguía apareciendo como ganador el SI . 

El nerviosismo por el manifiesto retraso y tergiversación en la información oficial se incrementó pues hasta las 20 horas teníamos muy pocos votos escrutados dado el arbitraje entre seguridad y velocidad y los pasos que debía seguir la información desde la minuta de la mesa, la planilla del recinto, el centro de acopio comunal, el centro de acopio provincial (en persona o por teléfono), el envío de la planilla a uno de los cuatro centros de recepción en Santiago vía fax, el traslado físico al centro de procesamiento en calle Lastarria –retrasado por el bloqueo militar del centro de Santiago- y su posterior digitación mesa a mesa. Existía además a esa hora un sesgo en favor de las mesas de hombres respecto a las de mujeres y las urbanas respecto a las rurales que nos obligaban a esperar más resultados, aunque el equipo de estimaciones que corregía los sesgos nos garantizaba el triunfo.

El segundo boletín se emitió cerca de las 22 horas con 531 mil votos. De ahí por delante el procesamiento creció de manera exponencial.

En la madrugada (2.00 am) del 6 de octubre el recuento paralelo del Comando por el NO había procesado 6.044.432 votos, un 83,4% del total. El Sistema de Control del Comando por el NO logró procesar finalmente el 97,7% de los votos, un hecho sin precedentes históricos para una organización paralela al Estado. Esto solo se explica por una gigantesca energía popular y una gran capacidad de organización colectiva que reemergía desde las tradiciones democráticas de la sociedad chilena.

Estábamos en condiciones de probar mesa a mesa el resultado que emitíamos públicamente desde el centro de prensa ubicado al frente del edificio Diego Portales. Esto fue comunicado por el Comando del NO directamente a Jarpa e indirectamente a dos ramas de las FF. AA.


El intento de autogolpe de Pinochet –que aparentemente no creyó que perdería el plebiscito y lo constató definitivamente según Cardemil a las 23 horas del 5 de octubre- se tradujo en la voluntad fallida de declarar el Estado de Sitio y sacar tanques a la calle. La división en la Junta Militar está documentada por Matthei en sus memorias y por interlocutores periodísticos y políticos del entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. Fue el día que vivimos en peligro.


lunes, 1 de octubre de 2018

La gesta del NO

En Voces La Tercera

El 5 de octubre fue obra de millones, de cada uno de los que fueron a votar que NO, tal vez con miedo o con escepticismo por la incertidumbre frente a un eventual fraude y el recrudecimiento del escenario de confrontación en que vivía el país, pero con el entusiasmo de los que creen que las gestas colectivas son posibles. De las decenas de miles de apoderados o simples testigos que vigilaron tenazmente que los votos fueran contados correctamente. De los miles que anotaron el resultado de cada mesa en las boletas distribuidas de Arica a Punta Arenas por el Comando del NO, en un gigantesco esfuerzo militante en base a voluntad y tesón. De los que transcribían los resultados a las planillas de alguno de los mil recintos de votación. De los que las trasladaban físicamente, los “chasquis”, a los 36 centros de acopio instalados en toda nuestra loca geografía. De los que las transmitían por fax, no sin dificultades técnicas variadas, a los cuatro centros ocultos montados en Santiago. De los que recibían y de los que trasladaban las copias físicamente a la sede central de la Alameda. De los que las digitaban en los computadores y de los que sumaban las copias a mano en el procedimiento de respaldo. De los que informaban, hacia Chile y hacia afuera. De los que apoyaban desde el exterior. De los que organizaban todo esto, en diversidad y trabajo conjunto. De los que dirigían y actuaban para que el triunfo fuera reconocido, para lo cual se había organizado durante casi un año el recuento voto a voto, mesa a mesa. Fue una gesta colectiva (si, esas cosas existen). No es apropiable por nadie en particular. Y ciertamente no por cofradías, como en el caso de la película NO, que recogiendo imágenes reales emocionantes, circunscribe equívocamente el proceso del 5 de octubre de 1988 a una suerte de lucha entre publicistas. 

El proceso del NO fue auténticamente la gesta épica y colectiva de todos los que participaron en derrotar políticamente a una dictadura, que por definición fueron multitudes, en parte organizadas y en todo caso motivadas de larga data. Y con militantes y dirigentes políticos democráticos en el corazón del proceso, tan denostados entonces, y también en la película NO, en que aparecen falsamente estereotipados en calidad de tontorrones, pero que en realidad pusieron toda su inteligencia, firmeza, flexibilidad y capacidad de dirección y pusieron el alma en el esfuerzo.

5 de octubre de 1988. Nueve de la mañana. A cada cual le toca lo que le toca: en mi caso, votar por primera vez… en una situación de dictadura. Paradojas de la vida. En marzo de 1973, para la última elección en la democracia previa al golpe de 1973, tenía quince años. Pinochet no solo instauró un régimen de terror, sino uno que se propuso rediseñar el país, siguiendo el ejemplo de Franco en España. Pero la tradición legalista chilena, junto a la voluntad dictatorial de consagrar cambios irreversibles en la limitación tanto del pluralismo político como de la expresión de la soberanía popular, llevó al pinochetismo a escribir primero unas “Actas Constitucionales” y más tarde una nueva constitución autoritaria, que entendía debía someter a plebiscito para otorgarle alguna legitimidad. Aunque sin los quemados registros electorales ni condiciones de debate contradictorio efectivo, lo que hizo en marzo de 1980, obteniendo una ilegítima aprobación. En los artículos transitorios se establecía originalmente que el presidente en ejercicio, Pinochet, seguiría ocupando el cargo por 16 años más, aunque limitado al cabo de 8 años por un parlamento parcialmente electo, con exclusiones ideológicas y con sede fuera de la capital. Parece ser que al interior del régimen se observó que para que la prolongación de la dictadura no fuese tan burda, parecía necesario un nuevo plebiscito ratificatorio a mitad de camino.

Así, el 5 de octubre de 1988 debo evitar ser retenido como vocal de mesa, como contempla tradicionalmente la ley chilena. Debo evitarlo, porque estoy a cargo del sistema de recuento de votos de la oposición democrática. He trabajado con dedicación por años, en el exilio y desde mi vuelta a Chile a fines de 1980, primero en la renovación de la izquierda, en la conquista progresiva de espacios públicos semilegales o legales y en las protestas populares y luego intensamente para llegar a este momento. No sé que va ocurrir. Le doy un beso inquieto a mi mujer y a mi hijo de dos años. Pienso: se trata de permitirle a él un futuro distinto, pasara lo que tuviera que pasar. Corazón apretado, mañana asoleada. Camino desde mi casa en Nuñoa hasta un Liceo donde me tocaba votar, con mi tarjeta de inscripción en el bolsillo. Hago la cola y observo que hay gente más bien de cierta edad, perfil propio de la comuna, todos con aspecto reconcentrado, nadie comentaba nada, y las cosas ocurrían de manera ordenada: se expresaba ahí la memoria histórica de tantos eventos electorales, en este caso del típico chileno medio, y la tensión de un momento histórico en que se jugaba el futuro del país. Voté, no sin emoción, en la cámara secreta, y deposité mi voto en la urna. Salí con el dedo entintado.

El asunto del recuento paralelo de los votos nació de la idea que, dado el desgaste de la estrategia de desobediencia civil iniciada en 1983 mediante las protestas, valía la pena intentar ganarle el plebiscito de 1988 a Pinochet. El escenario no era el mejor (posibilidad de fraude, ausencia de garantías) pero muchos pensamos en ese momento que podíamos controlar o por lo menos dificultar fuertemente esa posibilidad de fraude. Después de todo, los filipinos y los uruguayos habían logrado algo parecido. El cuadro político estaba confuso, los socialistas “renovados” nos habíamos salido de la Alianza Democrática para buscar una alianza más amplia, y a nuestra izquierda parte del PS, el PC y el FPMR-A intentaban una estrategia insurreccional, que considerábamos tal vez legítima pero inconducente.

Se armaron hacia 1987 el Comité Operativo de Partidos por las Elecciones Libres y el Comité de Izquierda por Elecciones Libres, con gente de la DC y de la izquierda no comunista, y en ese contexto un “Comité Técnico” unitario, con Genaro Arriagada a la cabeza, que después fue formalizado con apoyo institucional al crearse la Concertación el 2 de febrero de 1988. Nos pusimos a trabajar un grupo más bien reducido sobre los aspectos prácticos del plebiscito y Genaro supo animar un ambiente creativo, unitario pero con representatividad partidaria (yo mismo era de la dirección del PS que dirigía Ricardo Núñez) para preparar una estrategia coherente de enfrentamiento de la dictadura en las urnas. Esto sonaba bastante audaz en el contexto de la época y (casi) todos nos miraban con completo escepticismo y algo, en ocasiones, de sorna por lo “iluso” del intento.

Un día de fines de 1987, en la Editorial Aconcagua donde Genaro Arriagada tenía sus oficinas, me dice al salir de una sala de reuniones y pasando yo por el pasilllo: “tienes que hacerte cargo del control de la votación”. Yo lo miré con cara de sorpresa y le respondí algo así como que no tenía ni la menor idea de cómo se podía hacer eso, pues yo no había siquiera votado nunca. Me insistió y le dije “bueno, será”, un tanto desconcertado e….inquieto. Con mis 30 años y después de los variados y en ocasiones bastante azarosos avatares vividos desde el año 1972 en que me involucré en política (luchas estudiantiles secundarias, golpe, exilio, retorno, protestas en la calle, críticas políticas y económicas a la dictadura en los espacios que se iban conquistando, elaboración de ideas en el contexto de la articulación de alianzas en la izquierda y con la DC desde 1983) no me pareció que pudiera negarme. Es cierto que tampoco éramos muchos en la izquierda los que estábamos en la estrategia de derrotar a la dictadura en el plebiscito.

