La indispensable modernización del Estado

En El Regionalista

Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la sensibilidad ciudadana mayoritaria sobre el tema, lo que habla bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. La arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, los abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecientan, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos.

Nadie puede garantizar que entre miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no haya quienes realicen actos corruptos. Tampoco algo así se puede garantizar que no ocurra en el sector privado, o en las organizaciones sin fines de lucro. La codicia es parte de la conducta de muchos seres humanos. Lo que sí el gobierno –y los responsables de cualquier organización que administra recursos de otros- puede y debe hacer es garantizar la actitud de perseguir sin demora y con todo el peso de las normas y de la ley cualquier acto de desvío para fines particulares de los recursos de los demás. A ello debe agregarse, porque entre otras cosas suele involucrar recursos muy cuantiosos, el castigo de todo trato de privilegio respecto de intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusas para conductas reñidas con el interés público.

En primer lugar, junto con revalorizar la virtud cívica, reemplazada en las últimas décadas por el desembozado predominio del afán de lucro, el mejor remedio es y seguirá siendo que muchos ojos miren la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento, de la que pocos se privan. Sin embargo, a la larga se gana más de lo que se pierde. Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas. ¿Por qué no acudir más a la sociedad civil, fortaleciendo los comités de usuarios, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones en cada órgano público, especialmente los que gestionan fondos concursables o directamente asignables? 

En segundo lugar, se deben disminuir las «oportunidades de corrupción» y, en especial, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas, sin expresión de causa). Se requiere vigilar con extremo celo las licitaciones, mejorando el sistema de compras públicas y dando más espacio a las pymes. Falta mucho por avanzar en las licitaciones de obras públicas y en el área municipal, donde las licitaciones de recolección de basura y otros servicios urbanos dejan mucho que desear, por decir lo menos. 

Pero el Estado no solo debe perseguir la corrupción en su seno, sino avanzar sustancialmente en los principios de profesionalismo y respeto de la diversidad para asegurar el mejor uso posible de los recursos colectivos.

Por ello, en tercer lugar, se debe modificar la complejidad y opacidad de las fijaciones tarifarias, que tienen enfrascadas al Estado chileno en frecuentes juicios por cientos de millones de dólares con empresas reguladas que buscan todos los resquicios posibles para Incrementar sus utilidades a costa del consumidor.

En cuarto lugar, se debe reemplazar de una vez el favoritismo por el mérito en el nombramiento de cargos públicos profesionales. La igualdad de acceso a los cargos públicos es un principio democrático que ha perdido fuerza en Chile, o que más bien nunca tuvo mucha fuerza en un Estado tradicionalmente prebendario. No olvidemos que ya formaba parte de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Permítasenos citar parte de su artículo 6, respecto del cual hay poco que agregar para fundar la sana doctrina democrática en la materia: «La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir a su formación personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y de sus talentos». La violación del principio de igualdad ante la ley, que incluye la igualdad de acceso a los empleos públicos, provoca universalmente en el mundo moderno la mayor de las irritaciones ciudadanas contra los gobernantes y es el factor principal de su deslegitimación, que en determinadas circunstancias arrastra la de la democracia en su conjunto («que se vayan todos»). En democracia, los gobernantes son elegidos, o debieran serlo, para llevar a cabo un programa de acción. Para ello deben poder trabajar en los puestos de liderazgo del gobierno con colaboradores de su confianza, en el sentido que comparten el mandato popular de realizar un programa y están exclusivamente motivados por su realización, nombrados discrecionalmente (y siendo en todo momento removibles) por el jefe de gobierno de cara al público. Estos deben poder contratar pequeños equipos de apoyo técnico y político que expresamente entren y salgan con ellos de los gabinetes de los ministerios.

El resto de los empleos públicos, en una democracia moderna, debe ser de carácter profesional, no sujeto a discrecionalidad y menos a persecución política. Para ello se inventó el sistema de plantas, en el que los funcionarios no pueden ser removidos sino por mal desempeño, y en ningún caso por sus opiniones o convicciones. Y el ingreso y los ascensos deben realizarse mediante evaluaciones objetivas, anónimas, basadas exclusivamente en el mérito y no en el pago de favores o la constitución de clientelas. Este último es el camino más directo al desvío de recursos públicos, a la ineficiencia y la mediocridad en detrimento del mandato de servir a los ciudadanos. Asegurar normas objetivas de acceso y promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, debe hacerse además sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son una de las fuentes principales del clientelismo que se ha instalado en nuestra administración. Debe recalcarse que el Estatuto Administrativo señala como norma general que en cada servicio público no más del 20% de los recursos humanos debe ser a contrata, lo que es materia de modificación cada año en la Ley de Presupuestos en muchos casos. ¿Por qué no obligar en lo sucesivo a cada responsable público a una justificación anual exhaustiva frente al parlamento de la derogación de la regla general?

El cuerpo de funcionarios debe ser reclutado mediante estricto concurso de oposición, anónimamente, con movilidad horizontal. Su función debe ser ejecutar eficazmente las políticas impulsadas por la autoridad que responde ante los ciudadanos y contribuir técnicamente a su diseño. Por tanto, su carrera no debe llegar hasta la cima de la jerarquía estatal, salvo que cuente con la confianza presidencial, cima que debe ser ocupada por las razones expuestas por personas mandatadas directa o indirectamente por la soberanía popular. Los funcionarios de carrera deben poder trabajar con gobiernos de un signo u otro, siempre que sean competentes. La consecuencia es que se debe restringir drásticamente en Chile los cargos de confianza política y limitarlos a no más de unas 300 posiciones directivas (con sus respectivos colaboradores directos) en el gobierno central. 

Un anuncio tardío

En La Tercera

Sebastian Piñera, a días de la segunda vuelta de la elección presidencial, anunció lo que tiene un amplio consenso desde hace mucho tiempo (dicho sea de paso, se hubiera evitado muchos problemas si lo hubiera hecho al iniciar su administración): establecer una pensión garantizada para el 90% de los mayores de 65 años. Esta se extendería incluso a los que aún trabajan y reemplazaría la pensión básica y los aportes solidarios parciales actuales. El gobierno anunció un valor de 185 mil pesos mensuales como aporte directo para quienes estén dentro del 80% de menos ingresos (menos de 620 mil pesos por persona), mientras que para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% el monto disminuiría hasta cero.

El nuevo proyecto gubernamental reemplaza el propuesto por Piñera a fines de septiembre, que incluía una cobertura más baja y un monto por persona algo inferior. Ahora el gasto adicional previsto pasa de 0,4% a 1% del PIB para cubrir a 2,3 de los 2,5 millones de personas mayores de 65 años. El Pilar Solidario suma actualmente del orden de 1,1% del PIB, con un aporte complementario de la pensión autofinanciada para 1,2 millones de personas y una pensión básica para cerca de 600 mil, con una cobertura total de 1,8 millón de personas. El anuncio del 9 de diciembre llevaría a 2,1% puntos del PIB el costo presupuestario total de la pensión básica financiada con impuestos. Según el gobierno, la mitad se financiará con exenciones, cuya eliminación respecto al proyecto de septiembre deberá ampliarse para que las cifras cuadren, mientras la otra mitad se cubrirá con lo ya presupuestado en la ley corta y la ley larga de pensiones presentadas previamente al Congreso y que no prosperaron.

Estas cifras ya son una mejor base para seguir avanzando hacia una pensión mínima digna que cubra a toda la población mayor, como ocurre en los estados de bienestar decentes. Son un avance para los más vulnerables de la sociedad, fruto de largas luchas, sin perjuicio de futuras ampliaciones y del cambio del sistema de pensiones contributivas. Kast propone consolidar el sistema de AFP con un 4% adicional progresivo de cotizaciones de cargo del trabajador y Boric un nuevo sistema sin AFP que combine cuentas individuales de inversión colectiva con un pago de pensiones “sobre la marcha” para aumentar las actuales jubilaciones. Esto requeriría un aumento progresivo de 6% de las cotizaciones, pero en este caso de cargo del empleador.

El monto de la pensión universal debiera llevarse desde marzo a 250 mil pesos al menos, como propone Gabriel Boric, lo que implicaría que, dado que el ingreso mediano de los ocupados es de 420 mil pesos (2020), la tasa de reemplazo de la remuneración por la pensión sería en rasgos gruesos de un 60% y más para la mitad de la población de menos ingresos. Este gran avance social implicaría un gasto adicional de 0,7% del PIB. El próximo gobierno deberá asegurar la estabilidad fiscal y financiar los avances sociales eliminando más exenciones injustificadas y subiendo el impuesto a la renta y al patrimonio al 1% más rico de la población, junto a cobrar lo que corresponde por el uso privado de los recursos de propiedad común. Pero avanzar conceptualmente hacia una pensión universal, aunque sea de un monto aún bajo, es un logro que se debe consolidar de inmediato por el actual Parlamento.

La elección presidencial y el centro

En La Mirada Semanal

Si entre las opciones en disputa hay quienes rechazan la democracia, la equidistancia es complicidad con el autoritarismo. Es lo que les ocurre hoy en Chile a los que llaman a abstenerse en nombre de la moderación centrista en la segunda vuelta presidencial: se transforman en cómplices de la extrema derecha cuyo compromiso con la democracia es de fachada.

Tanto la proximidad de una segunda vuelta presidencial incierta como el empate en el Senado que enfrentará el próximo gobierno, vuelven a poner en el tapete el tema del “viraje hacia el centro”. Se trata del antiguo aserto según el cual “las elecciones se ganan en el centro” (está demostrado al menos desde Margaret Thatcher que no siempre es así y que lo central es la capacidad de movilización alrededor de un líder y su propuesta según las demandas de la sociedad) y que en todo caso “se debe gobernar en el centro”,  porque eso expresa prudencia, el mayor valor en política según algunos. La prudencia, no obstante, no debe dar lugar a mantener el statu quo, en nuestro caso un orden social estructuralmente desigual. 

Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, distingue en este sentido el centrismo zombi, el centrismo procedimental y el centrismo posicional, El primero es uno “que ya no ofrece ninguna orientación política genuina a sus adherentes”, pues es un remanente de la guerra fría y de la equidistancia de los extremos ideológicos. Constata Mueller que ese centro zombi acaba de ser derrotado en Alemania con los temas de siempre, como la denuncia de que la izquierda se aliará a los herederos del comunismo y llevará el país por caminos sombríos. Esto simplemente no calzó con la imagen de seriedad del socialdemócrata ministro de Finanzas Olaf Scholz, que ganó la primera mayoría. Lo propio ocurrió en Chile en la primera vuelta con el discurso de Yasna Provoste, según el cual Gabriel Boric sería una figura débil manipulada por los comunistas, y obtuvo una baja votación, a pesar del apoyo de los partidos de la ex Concertación.

El centrismo procedimental es el que emana de las realidades parlamentarias: “los políticos están obligados a practicar el arte de la concesión, sobre todo en una era en la que las mayorías claras en las cámaras legislativas se han vuelto infrecuentes. La fragmentación (sea institucional o política) obliga a los políticos a adoptar lo que el filósofo neerlandés Frank Ankersmit califica como una escrupulosa falta de principios (principled unprincipledness), para que la democracia funcione”. Pero el tema es cómo se construyen los pactos parlamentarios y si dan lugar o no a gobiernos incoherentes que terminan perdiendo todo apoyo. Advierte Mueller que el centrismo procedimental no tiene sentido cuando los adversarios políticos no respetan los procedimientos. Y tampoco los aliados, como ha sido el caso en Chile, cuando no respetan los pactos de gobierno. Ahora, el resultado de la reciente elección parlamentaria llevará inevitablemente, en el caso en que gane Gabriel Boric la elección presidencial del 19 de diciembre, a un pacto parlamentario -y eventualmente de gobierno- entre Apruebo Dignidad y la ex Concertación. Este ejercicio, que se hace indispensable dado el resultado parlamentario en las urnas, puede realizarse sobre bases bastante sólidas dada la similitud en muchos aspectos de los programas de Jadue, Narváez y Provoste con el de Boric, que tiene ahora la responsabilidad de sintetizarlos.

Por su parte, sostiene Mueller ,“para los centristas posicionales la equidistancia entre los extremos políticos es prueba de pragmatismo y «no ideología»(…) Su postura de «ni a la izquierda ni a la derecha» implica una forma de gobierno abiertamente tecnocrática. El supuesto es que para todo desafío político siempre hay una respuesta racional excluyente, lo que por definición permite tildar de irracional a cualquier crítico”. Pero la negación del pluralismo democrático implícita en esta postura puede provocar una contrareacción social intensa. Concluye Mueller que “el centrismo procedimental y el posicional dependen del buen funcionamiento de la democracia, y ambos pueden ser peligrosos en países que padecen una polarización política asimétrica (…) Si un partido rechaza la democracia, la equidistancia es complicidad.”

Es lo que les ocurre hoy en Chile a los que llaman a abstenerse en nombre de la moderación centrista en la segunda vuelta presidencial: se transforman en aliados de la extrema derecha, cuyo compromiso con la democracia es manifiestamente de fachada. Su candidato intenta en la segunda vuelta presidencial borrar con el codo parte de lo que escribió con la mano en su programa en la primera vuelta, especialmente lo más impopular. Esto no obsta respecto a lo principal: Kast, que cultiva formas afables, es expresamente un ultraderechista misógino (“la ideología de género” es “maléfica” y “más perversa que el comunismo”), homofóbico (se opone al matrimonio igualitario), clasista (defiende bajar los impuestos a los ricos y mantener relaciones del trabajo desiguales), discriminador respecto a los derechos de los pueblos indígenas (se opone a su reconocimiento constitucional) y defensor de las peores violencias en la historia de Chile y de la dictadura de Pinochet (niega, sin ir más lejos, la culpabilidad judicial del asesino en serie Krassnoff y disculpa abiertamente las violencias represivas durante la rebelión social de 2019), mientras promueve y justifica tanto la represión de la protesta popular como la radicalización ultraliberal del funcionamiento económico. Es un fiel representante de una oligarquía que no trepida en basar su poder en el abuso sistémico sobre la mayoría. Por obtener unos votos más, llegó incluso a relativizar las resoluciones de la justicia sobre los deberes económicos de los padres con sus hijos, como si no se tratara de una obligación a cumplir sin más discusión en cualquier sociedad decente.

Después de cuatro años de Piñera, en los que estalló la olla a presión social, la pandemia se abordó privilegiando la continuidad de los negocios y el presidente terminó imputado por cohecho, el azaroso camino democrático de Chile y la lucha por una sociedad y una República decentes debe seguir su curso. No debe retroceder en nombre del restablecimiento de un orden arbitrario y autoritario, que no es sino el orden de los cementerios que Chile conoce bien.

Para las fuerzas que se oponen al giro hacia la extrema derecha, lo pertinente es situarse en el centro de los problemas de la sociedad a la hora de construir respuestas políticas de amplio espectro. Y no buscar una supuesta equidistancia respecto a esos problemas, como la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la equidad social y de género y de la sostenibilidad ambiental, donde no caben posiciones “intermedias”. Los arcoiris y los matices son relevantes en múltiples aspectos de la vida social y política, pero hay determinadas cuestiones fundamentales que no admiten indefiniciones. Salvo que se tenga una posición que no se quiera asumir como tal y se recubra de equidistancia, centrismo y moderación, pero que no es sino complicidad.

Sobre el pueblo y las élites

 En La Mirada Semanal

No se debe descalificar a nadie por sus percepciones, enojos y reproches a la política tal como existe hoy. Al contrario, se debe acoger a todo el que quiera un cambio sobre la base de convicciones democráticas y libertarias.

Se ha producido un cierto debate sobre las razones del voto popular hacia la extrema derecha, que con Kast expresa lo peor del dominio oligárquico de hoy y de las violencias de la dictadura en el pasado. Y hacia un candidato como Franco Parisi, que no estuvo en el territorio nacional en la campaña, pidió asilo político en Estados Unidos y debe enfrentar impagos por paternidad y una querella por asuntos inmobiliarios nada edificantes.

Hay un voto popular conservador, anclado en tradiciones religiosas de distinto tipo o bien en la adhesión al autoritarismo y a la dictadura militar, que persiste en el tiempo y que Kast recompuso. Tiene más relevancia en ciudades pequeñas y entornos rurales, especialmente en el sur. Y hay un voto de protesta, predominantemente masculino y del norte, que adhiere al discurso anti-partidos y a un cierto desenfado antisocial, que ha canalizado Parisi.

Cada cual tiene el legítimo derecho a hacer los juicios morales que le parezca al respecto. Personalmente me atengo al principio de Vox Populi, Vox Dei. Si muchos votantes adhirieron a la derecha o a opciones volátiles, es porque en la izquierda no logramos/pudimos/supimos llegar a ellos, representar sus esperanzas y conectarlas con nuestro proyecto de sociedad.

Lo que cabe es hacer, eso si, una referencia a las consecuencias de la conducta de una parte de las élites de izquierda, que se supone representan los anhelos populares por mayor justicia e igualdad en una sociedad fuertemente desigual. ¿Qué se puede pensar cuando una parte minoritaria pero significativa de ellas simplemente se cambió de bando en nombre de los cambios efectivamente exprimentados por la sociedad y que harían que ahora todo fuera distinto y que la izquierda es un concepto obsoleto? ¿O cuando otra parte se acomodó al poder del dinero y se transformó en su servidor y/o buscó financiamientos electorales o medios de vida en la gran empresa, aún cuando se estableciera el financiamiento público de las campañas? ¿O cuando otra parte de ellas pasó de ideas progresistas a ideas neoliberales y a la defensa del orden existente, calificando los cambios necesarios como “fumar opio“? ¿O cuando hay partidos que fueron condescendientes con la influencia local del narcotráfico? ¿O cuando se observa una sobrecarga de narcisismo que se acomoda a las posturas e impulsos emocionales del momento con tal de estar en la escena mediática y política?

Parte del distanciamiento del pueblo con las élites y las representaciones de la izquierda y su refugio en el abstencionismo o en fórmulas rayanas en el desparpajo se explica por el comportamiento descrito.

Por supuesto han permanecido fieles a sus convicciones y honorables en sus conductas la gran mayoría de las elites y militancias políticas, sociales y culturales de la izquierda en su amplio sentido, es decir el de individuos y grupos sociales que consideran que la sociedad debe ser más justa y no basarse en la preservación de privilegios oligárquicos, en el sometimiento de los que viven de su trabajo, en el patriarcado y en la expoliación de la naturaleza. Pero su tarea se ha visto cuestionada por las conductas mencionadas. La apelación a la memoria de las luchas de otras épocas y a un proyecto de cambio con otros valores que los del mercado y el individualismo sigue presente, con nuevas identidades colectivas y otras estructuras sociales subyacentes. Pero siempre postulando que la solidaridad y la justicia, plasmadas en instituciones y prácticas sociales que hagan posible reproducirlas establemente, son indispensables en toda sociedad decente.

