Lo que viene en 2024

En La Nueva Mirada

Después de haber sido derrotado el intento de los «verdaderos chilenos» de establecer una constitución de sesgo oligárquico y liberticida, el sistema político deberá abocarse en 2024 a la agenda económico-social con más intensidad, sin perjuicio de explorar cambios en el régimen político. Para esto último se cuenta con el borrador de consenso de los expertos del Consejo Constitucional, que hoy reivindica un grupo de parlamentarios de derecha, y lo que plantea la nueva ley del Ministerio de Seguridad. Ésta da un rol de jefatura de gabinete al Ministerio del Interior, que se podría extender a un requisito de confianza de las Cámaras a quien ocupe el cargo, junto a la aprobación de un programa de legislatura. Se podría así ampliar el apoyo parlamentario a los gobiernos y evitar las parálisis y crisis. De paso, se debiera terminar con la absurda figura de la acusación constitucional a ministros, conducente al hostigamiento permanente y a una muerte cívica por cinco años al margen de los tribunales de justicia.

Si de orientación socialdemócrata se trata, cabe tener en cuenta las más recientes medidas de gobiernos dirigidos por esas fuerzas en Europa, como los de Alemania y España, y que buscan fortalecer el Estado de bienestar y la distribución de ingresos al margen del mercado, junto a dinamizar la economía. En el caso de Alemania, se estableció en 2023 -y aumentó sustancialmente en 2024- un «sueldo ciudadano» para quienes no tienen empleo. En España, se prorrogaron compensaciones contra la inflación con la extensión de ayudas monetarias y bajas de IVA en energía, transporte y alimentación. Las medidas socialdemócratas tienen un sentido de justicia, pero también de eficacia económica, pues ningún fortalecimiento de la productividad de largo plazo puede sostenerse con una parte de la población, especialmente los jóvenes, con bajos ingresos o sin acceso a una formación profesional que conduzca al empleo. 

Recordemos que en Chile hay hoy, según el INE, 400 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan y que los subsidios a las familias se retiraron sin gradualidad en 2022. Se cambiaron por un aporte modesto para compensar los aumentos de precios de los alimentos básicos, aunque se aumentó el salario mínimo, que abarca del orden de 10% del empleo. ¿Habrá esto tenido que ver con que en 2022 y 2023 el gobierno chileno perdiera dos elecciones cruciales, mientras en España, con una política de mantención de apoyos sociales, la izquierda impidiera la victoria de la derecha aliada a la extrema derecha? El gobierno de Piñera hizo una ampliación de subsidios con fines electorales y aumentó el déficit fiscal, pero la derecha terminó igualmente derrotada, dado que prevaleció el liderazgo extremo de Kast. Ese déficit debía disminuirse, pero con gradualidad y prudencia. Se hizo lo contrario, llegándose a un desproporcionado ajuste fiscal que llevó a un injustificado superávit de 1,3% del PIB en 2022, acompañado de un insólito aumento de las tasas de interés por un Banco Central dominado por economistas ultraconservadores. Y con las consecuencias previsibles: se produjo una caída de la creación de empleo en medio de una baja de las remuneraciones reales empujada por la inflación externa. La combinación perfecta para recibir un voto de castigo y de advertencia. Las autoridades económicas debían haber contrarrestado, en vez de agravado, fenómenos que eran transitorios y llevado la demanda interna a un aterrizaje suave. Pero aquí no estamos para cosas que no sean de choque y de corte neoliberal para “obtener credibilidad”. Mi conclusión sin muchos matices: una cosa es ser populista y otra es ser miope, y hacerles caso a tecnocracias desconectadas de la sociedad y a “mercados” que tienen más capacidades de adaptación que lo que estas tecnocracias suponen. Tampoco contribuyeron mucho las improvisaciones del nuevo gobierno y asumir el discurso autoritario en materia de seguridad, en vez de poner el acento en una mayor eficacia de las policías, para lo que deben ser reformadas y modernizadas. En la retórica autoritaria la derecha siempre gana, pues la encarna mejor que nadie en el espectro político.

Después no hay que lamentarse de los votos de castigo que se recibe de parte de la sociedad. Un ex presidente de la UDI, criticando a su sector, declaró que “hay que tener talento para transformar un triunfo del 62% en una derrota del 44%”, refiriéndose al resultado del plebiscito de diciembre de 2023. Pero para ser justos, también hay que señalar que transformar un triunfo del 80% en 2020 en una derrota del 38% en 2022 tampoco había estado mal por parte del otro lado del espectro político. 

En la agenda de 2024 están en primer lugar las pensiones y los impuestos, además de la deuda de las Isapres. 

La izquierda gobernante ha cedido en su voluntad de establecer un sistema de pensiones mixto con amplios componentes de reparto intergeneracional y accedió a mantener las cuentas de capitalización individual para el 10% de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Eso sí, terminando con las sobre-utilidades de los administradores privados mediante un recaudador colectivo de bajo costo y más actores en la inversión de los fondos y límites a los márgenes de esa actividad.  Con las comisiones que cobran a los cotizantes, las AFP se llevaron en 2022 un margen de 55% sobre el ingreso total (120% más que los costos), según datos del Ministerio del Trabajo, equivalente a 644 millones de dólares anuales. El «con mi plata no» al parecer no incluye dejar de transferirle a las AFP todos los meses como utilidades más de la mitad de lo que recaudan de los cotizantes por comisiones de administración. Para engrosar las utilidades de las AFP, "con mi plata sí". Para mutualizar riesgos, nada.

Las AFP han criticado el “estatismo” de la propuesta del gobierno. Pero ¿no es acaso la solución de mercado que cada cual ahorre según sus preferencias a lo largo de la vida e invierta donde mejor le parezca para financiar su vejez? ¿Qué tienen que ver las cotizaciones obligatorias con el libre mercado? Nada. Todo lo que es distinto del ahorro voluntario individual es estatal en materia de pensiones, empezando por la obligación de cotizar. La sociedad presume que las personas individuales no lo harán de manera voluntaria. La teoría económica neoclásica más lúcida habla de «miopía del consumidor» y que se debe obligar a las personas a ahorrar para la vejez y también para cubrir accidentes del trabajo, pérdida del empleo o enfermedad. ¿Quién lo hace? El Estado, cada vez que hay un contrato de trabajo asalariado dependiente o una prestación independiente de servicios. 

En este caso, no se estatiza lo que ya es un sistema íntegramente sujeto a reglas estatales. Ni se hace “de reparto” aquello que en lo principal ya lo es, pues la pensión garantizada para el 90% de las personas mayores de 65 años se financia con recursos que se recogen todos los meses vía impuestos, y llegará a 250 mil pesos en diciembre de 2024, y que se “reparten” pagando pensiones garantizadas universales. Si las AFP no quieren Estado, que dejen entonces de administrar e invertir las cotizaciones obligatorias y los fondos acumulados para retiros programados. Deberían asumir que toda solución de mercado debe ser voluntaria, sin Estado en ninguna parte de la ecuación, o bien aceptar que todo inversor privado de fondos previsionales debe regirse por normas públicas de seguridad social, por “estatista” que les parezca.

