Las tergiversaciones de las AFP
Según la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, con la reforma de pensiones y el 6% de cotización adicional “en el mediano y largo plazo, mujeres y hombres no recibirán ese seguro social, quedando esos fondos para el Estado”. Esto es completamente falso, pues cada nuevo peso recaudado irá a pagar pensiones en cualquier plazo que se considere. Y agrega: “es un impuesto al trabajo, perjudicando a los trabajadores formales que tienen empleador", lo que también es falso, pues se trata de aumentar una cotización obligatoria no destinada a fines generales, como los impuestos, sino exclusivamente para financiar pensiones.
Es cierto, en cambio, que toda cotización adicional encarece el costo de contratar a una persona -en este caso en 1% al año en seis años, una cifra relativamente inocua en la estructura de costos e ingresos anuales de las empresas- como lo hace el resto de cotizaciones obligatorias para salud, accidentes y pérdida del empleo. Pero siguiendo esa lógica, ¿no debiera abaratarse los costos de contratación eliminando el 10% obligatorio para pensiones, más el porcentaje que se llevan las AFP como costo de administración? Ah, el detalle es que con las comisiones las AFP se llevan en promedio en 2022 un margen de más de 50% sobre el ingreso total (más de 100% del costo), según datos del Ministerio del Trabajo, equivalente a mil millones de dólares anuales. Nada de terminar con las cotizaciones obligatorias. O sea con el “estatismo”. ¿No es acaso la solución de mercado que cada cual ahorre según sus preferencias a lo largo de la vida e invierta donde mejor le parezca para financiar su vejez? ¿Qué tienen que ver las cotizaciones obligatorias con el libre mercado? Nada.
Pero para las AFP y sus defensores lo que importa no es argumentar racionalmente su causa sino levantar el fantasma de la estatización y el “reparto”. Y hacer política contra el gobierno. De nuevo en palabras de Paulina Yazigi: "la creación de este sistema de reparto lleva a la reorganización del sistema, y esta reforma abre la puerta a la estatización de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras”, con un gran colofón espantapájaros: "en pocos años el Estado administrará gran parte de los ahorros previsionales de los trabajadores, con todos los riesgos políticos que esto conlleva".
Argumentar como hacen las AFP es dispararse a los pies, pues todo lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones es estatal y “sujeto a riesgo político”. Dicho sea de paso, la empresa privada está “sujeta al riesgo de mercado”, razón por la cual, entre otras cosas, busca rentas de monopolio que debe regular nada menos que…el Estado. Las pensiones las inventaron los ejércitos para cubrir a sus inválidos y jubilados y evitar que cayeran en la miseria. Se generalizaron a todos los trabajadores desde el conservador Bismarck en 1880 en Alemania, con distintas modalidades, y en Chile en los años 1920. Es en ese universo directamente político, lo que siempre ha sido así, que se discute la reforma, no en el del libre mercado. Todo lo que es distinto del ahorro voluntario individual es estatal en materia de pensiones, empezando por la obligación de cotizar. La sociedad presume que las personas individuales no lo harán de manera voluntaria, contrariando, por lo demás, su propio interés de largo plazo. Por eso la teoría económica neoclásica más lúcida habla de "miopía del consumidor" y propicia suspender en este caso su sacrosanta “soberanía”. Hay que obligar a las personas a ahorrar para la vejez y también para cubrir accidentes del trabajo, pérdida del empleo o enfermedad. ¿Quién lo hace? El Estado, cada vez que hay un contrato de trabajo asalariado dependiente o una prestación independiente de servicios. Esto ocurre hasta en los planes de la Argentina hiper-súper--libremercadista de Milei, recientemente estrenado en Davos para desconcierto de los empresarios globales ahí presentes.
Lo que la reforma chilena quiere es que no siga existiendo una renta indebida de la que se apropian unos pocos privados que no agregan valor (el rendimiento de los fondos de las AFP no es muy distinto que cualquier índice de valores financieros de largo plazo) a partir de una obligación estatal y aumentar sustancialmente las tasas de reemplazo del salario por la pensión, especialmente de las mujeres.
