El fin del CAE y sus objeciones

En El Mostrador

Algunos de los comentarios críticos a la iniciativa del gobierno de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) son especialmente pobres. Este sistema permite a los estudiantes de educación superior contraer créditos con la banca pero con garantía estatal, cuya ejecución por mora es muy conveniente para ella. Se otorga con un interés actual de 2% real anual -desde 2012 con Piñera I, pues era de 6% cuando se estableció en 2005- y un pago vinculado al ingreso con un plazo máximo, todo lo cual es subsidiado por el Estado.

El nuevo proyecto establece descuentos en la deuda acumulada, que en diversos casos la lleva a cero, y premios y beneficios tributarios para quienes han pagado. También establece para el futuro un sistema nuevo, sin la banca -que obtiene hoy utilidades completamente injustificadas desde un subsidio público- y sin tasa de interés, con un reembolso posterior a terminar los estudios que se limita a un pago del 7% (y 8% para los ingresos más altos) del ingreso, con suspensión en situaciones de cesantía y un tope de pago por 20 años. Su cobertura excluirá solo a quienes pertenecen al tramo de 10% de más altos ingresos, con aranceles fijados por carrera y eventuales copagos adicionales para ese tramo de familias.

En las críticas infundadas después del anuncio por el presidente Boric hay de todo. El senador Juan Luis Castro se opone porque las prioridades de los chilenos serían la seguridad y la salud y considera que hoy no debiera gastarse recursos en la educación superior ni en los deudores, que son cerca de un millón de personas (más de 540 mil se encuentran en mora). El asunto es que el sistema nuevo no costará más que el antiguo (lo hará en 1% del PIB menos en régimen), según el ministerio de Hacienda. Darle un apoyo a los sectores medios que han estudiado y arrastran una deuda -que no tienen los de altos ingresos, que no estudian con crédito- no debiera levantar mayores objeciones de pertinencia y equidad. Salvo que se sostenga que los subsidios deben ir solo a los muy pobres y no se debe apoyar el recorrido profesional de quienes han estudiado teniendo que recurrir al crédito porque su situación familiar no les permitió otra cosa. Este es el argumento que no toma en cuenta que el gasto público en educación, que mejora las calificaciones humanas para entender el mundo e innovar y utilizar nuevas tecnologías, es un componente del desarrollo. De paso, más ingresos de familias de clase media pueden incluso permitir aumentar sus gastos en salud. Si alguien está vinculado al sector salud, eso no debiera llevarlo solo a privilegiar la salud. Eso se llama corporativismo. Y así en unas u otras áreas que requieren de políticas públicas.

A la inversa, el ex rector de la Universidad de Chile, Victor Pérez, lamenta que el proyecto no hable de la educación inicial de niñas y niños. Pero ocurre que por definición el proyecto aborda la educación superior, no el resto del sistema educativo. Por mucho que sea indispensable fortalecer la educación inicial, si cada vez que una ley aborda un tema se cuestiona que no aborda otros, tendríamos la actitud no muy recomendable de objetar por objetar.

El ex Director de Presupuestos de Piñera, Matías Acevedo, señala que la devolución parcial del subsidio por el beneficiario a lo largo del tiempo sería un impuesto a la renta. En efecto, tiene similitudes. ¿Y cuál es el problema? Probablemente que no le gusta el impuesto a la renta y su lógica de progresividad. Pero esa es harina de su propio costal. Se trata, en todo caso, más bien una tarifa de pago diferido y con elementos de subsidio. De paso, sostiene que el nuevo sistema llevaría a pagar, en los casos de rentas más altas, mucho más que el costo de la carrera, lo que es simplemente falso, pues se aproxima al pago de su costo y, además, se podrá hacer prepagos con descuento.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sostiene que dejar el copago limitado al 10% de más ingresos, "afecta muy profundamente la viabilidad del sistema de educación superior", y que afectaría la autonomía universitaria y la haría dependiente del Estado y de políticas inciertas en el futuro, lo que no tiene fundamento alguno que no sea alimentar fantasmas. La autonomía, junto al pluralismo, es indispensable para la vida intelectual en la universidad, pero no debe confundirse con la pretensión de independencia sin condiciones financiada con fondos públicos. Ni menos debe llevar a gastar los recursos del Estado y de las familias para fines completamente distintos a los universitarios, como se ha visto recientemente. Coincidiendo con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, lamenta que las universidades que se acojan al nuevo sistema deban someterse a un arancel público y que solo puedan cobrar cifras adicionales al mencionado 10%, dando un salto lógico bastante extraño: esto disminuiría la calidad de la enseñanza y, a la vez, la autonomía universitaria. Si hay un subsidio público a la educación superior debe evidentemente tener un límite por carrera que tenga que ver con sus costos efectivos, y de paso tener como contrapartida la garantía de la libertad de enseñanza, que por ejemplo algunas universidades no practican al prohibir temas y posturas por razones religiosas o de orientación ideológica. Carlos Peña agrega que el nuevo sistema estimula las universidades docentes sin investigación, pero sabe bien que el proyecto comentado aborda solo el financiamiento de los estudiantes con menos recursos, y no temas que implican mecanismos de financiamiento regidos por otros cuerpos legales. Además, no es adecuado financiar la investigación con aranceles de los estudiantes que pagan el servicio educativo, sino con subsidios específicos y aportes del sector productivo.

En la actualidad, la cobertura y el gasto público y privado en educación superior están, en relación al PIB, entre los más altos de la OCDE, precisamente por un sistema en el que abundan las soluciones de mercado que empujan los costos hacia arriba, como en salud, y segmentan socialmente a las universidades sin asegurar mayor calidad ni mejorar el rol en la sociedad del sistema universitario. Muchas universidades cobran aranceles mayores por ser marcadores de estatus (lo que en economía de la educación se llama "señalización") antes que por la excelencia de sus profesores e investigadores y la pertinencia de su enseñanza y aporte al conocimiento, la tecnología y a la cultura, que es lo que se supone deben procurar maximizar las políticas públicas de educación superior.

Israel-Palestina: las consecuencias inextricables del pasado

En La Nueva Mirada

En una conversación en 2004 con Shimon Peres, en la Knesset, la sede del parlamento israelí, acompañado de Luis Maira y Marcela Serrano en una visita a Palestina e Israel, este nos manifestó que, a su juicio, el conflicto en el Medio Oriente no tenía tantos obstáculos en el futuro como en el pasado. Había sido uno de los constructores de los acuerdos de Oslo en 1993 con Yasir Arafat, y era por tanto optimista sobre un arreglo posible de dos Estados que inaugurara una coexistencia entre Israel y Palestina. Su argumento era que se necesitaba terminar con la colonización israelí en territorios palestinos, un hecho del pasado que era resistido por los mismos que más adelante destruirían los acuerdos, encabezados por Netanyahu en el lado israelí y los fundamentalistas islámicos por el lado palestino. En ese momento, Peres buscaba un acuerdo con Ariel Sharon para desmantelar las colonias, lo que ocurrió en Gaza en 2005.

Esta afirmación me produjo desconcierto, pero era sabia. Todo en el Medio Oriente, y en muchas partes, tiene que ver con el peso del pasado. Como me dijo el alcalde de Belén, el cristiano Hanna Nasser, "ojalá cada centímetro cuadrado de esta tierra no tuviera tanta historia".

En el conflicto actual en Medio Oriente hay circunstancias históricas ancestrales marcadas con el signo de la violencia entre civilizaciones. Una de sus etapas es descrita con maestría en el libro del libanés Amin Maalouf sobre "Las cruzadas vistas por los árabes". Por su parte, Alberto Manguel sostiene que "la actual guerra en Oriente Próximo es, en el sentido más cabal de la palabra, un círculo vicioso. ¿Dónde comienza un círculo? ¿Cuál es el punto de partida? Netanyahu respondería que el conflicto nace con el sangriento ataque de Hamás el 7 de octubre 2023 donde murieron 1.195 personas, israelíes y extranjeros. Según Hamás, el conflicto comienza mucho antes, con la creación del Estado de Israel en 1948, cuando 750.000 palestinos fueron desalojados de sus tierras para establecer una nueva nación. Los historiadores pueden elegir una u otra de esas fechas para intentar explicar esta guerra fratricida. Los teólogos podrían elegir una anterior, cuando el divisionario Jehová ordena a Abraham quedarse con Sarah, madre de Isaac, de quien descenderán los hebreos, y echar de casa a su compañera Hagar junto con su hijo Ismael, quien, según la tradición, es el padre de los árabes".

La actual sangrienta fuga hacia adelante israelí y sus terribles castigos colectivos en Gaza, Cisjordania y Líbano se propone aniquilar a dirigentes y combatientes de Hamas y Hezbolá sin fijarse en la muerte de inocentes, aunque se trate de decenas de miles de mujeres, niños o ancianos, ni privilegiar la suerte de los rehenes cruelmente secuestrados por Hamas. Los enemigos deben ser destruidos y punto, en lo que la ley internacional vigente define como crímenes de guerra. La mentalidad es la del que lucha por su sobrevivencia individual y como pueblo sin consideración por el resto de los seres humanos. Y con el probable resultado de hacer perennes los conflictos y amenazas mutuas de destrucción.

La actitud israelí no es justificable pero tiene explicaciones en los dramas vividos por el pueblo judío a lo largo de la historia y en especial la Shoa nazi. Quien lo expresa bien es el siquiatra Boris Cyrulnik, en entrevista en Le Monde, al describir lo ocurrido cuando lo detuvo la Gestapo a los 6 años, y la persona adulta que lo acogía exclamó: "'¡Déjenlo vivir! ¡No le diremos que es judío!' Nunca había escuchado esa palabra en casa de mis padres, que no eran religiosos, y así descubrí que era un título que condenaba a muerte. El jefe de la Gestapo respondió: 'Tenemos que arrestarlo, de lo contrario lo encontraremos en unos años frente a nosotros, y será él quien esté armado con un fusil.' Con ese argumento mataron a 1,5 millones de niños judíos europeos". Cyrulnik señala que quiso luego ser siquiatra para "entender cómo una locura social pudo existir hasta el punto de planificar la destrucción de un pueblo sin la menor razón". Declara que hoy sufre, como muchos judíos "amenazas de muerte, correos electrónicos insultantes, pequeños ataúdes por correo, textos negando el Holocausto, mientras advierten: "El tiempo del horror va a volver…". Los judíos sienten, una vez más en la historia, que pese al esfuerzo por construir una vida, ésta les puede ser violentada y arrebatada.