Me acerqué a los jóvenes de la FECH de entonces, encabezados por Germán Quintana, que era de la JDC, y a gente de todos los colores para armar un equipo a la altura de las circunstancias y la complejidad de la tarea. Es cierto que la DC quiso armar un trabajo propio de partido, y en el PPD Jorge Schaulsohn y otros otro tanto, pero yo mismo propuse que no nos complicáramos e inventamos aquello de la línea N y la línea O, en la idea que se complementaran. La influencia en el PPD –que contribuí a formar- me permitió mantener bajo control, no sin incidentes, incluso el 5 de octubre, los sectarismos de algunos. En nuestra línea trabajó gente de todos los partidos, con el apoyo de la propia directiva DC, lo que yo valoré porque fue una expresión de confianza unitaria. Y también lo hizo con gran disciplina y capacidad organizativa la gente del PS Almeyda y del Partido Radical.

Me puse a averiguar cómo se podía hacer esta tarea. En el diseño nos ayudó alguna gente con experiencia internacional, lo que se agradeció muchísimo. Pero básicamente los diseños los hicieron jóvenes ingenieros chilenos encabezados por Germán Quintana, Didier de Saint Pierre, Hernán Saavedra, Maurice Saintard, Esteban Fuentes, Juan Claudio Navarrro, Marcelo San Martín, Carlos Alvarez, Aldo Signorelli, Guillermo Díaz y decenas de profesionales, como Raimundo Beca, Alberto Urquiza, Enrique Dávila, Marcelo Leseigneur, con la ayuda en el análisis de datos de Jorge Navarrete, Joaquín Vial, Patricio Meller y tantos otros que hicieron un trabajo enorme en un muy breve período de tiempo para recolectar, procesar y analizar millones de votos distribuidos en 22 mil mesas, y a los que la democracia chilena debe mucho en un momento que fue crítico para reencaminar la historia del país.

Partí entonces el 5 de octubre en la mañana con el dedo entintado al Comando del NO, en Alameda esquina de la calle Lastarria, en un lugar central y visible de la ciudad, a pasos del edificio Diego Portales en el que estaba el centro de prensa instalado por la dictadura. La primera emoción fuerte fue a mediodía cuando Raimundo Beca me hizo llegar los datos de la primera evaluación del sistema de encuestas a boca de urna que una consultora francesa nos había ayudado a montar y que nos anunciaba una victoria de 60-40, y que no dimos a la publicidad por la falta de experiencia previa con el instrumento en Chile. Se lo comuniqué de inmediato a Ricardo Lagos, que tuvo una expresión de alivio. Tuve, por mi parte, la sensación de que el sistema nuestro, luego de ese primer peldaño, y con todas sus variantes y respaldos nos iba a proveer la información que necesitábamos para defender el resultado del plebiscito que nuestras encuestas nos daban por ganado.

La noche anterior al 5 de octubre, en cambio, al producirse un apagón, no nos había funcionado el sistema de respaldo de energía eléctrica que habíamos previsto para esa eventualidad. Con Germán Quintana y Hernán Saavedra, ambos ingenieros eléctricos, y el resto del equipo nos sentamos en unos sillones a oscuras, con el ánimo por los suelos. Respiramos hondo unos segundos, y de nuevo a trabajar para ver como reparar el tema. En todo caso, Alberto Urquiza había coordinado con gente del Colegio de Contadores un numeroso grupo de profesionales que, con velas y papel, además de máquinas de calcular manuales, llevarían un recuento de respaldo, que el 5 de octubre funcionó muy bien.

La segunda emoción fuerte fue cuando a la 17 horas, al encenderse el computador (programado por el equipo encabezado por Didier de Saint Pierre), se inutilizó parcialmente por una chispa provocada por la electricidad estática. Era una catástrofe. Nuestra pieza clave no podría funcionar, instalada en un sala del fondo del tercer piso de la sede central de calle Lastarrria, con la idea de que si nuestro sistema era atacado por la dictadura esto fuera inmediatamente visible, lo que era más difícli de lograr si lo instalábamos en un lugar clandestino, aunque si lo hicimos con los cuatro centros de acopio que recogían en Santiago vía fax las planillas con los datos mesa a mesa desde todo el territorio.

El sistema consistía en que los apoderados de mesa que los partidos legales PDC y PPD, y tambien PH, habían acreditado, previa formación sobre sus derechos previstos por la ley electoral –con el apoyo del Comando y de ONG’s que hicieron muy bien su tarea- debían anotar el resultado de su mesa en un formulario con copias de respaldo que habíamos distribuido en los mil recintos de votación, en un operativo logístico de gran envergadura completado en los días previos. Una de las copias debía ser entregada inmediatamente después de conocido y anotado el resultado a nuestro encargado de recinto, que inmediatamente anotaba el resultado en una planilla que registraba unas 25 mesas. Una vez completada, la planilla partía –a través de los cientos de mensajeros que se movilizaban a pie, en bicicleta, en auto o en lo que fuera- a alguno de los 36 centros de acopio de Arica a Punta Arenas cuyos equipos habíamos formado en meses de trabajo y en los que se encontraba un fax. Esta tecnología recién disponible la habíamos importado directamente desde Estados Unidos y era robusta para transmitir datos incluso con líneas telefónicas de mala calidad. Las planillas eran enviadas desde los fax en el territorios a los fax receptores que se encontraban en alguno de los cuatro centros de acopio en Santiago y de ahí en auto al tercer piso de calle Lastarria. El computador central estaba conectado a una docena de entradas en las que un grupo de expertos digitadores –que trabajaban en bancos y que habían sido reunidos para esa noche por Enrique Dávila- ingresaban los datos mesa a mesa que el software procesaba, lo que hicieron con gran profesionalismo y celeridad cuando llegó el momento.

Mientras, el computador central estaba inutilizado. Jorge Navarrete, que observó la escena del chispazo, accedió de inmediato a mi petición de dirigirse con su vehículo al proveedor con el que habíamos importado el equipo y que, milagro, tenía un segundo computador disponible. Al llegar de vuelta con el nuevo equipo, a eso de las 18 horas, las tarjetas quemadas ya habían podido ser reemplazadas por el grupo que operaba el computador averiado. ¡Uf! Ahora disponíamos de un segundo equipo de respaldo. Entre tanto, Genaro Arriagada se había acercado desde la otra ala del tercer piso en la que estaba la dirigencia política encabezada por Aylwin, Silva Cimma, Lagos, Maira y Hirsch a preguntar si todo estaba bien, y carraspeando le dije que no se preocupara…

La tercera emoción fuerte fue cuando fue subiendo la tensión y cerca de las 20 horas apenas habían llegado datos a la calle Lastarria. Germán Quintana y yo estábamos en un pequeño espacio en el que él operaba un sistema de radio con los centros de acopio, cuya ubicación y operadores yo no conocía por razones de seguridad, dado que era la cabeza visible del sistema. Germán fue constatando que la información llegaba todavía lentamente desde el territorio y que quienes debían traer los datos desde los cuatro centros de acopio no lograban pasar por el cerco policial y militar del centro de Santiago que se desplegaba a esa hora. Ya había caído la noche y la dictadura no daba más información, después de un primer boletín a las 19.10 horas del señor Cardemil que daba por ganador al Sí con 72 mesas escrutadas, y transmitía dibujos animados por TV. Todos tratábamos de no dar por hecho el desconocimiento del resultado, pues presumíamos que la historia partiría hacia otro lado, hacia una confrontación más prolongada y más sangrienta que la que ya habíamos tenido. Ahora sabemos que el desconocimiento del resultado fue objeto de debate en esas horas al interior del régimen, cuando Pinochet quiso obtener de la junta militar facultades extraordinarias para declarar el Estado de Sitio, las que finalmente no le fueron concedidas por Matthei y Merino. Me fui a hablar con Genaro Arriagada y a preguntarle si podíamos hacer algo para lograr que despejaran el área y entrara nuestra gente con los datos. Ahora fue de él el turno de decirme que había que esperar, con mucho humor, en momentos en que no tenía ninguna evidencia que no fuera el completo cierre de filas del régimen en un silencio sepulcral no muy bien aspectado. En mi desesperación escuché que estaba en la Alameda con Lastarria el Coronel Sobarzo, de Fuerzas Especiales de Carabineros. En un acto bastante absurdo, decidí bajar a la calle a hablar con él. Se produjo un intercambio ridículo de mi parte: “a nombre del Comando por el No le solicito que deje pasar a las personas que se identifiquen como nuestros mensajeros para poder completar la recolección de datos de la votación”. Me miró y me dijo: “Mire, mejor dejémos las cosas hasta ahí no más”. A buen entendedor…y me devolví mascullando mi impotencia al tercer piso de nuestra sede.

Conversamos con Germán Quintana y decidimos pedir a los nuestros que trataran de pasar como fuera con las planillas recolectadas por fax, instrucción que dio por radio. Al cabo de un rato, en una imagen difícil de olvidar, veo subir con la respiración cortada por la escalera de la sede a Guillermo Díaz, que sacó de su espalda, donde lo había escondido, el primer fajo de papel fax con los datos. Venía pálido y nos contó que no le había sido fácil pasar por las calles oscuras en medio de las patrullas…Pero la información empezó a fluir, los digitadores a ingresar raudamente la información y a obtener nuestras primeras estimaciones.

