¿Disminuye el empleo pasar a una semana de 40 horas?

En Voces La Tercera

Las horas semanales de trabajo pasaron de 80 a 60 entre los inicios de la revolución industrial y principios del siglo XX y a alrededor de 40 en la actualidad en diversos países de más altos o más bajos ingresos. La semana legal de trabajo es de 40 horas desde 1940 en Estados Unidos, en Francia es de 35 horas desde 2000 y en algunas ramas de producción industrial en Alemania se ha pactado en 28 horas opcional durante dos años.

Las horas legales de trabajo son un típico arreglo social -como en su momento lo fue el fin de la esclavitud- respecto del cual los economistas tenemos poco que decir en tanto tales, salvo constatar que las horas anuales de trabajo han disminuido fuertemente desde el siglo XIX. Lo han hecho a la par con el aumento de productividad, y esa disminución también ha contribuido a aumentarla.

Como ciudadanos, nuestra opinión no vale más que la de los demás. Muchos economistas en Chile no terminan de entender su rol en la sociedad. Este puede ser a lo más el de procurar evaluar hasta cierto punto las consecuencias de los arreglos sociales. Pero no el de erigirse en sus jueces desde el altar de una seudo-ciencia, la que suele servir a creencias predeterminadas y a intereses particulares.

El argumento según el cual un aumento del costo laboral implica una disminución del empleo es a lo menos simplista. Resulta de la aplicación mecánica de la lógica de curvas de oferta y demanda frente a variaciones de precios. Pero el tema es bastante más complejo. En términos microeconómicos, las empresas enfrentan variaciones de costos de modo permanente, algunas al alza, otras a la baja. Cuando aumenta, por ejemplo, el costo de los insumos importados como consecuencia de devaluaciones de la moneda nacional, o aumenta el costo financiero por alzas en la tasa de interés decididas por el Banco Central, o se producen cambios tecnológicos, el grueso de las empresas se adapta para mantener su rentabilidad y competitividad y otras no lo logran, lo que es parte del proceso económico. La adaptación positiva suele incluir el aumento de la calificación de la fuerza de trabajo, cuyo costo adicional se justifica si el beneficio adicional es superior. Las visiones de este tipo que enfatizan los procesos de innovación y adaptación frente a variaciones del entorno económico e institucional, se conocen como neo-shumpeterianas (en especial con los trabajos de Philippe Aghion).

Cuando estas adaptaciones terminan en aumentos de productividad y competitividad, todo economista de ideología liberal que se precie lo saluda como un éxito. Pero si se trata de aplicar el mismo razonamiento y considerar la hipótesis de una capacidad de adaptación positiva a aumentos del costo laboral por incrementos salariales legales, disminuciones de jornada, aumento del gasto en horas extraordinarias o aumento del costo del despido, entonces la conclusión es lapidaria y no sujeta a duda o a hipótesis alternativa alguna: aumentará el desempleo. Los perjudicados serán los trabajadores. Lo cual contenta de inmediato el discurso de los representantes empresariales. Se cierra el círculo de ese modo una y otra vez, incluyendo repercusiones mediáticas de condena a los que procuran arreglos sociales más equitativos.

Este modo de emitir juicios es del orden de las creencias, no de la ciencia. La ciencia debe a lo menos atenerse a los hechos y considerar metódicamente variadas hipótesis alternativas de las posibles relaciones de causalidad entre variables. En este caso, en materia de efectos posibles de un cambio en alguna variable del funcionamiento económico. Algunos economistas realizan sin rigor cálculos como medir efectos en el empleo de aumentos de salario o cambios de jornada, o bien de cambios tributarios, pero con un pequeño inconveniente: construyen modelos de comportamiento que requieren del uso de lo que la jerga llama “elasticidades” de reacción de una variable respecto de otra. Esto se realiza proyectando evoluciones pasadas, las que suelen no ser lineales y cuyas fuertes variaciones desaparecen en los promedios. Y que por tanto no necesariamente se mantienen en el tiempo. Con mayor frecuencia, simplemente estos economistas construyen su seudo-ciencia aplicando elasticidades convenientes para obtener resultados predeterminados.

En este tema cabe seguir al premio Nobel Robert Solow cuando afirma que “tan pronto como las series de tiempo son suficientemente largas para ofrecer la esperanza de poder discriminar entre hipótesis complejas, la verosimilitud de que permanezcan estacionarias disminuye y los niveles de ruido se hacen correspondientemente altos. En estas circunstancias, un poco de astucia y persistencia pueden proveer casi cualquier resultado que se quiera. Creo que es por eso que muy pocos econometristas han sido alguna vez forzados por los hechos a abandonar una creencia firmemente sostenida”. Y concluye Solow: “los intereses de la economía científica serían mejor servidos por una aproximación más modesta. Hay suficiente para nosotros sin pretender una grado de completitud y precisión que no podemos entregar”.

Cuando no se sigue recomendaciones como las de Solow, simplemente estamos en presencia de la “economía vudú” que practican con frecuencia la legión de economistas conservadores en Chile, que presentan números arbitrarios que dan respetabilidad a meras opiniones o conjeturas, que deben ser consideradas como contrastables con otras opiniones o conjeturas y no como la palabra definitiva sobre nada. El debate público debe acostumbrarse a admitir dosis de incertidumbre en la acción pública, ya sea cuando se conservan o se cambian políticas, y recurrir con mucho más frecuencia al sentido común antes que a supuestos especialistas.

Una ilustración ha sido el tema de las mediciones que se han conocido sobre los efectos en el empleo de la rebaja de 45 a 40 horas de la semana legal de trabajo que está en discusión parlamentaria. Desde luego no se dispone de capacidades de realizar experimentos. A lo más se puede recurrir al pasado reciente: la rebaja de 48 a 45 horas en el gobierno de Ricardo Lagos no produjo ningún efecto identificable de contracción del empleo. Algunos señalan que la rebaja sería ahora mayor y hacen cálculos mecánicos, como el que concluye que la rebaja de 11% de las horas legales trabajadas (de 45 a 40 horas semanales) implicaría un costo laboral adicional de 11%. Sin más trámite, se postula arbitrariamente que no habría ajuste alguno en los salarios o los procesos de trabajo. Se aplica una elasticidad salario-empleo sacada de alguna conveniente serie pasada y se concluye que se perderían cientos de miles de empleos e importantes puntos porcentuales de crecimiento tendencial. No se discute hipótesis alternativas de aumentos de productividad ni realiza sensibilizaciones según distintos valores posibles de las elasticidades salario-empleo y empleo-PIB.

Y además, para lo cual no se necesita ser un keynesiano acérrimo, no se puede dejar de considerar que las condiciones de la demanda efectiva son cruciales para explicar los niveles de empleo en una economía. El principio de la demanda efectiva indica que la producción en el corto plazo se ajusta a la demanda y es dirigida por ella, especialmente si todos los recursos no están siendo utilizados a su máxima capacidad, lo que es la situación más frecuente en las economías de mercado.

Incluso si los asalariados estuvieran dispuestos a disminuir su retribución o aumentar sus horarios de trabajo para preservar su empleo, como recomiendan siempre y en toda circunstancia los economistas neoliberales, esto no tendría efectos si las empresas tienen expectativas de ventas pesimistas, las que se agravarían con el estancamiento o caída de los salarios. Los salarios alimentan la principal fuente de la demanda agregada: el consumo de los hogares. Más aún, para economistas como Giuseppe Bertola y Dani Rodrik, las fluctuaciones cíclicas en el empleo y horas trabajadas son ineficientes, pues sostienen que las regulaciones y “distorsiones” que hacen más difíciles los ajustes de fuerza de trabajo para las empresas y los trabajadores pueden en ciertas condiciones mitigar los perjuicios de las fluctuaciones y mejorar la eficiencia dinámica en la asignación de recursos. La flexibilidad laboral favorece en el corto plazo a diversas empresas, pero les hará más difícil retener a sus mejores trabajadores y perder parte fundamental de su activo. Y puede ser dramáticamente contraproducente desde el punto de vista macroeconómico.

Por ello, muchos economistas no ortodoxos pensamos que los mercados de trabajo deben ser criteriosamente administrados por razones de equidad distributiva y también de eficiencia asignativa, incluyendo la disminución tendencial de la duración legal del trabajo según los aumentos de productividad. La propuesta de disminución de 11% en la semana legal de trabajo, para llevarla al nivel de Estados Unidos en 1940, tiene un fundamento en que el PIB por hora trabajada aumentó en 17,5% entre 2010 y 2018, mucho más que el promedio OCDE, y en 3,3% el año pasado (ver https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm). Ese es el número fundamental que hay que tener en cuenta: el aumento reciente de la productividad del trabajo que hace posible un arreglo social más equitativo en materia de semana laboral.

