Versión actualizada en septiembre de 2024 del artículo aparecido en Políticas Públicas.
_________
El 11 de septiembre de 1973 se produjo el derrocamiento de un gobierno democrático legítimo, seguido de una represión violenta en manos de una dictadura militar que duró cerca de 17 años. Esta fue apoyada por una derecha civil que incluso se propuso prolongarla al menos hasta 1997, con Pinochet a la cabeza, intento de legitimación que fue derrotado en el plebiscito de 1988. Los puntos de vista más serenos sobre el episodio de 1970-73, crucial y trágico de la historia de Chile, no han sido los más frecuentes. Más bien, siguen arreciando desde los sectores conservadores las descalificaciones del proyecto histórico del gobierno de Salvador Allende y la experiencia transformadora que llevó a cabo bajo una lógica de ampliación de la soberanía nacional y de redistribución democrática del poder. Y también los esfuerzos por negar la vigencia del ejemplo de consistencia y dignidad del presidente Allende. Para ese sector de la sociedad, es insalvable que, como el presidente Balmaceda en 1891, no se rindiera frente a la fuerza y señalara ante la historia "pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, y así lo hiciera. Los conservadores insisten en querer destruir su imagen y minimizar su trascendencia política, mientras los argumentos más ilustrados de ese sector (Mansuy, 2023) oscilan entre la idea del fracaso de Allende y la no vigencia de su proyecto.
El plan de Allende
El plan de gobierno de Salvador Allende incluía realizar cambios estructurales y respetar y ampliar la institucionalidad democrática. El compromiso con esa institucionalidad se mantuvo desde el primer hasta el último día de su administración. Otra cosa es que hacia 1973 una mayoría del parlamento, y un poder judicial conservador y politizado, se sumaran con entusiasmo a declarar lo contrario, sin que, por lo demás, les pasara absolutamente nada. El hecho básico es que existió entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973 un régimen de plenas libertades y de separación de poderes, en medio de un agudo conflicto social y político. Algunos reconocen este hecho, pero señalan que el propósito final del gobierno de Allende era terminar con la democracia y que eso era lo que había que impedir mediante un golpe militar. Nada de esto tiene sustento en los hechos, aunque en la izquierda hubiera partidarios de soluciones extra-legales. Pero no eran los que tomaban las decisiones gubernamentales.
El gobierno de Salvador Allende se propuso emprender transformaciones en la economía y la sociedad chilena (Martner García, 1988). Estas incluyeron en primer lugar completar la nacionalización del cobre, iniciada parcialmente bajo el gobierno de Eduardo Frei, aprobada por la unanimidad del parlamento, para que sus excedentes fueran utilizados en la industrialización del país y en un mayor bienestar social de sus habitantes, y dejaran de ser rentas transferidas al exterior. Este es uno de los logros históricos del gobierno de Salvador Allende, a pesar de su reversión parcial en la dictadura militar de 1973-1989 y en etapas posteriores. Y en segundo lugar, incluyó concluir la tarea iniciada por el gobierno de Eduardo Frei en 1967 para terminar con el latifundio y el inquilinaje semi-feudal, fuertemente resistida por la derecha representada por el Partido Nacional. Aunque permaneció en un sector de la sociedad la autoritaria y clasista “cultura de la hacienda”, heredada de la colonia, este tipo de organización productiva desapareció del mapa económico chileno. Pero, en definitiva, no en beneficio del campesinado, que sufrió una represión generalizada después de 1973, sino de una revolución empresarial exportadora que décadas más tarde lograría un gran dinamismo. Estos son dos de los principales legados del gobierno de Salvador Allende, junto a un proceso de participación popular sin precedentes.
Lo que, en cambio, creó fuertes controversias fue la nacionalización de la banca mediante la compra de acciones en la bolsa y la creación de un sector industrial y de distribución estatal mediante expropiaciones. Sus alcances no lograron tampoco un consenso al interior de la coalición de gobierno. El plan gubernamental, que demoró en ser definido, era la conformación de un sector acotado de 91 empresas públicas que sustentara un nuevo proceso de expansión productiva, como ya lo había hecho la creación de empresas por la CORFO en el inicio del proceso de sustitución de importaciones desde 1940 en adelante. Tampoco se trataba de eliminar el mercado, sino de construir una planificación del esfuerzo de inversión pública y privada para un mayor desarrollo de largo plazo. En el corto plazo, el aumento de los salarios debía impulsar el crecimiento de la economía usando las capacidades instaladas ociosas, ampliadas recientemente por los planes de estabilización anti-inflacionaria de la administración Frei.
