Un programa socialista para 2021
(propuestas preliminares)
Introducción
El socialismo es un horizonte de cambio
hacia más libertad e igualdad social y entre géneros, que son nuestras banderas
históricas, y también hacia más sustentabilidad para defender la viabilidad ecológica
del planeta. Se trata de un proceso
histórico que no se reduce a simples y arbitrarias etiquetas o modelos. El
socialismo se propone representar al mundo del trabajo, de la creación y de la
cultura y a las clases y grupos sociales oprimidos por la lógica concentradora
del capitalismo y de las oligarquías dominantes. Afirmamos que el socialismo es
siempre plural y diverso, pero como régimen político y económico posee dos características básicas hacia las
que nos proponemos avanzar.
Primero, un régimen de gobierno
socialista debe garantizar derechos políticos fundamentales y construir y sustentarse
en mecanismos participativos a través de los cuales la mayoría social pueda
influenciar y dirimir las decisiones públicas. La esfera política debe mostrar una
capacidad sistemática de respuesta a las preferencias de la sociedad, en un
contexto de libertades públicas, de pluralismo político, de separación de
poderes y de alternancia en el poder. El socialismo es un proceso de cambio apoyado
en la mayoría social que se propone consagrar democráticamente derechos efectivos
para todos. Es por definición contrario a todo proceso autoritario, que siempre
desnaturaliza sus fines emancipatorios, sin perjuicio del legítimo derecho a la
defensa frente a agresiones externas e internas y del derecho a la rebelión
frente a cualquier tiranía.
Segundo, un
modelo económico socialista debe sustentarse en la capacidad institucional de moldear los procesos económicos para obtener resultados que
sean diferentes de los de tipo desigual y depredador que produce un mercado no
intervenido. Debe superar la explotación económica del trabajo, para lo que
se requiere establecer funciones sociales en la propiedad y en la estructura de los activos productivos y de los
flujos de ingresos. Esto requiere de un núcleo básico de empresas públicas
estratégicas y de servicios públicos universales, junto a la acción regulatoria
sobre las unidades productivas autónomas con y sin fines de lucro. La
eficiencia productiva requiere de intercambios descentralizados entre unidades
productivas tanto autónomas como
estatales, pero también de solidaridad y
cooperación en una fuerte esfera descentralizada de economía social y solidaria
y de un importante sistema de impuestos y transferencias sociales y de
regulación de precios y tarifas básicas. La orientación de un gobierno socialista será siempre la de la redistribución
solidaria y la de la sostenibilidad productiva, dado que se justifica solo
si beneficia a la mayoría social, a los ciudadanos de menos ingresos y a las
nuevas generaciones. Su tarea es hacer posible una prosperidad compartida y
sustentable. Esto supone mecanismos extendidos de seguridad social y establecer
un ingreso básico universal para que
todos accedan a una vida digna, en el contexto de una economía que satisface necesidades colectivas con una baja huella ecológica.
Si los ciudadanos eligen a fuerzas progresistas, de izquierda
y socialistas para gobernar como alternativa a la derecha en 2021, nos
comprometemos a avanzar en dos transformaciones centrales y a priorizar cinco
grandes problemas nacionales.
I.
El primer
objetivo: una nueva Constitución democrática
Una asamblea constituyente debe
ser convocada en 2022 a través de un plebiscito aprobado por el parlamento y
recibir el encargo de redactar una nueva constitución, sujeto a una posterior aprobación
plebiscitaria. La nueva Constitución debe
consagrar un Estado democrático y social
de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales
sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y
aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el
contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación”).
La nueva constitución debe consagrar la
igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin
coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir
libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas,
incluyendo el aborto en causales justificadas. La nueva constitución debe reconocer los derechos de los pueblos originarios,
incluyendo su autonomía política.
La nueva Constitución debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a
la salud pública, y demás derechos económicos, sociales y culturales
contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto
incluye reconocer el derecho a la libre
iniciativa económica y a disfrutar
de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con
límite en el interés general (con indemnizaciones
justas en caso de expropiación), junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad
social y cooperativa.
La nueva Constitución debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad
pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual
acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter
público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico.
La nueva Constitución debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y
establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para
asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas.
Estos derechos y deberes fundamentales deben tener
mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de modificaciones por dos
legislaturas sucesivas, sin reglas supra-mayoritarias de aprobación. Se debe
establecer la representación
proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan
derecho a veto a la minoría. El Tribunal Constitucional debe remitirse a
garantizar los derechos fundamentales, conformarse a partir de órganos de la
soberanía popular y no interferir en las decisiones mayoritarias de política
pública que consagren los derechos fundamentales. La nueva Constitución debe establecer
un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en
la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la
obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía
regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no
requieran ser ejercidas por órganos nacionales.
II.