Cambio climático: ya están en marcha los lobbies

En El Mostrador

Ya se está poniendo en marcha el lobby anti-estrategias contra el cambio climático. Primero fue la descalificación del trabajo de miles de científicos, cuando  emergió, al iniciarse el siglo XXI, un consenso sobre el origen humano del cambio climático en curso —que ya ha alcanzado cerca de 1 °C sobre el nivel preindustrial— y sobre los peligros de la mantención del ritmo actual de emisión de gases con efecto invernadero. Y ahora los intereses empresariales (en Chile la CPC) ya iniciaron su oposición a la meta de neutralidad carbono en 2050.

La magnitud del problema del cambio climático

El factor principal es la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero (de entre seis), que en su mayor parte procede de los combustibles fósiles. Esta concentración pasó de un valor preindustrial de 270-275 partes por millón (ppm) a cerca de 310 ppm hacia 1950, y 380 ppm al iniciarse el siglo XXI, con la mitad del incremento desde la Revolución Industrial habiendo ocurrido en las últimas tres décadas. La información para mayo de 2019 indica que la concentración en la atmósfera ha alcanzado niveles récord, con 410 ppm, lo que representa cerca del 150% de los niveles preindustriales anteriores a 1750. La Organización Metereológica Mundial (OMM) ha alertado que “la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable fue hace entre tres y cinco millones de años: la temperatura era entre 2 y 3 grados más alta y el nivel del mar era 10 o 20 metros mayor que el actual”. 

Las emisiones de CO2 por la actividad humana se estancaron durante 2014 y 2016, lo que no ha supuesto que dejara de aumentar la concentración de CO2 equivalente en la atmósfera, pues no existe una relación exactamente lineal entre emisiones y concentración. Sin embargo, en 2017 aumentaron en 1.6% y en 2018 en más de 2%. La OMM concluye que “el constante aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante el periodo de observación, a partir de 1970 y hasta la actualidad, es consistente con el observado aumento de las temperaturas globales promedio en el mismo periodo”. En 2017, según el Global Carbon Project, los principales emisores de CO2 fueron China (9 839 toneladas métricas), Estados Unidos (5 270), la Unión Europea (3 544), la India (2 467), la Federación Rusa (1 693) y Japón (1 205). En América Latina, los principales emisores fueron siete países: México (490), Brasil (476), Argentina (204), Venezuela (160), Chile (85), Colombia (81) y Perú (65).

Los datos son lapidarios. Los años 2015 a 2018 han sido los más cálidos jamás registrados. En el conjunto de las superficies terrestres y oceánicas mundiales, la temperatura de enero a junio de 2019 fue, junto con la registrada durante el mismo período de 2017, la segunda más alta de los últimos 140 años y la del mes de julio la más alta jamás registrada. La realidad del fenómeno ya no es puesta en duda. El tema es ahora la magnitud de los efectos y de las acciones remediales a realizar.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el efecto del cambio climático sobre la biosfera sería incrementar la desestabilización del clima, con épocas de lluvias y sequías más prolongadas, huracanes más intensos y otros impactos como consecuencia del daño a los ecosistemas, incluyendo la deforestación, la desertificación y un sustancial incremento en la tasa de extinciones de especies. Esto daría lugar a que la actual ola de extinciones de especies provocada por las sociedades humanas se transforme en el sexto gran evento de extinción que ha conocido la tierra. A su vez, se aumentaría la acidificación de los océanos, incidiendo en la calcificación de organismos como los corales y arrecifes, aunque su respuesta biológica es compleja. Este único factor puede cambiar sustancialmente los ecosistemas marinos.

El informe del IPCC de octubre de 2018 advierte que las políticas actuales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero llevarían el calentamiento global a 3 °C hacia finales del siglo y que es probable que se alcance un aumento de 1.5 °C entre 2030 y 2052 si se mantiene el ritmo actual de emisiones. En el periodo de enero de 1993 a diciembre de 2018, la velocidad media de subida del nivel del mar fue de 3.15 ± 0.3 mm año y la aceleración estimada de 0.1 mm año. La pérdida acelerada de masa de hielo es la principal causa del incremento en el ritmo de elevación del nivel medio del mar a escala mundial. El aumento de entre 2 y 5 °C en las temperaturas tendría efectos más agudos aún sobre el aumento del nivel del mar y sobre la migración de especies en la tierra y los mares, con consecuencias en cascada en ecosistemas completos, en particular por la cadena alimentaria de las especies. 

Si ya en la actualidad se constata que, a pesar de los esfuerzos de protección de las plantas, se pierde un tercio de la producción de granos por pestes de insectos, patógenos y malezas, un estudio (Deutsch et al., 2018) pronostica que el aumento de las temperaturas provocará una pérdida —especialmente en las regiones de clima templado— de los rendimientos en la producción de maíz, trigo y arroz de entre 10% y 25% por grado adicional de aumento de la temperatura. La pérdida de rendimiento en el caso de dos grados de aumento sería de 31% para el maíz, de 19% para el arroz y de 46% para el trigo, respectivamente unos 62, 92 y 59 millones de toneladas menos disponibles para alimentar a unos 4 000 millones de personas que reciben de estos granos dos tercios de sus aportes energéticos. Matthew Smith y Samuel Myers (2018) estiman, además, que se produciría una pérdida de entre el 3% y el 17% del contenido nutricional del arroz, las papas y el trigo, al absorber menos nutrientes del suelo, como zinc, hierro y proteínas por la presencia adicional de dióxido de carbono en la atmósfera. 

El Acuerdo de París de 2015 busca limitar el calentamiento global a menos de 2 °C sobre la etapa preindustrial y se ha planteado el objetivo más ambicioso de limitarlo a 1.5 °C. No obstante, el Acuerdo promete sólo un tercio de lo que se necesita para evitar los peores impactos del cambio climático. De los 195 países que tomaron parte del Acuerdo de París, 169 lo han ratificado, pero Estados Unidos se retiró de él en 2017. Este país representa el 15% de las emisiones actuales y una proporción mucho mayor de las emisiones acumuladas. Incluso con la plena aplicación de los planes nacionales —condicionales e incondicionales— es muy probable un aumento de la temperatura de al menos 3 °C para el año 2100, lo que significa que los Gobiernos deberán hacer una sustancial revisión (está programada para 2020). 

El IPCC sostiene que las emisiones netas (la suma de las emisiones menos la absorbida por sumideros naturales y tecnológicos) de CO2 deben reducirse a cero en 2050 para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados.  Esto supone una disminución para el 2030 del 45% de las emisiones de CO2 respecto al nivel de 2010. En  2050, esas emisiones  deben mantenerse por debajo de lo que se pueda retirar de la atmósfera. Según ONU Ambiente, debe  dejarse atrás las energías fósiles y mantener en el subsuelo entre el 80% y el 90% de las reservas conocidas de carbón, un tercio de las de petróleo y la mitad de las de gas natural. Éstas son las fuentes de 4/5 de la producción mundial de energía primaria y de 9/10 de las emisiones de dióxido de carbono.

El IPCC sostiene que para poder cumplir la meta de 1.5 grados adicionales hacia el 2100, se requiere que en 2050 entre el 70% y el 85% de la electricidad sea de origen renovable y libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En el transporte, el informe apunta a que la cuota de energías bajas en emisiones debe pasar del 5% previsto en 2020 a entre el 35% y el 65% en 2050. En la industria, las emisiones de CO2 deberán ser entre un 75% y un 90% inferiores en 2050 respecto a los niveles de 2010. Según  ONU Medio Ambiente (2018), las emisiones de todos los gases con efecto invernadero no deberían superar las 40 gigatoneladas (Gt) de CO2  equivalentes en 2030 para tener un 66% de probabilidades de cumplir la meta de los 2 °C. Para mantener el calentamiento del planeta por debajo de 1,8 °C con una probabilidad de en torno al 66%, las emisiones mundiales de GEI en 2030 no deberían superar las 34 Gt CO2. Finalmente, para tener un 66% de probabilidades de contener el incremento de la temperatura por debajo de 1,5 °C en 2100 (sin rebasar los objetivos o solo levemente), las emisiones mundiales de GEI en 2030 no deberían superar las 24 Gt CO2.

