El sin sentido de las acusaciones constitucionales a ministros

En La Tercera Digital

Más allá del hecho “táctico” de que tiene poco sentido realizar acciones políticas destinadas a fracasar, la reciente acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, requiere de un balance más amplio.

Señalemos que la destitución de un ministro, en caso de aprobarse una acusación constitucional de este tipo, es siempre política, dados los órganos involucrados en el procedimiento. La idea de un procedimiento “jurídico” en este campo es simplemente absurda. Si lo que se juzgara fuese algún delito, esto debiera canalizarse por un tribunal de justicia. Lo más grave del procedimiento es la “muerte cívica” por cinco años, es decir la imposibilidad de ocupar cargo público alguno, que acompaña la destitución.

Esto es precisamente lo que ocurrió con Yasna Provoste en 2008. No olvidemos que este mecanismo fue utilizado por primera vez desde el retorno de la democracia por la derecha, cuando destituyó a la entonces ministra de Educación, hoy senadora. Estuvo a punto de suceder lo mismo en 2008, con Soledad Barría, quien renunció antes que la sanción opositora se concretara. Luego la oposición a la derecha en el primer gobierno del actual presidente cometió el error de hacer una especie de aplicación de la ley del Talión, y destituyó por la vía de la acusación constitucional al ministro de Educación Harald Beyer, área que parece concentrar las pasiones en este juego de castigos personales.

El tema de fondo es que el mecanismo permite una de las peores cosas en política: atacar a personas, y gravemente por la consecuencia de la “muerte cívica”, en vez de modificar políticas, que es lo que importa. En este caso, si la oposición destituye un ministro, llegado el momento el/la presidente/a cambia el ministro, y todo sigue tal cual.

Las acusaciones constitucionales a ministros tienen una larga trayectoria en Chile. Este mecanismo, incorporado en la constitución de 1833, fue utilizado profusamente después de la guerra civil de 1891 para limitar el poder del presidente. Esto hizo evolucionar el régimen político hacia uno llamado “parlamentario” entre 1891-1925, sin que cambiara la constitución, pero permitiendo la incidencia de la “fronda aristocrática” en la conducción del gobierno, que entre otras cosas dilapidó las rentas del salitre. Y llevó a la crisis institucional de los años 1920, de la que emergió una nueva Constitución presidencialista emergida de un plebiscito impuesto por Arturo Alessandri sin mayor deliberación democrática. El mecanismo de las acusaciones parlamentarias a ministros se mantuvo y volvió a ser profusamente utilizado por la oposición contra el presidente Allende, empezando por la destitución de unos de sus ministros más moderados y de espíritu dialogante, José Tohá, a la postre asesinado por la dictadura.

La verdadera discusión debe situarse en el terreno del régimen político. El llamado grupo de los 24, que reunía en los años 1980 a juristas de la oposición a la dictadura de entonces, recomendó que un nuevo orden institucional estableciera un régimen semi-presidencial en Chile. Lo propio ocurrió en diversos debates académicos en los años noventa, en los que se sumaron a la idea representantes de la derecha parlamentaria. En la frustrada discusión constitucional del gobierno de Bachelet II el tema volvió a resurgir.

Un régimen semi-presidencial, en el que el presidente como jefe de Estado nombra un primer ministro o ministro coordinador como jefe de gobierno que requiere de la aprobación mayoritaria del parlamento para ejercer el cargo o pueda ser censurado,  tiene la ventaja de regular más racionalmente que en el régimen presidencial las situaciones en las que el presidente no cuenta con mayoría parlamentaria. El jefe de gobierno debiera poder contar siempre con condiciones para ejercer su cargo: escoger sus colaboradores y contar con mayoría en la Cámara de Diputados, reservando al Senado un rol de revisión de leyes con poder de veto parcial y de nominaciones de cargos públicos, incluyendo embajadores y generales. El mecanismo de destituirle ministros al poder ejecutivo es francamente absurdo. Se debiera recurrir a las urnas, mediante la disolución de la Cámara por el presidente, si se constata que ningún jefe de gobierno cuenta con apoyo parlamentario suficiente. De paso, la disolución, contemplada en la versión original de la constitución de 1980 y sacada del texto en los acuerdos de 1989, entre otros errores cometidos entonces, es un buen mecanismo de superación de crisis graves. El cambio constitucional que el país requiere, que en algún momento habrá de producirse, deberá considerar esta opción.

En un esquema de este tipo, si el presidente no tiene mayoría parlamentaria, debiera procurar construirla de manera estable e institucional mediante la nominación del jefe de gobierno con anuencia de la Cámara de Diputados. Esto supone partir por asumir que no va a poder llevar adelante su propio programa, porque así lo decidieron los ciudadanos en las urnas al no darle esa mayoría para legislar. Y pactar un programa de legislatura con las fuerzas parlamentarias que pudieran mostrarse proclives, como en este caso la democracia cristiana y el radicalismo, e incorporarlas al gobierno. El caso a caso de negociaciones ley a ley, por el contrario, parece más un sistema de distribución de prebendas que una gestión coherente de gobierno que no hace sino desprestigiar cotidianamente a la democracia.

La oposición, sea o no mayoría en el parlamento, debiera hacer su trabajo: oponerse a las legislaciones que no comparte y para las cuales tiene un mandato ciudadano de votar en contra. Esto no excluye concordar algunas legislaciones en tanto el gobierno se allane a aproximar posiciones. Pero el rol de la oposición es primordialmente presentar alternativas. Usar el mecanismo de la muerte cívica de ministros debiera excluirse de su campo de acción, pues es solo un acto de castigo individual que no conduce a nada constructivo.

Los economistas conservadores y las 40 horas

En La Mirada

Se han manifestado con particular vehemencia opiniones de diversos economistas conservadores –incluyendo las autoridades del Banco Central- contra el proyecto de ley sobre la jornada de trabajo limitada a 40 horas semanales. Esto incluye a algunos economistas que participaron en administraciones anteriores. Lo curioso es que, en todo caso, este proyecto no va a poder ser tratado en el parlamento durante el actual gobierno, al menos en la versión elaborada por la mayoría de diputados que está a favor de la rebaja de 45 a 40 horas de la jornada laboral semanal. En efecto, existe un monopolio de las urgencias legislativas por parte del Ejecutivo.

Pero esto no ha impedido una agresividad creciente de estos economistas contra quienes gestaron esta iniciativa, que algunos hacen extensiva a toda la “clase política”, incluyendo al gobierno que propuso una rebaja hasta 41 horas con ciertas condiciones. Con lo cual los representantes elegidos por la ciudadanía serían una especie de conjunto de irresponsables y de populistas. Estamos cada vez más frente a un combate de retaguardia y algo desesperado de los que heredaron ideas de otros tiempos, y en especial aquella según la cual los ciudadanos y sus representantes (los “señores políticos”) serían entre ignorantes y discapacitados intelectuales por osar atender las demandas sociales mayoritarias y no hacerle caso a su sapiencia.

La paradoja es que son, en realidad, bastante incompetentes y sesgados. Entre estos economistas se cuentan los que, por sus malos diagnósticos y políticas, provocaron recesiones evitables en 1999 y 2009, que llevaron a muy altas tasas de desempleo y su secuela de sufrimientos humanos, de lo cual nunca se han hecho cargo. Y también los que no han sido capaces de crear nuevos marcos para mayores dinámicas de innovación y crecimiento. Para no hablar de su incapacidad de proponer algo útil para revertir la severa desigualdad existente en el país. Y a partir de un récord tan escaso, resulta notable su pretensión de ser portadores de verdades absolutas. Llegan incluso a afirmar que los parlamentarios podrán hacer leyes, pero no podrán ir contra las “leyes de la economía”, de las que ellos serían los intérpretes sagrados.

El problema es que no hay tales “leyes de la economía”, sino diversas interpretaciones de los hechos económicos y diversos intereses en pugna alrededor de esas interpretaciones. Y, por tanto, debate y controversia en la esfera política y entre economistas. Los que hacen de la interpretación liberal de la economía una fe, desconfían rotundamente de la legislación del trabajo, de la negociación colectiva más allá de la empresa y de las normas legales sobre jornadas, horas extraordinarias, vacaciones, pensiones y otros elementos de la vida laboral. También de la idea que un mayor bienestar de los trabajadores puede aumentar, y no disminuir, su productividad.  Para ellos, todo esto debiera dejarse al mercado, que en definitiva remuneraría a cada cual según su “productividad marginal”, como si no existieran asimetrías de poder y de información de manera generalizada en los mercados de trabajo. Estas asimetrías determinan enormes desigualdades en el reparto capital/trabajo y en la remuneración de las distintas categorías de asalariados. Quien quiera conozca un poco la economía real podrá dar cuenta de estos hechos en el Chile de hoy.