La seguridad social consiste en que se contribuye obligatoriamente una parte del salario o de los honorarios a cambio de derechos de pensión según reglas que establece la sociedad. Es extender lo que ya existe en parte: «con mi plata» hoy en Chile, al pagarse el seguro de invalidez y sobrevivencia todos los meses, todos contribuimos a financiar a los actuales y futuros inválidos laborales o a las viudas/os de personas que fallecen siendo trabajadores/as. Podemos ser nosotros mismos. O no. Si no se tiene un problema de salud invalidante o no se fallece durante la vida laboral, el cotizante -ni nadie de su familia- recibirá un peso, a pesar de contribuir toda la vida. Mi cotización en este caso no es de mi propiedad privada, es propiedad de un arreglo social colectivo, que puede o no traducirse en un beneficio personal. Lo mismo se puede decir de los impuestos: los que pago tampoco son de “mi propiedad” y permiten financiar cosas de las que me beneficio: caminos, equipamientos urbanos, educación, salud, defensa, seguridad, justicia, apoyo a los más desvalidos. 

Lo que la reforma de pensiones quiere es que no siga existiendo una renta indebida de la que se apropian unos pocos privados que no agregan valor (el rendimiento de los fondos de las AFP no es muy distinto que cualquier índice internacional de valores financieros) a partir de una obligación estatal. Se busca organizar un sistema que asegure que todas las personas tengan un ingreso básico que las aleje de la pobreza una vez que cumplan 65 años, a través de la PGU, y que las cotizaciones obligatorias suavicen el cambio de ingresos que resulta de pasar del salario de la etapa final de la vida activa a una pensión que no sea demasiado inferior a 60-70% de ese salario. En ambos temas las AFP fracasaron rotundamente, precisamente porque no están adaptadas a un mercado laboral con alta informalidad, rotación y lagunas de cotizaciones, junto a una alta desigualdad salarial de la mujer, además del hecho biológico-social de su mayor longevidad, que lleva a rentas vitalicias menores para ellas porque están calculadas según su esperanza de vida promedio. 

El gobierno propuso originalmente que se calcule el monto necesario para que la «pensión autofinanciada» de la mujer sea igual a la de un hombre en iguales condiciones, que se pagaría a partir de los 65 años y cubriría pensiones hasta 15 UF. Se complementaría con un aporte por «tareas de cuidado», mediante un registro de hasta 24 cotizaciones por el salario mediano por el tiempo dedicado a cuidados no remunerados de personas con dependencia moderada o severa, para personas que estén en registro de cuidadores del RSH/MDS. Se contemplaba un complemento por maternidad, con un registro de 24 cotizaciones por el salario mediano por cada hijo/a nacido vivo o adoptado. Se incluía, asimismo, un complemento por «lagunas previsionales»: cada vez que se reciben beneficios del seguro de cesantía, se pagaría las cotizaciones del 10% y el 6% con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Para aumentar las actuales pensiones, el gobierno propuso, además, que los pensionados reciban, financiado con parte del 6% de cotización adicional, una «garantía complementaria a la pensión», por un monto de 0,1 UF por año cotizado. Se entregaría a partir de los 65 años con un tope de 30 años cotizados (3 UF). Ahora el gobierno se ha abierto a que los retiros programados se complementen con un “seguro de longevidad”, que no debiera redundar en que los más pobres terminen financiando a los de ingresos más elevados, que en promedio viven cerca de una década más y son muchos menos. 

Por su parte, la reforma tributaria, hoy en discusión con el nombre más elegante de pacto fiscal, no avanza. Más aún, ya no solo los conservadores se oponen a cualquier impuesto a las grandes fortunas, a las transacciones financieras y al incremento de las tasas del impuesto a las rentas más altas, sino también a cualquier fortalecimiento de la capacidad de cobro de los impuestos existentes. Llegan incluso a poner en cuestión las estimaciones de evasión realizadas por el gobierno en materia de impuesto a la renta., la que alcanza nada menos que a un 50%. De nuevo, un acuerdo en la materia mínimamente equilibrado debiera al menos dotar al gobierno de las herramientas suficientes para cobrar los impuestos existentes y hacer cumplir la ley para disminuir fuertemente la evasión y la elusión, en momentos en que observamos conductas delictivas y fraudulentas de gran envergadura y de abogados connotados de la plaza especializados en el fraude al fisco.

La discusión sobre el pago de la deuda de las Isapres por cobros ilegales pasados, a su vez, enfrenta similares dificultades, pero no existe ninguna razón para que no se concrete íntegramente. Tal vez la mejor solución es la transformación de la deuda en capital accionario en manos de los afiliados. Lo que las Isapres no pueden pretender es que esa deuda no se pague.

La definición esencial es que la seguridad social y los impuestos son aquello que permite vivir en sociedad y alcanzar unos mínimos grados de bienestar y cohesión social, lo que a la oligarquía chilena le es indiferente. Por eso vive en confrontación permanente con los intereses de la mayoría social, lo que seguirá ocurriendo en 2024.

Las tergiversaciones de las AFP

Según la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, con la reforma de pensiones y el 6% de cotización adicional “en el mediano y largo plazo, mujeres y hombres no recibirán ese seguro social, quedando esos fondos para el Estado”. Esto es completamente falso, pues cada nuevo peso recaudado irá a pagar pensiones en cualquier plazo que se considere. Y agrega: “es un impuesto al trabajo, perjudicando a los trabajadores formales que tienen empleador", lo que también es falso, pues se trata de aumentar una cotización obligatoria no destinada a fines generales, como los impuestos, sino exclusivamente para financiar pensiones. 

Es cierto, en cambio, que toda cotización adicional encarece el costo de contratar a una persona -en este caso en 1% al año en seis años, una cifra relativamente inocua en la estructura de costos e ingresos anuales de las empresas- como lo hace el resto de cotizaciones obligatorias para salud, accidentes y pérdida del empleo. Pero siguiendo esa lógica, ¿no debiera abaratarse los costos de contratación eliminando el 10% obligatorio para pensiones, más el porcentaje que se llevan las AFP como costo de administración? Ah, el detalle es que con las comisiones las AFP se llevan en promedio en 2022 un margen de más de 50% sobre el ingreso total (más de 100% del costo), según datos del Ministerio del Trabajo, equivalente a mil millones de dólares anuales. Nada de terminar con las cotizaciones obligatorias. O sea con el “estatismo”. ¿No es acaso la solución de mercado que cada cual ahorre según sus preferencias a lo largo de la vida e invierta donde mejor le parezca para financiar su vejez? ¿Qué tienen que ver las cotizaciones obligatorias con el libre mercado? Nada. 

Pero para las AFP y sus defensores lo que importa no es argumentar racionalmente su causa sino levantar el fantasma de la estatización y el “reparto”. Y hacer política contra el gobierno. De nuevo en palabras de Paulina Yazigi: "la creación de este sistema de reparto lleva a la reorganización del sistema, y esta reforma abre la puerta a la estatización de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras”, con un gran colofón espantapájaros: "en pocos años el Estado administrará gran parte de los ahorros previsionales de los trabajadores, con todos los riesgos políticos que esto conlleva". 

