jueves, 11 de mayo de 2023

Regalías mineras a la baja


El acuerdo sobre regalías mineras en el Senado recaudará un 0,45% el PIB, menos de una cuarta parte de lo que debiera. "Es lo que hay". Las tasas promedio y máximas de la regalía en el impuesto a las ventas y al margen de explotación en situaciones de precios muy altos del cobre, quedaron limitadas sin otra explicación que el peso legislativo actual de las empresas mineras privadas. Este funciona a través de su influencia directa en los parlamentarios de la extrema derecha, la derecha y diversos otros aliados. Entre otras cosas estas empresas hacen vastas campañas mediáticas, condicionando a la opinión y a los medios, sin venderle un gramo de cobre a ningún consumidor en Chile, como si fueran un detergente o una fábrica de galletas.
Todo esto deberá cambiar. El horizonte posible será desde ahora la elección de 2025, que podría dar lugar a un nuevo parlamento y un nuevo tratamiento tributario que no esté al servicio de las empresas transnacionales y privadas de la minería.
Esto no puede terminar aquí por el fondo del asunto: la perspectiva de altos precios del cobre en la próxima década. Este mayor valor económico de un recurso escaso y no renovable debiera revertirse al propietario del recurso, que es la nación chilena. Y no al operador privado de la extracción, cuya rentabilidad debiera limitarse a la normal de una inversión económica promedio, ajustada por los riesgos específicos de la actividad. El creciente valor de un recurso escaso como el cobre -que será clave en la futura electromovilidad- da lugar a un renta distinta a la utilidad normal que debiera ser apropiada íntegramente por su dueño, no por el extractor y refinador del recurso. Sus costos no cambian con el valor de venta del recurso, ni tampoco su decisión de inversión, que se decide con una expectativa de precio no muy distinto a 2 dólares la libra para cubrir esos costos. Con un precio superior, cambia el volumen del retorno de la inversión por sobreutilidades, la llamada renta desde Adam Smith y David Ricardo, que es distinta de la utilidad normal (ver https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites...). Es como si el monto que sube en el tiempo del arriendo de un bien raíz que tuviera una localización privilegiada, fuera captado por el corredor de propiedades que lo administra a cargo de una retribución normal y no por el propietario. La situación es exactamente la misma. Quien sea escéptico al respecto, le aconsejo leer la parte respectiva de cualquier manual de microeconomía.
Por otro lado, el argumento de la "competitividad internacional" en esta materia no tiene sentido. Es una competencia por quien se queda, las empresas o el Estado, con una proporción mayor o menor de una sobreutilidad que no determina necesariamente la decisión de inversión, que se basa en los costos de extracción comparados con un umbral mínimo de precios futuros y los impuestos respectivos, precios que serán altos para cualquier horizonte de inversión en la extracción de cobre en al me nos una década. Si empresas privadas deciden invertir en otra parte, siempre estará la empresa pública chilena para hacer esa inversión si es que su rentabilidad de base lo aconseja..
Por ello, cualquier acuerdo tributario inferior a la completa captación de esa renta -que no pertenece a los operadores privados- mediante regalías públicas con tasas crecientes ajustadas al precio, no es aceptable desde el punto de vista del interés nacional.

Hacia un reposicionamiento estratégico

 En La Mirada Semanal

El resultado principal del 7 de mayo es que emergió una mayoría calificada del Consejo Constitucional para hacer la constitución que la extrema derecha quiera. Por primera vez en la historia contemporánea, además, un órgano electo es dominado por la derecha en Chile. Este es un gran fracaso político para las fuerzas de gobierno, y para las fuerzas democráticas en general, que requiere repensar su posicionamiento estratégico.

Un primer factor de la derrota es haber hecho precipitadamente un acuerdo en diciembre pasado que incluyó el sistema electoral cuasi-binominal del Senado para constituir el nuevo órgano constituyente con voto obligatorio, en una situación en que eran previsibles dos listas de las fuerzas de gobierno o cercanas al gobierno, además de la presencia de fuerzas de protesta que no podrían obtener representación y que se iban a inclinar por el voto nulo. El riesgo de un mal resultado era de suyo alto al relanzar un proceso electoral después de una derrota reciente por 62% y con mayor razón con los mecanismos electorales aprobados. La alternativa era programar el proceso constitucional simultáneamente con los hitos electorales regional/comunal de 2024 o el presidencial/parlamentario de 2025, haciendo madurar un mejor acuerdo constitucional una vez que hubiera frutos de la gestión del gobierno y una recuperación subjetiva de sus fuerzas de apoyo.

Un segundo factor ha sido una política de ajuste del Banco Central y una pasividad fiscal del gobierno solo recientemente revertida, que afectó a la mayoría trabajadora desde marzo de 2022, como hemos insistido una y otra vez, a pesar de mejorías recientes. Pero estas todavía requieren un recorrido para consolidarse y ser apreciadas como tales por la mayoría social. Esto contribuyó a un nuevo castigo masivo al gobierno después del de septiembre pasado, y en la misma proporción.

Un tercer factor, no menos importante, ha sido una situación de inseguridad subjetivamente acentuada por una campaña mediática aplastante que estimuló los miedos a la delincuencia y la incomodidad con una abrupta inmigración masiva desde 2015, sin respuesta positiva suficiente. Esto favoreció los temas de la ultraderecha y volcó a una parte sustancial de la población a apoyarla.

El resultado es que la resistencia oligárquica al cambio democrático ha tenido en 2022 y 2023 dos éxitos resonantes en su objetivo de mantener una institucionalidad que no incluya el principio de mayoría. Su ausencia en la formación de las leyes y en el sistema de toma de decisiones ha tenido, como sabemos, consecuencias estructurales como: 1) los recursos naturales son todavía básicamente explotados por empresas privadas internas y externas, que capturan su renta en detrimento del país y buscan someter al sistema político a sus designios e intereses; 2) la depredación ambiental y la pérdida de biodiversidad, con deterioro del suelo, contaminación de los cursos y napas de agua y del aire que se respira en las ciudades, prevalecen sobre regulaciones débiles a las empresas; 3) las relaciones del trabajo permanecen desequilibradamente favorables al capital por ausencia de negociaciones colectivas por ramas y territorios, con un sindicalismo debilitado en su capacidad de acción en la empresa individual, y con mujeres que son remuneradas un 30% menos que los hombres en puestos equivalentes; 4) la carga tributaria sobre el PIB se mantiene baja y tiene fuertes componentes regresivos, con un 1% más rico que paga proporcionalmente menos impuestos que el resto; 5) persiste un sistema de seguridad social, de salud y de educación que se cuenta entre los más privatizados del mundo y que permite altas utilidades a pocas empresas a costa de los usuarios; 6) se ha consolidado un ordenamiento espacial con ciudades socialmente segregadas, con desplazamientos desgastantes para los trabajadores, un transporte público insuficiente y una fuerte concentración de las actividades y decisiones en la región capital y 7) se ha constituido un paisaje audiovisual y de prensa con un dominio cuasi monopólico por algunos de los grupos económicos dominantes, sin un servicio público de información digno de ese nombre ni pluralidad mínima en los medios, proceso acompañado de una mercantilización generalizada de la cultura.