Las condiciones de ejercicio del trabajo, si bien tienen evidentes consecuencias económicas, no son un asunto económico, sino civilizatorio, que debe ser razonablemente moldeado por normas legales. Si no fuera así, seguiríamos como en los albores de la revolución industrial, cuando en Gran Bretaña ni siquiera se respetaba la regulación establecida desde 1496 según la cual la jornada de trabajo duraba 15 horas: desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche.

En 1817, Robert Owen formuló el objetivo de la jornada de ocho horas (“ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo, ocho horas de descanso”). Una ley concedió recién en 1847 en Inglaterra la jornada de diez horas  a mujeres y niños. Y así las luchas sociales y legislativas en el mundo fueron logrando sucesivamente disminuir las horas de trabajo, que son una forma de explotación cuando no respetan la dignidad humana, cualquiera sea la productividad existente y especialmente cuando se superan los umbrales de subsistencia fruto de los resultados de ese trabajo. Esta disminución de las jornadas se consagra siempre por ley, porque la asimetría de poder capital/trabajo no permite otra cosa.

En Chile, las 48 horas se establecieron en los años 1920, y recién en el gobierno de Ricardo Lagos pasaron a 45 horas. Respecto a cuál debe ser la duración del trabajo probablemente nunca habrá acuerdo, incluyendo entre los economistas. En todo caso, no es un tema que les corresponda a ellos determinar, salvo emitir juicios con prudencia sobre sus consecuencias, sino a la esfera política, que los economistas conservadores, si son democráticos, debieran dejar de denostar (¿será que no lo son?).

Su argumento supremo es el encarecimiento del costo del trabajo, al disminuirse la jornada de trabajo, con la supuesta consecuente caída de las utilidades, de la inversión y del empleo. Esto lleva a concluir que nunca debió reducirse la jornada laboral en la historia, porque siempre impacta en los costos. Existimos quienes sostenemos, en cambio, que las empresas siempre están sujetas a variaciones de costos y de precios cuando evolucionan en mercados y que, en diversos tiempos y lugares, incluyendo Chile en la actualidad, han demostrado una suficiente capacidad de adaptación. Para ello reorganizan, con mayor o menor intensidad y velocidad, sus procesos de trabajo para hacer lo mismo en menos tiempo o bien obtener más con lo que se tiene.

Por supuesto, no estamos hablando de imponerle a las empresas situaciones que no les permitan adaptarse, sino de favorecer esa adaptación con otro conjunto de políticas de acceso al crédito, a mercados y a la innovación. A su vez, no debe olvidarse la macroeconomía: si sube el costo salarial de corto plazo en márgenes razonables y lo hacen las remuneraciones reales, este va a ser un estímulo para el consumo que, en condiciones de subutilización de las capacidades instaladas, terminará con una alta probabilidad por mejorar las ventas y las utilidades por efecto de las economías de escala.

Si diversos costos suben y otros bajan, el tema está puesto en la capacidad de las empresas para adaptarse. Nadie objeta este mecanismo. Ahora, cuando el sistema político decide mejorar la capacidad de negociación de los asalariados, subir el salario mínimo o bajar la jornada, eso sí que es inaceptable.

Sin ir más lejos, la devaluación del peso a la que hemos asistido en las últimas semanas va a encarecer los costos de los insumos importados, mientras las rebajas de tasas de interés van a disminuir el costo financiero. Si diversos costos suben y otros bajan, el tema está puesto en la capacidad de las empresas para adaptarse. Nadie objeta este mecanismo. Ahora, cuando el sistema político decide mejorar la capacidad de negociación de los asalariados, subir el salario mínimo o bajar la jornada, eso sí que es inaceptable. Desde el ángulo del empleador, demasiadas pocas veces se considera que es el momento de adaptarse a condiciones más humanas de ejercicio del trabajo o de aprovechar eventuales nuevas fuentes de incremento de la productividad que permite una jornada más breve, incluyendo más espacio para la formación continua.

Una rebaja de 45 a 40 horas de la jornada semanal en 5 años (una hora por año) es una meta razonable de orden civilizatorio, que fue establecida en Estados Unidos en 1940, en los albores de una guerra mundial y cuando la productividad era menor a la chilena de hoy: ese sí que era un “mal momento”. Y no nos cansamos de repetir: el indicador pertinente de productividad es “cuánto produce por hora un trabajador”, independientemente de si esto es atribuible a mayores capacidades, a una mayor intensidad del trabajo (menos café…) o bien a una mayor disponibilidad de capital por trabajador. Desde la rebaja a 45 horas en 2005 y hasta 2018, este indicador ha aumentado, según la OCDE, léase bien, en 25,5%. Lo ha hecho en un 17,5 % desde 2010 y en 3,3%en 2018.  El tema en el Chile de hoy no es que haya disminuido la productividad del trabajo, porque simplemente no es el caso. El tema es si los incrementos de productividad obtenidos van a beneficiar también a los trabajadores o exclusivamente a los empleadores.

La economía en problemas

En La Tercera.com

Según los datos de cuentas nacionales recientemente publicados por el Banco Central, la economía se estancó en el primer trimestre y creció en 0,9% en el segundo trimestre, cerrando un primer semestre con un crecimiento de 1,8%. Recordemos que la previsión de crecimiento contenida en la ley de presupuestos de 2019 es de 3,8%.

¿Mejorará la economía en el segundo semestre, como augura el gobierno, aunque cada vez más tímidamente? Varios datos indican que eso será bastante difícil.

En materia de actividad y empleo, en el corto plazo todo es cuestión de qué ocurre con la demanda agregada y sus tres principales componentes: el consumo, la inversión y las exportaciones netas.

El principal componente de la demanda agregada, el consumo de los hogares, creció en 0,9 y 0,3% en el primer y segundo trimestre respectivamente. El consumo de gobierno lo hizo en 1,2 y 0,6%. Nada indica que los hogares vayan a consumir más o que el gobierno se decida a activar el gasto público corriente.

Por su parte, la inversión cayó en -0,5% en el primer trimestre y creció en 2,6% en el segundo. Esta variable, contrariamente a lo que diagnosticaron el gobierno y el Banco Central, no está teniendo el dinamismo que esperaban y no está empujando el carro de la economía.

Las exportaciones han caído tanto en el primer (-1,9%) como en el segundo trimestre (-1,7%) de 2019, a lo que han contribuido tanto el sector silvoagropecuario como el minero y el industrial, con solo un incremento de 0,8% en las exportaciones de servicios (de tecnologías de información y otros). Las importaciones también han caído (-1,8% y -1,4% en los dos primeros trimestres), pero no lo suficiente como para anular el efecto neto contractivo en la demanda agregada del sector externo. Los mecanismos de transmisión desde el exterior tienen efectos multiplicadores, los que en la actual coyuntura están operando para incrementar las tendencias recesivas existentes en la economía chilena.

La tardía y mínima baja en la tasa de interés del Banco Central en junio (de 3% a 2,5%) no tendrá mayores efectos reactivadores de la inversión y el consumo. La rebaja debió ser más significativa frente a la evidencia de tendencias recesivas. Y el adelanto y aumento de inversiones públicas anunciadas por el gobierno en tres ocasiones sucesivas no ayudará mucho, por su magnitud insuficiente. La falta de reacción contracíclica a la altura del problema a la postre redundará en una más lenta recaudación tributaria y un mayor déficit fiscal por la desaceleración de la actividad.

La economía se reactivó entre el tercer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2108 (para el consumo) y el cuarto de 2018 (para la inversión), después de cuatro años languideciendo. Pero, como se observa, este rebote no duró mucho.

Si la economía chilena quiere volver a crecer a más de 2% al año, se requiere en primer lugar de una reactivación de corto plazo por las vías monetaria (bajando la tasa de interés y ampliando las opciones de crédito) y fiscal (con un mayor gasto en obras públicas y aumentando las pensiones). La fuerte devaluación del peso de las últimas semanas tendrá efectos recesivos que deben ser contrarrestados adicionalmente a la brevedad.