«No fundamos el Estado con el objetivo de que una sola clase de ciudadanos sea excepcionalmente feliz, sino de que lo sea al máximo toda la sociedad.» ¿Es esta otra frase polémica más para situar lo que está en juego en la segunda vuelta del 19 de diciembre? No, es una cita de Platón en su texto “La República”, en el año 370 antes de nuestra era. Las sociedades desde siempre enfrentan el dilema de una acción pública destinada a favorecer el dominio de oligarquías, casi siempre patriarcales, recubierto de tradición y orden, o bien el interés general, que incluye el de la mayoría social y el de las mujeres. También es hoy, efectivamente, el dilema crucial de Chile.

No hay sociedades perfectas, pero si unas más justas que otras, o al menos unas más decentes que otras. La nuestra definitivamente debe encaminarse a ser más justa y más decente, es decir una en la que las retribuciones para vivir provengan del trabajo y no de los privilegios o del abuso, en que nadie quede desprotegido en el camino y se respeten universalmente los derechos, por difícil que sea la tarea en cada etapa.

Una vasta alianza plural se está ahora conformando, en buena medida auto- organizada, para que triunfe Gabriel Boric frente a Kast en la elección crucial del 19 de diciembre, es decir la continuidad democrática sobre una extrema derecha desenfadada, que busca hacer regresar al país al autoritarismo para mantener los privilegios, las discriminaciones y el dominio oligárquico sobre los intereses de la mayoría. Luego se verá como esa alianza se tranforma en capacidad de gobernar de manera seria, responsable y dialogada los cambios indispensables que el país requiere.

Pero esa acción colectiva no debe descalificar a nadie por sus percepciones, enojos y reproches a la política tal como existe hoy. Al contrario, debe acoger a todo el que quiera un cambio sobre la base de convicciones democráticas y libertarias, liderado ahora por una nueva generación.

Opciones de gobierno y transversalidad

En La Mirada Semanal

En la elección del 21 de noviembre la participación alcanzó solo un 47%, reiterando la crisis de credibilidad democrática que vive el país. Y dejó un parlamento en el que los partidos o bloques de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta son minoritarios, junto al dilema de elegir la continuidad radicalizada del actual gobierno o bien una nueva fórmula.

Esta nueva fórmula está encabezada por jóvenes que se proponen realizar cambios en el país, muchos de los cuales fueron ofrecidos por la Concertación y la Nueva Mayoría, pero no fueron realizados por carecer de mayorías parlamentarias o bien de voluntad de llevarlas a cabo, según los casos y las interpretaciones. 

Es un hecho cierto, por su parte, que un gobierno de extrema derecha implicaría aumentar la represión de la protesta social y el autoritarismo político, lo que es explícito en su programa. Y es aún más cierto porque conecta con esa parte del país que percibe una falta de autoridad suficiente frente al narcotráfico, la delincuencia, la mantención del orden público y la inmigración. No se trata de descalificarla, sino de constatar una subjetividad sensible a los discursos del miedo que se inclina hacia la extrema derecha fruto de un aún persistente conservadurismo y a lógicas discriminadoras y menos adaptables a la incertidumbre y al cambio. El reforzamiento de la extrema derecha ocurre en el Chile de hoy por mucho que implique una gran regresión para los derechos de las mujeres y de las diversidades, que los resultados del plebiscito constitucional y la elección de la Convención nos hicieron pensar habían avanzado para quedarse. Y por mucho que refuerce un liberalismo económico explícito consistente en bajar impuestos a los más ricos, debilitar las políticas sociales (incluyendo mantener el sistema de AFP), privatizar las pocas empresas públicas existentes (incluyendo CODELCO), desregular la legislación del trabajo en favor de los empleadores y hacer caso omiso de la lucha contra el cambio climático o la protección del ambiente y los animales. Una parte de la población que vota a favor de la extrema derecha o simpatiza con ella no comparte ese programa, pero se deja convencer por el discurso del orden, ancestralmente inscrito en la cultura jerárquica heredada de la colonia y de la hacienda. 

No por casualidad Kast ganó en el mundo rural y en las ciudades más pequeñas, mientras pierde lejos en las grandes ciudades, incluso más expuestas a la delincuencia y al narcotráfico, pero con mayor capacidad de no dejarse arrastrar por el discurso conservador y de optar por el cambio social. El éxito creciente de la apelación al orden de Kast es una gran paradoja, pues es portador de un proyecto de abierta polarización política, cultural y social (basta con leer su programa y declaraciones previas o enterarse, como está ocurriendo a través de las redes sociales, de lo que opinan los parlamentarios electos de su partido para constatarlo) que, de triunfar, incrementaría el desorden y los conflictos sociales y territoriales de toda índole en el país. 

Esa gran paradoja es la que seguramente subrayarán Gabriel Boric y las fuerzas que lo apoyan. Pondrán por delante su opción por un cambio que construye un nuevo orden mucho más estable porque es más equitativo. La capacidad de articulación, con algunos tropiezos, se está expresando en que está recibiendo el apoyo incondicional de partidos como el socialista, el por la democracia y el radical, y aquel de la candidata y de la dirigencia de la democracia cristiana, aunque no aún en un eventual acuerdo de gobierno. Boric deberá seguir buscando apoyos políticos para su elección en diciembre, pero también para disponer de una mayoría parlamentaria estable. 

Construir una narrativa alrededor de la idea de transversalidad requiere de algunas precisiones. Si se entiende por transversalidad la capacidad de diálogo con el distinto, de acercamiento a las personas de otras condiciones y trayectorias sociales y culturales, de escucha del que piensa diferente, de búsqueda de puntos comunes con interlocutores diversos a partir de las ideas y visiones de cada cual, con el debido respeto por las del otro en tanto sean éticamente aceptables, bienvenida sea. Si se entiende por transversalidad la relativización de esas visiones e ideas (a lo Groucho Marx: tengo unas ideas, pero si no te gustan aquí tengo otras), entonces se contribuye al estado líquido de la opinión y al acortamiento de los horizontes de reflexión y conducta a las emociones del día a día. 

La opinión líquida actual oscila con facilidad entre opciones contradictorias según los vaivenes de los impulsos cotidianos y del ruido mediático. Y lo hará con mayor intensidad si quienes tienen valores y proyectos que identifican una postura ceden al mero afán de seducción. Incluso hay un cierto progresismo al que le gusta coquetear con el conservadurismo para buscar aceptación en el mundo dominante. El problema es que el que relativiza sus propios valores y los aparca para buscar adhesiones o asimilarse al discurso dominante en vez de convencer sobre su sentido, mal va a poder lograr adhesiones adicionales. Al revés, puede validar aquellas posturas que se supone contradice, y terminar por aumentar el apoyo a ellas, mientras los potenciales nuevos adherentes van a preferir al portador original de esos valores. El resultado de ese tipo de transversalidad en la acción política puede terminar siendo perder el apoyo de los propios y no ganar el de mucha gente. 

Hay personas en posturas ambivalentes o dubitativas que tienen en sus percepciones y esquemas de pensamiento elementos que pueden llevar a una adhesión a la opción de cambio y/o a salir de la abstención. Boric tiene todo que ganar y nada que perder al insistir en la necesidad de evitar un nuevo gobierno de derecha porque sería una versión aún más represiva y con aún menor capacidad de gobernar que el de Piñera. Kast se centrará todavía más en la defensa de los intereses oligárquicos y se confrontará con la Convención, buscando su fracaso y promover el rechazo a una nueva Constitución. 

Y Boric ganará en credibilidad al reiterar que la concentración económica, la desigualdad y los privilegios son la causa de la actual inestabilidad. En insistir que las relaciones del trabajo que se traducen en bajos salarios y que no aumentan con la productividad no contribuyen, sino que dañan el crecimiento. En que el acceso a la salud debe estar al alcance de todos con dignidad. En que la educación universal y pública debe ser el gran factor de igualación de oportunidades frente al reino de la discriminación. En que retroceder en los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual es inaceptable. En que la cultura debe ser apoyada en su pluralidad porque nos enriquece a todos. En que la delincuencia y el narcotráfico hay que combatirlos de manera implacable en sus efectos y sus causas, empezando por actuar con los poderes locales para reforzar los espacios comunitarios, cuidando a los jóvenes con más oportunidades creativas de inserción y de desarrollo de proyectos de vida valiosos, junto a reformar drásticamente las policías para hacerlas próximas a las comunidades y aumentar su eficacia contra el delito organizado. En que legalizar el cannabis de manera regulada va a contribuir a sacar de las plazas y esquinas a los traficantes. En que hay que llegar a un arreglo pacífico y dialogado de la histórica reivindicación mapuche. En que la inmigración es un gran aporte si es ordenada y con derechos. Y así sucesivamente en los temas de la construcción progresiva de una sociedad que protege a las personas y a la naturaleza, en la que no todo se deja al mercado y a la competencia, en la que hay espacios sólidos de solidaridad y de provisión de bienes públicos que garantizan derechos y en la que la prosperidad es mayor porque es compartida. Insistir en convencer sobre el carácter positivo de un proyecto de cambio democrático y social como alternativa a la desigualdad y a la regresión autoritaria y conservadora, tiene harto más sentido y efectividad electoral que mostrar poca convicción en las propias ideas. 

El tema no es girar al centro político, sino al centro de las preocupaciones de la mayoría social, con la reiteración de propuestas adecuadas y concretas de mejoramiento de sus condiciones de vida.

Economistas y economistas

En El Mostrador

Suele hablarse de los economistas como si fueran un bloque compacto. Es como decir “los sociólogos dijeron” o “los epidemiólogos dijeron”. Las disciplinas científicas de distinto orden tienen algunas certezas que construyen a lo largo del tiempo y muchas controversias, sin lo cual, por lo demás, no avanzan.