"Make the economy scream"
Allende debió actuar frente a un plan de derrocamiento interno y externo que se inició antes de su llegada al gobierno. Buscó prolongar un acuerdo con la Democracia Cristiana (DC) como el que le había permitido llegar a La Moneda en noviembre de 1970, con el voto ratificatorio en el Congreso Pleno de su primera mayoría relativa obtenida en las urnas el 4 de septiembre de 1970. Este fue un logro obtenido contra la expresa intervención norteamericana (1). El entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que mantenía el fantasma de la creación de una segunda Cuba en América Latina, y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, que preveía de manera bastante extravagante posibles efectos de la fórmula de Allende en la situación de Italia y Francia, consideraron inadmisible para sus intereses estratégicos la llegada de Allende al gobierno en Chile. Ordenaron crear de inmediato las condiciones para su derrocamiento, a pesar de informes de inteligencia que señalaban que "EE.UU. no tiene intereses nacionales vitales en Chile" (2). Su enfoque extremo de guerra fría los llevó a promover en octubre de 1970 el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, para provocar un golpe de Estado, lo que terminó con su asesinato por un comando de ultraderecha, en consonancia con la voluntad conspirativa de la derecha y, en alguna medida, del sector seguidor de Eduardo Frei en la Democracia Cristiana (DC). Este sector consideró que un golpe de Estado y un régimen militar breve eran un mal menor frente al mal mayor de caer en la esfera de influencia soviética y perder las libertades (sus razonamientos están descritos en Aylwin, 2023). Se opuso a todo acuerdo, como el aproximado en 1972 sobre las áreas de propiedad, lo que reafirmó cuando recuperó el control del partido en abril de 1973, desplazando a su sector progresista, lo que le reprochó más tarde otro líder histórico de la Democracia Cristiana chilena, Bernardo Leighton (1975), que fue exiliado y objeto de un atentado por el régimen de Pinochet (3). Al parecer, Eduardo Frei pensaba que en breve plazo podría volver al poder, luego de una etapa de represión a la izquierda. Hacia 1980 había decantado una postura de oposición, lo que se tradujo en su pronunciamiento expreso contra la constitución de 1980 y la continuidad de la dictadura.
Para el gobierno de Allende, estabilizar la economía después de los primeros cambios estructurales era fundamental en las condiciones chilenas de la época, con un gobierno sin mayoría parlamentaria, acosado desde dentro y fuera con efectos devastadores, aunque algunos insistan en minimizarlos. La economía chilena “gritó”, como fue la orden dada tan tempranamente como septiembre de 1970 ("make the economy scream") por Nixon a la CIA (4). El gobierno de Estados Unidos cortó el crédito externo, estranguló las importaciones y dificultó la comercialización del cobre chileno en los mercados mundiales, como represalia por la expropiación del cobre, que incluyó un descuento en la indemnización por utilidades excesivas que las redujo a cero (5). No se produjo nada semejante a un apoyo sustitutivo como el proporcionado por la URSS a Cuba, cuya situación geo-estratégica era completamente distinta. La Unión Soviética no apoyaba sino en alguna medida a Allende, como éste pudo constatarlo en su visita a Moscú de fines de 1972, entre otras cosas porque su modelo político y económico era sustancialmente diferente al régimen de partido único soviético, más allá de la buena relación de esta potencia de la guerra fría con el PC chileno, uno de los soportes de Allende, al que apoyaba financieramente desde hacía décadas -según los archivos soviéticos (Uliánova & Fediakova, 2023)- y que era importante entre los PC occidentales.