Es una ironía de esa historia, fruto de una deformada sicología de la supervivencia, que la derecha israelí termine por invalidar el derecho internacional nacido de la Shoa, destinado a proteger a las víctimas de las masacres y genocidios, luego del asesinato de millones de judíos por el solo hecho de serlo, y hoy realice la masacre de decenas de miles de palestinos, y ahora también de libaneses. Esta se propone expresamente, además, destruir las culturas, patrimonios y espacios de vida de estos países vecinos, incluyendo hospitales, escuelas, universidades, mezquitas, por el solo hecho de estar en sus alrededores y de resistirse a la ocupación israelí. Peor aún, la derecha supremacista, que hoy gobierna, no esconde su ambición de hacer de la tierra vecina un lugar invivible y expulsar o someter a sus pueblos mediante la violencia extrema, para luego colonizar y anexar sus territorios. Esto ya lo ha hecho el Estado de Israel con los Altos del Golán pertenecientes a Siria y con partes de Cisjordania, pues considera que esos pueblos y territorios -en los que viven millones de personas- son una amenaza permanente a su supervivencia.

La responsabilidad histórica de Occidente ha sido central en este trágico callejón sin salida, al haber estado desde los romanos en el origen de las persecuciones a los judíos, incluyendo su expulsión de Inglaterra en 1290, Francia en 1306, Austria en 1421, España en 1492, Portugal en 1496 y los Estados Pontificios en 1569, entre otras. Sin olvidar los posteriores pogromos rusos, imperio que en un tiempo albergó a la mayor población judía en el mundo. Esto estimuló en el siglo XIX la idea legítima de un hogar nacional judío, que exploró diversos emplazamientos. Más tarde, la responsabilidad alemana en el terrible e innombrable exterminio de judíos en Europa ordenada por Hitler debiera haber llevado a la creación de ese hogar nacional en alguna parte de su territorio, y garantizar a futuro la seguridad de los judíos, junto a la transformación de Jerusalén en un lugar de soberanía compartida con presencia judía, cristiana y musulmana que sellara la convivencia de las tres religiones del libro sin que ninguna se impusiera a la otra.

Pero los afanes coloniales y el supremacismo blanco que cruzan la historia europea pudieron más. Ya Inglaterra había buscado instalar en Palestina un Estado judío aliado con la declaración Balfour de 1917, en vistas a mantener después de la inevitable descolonización de la región un enclave en un territorio dominado por cinco siglos -y hasta 1918- por el Imperio Turco. El problema es que Jerusalén es un lugar religioso central no solo del judaísmo sino también del cristianismo y del Islam, mientras los judíos habían perdido su soberanía en la zona en manos de los romanos en el año 63 antes de Cristo y expulsados en el año 135 después de Cristo por el ejército de Adriano. Vivieron a partir de entonces en una diáspora dispersa por la región, Europa y el mundo, pero manteniendo su identidad y muchos su religión.

El propósito de volver a la delimitación de Judea y Samaria hace 20 siglos es comparable a un eventual intento de reconstruir los Estados maya, azteca o inca en sus fronteras originales, por justificado que a algunos pudiera parecerles, pero cuyo resultado sería la conflagración permanente con los Estados-nación constituidos en los últimos siglos. En 1850, había unos 10 mil judíos en Palestina, de una población de 400 mil habitantes musulmanes y cristianos, mucho menos que los 400 mil judíos que vivían por entonces en la actual Alemania y los 2,5 millones que residían en el Imperio Ruso en la Zona de Asentamiento, que cubría partes de Polonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Por eso el orden internacional posterior a la segunda guerra mundial tiene como uno de sus pilares el respeto a las soberanías nacionales en las fronteras internacionalmente reconocidas por la ONU.

No obstante, Estados Unidos y la URSS -dedicada por entonces a fortalecer su recién conquistada zona de influencia en Europa del Este- se sumaron a la idea del enclave judío en Palestina y aprobaron su creación por las Naciones Unidas en 1947. Esto fue percibido como una nueva imposición colonial occidental por los nacientes Estados árabes, recientemente emancipados del colonialismo inglés y francés. Las monarquías árabes declararon en 1948, sin tener las capacidades militares suficientes, la guerra a ese nuevo Estado, que de inmediato expandió sustancialmente el territorio originalmente asignado por las Naciones Unidas y expulsó de sus hogares a más de 700 mil palestinos, transformados en una diáspora de refugiados perennes y en una herida que permanece abierta hasta hoy, iniciando la tragedia contemporánea de la región. Unos 800 mil judíos fueron, a su vez, hostigados y expulsados desde los países del Medio Oriente y del norte de África después de 1948.

En la guerra fría, Estados Unidos y Europa Occidental hicieron del enclave israelí una cuña para ampliar su influencia geopolítica en el Medio Oriente. Han sostenido militar, económica y políticamente a Israel casi sin condiciones, aumentando la animadversión de los millones de seguidores del Islam en todo el mundo. Luego Rusia estimuló la emigración de la mitad de los judíos de su territorio a Israel.

El islamismo teocrático de los ayatollahs chiitas de Irán llevó, al parecer, su confrontación con Israel hasta Argentina, a través de Hezbolá. Buenos Aires sufrió el atentado a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, con el resultado de 105 muertes. Estados Unidos fue víctima del terror islamista sunita con los atentados de 2001, con 2.996 muertes. Su lógica imperial le llevó a invadir primero Afganistán entre 2001 y 2021 y luego Irak, que ocupó entre 2003 y 2011 con cientos de miles de muertos. Ambas ocupaciones terminaron en un gran fiasco. La invasión de Irak desestabilizó toda la región, incluyendo la acción violenta del grupo fundamentalista extremo Estado islámico, finalmente derrotado por una coalición variopinta, en medio de la cruenta guerra de Siria iniciada en 2011, con otros cientos de miles de muertos. Todo esto sin aumentar la seguridad de los israelíes, cuyos gobiernos apostaron por un desangramiento árabe. Netanyahu se había encargado, entre tanto, de dividir a los palestinos, estimulando el control de Hamas en Gaza y desacreditando a la Autoridad Palestina, dirigida por el partido laico Al Fatah, fundado por Yasir Arafat, con quien tuvimos ocasión de conversar largamente en la Mukata cuatro meses antes de su muerte por envenenamiento en 2004, respecto de la que existe la sospecha de deberse a los servicios israelíes. Al despedirnos, en una explanada en la que se divisaban edificios a lo lejos, nos dijo "desde ahí me van disparar".

Todos estos actos de fuerza ampliaron la radicalización de muchas poblaciones islámicas en el mundo contra Estados Unidos y Europa y estimularon los inaceptables atentados contra civiles en distintos lugares de Occidente. El islamismo extremo de Hamas, en un acto desesperado, terminó por golpear con fuerza a Israel el 7 de octubre de 2023, cuando la resistencia legítima en Gaza contra el sometimiento israelí se transformó en un pogromo anti-semita indiscriminado y sangriento, incluyendo el asesinato de 364 jóvenes asistentes a una fiesta en el desierto y de centenares de miembros de los kibutz en la zona, muchos de ellos de tradición progresista.

La perspectiva de nuevos acuerdos entre los países árabes e Israel -que ya existen con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán- se ha alejado sustancialmente en la actual conflagración, que ha dado lugar a prolongadas violencias sin límites de Israel, que al parecer ahora se dirigirá a una guerra abierta con Irán. Se reproduce la estrategia formulada en su momento por el general Moshe Dayan: “Israel debe comportarse como un perro loco; demasiado peligroso como para que nadie le moleste”.

Pero hay en las partes en presencia quienes ponen encima de la mesa lo indispensable: un acuerdo estable de paz y convivencia entre dos pueblos y dos Estados, hoy en minoría en ambos lados en medio de la guerra. En Israel habrán de volver a escucharse voces como la del ex ministro Shlomo Ben Ami, para quien “todavía no ha aparecido un líder israelí que sienta verdaderamente lástima por la parte de responsabilidad de Israel en la tragedia palestina de desposesión y exilio. (…). Es la abdicación moral de Israel y su completa indiferencia, la falta de imaginación para concebir el sufrimiento del otro —típica de los enconados conflictos nacionales, que siempre tienden a metamorfosearse en una historia de victimismo competitivo—”. Y también entre los palestinos, que habrán de encontrar nuevas direcciones al margen del islamismo violento.

Entre tanto, el 5 de octubre recién pasado el ex primer ministro laborista israelí Ehud Olmert y el ex ministro de relaciones exteriores de la Autoridad Palestina Nasser Al Kidwa, han propuesto un camino de entendimiento: "La guerra en Gaza debe finalizar. Los rehenes israelíes mantenidos en cautiverio por Hamás deben ser liberados y devueltos a sus familias. Israel, por su parte, tendrá que liberar una cantidad acordada de prisioneros palestinos y deberá retirarse de Gaza. Los palestinos deben crear allí una nueva entidad, legítima y responsable, que no estará compuesta por políticos de ninguna de las facciones palestinas existentes y que estará vinculada orgánicamente a la Autoridad Palestina, pero será lo suficientemente independiente como para ganarse la aceptación de los palestinos mismos, de los Estados árabes vecinos y de la comunidad internacional. La siguiente fase debe... basarse en la existencia de los Estados de Israel y de Palestina, viviendo uno al lado del otro, dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967. Estamos de acuerdo en que el 4,4% de Cisjordania, donde actualmente existen los principales bloques de asentamientos israelíes, incluida la zona de Jerusalén, será anexado a Israel a cambio de un territorio israelí de igual tamaño y que se anexará al Estado de Palestina para adaptarse así a las realidades del terreno que son demasiado difíciles de restituir. El corazón de nuestro conflicto es Jerusalén, para lo cual proponemos un plan que exima a la ciudad vieja de Jerusalén, el centro de los sitios religiosos, del control soberano exclusivo de Israel y Palestina... En un periodo de oscuridad tan aterradora, hemos elegido hacer brillar una luz de esperanza y señalar el camino que nuestros dos pueblos deben tomar."as las reacciones:

Revolucionarios

Extracto de columna del 12-11-14

Revolucionarios fueron los que desde los años sesenta enarbolaron banderas de cambio radical, inspirados inicialmente en la revolución cubana, que consideraban que no podían ser contenidas por una democracia liberal de índole excluyente y oligárquica. Quien tal vez mejor expresó esa opción en Chile fue Miguel Enríquez. Este joven médico moriría con las armas en la mano un 5 de octubre de 1974, a los treinta años de edad, luego de haber dirigido por seis años al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y de mantenerse clandestino durante un año como el hombre más buscado, luego de la detención de Luis Corvalán y la salida del país de Carlos Altamirano, por quienes asaltaron el poder en septiembre de 1973. Posiblemente esa fecha simboliza la caída del sueño revolucionario signado por la voluntad libertaria que abrazó en Chile parte de una generación, en la que me incluí siendo muy joven.