En segundo lugar, se requiere ampliar el producto potencial con fuertes inversiones públicas y privadas. La inversión minera del ciclo alto de precios del cobre ya no volverá con la misma intensidad. Se debe privilegiar ahora la reconversión energética sostenible, en la que Chile tiene enormes ventajas, y el avance rápido hacia una economía circular, para lo que se debe reorientar los mecanismos de apoyo a la innovación. Las erres de reducción del consumo no funcional, de reparación, reutilización y reciclaje de los objetos que se producen en nuestros territorios deben estar presentes en todas las decisiones económicas futuras, junto a mejorar la educación inclusiva, la capacitación y la formación continua de los jóvenes y los trabajadores. El gran cambio debe ser el de optar por fuertes inversiones en infraestructura sostenible y apoyo crediticio para una diversificación productiva sistemática capaz de lograr un nuevo “big push” de inversiones. En palabras de Paul Krugman (1991): “la voluntad de invertir de las empresas depende de sus percepciones que otras empresas harán inversiones, así que el papel de una política de desarrollo es crear la convergencia de expectativas acerca de (que habrá) un alto nivel de inversiones”.

Pero ese es un tipo de política que los tecnócratas de gobierno y los dos últimos presidentes no han estado dispuestos a realizar. Requiere de un cambio político que apoye una estrategia social-ecológica neodesarrollista, de la que las actuales élites empresariales y económicas dominantes no quieren escuchar hablar, porque cuestiona sus certezas. El problema es que esas certezas ya no funcionan, si es que alguna vez lo hicieron. Certezas libremercadistas o de acomodo seudopragmático que, de paso, han dejado la herencia de un país extremadamente desigual y que ha aumentado más que ningún otro de América Latina su huella de carbono. El trasfondo de esta evolución es político: el continuo debilitamiento desde 1990 de las fuerzas dispuestas a trabajar por el “crecimiento con equidad” y por el decrecimiento de la actividad ambientalmente dañina. Por ahí pasó el exitoso copamiento del sistema político por los intereses de la gran empresa.

¿Qué pensar de la socialdemocracia?

En Cooperativa.cl

Recientemente se llevó a cabo un seminario sobre la socialdemocracia europea actual. En ese evento, Beatriz Sánchez declaró que el Frente Amplio debe ser la socialdemocracia chilena.

Por otro lado, con frecuencia personas cercanas a las ideas neoliberales se autoproclaman socialdemócratas, sin estar dispuestas a defender ninguna de sus ideas prácticas, como la negociación colectiva centralizada o altas tasas tributarias que financian un amplio Estado Social. ¿Qué pensar al respecto?

Soy de los que siempre ha sostenido que un proyecto de izquierda pasa primero por estabilizar la democracia representativa y permitir la expansión de la organización sindical y social. Pero sin abandonar, y acelerar en su momento, lo que le es propio estratégicamente.

Su proyecto debe ser "creación heroica" como dijo Mariátegui, es decir necesariamente inédito y propio.

Su base política debe ser una democracia política participativa y descentralizada, no condicionada por las oligarquías económicas sino sustentada en la soberanía popular. La izquierda, si es democrática, debe estar dispuesta a aceptar el principio de mayoría y de alternancia en el poder. Debe rechazar la opción de supresión de las libertades en nombre de la resistencia a las oligarquías y a Estados Unidos y sus afanes de control hegemónico, porque al perder su legitimidad democrática - su única fuente de poder - no hace sino favorecer esos afanes, sin perjuicio de su derecho a defenderse con medios democráticos.

Su base económico-social debe ser una economía mixta en la regulación y la propiedad, con prevalencia del Estado en la expansión del interés público(subsidiariedad al revés: dejar al mercado o a la economía social solo lo que al Estado no le es necesario o muy costoso hacer, en vez de dejar al Estado solo lo que el mercado no puede hacer según la visión neoliberal) en:

1) la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos contracíclica y progresiva orientada a alcanzar el pleno empleo;

2) la fijación equitativa y eficiente de precios claves, salario mínimo y salarios reales públicos, tarifas de servicios básicos, precios ambientales;

3) la determinación de las normas de trabajo, negociación colectiva efectiva y salarios mínimos y de las condiciones de una relación capital-trabajo equitativa;

4) el uso y disposición de los recursos naturales;

5) la planificación estratégica de la economía circular, la agregación sostenible de valor y la inserción en cadenas globales;

6) la planificación de las grandes infraestructuras y de los espacios urbanos y rurales;

7) la promoción de la desconcentración, de la pequeña empresa y de la economía social, solidaria y sostenible, en especial mediante una banca de fomento efectiva;

8) la seguridad social para garantizar pensiones con tasas de reemplazo decente y la provisión universal de salud en condiciones dignas;

9) la educación y formación continua;

10) la provisión de un ingreso básico de inserción social según aumente la productividad y disminuyan los empleos formales con la automatización creciente.

Su base cultural debe ser el reconocimiento de la diversidad y de las libertades individuales, así como la lucha activa contra toda discriminación. Y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Además, debe propiciar la desconcentración de los medios de comunicación para asegurar la diversidad y la pluralidad de las expresiones legítimas existentes en la sociedad.

En todos estos temas hay mucho que aprender de Europa, especialmente de los nórdicos, y del Asia emergente, pero no para trasladar modelos.

La socialdemocracia europea cumplió un gran rol en el siglo XX, pero en el capitalismo financiarizado del siglo XXI perdió su coherencia política al virar Blair, Schroeder y otros al social-liberalismo y también al cambiar su base económica y electoral.

Dejó de representar preferentemente a un mundo del trabajo cada vez más fragmentado y se remitió crecientemente a representar élites transnacionalizadas y a sectores medios profesionales privados y públicos, y pasar de mayorías electorales a minorías en retroceso (como recientemente en Francia, Italia, Grecia y Alemania).

En otras experiencias ha complejizado su rol y llevado a cabo políticas progresistas, como recientemente en Portugal y España, o ha cambiado su orientación como en Gran Bretaña.

Nosotros en Chile no sacamos mucho con reivindicar el modelo socialdemócrata del siglo pasado, aunque cabe valorarlo, sino proponer un proyecto nacional-popular latinoamericano de transformación democrática y social-ecológica. O, para ser un poco más breve, una democracia social-ecológica equitativa y sostenible.

Estamos lejos de alcanzar una democracia de ese tipo, pero siempre en la izquierda es indispensable reivindicar un horizonte. La izquierda, pues esa es su identidad primigenia, no está para limitarse a lo existente.

¿Disminuye el empleo pasar a una semana de 40 horas?

En Voces La Tercera

Las horas semanales de trabajo pasaron de 80 a 60 entre los inicios de la revolución industrial y principios del siglo XX y a alrededor de 40 en la actualidad en diversos países de más altos o más bajos ingresos. La semana legal de trabajo es de 40 horas desde 1940 en Estados Unidos, en Francia es de 35 horas desde 2000 y en algunas ramas de producción industrial en Alemania se ha pactado en 28 horas opcional durante dos años.

Las horas legales de trabajo son un típico arreglo social -como en su momento lo fue el fin de la esclavitud- respecto del cual los economistas tenemos poco que decir en tanto tales, salvo constatar que las horas anuales de trabajo han disminuido fuertemente desde el siglo XIX. Lo han hecho a la par con el aumento de productividad, y esa disminución también ha contribuido a aumentarla.

Como ciudadanos, nuestra opinión no vale más que la de los demás. Muchos economistas en Chile no terminan de entender su rol en la sociedad. Este puede ser a lo más el de procurar evaluar hasta cierto punto las consecuencias de los arreglos sociales. Pero no el de erigirse en sus jueces desde el altar de una seudo-ciencia, la que suele servir a creencias predeterminadas y a intereses particulares.

El argumento según el cual un aumento del costo laboral implica una disminución del empleo es a lo menos simplista. Resulta de la aplicación mecánica de la lógica de curvas de oferta y demanda frente a variaciones de precios. Pero el tema es bastante más complejo. En términos microeconómicos, las empresas enfrentan variaciones de costos de modo permanente, algunas al alza, otras a la baja. Cuando aumenta, por ejemplo, el costo de los insumos importados como consecuencia de devaluaciones de la moneda nacional, o aumenta el costo financiero por alzas en la tasa de interés decididas por el Banco Central, o se producen cambios tecnológicos, el grueso de las empresas se adapta para mantener su rentabilidad y competitividad y otras no lo logran, lo que es parte del proceso económico. La adaptación positiva suele incluir el aumento de la calificación de la fuerza de trabajo, cuyo costo adicional se justifica si el beneficio adicional es superior. Las visiones de este tipo que enfatizan los procesos de innovación y adaptación frente a variaciones del entorno económico e institucional, se conocen como neo-shumpeterianas (en especial con los trabajos de Philippe Aghion).