El consumo individual es responsable del 64% de las emisiones mundiales de gases con efecto invernadero, mientras que el 36% restante se atribuye al consumo de los Gobiernos, las inversiones (por ejemplo, en infraestructura) y el transporte internacional. Una estimación de la magnitud del desafío indica que, si se pretende mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C hacia 2050, las emisiones per cápita no deberían superar 2.1 tCO2 al año (Seth Wynes y Kimberly Nicholas, 2017). Pero un individuo que come carne y realiza un viaje aéreo transatlántico al año emite 2.4 tCO2. Las estimaciones disponibles indican que las emisiones per cápita de la población mundial son del orden de 3.4 toneladas de CO2, pero que las del 10% más rico son de 17.6 toneladas de CO2 y las del 50% más pobre de la población mundial de 1.6 toneladas de CO2. Las emisiones totales del 10% más rico son casi cinco veces superiores al total de emisiones del 50% más pobre (Oxfam, 2015). La población con más carencias emite sustancialmente menos CO2 que la de altos ingresos, de la que debe provenir el principal esfuerzo de responsabilidad en el consumo.

La urgencia de una rápida transformación

Lo que se requiere, entonces, es una rápida transición para sacar a la humanidad de la actual era de la combustión, y esa transformación no se debe hacer porque se agoten los combustibles fósiles —el carbón, el petróleo y el gas natural—, sino porque esa alternativa permitirá evitar el cambio climático a costos cada vez más alcanzables. El gran salto dependerá del cambio en los hábitos de consumo, del uso masivo de energías renovables no convencionales y del desarrollo de baterías que permitan almacenar electricidad cuando no sople el viento o no haya sol o suficiente agua en los embalses. Por ello Chile se ha sumado poco a poco a la meta de la neutralidad carbono hacia 2050.

Pero ya se observan las reacciones de los intereses privados. La Confederación de la Producción y el Comercio, sin ir más lejos, asegura en nuestro país que el proyecto de ley pondría un acento exclusivo en la mitigación y no en la adaptación y que la meta de carbono neutralidad en 2050 no consideraría las condiciones necesarias para asegurar el resultado en el tiempo. Estos son los mismo debates que se están dando en otras partes, como en Gran Bretaña, país que recientemente se ha comprometido con el mencionado objetivo.

Como subraya el experto británico Adair Turner (2019),”los detractores en el Parlamento solicitaron un mayor análisis de costos y beneficios antes de asumir semejante compromiso; y el economista y premio Nobel William Nordhaus sostiene que este análisis demuestra un ritmo óptimo de reducción mucho más lento”. El modelo de Nordhaus sugiere limitar el calentamiento a 3,5°C en 2100, situando el objetivo de emisiones netas de carbono cero para mucho después de 2050. Turner indica que “es imposible modelar muchos de los riesgos más importantes. El calentamiento global producirá cambios importantes en los ciclos hidrológicos: habrá lluvias más extremas y sequías mucho más severas. Esto tendrá serios efectos adversos en la agricultura y el sustento en lugares específicos, pero los modelos climáticos no nos pueden decir con anticipación y de manera precisa dónde serán más agudos los efectos regionales. Los efectos adversos iniciales a su vez podrían producir una inestabilidad política que se retroalimenta e intentos de migración en gran escala”. Un calentamiento de 3,5°C por encima de los niveles preindustriales nos llevaría a temperaturas globales nunca vistas durante más de dos millones de años, mucho antes de que hubieran evolucionado los seres humanos modernos, lo que crea un gran riesgo de amenazas catastróficas para la vida humana en la Tierra. Sería simplemente una irresponsabilidad con los jóvenes de hoy y con las nuevas generaciones, pues cuánto más alta sea la temperatura alcanzada, mayor será la probabilidad de un calentamiento incontrolable. Sigue Turner: “los costos económicos de alcanzar una neutralidad de carbono para mediados de siglo también son inciertos. Pero podemos estimar su orden máximo de magnitud con mucha más confianza de la que se tiene cuando se evalúan los costos de los efectos adversos del cambio climático”. Sin considerar las mejoras tecnológicas, el costo total de descarbonizar la economía global no excedería el 1-2% del PIB mundial. En las licitaciones de energía competitivas del mundo real, los proveedores de energía solar y eólica ya están suministrando electricidad a precios inferiores al costo de la generación con combustibles fósiles. Los costos bajarán con compromisos significativos para reducir las emisiones, pues impulsarán el progreso tecnológico y acelerarán los efectos de curva de aprendizaje. 

Concluye Turner, y muchos otros economistas, que Emisiones Cero en 2050 es un objetivo económicamente racional. No debe abandonarse, como ya proponen los representantes de la gran empresa, en la ley marco que normará el tema en Chile, teniendo a la vista la próxima reunión entre el 2 y 13 de diciembre de la Conferencia de las Partes (COP 25) de Naciones Unidas, cumbre sobre el cambio climático que reúne periódicamente a los representantes de alto nivel de 197 países. De lo contrario, quedará probado que no vivimos en una democracia, sino en una plutocracia, es decir bajo un régimen de gobierno de y para los más ricos.

Las izquierdas entre crisis y futuros posibles

Voces La Tercera

¿Podrá la actual oposición ser una alternativa a la continuidad de la derecha en el gobierno después de 2022? El pronóstico es reservado y los tiempos son cortos, pero no es imposible. Y en ese desafío el rol de las izquierdas  y de los progresistas de diversa inspiración es crucial. Por mucho que los partidos de izquierda estén hoy en crisis por causas diversas, siguen siendo la base de una amplia alternativa posible al neoliberalismo -el de la acción colectiva mínima y el del individualismo máximo- y a la sociedad desigual, discriminadora y depredadora en que vivimos.

La fuerte derrota presidencial de Alejandro Guillier en 2017 (probablemente explicada por la suma de la falta de suficiente imagen gubernamental del candidato y por el pasivo del último período de gestión de Michelle Bachelet), se acompañó de un muy buen resultado parlamentario de las izquierdas. Estas obtuvieron un 47% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2017, si se suma la izquierda cercana al centro (PR-PS-PPD, con 20% de los votos), la nueva izquierda emergente (Frente Amplio, con 17%) y la más ecléctica actual alianza PC-PRO-Regionalistas (con 10%). Este resultado pone a estas fuerzas como opción eventual para disputar el gobierno en 2022, incluso si la DC (con 10% de los votos en 2017) mantiene el camino propio o privilegia una alianza hacia la derecha. Pero también la derrota presidencial ha provocado, como era esperable, un largo proceso de decantación de posiciones y de crisis variadas en los partidos, y en especial el fin de la Nueva Mayoría, que sumó para gobernar sin coherencia a la Concertación y al PC, en el contexto de la emergencia de nuevas fuerzas y alianzas que reconfiguran el cuadro político tradicional.

El resultado de este proceso es aún incierto. Una hipótesis es que el PR, PPD y PS consoliden un bloque que busque recomponer la Concertación, como si no hubieran pasado 30 años, y privilegien la relación con una DC que ahora pacta con la derecha y veta toda articulación hacia su izquierda. Si a esta conducta política se sumara la de un Frente Amplio que persistiera en no articularse con nadie, como parece ser su principal reflejo identitario,  entonces habría un escenario político y electoral en el que una derecha básicamente unida enfrentaría a tres bloques separados y confrontados (la ex Concertación, el Frente Amplio y la Unidad por el cambio del PC, Pro y Frevs). El resultado sería muy simple: la derecha podría seguir gobernando por largo tiempo en beneficio de las minorías económicamente privilegiadas que representa.

Un punto de partida para un escenario distinto podría ser un diálogo entre el Frente Amplio y la Unidad para el Cambio (coaliciones que seguramente tendrán listas distintas a concejales pero tal vez puedan ponerse de acuerdo en apoyos mutuos en precandidaturas a Alcaldes y Gobernadores Regionales). A partir de ahí, estas dos agrupaciones podrían pactar con el PR, PPD y PS candidaturas de apoyo mutuo o simplemente omisiones en las candidaturas territoriales para sumar fuerzas para que la derecha no arrase en la elección de Alcaldes y Gobernadores Regionales y consolide una nueva opción presidencial. En una última etapa, esto podría llevar a acuerdos por omisión con la DC, si esta acepta salir de su camino propio y reunir fuerzas contra la derecha. En diversos casos, recurrir a primarias podría dirimir las controversias.