Habíamos declarado que daríamos información a partir de quinientos mil votos escrutados. Nuestros primeros resultados daban un 59-41%, más a favor nuestro que el 56-44% que fue el resultado final porque teníamos más datos urbanos y de hombres que de mujeres y rurales, donde el No ganaba con más fuerza. Después de una breve discusión con el Comité Ejecutivo encabezado por Patricio Aylwin, decidimos dar el primer cómputo nuestro –ya eran las 21 horas- con 188 mil votos, lo que hizo Genaro Arriagada, cruzando a la sede de prensa al otro lado de la Alameda. Dimos una segunda información con 531 mil votos a las 22 horas. En un momento vino a nuestra ala del tercer piso Gutemberg Martínez que acompañaría a Patricio Aylwin al Canal 13 a un debate con Jarpa. Necesitaba el último dato disponible, con un universo que a esa hora crecía sustancialmente. Le di la hoja de resumen e imprimí un pesado fajo –en esa época el papel de impresora era continuo- que se llevó bajo el brazo para mostrar que nuestro dato estaba efectivamente basado en un recuento mesa a mesa y que no era una estimación o una encuesta, lo que había sido diseñado así suponiendo una movilización de cerca de 50 mil personas para recolectar la información. Íbamos a defender el resultado en cada mesa en cada recinto en que se votó con uñas y dientes, y así les fue transmitido a Jarpa y Allamand, y además por interpósitas personas a dos de las ramas de las Fuerzas Armadas, los que además disponían de una encuesta representativa de mesas seleccionadas patrocinada por el Comité de Elecciones Libres, constituido por personalidades y con el aval de la Iglesia.

A la medianoche Jarpa reconoció la derrota del Sí en Canal 13 y más tarde Matthei, al entrar a una reunión de la junta militar a La Moneda, hizo lo propio. A las dos de la mañana, el régimen reconoció nuestra victoria.

Nos fuimos abrazando con compañeros de tantas luchas. Nuestro equipo del sistema de cómputo paralelo se sacó una foto para la historia. Me embargó una sensación de vacío. En los días previos, nuestro equipo había concurrido un rato a la gigantesca concentración de cierre de la campaña del No en la avenida Norte-Sur. Mientras caminábamos entre la multitud festiva, tuve un sentimiento de apabullante responsabilidad con la gente que nos rodeaba. No les podíamos fallar. Si nos pasaba algo por cualquier incidente antes del día 5, no era una buena cosa. Le pedí al equipo que nos devolviéramos a Lastarria a seguir afinando la infinidad de detalles que debíamos considerar. Ya concluida la jornada del 5 de octubre, habíamos contado en pocas horas el 82% de los votos (a la mañana siguiente completamos el 98%), en una experiencia única en el mundo para una organización paralela al Estado. Ya podíamos respirar.

Tuve la sensación de que la cuenta del 11 de septiembre de 1973, que para muchos irremediablemente nunca se podría reparar, para mi quedaba simbólicamente saldada. Habíamos derrotado a la dictadura en las urnas, podíamos iniciar el camino para desmontarla. Podíamos empezar a descomprimir después de años de tragedia. Y en la madrugada le di un beso a mi hijo dormido, pensando en que su destino podía ya ser mejor. Vencimos a los que nos habían masacrado y aplastado, pero con el alma limpia. Evitamos más violencia. Con la fuerza de la convicción racional y la unidad trabajosamente obtenida disciplinando egos variados, incluso en la jornada que terminaba. Nadie nos quitaría ya el orgullo de haber sido parte de la reorientación de la historia de Chile hacia la democracia. Lo que se hiciera para restablecer a la brevedad la soberanía popular y qué hacer con ella sería ya otra historia.


domingo, 23 de septiembre de 2018

Luis Valenzuela y Mauricio Jorquera en la memoria


Veo la lista de los institutanos que murieron en manos de la dictadura, a los que se rendirá un muy merecido homenaje el jueves 27. 

Reconozco dos nombres que me son cercanos, Luis Valenzuela Leiva y Mauricio Jorquera Encina. 

Luis fue candidato del MIR a la FESES en 1972 y fue jefe de la dirección de estudiantes secundarios del MIR en 1973, con 19 años. Luis (Leonidas, como le decíamos) era afable, tranquilo, muy capaz, organizado. Dirigía ese grupo -del que también formaban parte Mauricio Jorquera e Ignacio Vidaurrázaga por los liceos públicos, Ricardo Pizarro por los estudiantes vespertinos (dirigía la Federación de Estudiantes Vespertinos, Fevenoch) y yo mismo por los estudiantes particulares (dirigía un Frente de Izquierda de Estudiantes Particulares, FIEP)- de una manera cordial y dedicada. En esos meses prestábamos un apoyo crítico, en medio de una situación convulsionada, a la iniciativa de la Escuela Nacional Unificada, que habíamos discutido en profundidad junto al representante de la Comisión Nacional Estudiantil del MIR, Sergio Riffo (también desaparecido). Habíamos acordado respaldarla por los avances potenciales hacia una educación más igualitaria que entrañaba. El proyecto finalmente nunca fue presentado al Congreso y terminó retirado de su agenda por el gobierno, aunque la oposición mantuvo la presión insurreccional en liceos y colegios. 

En el grupo, Mauricio Jorquera (el chico Pedro, como le decíamos), con sus 17 años, destacaba por su inteligencia, su oratoria y vehemencia tranquila, y también por su cordialidad. 

En el tráfago de actividades y tensiones, no lográbamos coordinar mucho, salvo ser parte de todas las movilizaciones. Con frecuencia andábamos por la Alameda y los alrededores del Instituto Nacional y la Universidad de Chile y con más de algún gas lacrimógeno en el ambiente. La derecha secundaria dirigida por Allamand y la DC por Salazar y Artaza estaban en la calle periódicamente y nosotros los confrontábamos e intentábamos impedir que los liceos y colegios se sumaran al paro indefinido conducente al golpe de Estado que promovían. En agosto de 1973, en la Alameda a la altura de la Iglesia San Francisco, por la tarde-noche, avanzamos algunas decenas de militantes del FER hacia un grupo de manifestantes que ocupaba la calle a una cierta distancia. Sonaron disparos. A dos metros de donde corría hacia los manifestantes cayó baleado en el cuello Mauricio y rápidamente fue evacuado hacia la Posta Central. Se recuperó. 

Pero el 5 de agosto de 1974, cuando cumplía 19 años, Mauricio fue detenido en la calle por una delación de la "flaca Alejandra". Fue visto en Londres 38, Cuatro Álamos y José Domingo Cañas, en malas condiciones. Luego nadie que no fueran los agentes de la represión lo vio más. Fue parte de la lista de los 119 publicada en un vergonzoso montaje periodístico de la cadena mercurial el 24 de julio de 1975. 

Luis fue detenido a los 21 años el 10 de enero de 1975, luego de pasar ese día donde una tía señalando que era seguido por agentes de la represión. Nadie supo las circunstancias de su detención. Nadie lo vio más, salvo los agentes de la represión.

Tenían una vida por delante. Hubieran sido seguramente figuras destacadas en la política. Pero no supimos más de ellos. Salvo de su valentía y entrega. Y de su ejemplo imperecedero de consecuencia en la lucha larga por más justicia y más libertad. Solo cabe inclinarse ante su memoria. En mi caso con emoción.

martes, 4 de septiembre de 2018

A 45 años del golpe: el debate histórico siempre necesario

En Voces La Tercera

Pasado un tiempo desde el enojoso episodio del nombramiento y destitución de Mauricio Rojas, parece quedar una lección: en la imperfecta esfera pública del Chile de hoy cabe asumir todas las consecuencias de la verdad histórica. En primer lugar, aunque cabe lamentar toda muerte violenta ocurrida en el país por razones políticas, corresponde inclinarse con respeto frente a los que perdieron la vida o sufrieron gravemente por las acciones de los agentes del Estado en la dictadura de 1973-1989. Es lo menos que los diversos actores políticos y de opinión pueden hacer para contribuir a reparar en lo que se pueda el daño humano y social enorme provocado por la represión y violencia estatal, cuyas secuelas desgraciadamente se prolongan en el tiempo. No es el único tema a seguir procesando para afianzar mejores bases éticas para la convivencia democrática, pues también están presentes otros más actuales como la corrupción en el financiamiento empresarial de campañas, los conflictos de interés en el gobierno y abusos en diversas instituciones del Estado y la sociedad civil. Pero el golpe de 1973 y sus consecuencias, a pesar de los 45 años transcurridos, marcan inevitablemente la historia contemporánea del país.

Tiene razón Roberto Ampuero (dicho sea de paso todavía nadie se explica por qué fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, salvo la conjetura de marcar distancias con las izquierdas de aquí y de afuera, pero esto es demasiado pequeño para un tema demasiado serio como la política exterior) cuando afirma: "el Museo de la Memoria no explica bajo qué circunstancias estalló el horror que condenamos”. Los que, como Ampuero, reclaman que el rechazo a los horrores de la represión no debe omitir el necesario análisis histórico, tienen razón. Pero deben enfrentar al menos dos temas. 

Primero, como se ha dicho y repetido, los museos históricos no son espacios de análisis, sino que registran momentos y situaciones. En el Museo de la Memoria no se tergiversa nada, se nombra y muestra la brutal represión con, por lo demás, bastante sobriedad, y sin que nada de lo que ahí se muestra sea falso. Cuando la jefa de la UDI opina que el Museo es parcial, pero al mismo tiempo declara no conocerlo, expresa en realidad que su sector político no quiere que existan espacios de memoria que nombren y muestren los horrores inaceptables del régimen que su grupo propició y apoyó. ¿Aspira acaso a que se afiche en esos espacios: "lo que van a ver es culpa de la izquierda que polarizó al país y obligó una intervención de las fuerzas armadas, con las consecuencias colaterales que ahora van a ver?”. No nos cansaremos de afirmarlo: esta pretensión es una distorsión ética incalificable, pues pretende responsabilizar a las víctimas de los sufrimientos inmorales infligidos por sus victimarios.