Cuando estas adaptaciones terminan en aumentos de productividad y competitividad, todo economista de ideología liberal que se precie lo saluda como un éxito. Pero si se trata de aplicar el mismo razonamiento y considerar la hipótesis de una capacidad de adaptación positiva a aumentos del costo laboral por incrementos salariales legales, disminuciones de jornada, aumento del gasto en horas extraordinarias o aumento del costo del despido, entonces la conclusión es lapidaria y no sujeta a duda o a hipótesis alternativa alguna: aumentará el desempleo. Los perjudicados serán los trabajadores. Lo cual contenta de inmediato el discurso de los representantes empresariales. Se cierra el círculo de ese modo una y otra vez, incluyendo repercusiones mediáticas de condena a los que procuran arreglos sociales más equitativos.

Este modo de emitir juicios es del orden de las creencias, no de la ciencia. La ciencia debe a lo menos atenerse a los hechos y considerar metódicamente variadas hipótesis alternativas de las posibles relaciones de causalidad entre variables. En este caso, en materia de efectos posibles de un cambio en alguna variable del funcionamiento económico. Algunos economistas realizan sin rigor cálculos como medir efectos en el empleo de aumentos de salario o cambios de jornada, o bien de cambios tributarios, pero con un pequeño inconveniente: construyen modelos de comportamiento que requieren del uso de lo que la jerga llama “elasticidades” de reacción de una variable respecto de otra. Esto se realiza proyectando evoluciones pasadas, las que suelen no ser lineales y cuyas fuertes variaciones desaparecen en los promedios. Y que por tanto no necesariamente se mantienen en el tiempo. Con mayor frecuencia, simplemente estos economistas construyen su seudo-ciencia aplicando elasticidades convenientes para obtener resultados predeterminados.

En este tema cabe seguir al premio Nobel Robert Solow cuando afirma que “tan pronto como las series de tiempo son suficientemente largas para ofrecer la esperanza de poder discriminar entre hipótesis complejas, la verosimilitud de que permanezcan estacionarias disminuye y los niveles de ruido se hacen correspondientemente altos. En estas circunstancias, un poco de astucia y persistencia pueden proveer casi cualquier resultado que se quiera. Creo que es por eso que muy pocos econometristas han sido alguna vez forzados por los hechos a abandonar una creencia firmemente sostenida”. Y concluye Solow: “los intereses de la economía científica serían mejor servidos por una aproximación más modesta. Hay suficiente para nosotros sin pretender una grado de completitud y precisión que no podemos entregar”.

Cuando no se sigue recomendaciones como las de Solow, simplemente estamos en presencia de la “economía vudú” que practican con frecuencia la legión de economistas conservadores en Chile, que presentan números arbitrarios que dan respetabilidad a meras opiniones o conjeturas, que deben ser consideradas como contrastables con otras opiniones o conjeturas y no como la palabra definitiva sobre nada. El debate público debe acostumbrarse a admitir dosis de incertidumbre en la acción pública, ya sea cuando se conservan o se cambian políticas, y recurrir con mucho más frecuencia al sentido común antes que a supuestos especialistas.

Una ilustración ha sido el tema de las mediciones que se han conocido sobre los efectos en el empleo de la rebaja de 45 a 40 horas de la semana legal de trabajo que está en discusión parlamentaria. Desde luego no se dispone de capacidades de realizar experimentos. A lo más se puede recurrir al pasado reciente: la rebaja de 48 a 45 horas en el gobierno de Ricardo Lagos no produjo ningún efecto identificable de contracción del empleo. Algunos señalan que la rebaja sería ahora mayor y hacen cálculos mecánicos, como el que concluye que la rebaja de 11% de las horas legales trabajadas (de 45 a 40 horas semanales) implicaría un costo laboral adicional de 11%. Sin más trámite, se postula arbitrariamente que no habría ajuste alguno en los salarios o los procesos de trabajo. Se aplica una elasticidad salario-empleo sacada de alguna conveniente serie pasada y se concluye que se perderían cientos de miles de empleos e importantes puntos porcentuales de crecimiento tendencial. No se discute hipótesis alternativas de aumentos de productividad ni realiza sensibilizaciones según distintos valores posibles de las elasticidades salario-empleo y empleo-PIB.

Y además, para lo cual no se necesita ser un keynesiano acérrimo, no se puede dejar de considerar que las condiciones de la demanda efectiva son cruciales para explicar los niveles de empleo en una economía. El principio de la demanda efectiva indica que la producción en el corto plazo se ajusta a la demanda y es dirigida por ella, especialmente si todos los recursos no están siendo utilizados a su máxima capacidad, lo que es la situación más frecuente en las economías de mercado.

Incluso si los asalariados estuvieran dispuestos a disminuir su retribución o aumentar sus horarios de trabajo para preservar su empleo, como recomiendan siempre y en toda circunstancia los economistas neoliberales, esto no tendría efectos si las empresas tienen expectativas de ventas pesimistas, las que se agravarían con el estancamiento o caída de los salarios. Los salarios alimentan la principal fuente de la demanda agregada: el consumo de los hogares. Más aún, para economistas como Giuseppe Bertola y Dani Rodrik, las fluctuaciones cíclicas en el empleo y horas trabajadas son ineficientes, pues sostienen que las regulaciones y “distorsiones” que hacen más difíciles los ajustes de fuerza de trabajo para las empresas y los trabajadores pueden en ciertas condiciones mitigar los perjuicios de las fluctuaciones y mejorar la eficiencia dinámica en la asignación de recursos. La flexibilidad laboral favorece en el corto plazo a diversas empresas, pero les hará más difícil retener a sus mejores trabajadores y perder parte fundamental de su activo. Y puede ser dramáticamente contraproducente desde el punto de vista macroeconómico.

Por ello, muchos economistas no ortodoxos pensamos que los mercados de trabajo deben ser criteriosamente administrados por razones de equidad distributiva y también de eficiencia asignativa, incluyendo la disminución tendencial de la duración legal del trabajo según los aumentos de productividad. La propuesta de disminución de 11% en la semana legal de trabajo, para llevarla al nivel de Estados Unidos en 1940, tiene un fundamento en que el PIB por hora trabajada aumentó en 17,5% entre 2010 y 2018, mucho más que el promedio OCDE, y en 3,3% el año pasado (ver https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm). Ese es el número fundamental que hay que tener en cuenta: el aumento reciente de la productividad del trabajo que hace posible un arreglo social más equitativo en materia de semana laboral.

Cambio climático: ya están en marcha los lobbies

En El Mostrador

Ya se está poniendo en marcha el lobby anti-estrategias contra el cambio climático. Primero fue la descalificación del trabajo de miles de científicos, cuando  emergió, al iniciarse el siglo XXI, un consenso sobre el origen humano del cambio climático en curso —que ya ha alcanzado cerca de 1 °C sobre el nivel preindustrial— y sobre los peligros de la mantención del ritmo actual de emisión de gases con efecto invernadero. Y ahora los intereses empresariales (en Chile la CPC) ya iniciaron su oposición a la meta de neutralidad carbono en 2050.

La magnitud del problema del cambio climático

El factor principal es la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero (de entre seis), que en su mayor parte procede de los combustibles fósiles. Esta concentración pasó de un valor preindustrial de 270-275 partes por millón (ppm) a cerca de 310 ppm hacia 1950, y 380 ppm al iniciarse el siglo XXI, con la mitad del incremento desde la Revolución Industrial habiendo ocurrido en las últimas tres décadas. La información para mayo de 2019 indica que la concentración en la atmósfera ha alcanzado niveles récord, con 410 ppm, lo que representa cerca del 150% de los niveles preindustriales anteriores a 1750. La Organización Metereológica Mundial (OMM) ha alertado que “la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable fue hace entre tres y cinco millones de años: la temperatura era entre 2 y 3 grados más alta y el nivel del mar era 10 o 20 metros mayor que el actual”. 

Las emisiones de CO2 por la actividad humana se estancaron durante 2014 y 2016, lo que no ha supuesto que dejara de aumentar la concentración de CO2 equivalente en la atmósfera, pues no existe una relación exactamente lineal entre emisiones y concentración. Sin embargo, en 2017 aumentaron en 1.6% y en 2018 en más de 2%. La OMM concluye que “el constante aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante el periodo de observación, a partir de 1970 y hasta la actualidad, es consistente con el observado aumento de las temperaturas globales promedio en el mismo periodo”. En 2017, según el Global Carbon Project, los principales emisores de CO2 fueron China (9 839 toneladas métricas), Estados Unidos (5 270), la Unión Europea (3 544), la India (2 467), la Federación Rusa (1 693) y Japón (1 205). En América Latina, los principales emisores fueron siete países: México (490), Brasil (476), Argentina (204), Venezuela (160), Chile (85), Colombia (81) y Perú (65).