El segundo objetivo: construir una nueva
estrategia de desarrollo
Un nuevo modelo de desarrollo debe sustituir
el actual crecimiento concentrador del capital y de los ingresos, basado en la
explotación depredadora de los recursos naturales sin agregación de valor
basado en el conocimiento, a partir de siete ejes de acción transformadora.
El primer eje será la recuperación del control nacional de los recursos
naturales. Reafirmaremos lo establecido en la nacionalización de 1971 y
propondremos al parlamento derogar la ley de concesiones mineras y la
ley de pesca para hacer realidad que los recursos del subsuelo y del mar pertenecen a todos los chilenos.
Estos deben ser explotados de modo sustentable directamente por el Estado o por
entidades bajo su control y su renta
deber ser puesta al servicio de la colectividad. El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que
permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad
económica y no como propiedad privada de las grandes empresas.
Un segundo eje será un amplio
plan cuatrienal de inversiones en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas sustentables de
transporte público basados en la electro-movilidad, el desarrollo del
transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los barrios
más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances
efectivos en la seguridad ciudadana. Un plan de inversiones para los
barrios más vulnerables en las ciudades de Chile reducirá la inequidad urbana con mayores
equipamientos públicos en áreas verdes y actividades deportivas y culturales,
junto a nuevos planes reguladores urbanos e interurbanos para un desarrollo
territorial equilibrado y avanzar hacia ciudades con mayor calidad de vida. Las zonas más pobres del país y los pueblos
originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias
en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya un plan especial de
inversiones en territorios indígenas.
El tercer eje será un fuerte
impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (con
un gasto que llegue al menos al 2,5% del PIB desde el 0,4% actual) en programas
productivos estratégicos. El primer programa estratégico de innovación será
el impulso a un nuevo modelo energético
con fuentes renovables no convencionales constituidas en la base del
crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las
energías fósiles- que introducirá una fuerte restricción a la huella de
carbono. Una rápida transición a las energías renovables no
tradicionales debe traducirse en del 75% de la generación de electricidad con
fuentes renovables en 2025. La ENAP se
transformará en la Empresa Nacional de Energía y será parte del esfuerzo de
diversificación productiva. El segundo programa estratégico de innovación será
la universalización de la banda ancha y
del acceso a las nuevas tecnologías de la información. El tercer programa estratégico de innovación será
la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las
baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria
global del transporte, creando la Empresa
Nacional del Litio, llamada a realizar asociaciones tecnológicas variadas y
a potenciar nuevos usos del cobre en concordancia con CODELCO, que impulsará la
agregación de valor a la extracción simple de mineral como parte de su misión
pública, cautelando los equilibrios ambientales.
El cuarto eje será un gran salto en la protección de los
ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo, en especial con una agricultura
verde de punta y una silvicultura que revalorice el bosque nativo, junto al
cese de la sobreexplotación de recursos del mar, y valorice su territorio sobre
una base distinta a la depredación de sus recursos naturales y humanos. Esto
supone una nueva planificación de la especialización territorial que incluya
una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y la preservación más
intensa de los ecosistemas terrestres y marinos amenazados, haciendo
efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de
la nueva red Patagónica. Contribuir a contener el cambio climático supondrá transitar
a una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo
ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de
protección ante las emergencias y catástrofes.
El
quinto eje será la ampliación y el cambio de prioridades de la
banca pública, la que
fomentará el ahorro de las familias y ampliará el acceso al financiamiento de
las pymes y microempresas y de los proyectos innovadores sin historia,
acompañada de una regulación prudencial fuerte que asegure tanto el cese de los
abusos crediticios a los consumidores y a las empresas pequeñas como la
estabilidad financiera sistémica.
El
sexto eje será una acción desconcentradora y antimonopólica enérgica, tanto de la fiscalía como de los diversos
órganos públicos, la que deberá proteger a los consumidores en todos los
mercados, mientras la tarificación de los servicios básicos eliminará las actuales
rentas monopólicas.
El
séptimo eje será una política fiscal activamente contra-cíclica y
pro-crecimiento sustentable,
con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB que
evite un endeudamiento desestabilizador. El gasto social debe financiarse con
impuestos. La disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer
un impuesto patrimonial focalizado en la extrema riqueza –unificado con el
sistema del impuesto territorial- que contribuya a financiar un programa de
ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías
mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación
productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de la
Empresa Nacional del Litio y la Empresa Nacional de Energía. La tributación de
los ingresos personales será más progresiva, volviendo a la tasa marginal de
50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa
en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de
2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y
el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Se
simplificará la tributación a las utilidades de las empresas e incluirá
incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación.
III.