Los eslóganes de las AFP está llegando a extremos ya sin sentido. No se estatiza lo que ya es un sistema íntegramente sujeto a reglas estatales y que se impuso a la fuerza bajo una dictadura...estatal. Ni se hace “de reparto” aquello que en lo principal ya lo es, pues la pensión garantizada para el 90% de las personas mayores de 65 años se financia con recursos que se recogen todos los meses vía impuestos y se “reparten” todos los meses pagando pensiones garantizadas universales. En 1989, la pensión asistencial creada con las AFP ya cubría el 8% de los mayores de 65 años, una proporción muy baja pero superior a cero. Tampoco se introduce una expropiación bolchevique con la que “me van a quitar mi plata” si se garantiza un piso de pensión contributiva para hombres y mujeres y si se mutualiza riesgos con una parte de las cotizaciones adicionales. Esto ya ocurre desde que nació el sistema de AFP en 1981 con el descuento obligatorio todos los meses para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Todos los asalariados lo pagamos, aunque la mayoría no recibiremos nada a cambio, salvo si enfermamos gravemente o fallecemos en la vida activa. Y eso es de una gran ayuda para quienes enfrentan las consecuencias de esas contingencias.
En eso consiste la seguridad social, cubrir riesgos que nos pueden llegar a todos, aunque no terminen necesariamente llegándonos a todos. Los sistemas de pensiones son un arreglo social que tiene como principal protagonista al Estado. Si las AFP no quieren Estado, muy bien, que dejen entonces de administrar e invertir las cotizaciones obligatorias y los fondos para los retiros programados. Asuman que toda solución de mercado debe ser voluntaria, sin Estado en ninguna parte de la ecuación. Pero no se atreven a plantearlo, porque es socialmente absurdo. Y, sobre todo, porque se les acabaría el negocio.
Lo que la reforma busca es organizar un sistema que asegure que todas las personas tengan un ingreso básico que las aleje de la pobreza una vez que cumplan 65 años, a través de la PGU, y que las cotizaciones obligatorias suavicen el cambio de ingresos que resulta de pasar del salario de la etapa final de la vida activa a una pensión que no sea demasiado inferior a 60-70% de ese salario. En ambos temas las AFP fracasaron rotundamente, precisamente porque no están adaptadas a un mercado laboral con alta informalidad, rotación y lagunas de cotizaciones, junto a una alta desigualdad salarial de la mujer, además del hecho biológico-social de su mayor longevidad, que lleva a rentas vitalicias menores para ellas porque están calculadas según su esperanza de vida promedio. Lo que no impide a las AFP lucrar abundantemente a pesar de ese fracaso. Por eso la necesidad imperiosa, más allá de aspectos específicos que son mejorables, de una reforma como la que propone el gobierno.
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Anexo: Más sobre el "impuesto al trabajo"
La regla de la teoría microeconómica neoclásica es que para contratar un nuevo trabajador, el costo de una unidad de empleo adicional debe al menos igualar el ingreso adicional que proporcionará a la empresa. A la inversa, si la última unidad de trabajo empleada en un momento dado empieza a producir un ingreso menor a su costo (por ejemplo porque el primero se mantuvo estable y el segundo aumentó), el empleador prescindirá de ella para no perder dinero, disminuyendo horas o despidiendo trabajadores hasta el punto en que al menos se iguale el costo de la última unidad utilizada y el ingreso que genera (el costo marginal iguala el ingreso marginal). Pero no habrá una menor contratación o una pérdida de empleo si el aumento del costo de la planilla salarial se acompaña de un aumento al menos equivalente del ingreso marginal, lo que es usual con una demanda en expansión y con un costo salarial que representa en promedio del orden de 20% de los ingresos de las empresas (aunque con muchas diferencias por sectores y tamaños). Y más aún en contextos de alto poder de mercado que genera rentas monopólicas (ver Jan Eeckhout, La paradoja del beneficio, 2022), cuya disminución no perjudica a nadie distinto del monopolista, como indica la propia teoría neoclásica de la renta monopólica.