Es más que suficiente para un reposicionamiento estratégico de la izquierda contemporánea -aquella conglomeración plural de fuerzas que prefieren una sociedad democrática y abierta, igualitaria y sostenible antes que una conservadora, desigual y depredadora- plantearse revertir estas siete situaciones estructurales y su soporte constitucional principal, la capacidad de veto de la minoría. Debe, además, ampliar la acción contra todas las discriminaciones de género, seguir luchando por el reconocimiento de las autonomías de los pueblos originarios, mantener y expandir las libertades individuales y el respeto de la diversidad sexual. Este debiera volver a ser su núcleo programático, reagrupando a todo quien se reconozca en él, incluyendo el centro progresista, y ser la base de su comunicación y actitud política, en vez de dejarse llevar por los temas y la agenda de la derecha.

Este debiera volver a ser su núcleo programático, reagrupando a todo quien se reconozca en él, incluyendo el centro progresista, y ser la base de su comunicación y actitud política, en vez de dejarse llevar por los temas y la agenda de la derecha.

¿Puede alguien pensar que en el futuro la mayoría social va a seguir a actores políticos sin propósitos definidos y que cada tanto tratan de situarse por encima del bien y el mal en vez de promover el cambio del orden existente en favor de la democracia, de los intereses del mundo del trabajo y de la cultura y del medioambiente? ¿O que aquella parte de esa mayoría social que primero se sumó al rechazo radical en las calles al orden existente y luego se ha sumado a la adhesión primaria al discurso del orden, fruto del miedo a la delincuencia y a la migración irregular, va a dejar de hacerlo sin una visión alternativa firme y clara de un país democrático, plural y seguro porque es equitativo, protector e integrador?

Una propuesta de reposicionamiento desde un ángulo de “centroizquierda” y una agenda de concesiones al Estado policial y al poder económico no asume que las alianzas de los años 1990 en adelante fueron en origen entre el centro y parte de la izquierda y que por eso funcionó para los desafíos de recuperación de la democracia en la época. Y que ahora una agenda «pragmática» pegada a los temas de la derecha la lleva a perder el soporte en la sociedad y a ser castigada electoralmente por ello. Los cuatro partidos que formaron la Concertación (PDC, PPD, PR, PS, que fue en la lista de la izquierda) y fueron mayoría por décadas, sumaron solo un 15% de los votos válidos, mucho menos que los votos nulos. El Frente Amplio obtuvo un 12%, el PC un 8% y el PS el 6%. La configuración política del Chile actual es simplemente otra.

No se trata de no valorar los avances de las últimas décadas en materia de libertades civiles, políticas y culturales y en materia de empleo, infraestructuras, educación, salud y pensiones públicas. Se trata de reconocer que son valiosas pero no han sido suficientes para conformar un Estado democrático y social de derecho propiamente tal. Y también que se impulsaron políticas que han profundizado una privatización oligopólica de gran magnitud en diversos sectores, en especial la educación y la minería, a pesar de la oposición de un sector de la Concertación. Se puede conjeturar que, paradojalmente, la hoy llamada centroizquierda está pagando el costo de haber derrotado y expulsado a sus sectores críticos, mal llamados en la época «autoflagelantes», con un desborde actual por su izquierda que la supera de manera abrumadora y que no impide el crecimiento de la extrema derecha.

La larga lucha política por revertir la restauración oligárquica y la situación estructural de alta concentración de los ingresos, de la riqueza y del poder económico sigue siendo el fondo del asunto, frente a lo cual no hay demasiada medianía y neutralidad posible. En esa tarea está contribuyendo el actual gobierno con los aumentos de la pensión universal y el salario mínimo, su política del litio, la jornada laboral de 40 horas, la reforma tributaria, los suplementos de asignación familiar, entre otras iniciativas, que deben profundizarse y ampliarse y ser concordadas cada vez que sea posible con las fuerzas sociales organizadas, y ser defendidas en el parlamento aunque no siempre logren los votos necesarios.

Las fuerzas políticas que podrían estar de acuerdo con un reposicionamiento estratégico de este tipo tendrían un lugar natural en el gobierno, incluyendo la Democracia Cristiana, como una sola coalición y con la contrapartida de defenderlo lealmente en el parlamento y en la sociedad.

El gobierno y su coalición no debieran consumirse en los aleas del consejo constitucional y dejar a los republicanos de Kast en el laberinto que ellos mismos han creado, dominando un órgano en el que no creen. Nada podrá ser distinto que un rechazo a fin de año a lo que salga de ahí.

El gobierno, en cambio, debiera centrarse en reactivar la economía, lo que supone que el ministro de Hacienda Marcel ponga más claramente en su lugar al Banco Central, se acentúe el empuje por la regalía minera, se haga avanzar la agenda laboral y previsional con la ministra Jara, se afinen las políticas sociales con el ministro Jackson y el permanente trabajo por equidad de género con la ministra Arellano, así como el impulso a la política del litio, el apoyo a las pymes y la defensa del consumidor con el ministro Grau. El gobierno debe pensar en poner en el centro de su agenda tanto la movilización por los mencionados objetivos nacionales, para lo que cuenta con el eficiente soporte comunicacional de la ministra Vallejo, como un reforzado énfasis territorial de sus acciones sectoriales, junto con mejorar la gestión cotidiana en todos los órganos de administración, desterrando el clientelismo.

Este énfasis territorial debe incluir, como es natural, la política de vivienda y de transformaciones urbanas, en este caso las impulsadas por el ministro Montes, y políticas de reorganización del ordenamiento territorial urbano-rural que podría encabezar el ministro Valenzuela. Y también nuevas acciones descentralizadoras y de reforzamiento de funciones y atribuciones de los gobiernos regionales, junto a un mayor fortalecimiento institucional de los municipios y de su vínculo con la participación a nivel local.

