Las horas semanales de trabajo pasaron de 80 a 60 entre los inicios de la revolución industrial y principios del siglo XX y a alrededor de 40 en la actualidad en diversos países de más altos o más bajos ingresos. La semana legal de trabajo es de 40 horas desde 1940 en Estados Unidos, en Francia es de 35 horas desde 2000 y en algunas ramas de producción industrial en Alemania se ha pactado en 28 horas opcional durante dos años.
Las horas legales de trabajo son un típico arreglo social -como en su momento lo fue el fin de la esclavitud- respecto del cual los economistas tenemos poco que decir en tanto tales, salvo constatar que las horas anuales de trabajo han disminuido fuertemente desde el siglo XIX. Lo han hecho a la par con el aumento de productividad, y esa disminución también ha contribuido a aumentarla.
Como ciudadanos, nuestra opinión no vale más que la de los demás. Muchos economistas en Chile no terminan de entender su rol en la sociedad. Este puede ser a lo más el de procurar evaluar hasta cierto punto las consecuencias de los arreglos sociales. Pero no el de erigirse en sus jueces desde el altar de una seudo-ciencia, la que suele servir a creencias predeterminadas y a intereses particulares.
El argumento según el cual un aumento del costo laboral implica una disminución del empleo es a lo menos simplista. Resulta de la aplicación mecánica de la lógica de curvas de oferta y demanda frente a variaciones de precios. Pero el tema es bastante más complejo. En términos microeconómicos, las empresas enfrentan variaciones de costos de modo permanente, algunas al alza, otras a la baja. Cuando aumenta, por ejemplo, el costo de los insumos importados como consecuencia de devaluaciones de la moneda nacional, o aumenta el costo financiero por alzas en la tasa de interés decididas por el Banco Central, o se producen cambios tecnológicos, el grueso de las empresas se adapta para mantener su rentabilidad y competitividad y otras no lo logran, lo que es parte del proceso económico. La adaptación positiva suele incluir el aumento de la calificación de la fuerza de trabajo, cuyo costo adicional se justifica si el beneficio adicional es superior. Las visiones de este tipo que enfatizan los procesos de innovación y adaptación frente a variaciones del entorno económico e institucional, se conocen como neo-shumpeterianas (en especial con los trabajos de Philippe Aghion).
Cuando estas adaptaciones terminan en aumentos de productividad y competitividad, todo economista de ideología liberal que se precie lo saluda como un éxito. Pero si se trata de aplicar el mismo razonamiento y considerar la hipótesis de una capacidad de adaptación positiva a aumentos del costo laboral por incrementos salariales legales, disminuciones de jornada, aumento del gasto en horas extraordinarias o aumento del costo del despido, entonces la conclusión es lapidaria y no sujeta a duda o a hipótesis alternativa alguna: aumentará el desempleo. Los perjudicados serán los trabajadores. Lo cual contenta de inmediato el discurso de los representantes empresariales. Se cierra el círculo de ese modo una y otra vez, incluyendo repercusiones mediáticas de condena a los que procuran arreglos sociales más equitativos.
Este modo de emitir juicios es del orden de las creencias, no de la ciencia. La ciencia debe a lo menos atenerse a los hechos y considerar metódicamente variadas hipótesis alternativas de las posibles relaciones de causalidad entre variables. En este caso, en materia de efectos posibles de un cambio en alguna variable del funcionamiento económico. Algunos economistas realizan sin rigor cálculos como medir efectos en el empleo de aumentos de salario o cambios de jornada, o bien de cambios tributarios, pero con un pequeño inconveniente: construyen modelos de comportamiento que requieren del uso de lo que la jerga llama “elasticidades” de reacción de una variable respecto de otra. Esto se realiza proyectando evoluciones pasadas, las que suelen no ser lineales y cuyas fuertes variaciones desaparecen en los promedios. Y que por tanto no necesariamente se mantienen en el tiempo. Con mayor frecuencia, simplemente estos economistas construyen su seudo-ciencia aplicando elasticidades convenientes para obtener resultados predeterminados.