Conquistar nuevos derechos
1. Empleos con
derechos
Junto a las iniciativas
económicas estratégicas descritas, programas públicos de empleo de servicio a
las personas reactivarán las economías locales, reinsertarán a los desempleados
de larga duración y ofrecerán nuevas perspectivas de inserción a profesionales
y técnicos. Para que el trabajo no siga siendo
un espacio de abuso y explotación, lucharemos por una legislación laboral que haga efectiva la
negociación colectiva más allá de la empresa con
titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por
necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la
empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a
capacitación obligatoria y a programas de empleo temporal. El salario mínimo debe aumentar en un
programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo
estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso
anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante
una carrera funcionaria profesional
que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en
contrataciones y despidos.
2. Igualdad de género
Junto a reforzar las normas legales de igualdad de género,
actuaremos en tres campos principales. En primer lugar, erradicar la cultura de la discriminación de la mujer y del acoso
con programas antidiscriminación obligatorios con normas de transparencia en todas las
entidades públicas y en todas las actividades privadas. En segundo lugar,
establecer la obligación de la igualdad
salarial entre géneros. En tercer lugar, fortalecer las cuotas de género en la representación política, en
la empresa y en la organización social. En cuarto lugar, establecer una educación no sexista desde el jardín infantil hasta
la educación superior, con cuotas de género en el acceso a las carreras
“masculinas” que conducen a las mejores posiciones profesionales.
3. Ampliar la reforma
a la educación
Aceleraremos la gratuidad en la educación superior pública, con excepción de las
familias con ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales (de
acuerdo a sus declaraciones de renta). Las universidades estatales estarán al
servicio del desarrollo (mediante convenios trianuales que fijen y evalúen sus
objetivos) y aumentarán su cobertura de la matrícula. En las universidades e
institutos de formación técnica privadas que no practiquen ninguna forma de
discriminación alcanzaremos la gratuidad para las familias de menos ingresos y haremos
efectiva la prohibición del lucro, con penas aflictivas en caso de violación de
la norma, sacando del sistema a las universidades e institutos con fines de
lucro y los que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una
Agencia Estatal de Acreditación. Crearemos
un sistema de formación técnica estatal gratuita (asociando a Inacap y
nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias).
Fortaleceremos la escuela pública con un nuevo plan de inversiones y
crearemos Servicios Regionales de Educación Pública, con un sistema de
financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo
de los establecimientos, sus proyectos educativos y su servicio a la comunidad
en todos los territorios, incluyendo la educación preescolar para seguir
ampliando su cobertura en asociación con la escuela pública. Aceleraremos el fin de los copagos para que
la escuela sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin
discriminaciones, mientras la educación particular pagada cesará de recibir
todo subsidio del Estado. Separaremos en
instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada (fortaleciendo un
nuevo servicio público profesional de atención de la infancia, duplicando hacia
2022 el presupuesto actual) y la rehabilitación de los jóvenes infractores de
ley. Las actividades culturales
recibirán un impulso, con la meta de destinar al menos un 1% del
presupuesto público a estos fines.
4. Un fondo solidario en salud
Crearemos un solo fondo de salud con el 7% de cotización obligatoria sobre
los salarios, transformando en optativos y complementarios los seguros privados.
Ese fondo financiará, junto a aportes de los impuestos generales, las inversiones en infraestructura (sin
concesiones, que han demostrado ser más caras e ineficientes que la gestión
pública), la generalización de acciones
y exámenes preventivos, la salud
primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y un Plan de Salud Garantizado. Este será
gratuito (ampliando el GES-Auge) en los establecimientos públicos, haciendo
efectivo gradualmente el actual plan de inversión hospitalaria y aumentando la
tasa de uso de la infraestructura con un nuevo régimen estatutario para los
médicos (con mayores salarios a cambio de dedicación completa) y con copagos
parciales (de bolsillo y mediante seguros complementarios) en los
establecimientos privados. Los sistemas de seguro privado complementarios serán
regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por
género.
Una nueva política de
medicamentos impulsará las farmacias municipales y las compras públicas para
entrega gratuita en el marco del Plan de Salud Universal. El nivel primario de atención tendrá una mayor capacidad resolutiva y
de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de
contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con
mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional
y los centros de trabajo.
5. Un sistema de pensiones sin AFP
Chile
no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social.Daremos
un rol central al
pilar solidario de pensiones con
el objetivo de llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten
las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de
0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años. Esta
pensión básica debe acompañarse de un ingreso
básico unificado para el 20% de familias de menores ingresos que sustituya el
actualmente disperso sistema de bonos y subsidios variados.
Crearemos
un nuevo pilar público de pensiones contributivas de
reparto que dé certeza a las jubilaciones con el
10% actual de cotizaciones obligatorias, que con la reforma que proponemos financiará los derechos previsionales
adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y
asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario.
Las AFP deben dejar de recibir cotizaciones obligatorias de
modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los
chilenos y chilenas de manera voluntaria
y complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida
efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.