Segundo, el análisis histórico en la esfera pública es por supuesto indispensable. Pero en este tema la derecha que sostiene que el golpe es culpa de la izquierda tendrá que intentar desmentir toda la amplia documentación de los hechos que culminaron con el 11 de septiembre de 1973. Empezando por el intento de secuestro que derivó en el asesinato del General René Schneider. ¿No ordenó Nixon, presidente de Estados Unidos, expresa y reiteradamente a sus servicios de inteligencia impedir que Salvador Allende asumiera el gobierno el 4 de noviembre de 1970? ¿No consiguió la CIA que actuara un grupo de extrema derecha con algunas complicidades militares (Viaux y otros), al que proveyó de armas y que terminó asesinando nada menos que al Comandante en Jefe del Ejército? ¿No existía el plan de provocar una conmoción violenta que justificara un golpe? De esa magnitud fue la decisión norteamericana y de sus cómplices internos antes de que Salvador Allende pisara siquiera La Moneda. Y de ahí por delante se produjo una seguidilla de acciones abiertas y encubiertas (Nixon: "hagan chirriar la economía") y una inteligente capacidad de la SOFOFA y otros actores de la oligarquía empresarial de entonces de articular una oposición política y social, arrastrando progresivamente al centro político y a diversos sectores medios y populares conservadores a una política de insurrección contra el gobierno (para quien dude al respecto le puede ser útil leer el testimonio de Orlando Sáenz. El gobierno de Allende respetó las normas constitucionales, las libertades civiles y políticas, el calendario electoral, y así sucesivamente. Pero se empeñó en producir un cambio social antioligárquico y de recuperación de los recursos naturales, dirigido por un socialista que no dudó en culminar la reforma agraria y nacionalizar el cobre (porque había sido la batalla de toda su vida), en este último caso con el apoyo unámime del Congreso. Y que era a la vez un demócrata que jamás se propuso ejercer el poder más allá de los seis años de su período constitucional ni llevaría a Chile a una dictadura y menos a los brazos del campo soviético (que en todo caso tampoco estaba interesado en llevar a su órbita a un país austral sin mayor interés geoestratégico). Y que intentó hasta el último día buscar una salida política al conflicto mediante un plebiscito, que primero quiso concordar y luego decidió llamar unilateralmente, y que sabía que probablemente perdería. Allende, y así lo señalan los testimonios de sus cercanos, estaba dispuesto a abandonar el poder mediante mecanismos institucionales que salvaran la democracia chilena.

El golpe no fue provocado ni realizado por la izquierda. Esta no preparó ningún golpe ni autogolpe, incluyendo la extrema izquierda. Es verdad que la coherencia política de sus dirigentes de partido frente a la gravedad del desafío no fue demasiado alta y que sus ligerezas de decisiones y de lenguaje generaron percepciones de amenaza absurdas, pero ese es otro tema sobre el que la propia izquierda ha escrito hasta la saciedad, realizando una amplia autocrítica. La izquierda no fue capaz de crear las condiciones para mantener un apoyo social suficiente respecto a lo fundamental de su proyecto, para lo cual era indispensable un acuerdo con la DC, sostener el alto mando militar constitucionalista y pactar una estabilización económica con una delimitación del sector público. En estos tres temas la derecha y el gobierno de Estados Unidos hicieron todo lo posible para que no se concretara una perspectiva de continuidad democrática, sino que apostaron desde la hora uno a una desestabilización económica que condujera al colapso político. Y también cabe una responsabilidad a Frei Montalva y su grupo, que se negó a dar su acuerdo a una salida pactada, incluyendo el rechazo a la lista de 91 empresas a ser mantenida en el sector público concordada con la directiva DC, a la petición que le realizó personalmente el general Prats de pactar una salida democrática con Allende con la mediación del Cardenal y a la propuesta de plebiscito. 

El golpe fue facilitado por el divorcio entre la izquierda y el centro político, con responsabilidades compartidas.  Pero la izquierda fue víctima, y también lo fue con el correr del tiempo la propia DC, y no causante del golpe. Lo decisivo es que el golpe fue expresamente propiciado e inducido por el gobierno de Estados Unidos -en el contexto implacable de la Guerra Fría-, por la derecha empresarial y política y por los sectores de la Democracia Cristiana conservadores y pro norteamericanos que pensaban sin fundamento que Allende y Prats preparaban “un golpe de Praga” pro-soviético. 

El golpe no era inevitable. Fue ejecutado por un oportunista sin escrúpulos que se sumó a última hora (Pinochet), apoyado en un grupo de oficiales (como Arellano, Bonilla e incluso Leigh) que quisieron diezmar a la izquierda y a los sindicatos y luego entregar el gobierno a civiles elegidos en plazos que no fueran eternos, o bien instaurar un régimen de duración franquista que "refundara" Chile con un proyecto neoliberal de desmontaje del Estado desarrollista (como Merino, al que se sumó Pinochet en tanto se le garantizara un poder prolongado). Este grupo militar, apoyado en y por la derecha política y económica, se propuso restablecer las bases del tradicional dominio oligárquico, que venía cediendo posiciones desde 1920 en adelante. El golpe de 1973 tiene por origen último la pérdida de poder que resultó intolerable para la clase dominante tradicional, para lo cual utilizó sin límites todos los resortes de poder internos y externos de los que disponía. Su respuesta fue terminar con la democracia y configurar un poder autoritario, violento y sin escrúpulos al servicio de sus intereses, más tarde institucionalizado por una constitución de “democracia protegida”… de la soberanía popular. 

Las FF.AA actuaron como ejecutores del golpe y de la represión una vez que un alto mando con convicciones dictatoriales y autoritarias logró su control jerárquico. Pero no olvidemos a los generales Schneider y Prats, al almirante Montero, al general Sepúlveda Galindo, a los generales Poblete y Bachelet, constitucionalistas y demócratas como tantos otros militares profesionales de todos los rangos que honraron históricamente a los institutos armados al oponerse a un golpe de Estado ilegítimo.

De modo que la derecha y su gobierno tienen razón. Hay que discutir sobre quienes causaron el golpe de 1973. Bienvenidos al debate.

lunes, 27 de agosto de 2018

Homenaje a José Boncompte

Hace justo 34 años José Boncompte fue asesinado 22 balazos mediante. Esto ocurrió en el marco de una operación criminal de la CNI en el sur del país, en este caso en Valdivia, donde se encontraba clandestino. En mayo de este año se ha producido la condena judicial en primera instancia a una parte de los agentes de la CNI que participaron en ese crimen a mansalva en agosto de 1984.

Compartí con Pepe exilio, militancia y sobre todo amistad en nuestros jóvenes días en París. El se había salvado luego de haber caído en Santiago en 1975 en manos de la DINA, como parte un grupo de resistencia clandestina del MIR junto a los hermanos Bonnefoy, momento en que otro compañero murió heroicamente disparando a un agente. Finalmente los tres sobrevivientes del episodio pudieron salir al exilio por tener otra nacionalidad que la chilena. Todo esto está recogido en el libro "Relato en el frente chileno" de Ilario Da (Michel Bonnefoy, en realidad).

Pepe era romántico, inteligente y buen amigo. Un día nos citó a otro amigo, Jacques Young, y a mi a un café para lo que sería su despedida, por el 78. Habíamos discutido meses y años sobre lo que, a mi parecer, era el infundado proceso de retorno clandestino que había decidido realizar la dirección del MIR. Yo era de los que pensaban que no haría avanzar las cosas, pero si tendría un nuevo alto costo humano que se agregaría a la derrota y masacre de 1973-75. Y que lo que se debía hacer era ir conquistando espacios en una lucha de desobediencia civil masiva y creciente y en una salida política antes que una lucha armada inconducente en nuestro contexto. Pero Pepe estaba decidido a seguir el otro camino. Nos dijo que a la hora de tomar su opción tenía en la memoria a su familia española que había participado en la guerra civil. Y que ese era su destino. Todavía recuerdo el abrazo de despedida que nos dimos, pues los dos sabíamos que posiblemente sería el último. Yo logré un retorno legal desde 1980, pero nuestros caminos no se volvieron a cruzar en Chile. Inmensa fue la rabia y la pena al conocer la noticia de su asesinato en Valdivia seis años después de nuestra despedida. En 1981 y en 1983 ya habían sido asesinados en Santiago los hermanos Sergio y Genaro Flores Durán, amigos también retornados clandestinamente desde París.

Pepe Boncompte había estudiado economía y administración pública en la Universidad de Chile. Un día en los años dos mil fui a hacer una clase a esa escuela y me encontré en un panel con un afiche de homenaje a Pepe y con una foto suya, lo que me impresionó y emocionó. Un grupo militante rendía homenaje a su manera a la memoria de alguien que había pasado por esas aulas en los años setenta y que había entregado su vida en la lucha contra la dictadura y por un mundo más justo. Sabían que esa no había sido cualquier decisión y que el sacrificio de Pepe merecía ser parte de la memoria colectiva.

Hoy más que nunca solo cabe el homenaje que se debe a los luchadores que dieron su vida por una causa noble y, en este caso, a mi amigo José Boncompte. Y honrar su memoria.

jueves, 23 de agosto de 2018

Sobre desigualdad e impuestos

A partir de tres mensajes breves del 23 de agosto

Justo cuando la CASEN revela un aumento de la desigualdad en 2015-17 (¿qué dicen Valdés y Eyzaguirre?), Piñera baja el impuesto a las empresas y el impuesto a la renta vía reintegración. Varios cientos de millones de dólares regalados a los más ricos. Así va Chile.

