miércoles, 16 de octubre de 2024

Sobre la renovación socialista

Extracto del libro de conversaciones con Alfredo Joignant, El socialismo y los tiempos de la historia, 2003. 

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El punto de partida era que debía trabajarse una línea de derrota política de la dictadura a través de un proceso de desobediencia civil generalizada y de alianzas partidarias amplias y no una línea de acciones militares sin viabilidad en las condiciones de la dictadura chilena y que en caso de éxito prefiguraría un autoritarismo contrario a nuestros propósitos democratizadores. 

Además, se trataba de definir sin equívocos que la democracia sería el espacio y límite de nuestra acción política futura, en un contexto de plena autonomía de la sociedad civil y con, además, una ruptura clara con cualquier alineación con los llamados «socialismos reales”. 

Se produce, primero, la reflexión de intelectuales de la izquierda que pudieron permanecer en el país, como Enzo Faletto, Manuel Antonio Garretón, Tomás Moulián, luego la conformación de la Convergencia Socialista, que contaba con la activa participación de Ricardo Lagos que ya perfilaba su liderazgo, y más tarde los eventos de Ariccia, en Italia, que organiza Raúl Ampuero en 1979 y 1980, en el que se llama a abrir esta reflexión muy a fondo, y de Chantilly en las afueras de Paris a inicios de los años ochenta. 

En esto influyeron por cierto las dificultades en las que nos encontrábamos en Chile y también el debate de la izquierda europea de la época. Estamos hablando de la etapa del eurocomunismo, especialmente de los procesos del Partido Comunista italiano, de la Unión de la Izquierda en Francia y del rol que jugaba el modelo de la social democracia nórdica, que mantenía con el liderazo de Olaf Palme en Suecia un gran prestigio, así como los que encarnaban Willy Brandt y Bruno Kreitsky en las socialdemocracias alemana y austríaca. Ante el terrible impacto de la derrota de la izquierda en 1973, cabía entonces al socialismo chileno autónomamente llevar a cabo una identificación a fondo de qué se había hecho mal y a la larga una revisión de los fundamentos de su proyecto de sociedad. Ese proceso, en medio de dificultades y tragedias, llevó a fuertes tensiones. 

¿Cuáles fueron los tópicos del proceso de renovación? En primer lugar, la relación entre socialismo y democracia. En su fundación en 1933 el PS declaró su escepticismo frente a la posibilidad de llevar a cabo su proyecto de cambio social en el marco democrático y parlamentario, aunque su práctica política se desarrollara desde el inicio en ese marco, con la exitosa candidatura presidencial, desde la relegación, de Marmaduke Grove. En 1947, su programa enunció una fuerte crítica al estalinismo y a la ausencia de libertades en la URSS. Visionariamente, el entonces senador Eugenio González proclamó que los fines igualitarios libertarios del socialismo no podían realizarse, sin desnaturalizarlos, por medios que no fueran los democráticos. 


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La intervención estatal no debería convertir al Estado en empresario ni generar burocracia ni tiranía. No hay que estatizar la economía sino socializarla, es decir, humanizarla. Es bien sabido que cuando el Estado se hace cargo de determinados servicios se comporta frente a los trabajadores como un empresario cualquiera, y los trabajadores, a su vez, se mantienen frente al Estado en virtual actitud de lucha, como si se tratara de un empresario particular. De ahí que se produzcan los mismos conflictos sociales en las empresas privadas y en las empresas «nacionalizadas», es decir estatizadas. Huelgan los ejemplos. La administración directa de empresas por parte del Estado a través de la burocracia tramitadora y lenta por esencia, es una forma casi siempre dispendiosa y, generalmente, ineficaz de capitalismo público.El socialismo es otra cosa. No aspira el socialismo a reforzar el poder político del Estado con el manejo del poder económico. No pretende el socialismo que sea el Estado quien planifique, regule y dirija los complejos procesos de la producción y distribución de bienes y servicios. No se propone el socialismo levantar sobre las ruinas de las empresas privadas a un especie de gran empresario que sería el Estado burocrático y policial. Por el contrario, quiere el socialismo que los propios trabajadores y técnicos, a través de sus organizaciones, planifiquen, regulen y dirijan, directa y democráticamente, los procesos económicos en beneficio de ellos mismos, de su seguridad, de la sociedad real y viviente. Para el socialismo es tan imperativa la defensa de los intereses y los valores humanos frente a las tendencias absorbentes del totalitarismo estatal como frente al poder económico del capitalismo monopolista." 

Eugenio González, Discurso en el Senado, 20 de octubre de 1953.




"Las formas de vida en que el socialismo se vaya realizando dependerán, por cierto, de las circunstancias nacionales, pero ellas sólo serán auténticas y, por lo tanto, verdaderamente progresivas si están animadas por lo esencial de su espíritu: la dignificación del hombre.Ningún método de violencia estatal, menos aún la violencia erigida en sistema, es compatible con la índole del socialismo. Puede realizarse por la violencia una cerrada planificación económica que, acortando etapas, haga pasar a un país, en breve plazo, del feudalismo agrario al industrialismo exacerbado, pero ello se hará a costa de una inevitable deformación moral de las nuevas generaciones en el ámbito inhumano del Estado totalitario. El socialismo es revolucionario por sus objetivos, que implican un cambio radical en la estructura de la sociedad capitalista, pero no puede ser dictatorial por sus métodos, desde el momento en que procura el respeto a valores de vida que exigen el régimen de libertad.De ahí que no nos parezca posible separar el socialismo de la democracia. Más aún: sólo utilizándo los medios de la democracia puede el socialismo alcanzar sus fines sin que ellos se vean desnaturalizados. No se trata, por cierto, de la democracia estáticamente concebida, en pugna con el proceso histórico, sino de una democracia viva, que se vaya modificando orgánicamente, de acuerdo con las mudables circunstancias de la existencia colectiva. La democracia puramente formal, de alcances civiles y políticos, tiene que llegar a ser una democracia real, de contenido económico y social, pero sin que su contenido histórico y moral, que es, por sobre todo, la preservación de los derechos humanos, experimente menoscabo alguno en provecho del poder del Estado o del progreso de la economía".

Eugenio González, Discurso en el Senado, 14 de mayo de 1957.

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No obstante, en los años cincuenta y siguientes la tesis de la República Democrática de Trabajadores mantuvo una cierta distancia con la democracia parlamentaria, aunque no era contradictoria con ella. El impacto de la revolución cubana extendió luego en el socialismo la idea de que la lucha armada frente a la resistencia de los poderosos era inevitable para llevar a cabo su proyecto, lo que se consagra en el famoso congreso de Chillán de 1967, aunque, como te señalé, en la práctica elige para dirigirla a un insigne parlamentario moderado y al año siguiente proclama a Salvador Allende como candidato a presidente de una coalición amplia.


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"Una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista (...) democrático, pluralista y libertario (...). Para nosotros, representantes de las fuerzas populares, las libertades políticas son una conquista del pueblo en el penoso camino por su emancipación. Son parte de lo que hay de positivo en el período histórico que dejamos atrás. Y, por lo tanto, deben permanecer. De ahí también nuestro respeto por la libertad de conciencia y de todos los credos (...) Pero no seríamos revolucionarios si nos limitáramos a mantener las libertades políticas (...) Las haremos reales, tangibles y concretas, ejercitables en la medida en que conquistemos la libertad económica(...) Nuestro camino es instaurar las libertades sociales mediante el ejercido de las libertades políticas, lo que requiere como base establecer la igualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha trazado porque reconoce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige secuencias intermedias. Una revolución simplemente política puede consumarse en pocas semanas. Una revolución social y económica exige años. Los indispensables para penetrar en la conciencia de las masas. Para organizar las nuevas estructuras, hacerlas operantes y ajustarlas a las otras. Imaginar que se pueden saltar las etapas intermedias es utópico. No es posible destruir una estructura social y económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarrollado mínimamente la de reemplazo. Si no se reconoce esta exigencia natural del cambio histórico, la realidad se encargará de recordarla (...) El camino que mi gobierno se ha trazado es consciente de estos hechos. Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción en lo económico, político y social a ciertos límites." 

Salvador Allende, Mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971.

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Lo primero que cabía al socialismo en su proceso de rescate y renovación era afirmar con claridad sus definiciones y reconocer la pertinencia del enfoque de González y Allende. El socialismo chileno reunificado y ampliado consagró formalmente desde 1989 que la democracia es el espacio y el límite en que se desenvuelve su acción política y que su proyecto de cambio es progresivo y está sujeto a la obtención de las mayorías populares y ciudadanas suficientes. 


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"Establecer uno o más centros donde podamos cerrar la brecha entre la elaboración intelectual y la praxis, entre la búsqueda teórica y las exigencias de la acción, ha pasado a ser una exigencia prioritaria. En seis años el país ha sufrido una mutación profunda. Las fuerzas que aspiran a protagonizar el futuro de Chile lo lograrán únicamente si son capaces de comprender esos cambios en toda su hondura. La izquierda socialista está en óptimas condiciones para lograrlo. Aún con graves carencias teóricas, demostró en el pasado una aguda receptividad para interpretar y guiar los impulsos históricos de las masas populares y dispuso siempre de la independencia necesaria para juzgar con cabeza propia el complejo proceso de emancipación de los pueblos, rehusando someterse a modelos sagrados o a cálculos hegemónicos. Hoy tiene la oportunidad de romper de nuevo la inercia si opera con unidad y con audacia, porque son muchos y muy grandes los errores que se deben corregir y vivimos un tiempo en que los viejos mitos -paz, libertad, internacionalismo, liberación, autogobierno- adquieren vigencia concreta y, en su contenido real, no pasarán a ser palabras muertas incapaces de movilizar las inagotables esperanzas de los hombres."