Pero evidentemente este no es un tema de sumatorias abstractas, sino de una clarificación política de más largo plazo.

El gran desafío para una parte de la izquierda es tomar distancia de manera perentoria con el tradicional clientelismo, tan arraigado en el sistema político chileno desde el siglo XIX. A este jamás hay que mimetizarse, aunque pudiera reportar ventajas de poder de corto plazo. Y ser tajantes con cualquier tipo de práctica corrupta de los pillos que desgraciadamente nunca faltan en toda organización inserta en la sociedad. En el bloque del PC, Pro y Regionalistas, si los dos primeros partidos no cambian o morigeran sus alineaciones internacionales que en ocasiones los llevan a defender lo indefendible, dificilmente podrán ser un factor de articulación contra las políticas neoliberales, aunque la dirección del PC ha sido clara en condenar las violaciones a los derechos humanos en todas partes y se ha abierto a un saludable debate sobre estos temas en una fuerza política tradicionalmente jerárquica. En el Frente Amplio, el desafío parece ser mantener el frescor de su irrupción innovadora original y no seguir por el camino de ir replicando la mayoría de los defectos de sus predecesores en la izquierda y muy pocas de sus virtudes.

Sin un debate de fondo y sin clarificaciones sustanciales, las izquierdas y los progresismos -nunca ha habido una sola izquierda desde su nacimiento en el siglo XIX- no podrán expandir su capacidad de defender con diversidad y tolerancia en su seno proyectos de sociedad asociados a alguna idea del interés general y del interés de la mayoría social. Su mundo no debe ser el de sus estructuras internas y los conflictos de poder, hoy ensimismadas con la ayuda de la cultura de las redes sociales que encierran en vez de oxigenar, sino el amplio mundo constituido por las clases trabajadoras, los sectores medios subordinados, el mundo de la cultura y los diversos grupos excluidos y discriminados. Y poner por delante fines colectivos en medio de la sociedad narcisista del Yo y mis circunstancias, como la prevalencia del Estado de derecho contra la arbitrariedad, la democratización del poder político y la socialización de al menos una parte sustancial del poder económico para fines de reducción de la desigualdad, de expansión del bienestar social y de preservación ecológica y de la calidad de vida en los territorios. Esto requiere del difícil ejercicio político cotidiano de subordinar los intereses privados y específicos al interés público y de articular las acciones del presente con los posibles horizontes futuros.

Algunos insisten en que nada de esto tiene sentido, y menos buscar articulaciones de las izquierdas. Repiten aquello de dar por superada a las izquierdas y a los progresismos dado que serían anticuados. Cabe preguntarles si lo serían porque proponen una nueva constitución que establezca derechos más allá del mercado. O porque proponen mantener Codelco y los recursos naturales bajo dominio del Estado. O porque proponen no desregular el (aún excesivamente informal) mercado de trabajo ni la (escasa) protección del ambiente, sino al revés, potenciar regulaciones apropiadas que provean flexibilidad en ciertos casos pero sobre todo seguridad y apoyo a la mayoría que vive de su trabajo. O porque proponen un sistema público de educación, salud y pensiones al margen del mercado, es decir un significativo “salario indirecto” para las mayorías de bajos ingresos. O porque debaten  sobre una necesaria reconversión productiva en la que prevalezcan la diversificación y  la economía circular, guiadas por el Estado frente al cambio tecnológico y la automatización en gran escala en un mundo cada vez más incierto dominado por la pugna de largo plazo  entre Estados Unidos y China y en la que se expanda la economía social y solidaria y las articulaciones latinoamericanas de cadenas de producción y de infraestructura. Y que debaten sobre la pertinencia y la extensión posible de un ingreso básico universal que garantice derechos frente a las antiguas y nuevas realidades del trabajo.

La recurrida letanía  de situarse por encima de izquierdas y derechas, en particular  porque las izquierdas estarían obsoletas, es un camino intentado históricamente por muchos y en Chile recientemente por actores políticos autodenominados liberales. Tienen todo el derecho a hacerlo, aunque con frecuencia terminan aliados de la derecha, pero eso no los constituye en salvadores de la patria por obsolescencia de los demás. Son una opción más y punto. Pero lo que a Chile le hace verdaderamente falta es una reagrupación de las izquierdas y los progresismos, incluyendo los de que vienen del mundo popular de raigambre cristiana, con nuevas ideas pero con lealtad a muchas de sus viejas y honorables banderas, y en especial la de privilegiar el principio de la igualdad para hacer posible la libertad real de todos y no solo de minorías privilegiadas. Y que defienda con eficacia los intereses del mundo del trabajo y de la cultura y el derecho de las nuevas generaciones a vivir en un ambiente resiliente. Esos intereses y principios, por mucho que el mundo haya cambiado sustancialmente y su propia sobrevida esté en cuestión, siguen siendo básicamente los mismos de siempre, porque tienen que ver, en nuevas circunstancias, con la condición humana y sus dilemas.

El agotamiento del modelo económico y las opciones alternativas

En Cooperativa.cl

Parece haber terminado la ilusión del actual gobierno de lograr un buen crecimiento por el solo hecho de hacerse cargo de la administración con una orientación pro-empresarial. Se suponía que ese crecimiento facilitaría, además, la gobernabilidad. Y una suerte de proyección automática en el poder frente al fin de la coalición mayoritaria que gobernó en el pasado, hoy dividida y sin capacidad de proponerle al país reformas institucionales, económicas y sociales creíbles y que inspiren una oposición constructiva. 

Por la fuerza de los hechos, sin embargo,  la idea según la cual los mercados resuelven los principales problemas de las sociedades humanas se encuentra en retroceso.

Sin control democrático, los mercados agravan hoy tres de los problemas sociales básicos: la incapacidad de creación de empleo suficiente y decente en contextos de cambios tecnológicos acelerados, las desigualdades injustas que llevan a que muchos vivan en medio de grandes carencias evitables, y la depredación de los ecosistemas. 

No obstante, el neoliberalismo se ha arraigado en Chile desde los años setenta de un modo inusual, al punto que en la derecha todavía persiste la idea de Von Hayek según la cual lo único que vale es liberalizar los mercados, para lo cual incluso las dictaduras se justificarían. El mantra es la libertad económica, aunque sea al precio de la desigualdad, la concentración y la depredación, es decir la pérdida de la libertad real.

Una música de fondo de ese tipo es la que se ha escuchado en los alegatos empresariales  frente al no avance en el parlamento de la contra-reforma tributaria y laboral o del proyecto de fortalecimiento de las AFP.  

Otros, que adhirieron en el pasado a modelos económicos no liberales, hoy piensan que no hay mucho que hacer frente al capitalismo, es decir la acumulación privada ilimitada de capital como motor económico. Supuestamente no habría otras alternativas. En la historia contemporánea, a partir de la extensión de la economía de guerra previa a la revolución rusa de 1917, sí ha existido una alternativa al capitalismo consistente en la estatización generalizada de los medios de producción y la fijación centralizada de precios y cantidades a producir. Algunos aún denominan ese esquema como socialismo y otros como autoritarismo de economía centralizada. Esa fue - todavía sobrevive marginalmente en algunas partes o intenta instaurarse en otras - una organización económica dominada por una clase burocrática con algunos resultados sociales pero con nuevos privilegios y una notoria falta de dinamismo económico. Demostró no tener una vocación socializadora, pues no otorgó a los trabajadores poderes de decisión en la gestión de las empresas y en la orientación general de la economía. Por eso es impropio otorgarle el nombre de socialismo a los regímenes de centralización burocrática. Estos demostraron, además, no tener ninguna vocación ecológica: la matanza generalizada de ballenas en la URSS para cumplir el plan en materia de pesca o el fin del mar de Aral  para producir algodón fueron emblemáticas. Esos regímenes deben ser desechados como alternativa deseable. Con ellos en el siglo XX se pasó de una opresión a otra, de una destrucción a otra. 

Pero también emergieron compromisos socialdemócratas que moderaron las crisis y disminuyeron las desigualdades mediante diversas formas de Estado de bienestar, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de 1929. Aunque con importantes resultados en una primera etapa, no lograron contrarrestar los efectos de la globalización capitalista acelerada a fines del siglo XX y la irrupción de las economías emergentes asiáticas, el gran fenómeno de la economía contemporánea.