El índice de desigualdad que mejor mide el fenómeno es el 10-40 (cuantas veces representa el ingreso del 10% más rico aquel del 40% más pobre). Bajó a 2,1 veces en 2017 desde 2,4 veces en 2006 (en una década) y 2,2 veces en 2013 (durante Bachelet II). Apenas se avanza y en el último bienio se retrocedió. En la OCDE la relación 10-40 es de 1,2 veces en promedio (y de 0,9 veces en Dinamarca y Finlandia). Falta un cambio laboral y tributario estructural. No hay más.

Para bajar la desigualdad a niveles OCDE, falta una mayor participación del trabajo en el ingreso con negociación colectiva real y salario mínimo más alto, mayores impuestos sobre recursos naturales y sobre emisión de contaminantes e impuestos a la renta más progresivos, volviendo al 50% en el tramo más alto de ingresos de 1990 y separando los impuestos a las utilidades de las empresas y a los ingresos de las personas.

Agrego que la literatura reciente (ver por ejemplo Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth, Mariana Mazzucato y Michael Jacobs, 2016) indica que un sistema laboral y tributario que induce menos rotación laboral, más formación y educación, mejor salud, más protección ante el desempleo y la vejez, más investigación y desarrollo para la innovación y más protección del consumidor, aumenta la productividad más que los mercados ilimitados y no gobernados por los poderes públicos y la sociedad. 

La innovación debe ponerse al servicio del desafío ambiental. Este es de vida o muerte para las nuevas generaciones, lo que nos obliga a transitar con celeridad a una economía descarbonizada y circular, en la que se haga durar y se recicle lo que se produce, con un consumo reorientado a lo funcional para no derrochar recursos y evitar el sobre-endeudamiento. Es decir, avanzar hacia una economía que crea empleos y genera ingresos para el bienestar social-ecológico y no solo para la expansión ilimitada de la acumulación de capital y de los mercados, que redundan cíclicamente en aumentos del consumo, pero también sistemáticamente en una gran concentración del ingreso, la precarización del trabajo, el endeudamiento de los hogares y el deterioro insostenible de los ecosistemas. De estos últimos temas trata mi último libro, que se presenta hoy en la editorial LOM.

miércoles, 15 de agosto de 2018

Más sobre el tema de Rojas-Ampuero

Escrito el 12 de agosto en Twitter, bajo el impulso de la indignación.
----
Para M. Rojas exponer en un museo los crímenes contra la democracia y contra la humanidad de la dictadura de 1973-89 es un "uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional". Del nivel del diputado UDI Urrutia. ¡Y Piñera lo nombra ministro de cultura!

El Museo de la Memoria no es "una manipulación de la historia". Presenta una historia terrible, que hay que conocer para que no se repita. M. Rojas y R. Ampuero son parte de la pretensión deleznable de culpar a las víctimas de las acciones de sus victimarios.

Lo que Piñera busca al poner a personajes menores como Ampuero y Rojas como ministros es agredir a la izquierda. Al nombrar en Salud a un cómplice del encubrimiento del asesinato de Frei, agrede su memoria y a quienes comparten sus ideas. Demasiada soberbia gratuita.

Los que hicieron trizas la democracia fueron los que prepararon, ejecutaron y/o apoyaron un golpe de Estado sanguinario, ¡no los que se opusieron a él! ¡Hasta cuando tanta distorsión histórica y moral!

----

Agrego que el tema no es tanto que existan estos personajes conversos, capaces de ser más furibundos que la extrema derecha para ganar puntos entre los poderosos 
a los que decidieron servir (incluyendo escribir novelitas sobre Allende o hablar en Suecia contra la inmigración), o que existan médicos que fueron cómplices de crímenes, sino que Piñera los nombre ministros o subsecretarios. La derecha en Chile no tiene remedio en su falta de respeto a los principios republicanos más elementales.

Y si hay algo que es especialmente inaceptable es, ya que no se pueden negar los crímenes a estas alturas, sostener que el hecho que se cometieran, desde el bombardeo de La Moneda en adelante, fue responsabilidad de la izquierda. La responsabilidad de los crímenes es de los criminales, no de las víctimas de los criminales, por ineficaces que hayan sido estos últimos o equivocados que hayan estado en sus propósitos políticos. Esa es harina de otro costal. El derecho penal reconoce como asesino al asesino, jamás al que lo haya supuestamente provocado. Todo lo que se diga en otro sentido no es explicar, es pretender justificar crímenes, en este caso contra la humanidad, los más graves que se pueda imaginarMás sobre el tema de Rojas-Ampuero en frases breves escritas en Twitter


13 de agosto

@tere_marinovic: "Una pregunta simple: si alguien visita el museo de la memoria, entiende por qué razón se produjo el Golpe, o cree que fue algo así como un antojo de las FFAA?

En respuesta:

¿Usted pretende decir que no hubo un diseño de A. Edwards y buena parte de la oligarquía económica y la ultraderecha, junto a Nixon-Kissinger, para impedir que Allende asumiera el gobierno en 1970? ¿Y derrocarlo apenas pudieran? No está en el Museo, fíjese. No es su función.

Bien la salida de Rojas. Lección: en la esfera pública republicana cabe asumir todas las consecuencias de la verdad histórica e inclinarse con respeto frente a los que sufrieron. Es lo menos para reparar en lo que se pueda el daño humano y social enorme provocado por la represión


14 de agosto

Ampuero: "el Museo de la Memoria no explica bajo qué circunstancias estalló el horror que condenamos”. El golpe tiene por origen las reformas de Frei y Allende, intolerables para la oligarquía, que decidió terminar con la democracia. Y EE.UU. no toleró que Allende gobernara.

Los responsables del golpe de 1973 fueron la derecha, la DC pro norteamericana y el gobierno de Estados Unidos. La izquierda no fue capaz de crear las condiciones para mantener un acuerdo con la DC y no polarizar a los sectores medios, pero fue víctima y no causante del golpe.

Las FF.AA actuaron como ejecutores del golpe y de la represión dirigidas por un alto mando circunstancial de extrema derecha. No olvidemos a los generales Schneider y Prats, al almirante Montero, al general Sepúlveda Galindo, constitucionalistas y demócratas como muchos otros.

jueves, 9 de agosto de 2018

Encuestas a la baja: ¿economía al alza?

Voces La Tercera

La calidad de las encuestas de opinión pública en Chile deja bastante que desear. El sondeo semanal que realiza una empresa por lo menos dejó de mezclar llamadas telefónicas con salidas a la calle, pero ostenta una tasa de respuestas por celular de solo 22%. Luego pondera las respuestas obtenidas por cuotas de sectores representativos de la población, lo que es un buen procedimiento que da razonables resultados predictivos en otros países, pero esto impide calcular márgenes de error al no tratarse ya de una muestra aleatoria, lo que la empresa de marras presenta igual sin fundamento estadístico alguno. Se echa de menos una regulación, como en otros países, de la presentación de los resultados de encuestas.

No obstante, hay un hecho que se repite en el mencionado sondeo y en otros: parece registrarse una caída sustancial de las opiniones favorables sobre Sebastián Piñera y su gobierno. Diversos comentaristas mencionan, a partir de ahí, la idea de una paradoja entre una baja de la popularidad presidencial y el buen desempeño de la economía. El problema es que ese desempeño no es tan dinámico como se lo presenta.

El Imacec (índice mensual de actividad económica) de junio aumentó en 4,9% respecto al mismo mes del año pasado, una muy buena cifra. Pero para evaluar la coyuntura económica lo adecuado es tomar trimestres más que meses y despejar los valores estacionales, que son importantes en la agricultura, la construcción y otras actividades. Así, el Imacec desestacionalizado del primer trimestre de 2018 (último de Michelle Bachelet) creció respecto al trimestre anterior a un ritmo anual superior al 4%, en el contexto de la tendencia más dinámica que la economía venía presentando desde la segunda parte del año pasado, coincidiendo con mayores exportaciones. Se había iniciado entonces una tardía pero clara recuperación del bajo crecimiento que ensombreció el panorama económico desde el segundo semestre de 2013. Al terminar el gobierno de Sebastián Piñera, se inició el colapso de la inversión minera y un estancamiento de las exportaciones. Esto no fue compensado consistentemente con inversión pública ni esfuerzos de diversificación, especialmente con la equivocada política ortodoxa del ministro Valdés. Este bajó durante tres años seguidos la inversión pública y estancó el gasto en investigación y desarrollo, que son importantes palancas de estímulo del crecimiento, junto a un tipo de cambio competitivo. Ahí se sitúa la falta de política de crecimiento del gobierno anterior y no en las indispensables reformas sociales, las que en cualquier caso podrían haber sido más claras y rápidas y fueron disminuidas por la oposición interna y externa al gobierno y por el Tribunal Constitucional.

Se constató en definitiva un efecto negativo sobre los equilibrios fiscales tanto por el bajo crecimiento como por rendimientos  recaudatorios de una reforma tributaria a la postre bastante limitada, aunque de todos modos muy costosa políticamente y complicada administrativamente para las empresas. Fue favorable para las Pymes y para quienes vieron disminuida inexplicablemente de 40% a 35% la tasa de impuesto en los tramos más altos de ingresos, como si en Chile no hubiera una gigantesca desigualdad que se reproduce año a año. Pero no fue demasiado favorable para la recaudación. Finalmente se registró un  deterioro de los índices de endeudamiento sobre el PIB y una cierta merma en la calificación de riesgo por las agencias externas, aunque permanecen muy razonables.