Sobre Enríquez existen dos caricaturas: la del radical irresponsable que, para aquella parte irremediablemente tanática y criminalmente fanática de la sociedad chilena, fue simplemente bien asesinado por las balas de la DINA, o bien la del valiente y consecuente que murió en su ley, sin consideración de sus opciones políticas y su necesario balance.

Miguel Enríquez encarnó una parte de las dinámicas de una época y, con la perspectiva histórica, no la peor. Fue uno de los que hizo suyo un sueño de cambio revolucionario inmerso en los impulsos de los años sesenta y sus rupturas libertarias, de la revolución cubana y la gesta latinoamericana guevarista, del mayo del 68 francés, de la reacción anti-autoritaria luego de la invasión soviética a Checoslovaquia, del rock y su nueva estética. Y también de la dinámica de cambios que recorrió a una sociedad chilena inmersa gravemente en la desigualdad y la pobreza, dominada por oligarquías agrarias retrógradas y burguesías urbanas rentistas. Jorge Ahumada en los años cincuenta resumió muy bien el diagnóstico y el desafío: había que construir un nuevo Chile “en vez de la miseria”.

Enríquez tuvo razón al señalar que los intentos de desplazar del poder a la oligarquía tradicional y nacionalizar los recursos naturales, si se llevaban hasta sus últimas consecuencias, provocarían reacciones internas, las de los afectados, y externas, las de Estados Unidos en la época de la guerra fría, que culminarían en el fin de la democracia y una dictadura militar, como ya había ocurrido en Brasil. Es decir, en un trágico callejón sin salida. Menos razón tuvo en desarrollar una estrategia autónoma de acumulación de fuerzas rupturistas, conducida por un nueva vanguardia de cuadros revolucionarios, aunque había buenos fundamentos para el rechazo a lo que entendía era una DC comprometida con Estados Unidos en la guerra fría y a una dirigencia de la izquierda que pensaba, en su rama socialista, que no tenía real capacidad de impulsar cambios, aunque siempre respetó a Allende, o bien, en su rama comunista, se subordinaba a la URSS y a su política de, por entonces, "coexistencia pacífica". La nueva fuerza revolucionaria debía convocar bajo su férrea conducción no sólo a la clase obrera tradicional sino también a los que Enríquez llamaba “los pobres del campo y la ciudad”. El gobierno de Frei cometió el error de empujar al MIR a la clandestinidad después de un incidente universitario en Concepción y éste el error de realizar acciones armadas propagandístiscas y de financiamiento, aunque nunca atentados a personas, en un país que por el contrario necesitaba avanzar a una democracia que desplazara el dominio oligárquico y que estaba cada vez más amenazada por la oligarquía.

Un visionario, que por entonces se retiraba de la política, Eugenio González Rojas, ex secretario general y senador socialista, más tarde Rector de la Universidad de Chile, había planteado en 1947 que el socialismo debía ser revolucionario por sus fines y democrático por sus métodos, y que los métodos debían escogerse para nunca desnaturalizar los fines emancipatorios perseguidos. Y había propuesto en 1958 no someterse a la guerra fría y convocar a las fuerzas que pusieron a la derecha en franca minoría y representaron Allende, Frei y Bossay en la elección presidencial de ese año, que estuvo muy cerca de dar el triunfo a Allende. Planteó la necesidad de la convergencia de las que denominó “fuerzas de avanzada social”, aquellas que se dividieron, fracturaron y compitieron entre sí en medio de la ley de hierro de la guerra fría global, y no supieron acometer su tarea histórica de darle continuidad y coherencia democrática a la demanda de reformas de la sociedad chilena ni mantener a raya el poder de la derecha y los intereses oligárquicos que representaba.

Miguel Enríquez, Luciano Cruz, Bautista Van Schouwen, Edgardo Enríquez, Andrés Pascal y su organización  de jóvenes revolucionarios no aquilataron lo suficiente que la demanda por un cambio social profundo se encaminaba hacia el triunfo en las urnas de Salvador Allende y su coalición y no hacia la expansión de la lucha social con componentes insurreccionales armados que desbordarían y desmontarían las instituciones obsoletas y construirían una democracia de base.

La democracia representativa era la que debía, por el contrario, ser definida como el continente necesario e irrenunciable del cambio social, complementada por formas de democracia directa. Enríquez se adaptó a la nueva situación en 1970, se puso al servicio de la seguridad personal de Allende y mantuvo un diálogo permanente con él, insistiéndole en que debía acumular fuerza social mediante un programa radical que conformara un “poder popular” y el "control obrero" de la producción y, a la vez, llamara a los soldados a la neutralización del golpismo en el generalato de las Fuerzas Armadas. También propuso en diversas ocasiones resolver el conflicto político mediante un plebiscito. Entendía que esa "acumulación de fuerzas" podría resolver favorablemente para el mundo popular el quiebre de la democracia que la alianza Nixon-derecha-DC freísta provocaría en un momento u otro. Allende prefirió avanzar en su programa sin hacerlo más radical, que de suyo lo era ampliamente, aunque no pudo contener el desborde de la "revolución por abajo" que impidió estabilizar la economía y consolidar el apoyo al gobierno. Buscó entenderse con la jerarquía militar, sin intervenirla, siguiendo invariablemente las tradiciones republicanas, a riesgo de dejar crecer la conspiración y privilegiando por sobre todo evitar una guerra civil. Trabajó incansablemente para construir una salida política y obtener un acuerdo con la DC, sin lograrlo, especialmente por la intransigencia e incredulidad de Frei, pues atribuía a Allende una imposibilidad de controlar la radicalidad de izquierda, lo que llevaría a "una nueva Cuba". En todo caso, Enríquez se negó el 29 de junio de 1973 –según los testimonios existentes– a sustraer armas que le eran ofrecidas desde un regimiento, pues entendía que sería un pretexto para un golpe militar. Tampoco boicoteó el diseño de Allende de buscar una salida democrática a la crisis mediante un plebiscito que sería anunciado el 11 de septiembre de 1973. Estaba informado de ese anuncio por el propio presidente, por lo cual había desactivado la alerta antigolpista del MIR. Combatió como pudo el 11 de septiembre, con muy poco, y en las horas más duras, reunido en Indumet con socialistas y comunistas, de nuevo se puso a disposición del presidente Allende y su defensa. Pero ya la tragedia se había desencadenado.

Luego del golpe, Enríquez jugó –a pesar de la opinión de sus compañeros de la dirección del MIR– lo que entendía debía ser su rol: quien había empujado la opción revolucionaria debía permanecer personalmente resistiendo en Chile, poniéndose al frente de su gente, a la que instó a enfrentar a la dictadura, en la tradición de la FAI de Buenaventura Durruti y de la guerrilla de Ernesto Guevara. No replegarse fue un error, que cabe respetar en su inspiración de consecuencia ejemplar, aunque fuera políticamente inconducente y no contribuyera a sortear la persecución, tortura y muerte de centenares de sus compañeros y compañeras.  Esa masacre sistemática estaba decidida desde el primer día por Pinochet y fue ejecutada, sin tasa ni medida, por su policía política. Al cabo de un año de persecución implacable, Miguel Enríquez enfrentó con arrojo un 5 de octubre de 1974 su propia digna muerte en combate, resistiendo las balas enemigas que lograron asesinarlo, tratando hasta el final de preservar a su compañera herida, Carmen Castillo. Las muertes de militantes del MIR sumaron más de 500, casi todas personas jóvenes que se echarían de menos en las décadas posteriores en las luchas sociales y políticas. El mirista Jécar Nehgme fue, a los 28 años, el último opositor ultimado por la dictadura el 4 de septiembre de 1989.

A la generación a la que le tocó retomar las diezmadas banderas de la izquierda, nos influyó este trágico desenlace. El balance temprano de unos cuantos, entre los que me cuento, fue el de retomar el enfoque de Eugenio González. Nos propusimos, con éxito, reunificar a las “fuerzas de avanzada social”, afianzar una lucha social y política contra la dictadura, en vez de una lucha militar legítima pero con una muy remota probabilidad de triunfar. Pensábamos, además, que prefiguraría inevitablemente lógicas militaristas y autoritarias que nada bueno augurarían para la construcción de un socialismo democrático y libertario como el que propiciábamos. Esto nos lo enseñaba la experiencia histórica del estalinismo y de varias revoluciones radicales y, en la época, la de los Khmers Rojos en Camboya. Se llegó así, después de un largo, doloroso y complejo proceso, marcado en su etapa final por las protestas populares de 1983 a 1986, a otro 5 de octubre, el del plebiscito de 1988 en que Pinochet fue derrotado en las urnas en un esfuerzo cívico unitario que rompió el miedo y la represión. Este hito dio lugar a las luces y sombras de la nueva etapa que se abrió en la historia de Chile, que sigue su curso sinuoso pero por cauces democráticos, con logros, avances y retrocesos y, para nosotros, con el mismo objetivo de construir paso a paso una sociedad libertaria y de iguales en dignidad y derechos.

El populismo invertido: tarifas y elecciones

Se suele decir que los gobiernos son proclives a las conductas populistas. Desde los acontecimientos de octubre de 2019 y luego la pandemia, por ejemplo, el anterior gobierno congeló diversas tarifas, incluyendo la de la electricidad, en vez de privilegiar más transparentes subsidios directos a los grupos de menos ingresos y a los sectores medios sin alterar el funcionamiento de las empresas que prestan el servicio público.

En el caso de las tarifas eléctricas, se ha producido un brusco ajuste, luego de aprobarse una ley en la materia el 10 de abril. Esta ley "de estabilización tarifaria" contempla tres alzas: la primera entró en vigencia el 1 de julio pasado, la segunda lo hará en octubre y la tercera en enero de 2025. El incremento total llegará al 60%. Estas alzas buscan saldar la deuda de US$6.000 millones con las empresas eléctricas tras el congelamiento de las tarifas, sin que en paralelo se haya cambiado el sistema de fijación de tarifas para reflejar la baja en el costo de la generación eléctrica que se ha producido con el avance de las energía renovables, más baratas que la generación térmica con hidrocarburos. Sus altas tarifas prevalecen en la mayoría de los contratos del sector regulado desde 2015.