Los proyectos progresistas del siglo XXI deben ir más allá, dado el actual contexto global y las nuevas amenazas, y propiciar una amplia transformación social y ecológica. Deben insistir en construir espacios regionales protectores con más integración de las políticas comerciales y de inversión para ganar autonomía relativa y defender estándares sociales y ambientales en la globalización. Y proponerse emancipar a la mayoría social de las tres estructuras principales que la oprimen o amenazan: la de la dominación política de un grupo o clase minoritaria sobre el resto, la de la dominación del capital sobre el trabajo y la del uso indiscriminado por el capital de los recursos de la naturaleza. 

Una primera gran tarea es que la democracia no retroceda ante la ola autoritaria que utiliza los temores y la inseguridad que crea el propio liberalismo globalizador.

El progresismo y la izquierda deben reafirmar el principio de igualdad efectiva de oportunidades y el de reciprocidad más allá del mercado “según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón” (Gerald Cohen).

Para volver a ganar legitimidad, las instituciones deben avanzar en calidad y probidad y descentralizarse con más democracia territorial. Y producir mejores resultados sociales.

El progresismo debe promover la igualdad de género y encabezar la construcción de mecanismos de seguridad económica con derechos laborales efectivos y una fuerte protección social basada en compensaciones suficientes ante el desempleo, la enfermedad, la vejez y la pobreza. Y favorecer una inmigración ordenada y con derechos. 

Lo anterior supone más dinamismo y avanzar a una economía mixta innovadora. Se debe estimular la investigación y el desarrollo tecnológico y la creación generalizada de empleos decentes. En las actividades lucrativas, el capital privado debe ser gobernado social y ecológicamente por instituciones democráticas efectivas en materia de diversificación y desconcentración productiva, de negociación colectiva, de participación laboral en la empresa y de redistribución del ingreso.

Y también de transición a una economía circular, con resiliencia ecosistémica y un consumo funcional y responsable. Para avanzar a la economía circular, cada tipo de actividad debe pagar el costo efectivo del tratamiento y reciclaje de sus desechos. Pero se debe partir por el principio: cambiar el actual modelo de consumo, con alimentos industriales, embalajes plásticos generalizados, automóvil individual en ciudades segmentadas y extendidas, obsolescencia programada de los equipamientos. Todo esto es dañino para la salud humana y destructor de los ecosistemas. Para avanzar a un modelo de consumo funcional es cada vez más imperativo  actuar contra la epidemia de obesidad infantil dificultando el acceso y encareciendo la comida chatarra a través de un impuesto especial que se use para subsidiar parte de una alimentación institucional (Junaeb y casinos de empresas) basada en alimentos saludables y ecológicos. La información no basta.

A la vez se requiere ampliar las alternativas al automóvil individual mediante un transporte público de calidad basado en la electricidad. Se avanza en la materia, pero a paso muy lento, mientras las ciudades son cada vez más invivibles, el aire más irrespirable y los tiempos de transporte cotidiano más largos. Como parte de una política territorial de efectos de largo plazo, es necesario estimular una mayor cercanía física de vivienda familiar, escuelas, servicios públicos y trabajo, disminuyendo además la segmentación social de las ciudades y ampliando el trabajo domiciliario con uso intensivo de tecnologías de la información al menos algunos días de la semana.

Esto requiere de autoridades metropolitanas fuertes ("alcaldes mayores" con competencias de ordenamiento urbano y territorial) al menos en Santiago, Valparaíso-Viña, Concepción-Talcahuano y otros lugares del país. En paralelo y en el corto plazo, se debe realizar una mayor inversión en sistemas de transporte rápido urbano y suburbano. Un dato: un tren de 150 metros puede transportar 3.000 personas, lo mismo que 2.600 automóviles, equivalentes a un taco de 11,5 kilómetros. La meta debe ser construir vías exclusivas reales para buses eléctricos, tranvías y metros en las principales aglomeraciones, de modo que ningún habitante urbano esté a más de 500 metros de un paradero o estación.

Esto tiene un costo, financiable con impuestos (el impuesto especial a los combustibles debiera aumentarse en el caso del diesel y destinarse íntegramente a estos fines), tarifas y endeudamiento de largo plazo, pero el esfuerzo vale la pena (y es además en la mayoría de los casos "socialmente rentable" en términos de evaluación de proyectos) si se considera que lo que está en juego es la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. 

La economía lucrativa debe entonces limitar con el interés general y coexistir con agencias estatales proveedoras de servicios públicos fortalecidos y no disminuidos, con empresas públicas estratégicas y con un amplio tejido de economía social y solidaria.

Un Estado democrático probo y profesional, no capturado por los intereses corporativos, debe ampliar los tributos redistributivos y regular más precios y tarifas claves tanto para asegurar la sostenibilidad como evitar la generación de rentas ilegítimas.  

Las alternativas al neoliberalismo existen, aunque las corporaciones privadas dominantes y sus representantes políticos pongan el grito en el cielo. Y en Chile no se harán efectivas si persiste el limbo programático que se ha generalizado en la actividad política - y especialmente en el campo progresista, pues para la derecha los programas nunca tuvieron demasiada importancia frente a los intereses a defender - para supuestamente seducir electorados múltiples con un discurso plano.

El resultado ha sido otro: la generalizada pérdida de credibilidad de los ciudadanos que no adhieren a la sociedad del privilegio que ofrece la derecha, pero que observan que sus representantes políticos parecen estar más al servicio de si mismos y no confluyen ni defienden suficientemente los valores, ideas e intereses de la mayoría social.

Sobre las reformas tributaria y previsional

En Cooperativa.cl

Dado que están activamente en curso sendas negociaciones sobre impuestos y sobre el sistema de pensiones entre el gobierno y parte de la oposición, tal vez tenga sentido contrastar sus posibles resultados con lo que podría ser un mejor sistema tributario y un mejor sistema previsional.

En materia de impuestos, lo razonable sería que se separara integralmente, como en Estados Unidos, la tributación de las utilidades (devengadas) de las empresas - necesaria para financiar las infraestructuras y las capacidades humanas sin las cuales no hay actividad productiva de empresa alguna - de la tributación de los ingresos personales provenientes de utilidades retiradas desde las empresas por sus dueños.

Las tasas de estos ingresos personales deben ser siempre más altas tanto para estimular que las utilidades se reinviertan y no se retiren para fines de consumo como para redistribuir los ingresos, en tanto los ingresos salariales bajos no sean tributables.

Las tasas planas a todos los ingresos a lo Milton Friedman no permiten ni estimular la inversión ni redistribuir ingresos.

La tasa aplicada a las utilidades devengadas debiera ser menor que la actual para aquella parte que sea reinvertida en capacitación y en actividades de economía circular -especialmente en los territorios más desfavorecidos - y en innovación energética renovable, para así aumentar la inversión y al mismo tiempo estimular un crecimiento sustentable y con valor agregado basado en conocimiento, mayores capacidades humanas e innovación mejor distribuidos social y territorialmente. Lo mismo debe ocurrir con la depreciación acelerada, que debiera ser selectiva y solo aplicable a las inversiones mencionadas.

Las regalías (royalty) mineras y las aplicadas sobre los recursos naturales debieran subir sustancialmente cuando el margen de explotación aumente más allá de 10%, para evitar utilidades sobrenormales que no tienen justificación productiva alguna y que constituyen un renta no empresarial que pertenece a los dueños de los recursos, es decir todos los chilenos/as.

La tasa marginal del impuesto a la renta personal sobre 10 millones de pesos mensuales debiera subir al 50% (nivel de 1989) y al 65% (nivel que no desestimula la actividad según economistas como Krugman y Diamond y Sáez) sobre 20 millones al mes, para contribuir a una mayor equidad distributiva en uno de los países más desiguales del mundo.

Se debe fortalecer las capacidades tributarias y la autonomía de regiones y comunas para fijar tasas y ampliar la base tributable en materia de impuesto territorial de bienes raíces y de patentes mineras, industriales y comerciales, compensando más a los territorios más pobres con los recursos de los más ricos en un país con enormes desigualdades territoriales que se agregan a las desigualdades sociales.

En materia previsional se discute introducir mecanismos de solidaridad, pero sin claridad suficiente respecto de quién la realiza y quién la recibe. Si es una solidaridad de todos los cotizantes (ingresos provenientes de la planilla de salarios) hacia otros asalariados, deja afuera el aporte de los ingresos del capital, hoy por hoy recaudados, aunque insuficientemente, por el sistema tributario. Sería una solidaridad entre trabajadores solamente.

Es más lógico que la solidaridad intrageneracional se produzca a través de la Pensión Solidaria y los Aportes Previsionales Solidarios financiados por impuestos, con aportes de los ingresos del trabajo y también del capital.