Argumentar como hacen las AFP es dispararse a los pies, pues todo lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones es estatal y “sujeto a riesgo político”. Dicho sea de paso, la empresa privada está “sujeta al riesgo de mercado”, razón por la cual, entre otras cosas, busca rentas de monopolio que debe regular nada menos que…el Estado. Las pensiones las inventaron los ejércitos para cubrir a sus inválidos y jubilados y evitar que cayeran en la miseria. Se generalizaron a todos los trabajadores desde el conservador Bismarck en 1880 en Alemania, con distintas modalidades, y en Chile en los años 1920. Es en ese universo directamente político, lo que siempre ha sido así, que se discute la reforma, no en el del libre mercado. Todo lo que es distinto del ahorro voluntario individual es estatal en materia de pensiones, empezando por la obligación de cotizar. La sociedad presume que las personas individuales no lo harán de manera voluntaria, contrariando, por lo demás, su propio interés de largo plazo. Por eso la teoría económica neoclásica más lúcida habla de "miopía del consumidor" y propicia suspender en este caso su sacrosanta “soberanía”. Hay que obligar a las personas a ahorrar para la vejez y también para cubrir accidentes del trabajo, pérdida del empleo o enfermedad. ¿Quién lo hace? El Estado, cada vez que hay un contrato de trabajo asalariado dependiente o una prestación independiente de servicios. Esto ocurre hasta en los planes de la Argentina hiper-súper--libremercadista de Milei, recientemente estrenado en Davos para desconcierto de los empresarios globales ahí presentes.

Lo que la reforma chilena quiere es que no siga existiendo una renta indebida de la que se apropian unos pocos privados que no agregan valor (el rendimiento de los fondos de las AFP no es muy distinto que cualquier índice de valores financieros de largo plazo) a partir de una obligación estatal y aumentar sustancialmente las tasas de reemplazo del salario por la pensión, especialmente de las mujeres. 

Los eslóganes de las AFP está llegando a extremos ya sin sentido. No se estatiza lo que ya es un sistema íntegramente sujeto a reglas estatales y que se impuso a la fuerza bajo una dictadura...estatal. Ni se hace “de reparto” aquello que en lo principal ya lo es, pues la pensión garantizada para el 90% de las personas mayores de 65 años se financia con recursos que se recogen todos los meses vía impuestos y se “reparten” todos los meses pagando pensiones garantizadas universales. En 1989, la pensión asistencial creada con las AFP ya cubría el 8% de los mayores de 65 años, una proporción muy baja pero superior a cero. Tampoco se introduce una expropiación bolchevique con la que “me van a quitar mi plata” si se garantiza un piso de pensión contributiva para hombres y mujeres y si se mutualiza riesgos con una parte de las cotizaciones adicionales. Esto ya ocurre desde que nació el sistema de AFP en 1981 con el descuento obligatorio todos los meses para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Todos los asalariados lo pagamos, aunque la mayoría no recibiremos nada a cambio, salvo si enfermamos gravemente o fallecemos en la vida activa. Y eso es de una gran ayuda para quienes enfrentan las consecuencias de esas contingencias. 

En eso consiste la seguridad social, cubrir riesgos que nos pueden llegar a todos, aunque no terminen necesariamente llegándonos a todos. Los sistemas de pensiones son un arreglo social que tiene como principal protagonista al Estado. Si las AFP no quieren Estado, muy bien, que dejen entonces de administrar e invertir las cotizaciones obligatorias y los fondos para los retiros programados. Asuman que toda solución de mercado debe ser voluntaria, sin Estado en ninguna parte de la ecuación. Pero no se atreven a plantearlo, porque es socialmente absurdo. Y, sobre todo, porque se les acabaría el negocio.

Lo que la reforma busca es organizar un sistema que asegure que todas las personas tengan un ingreso básico que las aleje de la pobreza una vez que cumplan 65 años, a través de la PGU, y que las cotizaciones obligatorias suavicen el cambio de ingresos que resulta de pasar del salario de la etapa final de la vida activa a una pensión que no sea demasiado inferior a 60-70% de ese salario. En ambos temas las AFP fracasaron rotundamente, precisamente porque no están adaptadas a un mercado laboral con alta informalidad, rotación y lagunas de cotizaciones, junto a una alta desigualdad salarial de la mujer, además del hecho biológico-social de su mayor longevidad, que lleva a rentas vitalicias menores para ellas porque están calculadas según su esperanza de vida promedio. Lo que no impide a las AFP lucrar abundantemente a pesar de ese fracaso. Por eso la necesidad imperiosa, más allá de aspectos específicos que son mejorables, de una reforma como la que propone el gobierno.

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Anexo: Más sobre el "impuesto al trabajo"

La regla de la teoría microeconómica neoclásica es que para contratar un nuevo trabajador, el costo de una unidad de empleo adicional debe al menos igualar el ingreso adicional que proporcionará a la empresa. A la inversa, si la última unidad de trabajo empleada en un momento dado empieza a producir un ingreso menor a su costo (por ejemplo porque el primero se mantuvo estable y el segundo aumentó), el empleador prescindirá de ella para no perder dinero, disminuyendo horas o despidiendo trabajadores hasta el punto en que al menos se iguale el costo de la última unidad utilizada y el ingreso que genera (el costo marginal iguala el ingreso marginal). Pero no habrá una menor contratación o una pérdida de empleo si el aumento del costo de la planilla salarial se acompaña de un aumento al menos equivalente del ingreso marginal, lo que es usual con una demanda en expansión y con un costo salarial que representa en promedio del orden de 20% de los ingresos de las empresas (aunque con muchas diferencias por sectores y tamaños). Y más aún en contextos de alto poder de mercado que genera rentas monopólicas (ver Jan Eeckhout, La paradoja del beneficio, 2022), cuya disminución no perjudica a nadie distinto del monopolista, como indica la propia teoría neoclásica de la renta monopólica.

Luego, siempre siguiendo el argumento de las AFP, todo salario que remunera adecuadamente lo que se produce “encarece el costo de contratar”, por lo cual el salario debiera ser lo más bajo que se pueda para que las empresas contraten, aunque no consigan personas que cumplan las funciones que requieren a cambio de esas bajas remuneraciones o, si lo logran por abundancia de la oferta de trabajo, paguen salarios que no permitan a esas personas vivir decentemente de su trabajo en contraste con altas utilidades del capital, haciendo imposible todo contrato social legítimo y estable. 