Una parte de la izquierda consideró que los intentos de golpe de Estado, luego del primero realizado antes de que siquiera asumiera su cargo el presidente Allende en noviembre de 1970, serían recurrentes y que se debía “acumular fuerzas” para enfrentarlos, lo que incluía subir salarios, ampliar el número de empresas bajo control del gobierno y las explotaciones agrícolas expropiadas, incluyendo la recuperación de tierras históricamente expoliadas a las comunidades mapuches en la zona de Cautín (6). Si bien la presión redistributiva era legítima, y en todo caso una realidad, debía ser canalizada, orientada y compatibilizada con la estabilización de lo logrado en materia de redistribución de ingresos, reforma agraria y nacionalizacion del cobre, lo que suponía una conducción política en ese sentido de los partidos de gobierno. Pero estos se dividieron en este tema. El Partido Socialista y los partidos recientemente escindidos de la Democracia Cristiana (Mapu e Izquierda Cristiana), y desde fuera el Movimiento de Izquierda Revolucionaria -creado en 1965 en una postura crítica a la estrategia de conquista electoral del gobierno encabezada por Allende- estimularon la “revolución desde abajo” que derivó hacia presiones salariales y ocupaciones de unidades productivas, con secuelas de interrupciones de suministro, lo que llevó a controles generalizados de precios, a la escasez de productos básicos y al desarrollo del mercado negro. Esto hizo muy difícil lograr un ordenamiento económico luego del impulso transformador inicial de 1971, estabilización que era buscada por Allende y la mayoría de sus equipos de gobierno, pero con el apoyo de solo una parte de la coalición, en este caso los partidos radical y comunista.
Se ha puesto poco el acento en la magnitud de la “revolución desde abajo” en 1967-1973, en los gobiernos de Frei y Allende, como lo documenta el texto de Peter Winn (2013). Esta presión social se había intensificado con la reforma agraria iniciada en 1967 y se extendió a empresas de diverso tipo, empujada por aquella parte de la izquierda y de los grupos escindidos de la DC que hicieron equivaler como avances hacia el socialismo el poner cualquier empresa en manos del Estado, y en particular las sospechosas de boicot de suministro de bienes de consumo y desvío al mercado negro. Las intervenciones de empresas bajo el concepto de "control obrero" y de construcción de un "poder dual", no respondían a ningún diseño de coherencia económica sectorial y de conjunto, y se realizaron en oposición a parte de los equipos de gobierno y al propio presidente Allende. La expansión inorgánica del "área social" mediante tomas, seguidas de decretos de intervención legal provisorias para asegurar la continuidad del abastecimiento, produjo un desborde de la reactivación económica de corto plazo basada en una expansión salarial gradual. La meta de participación de los salarios en el ingreso nacional programada para 1976 se alcanzó en 1971. Se llegó a del orden de 500 empresas bajo control del gobierno en 1973, en las cuales las planillas salariales se expandieron y fueron financiadas con emisión monetaria, lo que alimentó la inflación. La intervención de empresas de distinto tamaño no programada se constituyó en un factor de desequilibrio fiscal y monetario y de rupturas productivas, con una posibilidad limitada de sustituirlas por importaciones, en medio de un amplio aumento del consumo. Se sumaron reajustes salariales del sector público no financiados, dada la negativa de la oposición en el parlamento de permitir la recaudación de los ingresos respectivos. Aprobar gastos, pero no los ingresos propuestos por el gobierno para financiarlos, sería calificado hoy de populismo por todo el sistema político. Sin embargo, es lo que hizo de modo sistemático la oposición en el parlamento de la época.
El presidente Allende y sus equipos se empeñaron en estabilizar la situación económica, pero sin renunciar a la nacionalización del cobre, a la reforma agraria y la creación de un núcleo de empresas industriales y de distribución socializadas que permitieran sostener un proceso de inversión y abastecimientos de bienes básicos que redundara en el largo plazo en aumentos del bienestar de la mayoría social. Su diagnóstico es que se debía estabilizar el proceso de cambios, contener las desorganizaciones productivas que son propias de transferencias de propiedad de gran magnitud y evitar una «huelga empresarial» generalizada, como la pronosticada por Michal Kalecki (1943) décadas antes en situaciones de este tipo.