 Raúl Ampuero, Informe a la segunda reunión de Ariccia, enero de 1980.

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En segundo lugar, la inspiración ideológica. El PS fue desde sus orígenes un partido de izquierda no dogmático y fuertemente confrontado con la ortodoxia comunista. Se declaró en 1933 inspirado por el marxismo, pero «enriquecido y rectificado por el constante devenir social», y en su seno nunca prevaleció un modo doctrinario de hacer política. En 1965 se declaró, sin deliberación mayor, “marxista-leninista», en medio de la radicalización política de la época. El proceso de renovación debía dar cuenta de esa regresión y de hecho la unificación de 1989 consagró el pluralismo de las inspiraciones ideológicas del socialismo chileno, que incluye este marxismo enriquecido y rectificado, pero que también incluye al cristianismo popular y al racionalismo laico y a todas las expresiones de las ciencias sociales modernas que permiten interpretar racionalmente el mundo tal como es para mejor transformarlo.

En tercer lugar, la visión económica. El PS siempre fue un partido anticapitalista, pero no un defensor de la estatización de la economía, y esto bastante antes, por ejemplo, que el programa de Bad-Godesberg de la socialdemocracia alemana. El programa de 1947, bajo la inspiración y la pluma de Eugenio González, contiene vehementes críticas a la planificación central de tipo soviético y oponía la estatización una socialización autogestionaria, en sintonía con la crítica contemporánea desde la izquierda al esquema de planificación central y propiedad estatal generalizada. Ampuero fue en este sentido un admirador de la autogestión yugoslava. Sin embargo, en los años 1960 y 1970 volvió por sus fueros la identificación del socialismo con la estatización generalizada de la producción. La renovación del socialismo supuso reactualizar progresivamente su visión económica, optando por sustentar su proyecto igualitario en una economía plural con una estructura de propiedad mixta (pública, social y privada), con soportes de mercado en la asignación descentralizada de recursos pero con regulaciones públicas fuertes para gobernarlos social y ecológicamente en beneficio del interés general y de las futuras generaciones. La idea de estatizar todos los medios de producción fue reemplazada por la de construir un sistema económico con capacidad de garantizar a todos ingresos básicos para una vida digna a través de la distribución de la renta de los recursos naturales y la de acumulación tecnológica que pertenece todos, junto a derechos laborales consagrados y eficaces en las empresas, una amplia protección frente a los riesgos sociales, una fuerte redistribución de las capacidades de inserción social y sólidos servicios públicos proveedores de bienes colectivos, todo lo cual con orden en las cuentas fiscales y externas e inflación controlada. Se entendía que debían existir las empresas y servicios públicos que fueran necesarias al desarrollo y a la cohesión social, y promover también a la economía social y cooperativa y a la pequeña y mediana empresa, desarrollando una política antimonopólica de cautela de la competencia, con promoción de la innovación y la eficiencia productiva. Se debía consagrar políticas redistributivas para ampliar el consumo popular y el mercado interno, pero al mismo tiempo reconocer que esa no era una base suficiente para sostener el dinamismo económico y se debía buscar una inserción externa activa para aumentar el crecimiento mediante el acceso a los mercados más significativos del mundo, con privilegio estratégico de la integración latinoamericana. 

Se trataba de replantearse, con una nueva visión adaptada a una sociedad cada vez más compleja, el propósito de superar el capitalismo en tanto sistema que se sustenta en la acumulación ilimitada de capital en pocas manos, concentra monopólicamente el poder económico, multiplica las asimetrías de información y la ineficiencia en la asignación de recursos, que es contradictorio con la existencia de derechos sociales y económicos al margen del mercado y con la ampliación de la base productiva del emprendimiento de pequeña escala. Si además el capitalismo crecientemente mundializado promueve mantener en la impotencia a los Estados-Nación y al poder político representativo de las aspiraciones de los ciudadanos a disponer de derechos, y que relega la democracia a ritos electorales sin importancia, influidos decisivamente por el poder económico del gran capital, entonces la alternativa democrática y socialista había de mantener su plena vigencia. Y así con diversos otros temas (sindicalismo, género, medio ambiente, poder local), y que han oxigenado la propuesta socialista a la sociedad chilena. 

Se entendió la renovación socialista como un proceso siempre abierto, siempre dinámico, en el que un espíritu no dogmático y crítico alimentara la reafirmación del proyecto igualitario y libertario que, desde Arcos, Bilbao, Recabarren, Grove, Schnake y Matte dio origen al socialismo chileno y del que los socialistas de hoy, con orgullo, nos sentimos los activos herederos. Nos consideramos legítimos portadores de la modernidad que siempre hemos encarnado y adversarios tenaces de todas las derechas. La lógica en la cual se desenvolvía nuestra izquierda en aquella época estaba agotada. Especialmente, debía rechazarse toda reafirmación ortodoxa y pro-soviética, que por entonces apoyó la invasión soviética a Afganistán y más tarde apoyó el golpe de Jaruzelsky en Polonia. En consecuencia, la matriz ortodoxa siguió su curso y el resto de la izquierda abrió un gran debate.

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El socialismo y los tiempos de la historia. Diálogos exigentes, Santiago: Prensa Latinoamericana, 2003. https://www.researchgate.net/publication/259041705_El_socialismo_y_los_tiempos_de_la_historia_Dialogos_exigentes_Santiago_Prensa_Latinoamericana_2003.


¿Por qué el Banco Mundial propone aumentar el impuesto a la propiedad?

En El Mostrador

Un reciente informe del Banco Mundial muestra que los impuestos sobre la propiedad en América Latina son muy inferiores al promedio mundial, a pesar de que el 86% de la riqueza de las personas está concentrada en bienes raíces en el continente. Los impuestos a la propiedad representan el 2% de los ingresos fiscales, muy por debajo de América del Norte, donde este tipo de impuesto genera el 13% de los ingresos. Las tasas impositivas son similares a las de Estados Unidos, pero con una valoración de la propiedad por parte del Estado que oscila entre el 10 y el 40% del valor de mercado.

En Chile, la recaudación por este concepto es inferior al 1% del Producto Interior Bruto, mientras su potencial es superior a 3% del PIB, a pesar de la sobretasa establecida en 2020 en medio de la pandemia, que recae sobre 21 mil propietarios. Aunque es uno de los más altos en América Latina, el porcentaje de activos financieros en el patrimonio del 5% de los hogares con mayores ingresos es de solo 14%, proporción que es mucho mayor en los países industriales.

El Banco Mundial sostiene que “el patrimonio inmobiliario en general contribuye menos al dinamismo económico en términos de promover la innovación, generar sinergias positivas con otros sectores productivos estratégicos o estimular el capital humano” y que “reformar los sistemas tributarios de ALC para darle mayor preponderancia a los impuestos a la propiedad mejoraría la equidad, promovería el crecimiento y generaría espacio fiscal”.

Este tipo de tributación tiene “menos consecuencias negativas en el comportamiento y cargas administrativas más manejables. Por naturaleza, la propiedad es un activo relativamente fijo y fácilmente identificable, y, por ende, menos susceptible a la evasión”. Esto supondría invertir en capacidad administrativa y realizar tasaciones adecuadas para asegurar la progresividad. Una mejor actualización del valor de mercado debiera hacerse sin afectar a las personas de menos ingresos.

Aunque aumentar la tributación de la riqueza inmobiliaria tiene más beneficios y menos defectos, la concentración en los activos financieros es excesiva y creciente. Thomas Piketty (Le Monde, 12-10-24), sostiene que “las sumas acumuladas por los más ricos en las últimas décadas son simplemente gigantescas”. En Francia, bastaría con un impuesto excepcional del 10 % sobre este enriquecimiento para recaudar por una vez un 3% del PIB.

Se pregunta el economista francés: ¿cómo harían los millonarios para pagar este impuesto del 10% sobre el enriquecimiento? Su respuesta es que “si los beneficios obtenidos en el año no son suficientes, entonces tendrán que vender una parte de sus acciones, digamos el 10% de su cartera. Si esto presenta un problema para encontrar un comprador, entonces el Estado puede perfectamente aceptar estos títulos como pago de impuestos. Si es necesario, luego pondrá a la venta estos títulos utilizando el procedimiento que prefiera, por ejemplo, permitiendo a los empleados adquirir esas acciones, lo que aumentaría su participación en las empresas. En cualquier caso, la deuda pública neta se reducirá en esa misma proporción”.

Recalca que todos estos son temas de decisión política, incluyendo el del desplazamiento de los capitales a las plazas con menos tributos: “Cuando Estados Unidos amenaza con retirar las licencias de los bancos suizos, Berna pone fin al secreto bancario. En Estados Unidos, los contribuyentes son gravados en función de su nacionalidad, incluso si abandonan el país. Y si quieren renunciar a su pasaporte, lo cual no está exento de riesgos, entonces nada impide que el poder público siga imponiéndoles impuestos, siempre que su enriquecimiento haya tenido lugar en Estados Unidos”.