Estas tareas deben ser impulsadas por la ministra Tohá, que no debiera solo ocuparse de una seguridad pública que tiene un buen apoyo en el nuevo ministro de Justicia Cordero, y que es en lo esencial responsabilidad cotidiana de las policías y de gendarmería, sino también de los temas territoriales. La jefa política del gabinete los conoce bien y forman parte de sus competencias como Ministra del Interior. El Presidente debiera naturalmente conservar a sus colaboradores de confianza, como corresponde al régimen político vigente, mientras el resto del gabinete debiera ser reorganizado por él en su momento para hacer posible una coalición de gobierno competente, ampliada, dinámica y coherente con las realidades parlamentarias y los desafíos políticos del futuro próximo.

sábado, 29 de abril de 2023

El litio y el interés nacional

En El Mostrador

El Gobierno propondrá al Congreso crear una Empresa Nacional del Litio para llevar a cabo una política de puesta a disposición de la colectividad de la integralidad de los frutos de un recurso que pertenece a la Nación. No olvidemos que hoy día la situación es una en la que la principal empresa del sector, SQM, se niega siquiera a pagar el Impuesto Específico a la Minería, por 745 millones de dólares en 2022, pues considera que no le es aplicable, aunque su operación se sustenta en pertenencias mineras. Albemarle, la segunda empresa del sector, paga ese impuesto.

La mala decisión de permitir la extracción de litio en los años 1990 por la privatizada SQM, ya había conducido al intento de esa empresa, dada la magnitud de los intereses en juego, de comprar el sistema político mediante financiamiento ilegal. Buscó asegurar y ampliar su explotación cuasimonopólica en el salar de Atacama, lugar de nuestra geografía que posee grandes ventajas competitivas para la extracción de salmueras que contienen litio. En 2022, los ingresos de SQM fueron de US$10.711 millones y sus utilidades de US$3.906 millones, debido a los altos precios del litio. Estos bajaron sustancialmente en lo que va de 2023, mientras las baterías en base a sodio, mucho más baratas pero menos eficientes, están dando importantes saltos tecnológicos. No obstante, el litio seguirá siendo con alta probabilidad un material de amplio uso en la transición global a la electromovilidad, aunque mucho más lo será el cobre, cuyo lugar en los mercados mundiales está asegurado para las próximas décadas.

En esta situación, Chile tendrá que optar otra vez entre el uso de sus recursos naturales en beneficio de grandes empresas privadas y de transnacionales, como en buena medida ocurre hasta ahora, o en beneficio del país. El interés nacional indica que el valor de sus recursos minerales debiera emplearse en diversificar su economía mediante más aplicación de conocimiento y más infraestructuras productivas y sociales, y así aumentar el bienestar de su población.

Esto pone al sistema político ante la obligación de redefinir las pautas de la extracción minera. Pero lo hace con una gran ventaja fruto de largas luchas: la nacionalización –aprobada por la unanimidad del Congreso en 1971 a propuesta del Gobierno de Salvador Allende– del subsuelo y por tanto la propiedad sobre los minerales, incluyendo el cobre y el litio, que ya fue considerado un mineral de interés nuclear desde 1965. La restauración oligárquica de 1973-1989 no logró revertir esa nacionalización, aunque los civiles neoliberales del régimen dictatorial intentaron hacerlo a través de la figura de la concesión minera, transformada en privatización permanente. Consideraciones estratégicas hicieron que una parte de los militares en el poder se opusieran a privatizar Codelco y reservaran el petróleo y el litio para el Estado. El resultado es que hoy se puede autorizar la extracción comercial del litio por privados solo mediante contratos temporales. Al ampliarse con el tiempo el interés por el litio en usos medicinales y en baterías, Corfo amplió los contratos con privados (básicamente SQM) en la década de 1990, con el resultado ya comentado.

El Gobierno se propone ahora negociar a la brevedad, lo que será uno de los grandes hitos de su gestión económica, la presencia del Estado en las dos empresas que operan bajo contrato con Corfo, SQM Salar y Albemarle. El contrato de operación con la filial SQM Salar vence en 2030 y debe reconsiderarse a más tardar en 2027. Lo óptimo sería que el actual Gobierno y Corfo –que administra los recursos del salar de Atacama– busquen crear las condiciones para que la operación de SQM pase en 2030 a manos de la nueva empresa pública anunciada, la que podrá establecer todas las alianzas necesarias con empresas privadas, pero con contratos mutuamente convenientes de extracción del recurso. Los privados deberán pagar, como corresponde, los respectivos impuestos y regalías (el pago por el uso de un recurso que no les pertenece). Para fijar esos contratos y esas regalías, la información sobre los costos efectivos de operación es esencial y requiere del control mayoritario de una empresa pública directamente presente en las operaciones de extracción y con control sobre los diversos derechos de explotación.

Es un modelo parecido al de la empresa pública del petróleo en Noruega, que se vincula con el sector privado a través de contratos para fines específicos, pero controla el recurso, su explotación y la mayor parte de su renta en beneficio de la sociedad. El cuestionamiento de la derecha ha sido volver al primitivo ataque a las empresas públicas. Está más que demostrado que el bienestar colectivo sería inferior sin las diversas empresas públicas que existen en todas partes, incluyendo Estados Unidos, contrariamente a la leyenda neoliberal. Por eso existen, a pesar de la ola privatizadora de fines del siglo pasado. En Chile no son numerosas, pero tienen por vocación contribuir a asegurar para el país la captación de la renta de los recursos naturales, prestar servicios estratégicos en diversas áreas o ser actores de mercados claves. Se enfrentan a los mismos problemas de maximización de la eficiencia que las empresas no gestionadas directamente por sus propietarios, es decir, la mayoría de las grandes empresas modernas.

No deja de ser paradójico que las empresas que hoy controlan la mayor parte del sector eléctrico en Chile, privatizado erróneamente desde la década de 1980, sean de propiedad total o parcial del Estado chino. Otras empresas del sector son de propiedad del Estado francés, en el caso de EDF, o noruego, en el de Statkraft, o bien tienen una participación estatal, como la italiana Enel. Ninguna de esas empresas públicas o con participación pública extranjeras que operan Chile está en quiebra, es anticuada u obsoleta. Más bien gozan de bastante buena salud y operan en Chile con utilidades por sobre lo razonable para un sector con tarifas reguladas. Dicho sea de paso, un socio público en ese sector, especialmente en transmisión y distribución, sería bienvenido para atenuar las asimetrías de información y lograr una mejor fijación tarifaria en beneficio del consumidor, junto a acelerar la transición a energías renovables.

La Sofofa y la derecha se han alineado con los intereses de SQM y de las transnacionales, como ya lo hace en la discusión parlamentaria de la regalía del cobre, junto a otros sectores permeables a esos intereses. Como se observa, la tarea política de recuperar para el país el uso y beneficios de sus recursos naturales y la provisión al mínimo costo de servicios básicos, junto a establecer un Estado social e innovador, sigue con plena vigencia. El Gobierno ha hecho bien en ponerla en el centro de la agenda pública.