Aquí interviene, además, la dimensión macroeconómica, si agregamos un poquito de teoría keynesiana. Cuando una parte de las utilidades no se reinvierte en el circuito económico doméstico, entonces habrá menos creación de empleo que en la situación inversa. Si un aumento de la cotización implica disminuir utilidades no reinvertidas para pagar más por el uso de fuerza de trabajo, redundará en distribuir más ingresos en el mencionado circuito, en este caso a través de mejores pensiones. Entonces, lo demás permaneciendo constante, las empresas contratarán más horas y más personas para satisfacer una demanda adicional, alimentando un círculo expansivo virtuoso, siempre y cuando se acompañe de la capacidad de expandir la oferta con bajas presiones inflacionarias, pues los aumentos de precios por exceso de demanda harían perder valor real a esos ingresos del trabajo adicionales. Con utilidades que no se reinvierten suficientemente, entre otras cosas porque no hay a quien vender la producción potencial, y sin salarios que remuneren adecuadamente el aporte de la fuerza de trabajo, las empresas no conseguirán personas suficientemente productivas ni aumentar o mantener sus ingresos (salvo que logren exportar más, por ejemplo obteniendo un tipo de cambio favorable, pero disminuyendo los ingresos salariales reales domésticos al encarecer los bienes importados y con un juego de suma cero a nivel global). Para eso se necesita al menos contener en márgenes razonables la utilidad empresarial retirada del circuito doméstico de ingresos y que los salarios aumenten según la productividad del trabajo, junto a salarios mínimos significativos, participación salarial en las utilidades, sindicatos con capacidad negociadora y "estabilidad dinámica del empleo". Esto no implica impedir los ajustes de horas trabajadas y de plantilla en las empresas según el ciclo y cambios estructurales y tecnológicos, pero sí desincentivar una alta rotación laboral. Ésta es excesiva en Chile, lo que no ayuda a incrementar la productividad, que se construye en el tiempo formando y consolidando equipos de trabajo suficientemente remunerados y protegidos, sin perjuicio del necesario acicate de la competencia regulada. 

En el corto plazo, el consumo de las familias, que se financia básicamente con los salarios que obtienen mes a mes sus miembros, representa 2/3 de la demanda agregada y del PIB en la mayoría de las economías y determina lo principal de su mayor o menor dinamismo. Cuando no es acompañado de una dinámica suficiente de la oferta o de la capacidad de importar, puede alimentar procesos inflacionarios, por lo que la clave de la política macroeconómica es asegurar flujos estables de ingresos agregados compatibles con la expansión de la oferta, ni inferiores, pues eso tiene un costo en empleo, ni superiores, pues eso tiene un costo en inflación y pérdida de poder adquisitivo. Disminuir los ingresos salariales o no dejarlos crecer lo suficiente es lo que primordialmente atenta contra la creación de empleo, no un aumento razonable de las cotizaciones obligatorias que, por lo demás, las AFP también promueven desde hace años. Pero ahora descubrieron que son un "impuesto al trabajo" si no les son entregadas para mantener sus enormes utilidades ilegítimas que no se originan en la creación de valor o muy poco, y que alcanzaron, según la Superintendencia de Pensiones, nada menos que un 22% de rentabilidad neta sobre patrimonio en 2022, es decir un privilegio socialmente inaceptable.

Ingresos por Comisiones de las AFP y destino, año 2022 (millones de US$)

Fuente: presentación del Ministerio del Trabajo a la comisión de expertos de la reforma del sistema de pensiones.

Crecimiento e impuestos

En La Mirada Semanal

Los grandes empresarios han iniciado el año sin grandes complejos: han propuesto una baja de los impuestos que pagan las empresas de mayor tamaño y sus accionistas. Aunque no está en su propuesta formal, ven con simpatía financiarla haciendo que más personas hoy exentas por sus bajos ingresos empiecen a pagar el impuesto a la renta, además del IVA que entregan al Estado cada vez que compran algún bien de consumo. La CPC propone “reducir el impuesto de primera categoría de 27% al 23%” y “avanzar en la reducción del impuesto total que paga el capital, de manera que converja desde el tope actual de 44,45% a 35%”.  Sin ruborizarse, como si Chile no fuera un país altamente desigual con una carga tributaria, como se detalla más abajo, inferior a la de muchos países de la OCDE, lo que entre cosas limita el crecimiento. Su enfoque es que las inversiones de hoy son los empleos y los ingresos fiscales de mañana y que las inversiones solo se producen si se maximiza todo el tiempo y en toda circunstancia las utilidades de las empresas (y los ingresos personales de sus dueños). Nada de subir impuestos a las empresas, a pesar de que usan bienes públicos en abundancia, ni menos a sus dueños. Lo que había que demostrar. 

Es muy poco probable que un crecimiento adicional pudiera ocurrir por el arte de magia de otra liberalización abrupta de los mercados. Baste recordar que el PIB creció menos en una dictadura que los desreguló todos, que en la década previa y mucho menos que en las décadas posteriores, que ampliaron regulaciones y aumentaron impuestos. 

Por su parte, el informe encargado por el ministro de Hacienda Mario Marcel a una comisión concluyó que «para analizar la relación entre el crecimiento económico y el espacio fiscal se simuló el impacto de una expansión anual de 1% del PIB por encima de la proyección base. Por cada punto de crecimiento adicional, los ingresos fiscales aumentarían en 0,24 puntos del PIB, pero la holgura fiscal sólo lo haría en 0,16 puntos, dado el aumento que tendrían los gastos asociados a remuneraciones«. Dado que el crecimiento del PIB de largo plazo es estimado actualmente en una cifra del orden de 2% anual, si se supusiera de manera muy optimista que un paquete de medidas de desregulación liberal llegara a duplicar esa cifra, entonces habría una recaudación adicional que no puede calificarse sino de marginal para abordar las tareas públicas. 

Ha quedado cuantificado que apostar sólo por un mayor crecimiento no es suficiente para gastar más en seguridad, como clama el propio empresariado, ciencia y tecnología, reconversión energética, infraestructuras y vivienda, salud primaria y hospitalaria para terminar con las listas de espera, educación y formación profesional para una mejor inserción en el empleo, una pensión universal más cercana al salario mínimo, programas de cuidados a la infancia y a las personas de mayor edad y más apoyos a las familias de bajos ingresos (devolviéndoles el pago del IVA en bienes básicos, por ejemplo), entre otras tareas para lograr un bienestar más equitativo y sostenible.

El presidente de la comisión declaró paradojalmente que «a la larga subir impuestos es un pésimo negocio, es lo que más afecta el crecimiento”. Si eso fuera cierto, se habría sabido. La carga tributaria es hoy en Chile de 22% del Producto Interno Bruto (del orden de 28% con las cotizaciones obligatorias a privados que la OCDE no contabiliza), mientras en la OCDE el promedio es de 34%, con Dinamarca en 47% y Francia en 45%, lo que no les ha impedido contarse entre los países de más altos ingresos. Lo que considera la literatura especializada es que más impuestos no necesariamente afectan el crecimiento, pues depende del tipo de impuestos que se aplican. Algunos no modifican o muy poco la conducta de los agentes económicos (como el IVA y los impuestos indirectos) y otros lo hacen en cierta magnitud (como impuestos marginales a los ingresos del capital y del trabajo muy altos), afectando eventualmente las conductas de ahorro e inversión y el arbitraje trabajo-ingresos/actividad no remunerada-descanso, es decir pueden producir eventuales desincentivos a la inversión y al trabajo. El tema es su magnitud, que está condicionada por la elasticidad ingreso de la oferta en cada caso. 

En segundo lugar, el impacto depende del uso que se dé a los recursos tributarios: si se gastan primordialmente en infraestructuras, salud y educación, podrían eventualmente contribuir al crecimiento en una magnitud mayor que el costo en crecimiento que pudieran tener los impuestos con los que se financian, y ese caso se justificarían desde el punto de vista del bienestar agregado. Cabe además considerar que aquellos gastos públicos que cubren emergencias y la vida en la vejez aumentan la disposición a arriesgar e innovar en la vida activa, y que los gastos en redistribución progresiva de ingresos aumentan la estabilidad social, lo que en ambos casos estimula el crecimiento. 