En un enfoque de solidaridad sustancial de ese tipo, la pensión básica debiera aumentar progresivamente y alcanzar un gasto presupuestario de hasta un 5% del PIB, como en Nueva Zelandia.  

Dicho sea de paso, hoy en Chile el gasto en pensiones de las fuerzas armadas es de 0,9% del PIB y el de pensiones solidarias de 0,8 % del PIB. La reforma tributaria debiera contemplar el financiamiento de un aumento mayor que el previsto de la pensión básica aumentando la tributación a los ingresos del capital en los términos reseñados.

La clave es que la recaudación para pensiones no es propiamente solidaria, en las condiciones de la distribución del ingreso en Chile, si solo la financian las cotizaciones salariales, además con un tope, y no se agrega una contribución de los ingresos de capital, como es el caso de la Contribución Social Generalizada existente en Francia.

Por otro lado, si además se quiere establecer un mecanismo de solidaridad intergeneracional entre cotizantes, ésta puede operar con fórmulas como la sueca, a través de cuentas individuales en las que se registra el historial de cotizaciones de cada trabajador.

La suma da derecho al jubilarse a una pensión financiada por la recaudación en cada período proveniente de las cotizaciones salariales obligatorias. Esta indexación de los derechos adquiridos por cotizar en el pasado con la masa salarial en el presente, constituye una solidaridad entre generaciones que, al mismo tiempo, evita desequilibrios por el envejecimiento futuro. Nada impide que el 4% adicional se pueda utilizar para este fin con un mecanismo de reparto como el mencionado.

Está sobre la mesa la idea de un “ente público” que mantenga la capitalización del 4% adicional de cotización salarial imputada al empresario, administrados por privados distintos de las AFP.

Se plantea, además, una especie de extensión del seguro de invalidez y sobrevivencia y del seguro en caso de pérdida de autonomía que propone el gobierno. para aumentar la pensiones de las personas de más edad.

Eso sería socialmente muy regresivo, pues pagarían la misma prima personas que vivirán más y otras menos, casualmente las más pobres. Estudios para comunas de Santiago indican un diferencial de esperanza de vida de unos 8 años, lo que es enorme.

Y si no hay margen para otra cosa con el actual gobierno, entonces al menos la entidad pública debiera poder optar a administrar directamente el 4% y también el 10% hoy existente, junto a las Cajas de Compensación y otras entidades propuestas por el gobierno para el 4%, y así incentivar una mayor competencia que pudiera bajar las comisiones.

Se establecería de ese modo una alternativa pública que terminaría con el monopolio de las AFP, la que se prolonga desde 1981 con pésimos resultados en materia de tasa de reemplazo de ingresos previos por pensiones.

Tal vez tenga sentido que al menos se concrete en esta reforma un nuevo servicio público que cumpla con la tarea de bajar las comisiones en el 14% de cotización obligatoria, realizar una atención preferente de los grupos vulnerables y fiscalizar las cotizaciones para aumentar la protección de todos en la vejez.

El actual gobierno no está, al parecer, en condiciones de aprobar su proyecto original y debiera aceptar una institucionalidad pública que en el futuro pudiera hacerse cargo de la solidaridad intergeneracional en materia de pensiones.

Lecciones autocríticas

En Cooperativa.cl

Milité en el Partido Socialista desde 1985 a 2016. Fui partícipe del proceso de renovación de ideas, de la reorganización para la lucha social y política contra la dictadura y de la reunificación en 1989. Fui miembro de su dirección en los ochenta y noventa y presidente en 2003-2005.

A ese título conocí al PS en profundidad y estaré siempre agradecido de una militancia que me permitió convivir con muchas personas nobles y comprometidas de todos los rincones de Chile, muchas de las cuales sufrieron enormemente por ese compromiso durante la dictadura y sobrellevaron con dignidad sus secuelas. Y estaré siempre agradecido del honor de haber ejercido responsabilidades partidarias en su nombre. 

Renuncié hace tres años porque terminé de convencerme que el sistema de generación de autoridades y la transformación del PS en una plataforma burocrática despolitizada y sin proyecto lo hacían irreformable en las condiciones actuales e inservible para las causas socialistas de igualdad y justicia social, de libertad real y ahora también de preservación de los ecosistemas para las nuevas generaciones. 

Por un lado, se produjo la progresiva descomposición de una parte de sus élites, que decidió hacer de la realpolitik de corto plazo su práctica política y abandonó todo proyecto de cambio de la sociedad.

Esa parte de la dirigencia aceptó la cercanía, la influencia y el financiamiento del poder económico corporativo a sus campañas, como es de público conocimiento, incluso cuando se estableció el financiamiento público de la actividad política (la situación previa en algún sentido obligaba a buscar financiamientos donde se pudiera), e hizo del acceso a cargos públicos para sus clientelas su razón de ser.

Otros decidieron adoptar lisa y llanamente el modelo del cacicazgo de las oligarquías tradicionales para mantener el control de todo lo que se moviera en sus territorios electorales, utilizando desde la influencia en el nombramiento de jueces a la connivencia con la derecha empresarial, incluso promoviendo amnistías a los evasores tributarios.

Otros se transformaron en lobistas de intereses empresariales. Estos fenómenos no son para nada exclusivos del PS, sino una expresión generalizada de la decadencia de nuestra muy imperfecta democracia, pero nunca debieron llegar al PS. 

Por otra parte, se produjo la descomposición de una parte de su dirigencia intermedia y de base. En nombre de una proveniencia popular (lo que es bastante relativo en muchos casos, pues se trata de gente con formación universitaria), todo valía para hacerse un lugar en el poder partidario, con la idea cada vez más extendida de desplazar a las "élites de Plaza Italia para arriba", como si Allende y muchos de sus dirigentes no tuvieran un origen social privilegiado, como si la mayoría de los dirigentes no fuera de sectores medios y como si no hubiera habido siempre dirigentes de proveniencia popular, haciendo del PS un espacio de los "trabajadores manuales e intelectuales" como señala su Declaración de Principios de 1933.

Fueron aceptando y, en algunos casos, desarrollando como método de acumulación de poder, transgresiones a la ética pública de diversa índole, que algunos reivindican todavía como parte de su "lucha contra las élites".

Esto fue incluyendo la inscripción de cualquier persona como afiliado con derecho a voto para controlar elecciones internas, el acarreo organizado y masivo e incluso la falsificación de resultados electorales partidarios.

Este proceso de descomposición se fue agravando hasta hacer un uso local intensivo del clientelismo abierto por diversos dirigentes nacionales, utilizando los órganos del Estado de distinto nivel, con la consecuencia de una multiplicación de corruptelas variadas y, en algunos casos extremos, la connivencia con el narcotráfico.

Así se llega a la crisis actual, provocada por reportajes televisivos que algunos consideran una conspiración, cuando en realidad se trata de una información con ribetes de escándalo que iba a emerger a la luz pública de un modo u otro. 

Ya no me corresponde opinar sobre las salidas de crisis de un partido al que no pertenezco, pero lo que pasa en el PS interesa a la sociedad en su conjunto y al conjunto del progresismo.

Creo que un Congreso Extraordinario debiera refundarlo, con una organización interna basada en la adquisición del derecho a voto mediante una participación efectiva en actividades militantes por al menos tres años y una formación obligatoria en sus principios. Y elegir una nueva directiva en ese Congreso para encabezar el saneamiento del PS y su reanclaje en un proyecto de transformación social situado en la izquierda del espectro político. 

Pero muchos se preguntarán, con razón, y usted qué hizo o no hizo en todo esto que señala. Yo tengo responsabilidades personales en todo ese proceso, y las asumo. 

Me auto-critico por haber concebido por 1987, junto a otros compañeros, el sistema de elección de dirigentes basado en afiliados y no en militantes y sus delegados reunidos en congresos deliberativos, a pesar de la reforma de estatutos cuando fui secretario general del PS unificado que ponía condiciones de militancia, pago de cotizaciones y renovación periódica del carnet partidario, pero que no fueron suficientes y se abandonaron.

La idea era introducir más democracia y terminamos facilitando un sistema de control de afiliados clientelares por caciques locales y dirigentes intermedios, que en principio trabajaban para liderazgos nacionales y luego para sí mismos.

Se equivocan los que sostienen que este es un tema de tendencias políticas internas, cuya necesidad siempre he defendido para mantener la pluralidad, sino de grupos despolitizados de control de clientelas. 