Hoy hay una controversia en todas partes sobre el origen del aumento de la inflación  y sobre qué hacer al respecto. Permítaseme citar a J. Bradford DeLong, ex subsecretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos, profesor en la Universidad de California, Berkeley: "Algunos dicen que, más allá de si el mercado laboral es rígido o no, la inflación —ya sea impulsada por el lado de la oferta o por factores del lado de la demanda— es tan alta y destacada que las empresas y los hogares lentamente la incorporarán a sus expectativas. En consecuencia, la serpiente inflacionaria tiene que ser abatida ahora, mientras es pequeña, antes de que crezca y devore todo lo que tenga valor (...) Es sumamente probable que el repunte actual de la inflación de Estados Unidos simplemente sea la huella de un neumático en el camino, resultado de la recuperación pospandemia. No hay ninguna señal de que las expectativas de inflación se hayan desanclado de los objetivos (...) Frente a estos hechos, ¿por qué alguien podría decir que el “pecado original” fue el “Plan de Rescate Estadounidense sobredimensionado” y que ajustar la política monetaria a partir de ahora es la manera apropiada de expiarlo? Yo, personalmente, no entiendo esa lógica".

En materia chilena, la controversia es bastante parecida, pero aquí con una conducta distinta de las autoridades económicas. Parto por citar el más reciente Informe de Estabilidad del Banco Central: "la economía ha logrado recuperarse de la recesión causada por el Covid-19. Las políticas implementadas evitaron la quiebra de empresas y el contagio de la crisis hacia el sector bancario, que se mantiene resiliente. Las medidas de apoyo, junto con permitir que muchas empresas se mantuvieran funcionando, contribuyeron a que la economía se recuperara, sobre la base de un gran dinamismo del consumo privado. Los apoyos fiscales a los hogares aumentaron la liquidez y compensaron caídas de ingresos, contribuyendo a mantener bajo el nivel de impago." 

Esta no parece la descripción de una economía cayéndose a pedazos. Hoy se produce más que antes de la crisis y el sistema financiero y la gran distribución mantienen altas utilidades. El problema es el rezago en el empleo y la persistencia de la precariedad económica de las familias, junto a un aumento de la inflación hasta 6% anual. No obstante, tiene fuertes componentes importados y sigue por debajo de la de Estados Unidos. Pero, contrariamente a ese país, el Banco Central ha acometido un precipitado aumento de tasas de interés, con una inflación sin productos volátiles que no es de 6% anual, sino de 3,9% anual, según sus propios cálculos (se pueden leer en su base de datos). Una hipótesis a considerar es que esta cifra no está desanclada de la meta de 3% en un horizonte de 24 meses, pues los productos volátiles, como el petróleo, los alimentos, los insumos para la construcción y diversos bienes durables, irán encontrando nuevos equilibrios en ese horizonte.

Lo que no se entiende -como le pasa a De Long en el caso de los economistas norteamericanos que discrepan de la política prudente y cauta de la Reserva Federal- es que sea el propio Banco Central el que haya decidido pintar un futuro negro e incierto, a pesar de haber diagnosticado previamente que la economía no se derrumbó con la fuerte activación de la demanda: "el fuerte aumento del consumo privado ha empujado a la economía más allá de su potencial, las cuentas fiscales se han deteriorado y las liquidaciones forzosas de activos de los fondos de pensiones han creado un escenario complejo". Cabe subrayar que el aumento del consumo privado tuvo fuentes que se agotan: los retiros de AFP son por una vez y el gasto público está programado para caer -23% en 2022, en un ajuste brutal e injustificado. De paso, señalemos que las cuentas fiscales deben mejorar con una reforma tributaria, no deprimiendo la economía. Por su parte, la restricción de créditos hipotecarios no es la primera vez que ocurre y quedará atrás una vez que se recupere una mayor normalidad en los mercados de capitales.

El Banco Central actuó con presteza para bajar tasas de interés (no como en 2008) y para lograr un impulso monetario. En cambio, los apoyos gubernamentales fueron tardíos, lo que llevó a una caída del PIB en 2020 de -5,8%. Se terminaron ampliando más por razones electorales que de diseño hacia mediados de este año. Y llevó a que el sistema político diera curso, por presión ciudadana, a tres retiros de fondos desde AFP, los que fueron fundamentales para recuperar la economía. Disminuir el ahorro en una grave recesión no es sino una buena política económica.  Pero al poner en cuestión la viabilidad en el largo plazo del sistema privado de pensiones basado en AFP, impuesto por la dictadura en 1981, sus defensores entraron en pánico. Su mal desempeño ya había ido obligando a un creciente rol público y planteado inevitablemente la discusión sobre el paso a un sistema mixto. 

El hecho es que ese debate es legítimo y que, sin ir más lejos, en Estados Unidos y Reino Unido, los países capitalistas centrales con menos intervención del Estado, la base de los sistemas de pensiones son públicos y de reparto ("pay as you go"). Si, léase bien: públicos y de reparto. Esto en Chile se ha convertido en una mala palabra por los que repiten vacuidades sin pensar y sin conocer las realidades del mundo, pero con una ideología libremercadista de hierro que se toma como única verdad posible. 

Para reestablecer el ahorro de largo plazo, se necesita partir desde otro ángulo: más motores de inversión y crecimiento sustentable en la economía real. Estos obtendrán financiamiento: 

a) desde el sistema bancario y el autofinanciamiento de las empresas que reinvierten utilidades en actividades dinámicas y rentables (que, como las brujas, de haberlas las hay en diversos sectores y las habrá aún más con sucesivas reconversiones productivas empujadas por una política industrial inteligente); 

b) desde la capitalización colectiva propuesta para un nuevo sistema de pensiones (que de aprobarse aumentará la parte de la remuneración del trabajo que irá a ahorro para pensiones del 10% al 18% en vez de disminuirlo, como ha ocurrido bajo este gobierno por su completa incapacidad de ofrecer alternativas) y desde el incentivo del ahorro voluntario de las familias y finalmente 

c) desde los mercados externos de capitales, que siguen proveyendo fondos a costos razonables. El margen de riesgo con que operan los mercados financieros internacionales ("spreads soberanos" informados por el EMBI Global Spread) subió en Chile de 117 puntos base en el primer trimestre de 2018 a 141 en el tercer trimestre de 2021. Pero en Europa subió de 221 a 313 en el mismo período. La inversión extranjera directa ha fluido este año con más intensidad que nunca hacia Chile, lo que muestra que existe una confianza internacional en el futuro de la economía chilena. 

Si en Chile existen dificultades, en el resto del mundo también, por lo que las oportunidades de inversión no se desechan así no más. Los capitalistas nacionales que sacan sus fondos al exterior estarán perdiendo parte de esas oportunidades. Allá ellos.

El problema, entonces, es el predominio en Chile de un pensamiento económico rígido y en muchos sentidos inadecuado que inspira políticas económicas recesivas de la actividad y el empleo y conductas de temor infundado. Sus portadores son los mismos que se quejan de la violencia social -y piden la consabida mano dura- pero que no hacen nada por impedirla desde sus causas: la desigualdad, la inestabilidad generalizada de los que viven de su trabajo y la ausencia prolongada de oportunidades de prosperar para la mayoría. Por eso un cambio de enfoque es indispensable.

Razones para un gobierno y un parlamento de transformación

En La Mirada Semanal

Para salir de la crisis en que la derecha ha dejado sumido al país, se requiere avanzar a más democracia, más libertades y más derechos en el proceso de creación de la nueva Constitución. Gobernar y legislar con el método del diálogo persistente y paciente para acercarse a una igualdad efectiva de oportunidades y un nuevo modelo de bienestar.

Contribuir a reunificar a la izquierda y a las fuerzas de cambio para empujar con más fuerza las transformaciones institucionales y estructurales que quedaron pendientes del ciclo abierto en 1990 (cuya aspiración era, no lo olvidemos, “la plena democracia” y el “crecimiento con equidad“) no es ninguna aventura, sino mantener convicciones y luchar por ellas. Al abrirse inevitablemente un nuevo ciclo bajo el empuje de una nueva generación y de la protesta social, que llegó a ser generalizada en 2019, debía estructurarse una nueva expresión política de las izquierdas, la que ha avanzado bastante y debe terminar de incluir al mundo socialista. La tarea para ellas no es ahora salir de una dictadura y de una institucionalidad tramposa y desarrollar políticas sociales contra la pobreza, sino derechamente salir de un modelo económico que reproduce estructuras estables de desigualdad. Esto merece ser plenamente apoyado, entre otras cosas porque evitará que el país siga por el camino de la confrontación frente a la persistencia de la precariedad de la mayoría (sobre este tema ver https://gonzalomartner.blogspot.com/2019/11/lo-que-entro-en-crisis-una-mirada.html).

Hay quienes piensan que esa tarea de cambiar el modelo económico solo llevará a detener la inversión y el crecimiento y a una situación como de la Venezuela. Despejemos que sobre la Venezuela de Chávez y Maduro solo cabe una completa distancia por sus prácticas reñidas con la democracia y por su prolongación del rentismo petrolero más tradicional, pero además mal administrado (se puede leer al respecto https://gonzalomartner.blogspot.com/2019/03/de-nuevo-sobre-la-izquierda-y-venezuela.html ).

Lo que hay que considerar primordialmente es que para que haya inversión tiene que haber quién compre lo que se produce, lo que el enfoque económico convencional de la economía de la oferta considera se generaría automáticamente. En realidad, tiene que haber quién compre lo que se va a producir adicionalmente en el futuro. En condiciones como las chilenas, más allá de la coyuntura, esto supone crear una senda de aumento de los salarios directos al menos según los incrementos de productividad, junto a la redistribución a las familias de menos ingresos para que haya una demanda suficiente y estable. Tender al pleno empleo y a utilizar todas las capacidades instaladas, con el límite de no provocar excesos de demanda que generen inflación, deberá volver a ser la prioridad de la política macroeconómica (ver https://www.facebook.com/gonzalo.martner/posts/10224173115489988).

