En La Tercera.
En estos días se difunde la idea de un estancamiento de Chile, poniendo el acento en la gestión del actual gobierno, aunque parece corto el tiempo para una evaluación. Y se hace abstracción de los ocho años de gobiernos liberales desde 2010, los que algo tendrán que ver con el desempeño actual de la economía.
Si se toma el Producto Interno Bruto, con todas sus limitaciones, se constata, según el Banco Mundial, que en 1961-1973 Chile creció a un 1,7% anual por habitante, en medio de una fuerte presión demográfica y de grandes reformas estructurales. En la etapa dictatorial entre 1974 y 1989, de tipo ultraliberal, el crecimiento del PIB por habitante fue de 1,9% anual, apenas algo superior. En la etapa de la vuelta a la democracia, con un modelo “híbrido” que incluyó aumentos de impuestos, del costo del despido y del salario mínimo, se produjo la mayor expansión económica de la historia reciente. En los 20 años que siguieron a 1990, el crecimiento por habitante fue de 3,9% anual, muy por encima del período previo y del resto del mundo. Este crecimiento decayó en 2011-2019 a un 1,8% anual y a 1,1% anual en 2020-2023 (período que incluye la crisis de la pandemia). En ambos casos es superior al de América Latina y cercano al de Estados Unidos. No parece haber una situación tan catastrófica, al menos en términos comparativos.
Aunque en Chile su dinámica implique sustraer capital natural y mantener una fuerte concentración de la riqueza y el ingreso, es de suponer que pocos se oponen a la idea de acelerar el crecimiento actual, importante para el empleo y los ingresos de la población, incluyendo la de menos recursos. Pero recordemos que el 10% más rico reúne el 81% de la riqueza y el 59% del ingreso antes de impuestos, según el World Inequality Lab, y el 36% del ingreso disponible, según el Banco Mundial. Por eso, y porque en el pasado no dio grandes frutos, no es una buena idea la de los economistas liberales, que elegantemente llaman “política de oferta”, de desregular todo y bajar sustancialmente los impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos. Esto implica disminuir el gasto social (siempre se puede ahorrar algo en burocracia, pero no demasiado), mientras suprimir lo que llaman “permisología” (aunque siempre simplificar trámites será positivo) implicaría menos resguardos para los trabajadores, las comunidades y el ambiente. No obstante “el mercado” insista en esto, no es una buena política. Tampoco lo es no hacer nada frente a la sobreproducción china que desplaza la poca industria chilena existente. Con el cierre de Huachipato, sin ir más lejos, se perderán más de 20 mil empleos
Tomemos el caso más que exitoso de Corea del Sur (el reciente libro de Keun Lee es muy ilustrativo en la materia). Su política de oferta consistió por décadas en mantener precios agrícolas altos y subsidios al consumidor, en tener una banca por largo tiempo nacionalizada y luego privatizada pero que ofrece créditos a tasas bajas, y en desplegar una política industrial que, sin perjuicio de aperturas progresivas, industrializó un país rural y pobre combinando promoción de exportaciones y sustitución de exportaciones. Hoy está en la punta tecnológica y es uno de los principales productores de microprocesadores. Nada de esto está ni en debate ni menos en agenda en Chile. Para promover el crecimiento, parece que lo primero será dejar los dogmatismos y deliberar sobre cómo funcionan las cosas en las experiencias exitosas.
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