En este tema cabe seguir al premio Nobel Robert Solow cuando afirma que “tan pronto como las series de tiempo son suficientemente largas para ofrecer la esperanza de poder discriminar entre hipótesis complejas, la verosimilitud de que permanezcan estacionarias disminuye y los niveles de ruido se hacen correspondientemente altos. En estas circunstancias, un poco de astucia y persistencia pueden proveer casi cualquier resultado que se quiera. Creo que es por eso que muy pocos econometristas han sido alguna vez forzados por los hechos a abandonar una creencia firmemente sostenida”. Y concluye Solow: “los intereses de la economía científica serían mejor servidos por una aproximación más modesta. Hay suficiente para nosotros sin pretender una grado de completitud y precisión que no podemos entregar”.
Cuando no se sigue recomendaciones como las de Solow, simplemente estamos en presencia de la “economía vudú” que practican con frecuencia la legión de economistas conservadores en Chile, que presentan números arbitrarios que dan respetabilidad a meras opiniones o conjeturas, que deben ser consideradas como contrastables con otras opiniones o conjeturas y no como la palabra definitiva sobre nada. El debate público debe acostumbrarse a admitir dosis de incertidumbre en la acción pública, ya sea cuando se conservan o se cambian políticas, y recurrir con mucho más frecuencia al sentido común antes que a supuestos especialistas.
Una ilustración ha sido el tema de las mediciones que se han conocido sobre los efectos en el empleo de la rebaja de 45 a 40 horas de la semana legal de trabajo que está en discusión parlamentaria. Desde luego no se dispone de capacidades de realizar experimentos. A lo más se puede recurrir al pasado reciente: la rebaja de 48 a 45 horas en el gobierno de Ricardo Lagos no produjo ningún efecto identificable de contracción del empleo. Algunos señalan que la rebaja sería ahora mayor y hacen cálculos mecánicos, como el que concluye que la rebaja de 11% de las horas legales trabajadas (de 45 a 40 horas semanales) implicaría un costo laboral adicional de 11%. Sin más trámite, se postula arbitrariamente que no habría ajuste alguno en los salarios o los procesos de trabajo. Se aplica una elasticidad salario-empleo sacada de alguna conveniente serie pasada y se concluye que se perderían cientos de miles de empleos e importantes puntos porcentuales de crecimiento tendencial. No se discute hipótesis alternativas de aumentos de productividad ni realiza sensibilizaciones según distintos valores posibles de las elasticidades salario-empleo y empleo-PIB.
Y además, para lo cual no se necesita ser un keynesiano acérrimo, no se puede dejar de considerar que las condiciones de la demanda efectiva son cruciales para explicar los niveles de empleo en una economía. El principio de la demanda efectiva indica que la producción en el corto plazo se ajusta a la demanda y es dirigida por ella, especialmente si todos los recursos no están siendo utilizados a su máxima capacidad, lo que es la situación más frecuente en las economías de mercado.
Incluso si los asalariados estuvieran dispuestos a disminuir su retribución o aumentar sus horarios de trabajo para preservar su empleo, como recomiendan siempre y en toda circunstancia los economistas neoliberales, esto no tendría efectos si las empresas tienen expectativas de ventas pesimistas, las que se agravarían con el estancamiento o caída de los salarios. Los salarios alimentan la principal fuente de la demanda agregada: el consumo de los hogares. Más aún, para economistas como Giuseppe Bertola y Dani Rodrik, las fluctuaciones cíclicas en el empleo y horas trabajadas son ineficientes, pues sostienen que las regulaciones y “distorsiones” que hacen más difíciles los ajustes de fuerza de trabajo para las empresas y los trabajadores pueden en ciertas condiciones mitigar los perjuicios de las fluctuaciones y mejorar la eficiencia dinámica en la asignación de recursos. La flexibilidad laboral favorece en el corto plazo a diversas empresas, pero les hará más difícil retener a sus mejores trabajadores y perder parte fundamental de su activo. Y puede ser dramáticamente contraproducente desde el punto de vista macroeconómico.
Por ello, muchos economistas no ortodoxos pensamos que los mercados de trabajo deben ser criteriosamente administrados por razones de equidad distributiva y también de eficiencia asignativa, incluyendo la disminución tendencial de la duración legal del trabajo según los aumentos de productividad. La propuesta de disminución de 11% en la semana legal de trabajo, para llevarla al nivel de Estados Unidos en 1940, tiene un fundamento en que el PIB por hora trabajada aumentó en 17,5% entre 2010 y 2018, mucho más que el promedio OCDE, y en 3,3% el año pasado (ver https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm). Ese es el número fundamental que hay que tener en cuenta: el aumento reciente de la productividad del trabajo que hace posible un arreglo social más equitativo en materia de semana laboral.