Habrá mejores condiciones para crear trabajos decentes con una baja tasa de desempleo que mejore la capacidad negociadora del trabajo frente al capital y con una legislación que permita relaciones laborales pactadas con sindicatos fuertes. Esto será, aunque la ortodoxia postule lo contrario, un estímulo a la inversión, pues aumentará los flujos futuros de ingresos provenientes de un mayor consumo, flujos que son decisivos para gatillar las decisiones de inversión. La mera contención del costo salarial sirve de bastante poco si no hay a quién vender lo que se produce. Y si no se provee suficientes bienes públicos, no habrá estabilidad social alguna, lo que requiere una tributación justa. Esto supone cobrar impuestos significativos sobre los altos ingresos, sobre las ganancias de capital, sobre las transacciones financieras y sobre el patrimonio acumulado de los super ricos, y redistribuirlos y recircularlos desde la clase rentista hacia el resto de la economía, especialmente a través de la inversión pública sustentable y en infraestructuras sociales y de salud (sobre este enfoque postkeynesiano ver http://ilo.org/…/documents/publication/wcms_218886.pdf y https://www.ineteconomics.org/…/WP-152-Storm-Age-of….)

Nuevos motores de crecimiento empujados por una política industrial selectiva (ver https://www.wto.org/…/opinionpiece_by-mariana-mazzucato…) permitirán incrementos de productividad y vender más en el exterior, con una especialización pertinente en las cadenas globales de valor, lo que requiere más educación apropiada, formación continua, incorporación de la mujer y cuidados sanitarios. La competitividad no supone, por otro lado, en absoluto regalar nuestros recursos naturales sino hacer sostenible su uso y cobrar por él, en su caso, para diversificar la economía (ver https://www.ciperchile.cl/…/el-royalty-como-eje-de-una…/).

Este enfoque económico postneoliberal es más consistente -y decente- que solo postular que para que la economía funcione hay que mantener salarios bajos, altas utilidades para la acumulación de unos pocos, impuestos bajos con servicios públicos mínimos y la depredación generalizada del ambiente.

En resumen, necesitamos no volver al pasado ni mantener el presente de autoritarismo, represión, dominio patriarcal y concentración aguda del ingreso y de las decisiones en una minoría oligárquica. Lo que necesitamos es avanzar a más democracia, más libertades, más derechos y más dispersión del poder en una nueva Constitución. Y gobernar y legislar con el método del diálogo persistente y paciente para lograr más igualdad efectiva de oportunidades, más equidad de ingresos y de género, más redistribución social y territorial del poder y la riqueza, más salud y educación públicas. Estos son requisitos para lograr progresivamente un mejoramiento sustancial de la calidad de vida cotidiana en barrios y ciudades verdes y seguras. El desafío es avanzar con confianza a un nuevo orden y una nueva estabilidad equitativa y sostenible en el marco de las naturales incertidumbres que son propias de la democracia y de la vida humana.

La libertad de Kast

En La Mirada Semanal

La idea de libertad como aspiración de no interferencia sobre la vida y las elecciones individuales para lograr prosperar es una mera ilusión frente a la jerarquización de las posiciones sociales en las sociedades de libremercado. No obstante, en situaciones de crisis y confusión es capaz de arrastrar a segmentos sociales significativos y en ciertos casos con altos grados de fanatismo.

La apelación a la libertad en la franja de Kast no es otra cosa que la libertad según el tamaño de la billetera o según la posición en la jerarquía social. Para los desposeídos, se trata de la libertad de “dormir bajo los puentes y de robar pan para poder comer”, como diría Anatole France. La ideología que está detrás es la libremercadista proempresarial sintetizada por Milton Friedman (New York Times, 13-9-1970), según la cual “la responsabilidad social de una empresa es incrementar sus ganancias”. Esta fue introducida en Chile con éxito por los Chicago Boys desde los años 1950 y complementada por el neoliberalismo de Friedrich Von Hayek, que llegó a declarar (El Mercurio, 12-4-1981) en apoyo a Pinochet que “mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un Gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente“.

Kast es un fiel defensor de esta concepción de la libertad escudada en los tanques. La idea de libertad como aspiración de no interferencia sobre la vida y las elecciones individuales para lograr prosperar es una mera ilusión frente a la realidad implacable de la jerarquización de las posiciones sociales y económicas. No obstante, en situaciones de crisis y confusión es capaz de arrastrar a segmentos sociales significativos, en ciertos casos con altos grados de fanatismo. Suele acompañarse, y esto ya es más peligroso para las libertades públicas, de la apelación a un orden autoritario que preserve esa aspiración al individualismo negativo.

Este discurso choca frontalmente, en efecto, con la jerarquización estructural y la inmovilidad de las posiciones sociales que produce la sociedad de mercado y la concentración del capital material e inmaterial dominado por oligarquías. Esta tendencia a la concentración está abundantemente descrita por Thomas Piketty y colaboradores (ver https://wid.world/es) a escala global y es especialmente dura en Chile desde que se revirtieron a partir del golpe de 1973 los avances sociales acumulados desde los años veinte del siglo pasado (“no son 30 pesos, son 50 años”). En la sociedad de mercado, las posiciones asimétricas en la esfera económica, social y cultural determinan poderes y privilegios a los que solo accede una minoría, en nuestro caso prolongando el dominio oligárquico heredado de la colonia. La contra cara son las subordinaciones múltiples de las mayorías que solo poseen su capacidad de trabajar o de procurar obtener redistribuciones públicas para sobrevivir (fuente de los diversos populismos y clientelismos), lo que se prolonga en la estructura patriarcal del funcionamiento social y familiar.

La libertad real, en la tradición intelectual propiamente republicana, es aquella que impide la dominación de unos pocos sobre los demás. El proyecto histórico de lograr un régimen de libertad real es uno que incluye no solo la no-interferencia de los poderes sobre los individuos en sus derechos básicos sino la no-dominación, en la expresión de Philip Pettit. En ese proyecto, los individuos van construyendo en la interacción social condiciones materiales e institucionales suficientes y equitativas para desarrollar sus proyectos de vida y los de su comunidad. Se trata de la idea de la prosperidad compartida en un régimen democrático, en el que cada cual está defendido de los poderes arbitrarios. En esta formulación republicana de la idea de libertad, se expresa, además, la aspiración que nace con la modernidad de reemplazar la jerarquización social alrededor del capital por una asociación en la que el libre desarrollo de cada cual sea la condición del libre desarrollo de todos (y todas, insiste con razón el feminismo contemporáneo), en los límites de la resiliencia de los ecosistemas (insiste también con razón la visión ecológica).

Lograr esa libertad y esa emancipación asociativa, feminista y ecológica tiene sentido como proyecto de cambio social si se traduce en un Estado democrático y social de derecho que asegure una coordinación activa de agentes económicos plurales (públicos, asociativos y privados), asigne recursos para proveer bienes públicos suficientes y gobierne instituciones y mercados no monopólicos para inducir cooperación y dinamismo en la producción en condiciones de equidad social, territorial y de género, así como de sostenibilidad ambiental.

Todo esto contrasta profundamente con la libertad que Kast defiende, y la derecha en su conjunto en realidad, que es la ausencia de restricciones para concentrar el poder económico y político en una minoría oligárquica y patriarcal, depredar los recursos comunes en su beneficio y dominar autoritariamente al resto de la sociedad. Kast y la derecha ya no son un recurso de seguridad, sino una garantía de retroceso conservador en detrimento de la mayoría social y, por tanto, de inestabilidad y polarización prolongada.

Empleo, transferencias de ingresos y campamentos: tres nudos críticos de la salida de crisis

En El Mostrador

Si se compara los datos al tercer trimestre de 2021 publicados por el INE con los de hace dos años (mismo período de 2019, justo antes de la rebelión social de octubre y el inicio de un período de turbulencias sociales, políticas y sanitarias), nos encontramos con que la fuerza de trabajo (la suma de las personas ocupadas y las que buscan empleo) pasó de 9,7 a 9,1 millones de personas. Llegó a bajar a 8,2 millones en plena crisis en el segundo trimestre de 2020. El desempleo y la pandemia han provocado una contracción de la fuerza de trabajo, que hoy mantiene un rezago de 600 mil personas respecto al inicio de la crisis.

La población inactiva, pasó, a su vez, de 5,7 a 6,8 millones de personas en el mismo período de dos años, con una cima de 7,5 millones en plena crisis. Aquí se observa un rezago de 1,1 millón de personas que no han vuelto a la actividad económica por diversas razones. Lo grave es que una parte de esa población inactiva profundizó una situación de exclusión y privación, lo que se mitigó en parte con el IFE universal entre junio y noviembre de 2021. Esto arrojará cifras de baja pobreza monetaria para el promedio del año, según ha adelantado el Banco Mundial, no obstante las cifras de aumento de los campamentos que ha registrado Un Techo para Chile. Estos abarcan ahora 81,6 mil familias, la cifra más alta desde 1996. Abordar el grave aumento de los campamentos y la situación social que está detrás supone un fuerte desafío para el próximo gobierno en materia de transferencias de ingresos a las familias más vulnerables y de políticas específicas de integración en el empleo (especialmente femenino), junto al acceso a la vivienda. Se deberá terminar con la especulación con los suelos urbanos disponibles y realizar nuevos programas de acceso a vivienda social y a arriendos asequibles. Un Techo para Chile plantea con toda razón, además, la meta de "conseguir un déficit habitacional cero en 5 a 6 años" a partir de un faltante de viviendas que se calcula afecta a unas 500 a 600 mil familias.