Según la revista Forbes, hay en 2024 seis milmillonarios en dólares en Chile, el tercer país con mayor cantidad en el continente. Su fortuna suma unos 42.200 millones de dólares, 300 millones de dólares más que el año pasado. Destaca la familia Luksic, con 25.700 millones de dólares. Horst Paulmann suma 3.400 millones de dólares y Julio Ponce Lerou unos 2.600 millones de dólares. Roberto Angelini Rossi y Patricia Angelini Rossi cierran el listado de milmillonarios chilenos, con 1.800 y 1.400 millones de dólares, aunque cabe también considerar a Sebastián Piñera, quien poseía un patrimonio neto estimado de 2.900 millones de dólares cuando falleció y cuya herencia aún no se ha resuelto.

Si se considera que en Chile el inevitable aumento de la deuda pública neta desde los acontecimientos de 2019 y la pandemia es excesivo, una contribución sobre el enriquecimiento como la propuesta por Piketty podría disminuirla si se gravara en 10% el enriquecimiento de los grupos de muy altos ingresos desde entonces.

El Grupo Luksic, siempre según Forbes, aumentó su riqueza en 10.300 millones de dólares entre 2019 y 2024; la de Horst Paulmann, en 400 millones; y la de Julio Ponce Lerou, en 1.200 millones. A título de ejemplo, si solo se incluyera estos tres casos, aunque se debiera sumar los incrementos de patrimonio del segmento del 1% más rico, se podría disminuir de esta forma la deuda pública neta en el equivalente a 0,4% del PIB.

Otra acción en la materia es la de ayudar a la desconcentración económica, y a limitar un capitalismo de herederos y no de innovadores, llevando el impuesto a la herencia del 25% actual al 50-65% de Corea del Sur en el caso de las grandes fortunas. Esto podría traducirse, como alternativa a tributos en dinero, en un pago en un porcentaje accionario de valor equivalente de los activos involucrados. Estos porcentajes podrían pasar a un fondo –sin injerencia cotidiana en la gestión de las empresas– cuya rentabilidad aumentara el financiamiento de la innovación y la sostenibilidad en empresas de distinto tamaño (ver).

Esto no alteraría mayormente la economía, salvo disminuir las muy altas fortunas de los herederos, a cuya creación no han concurrido. En el largo plazo tendería a mejorar la gestión de las empresas, pues, como señala el economista Hugo Hopenhayn, “cuando las firmas pasan del padre al hijo, puede que el padre fuera muy ingenioso y se le ocurrió hacer esa firma. Pero no hay ninguna razón por la cual el hijo es el más idóneo. Hay estudios que analizan que cuando la firma pasa al hijo en general pierde mucha productividad. O sea, no basta con tener firmas para la productividad, sino que tienen que estar dirigidas por las personas correctas”.

Se puede concluir con Thomas Piketty que “no se puede afrontar los desafíos sociales y climáticos actuales si no se empieza por gravar de manera visible e indiscutible a los más ricos” y orientar las empresas a aumentos de productividad que permitan una mayor prosperidad compartida y sostenible. A su vez, no se puede tolerar una concentración de la riqueza que induce un control plutocrático del sistema político por las grandes fortunas, a través del financiamiento de campañas, la influencia del dinero en los poderes del Estado y el control de los medios de comunicación masivos.

lunes, 14 de octubre de 2024

Daron Acemoglu, premio Nobel 2024, y su defensa del Estado de bienestar

Nacido en Turquía y hoy afincado en Estados Unidos, Daron Acemoglu ha recibido el premio en economía asimilado al Nobel otorgado por el banco central de Suecia, junto al cientista político James Robinson y al economista Simon Johnson. Es uno de los más brillantes y productivos economistas contemporáneos. Ha abordado muchos de los problemas centrales de nuestro tiempo y lo ha hecho desde una lógica multidisciplinaria y siempre con una perspectiva afincada en la historia. Dos de sus principales obras son "Por qué fracasan las naciones", con Robinson, en la que el análisis comparativo del crecimiento económico los lleva a concluir que la diferencia fundamental no está en los recursos naturales y la geografía, la cultura o el clima, sino en la creación de instituciones inclusivas que favorezcan la innovación, y "Poder y Progreso", con Johnson, en la que argumenta sobre las importancia de los factores de poder en el uso de las tecnologías en la historia para que favorezcan o no una prosperidad mejor distribuida. Acemoglu y Johnson argumentan que "la mayoría de las personas en el globo se encuentra en una mejor situación que la de nuestros ancestros porque los ciudadanos y los trabajadores en las primeras sociedades industriales organizaron y desafiaron las opciones dominadas por las élites sobre la tecnología y las condiciones de trabajo, y forzaron modalidades para compartir las ganancias de los mejoramientos tecnológicos de manera más equitativa".

Reproduzco extractos de un texto de 2020 de Acemoglu en el que defiende la idea de un Estado de bienestar 3.0 (https://www.project-syndicate.org/onpoint/four-possible-trajectories-after-covid19-daron-acemoglu-2020-06).

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"La primera versión del Estado de bienestar surgió a raíz de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos, incluyó políticas como la seguridad social y el seguro de desempleo, que luego fueron complementadas en los años 60 con programas adicionales como Medicaid y Medicare (seguro médico gubernamental para mayores de 65 años).

La segunda versión apareció en la década de 1980, con la llegada al poder de Ronald Reagan en los EE. UU. y Margaret Thatcher en el Reino Unido, y más tarde, con la caída de la Unión Soviética. En gran parte de Occidente, y particularmente en EE. UU. y el Reino Unido, el Estado de bienestar 2.0 representó un retroceso: una versión debilitada y menos efectiva de lo que había sido, con muchas protecciones anteriores, como los sindicatos, desmanteladas o neutralizadas.

Para anticipar lo que podría —y debería— venir después, es importante entender las necesidades actuales. Claramente, muchas economías avanzadas necesitan una red de seguridad social más sólida, mejor coordinación, regulación más inteligente, un gobierno más eficaz, un sistema de salud pública significativamente mejorado y, en el caso de EE. UU., formas de seguro de salud más equitativas y confiables.

Prácticamente todos coinciden en que los gobiernos deben asumir más responsabilidades, pero también volverse más eficientes. También es seguro asumir que la expansión del gasto, la regulación y la provisión de liquidez que se vio durante la pandemia se mantendrá en cierta medida de forma permanente (aunque eventualmente requerirá una ampliación de los impuestos también)...A medida que el Estado se fortalece, también lo harían las instituciones democráticas y los mecanismos de participación política adecuados para monitorear sus acciones y hacerlo rendir cuentas... El surgimiento del Estado de bienestar 1.0 ilustra claramente esta dinámica (así como el fracaso del Estado de bienestar 2.0 demuestra lo que puede suceder cuando se busca la eficiencia a expensas de una participación social más amplia). Antes de la década de 1930, no había mucha red de seguridad social en ninguna parte del mundo, y la capacidad reguladora del gobierno era limitada. Pero la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial cambiaron todo eso.

En 1942, William Beveridge, de la London School of Economics, dirigió un comité gubernamental que redactó el ahora famoso Informe Beveridge, que ofreció una visión para un Estado de bienestar británico de posguerra que garantizaría la seguridad social, la atención médica y otros bienes básicos a todos los ciudadanos.

Algunos críticos en ese momento reaccionaron con horror a estas propuestas. El economista Friedrich von Hayek, entonces un nuevo emigrante de Viena que enseñaba en la LSE, vio al Estado de bienestar moderno como un paso hacia el totalitarismo. Creía que el rol de los gobiernos en el control de los mercados y la fijación de precios, como lo planteaba el Informe Beveridge, llevaría a la sociedad por "el camino de la servidumbre".

Pero Hayek estaba equivocado. Primero en Suecia, comenzando en 1932, y luego en el resto de Escandinavia, Europa Occidental y los EE. UU., el Estado asumió más responsabilidades y creció, pero la democracia se profundizó y la participación política popular se expandió.

Hoy en día, hay un consenso creciente de que necesitamos mejores instituciones, más responsables, así como una manera más equitativa de compartir los beneficios del progreso tecnológico y la globalización. Voces de izquierda y derecha argumentan, no sin razón, que el sistema está diseñado para beneficiar a una pequeña pero poderosa y bien conectada élite en la cima de la pirámide de ingresos y riqueza.

Especialmente ahora que el mundo está asolado por una pandemia, hay una creciente comprensión de que nuestros sistemas son demasiado frágiles y vulnerables para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Aunque muchos países están lejos de alcanzar un consenso sobre cómo debería ser un futuro mejor, reconocer el problema es siempre el primer paso para construir algo mejor.

Creer en la posibilidad de un nuevo y mejor Estado de bienestar no es una fantasía. Pero sería ingenuo suponer que surgirá fácilmente, y mucho menos que emergerá por sí solo. Los esfuerzos para fortalecer la democracia y la rendición de cuentas deben ir de la mano con una expansión de las responsabilidades del Estado. Lograr el equilibrio correcto sería difícil incluso en los mejores tiempos.

En un momento de polarización sin precedentes, normas democráticas en decadencia y una capacidad institucional menguante, reformar y renovar el Estado de bienestar es una tarea realmente ardua. Pero, al igual que la generación de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos otra opción que intentarlo."

miércoles, 9 de octubre de 2024

El fin del CAE y sus objeciones

En El Mostrador

Algunos de los comentarios críticos a la iniciativa del gobierno de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) son especialmente pobres. Este sistema permite a los estudiantes de educación superior contraer créditos con la banca pero con garantía estatal, cuya ejecución por mora es muy conveniente para ella. Se otorga con un interés actual de 2% real anual -desde 2012 con Piñera I, pues era de 6% cuando se estableció en 2005- y un pago vinculado al ingreso con un plazo máximo, todo lo cual es subsidiado por el Estado.