El actual gobierno parece funcionar con una suerte de "populismo invertido": pone a prueba el bolsillo y los ingresos de la mayoría en momentos electorales cruciales. Sin ir más lejos, no corrigió el ajuste de -23% del gasto público, único en el mundo por su magnitud, programada por el gobierno saliente de Sebastián Piñera para 2022. Esto impidió un "aterrizaje suave", que suelen buscar normalmente los gobiernos, y ayudó a provocar una recesión y caídas del empleo, con remuneraciones afectadas por la inflación, precisamente en el período previo al voto del proyecto de nueva constitución de la Convención.

Ahora, a semanas de una elección municipal y regional, se producirá un alza de las cuentas de la luz, que será de hasta un 23% a contar del 1 de octubre. Se distinguen tres grupos de consumidores residenciales: entre los 0 y 180 KWh mensuales, de 180 a 400 KWh y los que superan los 400 KWh. El segundo grupo sufrirá la mayor alza, la llamada clase media. En la Región Metropolitana, las alzas serán de 18% para el primer grupo, de 36% para el segundo y de 30% para el tercero. En Valparaíso, de 25% para el primero, de 42% para el segundo y de 36% para el grupo más alto. Y en la Región del Biobío, de 25% para el primero, de 39% para el segundo y de 33% para el más alto.

Si se hubiera fijado el alza para el 1 de noviembre, no hubiera cambiado ningún parámetro técnico fundamental. Pero hay autoridades que no están para consideraciones menores.

La evolución de la desigualdad de ingresos en Chile desde 1990 a 2022

En Diario Usach

Chile sigue exhibiendo una  desigualdad económica elevada. La situación de distribución regresiva del ingreso hacia 1990 fue producto de la fuerte recomposición estructural de los activos en el período de dictadura de 1973-1989 y de sucesivas oleadas de privatizaciones. La restauración patrimonial de gran envergadura, revirtió los procesos previos de reforma agraria y nacionalización del cobre de 1967-73 y de conformación de un área estatal industrial y de distribución en 1971-73. El nivel de concentración de los activos productivos y en los mercados de bienes y factores se mantiene estructuralmente elevado, mientras el tipo de inserción internacional induce una búsqueda de competitividad en bajos salarios y en el acceso a bajo costo a recursos naturales antes que en la innovación productiva.

La información que se reseña en el cuadro más abajo presenta los diversos indicadores de distribución del ingreso para Chile entre 1990 y 2022, obtenidos a partir de las encuestas de ingresos de los hogares de Caracterización Socio-Económica Nacional (CASEN) encargadas por el gobierno, producidos por los órganos oficiales y por instituciones internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y la OCDE, cada cual con sus propias metodologías de cálculo. 

El coeficiente de Gini, en la medición del Banco Mundial, pasó de 0,57 en 1990 a 0,53 en 2000, a 0,47 en 2011 y a 0,43 en 2022 (las mediciones de la CEPAL, del PNUD y del gobierno de Chile son algo distintas, pero muestran una evolución similar, lo que también ocurre con la estimación de la OCDE desde 2009). El índice de Palma, que mide la relación de ingresos promedio del 10% más rico y del 40% de menos ingresos, mostró también un alto valor inicial en 1990 de 4,7, el que se redujo hacia el año 2000 a 3,7, luego a 2,7 en 2011 y a 2,4 en 2022, siguiendo la serie de datos de la OCDE, con un deterioro en la crisis de 2020 y una posterior recuperación. 

El indicador de la participación del 10% más rico en el ingreso total del Banco Mundial pasó, por su parte, desde la muy alta cifra de 47,1% del total en 1990 a una de 42,6% en 2000, de 37,9 en 2006 y a 34,5% en 2022. Las estimaciones del indicador de concentración del ingreso antes de impuestos en el 10% más rico realizadas por el World Inequality Lab, señalan que pasó de 62,5% en 1990 a 67,1% en 2011 y a 59,0% en 2020-22. Por su parte, Larrañaga, Echecopar & Grau (2022) reconsideran la participación del 10% de ingresos más altos  y calculan que fue de 18 puntos porcentuales mayor en 2003-2017 que lo estimado por la encuesta oficial CASEN. Realizan correcciones a los ingresos del capital con datos que provienen de las cuentas nacionales y de registros administrativos. Sus resultados corregidos muestran incrementos de la desigualdad de ingresos entre 2003 y 2011 y disminuciones posteriores, medidas por el índice de Palma. 

En el mismo sentido, las estimaciones del indicador de concentración en el 1% más rico de los ingresos del World Inequality Lab, que recurre a datos complementarios de impuestos a partir del trabajo de Flores et al (2019), señalan que alcanzó un 25,9% del ingreso nacional antes de impuestos en 1990, luego un máximo de 28,3% en 2006 y experimentó una disminución posterior a un 23,7% en 2020-22.

De acuerdo a la OCDE (con datos de países seleccionados entre 2017 y 2023), el coeficiente de Gini del ingreso disponible más elevado es el de 0,62 para Sudáfrica. En una posición intermedia se sitúa Chile, con un coeficiente de 0,45, similar al de Brasil, mientras es de 0,40 en México y Estados Unidos. Este coeficiente baja a niveles de 0,30 en países europeos como Francia y Alemania y a menos de 0,26 en Dinamarca y cuatro países de Europa Central. Por su parte, el índice de Palma, también medido por la OCDE, muestra un registro en Chile de 2,4 en 2022 y de 1,8 en Estados Unidos, mientras catorce países europeos presentaron uno igual o inferior a uno, siendo Eslovaquia el país menos desigual con un índice de Palma de 0,7. La medición de desigualdad realizada según el criterio de concentración del ingreso antes de impuestos en el 1% más rico de la distribución, estimada por el World Inequality Lab para 2022, indica que Chile se sitúa en un lugar superior al promedio de América Latina y al de África y 11º en el mundo, después de Maldivas, Mozambique, República Centroafricana, México, Camboya, Myanmar, Angola, Perú, Bahrein y Rusia.

En suma, entre 1990 y 2022 se ha evidenciado una tendencia a una mejoría distributiva, pero la desigualdad de ingresos permanece en niveles comparativamente elevados, por debajo de los más altos pero muy por encima de los más bajos. 

Chile y el mundo en crisis

En La Nueva Mirada

Como señaló Antonio Guterres al abrir la Asamblea General de Naciones Unidas este año, “estamos en una era de transformación. La división geopolítica se sigue profundizando. El planeta sigue recalentándose. Las guerras causan estragos sin tener pistas de cómo acabarán. Y la postura nuclear y las nuevas armas proyectan una sombra oscura. Nos estamos acercando a lo inimaginable, un polvorín de riesgos envuelve el mundo”. Un panorama nada de halagüeño, en especial cuando dos conflictos armados internacionales se agudizan en la actualidad, el de Israel con Palestina y el Líbano y el originado en la invasión rusa a Ucrania. Sin olvidar que al menos otros dos conflictos internos tienen graves consecuencias en muertes de civiles en Sudán del Sur y en Myanmar, sin que se les preste demasiada atención. Entre tanto, en América Latina y el Caribe persisten el bloqueo a Cuba, la crisis en Haití y el déficit democrático en Venezuela, Perú y otros países, en un continente que tiene las tasas promedio de homicidios más altas del mundo, una pobreza persistente para el 29% de su población y una fuerte desigualdad en el acceso al trabajo, la salud, la educación y los servicios básicos.

Sobre el tema internacional hoy más candente, Thomas Friedman escribe en el New York Times que “la doctrina de supervivencia de Netanyahu se volvió aún más crucial después de ser acusado en 2019 por fraude, soborno y abuso de confianza. Ahora debe mantenerse en el poder para evitar ir a prisión, en caso de ser condenado. Por lo tanto, cuando Netanyahu ganó la reelección por un margen muy estrecho en 2022, estuvo dispuesto a aliarse con lo peor de lo peor en la política israelí para formar una coalición de gobierno que lo mantuviera en el poder. Me refiero a un grupo de supremacistas judíos radicales, a quienes un exjefe del Mossad israelí llamó “horribles racistas” y “mucho peores” que el Ku Klux Klan. Estos supremacistas judíos acordaron permitir que Netanyahu fuera primer ministro siempre y cuando mantuviera el control militar permanente de Israel sobre Cisjordania y, después del 7 de octubre, sobre Gaza”. Las atrocidades de la extrema derecha israelí se extienden y todo indica que el gobierno se propone expulsar a los 5,5 millones de palestinos de sus tierras (así lo dicen abiertamente algunos de sus ministros) o en su defecto someterlos a una subordinación inhumana e indigna. Ahora busca ampliar un control del sur del Líbano, con bombardeos con más y más civiles y niños muertos y una eventual nueva invasión. Se expande así la lógica de crímenes de guerra sin fin, lo que muy poco tiene que ver con el derecho de Israel a existir y a defenderse, o con la necesaria condena del islamismo de Hamas, o del "partido de Dios" libanés Hezbolá, y sus también inaceptables violencias antisemitas. Así es como avanza la amenaza de una guerra regional de graves consecuencias, sin que Estados Unidos ejerza una influencia real para detenerla, pues prefiere preservar como sea a su aliado israelí. 

El otro gran desafío actual al derecho internacional es el originado en la invasión rusa a Ucrania. Putin es un autócrata ultranacionalista que busca reestablecer el perímetro del imperio de los zares. A ese título decidió invadir, violando la Carta de Naciones Unidas, a una nación independiente como Ucrania, lo que ya antes había hecho en partes de Georgia. Los defensores de Putin consideran que por razones "geopolíticas" y para evitar la expansión de la OTAN, esos pueblos, y de paso en el límite los de Bielorrusia, Polonia y de los países bálticos, deben olvidarse de su derecho a la autodeterminación y someterse a los neozaristas rusos en su disputa con Estados Unidos y el "Occidente global". Desde luego, este argumento no tiene nada que ver con el derecho de los pueblos y con los fundamentos del orden internacional vigente, por insuficiente que sea, que procura limitar la ley del más fuerte y del más violento.