Las personas ocupadas, en tanto, pasaron de 9,0 millones en el tercer trimestre de 2019 a 8,4 millones en el mismo período de 2020. La cifra trimestral más alta de ocupación hasta ahora registrada fue la del cuarto trimestre de 2019, con 9,1 millones, y la más baja fue la del segundo trimestre de 2020, en plena crisis económica, con solo 7,1 millones de personas. La pérdida de empleos en la crisis respecto al último trimestre de 2019 fue de cerca de 2 millones, de los cuáles no se han recuperado al tercer trimestre de 2021 unos 742 mil.

Esto es preocupante, pues la economía ya produce más que antes de la crisis, pero emplea menos trabajadores, especialmente por cuenta propia e informales. El trabajo dependiente suma hoy más personas que antes de la caída de la economía. Se puede descartar por el momento algún efecto estructural de cambio tecnológico generalizado, el que se producirá en algún grado pero en plazos más amplios. Por ejemplo, en la minería, un sector siempre candidato a la máxima automatización, el empleo pasó de 240 mil personas hace dos años a 220 mil en el tercer trimestre de 2021, sin cambios dramáticos. En la industria, se produjo solo una leve baja de 836 mil a 830 mil empleos en el mismo período. Las principales caídas de empleo se han producido en dos años en la agricultura (-156 mil), el comercio (-117 mil), la enseñanza (-116 mil), los hoteles y servicios de comida (-88 mil) y el transporte (-75 mil).

El desafío para el próximo gobierno será mantener una política macroeconómica no recesiva y que al mismo tiempo aborde una consolidación fiscal con nuevos ingresos de corto y mediano plazo, con una demanda de consumo suficientemente dinámica y una ampliación de la inversión pública y privada en infraestructuras y reconversiones verdes. El rezago en el empleo deberá abordarse mediante programas públicos enfocados en el cuidado de personas y la reparación ambiental -asociados a capacitación- para enfrentar la exclusión de los segmentos en desempleo de larga duración. En este aspecto, avanzar a las 40 horas semanales implicará no solo un mayor bienestar de los trabajadores sino también un mejor reparto de las horas de trabajo disponibles entre quienes necesitan trabajar.

Esto supondrá afinar las visiones entre el nuevo gobierno y el Banco Central para llevar a cabo una política económica coherente, que no se centre solo en bajar aceleradamente la inflación sin más consideraciones. La mayor inflación en 2021 ha sido impactada por el aumento del precio del petróleo y del gas, por rupturas de oferta externos e internos, por el mayor costo de los fletes y por impulsos de demanda (los retiros desde AFP) de carácter no permanente. Y también por una devaluación tendencial del peso respecto al dólar, en parte estimulada por la política de compra de dólares del Banco Central y en parte por la compra de dólares por agentes empresariales que han retirado dividendos de manera inusual desde las sociedades anónimas para invertir en activos externos.

La situación coyuntural es difícil, pero lo que no debe hacerse es provocar una recesión para bajar abruptamente la inflación (lo que ocurriría con nuevas alzas de la tasa de interés y con la caída del gasto público de 23% programada para 2022, lo que es un sin sentido mayúsculo), pues implicaría un sufrimiento social muy superior al efecto de la inflación en los niveles previstos (inferiores a los de 2008, en todo caso). Los más pobres pueden ser objeto de compensaciones mediante transferencias monetarias directas por el aumento de precios básicos que les afectan. Perder uno o varios empleos de sus miembros, en cambio, es la peor situación que puede ocurrir en las familias de menos ingresos -o en cualquier familia- y profundizaría las condiciones de marginalidad y exclusión que se han agravado en el país con la crisis. No se debe olvidar nunca que, con excepción de los niños, de los que estudian y de las personas de más edad, la inserción en el trabajo -incluyendo avanzar a una remuneración con derechos del trabajo doméstico fuera de mercado- es siempre la mejor política social y su pérdida es siempre una tragedia.

¿Inestabilidad y estancamiento?

En La Mirada Semanal

Avanzar por la ruta del cambio necesario o mantener el estancamiento conflictivo actual es una decisión que está en manos de la ciudadanía. El dilema es mantener el (des)orden social y político existente o habilitar las transformaciones que sean una garantía de avance hacia una nueva estabilidad equitativa y sostenible.

El debate público -si se pudiera llamar así a las campañas de descalificación que hoy presiden el paisaje mediático- está girando hacia la idea que la candidatura de izquierda produce inestabilidad y estancamiento. Una gran novedad discursiva, como se sabe.

Vamos por partes. He recibido un cuestionario por correo electrónico de una empresa de encuestas con, entre otras, la siguiente pregunta: “En una escala 0 a 10, donde CERO (0) significa que para Usted es más urgente que ‘Chile realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social’ y DIEZ (10) significa que para Usted es más urgente que ‘Chile recupere su estabilidad social y política para poder vivir tranquilo y con mayor crecimiento económico’, ¿Dónde se ubicaría Usted?”. Contesté 0, pero creo que la pregunta está esencialmente mal formulada. En efecto, este tipo de preguntas es parte del rol de creación y manipulación de opinión, en lugar de medición de la misma, que hoy tiene en Chile la mayoría de las encuestas.

¿No tiene acaso sentido pensar que para que “Chile recupere su estabilidad social y política para poder vivir tranquilo y con mayor crecimiento económico” es necesario que se “realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social”? Es bastante más razonable -si la honestidad intelectual importa un poco todavía en el país- abordar ideas sobre futuros posibles mediante una articulación de relaciones lógicas de causa-efecto antes que falsas antinomias.

El argumento es bastante simple: la mantención del actual orden de cosas en el plano institucional y económico-social es un factor de gran inestabilidad en el corto, mediano y largo plazo. La demostración de esta proposición parte por aludir lo que ha pasado en los dos gobiernos de Piñera: explosiones y estallidos sociales sectoriales y territoriales y una rebelión social generalizada a partir de octubre de 2019. Nada muy distinto a esta dinámica de inestabilidad se podría esperar de un gobierno de Sichel y de Kast, lo que no es un insulto sino una constatación. En efecto, mientras una parte minoritaria de la sociedad viva en la opulencia y se mantengan las carencias de la mayoría social en el acceso a la salud, las pensiones, la educación, el empleo, el transporte, la vivienda, junto a la subordinación estructural del trabajo y la discriminación de la mujer y los pueblos originarios, habrá ciclos sucesivos de inestabilidad garantizada. La fantasía autoritaria de repetir el golpe militar de 1973 para “restablecer el orden” es, en las condiciones de 2021, proponer una nueva masacre cuyo prolegómeno es la militarización de la Araucanía (que llevaría a la postre a sus eventuales autores inevitablemente a la cárcel) acompañada de la profundización de la fractura social y política actual, pero sin posibilidad de resolver problema de fondo alguno en la sociedad chilena.

Cambios que impliquen el fortalecimiento rápido de los servicios públicos básicos y la diversificación y dinamización de la economía, con nuevos sistemas de impuestos-transferencias y de regulación del trabajo, son no solo posibles sino indispensables para avanzar a condiciones más dignas de existencia y a una nueva prosperidad compartida. Es decir, a una nueva estabilidad. Para producir ese nuevo orden democrático deben converger a partir de marzo próximo la acción decidida de un nuevo gobierno y un nuevo parlamento comprometidos con reformas serias, los que a partir de un año deberán, además, traducir con rapidez en leyes las nuevas definiciones constitucionales que se aprobarán en julio-agosto próximo.

Sobre el tema de la “receta para ahuyentar la inversión”, es penoso leer a René Cortázar con el discurso exacto de quienes en 1989 se oponían a Patricio Aylwin y al programa de su coalición. Para Cortázar, todo lo que aumente salarios, impuestos y regulaciones no hace sino encarecer las inversiones y ahuyentarlas y “llevarnos al estancamiento”, como repite desde siempre el discurso UDI y de los Chicago Boys, sin mayor imaginación. En los últimos 12 años, es la derecha la que ha gobernado durante 8 y nos ha llevado, más que a un estancamiento, a un atolladero que, por la fuerza de las cosas, ha puesto en manos de una izquierda recompuesta y de un centro con definiciones progresistas -del que solía formar parte Cortázar- las llaves para salir de la crisis social más amplia que haya conocido nuestra sociedad en décadas.

Cabe subrayar que el discurso liberal ultraconocido no considera que una sociedad no puede sustentarse -sin terminar estallando- en una economía cuya competitividad descanse en la minimización de derechos sociales de los que trabajan y de la población en general. A la inversa, está más que demostrado por una amplia literatura que las sociedades más prósperas y estables lo primero que hacen es garantizar esos derechos, en grados diversos, como en su época defendía CIEPLAN y el propio Cortázar antes de dedicarse a directorios de empresas (y a una fallida candidatura a la Convención), en uno de los cuales fue multado por no actuar para que no ocurrieran repactaciones unilaterales de créditos al consumo lesivas para deudores muy modestos.

Por su parte, la tasa de impuesto a las utilidades no es hoy en Chile de las más altas en la OCDE (la tasa general es aquí de 25%), que es la comparación válida, y NO va a ser incrementada si Boric llega al gobierno. La tasa de impuesto corporativo en Alemania es, por ejemplo, mayor a la chilena, pues al 15% de base se aplica un recargo de solidaridad y un “impuesto de comercio” por un valor total de 30 a 33%, más alto en las zonas más prósperas y menor en las zonas con menos dinamismo económico. ¿No era que la “economía social de mercado” y su lógica del diálogo social eran una referencia para Cortázar, como lo ha sido Angela Merkel para muchos?