En el balance económico, la trayectoria del Producto Interno Bruto fue de un muy alto crecimiento inicial en 1971 de 9,6%, seguido de una caída de -0,7% en 1972 y otra de -5,0% en 1973 (aunque la responsabilidad del gobierno de la UP se circunscribe en ese año hasta el 11 de septiembre, pues desde octubre se aplicó una fuerte política recesiva por la junta militar que tomó el poder). La producción minera, manufacturera, de la construcción y agrícola bajó (en cifras en todo caso inferiores a las registradas en las crisis de 1975 y de 1982-83), disminuyendo la capacidad de exportar y aumentando la demanda por importaciones de alimentos e insumos, un efecto tijera que se tradujo en el desabastecimiento de productos. La inversión disminuyó en los tres años, a pesar del inicio de la construcción de 120 mil viviendas. Pero el crecimiento promedio del PIB en 1971-1973 fue de un 1,3% y reflejó la expansión del consumo interno que no fue sostenible en los dos años siguientes por la dinámica inflacionaria, que disminuyó los ingresos reales, así como por el desequilibrio de la balanza de pagos que se creó en medio de una limitación sustancial del crédito externo, ya mencionados. El Índice de Precios al Consumidor tuvo también un relativamente buen resultado en 1971, pero en 1972 se decidió una política brusca de ajuste de precios. Los controles de precios fueron eliminados luego del golpe de Estado y la inflación llegó a 508% en 1973. La contrapartida positiva fue que el desempleo llegó a los niveles más bajos conocidos en la historia contemporánea de Chile y las familias más pobres lograron acceder al consumo de bienes básicos como nunca antes. A pesar de la crisis de 1972-73, el PIB en 1973 era superior al de 1970, según las cifras del Banco Central.
Datos macroeconómicos, 1967-1976
Fuentes: Banco Central de Chile y Dirección de Presupuestos.
El desenlace
El Presidente Allende fue un conductor político que actuó en una situación extremadamente adversa y realizó ingentes esfuerzos para hacer posibles cambios que consideraba indispensables en la sociedad chilena y, a la vez, estabilizarlos en los límites de la democracia. Allende buscó desde 1971 que un plebiscito consolidara las reformas estructurales que emprendió (Garcés, 2013), es decir extender la nacionalización del cobre, culminar la reforma agraria, conformar un área bancaria, industrial y de distribución de carácter estatal y aumentar la participación del trabajo en el ingreso nacional. En esa idea de estabilización a través de la legitimación democrática, su propio partido y el principal de su coalición, el socialista (PS), junto a los partidos Mapu e Izquierda Cristiana, no lo acompañaron. Tampoco apoyó un plebiscito el Partido Comunista (PC), salvo días antes del 11 de septiembre de 1973, en este caso respecto al que había vuelto a proponer el presidente Allende como salida a la crisis política y que anunciaría precisamente el día del golpe de Estado. No ayudó al esfuerzo político del presidente Allende la reticencia de la dirección de su propio partido, el Socialista, que no buscó acuerdos amplios ni ofreció una opción alternativa que no fuera una radicalización ante la perspectiva de un golpe de Estado, pero sin un soporte en alguna fuerza militar defensiva propia que tuviera alguna significación, aunque tampoco preparaba un asalto al poder. El sector más radical era, en cambio, crítico de la democracia parlamentaria y tenía como referencia a la revolución cubana, a pesar de condiciones sustancialmente diferentes (7). Como conjetura de la izquierda radical, la idea de la acumulación de fuerzas frente al golpismo podía aspirar a construir milicias y apostar a una eventual división de las Fuerzas Armadas, la que no podía sino ser muy aleatoria y, acaso, desembocar en una guerra civil. Allende siempre se propuso evitar este escenario, en un país rodeado de vecinos hostiles gobernados por dictaduras militares, y con la intención manifiesta del gobierno de la principal potencia, Estados Unidos, de hacer todo lo posible por derrocarlo.
La “revolución desde abajo” y la demagogia opositora llevaron a que se excediera con creces el objetivo redistributivo buscado inicialmente por el gobierno y se produjera una espiral precios-salarios alimentada por un masivo boicot empresarial y por cuellos de botella productivos, a los que contribuyeron las mencionadas intervenciones de empresas y explotaciones agrícolas. A la postre, la espiral precios-salarios llevó a una situación paradojal: el consumo popular aumentó sustancialmente respecto a los años previos, pero su acceso se hizo en condiciones de racionamiento y de dificultad cotidiana en el abastecimiento, junto a percepciones de amenaza generalizadas en la pequeña y mediana empresa, con la consiguiente erosión del apoyo social y político al gobierno. Esta dinámica no ayudó a construir una alianza del mundo obrero, campesino y de la marginalidad urbana y rural, cuyos intereses procuraba representar el gobierno, con los sectores medios del funcionariado, los estamentos profesionales y técnicos y la pequeña y mediana empresa. Dicha alianza era indispensable para enfrentar la reacción de los afectados por los cambios promovidos por el gobierno de la Unidad Popular. Antes que “acumularse”, las fuerzas gubernamentales se fueron “desacumulando”, proceso ayudado por la radicalización de una parte de la izquierda que terminó por aislar social y políticamente al gobierno, con un soporte que provendría solo de los trabajadores que controlaran fábricas, campos y algunos territorios. La oposición logró movilizar activamente en su contra a amplios sectores medios, e incluso a sectores obreros en la minería nacionalizada, en un proceso de insurrección rampante, junto a una estrategia de parálisis progresiva del país, con centenares de atentados con bombas realizados por la extrema derecha civil (8), con apoyo de los servicios de inteligencia de la Marina, y con la paralización del transporte y los servicios junto a paros y huelgas estimulados por la cúpula empresarial y financiados en buena parte por las operaciones encubiertas de Estados Unidos.