El nuevo proyecto establece descuentos en la deuda acumulada, que en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado. También establece para el futuro un sistema nuevo, sin la banca -que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas desde un subsidio público- y sin tasa de interés, con un reembolso posterior a terminar los estudios que se limita a un pago del 7% (y 8% para los ingresos más altos) del ingreso, con suspensión en situaciones de cesantía y un tope de pago por 20 años. Su cobertura excluirá solo a quienes pertenecen al tramo de 10% de más altos ingresos, con aranceles fijados por carrera y eventuales copagos adicionales para ese tramo de familias.

En las críticas infundadas después del anuncio por el presidente Boric hay de todo. El senador Juan Luis Castro se opone porque las prioridades de los chilenos serían la seguridad y la salud y considera que hoy no debiera gastarse recursos en la educación superior ni en los deudores, que son cerca de un millón de personas (más de 540 mil se encuentran en mora). El asunto es que el sistema nuevo no costará más que el antiguo (lo hará en 1% del PIB menos en régimen), según el ministerio de Hacienda. Darle un apoyo a los sectores medios que han estudiado y arrastran una deuda -que no tienen los de altos ingresos, que no estudian con crédito- no debiera levantar mayores objeciones de pertinencia y equidad. Salvo que se sostenga que los subsidios deben ir solo a los muy pobres y no se debe apoyar el recorrido profesional de quienes han estudiado teniendo que recurrir al crédito porque su situación familiar no les permitió otra cosa. Este es el argumento que no toma en cuenta que el gasto público en educación, que mejora las calificaciones humanas para entender el mundo e innovar y utilizar nuevas tecnologías, es un componente del desarrollo. De paso, más ingresos de familias de clase media pueden incluso permitir aumentar sus gastos en salud. Si alguien está vinculado al sector salud, eso no debiera llevarlo solo a privilegiar la salud. Eso se llama corporativismo. Y así en unas u otras áreas que requieren de políticas públicas.

A la inversa, el ex rector de la Universidad de Chile, Victor Pérez, lamenta que el proyecto no hable de la educación inicial de niñas y niños. Pero ocurre que por definición el proyecto aborda la educación superior, no el resto del sistema educativo. Por mucho que sea indispensable fortalecer la educación inicial, si cada vez que una ley aborda un tema se cuestiona que no aborda otros, tendríamos la actitud no muy recomendable de objetar por objetar.

El ex Director de Presupuestos de Piñera, Matías Acevedo, señala que la devolución parcial del subsidio por el beneficiario a lo largo del tiempo sería un impuesto a la renta. En efecto, tiene similitudes. ¿Y cuál es el problema? Probablemente que no le gusta el impuesto a la renta y su lógica de progresividad. Pero esa es harina de su propio costal. Se trata, en todo caso, más bien una tarifa de pago diferido y con elementos de subsidio. De paso, sostiene que el nuevo sistema llevaría a pagar, en los casos de rentas más altas, mucho más que el costo de la carrera, lo que es simplemente falso, pues se aproxima al pago de su costo y, además, se podrá hacer prepagos con descuento.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sostiene que dejar el copago limitado al 10% de más ingresos, "afecta muy profundamente la viabilidad del sistema de educación superior", y que afectaría la autonomía universitaria y la haría dependiente del Estado y de políticas inciertas en el futuro, lo que no tiene fundamento alguno que no sea alimentar fantasmas. La autonomía, junto al pluralismo, es indispensable para la vida intelectual en la universidad, pero no debe confundirse con la pretensión de independencia sin condiciones financiada con fondos públicos. Ni menos debe llevar a gastar los recursos del Estado y de las familias para fines completamente distintos a los universitarios, como se ha visto recientemente. Coincidiendo con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, lamenta que las universidades que se acojan al nuevo sistema deban someterse a un arancel público y que solo puedan cobrar cifras adicionales al mencionado 10%, dando un salto lógico bastante extraño: esto disminuiría la calidad de la enseñanza y, a la vez, la autonomía universitaria. Si hay un subsidio público a la educación superior debe evidentemente tener un límite por carrera que tenga que ver con sus costos efectivos, y de paso tener como contrapartida la garantía de la libertad de enseñanza, que por ejemplo algunas universidades no practican al prohibir temas y posturas por razones religiosas o de orientación ideológica. Carlos Peña agrega que el nuevo sistema estimula las universidades docentes sin investigación, pero sabe bien que el proyecto comentado aborda solo el financiamiento de los estudiantes con menos recursos, y no temas que implican mecanismos de financiamiento regidos por otros cuerpos legales. Además, no es adecuado financiar la investigación con aranceles de los estudiantes que pagan el servicio educativo, sino con subsidios específicos y aportes del sector productivo.

En la actualidad, la cobertura y el gasto público y privado en educación superior están, en relación al PIB, entre los más altos de la OCDE, precisamente por un sistema en el que abundan las soluciones de mercado que empujan los costos hacia arriba, como en salud, y segmentan socialmente a las universidades sin asegurar mayor calidad ni mejorar el rol en la sociedad del sistema universitario. Muchas universidades cobran aranceles mayores por ser marcadores de estatus (lo que en economía de la educación se llama "señalización") antes que por la excelencia de sus profesores e investigadores y la pertinencia de su enseñanza y aporte al conocimiento, la tecnología y a la cultura, que es lo que se supone deben procurar maximizar las políticas públicas de educación superior.



Israel-Palestina: las consecuencias inextricables del pasado


En una conversación en 2004 con Shimon Peres, en la Knesset, la sede del parlamento israelí, acompañado de Luis Maira y Marcela Serrano en una visita a Palestina e Israel, este nos manifestó que, a su juicio, el conflicto en el Medio Oriente no tenía tantos obstáculos en el futuro como en el pasado. Había sido uno de los constructores de los acuerdos de Oslo en 1993 con Yasir Arafat, y era por tanto optimista sobre un arreglo posible de dos Estados que inaugurara una coexistencia entre Israel y Palestina. Su argumento era que se necesitaba terminar con la colonización israelí en territorios palestinos, un hecho del pasado que era resistido por los mismos que más adelante destruirían los acuerdos, encabezados por Netanyahu en el lado israelí y los fundamentalistas islámicos por el lado palestino. En ese momento, Peres buscaba un acuerdo con Ariel Sharon para desmantelar las colonias, lo que ocurrió en Gaza en 2005.
Esta afirmación me produjo desconcierto, pero era sabia. Todo en el Medio Oriente, y en muchas partes, tiene que ver con el peso del pasado. Como me dijo el alcalde de Belén, el cristiano Hanna Nasser, "ojalá cada centímetro cuadrado de esta tierra no tuviera tanta historia".
En el conflicto actual en Medio Oriente hay circunstancias históricas ancestrales marcadas con el signo de la violencia entre civilizaciones. Una de sus etapas es descrita con maestría en el libro del libanés Amin Maalouf sobre "Las cruzadas vistas por los árabes". Por su parte, Alberto Manguel sostiene que "la actual guerra en Oriente Próximo es, en el sentido más cabal de la palabra, un círculo vicioso. ¿Dónde comienza un círculo? ¿Cuál es el punto de partida? Netanyahu respondería que el conflicto nace con el sangriento ataque de Hamás el 7 de octubre 2023 donde murieron 1.195 personas, israelíes y extranjeros. Según Hamás, el conflicto comienza mucho antes, con la creación del Estado de Israel en 1948, cuando 750.000 palestinos fueron desalojados de sus tierras para establecer una nueva nación. Los historiadores pueden elegir una u otra de esas fechas para intentar explicar esta guerra fratricida. Los teólogos podrían elegir una anterior, cuando el divisionario Jehová ordena a Abraham quedarse con Sarah, madre de Isaac, de quien descenderán los hebreos, y echar de casa a su compañera Hagar junto con su hijo Ismael, quien, según la tradición, es el padre de los árabes".
La actual sangrienta fuga hacia adelante israelí y sus terribles castigos colectivos en Gaza, Cisjordania y Líbano se propone aniquilar a dirigentes y combatientes de Hamas y Hezbolá sin fijarse en la muerte de inocentes, aunque se trate de decenas de miles de mujeres, niños o ancianos, ni privilegiar la suerte de los rehenes cruelmente secuestrados por Hamas. Los enemigos deben ser destruidos y punto, en lo que la ley internacional vigente define como crímenes de guerra. La mentalidad es la del que lucha por su sobrevivencia individual y como pueblo sin consideración por el resto de los seres humanos. Y con el probable resultado de hacer perennes los conflictos y amenazas mutuas de destrucción.
La actitud israelí no es justificable pero tiene explicaciones en los dramas vividos por el pueblo judío a lo largo de la historia y en especial la Shoa nazi. Quien lo expresa bien es el siquiatra Boris Cyrulnik, en entrevista en Le Monde, al describir lo ocurrido cuando lo detuvo la Gestapo a los 6 años, y la persona adulta que lo acogía exclamó: "'¡Déjenlo vivir! ¡No le diremos que es judío!' Nunca había escuchado esa palabra en casa de mis padres, que no eran religiosos, y así descubrí que era un título que condenaba a muerte. El jefe de la Gestapo respondió: 'Tenemos que arrestarlo, de lo contrario lo encontraremos en unos años frente a nosotros, y será él quien esté armado con un fusil.' Con ese argumento mataron a 1,5 millones de niños judíos europeos". Cyrulnik señala que quiso luego ser siquiatra para "entender cómo una locura social pudo existir hasta el punto de planificar la destrucción de un pueblo sin la menor razón". Declara que hoy sufre, como muchos judíos "amenazas de muerte, correos electrónicos insultantes, pequeños ataúdes por correo, textos negando el Holocausto, mientras advierten: "El tiempo del horror va a volver…". Los judíos sienten, una vez más en la historia, que pese al esfuerzo por construir una vida, ésta les puede ser violentada y arrebatada.
Es una ironía de esa historia, fruto de una deformada sicología de la supervivencia, que la derecha israelí termine por invalidar el derecho internacional nacido de la Shoa, destinado a proteger a las víctimas de las masacres y genocidios, luego del asesinato de millones de judíos por el solo hecho de serlo, y hoy realice la masacre de decenas de miles de palestinos, y ahora también de libaneses. Esta se propone expresamente, además, destruir las culturas, patrimonios y espacios de vida de estos países vecinos, incluyendo hospitales, escuelas, universidades, mezquitas, por el solo hecho de estar en sus alrededores y de resistirse a la ocupación israelí. Peor aún, la derecha supremacista, que hoy gobierna, no esconde su ambición de hacer de la tierra vecina un lugar invivible y expulsar o someter a sus pueblos mediante la violencia extrema, para luego colonizar y anexar sus territorios. Esto ya lo ha hecho el Estado de Israel con los Altos del Golán pertenecientes a Siria y con partes de Cisjordania, pues considera que esos pueblos y territorios -en los que viven millones de personas- son una amenaza permanente a su supervivencia.
La responsabilidad histórica de Occidente ha sido central en este trágico callejón sin salida, al haber estado desde los romanos en el origen de las persecuciones a los judíos, incluyendo su expulsión de Inglaterra en 1290, Francia en 1306, Austria en 1421, España en 1492, Portugal en 1496 y los Estados Pontificios en 1569, entre otras. Sin olvidar los posteriores pogromos rusos, imperio que en un tiempo albergó a la mayor población judía en el mundo. Esto estimuló en el siglo XIX la idea legítima de un hogar nacional judío, que exploró diversos emplazamientos. Más tarde, la responsabilidad alemana en el terrible e innombrable exterminio de judíos en Europa ordenada por Hitler debiera haber llevado a la creación de ese hogar nacional en alguna parte de su territorio, y garantizar a futuro la seguridad de los judíos, junto a la transformación de Jerusalén en un lugar de soberanía compartida con presencia judía, cristiana y musulmana que sellara la convivencia de las tres religiones del libro sin que ninguna se impusiera a la otra.
Pero los afanes coloniales y el supremacismo blanco que cruzan la historia europea pudieron más. Ya Inglaterra había buscado instalar en Palestina un Estado judío aliado con la declaración Balfour de 1917, en vistas a mantener después de la inevitable descolonización de la región un enclave en un territorio dominado por cinco siglos -y hasta 1918- por el Imperio Turco. El problema es que Jerusalén es un lugar religioso central no solo del judaísmo sino también del cristianismo y del Islam, mientras los judíos habían perdido su soberanía en la zona en manos de los romanos en el año 63 antes de Cristo y expulsados en el año 135 después de Cristo por el ejército de Adriano. Vivieron a partir de entonces en una diáspora dispersa por la región, Europa y el mundo, pero manteniendo su identidad y muchos su religión.