En un plano propiamente político, los tiempos futuros no serán muy promisorios si Trump gana en Estados Unidos, lo que reforzará diversos conflictos, y en el continente los inaceptables bloqueos a Cuba y Venezuela. Y tampoco si la extrema derecha sigue avanzando en Europa. Como siempre, la democracia y quienes la defienden deben ser apoyados en todas partes contra quienes la atacan o la desconocen. 

En Venezuela, Maduro persiste en reemplazar el recuento mesa a mesa de los votos de la elección presidencial reciente por un fallo de un poder judicial a sus órdenes. De más está recalcar que no tiene nada de progresista y de izquierda desconocer flagrantemente la voluntad popular. A los que consideran más importante, de nuevo por razones “geopolíticas”, mantener al grupo gobernante indefinidamente en el poder, cabe recordarles que la Venezuela de hoy es el segundo país más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional, organismo que indica que "miles de millones de dólares de dinero público han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos", como Tareck El Aissami, vicepresidente hasta marzo de 2023. Y que más de un cuarto de la población se ha visto impelida a emigrar, unos 7,7 millones de venezolanos, los que serán todavía más en el futuro próximo, de los cuales 6,6 millones viven ahora en otros países de América Latina, mientras el crimen organizado de origen venezolano se difunde por las Américas en alianza y disputas con el colombiano y el mexicano, entre otros. 

En este contexto difícil, los parámetros de la política exterior del presidente Boric y su gobierno son los adecuados, pues promueve un orden multilateral que sea respetuoso del derecho internacional y de las soberanías nacionales, con el límite de la defensa de las democracias y los derechos humanos, así como de la cooperación internacional contra el crimen organizado y los tráficos ilegales. A la vez, la política exterior se inspira de alguna manera en una idea de no alineamiento respecto a los grandes bloques, en oposición a toda política imperial, incluyendo en su caso la norteamericana, y la europea en diversos temas, lo que implica que tampoco debe identificarse con el autoritarismo expansivo ruso y sus aliados iraníes o con la búsqueda de una hegemonía económica global por parte de China. 

Nuestra diplomacia, sin grandilocuencia pues representamos solo el 0,25% de la población y el 0,35% de la producción en el mundo. está llamada a promover valores compartidos de cooperación y solución pacífica de controversias, así como defender los intereses nacionales desde una articulación con América Latina, aunque no siempre sea fácil. Nuestro destino está ligado al continente, se quiera o no se quiera, y se debe procurar que en él prevalezca una posición independiente de las potencias hegemónicas.

El debate sobre el crecimiento

En La Tercera.

En estos días se difunde la idea de un estancamiento de Chile, poniendo el acento en la gestión del actual gobierno, aunque parece corto el tiempo para una evaluación. Y se hace abstracción de los ocho años de gobiernos liberales desde 2010, los que algo tendrán que ver con el desempeño actual de la economía.

Si se toma el Producto Interno Bruto, con todas sus limitaciones, se constata, según el Banco Mundial, que en 1961-1973 Chile creció a un 1,7% anual por habitante, en medio de una fuerte presión demográfica y de grandes reformas estructurales. En la etapa dictatorial entre 1974 y 1989, de tipo ultraliberal, el crecimiento del PIB por habitante fue de 1,9% anual, apenas algo superior. En la etapa de la vuelta a la democracia, con un modelo “híbrido” que incluyó aumentos de impuestos, del costo del despido y del salario mínimo, se produjo la mayor expansión económica de la historia reciente. En los 20 años que siguieron a 1990, el crecimiento por habitante fue de 3,9% anual, muy por encima del período previo y del resto del mundo. Este crecimiento decayó en 2011-2019  a un 1,8% anual  y a 1,1% anual en 2020-2023 (período que incluye la crisis de la pandemia). En ambos casos es superior al de América Latina y cercano al de Estados Unidos. No parece haber una situación tan catastrófica, al menos en términos comparativos.

Aunque en Chile su dinámica implique sustraer capital natural y mantener una fuerte concentración de la riqueza y el ingreso, es de suponer que pocos se oponen a la idea de acelerar el crecimiento actual, importante para el empleo y los ingresos de la población, incluyendo la de menos recursos. Pero recordemos que el 10% más rico reúne el 81% de la riqueza y el 59% del ingreso antes de impuestos, según el World Inequality Lab, y el 36% del ingreso disponible, según el Banco Mundial. Por eso, y porque en el pasado no dio grandes frutos, no es una buena idea la de los economistas liberales, que elegantemente llaman “política de oferta”, de desregular todo y bajar sustancialmente los impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos. Esto implica disminuir el gasto social (siempre se puede ahorrar algo en burocracia, pero no demasiado), mientras suprimir lo que llaman “permisología” (aunque siempre simplificar trámites será positivo) implicaría menos resguardos para los trabajadores, las comunidades y el ambiente. No obstante “el mercado” insista en esto, no es una buena política. Tampoco lo es no hacer nada frente a la sobreproducción china que desplaza la poca industria chilena existente. Con el cierre de Huachipato, sin ir más lejos, se perderán más de 20 mil empleos

Tomemos el caso más que exitoso de Corea del Sur (el reciente libro de Keun Lee es muy ilustrativo en la materia). Su política de oferta consistió por décadas en mantener precios agrícolas altos y subsidios al consumidor, en tener una banca por largo tiempo nacionalizada y luego privatizada pero que ofrece créditos a tasas bajas, y en desplegar una política industrial que, sin perjuicio de aperturas progresivas, industrializó un país rural y pobre combinando promoción de exportaciones y sustitución de exportaciones. Hoy está en la punta tecnológica y es uno de los principales productores de microprocesadores. Nada de esto está ni en debate ni menos en agenda en Chile. Para promover el crecimiento, parece que lo primero será dejar los dogmatismos y deliberar sobre cómo funcionan las cosas en las experiencias exitosas. 

El derrocamiento

Versión actualizada en septiembre de 2024 del artículo aparecido en Políticas Públicas.

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El 11 de septiembre de 1973 se produjo el derrocamiento de un gobierno democrático legítimo, seguido de una represión violenta en manos de una dictadura militar que duró cerca de 17 años. Esta fue apoyada por la derecha civil, la que incluso se propuso prolongarla al menos hasta 1997, con Pinochet a la cabeza. El intento de legitimación del dictador fue derrotado en el plebiscito de 1988 y en 1990 se inició un largo curso hacia una recuperación democrática. 

Los puntos de vista más serenos sobre el episodio de 1970-73, crucial y trágico de la historia de Chile, no han sido los más frecuentes. Más bien, siguen arreciando desde los sectores conservadores las descalificaciones del proyecto histórico del gobierno de Salvador Allende y la experiencia transformadora que llevó a cabo bajo una lógica de ampliación de la soberanía nacional y de redistribución democrática del poder. Y también los esfuerzos por negar la vigencia del ejemplo de consistencia y dignidad del presidente Allende. Para ese sector de la sociedad, es insalvable que, como el presidente Balmaceda en 1891, no se rindiera frente a la fuerza y señalara ante la historia "pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, y así lo hiciera. Los conservadores insisten en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia política, mientras los argumentos más ilustrados de ese sector (Mansuy, 2023) oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto. 

El plan de Allende

El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios económicos estructurales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática (Garcés, 1976; Martner García, 1988). El compromiso con esa institucionalidad se mantuvo desde el primer hasta el último día de su administración. No obstante, hacia 1973 una mayoría del parlamento, y un poder judicial conservador y politizado, se sumaron a declarar lo contrario para precipitar un golpe de Estado, sin que, por lo demás, les pasara absolutamente nada. El hecho básico es que existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes, en medio de un agudo conflicto social y político. Algunos reconocen este hecho, pero postulan que el propósito final del gobierno de Allende era terminar con la democracia y establecer un régimen pro-soviético, que era lo que supuestamente había que impedir mediante un golpe militar. Esto no tiene sustento en los hechos, aunque en la izquierda hubiera partidarios de acciones extra-legales. Pero no eran los que tomaban las decisiones gubernamentales.

Las transformaciones en la economía incluyeron, en primer lugar, completar la nacionalización del cobre, iniciada parcialmente bajo el gobierno de Eduardo Frei, aprobada por la unanimidad del parlamento en 1971. Su finalidad era que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en un mayor bienestar social de sus habitantes, y dejaran de ser rentas transferidas al exterior. Este es uno de los logros históricos del gobierno de Salvador Allende, a pesar de su reversión parcial en la dictadura militar de 1973-1989 y en etapas posteriores. Y en segundo lugar, incluyó concluir la tarea iniciada por el gobierno de Eduardo Frei en 1967 para terminar con el latifundio y el inquilinaje semi-feudal, fuertemente resistida por la derecha representada por el Partido Nacional. Aunque permaneció en un sector de la sociedad la  “cultura de la hacienda”, heredada de la colonia, este tipo de organización productiva desapareció del mapa económico chileno. Pero no en beneficio del campesinado, que sufrió una represión generalizada después de 1973, sino de una revolución empresarial exportadora que décadas más tarde lograría un gran dinamismo. Estos son dos de los principales legados del gobierno de Salvador Allende, junto a un proceso de participación popular sin precedentes.

Lo que, en cambio, creó fuertes controversias fue la nacionalización de la banca mediante la compra de acciones en la bolsa y la creación de un sector industrial y de distribución estatal mediante intervenciones. Sus alcances no lograron tampoco un consenso al interior de la coalición de gobierno. El plan gubernamental, que demoró en ser definido, era la conformación de un sector acotado de 91 empresas públicas que sustentara un nuevo proceso de expansión productiva, como ya lo había hecho la creación de empresas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO, fundada por el gobierno del Frente Popular en 1939) en el proceso de sustitución de importaciones desde 1940 en adelante. Tampoco buscaba eliminar los mercados, aunque utilizó controles de precios, sino afianzar una planificación de la inversión pública y de la expansión industrial para un mayor desarrollo de largo plazo. En el corto plazo, el aumento de los salarios debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas ociosas, ampliadas recientemente por los planes de estabilización anti-inflacionaria de la administración Frei. 