Allende y sus aliados pensaban que debían construirse fortalezas políticas e institucionales que aislaran el golpismo interno y externo y lo redujeran a expresiones minoritarias, expresiones que pudieran ser contenidas por las instituciones democráticas y por el constitucionalismo militar y alianzas externas amplias.
No debe olvidarse que Allende se empeñó hasta el final en lograr una salida política a la crisis a través de un plebiscito que no alcanzó a anunciar, y que hubiera preservado, con una cierta probabilidad de éxito, la institucionalidad democrática chilena y, eventualmente, creado una dinámica de recomposición de la izquierda sobre la base de un procesamiento racional de las radicalizaciones en curso (9). Esto incluía la idea del reemplazo en el liderazgo del PS en marzo de 1974, en el siguiente congreso de ese partido, de lo que la división del Mapu en marzo de 1973 fue la antesala. Pero nunca se sabrá si la convocatoria a un plebiscito hubiera evitado el golpe militar, que la oposición tenía buenas opciones de ganar, y cuyos resultados el presidente Allende iba a aceptar, le fueran o no favorables. En caso de no serlo, hubiera implicado un adelantamiento de las elecciones presidenciales.
Las fuerzas que Allende enfrentó terminaron siendo más poderosas y lograron el derrocamiento violento de su gobierno, como habían intentado hacerlo desde noviembre de 1970. El golpismo en las Fuerzas Armadas, activo desde 1968, como lo reseña el general Prats en sus memorias (1985), ya no pudo ser contenido por los militares constitucionalistas, con su mando atacado por la derecha y el sector cercano a Eduardo Frei en la DC (a través de los generales Arellano Stark y Bonilla), lo que culminó en la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, el general Prats, y la posterior traición de Pinochet, nombrado como su sucesor por ser supuestamente constitucionalista. En 1974, ya como dictador, mandó a asesinarlo en su exilio en Buenos Aires. Dos de los cuatro comandantes en Jefe, el de la Armada, el almirante Montero, y el de Carabineros, el general Sepulveda Galindo, se mantuvieron hasta el 11 de septiembre leales a la Constitución y a su juramento de defenderla.
Lecciones
El gobierno de la Unidad Popular quedó preso en la lógica implacable de la guerra fría, mientras internamente no pudo controlar el desborde social y las presiones expansivas de la demanda que no encontraron respuestas en una oferta en plena reestructuración y, a la vez, sometida a una restricción externa promovida activamente por Estados Unidos. La política de reactivación terminó volviéndose en su contra por las presiones inflacionarias que creó, lo que ayudó a movilizar a amplios sectores medios que prestaron apoyo social al golpe de Estado de 1973, aunque la adhesión al gobierno se mantuvo en 44,5% del electorado en la elección parlamentaria de marzo de 1973, después del 50,3% obtenido en la elección municipal de 1971 y el 36,6% logrado por Salvador Allende en la elección presidencial de 1970. Las “reformas estructurales transformadoras” eran probablemente el límite ineludible para mantener una mayoría que intentara viabilizar la continuidad democrática en el Chile de 1970-73, la que tampoco se sostuvo en Uruguay y Argentina. No dimensionarlo fue el error de la izquierda radical frente a la temprana decisión norteamericana de derrocar a Allende por todos los medios a su alcance.
