Lo que un programa con contenidos socialistas podría incluir




Un programa socialista para 2021
(propuestas preliminares)
Introducción
El socialismo es un horizonte de cambio hacia más libertad e igualdad social y entre géneros, que son nuestras banderas históricas, y también hacia más sustentabilidad para defender la viabilidad ecológica del planeta. Se trata de un proceso histórico que no se reduce a simples y arbitrarias etiquetas o modelos. El socialismo se propone representar al mundo del trabajo, de la creación y de la cultura y a las clases y grupos sociales oprimidos por la lógica concentradora del capitalismo y de las oligarquías dominantes. Afirmamos que el socialismo es siempre plural y diverso, pero como régimen político y económico  posee dos características básicas hacia las que nos proponemos avanzar.
Primero, un régimen de gobierno socialista debe garantizar derechos políticos fundamentales y construir y sustentarse en mecanismos participativos a través de los cuales la mayoría social pueda influenciar y dirimir las decisiones públicas. La esfera política debe mostrar una capacidad sistemática de respuesta a las preferencias de la sociedad, en un contexto de libertades públicas, de pluralismo político, de separación de poderes y de alternancia en el poder. El socialismo es un proceso de cambio apoyado en la mayoría social que se propone consagrar democráticamente derechos efectivos para todos. Es por definición contrario a todo proceso autoritario, que siempre desnaturaliza sus fines emancipatorios, sin perjuicio del legítimo derecho a la defensa frente a agresiones externas e internas y del derecho a la rebelión frente a cualquier tiranía.
Segundo, un modelo económico socialista debe sustentarse en la capacidad institucional de moldear los procesos económicos para obtener resultados que sean diferentes de los de tipo desigual y depredador que produce un mercado no intervenido. Debe superar la explotación económica del trabajo, para lo que se requiere establecer funciones sociales en la propiedad y en la  estructura de los activos productivos y de los flujos de ingresos. Esto requiere de un núcleo básico de empresas públicas estratégicas y de servicios públicos universales, junto a la acción regulatoria sobre las unidades productivas autónomas con y sin fines de lucro. La eficiencia productiva requiere de intercambios descentralizados entre unidades productivas tanto  autónomas como estatales, pero también de  solidaridad y cooperación en una fuerte esfera descentralizada de economía social y solidaria y de un importante sistema de impuestos y transferencias sociales y de regulación de precios y tarifas básicas. La orientación de un gobierno socialista será siempre la de la redistribución solidaria y la de la sostenibilidad productiva, dado que se justifica solo si beneficia a la mayoría social, a los ciudadanos de menos ingresos y a las nuevas generaciones. Su tarea es hacer posible una prosperidad compartida y sustentable. Esto supone mecanismos extendidos de seguridad social y establecer un ingreso básico universal para que todos accedan a una vida digna, en el contexto de una economía que satisface necesidades colectivas con una baja huella ecológica.
Si los ciudadanos eligen a fuerzas progresistas, de izquierda y socialistas para gobernar como alternativa a la derecha en 2021, nos comprometemos a avanzar en dos transformaciones centrales y a priorizar cinco grandes problemas nacionales.

I.               El primer objetivo: una nueva Constitución democrática
Una asamblea constituyente debe ser convocada en 2022 a través de un plebiscito aprobado por el parlamento y recibir el encargo de redactar una nueva constitución, sujeto a una posterior aprobación plebiscitaria. La nueva Constitución debe consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”).
La nueva constitución debe consagrar  la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, incluyendo el aborto en causales justificadas. La nueva constitución debe reconocer los derechos de los pueblos originarios, incluyendo su autonomía política.
La nueva Constitución debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a la salud pública, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto incluye reconocer el derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general  (con indemnizaciones justas en caso de expropiación), junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad social y cooperativa.
La nueva Constitución debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico.
La nueva Constitución debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas.
Estos derechos y deberes fundamentales deben tener mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de modificaciones por dos legislaturas sucesivas, sin reglas supra-mayoritarias de aprobación. Se debe establecer  la representación proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan derecho a veto a la minoría. El Tribunal Constitucional debe remitirse a garantizar los derechos fundamentales, conformarse a partir de órganos de la soberanía popular y no interferir en las decisiones mayoritarias de política pública que consagren los derechos fundamentales. La nueva Constitución debe establecer un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales.