Se puede afirmar con bastante certeza que los efectos balanceados anteriores son los que explican que el período de crecimiento más alto de las economías occidentales haya sido el de 1945-1975, cuando los impuestos aumentaron sustancialmente, con tasas marginales a los tramos de ingresos más altos de hasta 90%. Y que luego crecieron menos, al empezar la baja a los impuestos a los más ricos y a limitarse el Estado de bienestar en la era Reagan-Thatcher. El PIB por habitante de Estados Unidos (US$76,3 mil en 2022), con 27% sobre PIB de carga tributaria, es hoy inferior al de Noruega (US$ 78 mil, a paridad de poder de compra, mientras sin esa corrección es mucho mayor), con 42% sobre PIB de carga tributaria. En los países con altos impuestos, amplios servicios públicos y menor desigualdad, la economía y la inversión no están bloqueadas por el peso de la tributación, ni menos están llenos de desempleados que deambulan por las calles por falta de actividad privada: son aquellos con mayor bienestar humano en el mundo, por sobre el de Estados Unidos (ver los Índices de Desarrollo Humano). El sector privado es dinámico en estos países, dicho sea de paso, precisamente porque cuenta con capacidades humanas avanzadas. 

La conclusión es que, con políticas bien diseñadas, en el contexto de economías mixtas, disminuir la desigualdad distributiva y aumentar la movilidad social no tiene un costo económico agregado sustancial, y en diversos casos tiene un efecto económico beneficioso. Más aún, la experiencia histórica muestra que la curva del impuesto progresivo al ingreso tiene una correlación positiva con la tasa de crecimiento del producto y no al revés, como postulan los partidarios de bajar impuestos a los grupos de altos ingresos.

Chile enfrenta dos opciones gruesas para el mediano y largo plazo. La primera es subir gradualmente su gasto público, y la correspondiente presión tributaria, en especial de los grupos de más altos ingresos, en al menos un 5% y hasta un 10% del PIB en una década. De ese modo se alcanzaría un gasto público sobre PIB del orden de aquel de los países intermedios de la OCDE, como Nueva Zelandia, Canadá o España, que están lejos de caerse a pedazos por el peso aplastante de los impuestos y, por el contrario, exhiben niveles promedio de crecimiento y de bienestar satisfactorios (la comparativa completa se puede ver en la base de datos de la OCDE,). Esto requiere un estímulo del crecimiento sostenible en base a mayor y mejor inversión en infraestructuras, a más investigación y apoyo a la innovación y más educación y formación continua pertinente. Chile debe seguir cerrando la brecha de productividad que mantiene con las economías avanzadas, lo que no será posible bajando impuestos y debilitando la provisión de bienes públicos indispensables para un mayor crecimiento con estabilidad social. La segunda opción es permanecer como un país sin un desarrollo suficiente de las capacidades de las personas («capital humano») y de sus infraestructuras («capital físico»), sin aumentar su crecimiento potencial y sin capacidad de disminuir las desigualdades y la inseguridad, ni tampoco invertir en sostenibilidad ambiental. Dos opciones, dos modelos.

Los conflictos recientes en la izquierda

La izquierda es una corriente política, social y cultural portadora de un proyecto de emancipación de las opresiones, explotaciones y discriminaciones existentes en las sociedades actuales. Pone desde hace dos siglos el acento en la igualdad de los seres humanos en su dignidad y derechos. Considera que la igualdad real de oportunidades y la socialización de parte de la economía son una condición para que el ejercicio de la libertad se extienda a toda la sociedad y no solo a las posiciones sociales dominantes, sin perjuicio de valorar la retribución justa del esfuerzo, la diversidad individual, y la variedad de enraizamientos culturales. 

Esta consideración choca y entra en conflicto con la herencia colonial y neocolonial en América Latina, sujeta al afán de hegemonía de Estados Unidos desde la llamada doctrina Monroe, que ha hecho de este continente el más violento y desigual del mundo (por encima de África), dominado por oligarquías que controlan el poder económico y mediático y buscan extenderlo al poder político, con frecuencia mediante dictaduras, con el crimen organizado y la economía ilegal como actor que emana cada vez con más fuerza de la descomposición del capitalismo periférico y de las sociedades desiguales y anómicas. 

La tarea de la izquierda es, en este contexto, y en primer lugar, consolidar instituciones democráticas plenas, plurales y participativas, que expresen la soberanía popular por sobre el poder de unas u otras oligarquías y vayan más allá de la reactividad social sin proyecto. Debe ser parte lealmente de esas instituciones, respetando la alternancia en el gobierno según sea la voluntad ciudadana para, simultáneamente, construir un proyecto emancipador de largo aliento de tipo nacional-popular y latinoamericanista, que logre transformaciones sociales perdurables. El sujeto potencial de este proyecto es el que reúne al mundo del trabajo, de la cultura y de las categorías sociales excluidas, que chocan con los intereses de la acumulación ilimitada y concentrada de capital y con las hegemonías imperiales a nivel global,  a través de un amplio bloque por los cambios. 

Procurar representar a esos mundos no es fácil y menos lo es conducirlo a la construcción progresiva de un horizonte común, que avance por etapas y por saltos históricos.  Su finalidad última es construir una sociedad de bienestar equitativo y sostenible, en la que cada cual aporte todos sus esfuerzos y capacidades y simultáneamente prevalezca una igualdad efectiva de derechos y oportunidades. Este bienestar requiere la preservación de los bienes comunes, la provisión suficiente de bienes públicos, mínimos universales de existencia digna, la cobertura del riesgo de desempleo y enfermedad y de pensiones, junto a la igualdad de acceso a la educación y a las posiciones públicas, sin discriminaciones de género, sociales, étnicas o de pertenencia a diversidades. Y de una práctica culturalmente hegemónica de articulación de intereses diversos en el presente y del presente con el futuro,  que es la clave de la política de izquierda. Los conceptos clave son "consistencia y persistencia", alejados de las prisas de las posturas inmediatistas, de las soluciones supuestamente fáciles a problemas complejos sobre la base de halagar emociones, y del oportunismo centrado en intereses de corto plazo y en la adaptación a los poderes fácticos existentes. Un camino a evitar es sumar reivindicaciones dispersas y estados de ánimo circunstanciales para conformar mayorías electorales efímeras sin proyecto y bajo la conducción de caudillos. Esto da lugar a procesos inestables y/o personalistas o al acceso al poder de grupos cerrados que buscan eternizar un poder burocrático, aunque en algunos casos se recubran de pasadas glorias revolucionarias. La izquierda es la que construye paso a paso un Estado democrático y social de derecho. Ya no es izquierda aquella que se transforma en casta dominante o cuyos métodos están imbuidos de autoritarismo. O de esa cultura individualista que lleva a insertarse en la acción política para acceder a espacios de poder personal a través de algún partido y de la dinámica de escalar a unas u otras posiciones en las instituciones públicas de representación y de gobierno. Quien está al lado, se transforma en competidor y en rival potencial y no en parte de un mismo colectivo con propósitos comunes. A algunas personas esta concepción las lleva a actuar sin demasiados escrúpulos. Y en ocasiones sin ninguno. 