Los datos son lapidarios. Los años 2015 a 2018 han sido los más cálidos jamás registrados. En el conjunto de las superficies terrestres y oceánicas mundiales, la temperatura de enero a junio de 2019 fue, junto con la registrada durante el mismo período de 2017, la segunda más alta de los últimos 140 años y la del mes de julio la más alta jamás registrada. La realidad del fenómeno ya no es puesta en duda. El tema es ahora la magnitud de los efectos y de las acciones remediales a realizar.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el efecto del cambio climático sobre la biosfera sería incrementar la desestabilización del clima, con épocas de lluvias y sequías más prolongadas, huracanes más intensos y otros impactos como consecuencia del daño a los ecosistemas, incluyendo la deforestación, la desertificación y un sustancial incremento en la tasa de extinciones de especies. Esto daría lugar a que la actual ola de extinciones de especies provocada por las sociedades humanas se transforme en el sexto gran evento de extinción que ha conocido la tierra. A su vez, se aumentaría la acidificación de los océanos, incidiendo en la calcificación de organismos como los corales y arrecifes, aunque su respuesta biológica es compleja. Este único factor puede cambiar sustancialmente los ecosistemas marinos.

El informe del IPCC de octubre de 2018 advierte que las políticas actuales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero llevarían el calentamiento global a 3 °C hacia finales del siglo y que es probable que se alcance un aumento de 1.5 °C entre 2030 y 2052 si se mantiene el ritmo actual de emisiones. En el periodo de enero de 1993 a diciembre de 2018, la velocidad media de subida del nivel del mar fue de 3.15 ± 0.3 mm año y la aceleración estimada de 0.1 mm año. La pérdida acelerada de masa de hielo es la principal causa del incremento en el ritmo de elevación del nivel medio del mar a escala mundial. El aumento de entre 2 y 5 °C en las temperaturas tendría efectos más agudos aún sobre el aumento del nivel del mar y sobre la migración de especies en la tierra y los mares, con consecuencias en cascada en ecosistemas completos, en particular por la cadena alimentaria de las especies. 

Si ya en la actualidad se constata que, a pesar de los esfuerzos de protección de las plantas, se pierde un tercio de la producción de granos por pestes de insectos, patógenos y malezas, un estudio (Deutsch et al., 2018) pronostica que el aumento de las temperaturas provocará una pérdida —especialmente en las regiones de clima templado— de los rendimientos en la producción de maíz, trigo y arroz de entre 10% y 25% por grado adicional de aumento de la temperatura. La pérdida de rendimiento en el caso de dos grados de aumento sería de 31% para el maíz, de 19% para el arroz y de 46% para el trigo, respectivamente unos 62, 92 y 59 millones de toneladas menos disponibles para alimentar a unos 4 000 millones de personas que reciben de estos granos dos tercios de sus aportes energéticos. Matthew Smith y Samuel Myers (2018) estiman, además, que se produciría una pérdida de entre el 3% y el 17% del contenido nutricional del arroz, las papas y el trigo, al absorber menos nutrientes del suelo, como zinc, hierro y proteínas por la presencia adicional de dióxido de carbono en la atmósfera. 

El Acuerdo de París de 2015 busca limitar el calentamiento global a menos de 2 °C sobre la etapa preindustrial y se ha planteado el objetivo más ambicioso de limitarlo a 1.5 °C. No obstante, el Acuerdo promete sólo un tercio de lo que se necesita para evitar los peores impactos del cambio climático. De los 195 países que tomaron parte del Acuerdo de París, 169 lo han ratificado, pero Estados Unidos se retiró de él en 2017. Este país representa el 15% de las emisiones actuales y una proporción mucho mayor de las emisiones acumuladas. Incluso con la plena aplicación de los planes nacionales —condicionales e incondicionales— es muy probable un aumento de la temperatura de al menos 3 °C para el año 2100, lo que significa que los Gobiernos deberán hacer una sustancial revisión (está programada para 2020). 

El IPCC sostiene que las emisiones netas (la suma de las emisiones menos la absorbida por sumideros naturales y tecnológicos) de CO2 deben reducirse a cero en 2050 para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados.  Esto supone una disminución para el 2030 del 45% de las emisiones de CO2 respecto al nivel de 2010. En  2050, esas emisiones  deben mantenerse por debajo de lo que se pueda retirar de la atmósfera. Según ONU Ambiente, debe  dejarse atrás las energías fósiles y mantener en el subsuelo entre el 80% y el 90% de las reservas conocidas de carbón, un tercio de las de petróleo y la mitad de las de gas natural. Éstas son las fuentes de 4/5 de la producción mundial de energía primaria y de 9/10 de las emisiones de dióxido de carbono.

El IPCC sostiene que para poder cumplir la meta de 1.5 grados adicionales hacia el 2100, se requiere que en 2050 entre el 70% y el 85% de la electricidad sea de origen renovable y libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En el transporte, el informe apunta a que la cuota de energías bajas en emisiones debe pasar del 5% previsto en 2020 a entre el 35% y el 65% en 2050. En la industria, las emisiones de CO2 deberán ser entre un 75% y un 90% inferiores en 2050 respecto a los niveles de 2010. Según  ONU Medio Ambiente (2018), las emisiones de todos los gases con efecto invernadero no deberían superar las 40 gigatoneladas (Gt) de CO2  equivalentes en 2030 para tener un 66% de probabilidades de cumplir la meta de los 2 °C. Para mantener el calentamiento del planeta por debajo de 1,8 °C con una probabilidad de en torno al 66%, las emisiones mundiales de GEI en 2030 no deberían superar las 34 Gt CO2. Finalmente, para tener un 66% de probabilidades de contener el incremento de la temperatura por debajo de 1,5 °C en 2100 (sin rebasar los objetivos o solo levemente), las emisiones mundiales de GEI en 2030 no deberían superar las 24 Gt CO2.

El consumo individual es responsable del 64% de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero, mientras que el 36% restante se atribuye al consumo de los Gobiernos, las inversiones (por ejemplo, en infraestructura) y el transporte internacional. Una estimación de la magnitud del desafío indica que, si se pretende mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C hacia 2050, las emisiones per cápita no deberían superar 2.1 tCO2 al año (Seth Wynes y Kimberly Nicholas, 2017). Pero un individuo que come carne y realiza un viaje aéreo transatlántico al año emite 2.4 tCO2. Las estimaciones disponibles indican que las emisiones per cápita de la población mundial son del orden de 3.4 toneladas de CO2, pero que las del 10% más rico son de 17.6 toneladas de CO2 y las del 50% más pobre de la población mundial de 1.6 toneladas de CO2. Las emisiones totales del 10% más rico son casi cinco veces superiores al total de emisiones del 50% más pobre (Oxfam, 2015). La población con más carencias emite sustancialmente menos CO2 que la de altos ingresos, de la que debe provenir el principal esfuerzo de responsabilidad en el consumo.

La urgencia de una rápida transformación

Lo que se requiere, entonces, es una rápida transición para sacar a la humanidad de la actual era de la combustión, y esa transformación no se debe hacer porque se agoten los combustibles fósiles —el carbón, el petróleo y el gas natural—, sino porque esa alternativa permitirá evitar el cambio climático a costos cada vez más alcanzables. El gran salto dependerá del cambio en los hábitos de consumo, del uso masivo de energías renovables no convencionales y del desarrollo de baterías que permitan almacenar electricidad cuando no sople el viento o no haya sol o suficiente agua en los embalses. Por ello Chile se ha sumado poco a poco a la meta de la neutralidad carbono hacia 2050.

Pero ya se observan las reacciones de los intereses privados. La Confederación de la Producción y el Comercio, sin ir más lejos, asegura en nuestro país que el proyecto de ley pondría un acento exclusivo en la mitigación y no en la adaptación y que la meta de carbono neutralidad en 2050 no consideraría las condiciones necesarias para asegurar el resultado en el tiempo. Estos son los mismo debates que se están dando en otras partes, como en Gran Bretaña, país que recientemente se ha comprometido con el mencionado objetivo.