Luego, siempre siguiendo el argumento de las AFP, todo salario que remunera adecuadamente lo que se produce “encarece el costo de contratar”, por lo cual el salario debiera ser lo más bajo que se pueda para que las empresas contraten, aunque no consigan personas que cumplan las funciones que requieren a cambio de esas bajas remuneraciones o, si lo logran por abundancia de la oferta de trabajo, paguen salarios que no permitan a esas personas vivir decentemente de su trabajo en contraste con altas utilidades del capital, haciendo imposible todo contrato social legítimo y estable.
Aquí interviene, además, la dimensión macroeconómica, si agregamos un poquito de teoría keynesiana. Cuando una parte de las utilidades no se reinvierte en el circuito económico doméstico, entonces habrá menos creación de empleo que en la situación inversa. Si un aumento de la cotización implica disminuir utilidades no reinvertidas para pagar más por el uso de fuerza de trabajo, redundará en distribuir más ingresos en el mencionado circuito, en este caso a través de mejores pensiones. Entonces, lo demás permaneciendo constante, las empresas contratarán más horas y más personas para satisfacer una demanda adicional, alimentando un círculo expansivo virtuoso, siempre y cuando se acompañe de la capacidad de expandir la oferta con bajas presiones inflacionarias, pues los aumentos de precios por exceso de demanda harían perder valor real a esos ingresos del trabajo adicionales. Con utilidades que no se reinvierten suficientemente, entre otras cosas porque no hay a quien vender la producción potencial, y sin salarios que remuneren adecuadamente el aporte de la fuerza de trabajo, las empresas no conseguirán personas suficientemente productivas ni aumentar o mantener sus ingresos (salvo que logren exportar más, por ejemplo obteniendo un tipo de cambio favorable, pero disminuyendo los ingresos salariales reales domésticos al encarecer los bienes importados y con un juego de suma cero a nivel global). Para eso se necesita al menos contener en márgenes razonables la utilidad empresarial retirada del circuito doméstico de ingresos y que los salarios aumenten según la productividad del trabajo, junto a salarios mínimos significativos, participación salarial en las utilidades, sindicatos con capacidad negociadora y "estabilidad dinámica del empleo". Esto no implica impedir los ajustes de horas trabajadas y de plantilla en las empresas según el ciclo y cambios estructurales y tecnológicos, pero sí desincentivar una alta rotación laboral. Ésta es excesiva en Chile, lo que no ayuda a incrementar la productividad, que se construye en el tiempo formando y consolidando equipos de trabajo suficientemente remunerados y protegidos, sin perjuicio del necesario acicate de la competencia regulada.
En el corto plazo, el consumo de las familias, que se financia básicamente con los salarios que obtienen mes a mes sus miembros, representa 2/3 de la demanda agregada y del PIB en la mayoría de las economías y determina lo principal de su mayor o menor dinamismo. Cuando no es acompañado de una dinámica suficiente de la oferta o de la capacidad de importar, puede alimentar procesos inflacionarios, por lo que la clave de la política macroeconómica es asegurar flujos estables de ingresos agregados compatibles con la expansión de la oferta, ni inferiores, pues eso tiene un costo en empleo, ni superiores, pues eso tiene un costo en inflación y pérdida de poder adquisitivo. Disminuir los ingresos salariales o no dejarlos crecer lo suficiente es lo que primordialmente atenta contra la creación de empleo, no un aumento razonable de las cotizaciones obligatorias que, por lo demás, las AFP también promueven desde hace años. Pero ahora descubrieron que son un "impuesto al trabajo" si no les son entregadas para mantener sus enormes utilidades ilegítimas que no se originan en la creación de valor o muy poco, y que alcanzaron, según la Superintendencia de Pensiones, nada menos que un 22% de rentabilidad neta sobre patrimonio en 2022, es decir un privilegio socialmente inaceptable.
Ingresos por Comisiones de las AFP y destino, año 2022 (millones de US$)