Cuando en la izquierda se pierde el sentido de pertenencia a un colectivo que es político y a la vez social y cultural porque es portador de un proyecto histórico, aunque esté en una necesaria  evolución y adaptación permanentes, entonces sus políticas y organizaciones entran en crisis más o menos larvadas, más o menos evidentes.

Esto ocurrió en Chile en la etapa de la derrota de 1973 y, luego de la recomposición de los años 1980, durante la larga transición democrática. La declinación de la izquierda tradicional, luego de la consolidación de conductas de financiamiento ilegal de la política y de complicidades con diversos poderes fácticos, dio espacio a su reemplazo alternativista desde 2010 mediante un discurso duro de recambio generacional y de superioridad moral. La edad en los procesos políticos nunca ha tenido mayor importancia y la superioridad moral se puede derrumbar con gran facilidad, habida cuenta que en todo grupo humano en algún momento emergen conductas éticamente cuestionables, en donde lo fundamental es la manera en que el corazón de esos grupos reacciona frente a ellas para aislarlas y erradicarlas.  Ese derrumbe le está ocurriendo ahora al Frente Amplio con el descubrimiento del intento de uso indebido de recursos del Estado para fundaciones afines. Y con la asistencia de algunos de sus ministros, junto a varios de otras corrientes e incluso presidentes de partido, a reuniones opacas en la casa de un lobbista de la UDI con representantes privados para tratar temas de política gubernamental, dígase lo que se diga. Esto, por supuesto, no es ni normal ni aceptable, pues como bien señaló el ministro Mario Marcel "es un juicio que cada uno tiene que hacer y para eso los ministros tienen criterios. Todos sabemos que cuando hablamos con alguien no lo estamos haciendo como personas naturales, sino como ministros”. El diálogo de autoridades con representantes de intereses particulares es propio de una sociedad abierta y democrática, pero en condiciones de transparencia y formalidad.

El senador Espinoza había tomado un camino de cobrarse revancha de lo que al parecer consideró ofensas de personeros del Frente Amplio que se involucraron en lo que considera sus espacios de poder territorial, en este caso insultando a un ministro clave, hoy fuera del gobierno. La respuesta extemporánea de éste último es llevar en estos días el tema a los tribunales. Esto dio lugar a defensas corporativas y ha escalado a una especie de conflicto general entre el PS y el Frente Amplio.

El pequeño detalle es que ambas fuerzas, junto al PC, son el eje del gobierno actual. Este se está recuperando de dos años iniciales para el olvido, retomando fuelle político después de la derrota que la sociedad le infligió a las oligarquías el 17 de diciembre pasado. Podría tener, además, un mejor año económico que le permitiría enfrentar y eventualmente derrotar otra vez a las fuerzas conservadoras en los eventos electorales próximos de nivel local y nacional, en una suerte de contraofensiva exitosa para hacer avanzar los intereses de la mayoría social. Nada menos.

Por eso es urgente detener el conflicto que se ha desencadenado en la izquierda en el peor momento y que no tiene nada de sustancial, salvo ser la expresión del individualismo negativo y de los intereses menores de grupo que corroe al sistema político chileno actual.

Lecciones de Ecuador

Lo que está pasando en Ecuador es muy preocupante desde el punto de vista del desafío que representa para las sociedades latinoamericanas el crimen organizado. Éste tiene múltiples expresiones, pero sigue siendo vertebrado por el narcotráfico hacia los grandes centros consumidores de drogas, Estados Unidos y Europa. Los principales productores de hoja de coca y cocaína, además de la producción de opioides en México y más recientemente -con componentes químicos que vienen de China- de fentanilo, que causa estragos en los adictos, son Colombia, Perú y Bolivia. Pero el puerto ecuatoriano de Guayaquil, al parecer, ha adquirido mayor relevancia para las rutas hacia el norte. Hay seis horas de ruta entre la frontera con Colombia y ese puerto. De ahí la inserción de mafias mexicanas y el poder creciente de las mafias ecuatorianas.

Cuando el narcotráfico prospera, adquiere armamento de mayor poder de fuego. Pero no busca tomar el poder político, sino condicionarlo y someterlo a través de la corrupción. Incluso muchas cárceles de América Latina son ahora, paradojalmente, centros de comando de las principales bandas de narcotraficantes. La decisión del nuevo presidente Daniel Noboa de trasladar a los principales capos presos a condiciones carcelarias más duras explica lo ocurrido en Ecuador, con su fuga y la toma de un canal de televisión y recintos variados, sin que se emitiera otro mensaje que la exhibición primitiva de fuerza. Lo más preocupante es que hay signos de complicidad de infiltrados en la policía y otros órganos del Estado.

Si las fiscalías, los tribunales, las policías y las fuerzas armadas son infiltradas por el poder creciente del dinero mafioso, se corroe el Estado y su capacidad de mantener el orden público y de proteger a los ciudadanos de los abusos de la delincuencia y del crimen organizado.

La perspectiva que Chile llegue a ser en algún momento un narcoestado es lo que hay que evitar a toda costa. Esa es una tarea multiforme que debe involucrar al conjunto de la sociedad.

En este contexto, la disputa del General Director de Carabineros con la Fiscalía, dedicado además a recibir a partidos políticos que apoyan su rol en la represión de la rebelión social de 2019, es inaceptable y debe cesar de inmediato. No se debe tolerar que un alto mando policial cuestione a la justicia para evitar procedimientos investigativos en su contra. Esto es buscar un peligroso privilegio totalmente ilegítimo y puede constituir un factor de deterioro del funcionamiento de las instituciones policiales y judiciales. Las policías, en particular, deben mantener la disciplina, la obediencia y la verticalidad del mando sujeta al poder civil. Es la primera condición para cumplir con el encargo de lucha contra la delincuencia y la violencia en el marco de la ley que le hace la ciudadanía. Y que financia día a día con sus impuestos.

A palos

Es alentador que el Ministerio del Interior informara de una caída de los homicidios en 2023, con una disminución de -9,4% respecto a 2022 (1.067 casos versus 1.178, unos 111 menos).

Pero este es un país extraño. Esta noticia no mereció titular alguno. La oposición y su prensa, en su afán de acosar al gobierno, a estas alturas presentan las cosas como que poco menos que la lucha cotidiana contra la delincuencia la deben realizar el Presidente y sus ministros en persona, como si no hubiera policías coordinadas, mandatadas y equipadas para hacerlo y que obtienen resultados. Cada vez que hay un crimen, es culpa del Presidente "que no hace nada". Esto es completamente absurdo y un imposible mediático, pues crímenes ha habido y habrá siempre de manera cotidiana en toda sociedad. Lo importante es lograr la mayor eficacia posible para atacar sus causas y reducir al máximo su extensión e impacto para proteger a la ciudadanía.