Me auto-critico por haber promovido con insistencia en el PS una "cultura de gobierno" sin darme cuenta que se reemplazaba una indispensable "cultura de militancia social".

El resultado fue en definitiva legitimar la transformación del PS en una mera plataforma de acceso a posiciones burocráticas. El boicot a organizar la formación política de los militantes fue permanente, incluso en mi presidencia.

Yo rompí con la corriente interna de la renovación a la que pertenecía, que creo hizo una gran contribución de ideas al socialismo, y me acerqué a la supuesta izquierda partidaria porque pensé que con ellos podíamos armar un campo de resistencia ante la deriva hacia la renuncia a la justicia por las violaciones de los derechos humanos y hacia la connivencia con el mundo empresarial.

La idea era retomar la militancia social y un proyecto transformador que guiara nuestros pasos. Pero combatir internamente esas derivas y plantear un proyecto de cambio no era lo que interesaba a esa supuesta izquierda, sino solo sus propios espacios de poder personal.

Promoví entre tanto la salida del PS de los lobistas, que derivó en la renuncia de Enrique Correa y la suspensión de militancia de Eduardo Loyola. El que terminó saliendo fui yo, en un congreso que perdí por muy pocos votos en 2005. Isabel Allende, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier, Camilo Escalona, Mahmud Aleuy y Osvaldo Andrade, la derecha y la izquierda partidaria unidas, terminaron después aplaudiendo el retorno del lobista Enrique Correa al PS, aunque tengo entendido que no sometieron su reincorporación a un congreso partidario. Hicieron girar al PS hacia el centro político, el acomodo al modelo económico liberal y, finalmente, la irrelevancia. 

Me auto-critico por no haber controlado directamente las decisiones de la Comisión Patrimonio - que decidimos administrara la indemnización de los bienes expropiados por la dictadura - cuando fui presidente del PS, que fue una idea mía y de otros para asegurar la independencia financiera y política del PS frente al empresariado, y establecido de modo tajante que solo invirtieran en instrumentos públicos y empresas con sello social y ambiental, aunque la rentabilidad fuera menor, en vez de en SQM y otras empresas que estaban corrompiendo el sistema político, lo que nunca pensé los miembros de la comisión harían. 

Me auto-critico por no haber sido más tajante frente a Miguel Ángel Aguilera, aunque fue Alcalde después de haber yo dejado todo cargo partidario. Nunca acepté en el grupo interno de la renovación sus pujas desembozadas por posiciones de poder, porque su estilo intuitivamente no me gustaba y me parecía brutal y oscuro. Nunca acepté un solo voto de él y de su gente. Nunca.

No sé si Miguel Angel Aguilera utilizó vínculos con el narcotráfico para acumular afiliados. Cuando una persona me advirtió, en un encuentro casual hace más de una década, haber observado a traficantes de San Ramón movilizando gente en las elecciones internas, no puse el grito en el cielo por la ausencia de pruebas. Denunciar algo sin pruebas no es correcto. Pero, dada la gravedad del hecho, debí haber pedido una investigación exhaustiva.

Al cabo del tiempo, y con el aparataje municipal detrás, aseguró una vicepresidencia perenne en el PS (alternada con su hermana). Ahora la contratación de personas en el municipio de San Ramón vinculadas el narcotráfico, mostrada en reportajes televisivos, es objeto de investigación judicial y no es solo parte de rumores, como los hay tantos en toda organización política.

Hasta ahí mis auto-criticas y sus matices, dado que tuve responsabilidades en todo este proceso, cuya degradación logré tal vez retrasar pero no evitar, y las asumo en lo que me cabe.

Este proceso, por otro lado - y a pesar de lo descrito - produjo importantes resultados positivos para la mayoría social, pero eso es harina de otro costal. La esperanza es que se aprenda las lecciones para que los partidos políticos se fortalezcan y ojalá nunca se repitan estos hechos en ningún espacio en el futuro. Y que lo acontecido no afecte el ideario socialista y su proyección en la sociedad chilena para hacerla más justa, y por eso más libre y más sostenible. 

A esas prácticas hay que contraponer, en las antiguas y en las nuevas organizaciones de izquierda, la reconstrucción y creación de otras prácticas que contribuyan a la transformación social porque a) son probas (es decir tienen siempre límites éticos y no sirven intereses particulares sino el interés general) y b) están inspiradas en valores e ideas propias de un proyecto de cambio social emancipador, diverso y tolerante en su seno, pero capaz de representar los intereses de la mayoría social.

Esto requiere del difícil ejercicio político cotidiano de subordinar los intereses específicos al interés general y de articular las acciones del presente con el horizonte del proyecto político que se defiende.

Medidas económicas tardías

En Voces de La Tercera

En el primer trimestre de este año la economía se estancó, medida por el Producto Interior Bruto (PIB) corregido de efectos estacionales y en comparación al trimestre anterior. Según el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) más reciente, en los cuatro primeros meses de 2019 la economía creció en 1,7% respecto al mismo período de 2018. En los dos próximos cuatrimestres la economía debiera aumentar sustancialmente su crecimiento para llegar al 3-3,5% promedio anual, que estableció como meta el presidente Piñera en la cuenta pública del 1 de junio. Esta es una cifra que el contexto internacional no permite seriamente proyectar.

El gobierno decidió el jueves 6 de junio adelantar obras públicas por unos mil millones de dólares en inversiones que se iniciarían en 2019 y 2020 “a través de hacer más expedito el proceso de autorización presupuestaria necesarias para sacar adelante esas obras”. Esto representa un volumen de gasto adicional pequeño con efectos macroeconómicos mínimos, pero cuya “agilización” probablemente incluirá la enésima iniciativa para disminuir los estándares ambientales en los proyectos de inversión.

Por su parte, luego de meses de inacción, porque supuestamente todo iba más o menos bien, el 7 de junio el Consejo del Banco Central por fin se decidió a bajar de la tasa de interés de referencia. Esta pasó a 2,5% desde el 3% vigente desde enero, lo que se explica por los malos datos de la actividad económica y especialmente de la inversión, cuya dinámica el Banco Central ha sobreestimado en el período reciente, así como una caída de las exportaciones mineras e industriales.

Entre tanto, los desocupados sumaron 626 mil personas en el trimestre febrero-abril, un aumento de 3,4% respecto a los 605 mil del mismo período del año pasado, según la encuesta del INE. El empleo creció en 1,4% en doce meses, un buen ritmo. Los cotizantes dependientes (con contrato formal de trabajo) en las AFP aumentaron en el trimestre diciembre 2018-febrero 2019 en 3,3% en doce meses, según la Superintendencia de Pensiones, lo que indica una tendencia a la formalización del empleo. Pero el 28,5% del empleo es informal, una cifra muy alta en el contexto de los países de la OCDE, aunque baja en el contexto latinoamericano. Las remuneraciones reales crecieron, de nuevo según el INE, en 2,6% en 12 meses en abril de 2019.

Este crecimiento del empleo y de las remuneraciones es el que sostiene el consumo y el que ha permitido que la actividad económica no haya entrado en recesión, en un contexto de caída en la inversión y de las exportaciones.

Esto explica la decisión reciente del Banco Central, pero no explica su carácter tardío, la que viene además a compensar el error de haber subido a fines de 2018 y principios de 2019 esa tasa en 0,25 en cada ocasión, llevándola del 2,5% al 3% en medio de signos que no eran expansivos, especialmente por el contexto externo. Ahora el Banco Central reconoce que “a la luz de la actualización de los parámetros estructurales, la recuperación de la economía no ha sido suficiente para cerrar la brecha de actividad e impulsar la inflación. Por ello, estimó necesario recalibrar el impulso monetario”. La inflación está próxima a completar tres años bajo la meta de 3% anual, por lo que es urgente que el Banco Central revise su concepto de “impulso monetario”, basado en reglas obsoletas frente a una relación entre desempleo e inflación que ha cambiado sustancialmente en todo el mundo (en Estados Unidos el desempleo bajó desde la gran crisis de 2009 de 10% a menos de 4% pero la inflación, contrariamente a las previsiones de los economistas conservadores, ha permanecido en menos de 2% anual) y también en nuestro país.

Todo este episodio confirma el sesgo sistemáticamente recesionista de la política monetaria en Chile y la timidez contracíclica de la política fiscal. Este sesgo tuvo graves consecuencias en 1999 y 2008-9, cuando se aumentaron las tasas de interés en vez de disminuirlas, con sendas caídas evitables del PIB y fuertes aumentos del desempleo.

