¿Tiene destino la agenda del gobierno?
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El gobierno de Sebastián Piñera ha procurado salvar su ausencia de mayoría parlamentaria generando hechos de opinión pública que pongan a la defensiva a la oposición y la dividan para hacer avanzar su agenda. Primero fueron las comisiones fuera del parlamento, sin mayor resultado. Ahora se ha visto el riesgoso enfoque adoptado en el tema del proyecto de ley de “aula segura”. La “mano dura”, siempre popular, fue puesta como estandarte, con una ministra que se empecina en legislar para expulsar a los alumnos violentos antes de determinar responsabilidades en plazos prudentes. Se dejó de lado expresamente -y con el solo objeto de generar una presión de los medios contra actos vandálicos reprobables- la más razonable suspención temporal hasta terminar la investigación de cada caso, pero con derecho a defensa, sin perjuicio de sostener un firme enfoque de no dejar sin consecuencias actos violentos de alumnos o de padres contra el profesorado. Y se pasó por encima de un logro de las sociedades civilizadas contra las arbitrariedades: el debido proceso. La comisión de educación del Senado reemplazó sensatamente la expulsión por la suspensión temporal, derrotando al gobierno, aunque la postura opositora no sea la más popular circunstancialmente. Pero si la más seria.
No sabemos si una secuencia similar ocurrirá con la reforma tributaria, que plantea una nueva e injustificada amnistía a los evasores (que se agrega a la equivocadamente establecida en la reforma de 2014), debilita el delito fiscal y regalará 900 millones de dólares al año al 1% más rico con la reintegración de la totalidad de lo pagado por impuesto a las utilidades en el impuesto a la renta, entre otras normas regresivas que debilitarán la situación fiscal. La debilidad fiscal lleva además a un presupuesto para 2019 que disminuye el gasto en ciencia y tecnología y en cultura y debilita programas en salud, educación y regiones.
Tampoco sabemos que ocurrirá con las venideras reformas al sistema de pensiones o a las normas laborales. Mientras, los anuncios en materia de pobreza para “no dejar a nadie atrás”, y que se han propuesto involucrar a los grandes empresarios amigos del gobierno en áreas de acción pública, pero sin agenda ni mayores recursos, forman parte del mismo enfoque. Lo que no se asume es que el gran problema que aleja a Chile de un bienestar compartido es el exceso flagrante de poder empresarial y de privatización de la esfera pública, que produce discriminaciones y desigualdades múltiples y degradación de la naturaleza y de la calidad de vida, como hemos visto de manera dramática en Quintero. Es todo el “modelo de desarrollo subsidiario” el que no da para más.
El presidente Piñera incluso se lanzó recientemente al ruedo con un enfoque de tono ideológico para justificar sus proyectos proempresariales: atacar a la izquierda porque “quiere que el Estado lo haga todo”. El problema es que la izquierda (desde luego la de tradición libertaria y la socialdemócrata) nunca ha dicho que el Estado deba hacerlo todo, sino que debe limitar el poder privado -incluyendo el del actual presidente, que no nos olvidemos fue acusado en el pasado tanto de no respetar la legislación bancaria como multado severamente por uso de infomación privilegiada en transacciones bursátiles- junto a defender el interés general, producir más igualdad efectiva de oportunidades y de derechos en la sociedad y prestar servicios públicos universales de calidad en empleo, salud, educación, cultura, seguridad, urbanismo y medioambiente. Con los impuestos que pagan hoy en Chile los más ricos y las grandes empresas nada de esto es posible. Agreguemos que lo que discute hoy la izquierda en el mundo en sus diversas versiones no es la estatización de la economía sino avanzar a un postcapitalismo de economía mixta con un sector público orientador y estratégico, un sector privado regulado social y ecológicamente y un amplio sector social y solidario y de economía del cuidado como alternativa al neoliberalismo y al mercado omnipresente.
Ha agregado el presidente Piñera que en los gobiernos de la izquierda la pobreza se habría estancado y la desigualdad aumentado. Y que en su gobierno habría ocurrido lo contrario. En realidad, la pobreza monetaria bajó bastante y la desigualdad algo en los gobiernos de Lagos y Bachelet, y también en el suyo. La excepción ocurrió entre 2015 y 2017, cuando la desigualdad subió levemente y se constató un escaso progreso en la caída de la pobreza multidimensional, justamente en el período en el que la presidenta Bachelet les entregó la conducción económica a los neoliberales de su gobierno. Lo que se necesita no es más sino menos neoliberalismo para bajar la pobreza multidimensional y la desigualdad. O sea, más izquierda y equipos distintos a los de Andrés Velasco (que se opuso a toda reforma tributaria y laboral) o Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre (que bajaron la inversión pública, estancaron la economía y no han dado explicación alguna por el aumento de la desigualdad durante su gestión).
La incapacidad del enfoque neoliberal de enfrentar los problemas de Chile es especialmente notorio en otro tema relevado en estos días por el presidente Piñera: “la libre competencia da justificación económica y moral a la economía social de mercado” por lo que en su anterior gobierrno le habría puesto “dientes a la FNE”. En realidad, se trató solo de cambios marginales frente al masivo hecho que el Chile que emergió de la dictadura y de los sectores neoliberales de los gobiernos posteriores es uno de los capitalismos más concentrados del mundo. Y que, además, como en ninguna otra parte del planeta, domina la mayor parte de la seguridad social y de la educación, incluso la subsidiada. Frente a este tema, el actual gobierno no tiene agenda.
Desprivatizar la seguridad social, sacando a las AFP e Isapres del sistema de cotizaciones obligatorias, será la primera tarea de un futuro gobierno que no sea de continuidad, junto a la vasta tarea de desconcentrar la economía. Esta deberá incluir, respecto de lo cual se escuchan pocas propuestas de la actual oposición, rediseñar las regulaciones y las tarifas para impedir las enormes rentas empresariales indebidas en los recursos naturales, los servicios básicos y los servicios financieros. Y potenciar las empresas públicas, como Codelco y las del área de transportes, junto a crear una nueva Empresa Nacional de Energía para acelerar la transición a energías no contaminantes, además de afianzar el aporte al tejido productivo y al empleo de las pequeñas y medianas empresas innovadoras y de la economía social y solidaria. Habrá, además, que retomar el objetivo de redurcir directamente las enormes brechas distributivas mediante una negociación colectiva salarial efectiva y un sistema tributario más progresivo que financie ingresos mínimos universales decentes, empezando por la pensión básica.
Nada de esto va a ocurrir en el actual gobierno. Su agenda en lo medular está pensada para favorecer los intereses empresariales, lo que no tiene nada de extraño dada la composición y la orientación de una administración que los chilenos eligieron hasta 2022. Pero los chilenos también eligieron un parlamento que no es favorable a esa agenda. Para superar esta situación, la pirotecnia discursiva no alcanzará. El presidente Piñera deberá pactar con aquella parte de la oposición que pudiera compartir visiones neoliberales en economía o conservadoras en temas culturales, e incluso integrarla al gobierno para darle estabilidad. O bien aceptar que sus legislaciones no podrán favorecer solo los intereses y enfoques que representa, por la sencilla razón que no obtuvo las mayorías parlamentarias suficientes.