Como subraya el experto británico Adair Turner (2019),”los detractores en el Parlamento solicitaron un mayor análisis de costos y beneficios antes de asumir semejante compromiso; y el economista y premio Nobel William Nordhaus sostiene que este análisis demuestra un ritmo óptimo de reducción mucho más lento”. El modelo de Nordhaus sugiere limitar el calentamiento a 3,5°C en 2100, situando el objetivo de emisiones netas de carbono cero para mucho después de 2050. Turner indica que “es imposible modelar muchos de los riesgos más importantes. El calentamiento global producirá cambios importantes en los ciclos hidrológicos: habrá lluvias más extremas y sequías mucho más severas. Esto tendrá serios efectos adversos en la agricultura y el sustento en lugares específicos, pero los modelos climáticos no nos pueden decir con anticipación y de manera precisa dónde serán más agudos los efectos regionales. Los efectos adversos iniciales a su vez podrían producir una inestabilidad política que se retroalimenta e intentos de migración en gran escala”. Un calentamiento de 3,5°C por encima de los niveles preindustriales nos llevaría a temperaturas globales nunca vistas durante más de dos millones de años, mucho antes de que hubieran evolucionado los seres humanos modernos, lo que crea un gran riesgo de amenazas catastróficas para la vida humana en la Tierra. Sería simplemente una irresponsabilidad con los jóvenes de hoy y con las nuevas generaciones, pues cuánto más alta sea la temperatura alcanzada, mayor será la probabilidad de un calentamiento incontrolable. Sigue Turner: “los costos económicos de alcanzar una neutralidad de carbono para mediados de siglo también son inciertos. Pero podemos estimar su orden máximo de magnitud con mucha más confianza de la que se tiene cuando se evalúan los costos de los efectos adversos del cambio climático”. Sin considerar las mejoras tecnológicas, el costo total de descarbonizar la economía global no excedería el 1-2% del PIB mundial. En las licitaciones de energía competitivas del mundo real, los proveedores de energía solar y eólica ya están suministrando electricidad a precios inferiores al costo de la generación con combustibles fósiles. Los costos bajarán con compromisos significativos para reducir las emisiones, pues impulsarán el progreso tecnológico y acelerarán los efectos de curva de aprendizaje. 

Concluye Turner, y muchos otros economistas, que Emisiones Cero en 2050 es un objetivo económicamente racional. No debe abandonarse, como ya proponen los representantes de la gran empresa, en la ley marco que normará el tema en Chile, teniendo a la vista la próxima reunión entre el 2 y 13 de diciembre de la Conferencia de las Partes (COP 25) de Naciones Unidas, cumbre sobre el cambio climático que reúne periódicamente a los representantes de alto nivel de 197 países. De lo contrario, quedará probado que no vivimos en una democracia, sino en una plutocracia, es decir bajo un régimen de gobierno de y para los más ricos.

Las izquierdas entre crisis y futuros posibles

Voces La Tercera

¿Podrá la actual oposición ser una alternativa a la continuidad de la derecha en el gobierno después de 2022? El pronóstico es reservado y los tiempos son cortos, pero no es imposible. Y en ese desafío el rol de las izquierdas  y de los progresistas de diversa inspiración es crucial. Por mucho que los partidos de izquierda estén hoy en crisis por causas diversas, siguen siendo la base de una amplia alternativa posible al neoliberalismo -el de la acción colectiva mínima y el del individualismo máximo- y a la sociedad desigual, discriminadora y depredadora en que vivimos.

La fuerte derrota presidencial de Alejandro Guillier en 2017 (probablemente explicada por la suma de la falta de suficiente imagen gubernamental del candidato y por el pasivo del último período de gestión de Michelle Bachelet), se acompañó de un muy buen resultado parlamentario de las izquierdas. Estas obtuvieron un 47% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2017, si se suma la izquierda cercana al centro (PR-PS-PPD, con 20% de los votos), la nueva izquierda emergente (Frente Amplio, con 17%) y la más ecléctica actual alianza PC-PRO-Regionalistas (con 10%). Este resultado pone a estas fuerzas como opción eventual para disputar el gobierno en 2022, incluso si la DC (con 10% de los votos en 2017) mantiene el camino propio o privilegia una alianza hacia la derecha. Pero también la derrota presidencial ha provocado, como era esperable, un largo proceso de decantación de posiciones y de crisis variadas en los partidos, y en especial el fin de la Nueva Mayoría, que sumó para gobernar sin coherencia a la Concertación y al PC, en el contexto de la emergencia de nuevas fuerzas y alianzas que reconfiguran el cuadro político tradicional.

El resultado de este proceso es aún incierto. Una hipótesis es que el PR, PPD y PS consoliden un bloque que busque recomponer la Concertación, como si no hubieran pasado 30 años, y privilegien la relación con una DC que ahora pacta con la derecha y veta toda articulación hacia su izquierda. Si a esta conducta política se sumara la de un Frente Amplio que persistiera en no articularse con nadie, como parece ser su principal reflejo identitario,  entonces habría un escenario político y electoral en el que una derecha básicamente unida enfrentaría a tres bloques separados y confrontados (la ex Concertación, el Frente Amplio y la Unidad por el cambio del PC, Pro y Frevs). El resultado sería muy simple: la derecha podría seguir gobernando por largo tiempo en beneficio de las minorías económicamente privilegiadas que representa.

Un punto de partida para un escenario distinto podría ser un diálogo entre el Frente Amplio y la Unidad para el Cambio (coaliciones que seguramente tendrán listas distintas a concejales pero tal vez puedan ponerse de acuerdo en apoyos mutuos en precandidaturas a Alcaldes y Gobernadores Regionales). A partir de ahí, estas dos agrupaciones podrían pactar con el PR, PPD y PS candidaturas de apoyo mutuo o simplemente omisiones en las candidaturas territoriales para sumar fuerzas para que la derecha no arrase en la elección de Alcaldes y Gobernadores Regionales y consolide una nueva opción presidencial. En una última etapa, esto podría llevar a acuerdos por omisión con la DC, si esta acepta salir de su camino propio y reunir fuerzas contra la derecha. En diversos casos, recurrir a primarias podría dirimir las controversias.

Pero evidentemente este no es un tema de sumatorias abstractas, sino de una clarificación política de más largo plazo.

El gran desafío para una parte de la izquierda es tomar distancia de manera perentoria con el tradicional clientelismo, tan arraigado en el sistema político chileno desde el siglo XIX. A este jamás hay que mimetizarse, aunque pudiera reportar ventajas de poder de corto plazo. Y ser tajantes con cualquier tipo de práctica corrupta de los pillos que desgraciadamente nunca faltan en toda organización inserta en la sociedad. En el bloque del PC, Pro y Regionalistas, si los dos primeros partidos no cambian o morigeran sus alineaciones internacionales que en ocasiones los llevan a defender lo indefendible, dificilmente podrán ser un factor de articulación contra las políticas neoliberales, aunque la dirección del PC ha sido clara en condenar las violaciones a los derechos humanos en todas partes y se ha abierto a un saludable debate sobre estos temas en una fuerza política tradicionalmente jerárquica. En el Frente Amplio, el desafío parece ser mantener el frescor de su irrupción innovadora original y no seguir por el camino de ir replicando la mayoría de los defectos de sus predecesores en la izquierda y muy pocas de sus virtudes.

Sin un debate de fondo y sin clarificaciones sustanciales, las izquierdas y los progresismos -nunca ha habido una sola izquierda desde su nacimiento en el siglo XIX- no podrán expandir su capacidad de defender con diversidad y tolerancia en su seno proyectos de sociedad asociados a alguna idea del interés general y del interés de la mayoría social. Su mundo no debe ser el de sus estructuras internas y los conflictos de poder, hoy ensimismadas con la ayuda de la cultura de las redes sociales que encierran en vez de oxigenar, sino el amplio mundo constituido por las clases trabajadoras, los sectores medios subordinados, el mundo de la cultura y los diversos grupos excluidos y discriminados. Y poner por delante fines colectivos en medio de la sociedad narcisista del Yo y mis circunstancias, como la prevalencia del Estado de derecho contra la arbitrariedad, la democratización del poder político y la socialización de al menos una parte sustancial del poder económico para fines de reducción de la desigualdad, de expansión del bienestar social y de preservación ecológica y de la calidad de vida en los territorios. Esto requiere del difícil ejercicio político cotidiano de subordinar los intereses privados y específicos al interés público y de articular las acciones del presente con los posibles horizontes futuros.