El derrocamiento del gobierno de Salvador Allende tuvo consecuencias dramáticas en la historia de Chile. Fue seguido de una prolongada dictadura y de una restauración histórica del poder oligárquico, que venía siendo cuestionado por diversos impulsos progresistas y democratizadores desde los años 1920. Pero no constituyó un fracaso del núcleo del proyecto de cambios que inspiraba a su gobierno, el de una mayor soberanía nacional sobre los recursos naturales y sectores estratégicos y una socialización de vehículos de inversión para impulsar el ahorro interno y un desarrollo que beneficiara a las mayorías trabajadoras, redujera las desigualdades de ingreso, riqueza y oportunidades de prosperar y lograra para ese fin una expansión de las políticas redistributivas. Este proyecto siguió adelante bajo otras formas y ritmos y otras alianzas sociales y políticas, a partir de un espíritu de resiliencia y resistencia que se inscribe en las luchas sociales y democráticas que han sido, desde la independencia, parte recurrente de la historia de Chile.
Después del golpe de Estado, la normalización productiva, seriamente afectada por las paralizaciones por razones políticas del transporte privado y de un amplio número de unidades productivas en todo el tejido económico, así como el fin del estrangulamiento del crédito externo, permitieron un crecimiento de 1,2% del PIB en 1974, pero todavía con una inflación de 376% anual. Luego, sobrevino en 1975 la peor crisis económica de Chile en su historia contemporánea, mucho más aguda que la de 1972-73. Hay quienes la atribuyen a secuelas de la Unidad Popular, lo que es tan erróneo como atribuir la recesión de 1972-73 a las secuelas de la previa gestión de Frei. Lo que ocurrió es que en 1975, frente a una inflación aún muy elevada, Pinochet le hizo caso a la recomendación que vino a darle personalmente Milton Friedman en marzo de 1975: “Existe solo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de Chile, el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal” (10).
El argumento fue llevado a extremo por el monetarismo de choque de los ministros "Chicago Boys" a los que Pinochet entregó el poder. Estos provocaron una contracción de gran magnitud, con una caída del PIB de -12,3% fruto de una reducción de -19,9% de la demanda interna, dado el recorte del gasto público y del crédito. Luego de la aplicación de la política de los Chicago Boys a partir de abril de 1975, hacia 1976 el nivel del PIB era inferior al de 1973, tres años después del fin de la Unidad Popular, y solo similar al de 1969. Más tarde, la economía chilena experimentó hasta 1981 un importante crecimiento, pero de nuevo mediante una fuerte expansión de la demanda interna y también de las exportaciones. A pesar de la política de choque de 1975, la inflación bajó de un dígito recién en 1981, luego de la fijación del tipo de cambio en 39 pesos en 1979 y la apertura comercial y financiera al exterior, pero al costo de otra violenta recesión, la consiguiente devaluación y la vuelta a una inflación elevada. La fijación del tipo de cambio nominal, inspirada en el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos, llevó a la segunda crisis más grave de la economía chilena, la de 1982 y 1983, con -11,5% y -5,6% de caída del PIB respectivamente. La recesión de 1972-73 fue significativa, pero menor a las dos depresiones provocadas por los Chicago Boys en Chile, lo que ocurrió sin lograr disminuir las presiones inflacionarias sino por tiempos breves.
En 1990, al iniciarse la transición democrática, la inflación todavía era de 27,1% anual. Este tema estructural de la economía chilena, arrastrado por décadas, fue resuelto por los gobiernos democráticos en la última década del siglo XX con una política fiscal disciplinada y acuerdos de reajustes salariales entre gobierno, empresarios y organizaciones sindicales, las que abatieron las expectativas inflacionarias en un contexto de menor inflación externa y de cierta estabilidad cambiaria.
Las fuerzas progresistas recogen ahora dimensiones adicionales como el énfasis igualitario en materia de género, el respeto a las disidencias y diferencias y el autogobierno de los pueblos originarios en el espacio nacional, junto a la tarea de avanzar a una sostenibilidad ambiental que permita la resiliencia de los ecosistemas. Pero no son dimensiones sustitutivas de las existentes en 1970-1973, como la aspiración colectiva a las libertades civiles y políticas en una democracia basada en la soberanía popular, la prevalencia de la voluntad de la mayoría con respeto de las minorías y la aspiración a una igualdad efectiva de oportunidades y derechos y a desarrollar la reciprocidad comunitaria y solidaria en la sociedad. El instrumento principal para los que comparten el objetivo de desplazar la concentración económica y las desigualdades sociales tampoco ha variado mucho: la construcción estable de una coalición amplia que exprese a un bloque social y político por cambios progresivos, con vocación mayoritaria, capacidad de entenderse con el centro político y de proveer estabilidad política a lo largo del tiempo.