El propósito de volver a la delimitación de Judea y Samaria hace 20 siglos es comparable a un eventual intento de reconstruir los Estados maya, azteca o inca en sus fronteras originales, por justificado que a algunos pudiera parecerles, pero cuyo resultado sería la conflagración permanente con los Estados-nación constituidos en los últimos siglos. En 1850, había unos 10 mil judíos en Palestina, de una población de 400 mil habitantes musulmanes y cristianos, mucho menos que los 400 mil judíos que vivían por entonces en la actual Alemania y los 2,5 millones que residían en el Imperio Ruso en la Zona de Asentamiento, que cubría partes de Polonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Por eso el orden internacional posterior a la segunda guerra mundial tiene como uno de sus pilares el respeto a las soberanías nacionales en las fronteras internacionalmente reconocidas por la ONU.
No obstante, Estados Unidos y la URSS -dedicada por entonces a fortalecer su recién conquistada zona de influencia en Europa del Este- se sumaron a la idea del enclave judío en Palestina y aprobaron su creación por las Naciones Unidas en 1947. Esto fue percibido como una nueva imposición colonial occidental por los nacientes Estados árabes, recientemente emancipados del colonialismo inglés y francés. Las monarquías árabes declararon en 1948, sin tener las capacidades militares suficientes, la guerra a ese nuevo Estado, que de inmediato expandió sustancialmente el territorio originalmente asignado por las Naciones Unidas y expulsó de sus hogares a más de 700 mil palestinos, transformados en una diáspora de refugiados perennes y en una herida que permanece abierta hasta hoy, iniciando la tragedia contemporánea de la región. Unos 800 mil judíos fueron, a su vez, hostigados y expulsados desde los países del Medio Oriente y del norte de África después de 1948.
En la guerra fría, Estados Unidos y Europa Occidental hicieron del enclave israelí una cuña para ampliar su influencia geopolítica en el Medio Oriente. Han sostenido militar, económica y políticamente a Israel casi sin condiciones, aumentando la animadversión de los millones de seguidores del Islam en todo el mundo. Luego Rusia estimuló la emigración de la mitad de los judíos de su territorio a Israel.
El islamismo teocrático de los ayatollahs chiitas de Irán llevó, al parecer, su confrontación con Israel hasta Argentina, a través de Hezbolá. Buenos Aires sufrió el atentado a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, con el resultado de 105 muertes. Estados Unidos fue víctima del terror islamista sunita con los atentados de 2001, con 2.996 muertes. Su lógica imperial le llevó a invadir primero Afganistán entre 2001 y 2021 y luego Irak, que ocupó entre 2003 y 2011 con cientos de miles de muertos. Ambas ocupaciones terminaron en un gran fiasco. La invasión de Irak desestabilizó toda la región, incluyendo la acción violenta del grupo fundamentalista extremo Estado islámico, finalmente derrotado por una coalición variopinta, en medio de la cruenta guerra de Siria iniciada en 2011, con otros cientos de miles de muertos. Todo esto sin aumentar la seguridad de los israelíes, cuyos gobiernos apostaron por un desangramiento árabe. Netanyahu se había encargado, entre tanto, de dividir a los palestinos, estimulando el control de Hamas en Gaza y desacreditando a la Autoridad Palestina, dirigida por el partido laico Al Fatah, fundado por Yasir Arafat, con quien tuvimos ocasión de conversar largamente en la Mukata cuatro meses antes de su muerte por envenenamiento en 2004, respecto de la que existe la sospecha de deberse a los servicios israelíes. Al despedirnos, en una explanada en la que se divisaban edificios a lo lejos, nos dijo "desde ahí me van disparar".
Todos estos actos de fuerza ampliaron la radicalización de muchas poblaciones islámicas en el mundo contra Estados Unidos y Europa y estimularon los inaceptables atentados contra civiles en distintos lugares de Occidente. El islamismo extremo de Hamas, en un acto desesperado, terminó por golpear con fuerza a Israel el 7 de octubre de 2023, cuando la resistencia legítima en Gaza contra el sometimiento israelí se transformó en un pogromo anti-semita indiscriminado y sangriento, incluyendo el asesinato de 364 jóvenes asistentes a una fiesta en el desierto y de centenares de miembros de los kibutz en la zona, muchos de ellos de tradición progresista.
La perspectiva de nuevos acuerdos entre los países árabes e Israel -que ya existen con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán- se ha alejado sustancialmente en la actual conflagración, que ha dado lugar a prolongadas violencias sin límites de Israel, que al parecer ahora se dirigirá a una guerra abierta con Irán. Se reproduce la estrategia formulada en su momento por el general Moshe Dayan: “Israel debe comportarse como un perro loco; demasiado peligroso como para que nadie le moleste”.
Pero hay en las partes en presencia quienes ponen encima de la mesa lo indispensable: un acuerdo estable de paz y convivencia entre dos pueblos y dos Estados, hoy en minoría en ambos lados en medio de la guerra. En Israel habrán de volver a escucharse voces como la del ex ministro Shlomo Ben Ami, para quien “todavía no ha aparecido un líder israelí que sienta verdaderamente lástima por la parte de responsabilidad de Israel en la tragedia palestina de desposesión y exilio. (…). Es la abdicación moral de Israel y su completa indiferencia, la falta de imaginación para concebir el sufrimiento del otro —típica de los enconados conflictos nacionales, que siempre tienden a metamorfosearse en una historia de victimismo competitivo—”. Y también entre los palestinos, que habrán de encontrar nuevas direcciones al margen del islamismo violento.
Entre tanto, el 5 de octubre recién pasado el ex primer ministro laborista israelí Ehud Olmert y el ex ministro de relaciones exteriores de la Autoridad Palestina Nasser Al Kidwa, han propuesto un camino de entendimiento: "La guerra en Gaza debe finalizar. Los rehenes israelíes mantenidos en cautiverio por Hamás deben ser liberados y devueltos a sus familias. Israel, por su parte, tendrá que liberar una cantidad acordada de prisioneros palestinos y deberá retirarse de Gaza. Los palestinos deben crear allí una nueva entidad, legítima y responsable, que no estará compuesta por políticos de ninguna de las facciones palestinas existentes y que estará vinculada orgánicamente a la Autoridad Palestina, pero será lo suficientemente independiente como para ganarse la aceptación de los palestinos mismos, de los Estados árabes vecinos y de la comunidad internacional. La siguiente fase debe... basarse en la existencia de los Estados de Israel y de Palestina, viviendo uno al lado del otro, dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967. Estamos de acuerdo en que el 4,4% de Cisjordania, donde actualmente existen los principales bloques de asentamientos israelíes, incluida la zona de Jerusalén, será anexado a Israel a cambio de un territorio israelí de igual tamaño y que se anexará al Estado de Palestina para adaptarse así a las realidades del terreno que son demasiado difíciles de restituir. El corazón de nuestro conflicto es Jerusalén, para lo cual proponemos un plan que exima a la ciudad vieja de Jerusalén, el centro de los sitios religiosos, del control soberano exclusivo de Israel y Palestina... En un periodo de oscuridad tan aterradora, hemos elegido hacer brillar una luz de esperanza y señalar el camino que nuestros dos pueblos deben tomar."as las reacciones:

sábado, 5 de octubre de 2024

Revolucionarios

Extracto de columna del 12-11-14

Revolucionarios fueron los que desde los años sesenta enarbolaron banderas de cambio radical, inspirados inicialmente en la revolución cubana, que consideraban que no podían ser contenidas por una democracia liberal de índole excluyente y oligárquica. Quien tal vez mejor expresó esa opción en Chile fue Miguel Enríquez. Este joven médico moriría con las armas en la mano un 5 de octubre de 1974, a los treinta años de edad, luego de haber dirigido por seis años al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y de mantenerse clandestino durante un año como el hombre más buscado, luego de la detención de Luis Corvalán y la salida del país de Carlos Altamirano, por quienes asaltaron el poder en septiembre de 1973. Posiblemente esa fecha simboliza la caída del sueño revolucionario signado por la voluntad libertaria que abrazó en Chile parte de una generación, en la que me incluí siendo muy joven.

Sobre Enríquez existen dos caricaturas: la del radical irresponsable que, para aquella parte irremediablemente tanática y criminalmente fanática de la sociedad chilena, fue simplemente bien asesinado por las balas de la DINA, o bien la del valiente y consecuente que murió en su ley, sin consideración de sus opciones políticas y su necesario balance.

Miguel Enríquez encarnó una parte de las dinámicas de una época y, con la perspectiva histórica, no la peor. Fue uno de los que hizo suyo un sueño de cambio revolucionario inmerso en los impulsos de los años sesenta y sus rupturas libertarias, de la revolución cubana y la gesta latinoamericana guevarista, del mayo del 68 francés, de la reacción anti-autoritaria luego de la invasión soviética a Checoslovaquia, del rock y su nueva estética. Y también de la dinámica de cambios que recorrió a una sociedad chilena inmersa gravemente en la desigualdad y la pobreza, dominada por oligarquías agrarias retrógradas y burguesías urbanas rentistas. Jorge Ahumada en los años cincuenta resumió muy bien el diagnóstico y el desafío: había que construir un nuevo Chile “en vez de la miseria”.

Enríquez tuvo razón al señalar que los intentos de desplazar del poder a la oligarquía tradicional y nacionalizar los recursos naturales, si se llevaban hasta sus últimas consecuencias, provocarían reacciones internas, las de los afectados, y externas, las de Estados Unidos en la época de la guerra fría, que culminarían en el fin de la democracia y una dictadura militar, como ya había ocurrido en Brasil. Es decir, en un trágico callejón sin salida. Menos razón tuvo en desarrollar una estrategia autónoma de acumulación de fuerzas rupturistas, conducida por un nueva vanguardia de cuadros revolucionarios, aunque había buenos fundamentos para el rechazo a lo que entendía era una DC comprometida con Estados Unidos en la guerra fría y a una dirigencia de la izquierda que pensaba, en su rama socialista, que no tenía real capacidad de impulsar cambios, aunque siempre respetó a Allende, o bien, en su rama comunista, se subordinaba a la URSS y a su política de, por entonces, "coexistencia pacífica". La nueva fuerza revolucionaria debía convocar bajo su férrea conducción no sólo a la clase obrera tradicional sino también a los que Enríquez llamaba “los pobres del campo y la ciudad”. El gobierno de Frei cometió el error de empujar al MIR a la clandestinidad después de un incidente universitario en Concepción y éste el error de realizar acciones armadas propagandístiscas y de financiamiento, aunque nunca atentados a personas, en un país que por el contrario necesitaba avanzar a una democracia que desplazara el dominio oligárquico y que estaba cada vez más amenazada por la oligarquía.

Un visionario, que por entonces se retiraba de la política, Eugenio González Rojas, ex secretario general y senador socialista, más tarde Rector de la Universidad de Chile, había planteado en 1947 que el socialismo debía ser revolucionario por sus fines y democrático por sus métodos, y que los métodos debían escogerse para nunca desnaturalizar los fines emancipatorios perseguidos. Y había propuesto en 1958 no someterse a la guerra fría y convocar a las fuerzas que pusieron a la derecha en franca minoría y representaron Allende, Frei y Bossay en la elección presidencial de ese año, que estuvo muy cerca de dar el triunfo a Allende. Planteó la necesidad de la convergencia de las que denominó “fuerzas de avanzada social”, aquellas que se dividieron, fracturaron y compitieron entre sí en medio de la ley de hierro de la guerra fría global, y no supieron acometer su tarea histórica de darle continuidad y coherencia democrática a la demanda de reformas de la sociedad chilena ni mantener a raya el poder de la derecha y los intereses oligárquicos que representaba.

Miguel Enríquez, Luciano Cruz, Bautista Van Schouwen, Edgardo Enríquez, Andrés Pascal y su organización  de jóvenes revolucionarios no aquilataron lo suficiente que la demanda por un cambio social profundo se encaminaba hacia el triunfo en las urnas de Salvador Allende y su coalición y no hacia la expansión de la lucha social con componentes insurreccionales armados que desbordarían y desmontarían las instituciones obsoletas y construirían una democracia de base.

La democracia representativa era la que debía, por el contrario, ser definida como el continente necesario e irrenunciable del cambio social, complementada por formas de democracia directa. Enríquez se adaptó a la nueva situación en 1970, se puso al servicio de la seguridad personal de Allende y mantuvo un diálogo permanente con él, insistiéndole en que debía acumular fuerza social mediante un programa radical que conformara un “poder popular” y el "control obrero" de la producción y, a la vez, llamara a los soldados a la neutralización del golpismo en el generalato de las Fuerzas Armadas. También propuso en diversas ocasiones resolver el conflicto político mediante un plebiscito. Entendía que esa "acumulación de fuerzas" podría resolver favorablemente para el mundo popular el quiebre de la democracia que la alianza Nixon-derecha-DC freísta provocaría en un momento u otro. Allende prefirió avanzar en su programa sin hacerlo más radical, que de suyo lo era ampliamente, aunque no pudo contener el desborde de la "revolución por abajo" que impidió estabilizar la economía y consolidar el apoyo al gobierno. Buscó entenderse con la jerarquía militar, sin intervenirla, siguiendo invariablemente las tradiciones republicanas, a riesgo de dejar crecer la conspiración y privilegiando por sobre todo evitar una guerra civil. Trabajó incansablemente para construir una salida política y obtener un acuerdo con la DC, sin lograrlo, especialmente por la intransigencia e incredulidad de Frei, pues atribuía a Allende una imposibilidad de controlar la radicalidad de izquierda, lo que llevaría a "una nueva Cuba". En todo caso, Enríquez se negó el 29 de junio de 1973 –según los testimonios existentes– a sustraer armas que le eran ofrecidas desde un regimiento, pues entendía que sería un pretexto para un golpe militar. Tampoco boicoteó el diseño de Allende de buscar una salida democrática a la crisis mediante un plebiscito que sería anunciado el 11 de septiembre de 1973. Estaba informado de ese anuncio por el propio presidente, por lo cual había desactivado la alerta antigolpista del MIR. Combatió como pudo el 11 de septiembre, con muy poco, y en las horas más duras, reunido en Indumet con socialistas y comunistas, de nuevo se puso a disposición del presidente Allende y su defensa. Pero ya la tragedia se había desencadenado.

Luego del golpe, Enríquez jugó –a pesar de la opinión de sus compañeros de la dirección del MIR– lo que entendía debía ser su rol: quien había empujado la opción revolucionaria debía permanecer personalmente resistiendo en Chile, poniéndose al frente de su gente, a la que instó a enfrentar a la dictadura, en la tradición de la FAI de Buenaventura Durruti y de la guerrilla de Ernesto Guevara. No replegarse fue un error, que cabe respetar en su inspiración de consecuencia ejemplar, aunque fuera políticamente inconducente y no contribuyera a sortear la persecución, tortura y muerte de centenares de sus compañeros y compañeras.  Esa masacre sistemática estaba decidida desde el primer día por Pinochet y fue ejecutada, sin tasa ni medida, por su policía política. Al cabo de un año de persecución implacable, Miguel Enríquez enfrentó con arrojo un 5 de octubre de 1974 su propia digna muerte en combate, resistiendo las balas enemigas que lograron asesinarlo, tratando hasta el final de preservar a su compañera herida, Carmen Castillo. Las muertes de militantes del MIR sumaron más de 500, casi todas personas jóvenes que se echarían de menos en las décadas posteriores en las luchas sociales y políticas. El mirista Jécar Nehgme fue, a los 28 años, el último opositor ultimado por la dictadura el 4 de septiembre de 1989.