Los macroeconomistas convencionales en Chile siguen demostrando una gran impericia para manejar el ciclo económico, siempre inestable por la alta exposición a pocos bienes de exportación.

Por el momento, el gobierno y la autoridad monetaria no ofrecen una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo. Tampoco lo hizo el gobierno anterior, dicho sea de paso, cuyos economistas no pensaban de manera muy distinta que los del actual. Una respuesta que mantenga una mayor creación de empleo y aumente su calidad solo puede provenir de una política contracíclica más contundente en materia monetaria (bajando todavía más la tasa de interés en los próximos meses) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas mediante endeudamiento hoy disponible a bajo costo). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía probablemente languidecerá con tasas de crecimiento bajas. Es de esperar que la cantidad de desempleados no siga aumentando, pues son los que en definitiva sufren las consecuencias de las decisiones equivocadas de política económica y por los que casi nadie habla.

La insustancial cuenta de Piñera

En Observatorio de Medios

Después de la cuenta presidencial anual, queda en evidencia la ausencia de respuesta del actual gobierno a tres de los principales problemas que aquejan a la sociedad chilena.

El primero de ellos es la crisis institucional. No se observa en la cuenta nada sustantivo para mejorar el clima institucional después de lo visto en la apropiación de fondos públicos en Carabineros y el Ejército, las coimas de algunos jueces, la guerra entre los fiscales de la región de O´Higgins, la denuncia de manipulación del IPC en el INE y así sucesivamente. O para evitar con mejores sistemas de control nuevos brotes de corrupción y los conflictos de interés entre funcionarios de gobierno y actividades privadas. Parece ser que para Piñera estos simplemente no importan, visto lo del viaje a China de sus hijos empresarios, la reacción posterior y el silencio frente al no pago de contribuciones en propiedades del actual presidente.

Parece ser que para Piñera estos simplemente no importan, visto lo del viaje a China de sus hijos empresarios, la reacción posterior y el silencio frente al no pago de contribuciones en propiedades del actual presidente.

Crear una comisión dirigida por el ministro del Interior para buscar un nuevo “acuerdo nacional” no hace más que dilatar medidas drásticas contra la corrupción y los conflictos de interés, por un lado, y el rediseño global de las instituciones políticas, por el otro.

Una Contraloría General en crisis debilita el control de la legalidad de los actos de los órganos administrativos, y especialmente la ejecución presupuestaria. No se necesita una comisión para enviar con urgencia un proyecto de ley que dote a la Contraloría General de capacidades de control de todo tipo de gastos reservados y de los sistemas de compras públicas, donde se concentra la corrupción, y termine con la crisis de mando de la institución. A su vez, la sanción frente a conflictos de interés que permiten, por ejemplo, a familiares ser parte de las actividades de altas autoridades, debe aumentar drásticamente y a la brevedad.

Piñera decidió, por otro lado, dar una respuesta absurda a la caída de la legitimidad de los órganos de representación. Disminuir el número de parlamentarios suena bien a los oídos de los que, por diversas razones, aborrecen de su rol, y de paso permitiría disminuir la diversidad de la representación y favorecer a la UDI, que nunca aceptó el cambio del sistema electoral hacia una mayor proporcionalidad. Un pequeño cuerpo parlamentario aumenta las posibilidades de captura del sistema político por los intereses de las grandes corporaciones empresariales.

Las claves están más bien  en la disminución de la remuneración desmedida de los parlamentarios, la profesionalización de los sistemas de asesoría (creando en especial una oficina parlamentaria de presupuesto que sea una contraparte seria del ministerio de Hacienda para aumentar la calidad de la discusión de las leyes), el límite real a la reelección y la pérdida inmediata del cargo y del derecho a ser elegido a quienes financian ilegalmente sus campañas.

Pero lo principal es que no se aborda el problema central: Chile no posee instituciones dotadas de suficiente legitimidad, por lo que su futura prosperidad y estabilidad democrática requieren ineludiblemente de un cambio constitucional.

Pero lo principal es que no se aborda el problema central: Chile no posee instituciones dotadas de suficiente legitimidad, por lo que su futura prosperidad y estabilidad democrática requieren ineludiblemente de un cambio constitucional.

Ello fue muy mal manejado por el gobierno anterior, sin lograrse ningún avance, pero con el actual el tema simplemente desapareció de la agenda. Instituciones como los quorum calificados de aprobación de leyes y un Tribunal Constitucional activista que interfiere en las decisiones del parlamento y del poder judicial no merecieron ninguna mención en el mensaje presidencial, mientras no hubo un compromiso claro con mantener la fecha de la elección de gobernadores regionales el año próximo. La derecha en el gobierno está al debe en materia de reforma democrática a las instituciones.  Y esto tiene una explicación: su compromiso con las instituciones democráticas es en esencia débil e instrumental.

Ello fue muy mal manejado por el gobierno anterior, sin lograrse ningún avance, pero con el actual el tema simplemente desapareció de la agenda.

El segundo gran problema del país es la pérdida de dinamismo económico. Si se mide la actividad económica más reciente a través del PIB ajustado por factores estacionales, se constata que se estancó en el primer trimestre de 2019. Cayeron las exportaciones y la inversión. Solo mantuvo un cierto crecimiento el consumo, empujado por mejores remuneraciones reales promedio por la baja de la inflación, de acuerdo a los datos del Banco Central, lo que aún sostiene la demanda interna y no ha deteriorado el empleo.

En el presente año, el PIB no crecerá más de 2 a 3%, por lo que Piñera no tuvo más remedio que rebajar la proyección gubernamental de crecimiento y de paso hacer desaparecer la promesa de tiempos mejores. El hecho es que el gobierno no ofrece una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo, lo que solo puede provenir de una política contra cíclica contundente en lo monetario (disminuyendo la tasa de interés) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía languidecerá.

El hecho es que el gobierno no ofrece una respuesta suficiente al deterioro del escenario externo, lo que solo puede provenir de una política contra cíclica contundente en lo monetario (disminuyendo la tasa de interés) y fiscal (ampliando sustancialmente la inversión pública y el apoyo a la construcción y obras urbanas). La derecha en Chile no cree en ese tipo de políticas, y por tanto la economía languidecerá.

El tercer gran problema de Chile, y este es de carácter estructural pero no por eso menos acuciante, es la persistencia de las desigualdades, tema que apenas fue mencionado en la cuenta presidencial. En cambio, Piñera ha intentado conectar con la idea de representar a la clase media. La derecha, que representa de manera directa a las oligarquías económicas que concentran el poder en Chile, necesita dotarse de alguna legitimidad y conseguir adhesiones y votos, y hoy privilegia la idea de representar a la clase media aspiracional.

Sin embargo la realidad esencial es que los sectores medios se encuentran sometidos a relaciones laborales asimétricas y precarias en el contexto de una economía menos dinámica. Con alto costo de la educación, como en el gasto de las atenciones de salud a través de seguros privados, bajas pensiones que provee el sistema de AFP y altas tarifas que protegen a monopolios empresariales y no a los usuarios, como es el caso de los peajes de vías concesionadas y diversos servicios básicos. El programa de clase media recientemente anunuciado y reiterado en el mensaje no actúa de manera significativa en ninguno de estos aspectos.

Sin embargo la realidad esencial es que los sectores medios se encuentran sometidos a relaciones laborales asimétricas y precarias en el contexto de una economía menos dinámica. Con alto costo de la educación, como en el gasto de las atenciones de salud a través de seguros privados, bajas pensiones que provee el sistema de AFP y altas tarifas que protegen a monopolios empresariales y no a los usuarios, como es el caso de los peajes de vías concesionadas y diversos servicios básicos.

Peor aún, el compromiso adquirido con la Democracia Cristiana de permitir la cotización salarial adicional de 4% por un órgano público fue relativizado, evidenciando la incapacidad del gobierno para lograr la aprobación de sus iniciativas legales. La rebaja tributaria a los más ricos fue reiterada, lo que no contó siquiera con el apoyo del presidente de Renovación Nacional.

 La rebaja tributaria a los más ricos fue reiterada, lo que no contó siquiera con el apoyo del presidente de Renovación Nacional.

Junto a una conducción errática y acciones que evidencian una y otra vez una lógica de preservación de privilegios, estos factores son los que explican la sustancial pérdida de popularidad del actual gobierno, que la cuenta presidencial no parece haber contribuido a revertir.