"Make the economy scream"

La reactivación salarial y de gasto público permitió una expansión productiva y una disminución del desempleo, lo que dio a las fuerzas de gobierno la mayoría de votos en las elecciones municipales de 1971, en un clima inicial favorable. Pero Allende debió actuar frente a un plan de derrocamiento interno y externo que se inició antes de su llegada al gobierno. Buscó prolongar un acuerdo con la Democracia Cristiana (DC) como el que le había permitido llegar a La Moneda el 3 de noviembre de 1970, con el voto ratificatorio de su primera mayoría relativa de 36,6% obtenida en las urnas el 4 de septiembre de 1970, en competencia con los candidatos de la derecha, Jorge Alessandri, y de la DC, Radomiro Tomic. El 24 de octubre obtuvo en el Congreso Pleno 152 votos contra 35 a favor de Alessandri. Este fue un logro obtenido contra la expresa intervención norteamericana, que buscó que la DC votara a favor de Alesandri, quien renunciaría y daría curso a una nueva elección, maniobra que fracasó (1). El entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que mantenía un drástico rechazo a la creación de "una segunda Cuba" en América Latina, y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, que preveía de manera bastante extravagante posibles efectos de la fórmula de Allende en Chile en la situación de Italia y Francia, consideraron inadmisible para sus intereses estratégicos la llegada de Allende al gobierno. Ordenaron crear las condiciones para su derrocamiento inmediato a través de un golpe de Estado militar, a pesar de informes de inteligencia que señalaban que "EE.UU. no tiene intereses nacionales vitales en Chile" (2). Su enfoque extremo de guerra fría los llevó a promover en octubre de 1970 el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, para provocar un golpe de Estado, lo que terminó con su asesinato por un comando de ultraderecha, en consonancia con la voluntad conspirativa de la derecha y, en alguna medida, del sector seguidor de Eduardo Frei en la Democracia Cristiana (DC). Este sector consideró que un golpe de Estado y un régimen militar breve eran un mal menor frente al mal mayor de caer en la esfera de influencia soviética y perder las libertades (sus razonamientos están descritos en Aylwin, 2023, quien sin embargo siempre negó una voluntad golpista activa, a pesar de dar un apoyo al golpe el 12 de septiembre y autorizar la participación de personeros DC en la etapa inicial de la dictadura). Parte de la DC se opuso a todo acuerdo, como el aproximado en 1972 sobre las áreas de propiedad, lo que se reafirmó cuando Frei recuperó el control del partido en abril de 1973, desplazando a su sector progresista más abierto a algún entendimiento. Esto le fue reprochado más tarde por otro líder histórico de la Democracia Cristiana chilena, Bernardo Leighton, quien fue exiliado y objeto de un atentado por el régimen de Pinochet (3). Eduardo Frei, con el tiempo, fue decantando una postura de oposición a la dictadura, lo que se tradujo en su pronunciamiento expreso contra la constitución de 1980. Su muerte se produjo en condiciones que podrían haber incluido un envenenamiento en 1982. 

Para el gobierno de Allende, estabilizar la economía después de los primeros cambios estructurales era fundamental en las condiciones chilenas de la época, con un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado desde dentro y fuera con efectos que amenazaban con ser devastadores. La economía chilena “gritó”, como fue la orden dada tempranamente en septiembre de 1970 ("make the economy scream") por Nixon a la CIA (4). El gobierno de Estados Unidos cortó el crédito externo propio y multilateral, estranguló las importaciones y dificultó la comercialización del cobre chileno en los mercados mundiales, como represalia por la expropiación del cobre, que incluyó un descuento en la indemnización por utilidades excesivas que las redujo a cero (5). No se produjo nada semejante a un apoyo externo sustitutivo como el proporcionado por la URSS a Cuba, cuya situación geo-estratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba sino en alguna medida a Allende, como éste pudo constatarlo en su visita a Moscú de fines de 1972, entre otras cosas porque su modelo era diferente al del régimen de partido único soviético y de completa centralización económica, más allá de la buena relación de esta potencia de la guerra fría con el PC chileno, al que apoyaba financieramente desde hacía décadas -según los archivos soviéticos (Uliánova & Fediakova, 2023)- y que era importante entre los PC occidentales.

Una parte de la izquierda consideró que los intentos de golpe de Estado serían recurrentes y que se debía “acumular fuerzas” para enfrentarlos, lo que incluía subir salarios, ampliar el número de empresas bajo control del gobierno y las explotaciones agrícolas expropiadas, incluyendo la recuperación de tierras históricamente expoliadas a las comunidades mapuches en la zona de Cautín (6). Si bien la presión redistributiva era legítima, y en todo caso una realidad, debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado en materia de redistribución de ingresos, reforma agraria y nacionalizacion del cobre, lo que suponía una conducción política en ese sentido de los partidos de gobierno. Pero estos se dividieron. El Partido Socialista y los partidos recientemente escindidos de la Democracia Cristiana (Mapu e Izquierda Cristiana), y desde fuera el Movimiento de Izquierda Revolucionaria -creado en 1965 en una postura crítica a la estrategia de conquista electoral del gobierno encabezada por Allende- estimularon la “revolución desde abajo” que derivó hacia presiones salariales y ocupaciones de unidades productivas, con secuelas de interrupciones de suministro, lo que llevó a controles generalizados de precios, a la escasez de productos básicos y al desarrollo del mercado negro. Esto hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico luego del impulso transformador inicial de 1971, estabilización que era buscada por Allende y la mayoría de sus equipos de gobierno, pero con el apoyo de solo una parte de la coalición que le daba sustento, en este caso los partidos radical y comunista. 

Se ha puesto poco el acento en la magnitud de la “revolución desde abajo” en 1967-1973, en los gobiernos de Frei y Allende, como lo documenta el texto de Peter Winn (2013). Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria iniciada en 1967 y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por aquella parte de la izquierda y de los grupos escindidos de la DC que hicieron equivaler como avances hacia el socialismo el poner cualquier empresa en manos del Estado, y en particular las sospechosas de boicot de suministro de bienes de consumo y desvío al mercado negro. Las intervenciones de empresas, que algunos justificaban bajo el concepto de "control obrero" y de construcción de un "poder dual", no respondían a diseños con alguna coherencia económica sectorial y de conjunto, y se realizaron en oposición a parte de los equipos de gobierno y al propio presidente Allende. La expansión inorgánica del "área de propiedad social" mediante tomas, seguidas de decretos de intervención legal provisorias para asegurar la continuidad del abastecimiento, produjo un desborde de la reactivación económica de corto plazo basada en una expansión salarial que debía ser gradual. La meta de participación de los salarios en el ingreso nacional programada para 1976 se alcanzó en 1971. Se llegó a del orden de 500 empresas bajo control del gobierno en 1973, en las cuales las planillas salariales se expandieron y fueron financiadas con emisión monetaria, lo que alimentó la inflación. La intervención de empresas de distinto tamaño no programada se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario y de rupturas productivas, con una posibilidad limitada de sustituirlas por importaciones, en medio de un amplio aumento del consumo. Se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa de la oposición en el parlamento de permitir la recaudación de los ingresos respectivos. Aprobar gastos, pero no los ingresos propuestos por el gobierno para financiarlos, sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político. Sin embargo, es lo que hizo de modo sistemático la oposición en el parlamento de la época. 

El presidente Allende y sus equipos se empeñaron en estabilizar la situación económica, pero sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y la creación de un núcleo de empresas industriales y de distribución socializadas que permitieran sostener un proceso de inversión y abastecimientos de bienes básicos que redundara en el largo plazo en aumentos del bienestar de la mayoría social. Su diagnóstico fue que se debía estabilizar el proceso de cambios, contener las desorganizaciones productivas que son propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada, como la pronosticada décadas antes por Michal Kalecki (1943) en situaciones de este tipo.

En el balance económico, la trayectoria del Producto Interno Bruto fue de un crecimiento inicial en 1971 de 9,6%, seguido de una caída de -0,7% en 1972 y otra de -5,0% en 1973. En el cuarto trimestre de ese año, la junta militar que tomó el poder aplicó una política recesiva. La producción minera, manufacturera, de la construcción y agrícola bajó (en cifras en todo caso inferiores a las registradas en las crisis de 1975 y de 1982-83), disminuyendo la capacidad de exportar y aumentando la demanda por importaciones de alimentos e insumos, lo que se tradujo en el desabastecimiento generalizado de productos. La inversión también disminuyó en los tres años, a pesar del inicio de la construcción de 120 mil viviendas. Pero el crecimiento promedio del PIB en 1971-1973 fue de un 1,3% y reflejó la expansión del consumo interno que no fue sostenible en los dos años siguientes. El Índice de Precios al Consumidor tuvo también un relativamente buen resultado en 1971, pero en 1972 se zanjó un debate interno con un nuevo equipo económico que decidió una política brusca de ajustes de precios que afectó los salarios reales. Los controles fueron eliminados luego del golpe de Estado y  la inflación llegó a 508% en 1973. La contrapartida positiva fue que el desempleo llegó a los niveles más bajos conocidos en la historia contemporánea de Chile, mientras las familias más pobres lograron acceder al consumo de bienes básicos como nunca antes. A pesar de la crisis de 1972-73, el PIB en 1973 era superior al de 1970, según las cifras actuales del Banco Central.

Datos macroeconómicos, 1967-1976

Fuentes: Banco Central de Chile y Dirección de Presupuestos.

El desenlace

El Presidente Allende fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles cambios que consideraba indispensables en la sociedad chilena y, a la vez, estabilizarlos en los límites de la democracia. Allende buscó desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió (Garcés, 2013), es decir extender la nacionalización del cobre, culminar la reforma agraria, conformar un área bancaria, industrial y de distribución de carácter estatal y aumentar la participación del trabajo en el ingreso nacional. En esa idea de estabilización a través de la legitimación democrática, su propio partido y el principal de su coalición, el socialista (PS), junto a los partidos Mapu e Izquierda Cristiana, no lo acompañaron. Tampoco apoyó un plebiscito el Partido Comunista (PC), salvo días antes  del 11 de septiembre de 1973, en este caso respecto al que había vuelto a proponer el presidente Allende como salida a la crisis política y que anunciaría precisamente el día del golpe  de Estado. 