Se alude la mayor frecuencia reciente de homicidios en Chile. En efecto, la tasa pasó desde 2,3 en 2015 a 6,7 por cada cien mil personas en 2022 (ver https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims). Pero ¿qué queda para la tasa que es aún de 7,8 en El Salvador en 2022, después de la más brutal represión masiva (había alcanzado 106,8 en 2015)? ¿O el profundo deterioro de Ecuador, que pasó de una tasa de homicidios de 6,5 en 2015 a una de 27,0 en 2022? ¿O las de 53,3 en Jamaica, 35,1 en Honduras, 26,1 en México, 25,4 en Colombia, 21,3 en Brasil, 19,3 en Venezuela, 18,0 en Haití, 17,6 en Puerto Rico, 11,2 en Uruguay en 2022?

Nos estamos dando cuenta que la globalización no es solo la del comercio, las inversiones y las finanzas. El contexto es que América tiene la tasa regional de homicidios más alta del mundo, y las mayores cotas de violencia relacionada con el crimen organizado, que representa la mitad de todos los asesinatos. Aproximadamente el 22% de los homicidios a nivel mundial están relacionados con grupos criminales o bandas delictivas, pero en el continente americano esa cifra se eleva al 50%. En el continente americano existe una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, más alta que en África (12,7), Oceanía (2,9), Asia (2,3) y Europa (2,2). Entre 2015 y 2021, el crimen organizado acabó con la vida de tantas personas como las que murieron en conflictos armados, con alrededor de 100.000 fallecidos cada año en cada categoría.

Las nuevas mafias internas y externas, que ajustan cuentas a balazos, han aumentado su presencia en Chile. Esto requiere seguir perfeccionando día a día la lucha policial contra las mafias. Y no, bajo la inspiración de la nostalgia dictatorial, pretender volver a militarizar el país. Lo que importa es reforzar día a día el apoyo a las policías para que realicen con eficacia y rigor su difícil función en el marco de la ley, en especial la persecución de un crimen organizado cada vez más violento e internacionalizado. Los nostálgicos pretenden, en cambio, que el país lo dirija un Consejo de Seguridad Nacional y no el gobierno elegido por los ciudadanos.

Desde luego, la función de las Fuerzas Armadas, que están a cargo de la defensa del país y para eso están entrenadas y armadas, no es realizar tareas policiales, que incluyen la investigación de escenarios delictuales, la prevención a través del vínculo con las comunidades, la persecución del delito en vínculo con los tribunales y gendarmería y también el acompañamiento y eventual desescalamiento de manifestaciones públicas y la contención de toda violencia callejera de manera proporcional a los hechos. Las fuerzas armadas por definición buscan el máximo uso de la fuerza para destruir enemigos externos, que no otra cosa es la guerra. Si trasladan su función a la "destrucción de enemigos internos", sobrevienen rápidamente desastres. Pueden ser un aporte para de manera excepcional colaborar con la vigilancia del orden interno (como en el caso de las elecciones) y en situaciones de emergencia y catástrofe, siempre bajo el estricto control del gobierno y el parlamento, pero la delincuencia, por desgracia, no es excepcional. Es un hecho permanente en las sociedades, que requieren de instituciones especializadas a la altura de los desafíos siempre cambiantes en la materia.

El general Yáñez se equivoca

El actual jefe de Carabineros cree que él es quien debe decidir qué autoridad judicial lo debe investigar y descalifica a los fiscales (dos en este caso) que no le gustan, a los que acusa de “enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019". Estrafalario. La recusación opera por algún vínculo personal, lo que manifiestamente no es el caso, y no para intentar eludir la justicia cuando se ejercen tan altas responsabilidades.

Las policías y sus mandos deben recibir todo el apoyo de las autoridades democráticas en la realización de su función profesional, pero no cuando sustraen dinero público o violan los derechos de las personas al margen de la ley y los reglamentos, en algunos casos con resultado de muerte.

Según el ministro de Justicia, "tenemos más de 460 personas con lesiones oculares severas". Unas 194 víctimas mujeres denunciaron hechos de violencia sexual. El hecho es que el Ministerio Público fijó para el 7 de mayo la formalización de cargos contra el General Director de Carabineros como posible autor de "delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio" como encargado de Orden y Seguridad en la etapa de la rebelión social. La policía no tiene derecho a dejar a nadie ciego ni a reprimir manifestaciones públicas de "forma desproporcionada y contraria al derecho internacional", como señala Amnistía Internacional (ver https://www.amnesty.org/.../eyes-on-chile-police.../). Los mandos debieron haber empezado por prohibir la munición lesiva, pero no lo hicieron sino cuando ya era demasiado tarde. Muchos fuimos testigos de su actitud provocadora contra los manifestantes pacíficos: la orden de disparar bombas lacrimógenas de manera horizontal contra el rostro de personas provino siempre de oficiales, como en el caso de la actual senadora Fabiola Campillai. Esto lo observé también personalmente en la Plaza Baquedano-Italia-Dignidad (para no ofender a nadie en nuestro dividido país, incluso en materia de nombres de lugares públicos), donde en una ocasión una bomba lacrimógena pasó a centímetros de mi cabeza. El pretexto de la acción de personas violentas no es excusa, pues éstas se deben aislar, contener y detener cuando provocan destrozos o saqueos, en vez de atacar a quienes ejercen el derecho de reunión y manifestación pacífica.

Quienes tienen responsabilidad directa o de mando deben asumir que condujeron operativamente la represión de manera inaceptable y presentarse ante la justicia en los términos que ésta establece, no los suyos propios, por la sencilla razón que no están por encima de la ley. El ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, debió aceptar la responsabilidad política de la represión ante el parlamento en los términos que la constitución establece.

Todo esto tiene que ver con una cosa muy simple: no se puede cometer delitos cuando se es autoridad (golpear y vejar personas masivamente es un delito y provocar su muerte o dejarlas ciegas es un crimen, sin que haya contexto que valga) y luego arrastrar los pies frente a la acción de la justicia, pues es la única manera de que nada de esto se vuelva a repetir en Chile. Si es que creemos en una sociedad mínimamente decente, claro, en donde las cosas no se resuelven con manipulaciones, insultos y a palos, provocando muertes y dañando los ojos de personas.

Más sobre la tragedia del Medio Oriente

Lo dicho por Daniel Jadue sobre los judíos y sobre una supuesta contradicción entre ser judío y de izquierda es injusto e inexacto. La comparación con los nazis es ofensiva. Una precisión: lo del "pueblo elegido", en su interpretación teológica, establece obligaciones adicionales de los judíos hacia el resto, más que ser sinónimo de supremacía sobre el resto. Otra cosa es que se use el pretexto religioso o étnico, como tantas veces en la historia, por quienes ejercen el poder. El ultranacionalismo y la extrema derecha israelí no son el pueblo judío, que merece respeto y consideración, como todo otro pueblo dotado de identidad nacional y de una religión y cultura propias. El hecho actual es que el supremacismo del Estado de Israel es una voluntad política de los gobernantes y no es equivalente a la condición religiosa, étnica y cultural judía. Del mismo modo, el catolicismo, a pesar de todos los desvaríos de poder de la Iglesia en la historia y su condición no solo "elegida" sino "omnímoda", pues todos deben obediencia a un Papa infalible, mientras los no creyentes debemos ser objeto de conversión,  junto los partícipes de cualquier otra religión, no puede ser tenido por responsable de los delirios del supremacismo blanco. La evangelización católica española y portuguesa fue la gran justificación de la colonización americana a sangre y fuego y de la apropiación de sus recursos humanos y materiales, y más tarde de la esclavización masiva de poblaciones secuestradas como mano de obra gratuita desde África. Pero eso no implica responsabilizar a los católicos per se del colonialismo y la esclavitud. 