La derecha y sus aliados se aprestan ahora –en continuidad con su rol de defensa de los intereses del gran empresariado– a impedir una regalía minera favorable al país, así como impedir el control nacional del litio. Buscarán declarar este mineral objeto de concesiones indefinidas a privados, las que debieran ser siempre de duración limitada y revocables. Pretenden lograr ahora lo que no obtuvieron bajo la dictadura de 1973-1989 ni en la transición: evitar que el Estado maneje el litio como un recurso estratégico que solo se puede extraer por privados mediante contrato de duración limitada con el Estado. Lo hará en el articulado de la nueva Constitución, que definirá el Consejo Constitucional después de la elección del 7 de mayo. El interés nacional requiere que fracase en el intento.


jueves, 27 de abril de 2023

La hora de la xenofobia como arma política

En La Mirada Semanal

Desde hace ya un tiempo, la alcaldesa y precandidata presidencial, Evelyn Matthei, encabeza, junto a José Kast, la degradación irresponsable de las posiciones de la derecha exacerbando la frustración y el miedo frente a la delincuencia y ahora buscando crear un falso nexo entre crímenes y extranjeros. La delincuencia es, desgraciadamente, una realidad que acompaña a todas las sociedades, especialmente a las más desiguales y con mayor marginalidad social, junto a instituciones integradoras débiles o directamente violentas. Actuar contra ella y contra sus causas es una tarea permanente y ardua, frente a la cual no caben las irresponsabilidades.

Ha declarado la alcaldesa Matthei: «hay crímenes que nosotros en Chile no veíamos, esas son personas extranjeras. ¿Por qué los tenemos que aguantar en Chile? Si cuando una persona delinque ‘pa’ afuera’, hay que deportarlo, si nuestras cárceles ya están llenas”. Como se observa, se busca de mala fe difundir la idea de que crímenes «que no veíamos» (¿cuáles?) son cometidos por extranjeros como si no hubiera delincuentes chilenos involucrados mayoritariamente en todos ellos. Lo que cabe es perseguir a la delincuencia, cualquiera sea su nacionalidad, especialmente las bandas violentas del crimen organizado y sus ajustes de cuentas. En materia de deportación de los delincuentes extranjeros, cabe recalcar que  ya se aplica cada vez que es posible (237 casos en lo que va de año). Lo que no es posible es hacerlo sin más trámite: ¿hacia dónde? Tal vez la alcaldesa no sabe, o no le interesa saber, que el espacio aéreo venezolano, por ejemplo, está cerrado para vuelos con deportados desde Chile y que cada caso de expulsión supone superar trabas diversas con interlocutores de países soberanos.

Todo este ruido se inscribe en la disputa por el liderazgo de la derecha, que ya ha usado políticamente por largo tiempo la delincuencia sin escrúpulos, salvo cuando está en el gobierno, claro. Ahora ha llevado el tema al punto que pareciera que la hubiera inventado el presidente Boric y que la acción policial y judicial fuera inexistente. Y este sector político ha cruzado un umbral al empezar a mezclar delincuencia con inmigración y utilizar la xenofobia anti inmigración contra el gobierno, después de que Piñera en persona alentara abiertamente a la población venezolana a migrar a Chile.

Todo este ruido se inscribe en la disputa por el liderazgo de la derecha, que ya ha usado políticamente por largo tiempo la delincuencia sin escrúpulos, salvo cuando está en el gobierno, claro.

El problema es que se trata de una postura irresponsable, pues puede terminar por quebrantar artificialmente a la sociedad chilena. Hay del orden de 1,6 millones de extranjeros en Chile, de los cuales cerca de un millón ha llegado desde 2015 por las distintas circunstancias que atraviesan países de América Latina y el Caribe, especialmente el colapso social de Venezuela y de Haití. Los no nacidos en Chile son hoy un 8% de la población, cifra inferior a la de los países de altos ingresos: el promedio OCDE es de 14%, con 27% en Nueva Zelandia, 29% en Australia y 30% en Suiza. En el mundo moderno no hay solo globalización del comercio y de las inversiones, también hay inmigración. El difícil desafío es evitar una inmigración irregular masiva y sin derechos y encauzarla en magnitudes prudentes por la vía legal y con una integración adecuada. Recordemos que el presidente Boric solo lleva un año en el cargo y que su administración hace lo necesario con los medios de que dispone. La inmigración irregular ya cuenta con más instrumentos de control, incluyendo los patrullajes de las FF.AA. en la frontera norte.

La derecha parece haber olvidado el cero resultado con aquello de «narcos, tienen los días contados» y «a los delincuentes se les acabó la fiesta» de Piñera. Un poco de pudor debiera llevar a este sector político a moderar sus exigencias quiméricas de delincuencia e inmigración cero y dejar de mezclar ambos fenómenos. Y el resto debiera resistir con más claridad y decisión, aunque aparezca como impopular en lo inmediato, la carrera frenética para establecer un Estado militar-policial sin límites y con más y más populismo punitivo en materia legal y de acción de la fiscalía, con insospechadas consecuencias eventuales para el sistema penitenciario.

Mantener una inmigración ordenada en los tiempos actuales no es una tarea fácil sobre la que se pueda, además, especular alegremente. Lo que se puede y debe hacer, como ya ocurre, es mejorar el control de fronteras, establecer lugares de estadía temporal digna para los inmigrantes irregulares y trabajar por vías diplomáticas sobre la principal presión migratoria, la que se origina en la situación de Venezuela y que también presiona a otros países andinos. Y no olvidemos que si la inmigración es una realidad hoy en Chile, también lo ha sido en el pasado. ¿O no es de origen inmigrante Evelyn Matthei, como lo es José Kast, hijo de un oficial nazi refugiado en Chile luego de haber dejado Alemania con papeles falsos?

El desafío es que la política contribuya a valorar la idea que este es un país construido por inmigraciones sucesivas, desde las originarias de los primeros pueblos, que también vinieron ancestralmente de otros continentes, y de posteriores colonizaciones e inmigraciones europeas y latinoamericanas. Pese a quien le pese en su búsqueda irrisoria de inexistentes purezas étnicas, Chile es un país de mestizaje destinado a ser cada vez más igualitario, integrador y respetuoso de todas las diversidades, incluyendo las autonomías de los pueblos originarios en un Estado común, para riqueza y orgullo de los humanos que vivimos en esta tierra.

viernes, 21 de abril de 2023

Países y violencias

En El Mostrador 

Ksenia Bolchakova y Veronika Dorman son dos periodistas rusas que han publicado recientemente un libro sobre su país y hecho un programa de TV sobre el mismo tema en Francia. Exploran los resortes de la sumisión voluntaria del individuo ruso, en una sociedad en la que las jerarquías en siglos de historia repiten que este no es nada, y en todo caso no un ciudadano sino a lo más parte de un engranaje. Reflexionan las autoras sobre la omnipresencia de la violencia, que señalan no esperó la guerra con Ucrania para penetrar cada intersticio de la sociedad rusa, desde las prisiones hasta la intimidad de los hogares. Reseñan que la violencia, la dominación, la ley del más fuerte rigen no solo la relación entre el Estado y la población, sino también las relaciones entre individuos en la empresa, la escuela o el hospital.