Lo que se prevé en el programa de Boric es un impuesto patrimonial que, bien aplicado, no debiera disminuir la inversión, o lo haría en una proporción aceptable,  junto a establecer una regalía que, bien concebida, NO disminuye la inversión, según la propia teoría neoclásica de la renta, la que NO justifica la apropiación indebida de sobreutilidades en la explotación de recursos naturales. Se agrega en el programa de Boric un aumento del impuesto personal al grupo de muy altos ingresos, básicamente por la desintegración del impuesto a las utilidades de las empresas y a la renta de las personas. Pero quedará en un nivel de tasa marginal muy inferior al aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos y Gran Bretaña en su etapa de mayor prosperidad en la posguerra o en diversos países de Europa en la actualidad. Desde luego, existirán amplias exenciones para los dueños de pyme que podrán mantener esa integración. Y claro, Boric introduce el tema de qué tipo de inversión hay que estimular (sostenible o no, por ejemplo) y en beneficio de quién (personas, grupos sociales y territorios), lo que supone una reflexión colectiva y ampliamente dialogada sobre el tipo de modelo de desarrollo que el país debe adoptar en las nuevas circunstancias.

Lo más curioso es que Cortázar insista en que sería nocivo establecer mayores restricciones y encarecimientos de los despidos para morigerar la inestabilidad en el trabajo, incluido en el programa de 1989, que fue precisamente lo que él pactó en 1990 con Sebastián Piñera. Entonces era bueno hacerlo. Ahora no. Lo propio respecto al aumento del salario mínimo, que también tuvo un salto significativo en 1990. Además, se opone a las 40 horas semanales,  lo que estableció Estados Unidos en 1943, en plena guerra (gobernaba un tal Roosevelt, claro), sin que se tenga noticia de que ese país haya quebrado desde entonces. Y se opone a la negociación por rama y a regular la subcontratación, lo que Manuel Bustos promovió siempre. Y así sucesivamente.

En contraste, las declaraciones sobre estas materias del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, son críticas, pero en un tono respetuoso y matizado. Los conversos, es verdad, suelen ser más agresivos. Cerda aseguró que “si vamos a hacer algo como eso, se necesita un análisis bien acabado de cuáles son sus consecuencias porque evidentemente alguna consecuencia tiene que tener, y yo echo de menos que a veces no tenemos esos análisis sobre la mesa“. En efecto, el debate debe continuar, con el máximo de antecedentes sobre la mesa, de manera razonada y civilizada, como va a ocurrir a partir de marzo próximo.

Avanzar por la ruta del cambio necesario o mantener el estancamiento conflictivo actual es una decisión que está en manos de la ciudadanía, en buena hora. El dilema es mantener el (des)orden social y político existente o habilitar las transformaciones que sean una garantía de avance hacia una nueva estabilidad equitativa y sostenible.

Los compromisos climáticos siguen por debajo de los objetivos del Acuerdo de París

En El Mostrador

Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord en 2020. El 25 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que "la abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado, y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del período 2011-2020". De acuerdo con esta agencia de la ONU, la desaceleración económica causada por el COVID-19 "no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones".

La concentración de dióxido de carbono (CO2), el más abundante de los seis gases con efecto invernadero, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales. Como el dióxido de carbono (CO2) es un gas de larga vida, "el nivel de temperatura observado actualmente persistirá durante varias décadas aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero neto". En cuanto al metano (CH4) y al óxido nitroso (N2O), sus concentraciones equivalieron, respectivamente, al 262% y al 123% de los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.

Si se mantiene el actual crecimiento de la concentración de gases con efecto invernadero, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará por lejos el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 o máximo 2 °C por encima de los niveles preindustriales.

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha declarado, el 26 de octubre, que se deja al mundo en camino a un aumento de temperatura global de al menos 2,7 °C para este siglo, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021. El informe señala que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas y demás compromisos voluntarios asumidos para 2030 (las metas obligatorias por grupos de países del protocolo de Kyoto fueron abandonadas en 2015 en el Acuerdo de París), solo evitan un 7,5% adicional de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) pronosticadas para 2030, en comparación con la anterior ronda de compromisos. Para mantenerse en la ruta hacia el objetivo de 2 °C del Acuerdo de París, se necesitan reducciones de emisiones del 30% desde las cerca de 60 GtCO2e actuales. Y del 55% para alcanzar el objetivo de 1,5°C. Según el PNUMA, las promesas de alcanzar la neutralidad de emisiones son todavía imprecisas e inconsistentes con la mayoría de las NDC para 2030.

El gobierno de Piñera expuso también el 26 de octubre sus metas en la materia, las que deberán ser revisadas, evidentemente, en marzo. Al 2025, plantea el retiro del 65% de la generación a carbón de la matriz nacional, sumar entre 10.000 a 15.000 hectáreas de humedales urbanos protegidos, establecer un ecoetiquetado de reciclabilidad obligatorio y que el 100% de las áreas marinas protegidas pre 2020 cuenten con planes de manejo. Al 2030 plantea que un 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables, el aumento en el 50% de la red de estaciones de glaciares, implementar flotas cero emisiones en la gran minería y que el 100% de la población urbana tenga acceso a servicios sanitarios. Al 2040, plantea que se retiren o reconviertan la totalidad de las centrales a carbón, que el hidrógeno verde sea el 20% de la matriz de combustibles del país, que el 100% de los buses, taxis y colectivos sean cero emisión y se reduzca en un 40% el ingreso de residuos en mares y playas. Al 2050 postula que la matriz energética sea en un 100% cero emisiones, se reduzca en 70% las emisiones de la industria y minería y que un 30% a 50% de especies amenazadas cuente con Planes de Recuperación.

Este plan es insuficiente, aunque tiene el mérito de existir. El corazón del tema en Chile es que la mayor parte de la electricidad la siguen generando las centrales a carbón –las que más emiten CO2 a la atmósfera– mientras el transporte y diversas actividades siguen basadas en el uso de hidrocarburos. Las centrales a carbón deben salir del sistema ojalá en 2025 y en todo caso no más allá de 2030, y no hacia 2040 como plantea el gobierno, lo que requerirá fuertes inversiones en los sistemas de transmisión para permitir una mayor incidencia de la energía solar y eólica, e invertir en geotermia para asegurar la estabilidad del sistema.

Debe acelerarse, por otro lado, la generación eléctrica distribuida en los hogares para uso domiciliario, la electrificación del transporte público y privado, así como el uso de baterías basadas en hidrógeno verde en la minería y otras actividades de transporte, junto con aumentar el reciclaje de residuos y la disminución del uso de los bienes con residuos no reciclables, incluyendo evitar el consumo de bienes con obsolescencia programada. Lo que está en juego es transitar a una nueva estrategia de desarrollo que permita un mayor bienestar equitativo y sostenible de las actuales generaciones y la propia supervivencia, en las condiciones actualmente conocidas, de las futuras generaciones.

Una barrera sanitaria contra la ultraderecha

En La Mirada Semanal

Frente a un candidato de marcado signo ultraderechista, se debe establecer un cordón sanitario sin distinción de corrientes políticas democráticas para impedir su legitimación o, peor aún, que llegue al gobierno, y apoyar, en el caso que Kast llegue a la segunda vuelta, a cualquier demócrata que pueda derrotarlo.

Kast se propone reforzar el carácter autoritario del Estado, incluyendo establecer un Consejo de Seguridad Nacional de carácter permanente, ocupar militarmente la Araucanía, autorizar la violación de la correspondencia y establecer lugares de detención distintos de las cárceles, es decir campos de concentración o lugares secretos de detención, como indica su programa. Se propone derogar la ley de aborto por tres causales, terminar con el Ministerio de la Mujer, con el "lenguaje de género", con el Convenio 169 que establece la consulta indígena, derogar leyes de reparación por violaciones a los derechos humanos, indultar a los criminales presos por esta causa, dictar una "ley de punto final" y cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Siendo hijo de un inmigrante nazi que llegó a Chile con papeles falsos y que participó en el asesinato de campesinos en 1973, se propone perseguir la inmigración, construir una insólita zanja en el norte, expulsar extranjeros eliminando los recursos judiciales y administrativos y "sancionar" a las ONG que presten apoyo a los inmigrantes ilegales.Niega el cambio climático y quiere mantener las centrales a carbón. Es partidario de la versión más extrema del libremercadismo y de bajar impuestos y reforzar a las AFP, la legislación laboral y toda la legislación económica que protege al gran empresariado. Y así sucesivamente, incluyendo privatizar CODELCO, con un programa extremo que es simultáneamente autoritario y neoliberal.

Pero lo más grave es que Kast ha insinuado que la Convención Constitucional es ilegítima, augurando una grave confrontación civil en el país en caso de que su tesis prevalezca entre los poderes fácticos.

Frente a un candidato de marcado signo ultraderechista, los que creemos en la democracia, cualquiera sea nuestra legítima adscripción a una corriente política que concursa para llegar al poder mediante elecciones periódicas, debemos establecer un cordón sanitario para impedir su legitimación como un candidato más.  Y debemos apoyar, en el caso que Kast llegue a la segunda vuelta, a cualquier demócrata que pueda derrotarlo.

Es evidente que una postura auténticamente republicana no es la que está adoptando la derecha en Chile. Está dispuesta una vez más a apoyar el triunfo de la ultraderecha y a empujar al país a un retroceso autoritario que llevaría otra vez a una confrontación política y social de gran escala. Esto lo muestra Francisco Chahuán, presidente de RN, quien señala “que el candidato que va a pasar a segunda vuelta va a ser Sebastián Sichel, en caso contrario claramente votaremos siempre por el candidato del sector”. Lo que refrendan todos los voceros de la UDI, que en realidad son más cercanos a Kast que a Sichel.