Algunos insisten en que nada de esto tiene sentido, y menos buscar articulaciones de las izquierdas. Repiten aquello de dar por superada a las izquierdas y a los progresismos dado que serían anticuados. Cabe preguntarles si lo serían porque proponen una nueva constitución que establezca derechos más allá del mercado. O porque proponen mantener Codelco y los recursos naturales bajo dominio del Estado. O porque proponen no desregular el (aún excesivamente informal) mercado de trabajo ni la (escasa) protección del ambiente, sino al revés, potenciar regulaciones apropiadas que provean flexibilidad en ciertos casos pero sobre todo seguridad y apoyo a la mayoría que vive de su trabajo. O porque proponen un sistema público de educación, salud y pensiones al margen del mercado, es decir un significativo “salario indirecto” para las mayorías de bajos ingresos. O porque debaten  sobre una necesaria reconversión productiva en la que prevalezcan la diversificación y  la economía circular, guiadas por el Estado frente al cambio tecnológico y la automatización en gran escala en un mundo cada vez más incierto dominado por la pugna de largo plazo  entre Estados Unidos y China y en la que se expanda la economía social y solidaria y las articulaciones latinoamericanas de cadenas de producción y de infraestructura. Y que debaten sobre la pertinencia y la extensión posible de un ingreso básico universal que garantice derechos frente a las antiguas y nuevas realidades del trabajo.

La recurrida letanía  de situarse por encima de izquierdas y derechas, en particular  porque las izquierdas estarían obsoletas, es un camino intentado históricamente por muchos y en Chile recientemente por actores políticos autodenominados liberales. Tienen todo el derecho a hacerlo, aunque con frecuencia terminan aliados de la derecha, pero eso no los constituye en salvadores de la patria por obsolescencia de los demás. Son una opción más y punto. Pero lo que a Chile le hace verdaderamente falta es una reagrupación de las izquierdas y los progresismos, incluyendo los de que vienen del mundo popular de raigambre cristiana, con nuevas ideas pero con lealtad a muchas de sus viejas y honorables banderas, y en especial la de privilegiar el principio de la igualdad para hacer posible la libertad real de todos y no solo de minorías privilegiadas. Y que defienda con eficacia los intereses del mundo del trabajo y de la cultura y el derecho de las nuevas generaciones a vivir en un ambiente resiliente. Esos intereses y principios, por mucho que el mundo haya cambiado sustancialmente y su propia sobrevida esté en cuestión, siguen siendo básicamente los mismos de siempre, porque tienen que ver, en nuevas circunstancias, con la condición humana y sus dilemas.

El agotamiento del modelo económico y las opciones alternativas

En Cooperativa.cl

Parece haber terminado la ilusión del actual gobierno de lograr un buen crecimiento por el solo hecho de hacerse cargo de la administración con una orientación pro-empresarial. Se suponía que ese crecimiento facilitaría, además, la gobernabilidad. Y una suerte de proyección automática en el poder frente al fin de la coalición mayoritaria que gobernó en el pasado, hoy dividida y sin capacidad de proponerle al país reformas institucionales, económicas y sociales creíbles y que inspiren una oposición constructiva. 

Por la fuerza de los hechos, sin embargo,  la idea según la cual los mercados resuelven los principales problemas de las sociedades humanas se encuentra en retroceso.

Sin control democrático, los mercados agravan hoy tres de los problemas sociales básicos: la incapacidad de creación de empleo suficiente y decente en contextos de cambios tecnológicos acelerados, las desigualdades injustas que llevan a que muchos vivan en medio de grandes carencias evitables, y la depredación de los ecosistemas. 

No obstante, el neoliberalismo se ha arraigado en Chile desde los años setenta de un modo inusual, al punto que en la derecha todavía persiste la idea de Von Hayek según la cual lo único que vale es liberalizar los mercados, para lo cual incluso las dictaduras se justificarían. El mantra es la libertad económica, aunque sea al precio de la desigualdad, la concentración y la depredación, es decir la pérdida de la libertad real.

Una música de fondo de ese tipo es la que se ha escuchado en los alegatos empresariales  frente al no avance en el parlamento de la contra-reforma tributaria y laboral o del proyecto de fortalecimiento de las AFP.  

Otros, que adhirieron en el pasado a modelos económicos no liberales, hoy piensan que no hay mucho que hacer frente al capitalismo, es decir la acumulación privada ilimitada de capital como motor económico. Supuestamente no habría otras alternativas. En la historia contemporánea, a partir de la extensión de la economía de guerra previa a la revolución rusa de 1917, sí ha existido una alternativa al capitalismo consistente en la estatización generalizada de los medios de producción y la fijación centralizada de precios y cantidades a producir. Algunos aún denominan ese esquema como socialismo y otros como autoritarismo de economía centralizada. Esa fue - todavía sobrevive marginalmente en algunas partes o intenta instaurarse en otras - una organización económica dominada por una clase burocrática con algunos resultados sociales pero con nuevos privilegios y una notoria falta de dinamismo económico. Demostró no tener una vocación socializadora, pues no otorgó a los trabajadores poderes de decisión en la gestión de las empresas y en la orientación general de la economía. Por eso es impropio otorgarle el nombre de socialismo a los regímenes de centralización burocrática. Estos demostraron, además, no tener ninguna vocación ecológica: la matanza generalizada de ballenas en la URSS para cumplir el plan en materia de pesca o el fin del mar de Aral  para producir algodón fueron emblemáticas. Esos regímenes deben ser desechados como alternativa deseable. Con ellos en el siglo XX se pasó de una opresión a otra, de una destrucción a otra. 

Pero también emergieron compromisos socialdemócratas que moderaron las crisis y disminuyeron las desigualdades mediante diversas formas de Estado de bienestar, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de 1929. Aunque con importantes resultados en una primera etapa, no lograron contrarrestar los efectos de la globalización capitalista acelerada a fines del siglo XX y la irrupción de las economías emergentes asiáticas, el gran fenómeno de la economía contemporánea.

Los proyectos progresistas del siglo XXI deben ir más allá, dado el actual contexto global y las nuevas amenazas, y propiciar una amplia transformación social y ecológica. Deben insistir en construir espacios regionales protectores con más integración de las políticas comerciales y de inversión para ganar autonomía relativa y defender estándares sociales y ambientales en la globalización. Y proponerse emancipar a la mayoría social de las tres estructuras principales que la oprimen o amenazan: la de la dominación política de un grupo o clase minoritaria sobre el resto, la de la dominación del capital sobre el trabajo y la del uso indiscriminado por el capital de los recursos de la naturaleza. 

Una primera gran tarea es que la democracia no retroceda ante la ola autoritaria que utiliza los temores y la inseguridad que crea el propio liberalismo globalizador.

El progresismo y la izquierda deben reafirmar el principio de igualdad efectiva de oportunidades y el de reciprocidad más allá del mercado “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón” (Gerald Cohen).

Para volver a ganar legitimidad, las instituciones deben avanzar en calidad y probidad y descentralizarse con más democracia territorial. Y producir mejores resultados sociales.

El progresismo debe promover la igualdad de género y encabezar la construcción de mecanismos de seguridad económica con derechos laborales efectivos y una fuerte protección social basada en compensaciones suficientes ante el desempleo, la enfermedad, la vejez y la pobreza. Y favorecer una inmigración ordenada y con derechos. 

Lo anterior supone más dinamismo y avanzar a una economía mixta innovadora. Se debe estimular la investigación y el desarrollo tecnológico y la creación generalizada de empleos decentes. En las actividades lucrativas, el capital privado debe ser gobernado social y ecológicamente por instituciones democráticas efectivas en materia de diversificación y desconcentración productiva, de negociación colectiva, de participación laboral en la empresa y de redistribución del ingreso.

Y también de transición a una economía circular, con resiliencia ecosistémica y un consumo funcional y responsable. Para avanzar a la economía circular, cada tipo de actividad debe pagar el costo efectivo del tratamiento y reciclaje de sus desechos. Pero se debe partir por el principio: cambiar el actual modelo de consumo, con alimentos industriales, embalajes plásticos generalizados, automóvil individual en ciudades segmentadas y extendidas, obsolescencia programada de los equipamientos. Todo esto es dañino para la salud humana y destructor de los ecosistemas. Para avanzar a un modelo de consumo funcional es cada vez más imperativo  actuar contra la epidemia de obesidad infantil dificultando el acceso y encareciendo la comida chatarra a través de un impuesto especial que se use para subsidiar parte de una alimentación institucional (Junaeb y casinos de empresas) basada en alimentos saludables y ecológicos. La información no basta.

A la vez se requiere ampliar las alternativas al automóvil individual mediante un transporte público de calidad basado en la electricidad. Se avanza en la materia, pero a paso muy lento, mientras las ciudades son cada vez más invivibles, el aire más irrespirable y los tiempos de transporte cotidiano más largos. Como parte de una política territorial de efectos de largo plazo, es necesario estimular una mayor cercanía física de vivienda familiar, escuelas, servicios públicos y trabajo, disminuyendo además la segmentación social de las ciudades y ampliando el trabajo domiciliario con uso intensivo de tecnologías de la información al menos algunos días de la semana.