Guardando las distancias, algo de esto se puede reconocer en nuestra realidad. Por momentos pareciera que no logramos tampoco salir de la dominación oligárquica ancestral y del patriarcado en Chile, que no deja de concebir el modelo de la hacienda como el único modo de constituir las relaciones sociales. Y su consecuencia: la violencia que se proyecta en el Estado, las instituciones y las empresas, con el trasfondo del modelo de la ley del más fuerte en la vida cotidiana.

La tesis de la mano dura y del gatillo fácil como respuesta al clima mediático exacerbado sobre la delincuencia, más o menos asimilada a la inmigración y con la pretensión de extenderla a todo “desorden” y a todo lo distinto de lo tradicional, encuentra un amplio eco no solo en la llamada opinión pública sino también –y cada vez más– en la elite política posmoderna de distinto signo. Se trata de aquella que ya no sorprende con su ausencia de convicciones y de visión de país más allá de las encuestas y de los matinales de TV, en un contexto en que se han debilitado los muros de contención cultural a las respuestas bárbaras a las barbaridades. Pocos se atreven a impugnar la violencia constituida en ideología del orden como cimiento de popularidades efímeras. En esta lógica, el paso siguiente será una nueva degradación: la manipulación masiva de la xenofobia, de la que ya existen signos preocupantes. Según la encuesta Bicentenario 2022 de la UC, un 71% de la opinión pública cree que “hoy en Chile existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes”, al tiempo que paradójicamente solo un 7% declara haber tenido frecuentes “malas experiencias” con esos mismos inmigrantes.

Mientras, demasiada gente manifiesta hoy una absoluta ausencia de sentido de la proporcionalidad en la acción punitiva del Estado y un desprecio a la idea misma de Estado de derecho y de debido proceso ante las infracciones a la ley. Olvidan esas personas que es una garantía de preservación de la dignidad humana, incluyendo la suya propia. La ceguera punitiva y la idea de una sociedad con una supuesta delincuencia cero e inmigración cero es estimulada irresponsablemente desde los grandes medios de comunicación. El fondo del asunto es que sus dueños, la oligarquía dominante conservadora, no se resigna a aceptar la rebelión social de 2019, las evoluciones culturales globales y la existencia persistente de alternativas que impugnan su dominio ilegítimo sobre las instituciones, los medios y la economía. Es lo que quisieron hacer desaparecer hace 50 años. Y ahora se empeñan en debilitar al Gobierno del Presidente Boric con el pretexto de un supuesto desborde de la delincuencia y la mayor presencia del crimen organizado, como si esta fuera de responsabilidad de quienes gobiernan desde hace solo un año y Sebastián Piñera no hubiera estimulado la inmigración venezolana sin límites.

Esta ceguera de los grupos dominantes, con una capacidad de influir en la sociedad que ha vuelto a demostrar el 4 de septiembre de 2022, pretende impedir que la sociedad pondere suficientemente la relevancia fundamental de la democracia, del Estado de derecho y de su extensión necesaria a un Estado social. Con ello se cultiva la acumulación de confusiones en la interpretación de las diferencias y conflictos en la vida social, que entre otras cosas terminaron por provocar los hechos de 2019, y se esconde el funcionamiento inadecuado de las instituciones y de las estructuras económicas y sociales. A su vez, destaca la creciente ausencia de ideas y formulaciones sólidas en diversos grupos dirigentes, que han sido reemplazadas progresivamente por la cultura de la liquidez y la adaptación irreflexiva, y con frecuencia irresponsable, a los humores y circunstancias del día.

El problema es que, cuando se cruzan ciertos umbrales, se avanza aceleradamente a una regresión hacia una ciudadanía inexistente y al individuo inexistente en los engranajes de las estructuras de dominación. Sus promotores usuales son los que en la extrema derecha recogen sin escrúpulos la reivindicación de la violencia estatal y aprovechan la confusión discursiva y práctica de las fuerzas democráticas. Pero también hay espejos miméticos en una cierta izquierda circunscrita a consignas y banderas autosatisfactorias y en aquella que, al defender Estados agresores como el ruso y regímenes democráticamente inaceptables como el venezolano o el nicaragüense, no termina de encajar con el temperamento democrático, que es la condición de existencia y oxígeno cotidiano de toda izquierda y humanismo verdaderos. Las ambigüedades al respeto no son una apertura a la complejidad, sino a debilitar la médula de la capacidad de convencer establemente a la mayoría de la necesidad de la democracia política y social-ecológica como alternativa al desorden individualista y desigual de la sociedad de mercado.

Siempre se puede, frente a esta situación, caer en el pesimismo y la inacción. Pero también se puede pensar que hay suficientes rasgos culturales de respeto a la dignidad humana y los valores democráticos en al menos una parte del espectro político y social chileno, como para que funcionen como antídotos eficaces frente a la degradación que se respira cada vez más en el país.

jueves, 13 de abril de 2023

La economía en la encrucijada

En La Nueva Mirada

Las perspectivas de la economía para los próximos meses siguen siendo inciertas. Puede producirse tanto un crecimiento leve como una recesión, pues la política fiscal ha expandido la inversión y el consumo público y aumentado algunas transferencias a las familias. Pero el Banco Central arriesga que se pierda lo ganado en la recuperación post pandemia por medir mal las expectativas y no bajar la TPM a tiempo, limitando el crédito a las empresas y a las personas. Por el momento, el empleo creció en los dos primeros meses del año y lo mismo ocurrió con las exportaciones de bienes, pero han emergido nuevas tensiones en el sistema financiero internacional que apuntan a un menor crecimiento global que puede afectar al de la economía chilena pero también disminuir la inflación importada. 

En lo que va de 2023, la economía sigue absorbiendo los desequilibrios originados en la fuerte expansión de la demanda interna de 2021. El proceso reciente no solo generó desequilibrios, también tuvo el mérito de producir una salida de la crisis pandémica a un ritmo muy superior al promedio mundial, a pesar de originarse en un desborde de la gobernabilidad económica durante Piñera. Se revirtió así el hecho que en la década de 2010 la economía chilena se distanció del crecimiento promedio mundial por primera vez desde 1980, con ministros de Hacienda aplicando políticas cada vez más ortodoxas.