No ayudó al esfuerzo político del presidente Allende la reticencia de la dirección de su propio partido, el Socialista, que no buscó acuerdos amplios ni ofreció una opción alternativa que no fuera una radicalización ante la perspectiva de un golpe de Estado, pero sin un soporte en alguna fuerza militar defensiva propia que tuviera alguna significación, aunque tampoco preparaba un asalto al poder. El sector más radical era, en cambio, crítico de la democracia parlamentaria y tenía como referencia a la  revolución cubana, a pesar de condiciones sustancialmente diferentes (7). Como conjetura de la izquierda radical, la idea de la acumulación de fuerzas frente al golpismo podía aspirar a construir milicias y apostar a una eventual división de las Fuerzas Armadas, la que no podía sino ser muy aleatoria y, acaso, desembocar en una guerra civil. Allende siempre se propuso evitar este escenario, en un país rodeado de vecinos hostiles gobernados por dictaduras militares, y con la intención manifiesta del gobierno de la principal potencia, Estados Unidos, de hacer todo lo posible por derrocarlo, sin contar con alguna ayuda internacional significativa. 

La “revolución desde abajo” y los embates opositores llevaron a que se excediera con creces el objetivo redistributivo buscado inicialmente por el gobierno y se produjera una espiral precios-salarios alimentada por un masivo boicot empresarial y por cuellos de botella productivos. A la postre, la espiral precios-salarios llevó a una situación paradojal: el consumo popular aumentó sustancialmente respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de racionamiento y de dificultad cotidiana en el abastecimiento, junto a percepciones de amenaza generalizadas en la pequeña y mediana empresa, con la consiguiente erosión del apoyo social y político al gobierno. Esta dinámica no ayudó a construir una alianza del mundo obrero, campesino y de la marginalidad urbana y rural, cuyos intereses procuraba representar el gobierno, con los sectores medios del funcionariado, los estamentos profesionales y técnicos, la pequeña y mediana empresa y alguna parte de la gran empresa vinculada al mercado interno. Dicha alianza era indispensable para enfrentar la reacción de los afectados por los cambios promovidos por el gobierno de la Unidad Popular. Antes que “acumularse”, las fuerzas gubernamentales se fueron “desacumulando”, proceso ayudado por la desorganización económica y la radicalización de una parte de la izquierda, con un soporte que solo podía tener como base los trabajadores que controlaran fábricas, campos y algunos territorios. No obstante, la adhesión al gobierno se mantuvo en 44,5% del electorado en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50,3% obtenido en la elección municipal de 1971 y el 36,6% logrado por Salvador Allende en la elección presidencial de 1970. 

La oposición logró movilizar activamente en su contra a amplios sectores medios, e incluso a sectores obreros en la minería nacionalizada, en un proceso de insurrección rampante, junto a una estrategia de parálisis progresiva del país, con centenares de atentados con bombas realizados por la extrema derecha civil (8), con apoyo de los servicios de inteligencia de la Marina, y con la paralización del transporte y los servicios junto a paros y huelgas estimulados por la cúpula empresarial y financiados en buena parte por las operaciones encubiertas de Estados Unidos. Esto terminó por debilitar social y políticamente al gobierno (9).

Allende y sus aliados pensaban que debían construirse fortalezas políticas e institucionales que aislaran el golpismo interno y externo y lo redujeran a expresiones minoritarias, expresiones que pudieran ser contenidas por las instituciones democráticas y por el constitucionalismo militar y  alianzas externas amplias. No debe olvidarse que Allende se empeñó hasta el final en lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito que no alcanzó a anunciar (Garcés, 1976), y que hubiera preservado, con una cierta probabilidad de éxito, la institucionalidad democrática chilena y, eventualmente, creado una dinámica de recomposición de la izquierda sobre la base de un procesamiento racional de las radicalizaciones en curso (10). Esto incluía la idea del reemplazo en el liderazgo del PS en marzo de 1974, en el siguiente congreso de ese partido, de lo que la división del Mapu en marzo de 1973 fue la antesala. Pero nunca se sabrá si la convocatoria a un plebiscito hubiera evitado el golpe militar, que la oposición tenía buenas opciones de ganar, y cuyos resultados el presidente Allende iba a aceptar, le fueran o no favorables. En caso de no serlo, hubiera implicado un adelantamiento de las elecciones presidenciales. 

Las  fuerzas que Allende enfrentó terminaron siendo más poderosas y lograron el derrocamiento violento de su gobierno, como habían intentado hacerlo desde noviembre de 1970. El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, como lo reseña el general Prats en sus memorias (1985), ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas. El mando militar había aceptado desde octubre de 1972 integrarse al gabinete de gobierno en cargos centrales, mando que fue atacado por la derecha y el sector cercano a Eduardo Frei en la DC (en especial a través de los generales Arellano Stark y Bonilla). La presión culminó en la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, el general Prats, el 23 de agosto de 1973 y en la posterior traición de Pinochet, nombrado como su sucesor por ser supuestamente constitucionalista.  Dos de los cuatro comandantes en Jefe, el  de la Armada, el almirante Montero, y el de Carabineros, el general Sepulveda Galindo, se mantuvieron hasta el 11 de septiembre leales a la Constitución y a su juramento de defenderla. En 1974, Pinochet mandó a asesinar a Carlos Prats en su exilio en Buenos Aires.

Lecciones

El gobierno de la Unidad Popular quedó preso de la lógica implacable de la guerra fría, mientras internamente no logró canalizar la dinámica social y política y evitar una crisis de transición al intentar de modo simultáneo una reactivación productiva, una redistribución de ingresos y una transformación de las estructuras de propiedad. La estabilización post 1971 era indispensable frente a la temprana decisión norteamericana de derrocar a Salvador Allende por todos los medios a su alcance. En materia económica, la expansión excesiva de la demanda no encontró respuestas en una oferta en plena reestructuración, sometida a una restricción externa promovida activamente por Estados Unidos. La política de reactivación salarial excesiva terminó en presiones inflacionarias y pérdidas de poder adquisitivo, lo que ayudó a la oposición de derecha, de la DC y de los gremios empresariales a movilizar a amplios sectores medios que prestaron apoyo social al golpe de Estado de 1973. Llevar a cabo “reformas estructurales transformadoras” debía tener límites que permitieran evitar los desbordes desestabilizadores y mantener una mayoría social y política que viabilizara la continuidad democrática. Cabe hacer notar, sin embargo, que la democracia también se derrumbó, por distintas razones, en la época en Uruguay y Argentina, mientras dictaduras militares de distintas duraciones y características prevalecían en Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador. En América del Sur, las formas democráticas solo se mantuvieron en Colombia y Venezuela.

El derrocamiento del gobierno de Salvador Allende tuvo consecuencias dramáticas en la historia de Chile. Fue seguido de una prolongada dictadura que provocó no solo miles de muertes sino también una restauración histórica del poder oligárquico, que venía siendo cuestionado por diversos impulsos progresistas y democratizadores desde los años 1920. Pero su derrota no llegó a constituir un fracaso del núcleo del proyecto de cambios que inspiraba al gobierno de Allende, el de una mayor soberanía nacional sobre los recursos naturales y sectores estratégicos y una socialización de vehículos de inversión para impulsar un desarrollo que beneficiara a las mayorías trabajadoras, redujera las desigualdades de ingreso, riqueza y oportunidades de prosperar y lograra una expansión de las políticas de cobertura social frente a la pobreza y la precariedad. Este proyecto siguió adelante bajo otras formas y ritmos y otras alianzas sociales y políticas, a partir de un espíritu de resiliencia y resistencia que se inscribe en las luchas sociales y democráticas que han sido, desde la independencia, parte recurrente de la historia de Chile. 

Después del golpe de Estado, la normalización productiva, seriamente afectada por las paralizaciones por razones políticas del transporte privado y de un amplio número de unidades productivas en todo el tejido económico, así como el fin del estrangulamiento del crédito externo, permitieron un crecimiento de 1,2% del PIB en 1974, pero todavía con una inflación de 376% anual. Luego, sobrevino en 1975 la peor crisis económica de Chile en su historia contemporánea, mucho más aguda que la de 1972-73. Hay quienes la atribuyen a secuelas de la Unidad Popular, lo que es tan erróneo como atribuir la recesión de 1972-73 a las secuelas de la previa gestión de Frei. Lo que ocurrió es que en 1975, frente a una inflación aún muy elevada, Pinochet le hizo caso a la recomendación que vino a darle personalmente Milton Friedman en marzo de 1975: “Existe solo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal” (11).  

El argumento fue llevado al extremo por el monetarismo de choque de los ministros "Chicago Boys" a los que Pinochet entregó todo el poder a partir de abril de 1975. Estos provocaron una depresión de gran magnitud, con una caída del PIB de -12,3% en 1975, fruto de una reducción de -19,9% de la demanda interna, provocada por el drástico recorte del gasto público y del crédito. Hacia 1976, el nivel del PIB era inferior al de 1973, tres años después del fin de la Unidad Popular, y similar al de 1969. Luego la economía chilena experimentó hasta 1981 un crecimiento, pero de nuevo mediante una fuerte expansión de la demanda interna y también de las exportaciones. A pesar de la política de choque de 1975, la inflación bajó de un dígito recién en 1981, pero gracias a la fijación del tipo de cambio nominal en 39 pesos en 1979 y la culminación de la apertura comercial y financiera al exterior. Esta política tuvo el costo de provocar otra gran depresión,  la de 1982 y 1983, con -11,5% y -5,6% de caída del PIB respectivamente. La recesión de 1972-73 fue significativa, pero menor a las dos depresiones provocadas por los Chicago Boys en dictadura, lo que ocurrió sin lograr disminuir las presiones inflacionarias sino por tiempos breves.  En 1990, al iniciarse la transición democrática, la inflación todavía era de 27,1% anual. Este tema estructural de la economía chilena, arrastrado por décadas, fue resuelto por los gobiernos democráticos en la última década del siglo XX con una política fiscal disciplinada y acuerdos de reajustes salariales entre gobierno, empresarios y organizaciones sindicales, las que abatieron las expectativas inflacionarias en un contexto de menor inflación externa y de una estabilidad cambiaria flexible.

Las fuerzas progresistas recogen ahora dimensiones adicionales como el énfasis igualitario en materia de género, el respeto a las disidencias y diferencias y el autogobierno de los pueblos originarios en el espacio nacional, junto a la tarea de avanzar a una sostenibilidad ambiental que permita la resiliencia de los ecosistemas. Pero no son dimensiones sustitutivas de las existentes en 1970-1973, en especial la aspiración colectiva a las libertades civiles y políticas en una democracia basada en la soberanía popular, la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto de las minorías y la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos, junto a desarrollar la reciprocidad comunitaria y solidaria en la sociedad. El instrumento principal para los que comparten el objetivo de desplazar la concentración económica y las desigualdades sociales y de género tampoco ha variado mucho: la construcción estable de una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro político y de proveer estabilidad política a lo largo del tiempo. 