La radical restauración del dominio oligárquico entre 1973 y 1989 tuvo luego que aceptar modulaciones híbridas a lo largo del tiempo, que tienen la potencialidad de convertirse por acumulación en un Estado social de derecho. No obstante, lo medular de la pugna histórica chilena permanece en las actuales circunstancias, aunque el dominio oligárquico pasó de la hacienda, la minería y la banca, como fue tradicionalmente en la historia de Chile, a grupos financieros modernos hiperconcentrados y más internacionalizados, los que han logrado expandir una cultura del individualismo de mercado como estabilizador social.
No obstante, lo que se intenta expulsar por la puerta suele volver por las ventanas y las rendijas. La rebelión social inorgánica de 2019 volvió a poner en cuestión el dominio oligárquico y la concentración económica en Chile, y su traducción en desigualdades y abusos sobre la ciudadanía de a pie carente de poder. En 2019-2021, se vivió la secuencia de una nueva "revolución desde abajo". Esta llevó, en este caso refrendada por 2/3 del parlamento, incluso al desborde del modelo de seguridad social privada mediante amplios retiros de ahorros individuales de los fondos de pensiones. Así como ocurrió con los reajustes salariales empujados por las ocupaciones de empresas y la no aprobación de fondos por la oposición para financiar los reajustes del sector público bajo la Unidad Popular, el gobierno de Sebastián Piñera perdió parte del control de la política económica, además de aumentar fuertemente el déficit fiscal. En 2021, en el año de salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares se expandió en nada menos que en 21% y el consumo de gobierno en 14%, mientras la demanda interna lo hizo en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Según la base de datos del Banco central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. Como se observa, la criticada política económica de la UP en medio de un agudo conflicto político no alcanzó a tener la intensidad expansiva del desbordado último año de Piñera II. La diferencia crucial es que el bloqueo externo en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y alimentó una espiral de inflación. Esto reafirma la importancia del bloqueo externo en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y de la necesidad de mantener hoy una inserción externa estable y diversificada como condición para llevar a cabo cualquier proyecto progresista, en el marco de alianzas sociales y políticas amplias con vocación transformadora, pero también con capacidad de construir mayorías sociales y parlamentarias para los procesos de cambios estructurales.
Notas
(1) Ver el informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del 18 de noviembre de 1973, en https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc01.pdf.
(2) En el memorándum secreto de la CIA del 7 de septiembre de 1970 (https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve16/d18) se lee: "La expansión de la presencia soviética en Chile podría ocurrir de muchas maneras diferentes, pero creemos que el establecimiento de una presencia militar soviética permanente de gran envergadura es improbable, aunque no imposible. También creemos que Allende probablemente —y casi con certeza durante el período en que intenta consolidarse— evitaría los riesgos de una subversión chilena discernible en otros países. En cuanto a las amenazas a los intereses de EE.UU., concluimos que:
EE.UU. no tiene intereses nacionales vitales en Chile. Sin embargo, habría pérdidas económicas tangibles.
El equilibrio militar mundial no se vería alterado significativamente por un gobierno de Allende.
Una victoria de Allende, no obstante, generaría considerables costos políticos y psicológicos:
a. La cohesión hemisférica se vería amenazada por el desafío que un gobierno de Allende representaría para la OEA, y por las reacciones que provocaría en otros países. Sin embargo, no vemos una amenaza probable para la paz de la región.
b. Una victoria de Allende representaría un claro revés psicológico para EE.UU. y un avance psicológico definido para la idea marxista."
(3) En palabras de Bernardo Leighton (1975), "las conversaciones oficiales del Gobierno con la DC, por iniciativa del primero, en el invierno del año 72, sobre el área de propiedad social, la participación laboral, las intervenciones en las empresas, las empresas de trabajadores, etc., en base a proposiciones del Gobierno y nuestras, llegaron a concretarse en acuerdos que, en opinión de la Comisión que nombramos para el trabajo respectivo, cubrían más del setenta por ciento de las materias en debate".
(4) Notas tomadas por Richard Helms, director de la CIA, en reunión con Richard Nixon el 15 de septiembre de 1970, en https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc26.pdf. Un recuento de la documentación desclasificada sobre la intervención de Estados Unidos en Chile contra el gobierno de Allende se encuentra en Kornbluh (2023).