Fuentes: Banco Central de Chile y Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database.


Recordemos que la economía es dinamizada por la demanda interna, compuesta mayoritariamente por el consumo de las familias y de los servicios de gobierno, y en menor medida por la inversión pública y privada, así como por la demanda externa, constituida por las exportaciones de bienes y servicios netas de importaciones. Un exceso de demanda agregada  sobre las capacidades de producción puede conducir a más inflación, pero ajustes por inflación importada y restricciones temporales de oferta que provocan aumentos de costos por una vez no justifican una política monetaria y fiscal restrictiva. A su vez, un déficit de demanda agregada, como el de la década hiper-ortodoxa, disminuye el crecimiento. Este es el caso cuando se mantiene una política que se centra en maximizar las utilidades de las empresas, especialmente las orientadas a la exportación, lo que aumenta la desigualdad de retribuciones entre capital y trabajo, aumenta la inestabilidad, hace operar a la economía por debajo de sus posibilidades y disminuye esas posibilidades en el largo plazo. La insuficiencia de la demanda termina por comprimir la previsión de flujos futuros de ingresos, que son la clave de las decisiones de inversión. 


 
Fuente: Banco Central de Chile.


En la coyuntura, la gran interrogante sigue siendo:  ¿es necesaria una recesión -como la que pronostica el FMI en 2023- para hacer bajar la inflación? Para esto, se debe responder a otra pregunta:  ¿la inflación se debe a un exceso de demanda interna o primordialmente a factores externos? 

Constatemos que por el momento se mantiene un cierto dinamismo productivo. En el trimestre diciembre-febrero se registró un crecimiento sobre el anterior de 0,4%. Anualizado alcanza un 1,6%, que no es boyante pero mejor que una recesión, después de caídas en los tres primeros trimestres de 2022 y una leve recuperación en el cuarto trimestre. Aunque la producción es superior a la existente al inicio de la pandemia de Covid, aún no se recupera el nivel de ocupación previo a la crisis. El retraso se expresa en que la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar pasó de 58,2% hace tres años a 50,6% en el segundo trimestre de 2021, el momento más bajo, y a 55,8% en el registro más reciente. 

Pero hay una persistencia en la creación de empleo (este creció en el trimestre diciembre-febrero en 0,4% en términos desestacionalizados respecto al trimestre previo) que es una señal de resiliencia de la actividad frente a la política monetaria restrictiva en aplicación, pero su evolución futura es incierta precisamente por la persistencia de esa política, que busca actuar sobre el brote inflacionario iniciado en el segundo semestre de 2021. 

En ritmo anual, la inflación siguió su curso descendente y pasó de 12,3% en enero a 11,9% en febrero y a 11,1% en marzo. El peor mes fue el de agosto de 2022, con un 14,1 % de inflación anual, por los efectos de los desajustes globales de oferta y demanda en la salida de la pandemia y luego por la guerra de Ucrania, que disparó entre marzo y agosto los precios internacionales de la energía y los alimentos. El hecho es que estos precios han tendido a bajar desde entonces, con altibajos, atenuando la inflación doméstica. Son bienes que ostentan precios internos determinados de manera más o menos inmediata por el valor internacional de sus insumos y por el tipo de cambio peso/dólar. Son los que causaron el grueso del brote inflacionario ocurrido desde principios de 2021, lo que ha sido subestimado sistemáticamente por un Banco Central que insiste en la idea de un exceso de demanda interna.

El  IPC sin alimentos y energía, la llamada inflación subyacente, registró un aumento de 1,4% en marzo, un mal dato que incidió en el IPC mensual de 1,1%.  Este índice subió de 8,6%, a 9,1% y a 9,4% anual en los tres últimos meses registrados, fruto de los impactos “de segunda vuelta” frente al incremento de los precios de insumos básicos como los combustibles, que se difunden en la economía con más lentitud que los de los bienes de consumo directamente importados. Lo propio ocurrió con la inflación de bienes no transables internacionalmente, que sigue una evolución muy similar al IPC subyacente SAE (sin alimentos y energía), como se observa en el gráfico. Este dato es el que subraya el Banco Central para negarse a bajar la tasa. 

En cambio, los alimentos subieron sus precios promedio en febrero en solo 0,4%, mientras los del transporte bajaron en -0,7%.  Lo nuevo es que en los precios de algunos servicios, que habían experimentado una inflación menos intensa, incluso con bajas en el sector de las comunicaciones, la situación cambió drásticamente en marzo. En el caso de la educación, se registró un incremento de precios de nada menos que 10,8% en un solo mes, lo mismo que todo lo acumulado desde enero de 2021. Este ha sido un caso excepcional, junto al 2,2% de cultura y recreación, pues otros servicios en marzo bajaron sus precios, como las comunicaciones (-0,1%), o bien los aumentaron más levemente, como la salud (0,2%), restaurantes y hoteles (0,5%) y la vivienda y servicios básicos (0,7%). Los servicios de educación no reajustarán sus precios en los meses siguientes, por lo que este factor dejará de presionar el IPC. Debiera, en todo caso, producirse una vigilancia de la competencia en este sector por la Fiscalía Nacional Económica, que en general brilla por su ausencia, pues se trata de aumentos desmedidos. Lo propio ocurre en otros sectores, en los que los márgenes han aumentado, dados los resultados en materia de utilidades de las principales empresas. El caso más notorio es el de las empresas de electricidad, con utilidades que aumentaron en 210% en 2022. 




Mantener el horizonte de inflación en 3% en 24 meses es una política razonable, aunque una meta de 4% sería más pertinente para permitir ajustes de precios relativos con cierta holgura sin gatillar políticas restrictivas, siempre en la perspectiva de mantener una demanda interna dinámica. Este es exactamente el escenario con los datos de hoy pronosticado por el Banco Central: "las proyecciones de este IPoM indican que, en el escenario central, la inflación total seguirá reduciéndose en los próximos trimestres y convergerá a la meta de 3% en la última parte de 2024. La inflación finalizará 2023 en 4,6% anual". Por ello, no se justifica mantener una política monetaria tan restrictiva como la actual, con cálculos dudosos sobre las expectativas de inflación futura por parte de los agentes económicos. 

La insistencia del consejo del Banco Central en querer disminuir sustancialmente el consumo, para lo que se requiere entre otras cosas aumentar el desempleo con la ayuda de la política monetaria y provocar una recesión, es una recomendación de política a la que es difícil encontrarle algún fundamento analítico o empírico consistente. Se observa cada vez menos en las economías actuales una relación de signo inverso entre aceleración de la inflación y bajas en la tasa desempleo y por tanto aumentos del consumo (la llamada curva de Phillips). En Chile, coexisten años de aceleración de la inflación con alto desempleo y otros de menos inflación y también alto desempleo (ver el gráfico). Lo propio ocurre con la relación simple entre inflación y desempleo, que parece permanecer en una situación inversa en las grandes economías, pero con menos intensidad, con una curva más plana que en el pasado.