El problema ahora es que la recuperación muestra algunos signos de fatiga. El Imacec promedio desestacionalizado del segundo trimestre creció un 0,7% respecto al anterior (a un ritmo inferior a un 3% anualizado), bastante menos que el 1,1% registrado en el primer trimestre. Estamos ante un crecimiento coyuntural a la baja. Por su parte, el empleo creció en 2,2% en el primer trimestre y en 2,1% en el segundo trimestre respecto al mismo período del año anterior, con una leve pérdida de dinamismo, y en todo caso a un ritmo inferior al crecimiento de la fuerza de trabajo. Así, la tasa de desempleo, siempre en términos desestacionalizados, subió desde un 6,8% de la fuerza de trabajo en el trimestre enero-marzo  a un 6,9% en el trimestre abril-junio.

El actual momento puede ser solo un bache. Pero por ahora se observa que la economía se está de nuevo desacelerando, y no al revés, como publicitan las autoridades. El menor dinamismo debe estar incidiendo en la caída de la popularidad del gobierno, a lo que habrá contribuido la seguidilla de errores políticos presidenciales y ministeriales de diversa magnitud, como por ejemplo el hermano embajador, los bingos para arreglar escuelas y un ministro de Economía recomendando invertir en el extranjero.

Este gobierno lleva poco tiempo y ojalá la economía se recupere, pero para eso no bastan las declaraciones exitistas. Hay que partir por reconocer que hay ciertas dificultades. Es recomendable que el Banco Central baje la tasa de interés de referencia y el gobierno aumente la inversión pública. Y que además estimule el crecimiento de las remuneraciones, que viene en una fuerte caída, y por tanto aumente más el salario mínimo que lo que se propone y mire más la demanda agregada y menos el costo salarial para un segmento de  empresas que no emplea más que una baja proporción del empleo total. Esto es necesario porque el contexto externo se ha vuelto más errático y se ha provocado una recaída del precio del cobre, aspectos de la coyuntura que, junto a los salarios reales estancados, han enfriado la economía y obligan a tomar nuevas iniciativas por el lado de la demanda.

Pero las cegueras ideológicas del gobierno y la presión empresarial lo llevan, más bien, a pensar en un “shock de oferta”, es decir en reformas liberalizadoras del mercado de trabajo y desregulaciones ambientales supuestamente para favorecer la inversión privada en algún plazo incierto. Esto es “economía vudú”, en palabras del premio Nobel Paul Krugman, que en nada reactivará la economía. La inversión privada depende hoy en Chile sobre todo de las perspectivas de los precios y demanda de los bienes de exportación y de la demanda interna de empresas y familias. Las liberalizaciones previstas harán perder aún más poder al mundo de los asalariados, que constituyen el 70% del empleo. Peor aún, concentrarán más los ingresos y el consumo y deteriorarán más el medio ambiente. ¿No son estos problemas suficientemente graves en el país como para aumentarlos por equivocados prejuicios ideológicos y la presión de intereses particulares?

lunes, 16 de julio de 2018

Artículo sobre mediciones de pobreza

Comparto un artículo académico sobre mediciones de pobreza en Chile, mostrando su arbitrariedad.

martes, 26 de junio de 2018

Crece la riqueza financiera privada: ¿y qué futuro espera al resto de los chilenos?

El Mostrador

La idea de que la agenda más importante a discutir por el centro y la izquierda es la del crecimiento, planteada por el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés e insinuada por otros ex ministros del gobierno anterior, es una inconsecuencia, pues se trata de quienes llevaron a cabo una política de disminución de la inversión pública y de restricción del gasto en investigación y desarrollo, es decir todo lo contrario de una política de crecimiento. Salvo que se entienda por crecimiento dejar que el mercado asigne los recursos en todos los ámbitos de la vida, bajo el falso supuesto de que es la única fuente de eficiencia y expansión económica, en detrimento de la propia prosperidad colectiva (por falta de inversión en educación, innovación y diversificación que el mercado no provee), de la equidad distributiva y de la sostenibilidad ambiental. Este enfoque sitúa a los que lo sostienen en un espacio político bastante poco de centro y a años luz de cualquier vertiente de izquierda.

Veamos algunos hechos en materia de "crecimiento de mercado". La riqueza financiera privada en Chile creció un 7% en 2017, según el estudio Global Wealth 2018, elaborado por The Boston Consulting Group. El ingreso nacional bruto disponible real lo hizo en solo 2,8% en 2017. Los que disponen de acciones, depósitos y otros activos financieros incrementaron sus ingresos por este concepto más del doble que el ingreso promedio de los chilenos. Para los próximos cinco años, el BCG proyecta que la riqueza privada en Chile crecerá a una tasa anual del 10%. Esas predicciones son mayores que el 7% previsto hacia 2022 a escala global. El crecimiento financiero parece asegurado.

Por otro lado, la prensa consignaba recientemente que la rentabilidad promedio sobre el patrimonio de las sociedades anónimas fue en 2017 de 6,9%. La de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue nada menos que de 35,4%, la de las Isapres de un 20,9% y la de las autopistas urbanas de 18,6%. Agreguemos las rentabilidades de cerca de 20% de los dos principales bancos y rentas todavía mucho mayores de la gran minería privada cuando los precios del cobre son altos, como empezó a ser el caso desde 2017.

Este es el mercado chileno: uno con enormes sobreutilidades en los sectores regulados por entidades gubernamentales o basados en recursos naturales que pertenecen legalmente a todos los chilenos (los del subsuelo y del mar). Y, además, con enormes rentabilidades encubiertas o abiertas sobre la base de subsidios en la educación (escolar y universitaria) y la salud (prestaciones contratadas a privados por Fonasa).

El equilibrio político conformado desde 1990, a pesar de que muchos de nosotros aspirábamos a un “crecimiento con equidad”, ha dado lugar a una suerte de modelo de "capitalismo subsidiado" que garantiza abultadas tasas de ganancias a los poseedores de capital de diferentes escalas, muy superiores a las que se practican en los procesos normales de inversión en el mundo. Frente a la extrema concentración de los ingresos existente en Chile, originada en 1973-89 y no revertida sino en pequeña escala desde 1990, existen dos posibilidades: o bien se mantiene el aplauso de los beneficiados (como es el caso de la base política y empresarial del actual gobierno) y la resignación del resto (que no ha sabido, podido o querido cambiar este reino de las utilidades ilegítimas) o bien se trabajan soluciones estructurales alternativas.

En primer lugar, las AFP y las Isapres no debieran recibir más cotizaciones obligatorias sino competir en el mercado de ahorros y seguros sin privilegios públicos. Luego, la subvención escolar debiera orientarse a una mezcla de gasto en una oferta territorialmente equilibrada de educación pública, laica y gratuita de calidad y en la subvención de la demanda por alumno en escuelas privadas pero mediante contratos de desempeño pedagógico y definitivamente sin filtraciones a utilidades de sus dueños. La gratuidad universitaria no debe ir como regla general a entidades privadas sino solo a las entidades públicas o a proyectos privados de interés público que lo justifiquen, en tanto no persigan lucro ni proyectos educativos no plurales.

La banca, por su parte, debe ser impedida de abusar de posiciones monopólicas y cobrar comisiones poco transparentes. La minería estatal debiera expandirse, y la gran minería privada debiera operar con topes a la rentabilidad privada regulada por un sistema tributario altamente progresivo en función del precio de los metales. Los contratos del litio debieran revisarse para privilegiar su explotación estatal o con regalías mucho mayores que las vigentes y en la perspectiva de ser parte de cadenas globales de electromovilidad con una rápida transición energética hacia las renovables no convencionales.

La alternativa a la situación actual es transitar a una "economía mixta regulada y sostenible", lo que no será posible en este gobierno, pero sí en uno eventual de tipo progresista desde 2022 que debe prepararse desde ya. Un nuevo modelo económico es perfectamente factible con:

- la eliminación de las rentas monopólicas con los mencionados instrumentos tributarios, de regulación de mercados y de producción pública selectiva;

- nuevas reglas para las pymes y la economía social y solidaria que aumenten sus espacios de actividad con compras públicas y una banca de desarrollo efectiva;

- la expansión de los sistemas de innovación e investigación y desarrollo tecnológico que estimulen que el sistema económico y social-ecológico transite al consumo saludable y funcional y a la producción sostenible basada en energías renovables;

- nuevas reglas que permitan a los trabajadores disponer de poder negociador de sus salarios y condiciones de trabajo y también de una participación efectiva en las utilidades, incluyendo gratificaciones y fondos salariales, y de una seguridad social pública y solidaria en salud, pensiones y dependencia y en seguro de desempleo;

- un sistema tributario progresivo que lleve la carga de impuestos en el horizonte de una década al 34% del PIB (el promedio OCDE) y permita financiar: a) una amplia política de infancia y una educación pública de calidad, plural y no sexista a disposición de todos, desde la escuela a la educación superior; b) bienes públicos urbanos, en seguridad y culturales; c) la protección de los ecosistemas; y d) una renta básica con horizonte universal, empezando por los mayores de 65 años y las familias de más bajos ingresos.

¿Es este enfoque muy radical? Si por radicalidad se entiende ir a la raíz de los problemas, efectivamente apunta a que dejemos de ser uno de los países más desiguales del mundo. Este sigue siendo, junto al de un crecimiento sustentable, el desafío principal del Chile del presente y del futuro.

jueves, 21 de junio de 2018

Divisiones y alianzas en la oposición


La nueva directiva de la Democracia Cristiana ha emplazado al Partido Socialista a manifestar una voluntad de reconstruir un “eje histórico” entre ambos partidos. Pero existen dos problemas.

