Empleo, transferencias de ingresos y campamentos: tres nudos críticos de la salida de crisis

En El Mostrador

Si se compara los datos al tercer trimestre de 2021 publicados por el INE con los de hace dos años (mismo período de 2019, justo antes de la rebelión social de octubre y el inicio de un período de turbulencias sociales, políticas y sanitarias), nos encontramos con que la fuerza de trabajo (la suma de las personas ocupadas y las que buscan empleo) pasó de 9,7 a 9,1 millones de personas. Llegó a bajar a 8,2 millones en plena crisis en el segundo trimestre de 2020. El desempleo y la pandemia han provocado una contracción de la fuerza de trabajo, que hoy mantiene un rezago de 600 mil personas respecto al inicio de la crisis.

La población inactiva, pasó, a su vez, de 5,7 a 6,8 millones de personas en el mismo período de dos años, con una cima de 7,5 millones en plena crisis. Aquí se observa un rezago de 1,1 millón de personas que no han vuelto a la actividad económica por diversas razones. Lo grave es que una parte de esa población inactiva profundizó una situación de exclusión y privación, lo que se mitigó en parte con el IFE universal entre junio y noviembre de 2021. Esto arrojará cifras de baja pobreza monetaria para el promedio del año, según ha adelantado el Banco Mundial, no obstante las cifras de aumento de los campamentos que ha registrado Un Techo para Chile. Estos abarcan ahora 81,6 mil familias, la cifra más alta desde 1996. Abordar el grave aumento de los campamentos y la situación social que está detrás supone un fuerte desafío para el próximo gobierno en materia de transferencias de ingresos a las familias más vulnerables y de políticas específicas de integración en el empleo (especialmente femenino), junto al acceso a la vivienda. Se deberá terminar con la especulación con los suelos urbanos disponibles y realizar nuevos programas de acceso a vivienda social y a arriendos asequibles. Un Techo para Chile plantea con toda razón, además, la meta de "conseguir un déficit habitacional cero en 5 a 6 años" a partir de un faltante de viviendas que se calcula afecta a unas 500 a 600 mil familias.

Las personas ocupadas, en tanto, pasaron de 9,0 millones en el tercer trimestre de 2019 a 8,4 millones en el mismo período de 2020. La cifra trimestral más alta de ocupación hasta ahora registrada fue la del cuarto trimestre de 2019, con 9,1 millones, y la más baja fue la del segundo trimestre de 2020, en plena crisis económica, con solo 7,1 millones de personas. La pérdida de empleos en la crisis respecto al último trimestre de 2019 fue de cerca de 2 millones, de los cuáles no se han recuperado al tercer trimestre de 2021 unos 742 mil.

Esto es preocupante, pues la economía ya produce más que antes de la crisis, pero emplea menos trabajadores, especialmente por cuenta propia e informales. El trabajo dependiente suma hoy más personas que antes de la caída de la economía. Se puede descartar por el momento algún efecto estructural de cambio tecnológico generalizado, el que se producirá en algún grado pero en plazos más amplios. Por ejemplo, en la minería, un sector siempre candidato a la máxima automatización, el empleo pasó de 240 mil personas hace dos años a 220 mil en el tercer trimestre de 2021, sin cambios dramáticos. En la industria, se produjo solo una leve baja de 836 mil a 830 mil empleos en el mismo período. Las principales caídas de empleo se han producido en dos años en la agricultura (-156 mil), el comercio (-117 mil), la enseñanza (-116 mil), los hoteles y servicios de comida (-88 mil) y el transporte (-75 mil).

El desafío para el próximo gobierno será mantener una política macroeconómica no recesiva y que al mismo tiempo aborde una consolidación fiscal con nuevos ingresos de corto y mediano plazo, con una demanda de consumo suficientemente dinámica y una ampliación de la inversión pública y privada en infraestructuras y reconversiones verdes. El rezago en el empleo deberá abordarse mediante programas públicos enfocados en el cuidado de personas y la reparación ambiental -asociados a capacitación- para enfrentar la exclusión de los segmentos en desempleo de larga duración. En este aspecto, avanzar a las 40 horas semanales implicará no solo un mayor bienestar de los trabajadores sino también un mejor reparto de las horas de trabajo disponibles entre quienes necesitan trabajar.

Esto supondrá afinar las visiones entre el nuevo gobierno y el Banco Central para llevar a cabo una política económica coherente, que no se centre solo en bajar aceleradamente la inflación sin más consideraciones. La mayor inflación en 2021 ha sido impactada por el aumento del precio del petróleo y del gas, por rupturas de oferta externos e internos, por el mayor costo de los fletes y por impulsos de demanda (los retiros desde AFP) de carácter no permanente. Y también por una devaluación tendencial del peso respecto al dólar, en parte estimulada por la política de compra de dólares del Banco Central y en parte por la compra de dólares por agentes empresariales que han retirado dividendos de manera inusual desde las sociedades anónimas para invertir en activos externos.

La situación coyuntural es difícil, pero lo que no debe hacerse es provocar una recesión para bajar abruptamente la inflación (lo que ocurriría con nuevas alzas de la tasa de interés y con la caída del gasto público de 23% programada para 2022, lo que es un sin sentido mayúsculo), pues implicaría un sufrimiento social muy superior al efecto de la inflación en los niveles previstos (inferiores a los de 2008, en todo caso). Los más pobres pueden ser objeto de compensaciones mediante transferencias monetarias directas por el aumento de precios básicos que les afectan. Perder uno o varios empleos de sus miembros, en cambio, es la peor situación que puede ocurrir en las familias de menos ingresos -o en cualquier familia- y profundizaría las condiciones de marginalidad y exclusión que se han agravado en el país con la crisis. No se debe olvidar nunca que, con excepción de los niños, de los que estudian y de las personas de más edad, la inserción en el trabajo -incluyendo avanzar a una remuneración con derechos del trabajo doméstico fuera de mercado- es siempre la mejor política social y su pérdida es siempre una tragedia.