 

Fuente: a partir de INE.


El incremento temprano y desmedido de las tasas de interés no ha influido sobre la inflación importada, porque no tiene como hacerlo, ni tampoco afectado aún demasiado el empleo, como es su voluntad por una interpretación ortodoxa de la Curva de Phillips, pero si lo ha hecho de manera significativa en materia de inversión. Según el propio Banco Central, "muestra un débil desempeño desde hace varios trimestres", pues "el nivel de la formación bruta de capital fijo se mantiene estancado desde mediados de 2021", lo que "es coherente con un escenario en que el costo del crédito aumentó; las expectativas de los empresarios se deterioraron; y la incertidumbre político-económica local fue elevada". En el caso de los dos primeros elementos (costo del crédito y expectativas) la equivocada política del Banco Central es la que ha tenido la principal responsabilidad en el deterioro de la inversión, mientras su apreciación sobre la "incertidumbre político-económica local" es a lo menos discutible. Convengamos que no es exactamente su especialidad. 

El fondo del asunto es que no hay evidencia sobre un "exceso de gasto” (dicho sea de paso, muchos bancos centrales tienden a subestimar los márgenes de expansión no inflacionaria del gasto por las metodologías de medición que utilizan), lo que desde luego no es el caso de la inversión. Hubo un fuerte incremento de la demanda interna en 2021, pero no dificultades persistentes de suministro o cuellos de botella productivos. Al contrario, la reactividad de la oferta ante aumentos de demanda es una característica de buena parte de la economía chilena actual, en especial los servicios. 

Asimismo, se ha corregido el desequilibrio externo (expresado en la cuenta corriente de la balanza de pagos), que experimentó fuertes incrementos en los pagos al exterior por servicios y por remesas de utilidades de las empresas mineras, además de un incremento desmedido de las importaciones de 53% en 2021, el que bajó a 12% en 2022. Según el propio Banco Central, "en el último trimestre de 2022, el déficit de la cuenta corriente tuvo un descenso relevante y los datos parciales del primer trimestre de este año apuntan a que el déficit externo seguiría reduciéndose". El financiamiento del déficit ha estado asegurado por el buen comportamiento de la inversión extranjera y de la inversión de cartera que ingresa a Chile y en un tercio por el uso de reservas.

Seguir bajando la inflación no requiere provocar una crisis mayor. No obstante, el consejo del Banco Central sigue buscando equivocadamente precipitar una sustancial baja en el consumo, con la consecuencia de llevar la economía a una recesión y una crisis de desempleo. Es de esperar que la política de gobierno no haga un seguidismo con ese enfoque y mantenga una política fiscal expansiva.



miércoles, 12 de abril de 2023

Sobre la inseguridad y la concentración del ingreso

 En El Mostrador

Nuestro país se ha visto envuelto de manera insólita y obsesiva en el tema de la seguridad. La muerte lamentable de tres carabineros en actos de servicio en lo que va de abril parece tener un significado muy distinto que otras muertes, como el fallecimiento diario del orden de diez personas por COVID, o que se produzcan 4.500 defunciones cada año porque un 60% de la población está expuesta a concentraciones de material particulado superiores a lo permitido, o que unas 600 mil personas padezcan subalimentación (hambre persistente), conducente a muertes prematuras.

La esfera pública está sometida a la máquina mediática de fabricar temor a la delincuencia, que paraliza y excluye casi todo lo demás. Una mayoría está convencida de que “el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico”, lo que es falso. En respuesta, las autoridades discurren cotidianamente sobre “la crisis de seguridad”, lo que será de nunca acabar. Delitos se cometen todos los días y ocurrirá incluso cuando las policías aumenten su eficiencia y se controle todo el crimen organizado y bajen todos los índices de delincuencia.

Entretanto, nadie menciona demasiado que mientras en 2022 el ingreso nacional real creció en 1,5%, las empresas que entregan resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (550) obtuvieron un incremento anual de sus beneficios de 49%. Sumaron 45,9 mil millones de dólares, con 10 empresas que concentran un 51% de esas ganancias. Estas constituyen el corazón de la oligarquía económica chilena. Dos pertenecen al sector de materias primas y dos al financiero. Quiñenco y Antofagasta PLC, del grupo Luksic, dueño de un canal de TV, sumaron ganancias por 5,7 mil millones de dólares. SQM, tras el boom del precio del litio en 2022, consiguió beneficios por 3,9 mil millones de dólares, un alza de 567%. Las empresas del grupo Matte sumaron utilidades por 2,2 mil millones y AntarChile, de la familia Angelini, obtuvo utilidades por 924 millones de dólares. El sector eléctrico fue el que ostentó el mayor aumento de ganancias, nada menos que un 210%, y sumó 2,9 mil millones de dólares, lo que revela que el sistema tarifario no está repercutiendo como debiera en las bajas de costos de producción sobre el consumidor.

No es de extrañar, entonces, que las 30 empresas del IPSA hayan subido su valor en bolsa en 128% en 2022. En contraste, los salarios reales cayeron en -1,8%. Cuando han crecido en años previos, ha sido a un menor ritmo que el del ingreso nacional. Como resultado, la mitad de los ocupados ganaba menos de 528 mil pesos en 2021, el dato más reciente del INE. Vale la pena recordar lo dicho por Warren Buffett en 2014: "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando".

El problema no es que se remunere el capital invertido, es la magnitud de esa remuneración en contraste con la del trabajo. Y más aún cuando se trata de sobreutilidades por la apropiación privada de rentas de escasez (recursos no renovables) o de monopolio, lo que se agrava con la negativa tanto a pagar impuestos suficientes (SQM debe 745 millones de dólares de regalía por el litio que sostiene no le corresponde pagar) como a terminar con las rentas de monopolio y respetar con rigor las reglas laborales y ambientales. Así, “la desigualdad factorial” en la retribución del capital y del trabajo sigue aumentando. El aumento de la regalía minera sigue sin avanzar y no se legisla sobre negociación colectiva supraempresa. Mientras, sigue bloqueada la posibilidad de disminuir “la desigualdad de las familias”, que se puede aminorar a través de impuestos progresivos y transferencias, pues la derecha y sus aliados en el Parlamento se niegan siquiera a la posibilidad de legislar en la materia.

