Sobre las reformas tributaria y previsional
Dado que están activamente en curso sendas negociaciones sobre impuestos y sobre el sistema de pensiones entre el gobierno y parte de la oposición, tal vez tenga sentido contrastar sus posibles resultados con lo que podría ser un mejor sistema tributario y un mejor sistema previsional.
En materia de impuestos, lo razonable sería que se separara integralmente, como en Estados Unidos, la tributación de las utilidades (devengadas) de las empresas - necesaria para financiar las infraestructuras y las capacidades humanas sin las cuales no hay actividad productiva de empresa alguna - de la tributación de los ingresos personales provenientes de utilidades retiradas desde las empresas por sus dueños.
Las tasas de estos ingresos personales deben ser siempre más altas tanto para estimular que las utilidades se reinviertan y no se retiren para fines de consumo como para redistribuir los ingresos, en tanto los ingresos salariales bajos no sean tributables.
Las tasas planas a todos los ingresos a lo Milton Friedman no permiten ni estimular la inversión ni redistribuir ingresos.
La tasa aplicada a las utilidades devengadas debiera ser menor que la actual para aquella parte que sea reinvertida en capacitación y en actividades de economía circular -especialmente en los territorios más desfavorecidos - y en innovación energética renovable, para así aumentar la inversión y al mismo tiempo estimular un crecimiento sustentable y con valor agregado basado en conocimiento, mayores capacidades humanas e innovación mejor distribuidos social y territorialmente. Lo mismo debe ocurrir con la depreciación acelerada, que debiera ser selectiva y solo aplicable a las inversiones mencionadas.
Las regalías (royalty) mineras y las aplicadas sobre los recursos naturales debieran subir sustancialmente cuando el margen de explotación aumente más allá de 10%, para evitar utilidades sobrenormales que no tienen justificación productiva alguna y que constituyen un renta no empresarial que pertenece a los dueños de los recursos, es decir todos los chilenos/as.
La tasa marginal del impuesto a la renta personal sobre 10 millones de pesos mensuales debiera subir al 50% (nivel de 1989) y al 65% (nivel que no desestimula la actividad según economistas como Krugman y Diamond y Sáez) sobre 20 millones al mes, para contribuir a una mayor equidad distributiva en uno de los países más desiguales del mundo.
Se debe fortalecer las capacidades tributarias y la autonomía de regiones y comunas para fijar tasas y ampliar la base tributable en materia de impuesto territorial de bienes raíces y de patentes mineras, industriales y comerciales, compensando más a los territorios más pobres con los recursos de los más ricos en un país con enormes desigualdades territoriales que se agregan a las desigualdades sociales.
En materia previsional se discute introducir mecanismos de solidaridad, pero sin claridad suficiente respecto de quién la realiza y quién la recibe. Si es una solidaridad de todos los cotizantes (ingresos provenientes de la planilla de salarios) hacia otros asalariados, deja afuera el aporte de los ingresos del capital, hoy por hoy recaudados, aunque insuficientemente, por el sistema tributario. Sería una solidaridad entre trabajadores solamente.
Es más lógico que la solidaridad intrageneracional se produzca a través de la Pensión Solidaria y los Aportes Previsionales Solidarios financiados por impuestos, con aportes de los ingresos del trabajo y también del capital.
En un enfoque de solidaridad sustancial de ese tipo, la pensión básica debiera aumentar progresivamente y alcanzar un gasto presupuestario de hasta un 5% del PIB, como en Nueva Zelandia.
Dicho sea de paso, hoy en Chile el gasto en pensiones de las fuerzas armadas es de 0,9% del PIB y el de pensiones solidarias de 0,8 % del PIB. La reforma tributaria debiera contemplar el financiamiento de un aumento mayor que el previsto de la pensión básica aumentando la tributación a los ingresos del capital en los términos reseñados.
La clave es que la recaudación para pensiones no es propiamente solidaria, en las condiciones de la distribución del ingreso en Chile, si solo la financian las cotizaciones salariales, además con un tope, y no se agrega una contribución de los ingresos de capital, como es el caso de la Contribución Social Generalizada existente en Francia.
Por otro lado, si además se quiere establecer un mecanismo de solidaridad intergeneracional entre cotizantes, ésta puede operar con fórmulas como la sueca, a través de cuentas individuales en las que se registra el historial de cotizaciones de cada trabajador.
La suma da derecho al jubilarse a una pensión financiada por la recaudación en cada período proveniente de las cotizaciones salariales obligatorias. Esta indexación de los derechos adquiridos por cotizar en el pasado con la masa salarial en el presente, constituye una solidaridad entre generaciones que, al mismo tiempo, evita desequilibrios por el envejecimiento futuro. Nada impide que el 4% adicional se pueda utilizar para este fin con un mecanismo de reparto como el mencionado.
Está sobre la mesa la idea de un “ente público” que mantenga la capitalización del 4% adicional de cotización salarial imputada al empresario, administrados por privados distintos de las AFP.
Se plantea, además, una especie de extensión del seguro de invalidez y sobrevivencia y del seguro en caso de pérdida de autonomía que propone el gobierno. para aumentar la pensiones de las personas de más edad.
Eso sería socialmente muy regresivo, pues pagarían la misma prima personas que vivirán más y otras menos, casualmente las más pobres. Estudios para comunas de Santiago indican un diferencial de esperanza de vida de unos 8 años, lo que es enorme.
Y si no hay margen para otra cosa con el actual gobierno, entonces al menos la entidad pública debiera poder optar a administrar directamente el 4% y también el 10% hoy existente, junto a las Cajas de Compensación y otras entidades propuestas por el gobierno para el 4%, y así incentivar una mayor competencia que pudiera bajar las comisiones.
Se establecería de ese modo una alternativa pública que terminaría con el monopolio de las AFP, la que se prolonga desde 1981 con pésimos resultados en materia de tasa de reemplazo de ingresos previos por pensiones.
Tal vez tenga sentido que al menos se concrete en esta reforma un nuevo servicio público que cumpla con la tarea de bajar las comisiones en el 14% de cotización obligatoria, realizar una atención preferente de los grupos vulnerables y fiscalizar las cotizaciones para aumentar la protección de todos en la vejez.
El actual gobierno no está, al parecer, en condiciones de aprobar su proyecto original y debiera aceptar una institucionalidad pública que en el futuro pudiera hacerse cargo de la solidaridad intergeneracional en materia de pensiones.