Primero, nunca existió un “eje histórico” entre DC y PS, al menos entre 1988 y 2005. Al originarse la Concertación en febrero de 1988, la DC y el PS (disperso y luego unificado en diciembre de 1989) fueron efectivamente los dos partidos más importantes de la coalición que llevó a la victoria del NO hace ya cerca de 30 años. Eran además los que se habían confrontado fatalmente en 1973. Pero en el seno de la coalición común, el PS en materia municipal y parlamentaria compitió sistemáticamente con la DC en la transición, en alianzas con el PPD y en ocasiones con el PR, competencia legítima, pues su historia y su proyecto no eran los mismos. En materia presidencial buscó su propia proyección desde 1993 y la logró desde 1999. El PS tuvo precandidato/a propios sin que nadie se ofuscara, pues existía una coalición plural que competía en su interior. Los acuerdos parlamentarios y municipales entre la DC y el PS son posteriores a 2005, con la ruptura del “eje histórico” con el PPD provocado equivocadamente por las direcciones de Escalona y Andrade. La nueva combinación tuvo básicamente malos resultados para la DC, que acentuó su declinación electoral y no potenció su identidad de centro progresista. Y también para el PS, pues el giro a un pragmatismo sin otro horizonte que mantener parcelas de poder -para lo que una alianza con los conservadores de la coalición era funcional- dividió al socialismo, que tanto había costado reunificar en los años 1980. Se crearon así las condiciones para la emergencia a la izquierda del PS del PRO y luego del Frente Amplio. Y esta política fue especialmente errónea para la segunda presidencia de Michelle Bachelet, pues se tradujo en un boicot permanente del ala conservadora de la DC en los temas centrales de gobierno. El PS no quiso jugar su rol de promoción de los cambios, volcado al mero pragmatismo burocrático de corto plazo. Finalmente, en el conflicto entre transformadores y el ala pro-empresarial prevaleció ésta última. Esto fue en buena medida responsabilidad del PS, que terminó por renunciar desde 2005 a empujar con consistencia  las reformas sociales estructurales por las que el progresismo concertacionista, incluyendo a muchos DC, luchó desde 1990. Fatales fueron, en especial, la política minera y pesquera privatista, las reformas que ampliaron la mercantilización de la educación y la ausencia de políticas de diversificación productiva y de reforma de las AFP e Isapres. No obstante, además de algunos avances sociales (seguro de desempleo, Auge, pensión básica, fin del reemplazo de trabajadores en huelga), en los temas de libertades y de género el ala conservadora de la coalición fue siendo derrotada sistemáticamente (pena de muerte, divorcio, unión civil, aborto en tres causales), mientras en materia de derechos humanos la izquierda y el progresismo lograron sustanciales avances desde el año 2000 en adelante. Los escenarios políticos son en todo caso siempre complejos y dinámicos, y no reductibles a caricaturas simplistas, como suele hacerse con cada vez mayor frecuencia con el análisis de la transición post-dictadura.

Pero todo eso ya es historia. Lo que ahora importa para la oposición es una nueva articulación entre la izquierda y el centro progresista para llevar adelante el cambio constitucional pendiente y políticas de reforma estructural de la economía en beneficio de la mayoría social y de un bienestar compartido y sustentable. Y con todos los que estén de acuerdo con ellas, no en un acuerdo particular entre el PS y la DC que consagraría la división de la oposición.

En efecto, y este es el segundo problema del emplazamiento comentado, la DC actual, con el 10,3% de los votos, no quiere alianzas, al parecer ni siquiera electorales, con el PC y el Frente Amplio. Entonces es de suponer que es difícil para el PS sumarse a una política de división en nombre de un ficticio “eje histórico” que estaría, además, lejos de tener la entidad política y parlamentaria suficiente y todavía con pocos acuerdos programáticos. Convengamos, en este aspecto, que en la DC hay un proceso de decantación de posiciones de quienes han evolucionado a posiciones más cercanas a la derecha. ¿Se puede llamar de centro a defensores del actual statu quo constitucional, de las AFP e Isapres, de la minería y pesca privadas,  de la ausencia de defensa efectiva de los derechos del consumidor,. de impuestos regresivos, de relaciones laborales proempresariales, de la ausencia de diversificación productiva y de protección del medioambiente? Parece, en cambio, sensato que las fuerzas que apoyaron a Alejandro Guillier (PR-PS-PPD-PC y la Federación Regionalista Verde Social) consoliden una suerte de núcleo básico con vocación transformadora y de articulación con el resto de las fuerzas opositoras. Estas listas obtuvieron cerca de un 26% de los votos en la elección de diputados, mientras el Frente Amplio obtuvo un 16,5% y el PRO-País un 3,9%, lo que suma una importante proporción del electorado favorable a cambios sociales.

La oposición parlamentaria a las regresiones neoliberales en materia tributaria y laboral que prepara el actual gobierno debe encontrar un frente común en las fuerzas que conformaron las mesas opositoras del Congreso, junto al mundo social. No hay ninguna razón, salvo el espíritu de capilla, para que el conjunto de las fuerzas de oposición no tenga candidatos comunes a gobernadores regionales y alcaldes, dirimidos eso si en primarias -mecanismo ahora legalmente disponible- o bien introduciendo una segunda vuelta municipal, como adecuadamente ha propuesto Fuad Chahín. Y no mediante los típicos acuerdos entre partidos que tanto han contribuido a la abstención y al descrédito de la política democrática. En otras épocas la Concertación y la Nueva Mayoría no tuvieron otra opción que practicarlos para no dar ventajas a la derecha, además de las que ya tenía con senadores designados, quorums elevados y binominal, pero al precio de su propio desgaste y declinación. La diversidad debe, además, expresarse en listas autónomas y competitivas de cada fuerza política en la elección de consejeros regionales y concejales municipales.

Esa es la verdadera cooperación que debe construirse entre el centro progresista y las izquierdas para evitar regresiones sociales y evitar que aumente la influencia de la derecha en regiones y municipios. Y para que no siga en el gobierno después de 2021, salvo que se quiera mantener su continuidad en el poder político, además del enorme poder económico y mediático que concentra, pero esas son ya definiciones de otro calibre que cada fuerza política opositora debiera partir por clarificar. Y sacar las conclusiones que se imponen en materia política y electoral.

miércoles, 20 de junio de 2018

Lo que un programa con contenidos socialistas podría incluir




Un programa socialista para 2021
(propuestas preliminares)
Introducción
El socialismo es un horizonte de cambio hacia más libertad e igualdad social y entre géneros, que son nuestras banderas históricas, y también hacia más sustentabilidad para defender la viabilidad ecológica del planeta. Se trata de un proceso histórico que no se reduce a simples y arbitrarias etiquetas o modelos. El socialismo se propone representar al mundo del trabajo, de la creación y de la cultura y a las clases y grupos sociales oprimidos por la lógica concentradora del capitalismo y de las oligarquías dominantes. Afirmamos que el socialismo es siempre plural y diverso, pero como régimen político y económico  posee dos características básicas hacia las que nos proponemos avanzar.
Primero, un régimen de gobierno socialista debe garantizar derechos políticos fundamentales y construir y sustentarse en mecanismos participativos a través de los cuales la mayoría social pueda influenciar y dirimir las decisiones públicas. La esfera política debe mostrar una capacidad sistemática de respuesta a las preferencias de la sociedad, en un contexto de libertades públicas, de pluralismo político, de separación de poderes y de alternancia en el poder. El socialismo es un proceso de cambio apoyado en la mayoría social que se propone consagrar democráticamente derechos efectivos para todos. Es por definición contrario a todo proceso autoritario, que siempre desnaturaliza sus fines emancipatorios, sin perjuicio del legítimo derecho a la defensa frente a agresiones externas e internas y del derecho a la rebelión frente a cualquier tiranía.
Segundo, un modelo económico socialista debe sustentarse en la capacidad institucional de moldear los procesos económicos para obtener resultados que sean diferentes de los de tipo desigual y depredador que produce un mercado no intervenido. Debe superar la explotación económica del trabajo, para lo que se requiere establecer funciones sociales en la propiedad y en la  estructura de los activos productivos y de los flujos de ingresos. Esto requiere de un núcleo básico de empresas públicas estratégicas y de servicios públicos universales, junto a la acción regulatoria sobre las unidades productivas autónomas con y sin fines de lucro. La eficiencia productiva requiere de intercambios descentralizados entre unidades productivas tanto  autónomas como estatales, pero también de  solidaridad y cooperación en una fuerte esfera descentralizada de economía social y solidaria y de un importante sistema de impuestos y transferencias sociales y de regulación de precios y tarifas básicas. La orientación de un gobierno socialista será siempre la de la redistribución solidaria y la de la sostenibilidad productiva, dado que se justifica solo si beneficia a la mayoría social, a los ciudadanos de menos ingresos y a las nuevas generaciones. Su tarea es hacer posible una prosperidad compartida y sustentable. Esto supone mecanismos extendidos de seguridad social y establecer un ingreso básico universal para que todos accedan a una vida digna, en el contexto de una economía que satisface necesidades colectivas con una baja huella ecológica.
Si los ciudadanos eligen a fuerzas progresistas, de izquierda y socialistas para gobernar como alternativa a la derecha en 2021, nos comprometemos a avanzar en dos transformaciones centrales y a priorizar cinco grandes problemas nacionales.