Esto requiere de autoridades metropolitanas fuertes ("alcaldes mayores" con competencias de ordenamiento urbano y territorial) al menos en Santiago, Valparaíso-Viña, Concepción-Talcahuano y otros lugares del país. En paralelo y en el corto plazo, se debe realizar una mayor inversión en sistemas de transporte rápido urbano y suburbano. Un dato: un tren de 150 metros puede transportar 3.000 personas, lo mismo que 2.600 automóviles, equivalentes a un taco de 11,5 kilómetros. La meta debe ser construir vías exclusivas reales para buses eléctricos, tranvías y metros en las principales aglomeraciones, de modo que ningún habitante urbano esté a más de 500 metros de un paradero o estación.

Esto tiene un costo, financiable con impuestos (el impuesto especial a los combustibles debiera aumentarse en el caso del diesel y destinarse íntegramente a estos fines), tarifas y endeudamiento de largo plazo, pero el esfuerzo vale la pena (y es además en la mayoría de los casos "socialmente rentable" en términos de evaluación de proyectos) si se considera que lo que está en juego es la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. 

La economía lucrativa debe entonces limitar con el interés general y coexistir con agencias estatales proveedoras de servicios públicos fortalecidos y no disminuidos, con empresas públicas estratégicas y con un amplio tejido de economía social y solidaria.

Un Estado democrático probo y profesional, no capturado por los intereses corporativos, debe ampliar los tributos redistributivos y regular más precios y tarifas claves tanto para asegurar la sostenibilidad como evitar la generación de rentas ilegítimas.  

Las alternativas al neoliberalismo existen, aunque las corporaciones privadas dominantes y sus representantes políticos pongan el grito en el cielo. Y en Chile no se harán efectivas si persiste el limbo programático que se ha generalizado en la actividad política - y especialmente en el campo progresista, pues para la derecha los programas nunca tuvieron demasiada importancia frente a los intereses a defender - para supuestamente seducir electorados múltiples con un discurso plano.

El resultado ha sido otro: la generalizada pérdida de credibilidad de los ciudadanos que no adhieren a la sociedad del privilegio que ofrece la derecha, pero que observan que sus representantes políticos parecen estar más al servicio de si mismos y no confluyen ni defienden suficientemente los valores, ideas e intereses de la mayoría social.

Sobre las reformas tributaria y previsional

En Cooperativa.cl

Dado que están activamente en curso sendas negociaciones sobre impuestos y sobre el sistema de pensiones entre el gobierno y parte de la oposición, tal vez tenga sentido contrastar sus posibles resultados con lo que podría ser un mejor sistema tributario y un mejor sistema previsional.

En materia de impuestos, lo razonable sería que se separara integralmente, como en Estados Unidos, la tributación de las utilidades (devengadas) de las empresas - necesaria para financiar las infraestructuras y las capacidades humanas sin las cuales no hay actividad productiva de empresa alguna - de la tributación de los ingresos personales provenientes de utilidades retiradas desde las empresas por sus dueños.

Las tasas de estos ingresos personales deben ser siempre más altas tanto para estimular que las utilidades se reinviertan y no se retiren para fines de consumo como para redistribuir los ingresos, en tanto los ingresos salariales bajos no sean tributables.

Las tasas planas a todos los ingresos a lo Milton Friedman no permiten ni estimular la inversión ni redistribuir ingresos.

La tasa aplicada a las utilidades devengadas debiera ser menor que la actual para aquella parte que sea reinvertida en capacitación y en actividades de economía circular -especialmente en los territorios más desfavorecidos - y en innovación energética renovable, para así aumentar la inversión y al mismo tiempo estimular un crecimiento sustentable y con valor agregado basado en conocimiento, mayores capacidades humanas e innovación mejor distribuidos social y territorialmente. Lo mismo debe ocurrir con la depreciación acelerada, que debiera ser selectiva y solo aplicable a las inversiones mencionadas.

Las regalías (royalty) mineras y las aplicadas sobre los recursos naturales debieran subir sustancialmente cuando el margen de explotación aumente más allá de 10%, para evitar utilidades sobrenormales que no tienen justificación productiva alguna y que constituyen un renta no empresarial que pertenece a los dueños de los recursos, es decir todos los chilenos/as.

La tasa marginal del impuesto a la renta personal sobre 10 millones de pesos mensuales debiera subir al 50% (nivel de 1989) y al 65% (nivel que no desestimula la actividad según economistas como Krugman y Diamond y Sáez) sobre 20 millones al mes, para contribuir a una mayor equidad distributiva en uno de los países más desiguales del mundo.

Se debe fortalecer las capacidades tributarias y la autonomía de regiones y comunas para fijar tasas y ampliar la base tributable en materia de impuesto territorial de bienes raíces y de patentes mineras, industriales y comerciales, compensando más a los territorios más pobres con los recursos de los más ricos en un país con enormes desigualdades territoriales que se agregan a las desigualdades sociales.

En materia previsional se discute introducir mecanismos de solidaridad, pero sin claridad suficiente respecto de quién la realiza y quién la recibe. Si es una solidaridad de todos los cotizantes (ingresos provenientes de la planilla de salarios) hacia otros asalariados, deja afuera el aporte de los ingresos del capital, hoy por hoy recaudados, aunque insuficientemente, por el sistema tributario. Sería una solidaridad entre trabajadores solamente.

Es más lógico que la solidaridad intrageneracional se produzca a través de la Pensión Solidaria y los Aportes Previsionales Solidarios financiados por impuestos, con aportes de los ingresos del trabajo y también del capital.

En un enfoque de solidaridad sustancial de ese tipo, la pensión básica debiera aumentar progresivamente y alcanzar un gasto presupuestario de hasta un 5% del PIB, como en Nueva Zelandia.  

Dicho sea de paso, hoy en Chile el gasto en pensiones de las fuerzas armadas es de 0,9% del PIB y el de pensiones solidarias de 0,8 % del PIB. La reforma tributaria debiera contemplar el financiamiento de un aumento mayor que el previsto de la pensión básica aumentando la tributación a los ingresos del capital en los términos reseñados.

La clave es que la recaudación para pensiones no es propiamente solidaria, en las condiciones de la distribución del ingreso en Chile, si solo la financian las cotizaciones salariales, además con un tope, y no se agrega una contribución de los ingresos de capital, como es el caso de la Contribución Social Generalizada existente en Francia.

Por otro lado, si además se quiere establecer un mecanismo de solidaridad intergeneracional entre cotizantes, ésta puede operar con fórmulas como la sueca, a través de cuentas individuales en las que se registra el historial de cotizaciones de cada trabajador.

La suma da derecho al jubilarse a una pensión financiada por la recaudación en cada período proveniente de las cotizaciones salariales obligatorias. Esta indexación de los derechos adquiridos por cotizar en el pasado con la masa salarial en el presente, constituye una solidaridad entre generaciones que, al mismo tiempo, evita desequilibrios por el envejecimiento futuro. Nada impide que el 4% adicional se pueda utilizar para este fin con un mecanismo de reparto como el mencionado.

Está sobre la mesa la idea de un “ente público” que mantenga la capitalización del 4% adicional de cotización salarial imputada al empresario, administrados por privados distintos de las AFP.

Se plantea, además, una especie de extensión del seguro de invalidez y sobrevivencia y del seguro en caso de pérdida de autonomía que propone el gobierno. para aumentar la pensiones de las personas de más edad.

Eso sería socialmente muy regresivo, pues pagarían la misma prima personas que vivirán más y otras menos, casualmente las más pobres. Estudios para comunas de Santiago indican un diferencial de esperanza de vida de unos 8 años, lo que es enorme.

Y si no hay margen para otra cosa con el actual gobierno, entonces al menos la entidad pública debiera poder optar a administrar directamente el 4% y también el 10% hoy existente, junto a las Cajas de Compensación y otras entidades propuestas por el gobierno para el 4%, y así incentivar una mayor competencia que pudiera bajar las comisiones.

Se establecería de ese modo una alternativa pública que terminaría con el monopolio de las AFP, la que se prolonga desde 1981 con pésimos resultados en materia de tasa de reemplazo de ingresos previos por pensiones.

Tal vez tenga sentido que al menos se concrete en esta reforma un nuevo servicio público que cumpla con la tarea de bajar las comisiones en el 14% de cotización obligatoria, realizar una atención preferente de los grupos vulnerables y fiscalizar las cotizaciones para aumentar la protección de todos en la vejez.

El actual gobierno no está, al parecer, en condiciones de aprobar su proyecto original y debiera aceptar una institucionalidad pública que en el futuro pudiera hacerse cargo de la solidaridad intergeneracional en materia de pensiones.