II.              El segundo objetivo: construir una nueva estrategia de desarrollo
Un nuevo modelo de desarrollo debe sustituir el actual crecimiento concentrador del capital y de los ingresos, basado en la explotación depredadora de los recursos naturales sin agregación de valor basado en el conocimiento, a partir de siete ejes de acción transformadora.
El primer eje será la recuperación del control nacional de los recursos naturales. Reafirmaremos lo establecido en la nacionalización de 1971 y propondremos al parlamento  derogar la ley de concesiones mineras y la ley de pesca para hacer realidad que los recursos del subsuelo y del mar pertenecen a todos los chilenos. Estos deben ser explotados de modo sustentable directamente por el Estado o por entidades bajo su  control y su renta deber ser puesta al servicio de la colectividad. El agua debe ser renacionalizada, mediante derechos de agua que permitan su uso racional al servicio de las comunidades y de la actividad económica y no como propiedad privada de las grandes empresas.
Un segundo eje será un amplio plan cuatrienal de inversiones en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas sustentables de transporte público basados en la electro-movilidad, el desarrollo del transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los barrios más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances efectivos en la seguridad ciudadana. Un plan de inversiones para los barrios más vulnerables en las ciudades de Chile  reducirá la inequidad urbana con mayores equipamientos públicos en áreas verdes y actividades deportivas y culturales, junto a nuevos planes reguladores urbanos e interurbanos para un desarrollo territorial equilibrado y avanzar hacia ciudades con mayor calidad de vida. Las zonas más pobres del país y los pueblos originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya un plan especial de inversiones en territorios indígenas.
El tercer eje será un fuerte impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (con un gasto que llegue al menos al 2,5% del PIB desde el 0,4% actual) en programas productivos estratégicos. El primer programa estratégico de innovación será el impulso a un nuevo modelo energético con fuentes renovables no convencionales constituidas en la base del crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las energías fósiles- que introducirá una fuerte restricción a la huella de carbono. Una rápida transición a las energías renovables no tradicionales debe traducirse en del 75% de la generación de electricidad con fuentes renovables en 2025. La ENAP se transformará en la Empresa Nacional de Energía y será parte del esfuerzo de diversificación productiva. El segundo programa estratégico de innovación será la universalización de la banda ancha y del acceso a las nuevas tecnologías de la información. El tercer programa estratégico de innovación será la creación de un complejo industrial nacional a partir del litio y las baterías de litio que sea central en la cadena de valor de la moderna industria global del transporte, creando la Empresa Nacional del Litio, llamada a realizar asociaciones tecnológicas variadas y a potenciar nuevos usos del cobre en concordancia con CODELCO, que impulsará la agregación de valor a la extracción simple de mineral como parte de su misión pública, cautelando los equilibrios ambientales.
El cuarto eje será un gran salto en la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo, en especial con una agricultura verde de punta y una silvicultura que revalorice el bosque nativo, junto al cese de la sobreexplotación de recursos del mar, y valorice su territorio sobre una base distinta a la depredación de sus recursos naturales y humanos. Esto supone una nueva planificación de la especialización territorial que incluya una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y la preservación más intensa de los ecosistemas terrestres y marinos amenazados, haciendo efectiva la consolidación de la Red de Parques Nacionales, y en especial la de la nueva red Patagónica. Contribuir a contener el cambio climático supondrá transitar a una explotación forestal, agrícola y pesquera sustentable con un nuevo ordenamiento territorial, junto a un reforzamiento de los sistemas de protección ante las emergencias y catástrofes.
El quinto eje será la ampliación y el cambio de prioridades de la banca pública, la que fomentará el ahorro de las familias y ampliará el acceso al financiamiento de las pymes y microempresas y de los proyectos innovadores sin historia, acompañada de una regulación prudencial fuerte que asegure tanto el cese de los abusos crediticios a los consumidores y a las empresas pequeñas como la estabilidad financiera sistémica.
El sexto eje será una acción desconcentradora y antimonopólica enérgica, tanto de la fiscalía como de los diversos órganos públicos, la que deberá proteger a los consumidores en todos los mercados, mientras la tarificación de los servicios básicos eliminará las actuales rentas monopólicas.
El séptimo eje será una política fiscal activamente contra-cíclica y pro-crecimiento sustentable, con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB que evite un endeudamiento desestabilizador. El gasto social debe financiarse con impuestos. La disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer un impuesto patrimonial focalizado en la extrema riqueza –unificado con el sistema del impuesto territorial- que contribuya a financiar un programa de ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de la Empresa Nacional del Litio y la Empresa Nacional de Energía. La tributación de los ingresos personales será más progresiva, volviendo a la tasa marginal de 50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de 2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Se simplificará la tributación a las utilidades de las empresas e incluirá incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación.

