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Crece la riqueza financiera privada: ¿y qué futuro espera al resto de los chilenos?

El Mostrador

La idea de que la agenda más importante a discutir por el centro y la izquierda es la del crecimiento, planteada por el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés e insinuada por otros ex ministros del gobierno anterior, es una inconsecuencia, pues se trata de quienes llevaron a cabo una política de disminución de la inversión pública y de restricción del gasto en investigación y desarrollo, es decir todo lo contrario de una política de crecimiento. Salvo que se entienda por crecimiento dejar que el mercado asigne los recursos en todos los ámbitos de la vida, bajo el falso supuesto de que es la única fuente de eficiencia y expansión económica, en detrimento de la propia prosperidad colectiva (por falta de inversión en educación, innovación y diversificación que el mercado no provee), de la equidad distributiva y de la sostenibilidad ambiental. Este enfoque sitúa a los que lo sostienen en un espacio político bastante poco de centro y a años luz de cualquier vertiente de izquierda.

Veamos algunos hechos en materia de "crecimiento de mercado". La riqueza financiera privada en Chile creció un 7% en 2017, según el estudio Global Wealth 2018, elaborado por The Boston Consulting Group. El ingreso nacional bruto disponible real lo hizo en solo 2,8% en 2017. Los que disponen de acciones, depósitos y otros activos financieros incrementaron sus ingresos por este concepto más del doble que el ingreso promedio de los chilenos. Para los próximos cinco años, el BCG proyecta que la riqueza privada en Chile crecerá a una tasa anual del 10%. Esas predicciones son mayores que el 7% previsto hacia 2022 a escala global. El crecimiento financiero parece asegurado.

Por otro lado, la prensa consignaba recientemente que la rentabilidad promedio sobre el patrimonio de las sociedades anónimas fue en 2017 de 6,9%. La de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue nada menos que de 35,4%, la de las Isapres de un 20,9% y la de las autopistas urbanas de 18,6%. Agreguemos las rentabilidades de cerca de 20% de los dos principales bancos y rentas todavía mucho mayores de la gran minería privada cuando los precios del cobre son altos, como empezó a ser el caso desde 2017.

Este es el mercado chileno: uno con enormes sobreutilidades en los sectores regulados por entidades gubernamentales o basados en recursos naturales que pertenecen legalmente a todos los chilenos (los del subsuelo y del mar). Y, además, con enormes rentabilidades encubiertas o abiertas sobre la base de subsidios en la educación (escolar y universitaria) y la salud (prestaciones contratadas a privados por Fonasa).

El equilibrio político conformado desde 1990, a pesar de que muchos de nosotros aspirábamos a un “crecimiento con equidad”, ha dado lugar a una suerte de modelo de "capitalismo subsidiado" que garantiza abultadas tasas de ganancias a los poseedores de capital de diferentes escalas, muy superiores a las que se practican en los procesos normales de inversión en el mundo. Frente a la extrema concentración de los ingresos existente en Chile, originada en 1973-89 y no revertida sino en pequeña escala desde 1990, existen dos posibilidades: o bien se mantiene el aplauso de los beneficiados (como es el caso de la base política y empresarial del actual gobierno) y la resignación del resto (que no ha sabido, podido o querido cambiar este reino de las utilidades ilegítimas) o bien se trabajan soluciones estructurales alternativas.

En primer lugar, las AFP y las Isapres no debieran recibir más cotizaciones obligatorias sino competir en el mercado de ahorros y seguros sin privilegios públicos. Luego, la subvención escolar debiera orientarse a una mezcla de gasto en una oferta territorialmente equilibrada de educación pública, laica y gratuita de calidad y en la subvención de la demanda por alumno en escuelas privadas pero mediante contratos de desempeño pedagógico y definitivamente sin filtraciones a utilidades de sus dueños. La gratuidad universitaria no debe ir como regla general a entidades privadas sino solo a las entidades públicas o a proyectos privados de interés público que lo justifiquen, en tanto no persigan lucro ni proyectos educativos no plurales.

La banca, por su parte, debe ser impedida de abusar de posiciones monopólicas y cobrar comisiones poco transparentes. La minería estatal debiera expandirse, y la gran minería privada debiera operar con topes a la rentabilidad privada regulada por un sistema tributario altamente progresivo en función del precio de los metales. Los contratos del litio debieran revisarse para privilegiar su explotación estatal o con regalías mucho mayores que las vigentes y en la perspectiva de ser parte de cadenas globales de electromovilidad con una rápida transición energética hacia las renovables no convencionales.

La alternativa a la situación actual es transitar a una "economía mixta regulada y sostenible", lo que no será posible en este gobierno, pero sí en uno eventual de tipo progresista desde 2022 que debe prepararse desde ya. Un nuevo modelo económico es perfectamente factible con:

- la eliminación de las rentas monopólicas con los mencionados instrumentos tributarios, de regulación de mercados y de producción pública selectiva;

- nuevas reglas para las pymes y la economía social y solidaria que aumenten sus espacios de actividad con compras públicas y una banca de desarrollo efectiva;

- la expansión de los sistemas de innovación e investigación y desarrollo tecnológico que estimulen que el sistema económico y social-ecológico transite al consumo saludable y funcional y a la producción sostenible basada en energías renovables;

- nuevas reglas que permitan a los trabajadores disponer de poder negociador de sus salarios y condiciones de trabajo y también de una participación efectiva en las utilidades, incluyendo gratificaciones y fondos salariales, y de una seguridad social pública y solidaria en salud, pensiones y dependencia y en seguro de desempleo;

- un sistema tributario progresivo que lleve la carga de impuestos en el horizonte de una década al 34% del PIB (el promedio OCDE) y permita financiar: a) una amplia política de infancia y una educación pública de calidad, plural y no sexista a disposición de todos, desde la escuela a la educación superior; b) bienes públicos urbanos, en seguridad y culturales; c) la protección de los ecosistemas; y d) una renta básica con horizonte universal, empezando por los mayores de 65 años y las familias de más bajos ingresos.

¿Es este enfoque muy radical? Si por radicalidad se entiende ir a la raíz de los problemas, efectivamente apunta a que dejemos de ser uno de los países más desiguales del mundo. Este sigue siendo, junto al de un crecimiento sustentable, el desafío principal del Chile del presente y del futuro.

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