La radical restauración del dominio oligárquico entre 1973 y 1989 tuvo que aceptar desde 1990 modulaciones híbridas que tienen la potencialidad de convertirse por acumulación en un Estado social de derecho. Por ello, lo medular de la pugna histórica chilena permanece, aunque el dominio oligárquico tradicional pasó de la hacienda y la minería con influencia en la banca a grupos financieros y productivos hiperconcentrados y más internacionalizados. 

Lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas. En 2019-2021 se vivió la secuencia de una nueva "revolución desde abajo". Más allá de la explosión social de octubre de 2019 y meses siguientes (hasta el inicio de la pandemia de Covid-19), se llegó incluso al desborde del modelo de seguridad social privada mediante amplios retiros de ahorros individuales de los fondos de pensiones, refrendados por 2/3 del parlamento. Así como ocurrió con los reajustes salariales empujados por las ocupaciones de empresas y la no aprobación de fondos por la oposición para financiar los reajustes del sector público bajo la Unidad Popular, el gobierno de Sebastián Piñera perdió parte del control de la política económica, además de aumentar fuertemente el déficit fiscal. En 2021, en el año de salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares se expandió en nada menos que en 21% y el consumo de gobierno en 14%, mientras la demanda interna lo hizo en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Según la base de datos del Banco central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. Como se observa, la criticada política económica de la UP en medio de un agudo conflicto político no alcanzó a tener la intensidad expansiva del desbordado último año de Piñera II. La diferencia crucial es que el bloqueo externo en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y alimentó una espiral de inflación. Esto reafirma la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y de la necesidad de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada como condición para llevar a cabo cualquier proyecto progresista, en el marco de alianzas sociales y políticas internas amplias con vocación transformadora, pero también con capacidad de construir mayorías sociales y parlamentarias para los procesos de cambios estructurales. 

Notas

(1) Ver el informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del 18 de noviembre de 1973, en https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc01.pdf.

(2) En el memorándum secreto de la CIA del 7 de septiembre de 1970, en https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve16/d18, se lee: "La expansión de la presencia soviética en Chile podría ocurrir de muchas maneras diferentes, pero creemos que el establecimiento de una presencia militar soviética permanente de gran envergadura es improbable, aunque no imposible. También creemos que Allende probablemente —y casi con certeza durante el período en que intenta consolidarse— evitaría los riesgos de una subversión chilena discernible en otros países. En cuanto a las amenazas a los intereses de EE.UU., concluimos que: 1. EE.UU. no tiene intereses nacionales vitales en Chile. Sin embargo, habría pérdidas económicas tangibles. 2. El equilibrio militar mundial no se vería alterado significativamente por un gobierno de Allende. 3. Una victoria de Allende, no obstante, generaría considerables costos políticos y psicológicos: a. La cohesión hemisférica se vería amenazada por el desafío que un gobierno de Allende representaría para la OEA, y por las reacciones que provocaría en otros países. Sin embargo, no vemos una amenaza probable para la paz de la región. b. Una victoria de Allende representaría un claro revés psicológico para EE.UU. y un avance psicológico definido para la idea marxista."

(3) En palabras de Bernardo Leighton, en una carta a Eduardo Frei (1975), "para ti el golpe resultaba inevitable, al paso que para mí siempre fue evitable y nos obligaba a hacer lo inhumano por evitarlo". Leighton sostuvo que "las conversaciones oficiales del Gobierno con la DC, por iniciativa del primero, en el invierno del año 72, sobre el área de propiedad social, la participación laboral, las intervenciones en las empresas, las empresas de trabajadores, etc., en base a proposiciones del Gobierno y nuestras, llegaron a concretarse en acuerdos que, en opinión de la Comisión que nombramos para el trabajo respectivo, cubrían más del setenta por ciento de las materias en debate" y que "a pesar de todo, después del fracaso de las conversaciones Allende-Aylwin, se reiniciaron conversaciones privadas, con conocimiento y aceptación de Patricio (quien no puede haber dejado de informarte), entre personeros del Gobierno y de la DC. Renán y yo estuvimos como interlocutores, fuera de dirigentes, universitarios, profesionales y gremiales pertenecientes a la DC. Mediante estas conversaciones, en que participó con singular empeño Carlos Briones, se lograron soluciones en el problema del Mineral del Teniente, en la huelga de los médicos, en el conflicto del Canal 9 de TV, en las dificultades producidas en el escalafón del Ministerio de RR.EE., y se adelantó una fórmula para la promulgación de la reforma constitucional y para la dictación de la ley sobre distribución alimenticia. Como es lógico, de los hechos precedentes tuvieron conocimiento, según el caso, el Consejo Nacional del Partido, y Patricio Aylwin". Concluye Leighton: "Cuando te pedí que fueras a hablar con Allende, alrededor de unos diez días antes del golpe, yo conocía las condiciones que habías puesto en mayo, para celebrar una entrevista con él. No es el momento de discutir si fueron o no las más adecuadas. Sólo que en septiembre las circunstancias se habían tornado bien diferentes y Allende y tú por las funciones que desempeñaban y el ambiente público que influenciaban, eran las únicas dos personas en el país, capaces de hacer con éxito el supremo esfuerzo para evitar lo peor. Quizás, Allende debió dar el primer paso; pero, yo en lugar tuyo no lo habría esperado. Lo que estuviste de acuerdo que hiciera Aylwin, pudiste haberlo hecho tú, seguramente en condiciones cien veces más cargadas de posibilidades de éxito".

(4) Notas tomadas por Richard Helms, director de la CIA, en reunión con Richard Nixon el 15 de septiembre de 1970, en https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc26.pdf. Un recuento de la documentación desclasificada sobre la intervención de Estados Unidos en Chile contra el gobierno de Allende se encuentra en Kornbluh (2023).

(5) Informe del Senado de Estados Unidos, Covert Action in Chile. 1963-1973, 1975, en https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf.

(6) El autor de este texto contaba en 1973 con 16 años, y discutía con su padre, colaborador desde los años 1950 y ministro de Planificación del presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973, con el argumento de tipo hipotético-deductivo, que consideraba irrebatible, según el cual se produciría inevitablemente un golpe de Estado, dados los cambios impulsados por el gobierno y los intereses que afectaba. Pensaba que solo quedaba prepararse para enfrentarlo por sobre cualquier otra consideración y que no resultaría intentar estabilizar el proceso democrático. Gonzalo Martner García fue uno de los que concibió una secuencia gradual de cambios económicos en un horizonte de seis años. Construyó las bases de un acuerdo con la DC en el parlamento sobre el área de propiedad social en 1972, luego desechado por Eduardo Frei y la directiva DC. Fue uno de los redactores del discurso presidencial nunca pronunciado que llamaría a un plebiscito sobre las áreas de propiedad social (la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba) el 11 de septiembre de 1973, como se detalla en Martner Fanta (2023).

(7) No por casualidad Ernesto Guevara tuvo para Chile y Uruguay un diseño de construcción de bases logísticas, pero nada que se pareciera a que en estos países entonces democráticos se produjeran procesos de lucha armada como los que promovía en el resto del continente (Bustos, 2007).

(8) La casa familiar del autor de este texto también fue atacada, dada la posición en el gobierno de Allende de su padre, con una bomba de alto poder destructivo puesta por el grupo de ultra derecha Patria y Libertad en la noche del 2 de septiembre de 1973.

(9) El film La Spirale, de Armand Mattelart, Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux (1976), describe bien ese proceso. 

(10) Salvador Allende se reunió en los días previos al golpe con Miguel Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la principal fuerza de izquierda extra-parlamentaria de la época. Le expuso su plan de salida de la crisis a través de un plebiscito y le solicitó no interferirlo, lo que Enríquez aceptó y comunicó a los dirigentes de su organización. Esta es la razón por la cual el MIR no se encontraba en estado de alerta el 11 de septiembre de 1973, como lo había estado en los meses previos. Previamente, en la noche del 29 de junio, luego de un intento fallido de golpe, soldados de la base aérea de El Bosque ofrecieron al MIR sustraer una importante cantidad de armas, a lo que Enríquez se negó por considerar que, si llegara a ser un operativo exitoso, existía el alto riesgo de desencadenar el temido golpe de Estado en medio de una amplia disparidad de fuerzas si no se producía un quiebre del Ejército. En su opinión, en ese momento la salida a la crisis no podía basarse solo en la acción de milicias armadas reforzadas, como las pocas que su organización había logrado crear, y por eso no se cruzó a la salida plebiscitaria pensada por Allende. Pero llegado el momento, Enríquez resistió el golpe con la pequeña fuerza de la que disponía, se negó a salir del país y fue acribillado en el asalto a su casa clandestina el 5 de octubre de 1974, mientras el MIR sufrió 579 víctimas de desaparición forzada y ejecuciones durante la dictadura.

(11) Carta de Milton Friedman a Pinochet, 21-04-1975, en https://www.economiaysociedad.cl/la-carta-de-friedman-al-presidente-pinochet.

Referencias

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Bustos, C. (2007). El Che quiere verte. Javier Vergara Editor.

Garcés, J. (1976, 2013). Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política. Siglo XXI.

Kalecki, M. (1943). “Political aspects of fulI employment”. Political Quarterly, vol. 14, 1943, pp. 347-356.

Kornbluh, P. (2023). Pinochet Desclasificado. Editorial Catalonia.

Leighton, B. (1975). Carta a Eduardo Frei Montalva. https://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Bernardo_Leighton_a_Eduardo_Frei_Montalva_(26_de_junio_de_1975). 

Mansuy, D. (2023). Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular. Taurus. 

Martner, García G. (1988). El gobierno del Presidente Salvador Allende, 1970-1973. Una evaluación. Ediciones LAR.

Martner Fanta, G.D. (2023). “Pagaré con vida la lealtad del pueblo”. A 50 años del derrocamiento de Salvador Allende. LOM Ediciones.

Prats, C. (1985). Memorias. Testimonio de un soldado. Editorial Pehuén.

Uliánova, O. & Fediakova, E. (2023). "Algunos aspectos de la ayuda financiera del Partido Comunista de la URSS al comunismo chileno durante la Guerra Fría". Estudios Públicos, julio 2023, 109-146. DOI:https://doi.org/10.38178/07183089/199872113.

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