A la generación a la que le tocó retomar las diezmadas banderas de la izquierda, nos influyó este trágico desenlace. El balance temprano de unos cuantos, entre los que me cuento, fue el de retomar el enfoque de Eugenio González. Nos propusimos, con éxito, reunificar a las “fuerzas de avanzada social”, afianzar una lucha social y política contra la dictadura, en vez de una lucha militar legítima pero con una muy remota probabilidad de triunfar. Pensábamos, además, que prefiguraría inevitablemente lógicas militaristas y autoritarias que nada bueno augurarían para la construcción de un socialismo democrático y libertario como el que propiciábamos. Esto nos lo enseñaba la experiencia histórica del estalinismo y de varias revoluciones radicales y, en la época, la de los Khmers Rojos en Camboya. Se llegó así, después de un largo, doloroso y complejo proceso, marcado en su etapa final por las protestas populares de 1983 a 1986, a otro 5 de octubre, el del plebiscito de 1988 en que Pinochet fue derrotado en las urnas en un esfuerzo cívico unitario que rompió el miedo y la represión. Este hito dio lugar a las luces y sombras de la nueva etapa que se abrió en la historia de Chile, que sigue su curso sinuoso pero por cauces democráticos, con logros, avances y retrocesos y, para nosotros, con el mismo objetivo de construir paso a paso una sociedad libertaria y de iguales en dignidad y derechos.


viernes, 27 de septiembre de 2024

El populismo invertido: tarifas y elecciones

Se suele decir que los gobiernos son proclives a las conductas populistas. Desde los acontecimientos de octubre de 2019 y luego la pandemia, por ejemplo, el anterior gobierno congeló diversas tarifas, incluyendo la de la electricidad, en vez de privilegiar más transparentes subsidios directos a los grupos de menos ingresos y a los sectores medios sin alterar el funcionamiento de las empresas que prestan el servicio público.

En el caso de las tarifas eléctricas, se ha producido un brusco ajuste, luego de aprobarse una ley en la materia el 10 de abril. Esta ley "de estabilización tarifaria" contempla tres alzas: la primera entró en vigencia el 1 de julio pasado, la segunda lo hará en octubre y la tercera en enero de 2025. El incremento total llegará al 60%. Estas alzas buscan saldar la deuda de US$6.000 millones con las empresas eléctricas tras el congelamiento de las tarifas, sin que en paralelo se haya cambiado el sistema de fijación de tarifas para reflejar la baja en el costo de la generación eléctrica que se ha producido con el avance de las energía renovables, más baratas que la generación térmica con hidrocarburos. Sus altas tarifas prevalecen en la mayoría de los contratos del sector regulado desde 2015.

El actual gobierno parece funcionar con una suerte de "populismo invertido": pone a prueba el bolsillo y los ingresos de la mayoría en momentos electorales cruciales. Sin ir más lejos, no corrigió el ajuste de -23% del gasto público, único en el mundo por su magnitud, programada por el gobierno saliente de Sebastián Piñera para 2022. Esto impidió un "aterrizaje suave", que suelen buscar normalmente los gobiernos, y ayudó a provocar una recesión y caídas del empleo, con remuneraciones afectadas por la inflación, precisamente en el período previo al voto del proyecto de nueva constitución de la Convención.

Ahora, a semanas de una elección municipal y regional, se producirá un alza de las cuentas de la luz, que será de hasta un 23% a contar del 1 de octubre. Se distinguen tres grupos de consumidores residenciales: entre los 0 y 180 KWh mensuales, de 180 a 400 KWh y los que superan los 400 KWh. El segundo grupo sufrirá la mayor alza, la llamada clase media. En la Región Metropolitana, las alzas serán de 18% para el primer grupo, de 36% para el segundo y de 30% para el tercero. En Valparaíso, de 25% para el primero, de 42% para el segundo y de 36% para el grupo más alto. Y en la Región del Biobío, de 25% para el primero, de 39% para el segundo y de 33% para el más alto.

Si se hubiera fijado el alza para el 1 de noviembre, no hubiera cambiado ningún parámetro técnico fundamental. Pero hay autoridades que no están para consideraciones menores.

La evolución de la desigualdad de ingresos en Chile desde 1990 a 2022

En Diario Usach

Chile sigue exhibiendo una  desigualdad económica elevada. La situación de distribución regresiva del ingreso hacia 1990 fue producto de la fuerte recomposición estructural de los activos en el período de dictadura de 1973-1989 y de sucesivas oleadas de privatizaciones. La restauración patrimonial de gran envergadura, revirtió los procesos previos de reforma agraria y nacionalización del cobre de 1967-73 y de conformación de un área estatal industrial y de distribución en 1971-73. El nivel de concentración de los activos productivos y en los mercados de bienes y factores se mantiene estructuralmente elevado, mientras el tipo de inserción internacional induce una búsqueda de competitividad en bajos salarios y en el acceso a bajo costo a recursos naturales antes que en la innovación productiva.

La información que se reseña en el cuadro más abajo presenta los diversos indicadores de distribución del ingreso para Chile entre 1990 y 2022, obtenidos a partir de las encuestas de ingresos de los hogares de Caracterización Socio-Económica Nacional (CASEN) encargadas por el gobierno, producidos por los órganos oficiales y por instituciones internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y la OCDE, cada cual con sus propias metodologías de cálculo. 

El coeficiente de Gini, en la medición del Banco Mundial, pasó de 0,57 en 1990 a 0,53 en 2000, a 0,47 en 2011 y a 0,43 en 2022 (las mediciones de la CEPAL, del PNUD y del gobierno de Chile son algo distintas, pero muestran una evolución similar, lo que también ocurre con la estimación de la OCDE desde 2009). El índice de Palma, que mide la relación de ingresos promedio del 10% más rico y del 40% de menos ingresos, mostró también un alto valor inicial en 1990 de 4,7, el que se redujo hacia el año 2000 a 3,7, luego a 2,7 en 2011 y a 2,4 en 2022, siguiendo la serie de datos de la OCDE, con un deterioro en la crisis de 2020 y una posterior recuperación. 

El indicador de la participación del 10% más rico en el ingreso total del Banco Mundial pasó, por su parte, desde la muy alta cifra de 47,1% del total en 1990 a una de 42,6% en 2000, de 37,9 en 2006 y a 34,5% en 2022. Las estimaciones del indicador de concentración del ingreso antes de impuestos en el 10% más rico realizadas por el World Inequality Lab, señalan que pasó de 62,5% en 1990 a 67,1% en 2011 y a 59,0% en 2020-22. Por su parte, Larrañaga, Echecopar & Grau (2022) reconsideran la participación del 10% de ingresos más altos  y calculan que fue de 18 puntos porcentuales mayor en 2003-2017 que lo estimado por la encuesta oficial CASEN. Realizan correcciones a los ingresos del capital con datos que provienen de las cuentas nacionales y de registros administrativos. Sus resultados corregidos muestran incrementos de la desigualdad de ingresos entre 2003 y 2011 y disminuciones posteriores, medidas por el índice de Palma. 

En el mismo sentido, las estimaciones del indicador de concentración en el 1% más rico de los ingresos del World Inequality Lab, que recurre a datos complementarios de impuestos a partir del trabajo de Flores et al (2019), señalan que alcanzó un 25,9% del ingreso nacional antes de impuestos en 1990, luego un máximo de 28,3% en 2006 y experimentó una disminución posterior a un 23,7% en 2020-22.

De acuerdo a la OCDE (con datos de países seleccionados entre 2017 y 2023), el coeficiente de Gini del ingreso disponible más elevado es el de 0,62 para Sudáfrica. En una posición intermedia se sitúa Chile, con un coeficiente de 0,45, similar al de Brasil, mientras es de 0,40 en México y Estados Unidos. Este coeficiente baja a niveles de 0,30 en países europeos como Francia y Alemania y a menos de 0,26 en Dinamarca y cuatro países de Europa Central. Por su parte, el índice de Palma, también medido por la OCDE, muestra un registro en Chile de 2,4 en 2022 y de 1,8 en Estados Unidos, mientras catorce países europeos presentaron uno igual o inferior a uno, siendo Eslovaquia el país menos desigual con un índice de Palma de 0,7. La medición de desigualdad realizada según el criterio de concentración del ingreso antes de impuestos en el 1% más rico de la distribución, estimada por el World Inequality Lab para 2022, indica que Chile se sitúa en un lugar superior al promedio de América Latina y al de África y 11º en el mundo, después de Maldivas, Mozambique, República Centroafricana, México, Camboya, Myanmar, Angola, Perú, Bahrein y Rusia.