I.               El primer objetivo: una nueva Constitución democrática
Una asamblea constituyente debe ser convocada en 2022 a través de un plebiscito aprobado por el parlamento y recibir el encargo de redactar una nueva constitución, sujeto a una posterior aprobación plebiscitaria. La nueva Constitución debe consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”).
La nueva constitución debe consagrar  la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, incluyendo el aborto en causales justificadas. La nueva constitución debe reconocer los derechos de los pueblos originarios, incluyendo su autonomía política.
La nueva Constitución debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a la salud pública, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto incluye reconocer el derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general  (con indemnizaciones justas en caso de expropiación), junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad social y cooperativa.
La nueva Constitución debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico.
La nueva Constitución debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas.
Estos derechos y deberes fundamentales deben tener mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de modificaciones por dos legislaturas sucesivas, sin reglas supra-mayoritarias de aprobación. Se debe establecer  la representación proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan derecho a veto a la minoría. El Tribunal Constitucional debe remitirse a garantizar los derechos fundamentales, conformarse a partir de órganos de la soberanía popular y no interferir en las decisiones mayoritarias de política pública que consagren los derechos fundamentales. La nueva Constitución debe establecer un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales.


II.              El segundo objetivo: construir una nueva estrategia de desarrollo
Un nuevo modelo de desarrollo debe sustituir el actual crecimiento concentrador del capital y de los ingresos, basado en la explotación depredadora de los recursos naturales sin agregación de valor basado en el conocimiento, a partir de siete ejes de acción transformadora.
El primer eje será la recuperación del control nacional de los recursos naturales. Reafirmaremos lo establecido en la nacionalización de 1971 y propondremos al parlamento  derogar la ley de concesiones mineras y la ley de pesca para hacer realidad que los recursos del subsuelo y del mar pertenecen a todos los chilenos. Estos deben ser explotados de modo sustentable directamente por el Estado o por entidades bajo su  control y su renta deber ser puesta al servicio de la colectividad. El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad económica y no como propiedad privada de las grandes empresas.
Un segundo eje será un amplio plan cuatrienal de inversiones en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas sustentables de transporte público basados en la electro-movilidad, el desarrollo del transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los barrios más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances efectivos en la seguridad ciudadana. Un plan de inversiones para los barrios más vulnerables en las ciudades de Chile  reducirá la inequidad urbana con mayores equipamientos públicos en áreas verdes y actividades deportivas y culturales, junto a nuevos planes reguladores urbanos e interurbanos para un desarrollo territorial equilibrado y avanzar hacia ciudades con mayor calidad de vida. Las zonas más pobres del país y los pueblos originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya un plan especial de inversiones en territorios indígenas.
El tercer eje será un fuerte impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (con un gasto que llegue al menos al 2,5% del PIB desde el 0,4% actual) en programas productivos estratégicos. El primer programa estratégico de innovación será el impulso a un nuevo modelo energético con fuentes renovables no convencionales constituidas en la base del crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las energías fósiles- que introducirá una fuerte restricción a la huella de carbono. Una rápida transición a las energías renovables no tradicionales debe traducirse en del 75% de la generación de electricidad con fuentes renovables en 2025. La ENAP se transformará en la Empresa Nacional de Energía y será parte del esfuerzo de diversificación productiva. El segundo programa estratégico de innovación será la universalización de la banda ancha y del acceso a las nuevas tecnologías de la información. El tercer programa estratégico de innovación será la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria global del transporte, creando la Empresa Nacional del Litio, llamada a realizar asociaciones tecnológicas variadas y a potenciar nuevos usos del cobre en concordancia con CODELCO, que impulsará la agregación de valor a la extracción simple de mineral como parte de su misión pública, cautelando los equilibrios ambientales.
El cuarto eje será un gran salto en la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo, en especial con una agricultura verde de punta y una silvicultura que revalorice el bosque nativo, junto al cese de la sobreexplotación de recursos del mar, y valorice su territorio sobre una base distinta a la depredación de sus recursos naturales y humanos. Esto supone una nueva planificación de la especialización territorial que incluya una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y la preservación más intensa de los ecosistemas terrestres y marinos amenazados, haciendo efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de la nueva red Patagónica. Contribuir a contener el cambio climático supondrá transitar a una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de protección ante las emergencias y catástrofes.
El quinto eje será la ampliación y el cambio de prioridades de la banca pública, la que fomentará el ahorro de las familias y ampliará el acceso al financiamiento de las pymes y microempresas y de los proyectos innovadores sin historia, acompañada de una regulación prudencial fuerte que asegure tanto el cese de los abusos crediticios a los consumidores y a las empresas pequeñas como la estabilidad financiera sistémica.
El sexto eje será una acción desconcentradora y antimonopólica enérgica, tanto de la fiscalía como de los diversos órganos públicos, la que deberá proteger a los consumidores en todos los mercados, mientras la tarificación de los servicios básicos eliminará las actuales rentas monopólicas.
El séptimo eje será una política fiscal activamente contra-cíclica y pro-crecimiento sustentable, con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB que evite un endeudamiento desestabilizador. El gasto social debe financiarse con impuestos. La disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer un impuesto patrimonial focalizado en la extrema riqueza –unificado con el sistema del impuesto territorial- que contribuya a financiar un programa de ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de la Empresa Nacional del Litio y la Empresa Nacional de Energía. La tributación de los ingresos personales será más progresiva, volviendo a la tasa marginal de 50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de 2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Se simplificará la tributación a las utilidades de las empresas e incluirá incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación.

III.            Conquistar nuevos derechos

1. Empleos con derechos
Junto a las iniciativas económicas estratégicas descritas, programas públicos de empleo de servicio a las personas reactivarán las economías locales, reinsertarán a los desempleados de larga duración y ofrecerán nuevas perspectivas de inserción a profesionales y técnicos. Para que el trabajo  no siga siendo un espacio de abuso y explotación, lucharemos por una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación obligatoria y a programas de empleo temporal. El salario mínimo debe aumentar en un programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en contrataciones y despidos.
2. Igualdad de género
Junto a reforzar las normas legales de igualdad de género, actuaremos en tres campos principales. En primer lugar, erradicar la cultura de la discriminación de la mujer y del acoso con programas antidiscriminación obligatorios con  normas de transparencia en todas las entidades públicas y en todas las actividades privadas. En segundo lugar, establecer la obligación de la igualdad salarial entre géneros. En tercer lugar, fortalecer las cuotas de género en la representación política, en la empresa y en la organización social. En cuarto lugar, establecer una educación no sexista desde el jardín infantil hasta la educación superior, con cuotas de género en el acceso a las carreras “masculinas” que conducen a las mejores posiciones profesionales.
3. Ampliar la reforma a la educación
Aceleraremos la gratuidad en la educación superior pública, con excepción de las familias con ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales (de acuerdo a sus declaraciones de renta). Las universidades estatales estarán al servicio del desarrollo (mediante convenios trianuales que fijen y evalúen sus objetivos) y aumentarán su cobertura de la matrícula. En las universidades e institutos de formación técnica privadas que no practiquen ninguna forma de discriminación alcanzaremos la gratuidad para las familias de menos ingresos y haremos efectiva la prohibición del lucro, con penas aflictivas en caso de violación de la norma, sacando del sistema a las universidades e institutos con fines de lucro y los que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una Agencia Estatal de Acreditación. Crearemos un sistema de formación técnica estatal gratuita (asociando a Inacap y nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias).
Fortaleceremos la escuela pública con un nuevo plan de inversiones y crearemos Servicios Regionales de Educación Pública, con un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de los establecimientos, sus proyectos educativos y su servicio a la comunidad en todos los territorios, incluyendo la educación preescolar para seguir ampliando su cobertura en asociación con la escuela pública. Aceleraremos el fin de los copagos para que la escuela sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin discriminaciones, mientras la educación particular pagada cesará de recibir todo subsidio del Estado. Separaremos en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada (fortaleciendo un nuevo servicio público profesional de atención de la infancia, duplicando hacia 2022 el presupuesto actual) y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley. Las actividades culturales recibirán un impulso, con la meta de destinar al menos un 1% del presupuesto público a estos fines.
4. Un fondo solidario en salud
Crearemos un solo fondo de salud con el 7% de cotización obligatoria sobre los salarios, transformando en optativos y complementarios los seguros privados. Ese fondo financiará, junto a aportes de los impuestos generales,  las inversiones en infraestructura (sin concesiones, que han demostrado ser más caras e ineficientes que la gestión pública), la generalización de  acciones y exámenes preventivos,  la salud primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y un Plan de Salud Garantizado. Este será gratuito (ampliando el GES-Auge) en los establecimientos públicos, haciendo efectivo gradualmente el actual plan de inversión hospitalaria y aumentando la tasa de uso de la infraestructura con un nuevo régimen estatutario para los médicos (con mayores salarios a cambio de dedicación completa) y con copagos parciales (de bolsillo y mediante seguros complementarios) en los establecimientos privados. Los sistemas de seguro privado complementarios serán regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por género.
Una nueva política de medicamentos impulsará las farmacias municipales y las compras públicas para entrega gratuita en el marco del Plan de Salud Universal. El nivel primario de atención tendrá una mayor capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional y los centros de trabajo.
5. Un sistema de pensiones sin AFP
Chile no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social.Daremos un rol central al pilar solidario de pensiones con el objetivo de llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de 0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años. Esta pensión básica debe acompañarse de un ingreso básico unificado para el 20% de familias de menores ingresos que sustituya el actualmente disperso sistema de bonos y subsidios variados.
Crearemos un nuevo pilar público de pensiones contributivas de reparto que dé certeza a las jubilaciones con el 10% actual de cotizaciones obligatorias, que con la reforma que proponemos  financiará los derechos previsionales adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario.
Las AFP deben dejar de recibir cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas de manera voluntaria y complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.




Entrada destacada

La política exterior de Trump: resucitando el imperio

Reproduzco traducido al español el relevante artículo de Edward Wong publicado el 27 de febrero en The New York Times, una buena síntesis de...