III.            Conquistar nuevos derechos

1. Empleos con derechos
Junto a las iniciativas económicas estratégicas descritas, programas públicos de empleo de servicio a las personas reactivarán las economías locales, reinsertarán a los desempleados de larga duración y ofrecerán nuevas perspectivas de inserción a profesionales y técnicos. Para que el trabajo  no siga siendo un espacio de abuso y explotación, lucharemos por una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo por necesidades económicas con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación obligatoria y a programas de empleo temporal. El salario mínimo debe aumentar en un programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en contrataciones y despidos.
2. Igualdad de género
Junto a reforzar las normas legales de igualdad de género, actuaremos en tres campos principales. En primer lugar, erradicar la cultura de la discriminación de la mujer y del acoso con programas antidiscriminación obligatorios con  normas de transparencia en todas las entidades públicas y en todas las actividades privadas. En segundo lugar, establecer la obligación de la igualdad salarial entre géneros. En tercer lugar, fortalecer las cuotas de género en la representación política, en la empresa y en la organización social. En cuarto lugar, establecer una educación no sexista desde el jardín infantil hasta la educación superior, con cuotas de género en el acceso a las carreras “masculinas” que conducen a las mejores posiciones profesionales.
3. Ampliar la reforma a la educación
Aceleraremos la gratuidad en la educación superior pública, con excepción de las familias con ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales (de acuerdo a sus declaraciones de renta). Las universidades estatales estarán al servicio del desarrollo (mediante convenios trianuales que fijen y evalúen sus objetivos) y aumentarán su cobertura de la matrícula. En las universidades e institutos de formación técnica privadas que no practiquen ninguna forma de discriminación alcanzaremos la gratuidad para las familias de menos ingresos y haremos efectiva la prohibición del lucro, con penas aflictivas en caso de violación de la norma, sacando del sistema a las universidades e institutos con fines de lucro y los que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una Agencia Estatal de Acreditación. Crearemos un sistema de formación técnica estatal gratuita (asociando a Inacap y nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias).
Fortaleceremos la escuela pública con un nuevo plan de inversiones y crearemos Servicios Regionales de Educación Pública, con un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de los establecimientos, sus proyectos educativos y su servicio a la comunidad en todos los territorios, incluyendo la educación preescolar para seguir ampliando su cobertura en asociación con la escuela pública. Aceleraremos el fin de los copagos para que la escuela sea efectivamente gratuita, sin fines de lucro y sin discriminaciones, mientras la educación particular pagada cesará de recibir todo subsidio del Estado. Separaremos en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada (fortaleciendo un nuevo servicio público profesional de atención de la infancia, duplicando hacia 2022 el presupuesto actual) y la rehabilitación de los jóvenes infractores de ley. Las actividades culturales recibirán un impulso, con la meta de destinar al menos un 1% del presupuesto público a estos fines.
4. Un fondo solidario en salud
Crearemos un solo fondo de salud con el 7% de cotización obligatoria sobre los salarios, transformando en optativos y complementarios los seguros privados. Ese fondo financiará, junto a aportes de los impuestos generales,  las inversiones en infraestructura (sin concesiones, que han demostrado ser más caras e ineficientes que la gestión pública), la generalización de  acciones y exámenes preventivos,  la salud primaria y de urgencia, las licencias médicas de todos los usuarios y un Plan de Salud Garantizado. Este será gratuito (ampliando el GES-Auge) en los establecimientos públicos, haciendo efectivo gradualmente el actual plan de inversión hospitalaria y aumentando la tasa de uso de la infraestructura con un nuevo régimen estatutario para los médicos (con mayores salarios a cambio de dedicación completa) y con copagos parciales (de bolsillo y mediante seguros complementarios) en los establecimientos privados. Los sistemas de seguro privado complementarios serán regulados para evitar discriminaciones por preexistencias, por edad y por género.
Una nueva política de medicamentos impulsará las farmacias municipales y las compras públicas para entrega gratuita en el marco del Plan de Salud Universal. El nivel primario de atención tendrá una mayor capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria, articulado con el sistema educacional y los centros de trabajo.
5. Un sistema de pensiones sin AFP
Chile no resiste más la administración privada parasitaria de la seguridad social.Daremos un rol central al pilar solidario de pensiones con el objetivo de llevar la pensión básica a 350 mil pesos en 2022 según aumenten las capacidades recaudatorias del Estado (lo que supondrá pasar de un gasto de 0,7 del PIB actual a un 2% del PIB) para todos los mayores de 65 años. Esta pensión básica debe acompañarse de un ingreso básico unificado para el 20% de familias de menores ingresos que sustituya el actualmente disperso sistema de bonos y subsidios variados.
Crearemos un nuevo pilar público de pensiones contributivas de reparto que dé certeza a las jubilaciones con el 10% actual de cotizaciones obligatorias, que con la reforma que proponemos  financiará los derechos previsionales adquiridos en la vida activa (medidos en meses acumulados de cotizaciones) y asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario.
Las AFP deben dejar de recibir cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas de manera voluntaria y complementaria, con en todo caso tablas ajustadas a la esperanza de vida efectiva y sin discriminación de género para las rentas vitalicias.




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