Esta actitud de la derecha consistente en considerar a la ultraderecha autoritaria “como parte del sector“, puede llevarla otra vez al escenario del que no ha querido o sabido salir, aunque algunas de sus figuras lo hayan intentado: la confrontación entre un modelo de neodictadura que se remite a defender los intereses oligárquicos y un modelo de democracia en forma, en la que los ciudadanos determinan, a través de sus representantes o directamente mediante votación plebiscitaria, las orientaciones de gobierno y la legislación que rige la vida colectiva en el marco de un Estado de derecho y de separación de poderes que garantice los derechos individuales. De más está decir que la ultraderecha intentará plantear que el dilema es ellos o el chavismo, lo que es una evidente falsedad. Las fuerzas políticas representativas de la mayoría social que no está dispuesta a ningún retroceso en materia de libertades junto al avance de nuevos derechos sociales son sólidas y están llamadas a seguir colaborando.

La oposición debiera invitar a la derecha a establecer el mencionado cordón sanitario contra la ultraderecha. El propio Sichel se vio obligado a tomar distancia de los partidos de la derecha por su vuelco evidente hacia Kast.

Si la derecha no lo acepta, quedará en evidencia que sus convicciones democráticas no son sino de papel y cabrá ponerla frente a sus responsabilidades ante el futuro democrático de Chile y el bienestar de las nuevas generaciones.

La autonomía del Banco Central

En El Mostrador

En estos días en que Sebastián Piñera renovó el mandato de Mario Marcel a la cabeza del Banco Central, se escuchó con frecuencia el concepto de independencia de la autoridad monetaria, en circunstancias que su definición constitucional en Chile es la de autonomía. Quienes quisieran adquirir esa independencia expresan una típica pretensión de algunos jefes de entidades públicas que quisieran no estar sometidos al control de nadie, empezando por los ciudadanos y sus representantes elegidos. O la pretensión de los portadores de tesis dogmáticas en economía que no aceptan debatir sus ideas, las que, por lo demás, han mostrado ser con frecuencia bastante equivocadas precisamente porque son dogmáticas.

El trasfondo es atribuirle a "la política" y a "los políticos" una conducta de tontorrones irresponsables que solo piensan en su interés de corto plazo, y detrás de ellos a los ciudadanos y ciudadanas, de los que la política económica debiera estar protegida mediante su gestión por "técnicos" inspirados en el "pensamiento económico". Es decir, la suma del neoliberalismo (que considera inconducentes las intervenciones de política monetaria y fiscal contracíclicas) y de los prejuicios antidemocráticos (“la democracia protegida”) en acción.

El problema es que no hay tal cosa como "técnicos" neutros en economía, ni "pensamiento económico" consensual, sino opciones analíticas y de política diversas, más o menos rigurosas según los casos y más o menos capaces de interpretar las realidades y de inspirar acciones que permitan mantener los equilibrios macroeconómicos, incluyendo la estabilidad tendencial de precios y el pleno empleo en condiciones sostenibles.

Ninguna de esas opciones es neutral desde el ángulo que se le mire, y son fruto de ideas siempre controvertidas y de valores e intereses frecuentemente en conflicto, y deben ser consideradas y deliberadas como tales. Lo peligroso de consejos del Banco Central homogéneos es la ausencia de deliberación contradictoria sobre las opciones que toma la autoridad monetaria, las que son ampliamente discutibles. Y en ocasiones muy equivocadas, como en 1999 y 2008, situaciones en las que la política monetaria restrictiva frente a episodios inflacionarios no permanentes precipitó recesiones evitables y explosiones de desempleo de las que no se rindió cuenta a nadie. El actual aumento de las Tasas de Política Monetaria, con el argumento de llegar a la brevedad a una quimérica tasa "neutral" de 1% real, y detener expectativas inflacionarias que el mismo consejo del Banco Central ha contribuido a crear, está incrementando el peligro, según la opinión que algunos tenemos, de otra recesión en 2022 o al menos de un estancamiento evitable.

¿Qué dirían los que suelen rasgar vestiduras en nombre de la seriedad técnica si alguien propusiera que las autoridades de gobierno pudieran acusar ante la Corte de Apelaciones a un miembro del Consejo del Banco Central por estar favoreciendo intereses particulares? Con toda seguridad, que esto es un acto de populismo inadmisible que atentaría contra la necesaria independencia del Banco Central. Pues bien, esta figura está descrita en el artículo 15 de la actual ley.

¿Qué dirían los mismos si alguien propusiera que el gobierno pudiera destituir al presidente del Banco Central si así lo pidieran 3 consejeros y la mayoría del Senado? ¿O destituir a alguno o la totalidad de los consejeros con acuerdo del Senado? Horror, otro atentado contra la independencia del Banco Central. Pues bien, esta figura está incluida en los artículos 16 y 17 de la actual ley.

¿Qué dirían si alguien propusiera que el gobierno tuviera el derecho de suspender la aplicación de cualquier acuerdo o resolución que adopte el Consejo hasta por quince días, para su rediscusión, incluyendo subir la tasa de interés, salvo que la totalidad de los consejeros insista en su aplicación? Eso si que no: definitivamente se pondría en peligro la independencia del Banco Central. Pues bien, otra vez esta figura está incluida en el artículo 19 de la actual ley.

Algunos utilizan estadísticas que correlacionan sin causalidad demostrada las autonomías de la política monetaria –muy variadas según cada arreglo institucional– y descensos de la inflación, sin considerar la "varianza" en esa correlación: hay casos para todos los gustos. Otros radicalizan el argumento y tratan de establecer una correlación entre independencia del Banco Central del poder político y crecimiento elevado. El argumento es en ese caso todavía más pueril: ¿alguien tiene alguna duda que el caso más resonante de crecimiento acelerado y sostenido en las últimas décadas es China? En ese país no hay nada que se parezca a un Banco Central independiente o siquiera autónomo.

Se cita con frecuencia el caso de Estados Unidos como uno en el que la política monetaria estaría al margen de toda interferencia política de corto plazo. El excelente libro de Binder y Spindel (2017), The Myth of Independence: How Congress Governs the Federal Reserve, muestra que la situación es la inversa: lo que ocurre en la práctica es una creciente interdependencia entre las autoridades responsables de los distintos componentes de las políticas económicas. El propio expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y reconocido economista académico, sostiene una postura que debiera inspirar las normas que rijan en el futuro al Banco Central en Chile: “En ningún caso abogo por la independencia incondicional para los bancos centrales. (…) Los objetivos de política deberían ser puestos por el gobierno, no por el banco central en sí mismo; y el banco central debe demostrar con regularidad que cumple con los objetivos conferidos por mandato".

Consignemos también que, según el Acta de 1998, el Banco de Inglaterra puede recibir directivas en forma unidireccional del Departamento de Gobierno de Gran Bretaña: “El Tesoro, luego de consultar con el gobernador del Banco, puede darle órdenes a su dirección bancaria respecto de la política monetaria si ellas son requeridas por el interés del público y por las extremas circunstancias económicas”. Esas órdenes también deben ser aprobadas por el Parlamento dentro de un plazo de 28 días. Un mecanismo de este tipo debe ser contemplado en la futura legislación chilena.

En el caso de Japón, se mantiene un alto grado de coordinación con el gobierno en su legislación: “En reconocimiento del hecho de que la moneda y control monetario es un componente fundamental de la política económica, el Banco de Japón deberá mantener un contacto cercano con el gobierno y Ministerio de Economía, de manera que la moneda y el control monetario y la postura del gobierno en materia de política económica puedan ser mutuamente armoniosos”.

La razón es muy sencilla: la política fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos debe ser un todo coherente para ser exitosa. Esa ausencia de coherencia institucional en la Unión Europea –que carece de coordinación entre la política fiscal de los gobiernos y la monetaria de la Unión– y un cierto dogmatismo doctrinario y traumas históricos de algunos de los países que la conforman, explica que el desempeño del BCE haya sido poco eficaz en buena parte de la crisis de 2008, aunque mejoró con Draghi y su política de compra indirecta de bonos públicos, cuestionada por los ordodoxos, y con Lagarde, que se propone ampliar el rol del BCE al financiamiento de las acciones contra el cambio climático, rompiendo con el dogma de la neutralidad sectorial de la política monetaria.

La pretensión de independencia del Banco Central, suponemos que al estilo de la que se garantiza al Poder Judicial, es exhibida en Chile por los economistas del sistema, y los políticos conservadores que los apoyan, como una supuesta verdad tecnocrática. Pero en realidad no es más que una pretensión indebida de irresponsabilización democrática. Las autoridades económicas deben llevar a cabo una política coordinada con objetivos explícitos y coherentes –con estudios acuciosos sobre las situaciones existentes y sobre las trayectorias posibles y sus efectos– y responder por ellos periódicamente ante los ciudadanos y sus representantes elegidos.

La autonomía del Banco Central debe remitirse, en la doctrina de Bernanke, a escoger los medios técnicos para obtener resultados fijados por la autoridad gubernamental, no a sustituirse a esa autoridad en la fijación de esos objetivos. La Contraloría General es autónoma para verificar la legalidad de las actuaciones públicas. Pero no es independiente ni menos determina la orientación de esas actuaciones públicas, lo que corresponde a las autoridades elegidas por el pueblo. Y si la coherencia no existiera o se perdiera en alguna crisis, como en la actualidad, no será un grupo de cinco personas, por honorable que sea pero que pudiera creer que no debe responder ante nadie, el que esté en condiciones de obtenerla o restablecerla, sino el conjunto del sistema de decisiones públicas en el seno de las instituciones democráticas, a las que ningún órgano público debe sustraerse.