En suma, entre 1990 y 2022 se ha evidenciado una tendencia a una mejoría distributiva, pero la desigualdad de ingresos permanece en niveles comparativamente elevados, por debajo de los más altos pero muy por encima de los más bajos. 


jueves, 26 de septiembre de 2024

Chile y el mundo en crisis

En La Nueva Mirada

Como señaló Antonio Guterres al abrir la Asamblea General de Naciones Unidas este año, “estamos en una era de transformación. La división geopolítica se sigue profundizando. El planeta sigue recalentándose. Las guerras causan estragos sin tener pistas de cómo acabarán. Y la postura nuclear y las nuevas armas proyectan una sombra oscura. Nos estamos acercando a lo inimaginable, un polvorín de riesgos envuelve el mundo”. Un panorama nada de halagüeño, en especial cuando dos conflictos armados internacionales se agudizan en la actualidad, el de Israel con Palestina y el Líbano y el originado en la invasión rusa a Ucrania. Sin olvidar que al menos otros dos conflictos internos tienen graves consecuencias en muertes de civiles en Sudán del Sur y en Myanmar, sin que se les preste demasiada atención. Entre tanto, en América Latina y el Caribe persisten el bloqueo a Cuba, la crisis en Haití y el déficit democrático en Venezuela, Perú y otros países, en un continente que tiene las tasas promedio de homicidios más altas del mundo, una pobreza persistente para el 29% de su población y una fuerte desigualdad en el acceso al trabajo, la salud, la educación y los servicios básicos.

Sobre el tema internacional hoy más candente, Thomas Friedman escribe en el New York Times que “la doctrina de supervivencia de Netanyahu se volvió aún más crucial después de ser acusado en 2019 por fraude, soborno y abuso de confianza. Ahora debe mantenerse en el poder para evitar ir a prisión, en caso de ser condenado. Por lo tanto, cuando Netanyahu ganó la reelección por un margen muy estrecho en 2022, estuvo dispuesto a aliarse con lo peor de lo peor en la política israelí para formar una coalición de gobierno que lo mantuviera en el poder. Me refiero a un grupo de supremacistas judíos radicales, a quienes un exjefe del Mossad israelí llamó “horribles racistas” y “mucho peores” que el Ku Klux Klan. Estos supremacistas judíos acordaron permitir que Netanyahu fuera primer ministro siempre y cuando mantuviera el control militar permanente de Israel sobre Cisjordania y, después del 7 de octubre, sobre Gaza”. Las atrocidades de la extrema derecha israelí se extienden y todo indica que el gobierno se propone expulsar a los 5,5 millones de palestinos de sus tierras (así lo dicen abiertamente algunos de sus ministros) o en su defecto someterlos a una subordinación inhumana e indigna. Ahora busca ampliar un control del sur del Líbano, con bombardeos con más y más civiles y niños muertos y una eventual nueva invasión. Se expande así la lógica de crímenes de guerra sin fin, lo que muy poco tiene que ver con el derecho de Israel a existir y a defenderse, o con la necesaria condena del islamismo de Hamas, o del "partido de Dios" libanés Hezbolá, y sus también inaceptables violencias antisemitas. Así es como avanza la amenaza de una guerra regional de graves consecuencias, sin que Estados Unidos ejerza una influencia real para detenerla, pues prefiere preservar como sea a su aliado israelí. 

El otro gran desafío actual al derecho internacional es el originado en la invasión rusa a Ucrania. Putin es un autócrata ultranacionalista que busca reestablecer el perímetro del imperio de los zares. A ese título decidió invadir, violando la Carta de Naciones Unidas, a una nación independiente como Ucrania, lo que ya antes había hecho en partes de Georgia. Los defensores de Putin consideran que por razones "geopolíticas" y para evitar la expansión de la OTAN, esos pueblos, y de paso en el límite los de Bielorrusia, Polonia y de los países bálticos, deben olvidarse de su derecho a la autodeterminación y someterse a los neozaristas rusos en su disputa con Estados Unidos y el "Occidente global". Desde luego, este argumento no tiene nada que ver con el derecho de los pueblos y con los fundamentos del orden internacional vigente, por insuficiente que sea, que procura limitar la ley del más fuerte y del más violento.

En un plano propiamente político, los tiempos futuros no serán muy promisorios si Trump gana en Estados Unidos, lo que reforzará diversos conflictos, y en el continente los inaceptables bloqueos a Cuba y Venezuela. Y tampoco si la extrema derecha sigue avanzando en Europa. Como siempre, la democracia y quienes la defienden deben ser apoyados en todas partes contra quienes la atacan o la desconocen. 

En Venezuela, Maduro persiste en reemplazar el recuento mesa a mesa de los votos de la elección presidencial reciente por un fallo de un poder judicial a sus órdenes. De más está recalcar que no tiene nada de progresista y de izquierda desconocer flagrantemente la voluntad popular. A los que consideran más importante, de nuevo por razones “geopolíticas”, mantener al grupo gobernante indefinidamente en el poder, cabe recordarles que la Venezuela de hoy es el segundo país más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional, organismo que indica que "miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos", como Tareck El Aissami, vicepresidente hasta marzo de 2023. Y que más de un cuarto de la población se ha visto impelida a emigrar, unos 7,7 millones de venezolanos, los que serán todavía más en el futuro próximo, de los cuales 6,6 millones viven ahora en otros países de América Latina, mientras el crimen organizado de origen venezolano se difunde por las Américas en alianza y disputas con el colombiano y el mexicano, entre otros. 

En este contexto difícil, los parámetros de la política exterior del presidente Boric y su gobierno son los adecuados, pues promueve un orden multilateral que sea respetuoso del derecho internacional y de las soberanías nacionales, con el límite de la defensa de las democracias y los derechos humanos, así como de la cooperación internacional contra el crimen organizado y los tráficos ilegales. A la vez, la política exterior se inspira de alguna manera en una idea de no alineamiento respecto a los grandes bloques, en oposición a toda política imperial, incluyendo en su caso la norteamericana, y la europea en diversos temas, lo que implica que tampoco debe identificarse con el autoritarismo expansivo ruso y sus aliados iraníes o con la búsqueda de una hegemonía económica global por parte de China. 

Nuestra diplomacia, sin grandilocuencia pues representamos solo el 0,25% de la población y el 0,35% de la producción en el mundo. está llamada a promover valores compartidos de cooperación y solución pacífica de controversias, así como defender los intereses nacionales desde una articulación con América Latina, aunque no siempre sea fácil. Nuestro destino está ligado al continente, se quiera o no se quiera, y se debe procurar que en él prevalezca una posición independiente de las potencias hegemónicas.


viernes, 20 de septiembre de 2024

El debate sobre el crecimiento

En La Tercera.

En estos días se difunde la idea de un estancamiento de Chile, poniendo el acento en la gestión del actual gobierno, aunque parece corto el tiempo para una evaluación. Y se hace abstracción de los ocho años de gobiernos liberales desde 2010, los que algo tendrán que ver con el desempeño actual de la economía.

Si se toma el Producto Interno Bruto, con todas sus limitaciones, se constata, según el Banco Mundial, que en 1961-1973 Chile creció a un 1,7% anual por habitante, en medio de una fuerte presión demográfica y de grandes reformas estructurales. En la etapa dictatorial entre 1974 y 1989, de tipo ultraliberal, el crecimiento del PIB por habitante fue de 1,9% anual, apenas algo superior. En la etapa de la vuelta a la democracia, con un modelo “híbrido” que incluyó aumentos de impuestos, del costo del despido y del salario mínimo, se produjo la mayor expansión económica de la historia reciente. En los 20 años que siguieron a 1990, el crecimiento por habitante fue de 3,9% anual, muy por encima del período previo y del resto del mundo. Este crecimiento decayó en 2011-2019  a un 1,8% anual  y a 1,1% anual en 2020-2023 (período que incluye la crisis de la pandemia). En ambos casos es superior al de América Latina y cercano al de Estados Unidos. No parece haber una situación tan catastrófica, al menos en términos comparativos.

Aunque en Chile su dinámica implique sustraer capital natural y mantener una fuerte concentración de la riqueza y el ingreso, es de suponer que pocos se oponen a la idea de acelerar el crecimiento actual, importante para el empleo y los ingresos de la población, incluyendo la de menos recursos. Pero recordemos que el 10% más rico reúne el 81% de la riqueza y el 59% del ingreso antes de impuestos, según el World Inequality Lab, y el 36% del ingreso disponible, según el Banco Mundial. Por eso, y porque en el pasado no dio grandes frutos, no es una buena idea la de los economistas liberales, que elegantemente llaman “política de oferta”, de desregular todo y bajar sustancialmente los impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos. Esto implica disminuir el gasto social (siempre se puede ahorrar algo en burocracia, pero no demasiado), mientras suprimir lo que llaman “permisología” (aunque siempre simplificar trámites será positivo) implicaría menos resguardos para los trabajadores, las comunidades y el ambiente. No obstante “el mercado” insista en esto, no es una buena política. Tampoco lo es no hacer nada frente a la sobreproducción china que desplaza la poca industria chilena existente. Con el cierre de Huachipato, sin ir más lejos, se perderán más de 20 mil empleos

Tomemos el caso más que exitoso de Corea del Sur (el reciente libro de Keun Lee es muy ilustrativo en la materia). Su política de oferta consistió por décadas en mantener precios agrícolas altos y subsidios al consumidor, en tener una banca por largo tiempo nacionalizada y luego privatizada pero que ofrece créditos a tasas bajas, y en desplegar una política industrial que, sin perjuicio de aperturas progresivas, industrializó un país rural y pobre combinando promoción de exportaciones y sustitución de exportaciones. Hoy está en la punta tecnológica y es uno de los principales productores de microprocesadores. Nada de esto está ni en debate ni menos en agenda en Chile. Para promover el crecimiento, parece que lo primero será dejar los dogmatismos y deliberar sobre cómo funcionan las cosas en las experiencias exitosas. 


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