El problema es el delirio del supremacismo racial o religioso transformado en poder estatal y económico, no las raíces culturales de las naciones. Por eso el ideal democrático defiende el derecho de los pueblos a la autodeterminación nacional, la laicidad del Estado, la libertad religiosa y la igualdad de derechos de la ciudadanía independientemente de su origen étnico o convicciones de cualquier índole, mientras su prolongación natural es el derecho internacional para resolver las disputas territoriales entre naciones como alternativa a la guerra. 

Una cosa es el dolor de ver hoy al pueblo palestino injustamente ocupado y masacrado en medio de un sufrimiento indecible, y más aún si se pertenece a él, y otra es insinuar que las violencias del Estado de Israel provienen de una condición étnica o religiosa. 

Todo esto ocurre en medio del apoyo de una potencia, Estados Unidos, que ha hecho de Israel una especie de Estado acólito en el Mediterráneo y el Medio Oriente, dos zonas claves para su afán de dominio estratégico, y el de un neo-imperio teocrático, como el de los ayatolas de Irán, que quiere hacer desaparecer a Israel y disputar la hegemonía de la región a Egipto y Arabia Saudita y por eso apoya a Hamas (a pesar de ser suníes y no chiitas), y entre tanto reprime con fiereza los derechos de las mujeres en su territorio por razones de integrismo religioso inaceptable para cualquier progresista.

El origen de la tragedia palestina se sitúa en que el pueblo judío después del holocausto tenía derecho a un hogar nacional para protegerse de la furia criminal antisemita, practicada primero por el imperio ruso y sus pogromos y luego por la Alemania nazi, en este caso en una escala homicida inenarrable, junto al exterminio de los gitanos, los discapacitados, los homosexuales y los resistentes. La búsqueda previa de ese hogar nacional judío por el nacionalismo sionista, luego de la expulsión de su pueblo de Palestina hace cerca de dos mil años por los romanos, incluyó lugares de África y de América Latina, además de Europa, pero prevaleció la tradición vinculada a Jerusalén y su entorno por razones religiosas y de origen histórico. Al colapsar el imperio turco al término de la primera guerra mundial, el imperio británico como nuevo aspirante a ocupar Palestina accedió a la demanda sionista para establecer ahí un hogar nacional judío (declaración Balfour de 1917). 

La creación del Estado de Israel no respetó los derechos de los árabes (musulmanes y cristianos) que habitaban la parte palestina asignada a Israel en 1947 por Naciones Unidas, sin ser consultados en absoluto, pues se trataba de un pueblo colonizado más, por Turquía primero durante cinco siglos y por el Reino Unido después de la primera guerra mundial. La partición realizada por Naciones Unidas en 1947, influenciada por los británicos y con un acuerdo norteamericano-soviético detrás, nunca fue respetada por quienes fundaron el Estado de Israel, una generación traumatizada, como era de esperar, por el exterminio nazi. Antes bien, buscó expandir al máximo el territorio bajo su control, expulsando a 750 mil palestinos en 1948 y ocupando sus propiedades, en medio de la guerra sin destino declarada por los Estados árabes vecinos. Israel debía ocupar un 55% del territorio de Palestina bajo mandato británico y pasó a ocupar, después de la guerra de 1948, el 77% del mismo. 

Así como se crearon hogares nacionales para otros pueblos oprimidos, como el Armenio, hasta hoy acosado por el vecino de raíz turca Azerbaiyán, se debiera haber creado como reparación de guerra un Estado judío en alguna parte del territorio alemán, dado que el Estado nazi fue el responsable de la mayor masacre de judíos en la historia. Pero prevaleció en 1947 la influencia del Imperio británico, que trasladó la responsabilidad a un actor que no tenía velas en el entierro: el pueblo palestino colonizado, fuera de Europa. Otra cosa era concebir a Jerusalén como una ciudad internacional compartida por las tres religiones del libro, altamente simbólica para cada una de ellas y en tanto factor de paz, como establece la resolución de la ONU de 1947. Pero construir ex nihilo un Estado después de dos mil años, en medio de una disputa sobre sitios cruciales para tres religiones ancestrales, no podía sino terminar en tragedia y guerras recurrentes, como ha ocurrido. 

Desde un punto de vista de ciudadanía universal basada en el respeto de los derechos humanos, son igualmente intolerables los crímenes de guerra que realiza por ya meses (y años) el Estado de Israel en los territorios palestinos y los asesinatos indiscriminados y las exacciones de Hamas del 7 de octubre pasado. A estas alturas, un posible arreglo en el Medio Oriente solo puede provenir de una internacionalización parcial de Jerusalén y de un acuerdo territorial equitativo de coexistencia de dos Estados, judío y palestino, con fronteras aseguradas por fuerzas internacionales. Esto es algo muy difícil de alcanzar, pero que tiene una aproximación en los acuerdos de Oslo de 1993 entre Yasser Arafat, probablemente envenenado más tarde por los servicios secretos de Israel, y Yitzhak Rabin, asesinado por un ultra religioso israelí, es decir un reparto mínimamente justo de los territorios en disputa y una reparación de los expolios que han sufrido los palestinos por generaciones. Evidentemente, no hay esperanza para ese arreglo en el corto plazo mientras sigan siendo los protagonistas del conflicto el fundamentalismo de Hamas, que quiere terminar con la presencia de los judíos y con Israel, y la maquinaria de crímenes de guerra del Estado de Israel dirigido por la extrema derecha. Esta busca expresamente, por boca de sus ministros, incluyendo Netanyahu, anexar la totalidad del territorio palestino y entre tanto expulsar o disminuir al mínimo a su población árabe, lo que explica la magnitud de la masacre humana, mayoritariamente de mujeres y niños, y el nivel de la destrucción física con bombas y retroexcavadoras realizadas implacablemente en Gaza, para espanto del resto de la humanidad. 

(Aclaro que soy un chileno ateo y descendiente de alemanes y polacos y de castellanos y vascos, en este caso probablemente mestizados desde hace generaciones, con lo que no creo tener algún sesgo particular en el tema. Por cosas de la vida de familia, estuve en Jerusalén por primera vez de niño en 1967, días antes de la guerra de los siete días. Mucho más tarde, tuve ocasión de dialogar en la Mukata con Yasser Arafat y en la Knesset con Shimon Peres en 2004, como presidente del PS chileno, junto a Luis Maira. Por todo esto mantengo el interés en lo que ocurre en la zona, habiendo sido además embajador de Chile en España, un país mediterráneo. Pero sobre todo nace de tratar de entender como ciudadano las razones de violencias tan radicales en zonas de las que provienen muchos compatriotas en nuestro país, que es multicultural y mestizo y debe acoger la diversidad que enriquece).