(5) Informe del Senado de Estados Unidos, Covert Action in Chile. 1963-1973, 1975, en https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf.
(6) El autor de este texto contaba en 1973 con 16 años, y discutía con su padre, colaborador desde los años 1950 y ministro de Planificación del presidente Allende entre 1970 y 1973, con el argumento de tipo hipotético-deductivo según el cual se produciría inevitablemente un golpe de Estado, dados los cambios impulsados por el gobierno y los intereses que afectaba, que consideraba irrebatible. Solo quedaba prepararse para enfrentarlo por sobre cualquier otra consideración. Gonzalo Martner García fue uno de los que concibió una secuencia gradual de cambios económicos en un horizonte de seis años. Construyó las bases de un acuerdo con la DC en el parlamento sobre el área de propiedad social en 1972, luego desechado por Eduardo Frei y la directiva DC. Fue uno de los redactores del discurso presidencial nunca pronunciado que llamaría a un plebiscito sobre las áreas de propiedad social (la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba) el 11 de septiembre de 1973, como se detalla en Martner Fanta (2023).
(7) No por casualidad Ernesto Guevara tuvo para Chile y Uruguay un diseño de construcción de bases logísticas, pero nada que se pareciera a que en estos países entonces democráticos se produjeran procesos de lucha armada como los que promovía en el resto del continente (Bustos, 2007).
(8) La casa familiar del autor de este texto también fue atacada, dada la posición en el gobierno de Allende de su padre, con una bomba de alto poder destructivo puesta por el grupo de ultra derecha Patria y Libertad, en la noche del 2 de septiembre de 1973.
(9) Salvador Allende se reunió en los días previos al golpe con Miguel Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la principal fuerza de izquierda extra-parlamentaria de la época. Le expuso su plan de salida de la crisis a través de un plebiscito y le solicitó no interferirlo, lo que Enríquez aceptó y comunicó a los dirigentes de su organización. Esta es la razón por la cual el MIR no se encontraba en estado de alerta el 11 de septiembre de 1973, como lo había estado en los meses previos. Previamente, en la noche del 29 de junio, luego del intento fallido de golpe, militares de la base aérea de El Bosque ofrecieron al MIR sustraer una importante cantidad de armas, a lo que Enríquez se negó por considerar que, si llegara a ser un operativo exitoso, desencadenaría un golpe de Estado en medio de una amplia disparidad de fuerzas. En su opinión en ese momento, la salida a la crisis no podía basarse solo en la acción de milicias armadas, como las pocas que su organización había logrado crear, aunque luego resistió el golpe y fue acribillado en una emboscada en octubre de 1974, mientras el MIR sufrió 500 muertos durante la dictadura.
(10) Carta de Milton Friedman a Pinochet, 21-04-1975, en https://www.economiaysociedad.cl/la-carta-de-friedman-al-presidente-pinochet.
Referencias
Aylwin, P. (2023). La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973. Debate.
Bustos, C. (2007). El Che quiere verte. Javier Vergara Editor.
Garcés, J. (1976, 2013). Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política. Siglo XXI.
Kalecki, M. (1943). “Political aspects of fulI employment”. Political Quarterly, vol. 14, 1943, pp. 347-356.
Kornbluh, P. (2023). Pinochet Desclasificado. Editorial Catalonia.
Leighton, B. (1975). Carta a Eduardo Frei Montalva. https://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Bernardo_Leighton_a_Eduardo_Frei_Montalva_(26_de_junio_de_1975).
Mansuy, D. (2023). Salvador Allende. La izquierda chilena y la Unidad Popular. Taurus.
Martner, García G. (1988). El gobierno del Presidente Salvador Allende, 1970-1973. Una evaluación. Ediciones LAR.
Martner Fanta, G.D. (2023). “Pagaré con vida la lealtad del pueblo”. A 50 años del derrocamiento de Salvador Allende. LOM Ediciones.
Prats, C. (1985). Memorias. Testimonio de un soldado. Editorial Pehuén.
Uliánova, O. & Fediakova, E. (2023). "Algunos aspectos de la ayuda financiera del Partido Comunista de la URSS al comunismo chileno durante la Guerra Fría". Estudios Públicos, julio 2023, 109-146. DOI:https://doi.org/10.38178/07183089/199872113.
Winn, P. (2013). La revolución chilena. LOM Ediciones.
Comentarios