Tampoco hay un mayor debate sobre los cambios estructurales en curso. Citemos al economista Daren Acemoglu: "El poder predictivo de los algoritmos se podría usar para servir a la gente en vez de reemplazarla. Por desgracia, nadie presta atención a estas oportunidades, porque la mayoría de los directivos de empresas tecnológicas estadounidenses siguen apostando al desarrollo de software que pueda reemplazar a los humanos en tareas que estos ya hacen bien. Saben que podrán ganar dinero fácilmente vendiendo esos productos a corporaciones que han desarrollado una visión de túnel. Todo el mundo está enfocado en aprovechar la IA para reducir costos laborales, y a nadie le interesan ni la experiencia inmediata de los clientes ni el futuro del poder adquisitivo de la gente".

Si esto es así, la defensa de una mayor seguridad para el mundo del trabajo y de la cultura parece estar más que vigente, y debiera alimentar la agenda pública. ¿O dejó de tener sentido un Estado social que contribuya a que el trabajo sea decente, creativo y protegido y que la negociación colectiva de los salarios permita una mejor distribución del excedente económico entre capital y trabajo? ¿Y que las tarifas y precios no abusen de los consumidores? ¿Y que se socialice una parte de ese excedente para el financiamiento de más bienes públicos de uso colectivo, una mejor cobertura de los riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos y más redistribuciones al margen del mercado? Establecer una tributación progresiva, financiar y gestionar mejor los servicios estatales y expandir la inversión pública para avanzar en diversificación productiva, ciudades y territorios sostenibles e infraestructuras para la resiliencia ambiental crearían, además, condiciones macroeconómicas más favorables para aumentar la prosperidad colectiva, el pleno empleo y la estabilidad de precios, contrariamente a la leyenda neoliberal. La concentración del ingreso en los poseedores de capital no crea una demanda efectiva suficiente para dinamizar la economía ni menos aumenta la productividad.

¿Conclusión? La inercia del dominio oligárquico considerado como un hecho natural y de un Estado militar-policial reforzado es una respuesta posible a los desafíos del país. Pero hay otras, como las propias de un Estado democrático y social de derecho. El poder oligárquico busca bloquear en todo lo que pueda los cambios constitucionales y circunscribir el espacio público al tema de la inseguridad. Aunque no para hablar de sus causas, como la desigualdad y la globalización del crimen organizado, sino de sus manifestaciones más sensibles, cuando no truculentas. El problema es que es una ilusión pensar que las dinámicas concentradoras, que son la fuente principal de inseguridad estructural en la sociedad, van a dejar de producir sus efectos polarizadores simplemente porque no se hable de ellas.

miércoles, 5 de abril de 2023

Sobre el orden público y la legislación de matinal


El número de denuncias de delitos de mayor connotación social por cada 100 mil habitantes cayó en un 42,4% entre 2012 y 2022, según los datos recopilados por la consultora Unholster. Esto quiere decir que no hay un desborde de la delincuencia, por doloroso e inquietante que sea cada caso producido para las víctimas y sus entornos. En cambio, el número de homicidios pasó de 824 en el año 2004 a 2.795 casos en 2020 y bajó a 2.427 en el año 2021, de acuerdo a los datos del Ministerio Público. La información de la Subsecretaría de Prevención del Delito indica 934 casos para 2022 y que la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes pasó de 2,8 en 2012 a 4,7 el año pasado.

Este significativo incremento de las muertes violentas es en parte atribuible a una nueva situación, la que ha corroído a otros países de América Latina: los ajustes de cuentas entre mafias organizadas que pugnan de manera sangrienta por controlar los territorios y circuitos del narcotráfico y la economía ilegal y sus ganancias. Aunque Chile no sea un productor ni exportador significativo de drogas, esta nueva situación debe atacarse adecuando a las policías sobre nuevas bases tecnológicas y de inteligencia. Esto es indispensable para avanzar en el objetivo de desmantelar la gran amenaza que es el crimen organizado, que requiere de una mucho mayor eficiencia y contundencia policial. El actual Gobierno está ayudando a incrementarla, lo que ya se observa en mejores resultados en diversos casos, sin olvidar que su complemento indispensable es la policía de proximidad, la que interactúa con los vecinos, los municipios y las entidades públicas de distinta índole para aumentar la seguridad humana en todos los rincones del territorio.

Esto no tiene nada que ver con introducir impunidad en el uso indebido de armas de servicio, como ha sido la respuesta de aquella parte del sistema mediático y político propenso al alarmismo y al uso político y electoral de la delincuencia. Las policías no deben ceder a cantos de sirena y cumplir su tarea siempre en el marco de la legalidad, lo que implica mantener un uso reglamentado y proporcional de las armas de fuego que la ciudadanía pone a su disposición, incluyendo el que se despliega para su legítima defensa en situaciones críticas. No se debe ceder ante el populismo penal impulsado por los matinales de televisión en busca de audiencia ni ante la presión por desresponsabilizar a los agentes públicos en el uso de armas de fuego. Esto tiene como horizonte la conformación de un Estado militar-policial violento y descontrolado, un remedio mucho peor que la enfermedad.

No deben olvidarse algunas situaciones de fondo en materia de seguridad. Carabineros, que es una institución con 60 mil miembros dotada de armamento suficiente y con un alto presupuesto, mantiene un aprecio colectivo por su rol de protección y ayuda a la población en todo el territorio y por su función auxiliar de la justicia. Pero enfrenta dos serios problemas frente a la sociedad.

El primero de ellos es que en Carabineros –y en alguna medida en la PDI– se realizó por largo tiempo un desfalco sistemático de recursos públicos organizado por altos oficiales, hoy perseguidos por la justicia, que es el de mayor envergadura en la historia de Chile. Esto no hace de este cuerpo una institución ejemplar en la materia en el pasado reciente. Para recuperar su pleno prestigio ante la ciudadanía y su rol en el orden democrático, debe terminar con una cierta cultura interna de no responder ante nadie por sus actos, incluyendo en algunos casos, como se ha visto, ilegalidades. Debe, en cambio, ampliarse una cultura de mayor convivencia con la rendición de cuentas ante la sociedad, la superioridad civil y los órganos contralores y de administración de justicia. Carabineros debe reformar en profundidad sus métodos de gestión y el control del uso de los recursos presupuestarios puestos a su disposición por la ciudadanía, además de acentuar la equidad de la distribución de sus recursos humanos y materiales en el territorio. La aguda demanda social de lucha inmediata contra la delincuencia no debe ser una excusa para dilatar o no realizar estas reformas indispensables.

El segundo problema es el de las violencias policiales (y militares, en su caso). Estas fueron generalizadas en el proceso de la rebelión social de 2019 y meses y años siguientes, con centenares de lesionados por la fuerza pública. Esto se tradujo en un maltrato generalizado a los miles de detenidos, incluyendo agresiones a mujeres, y la grave situación de daño a personas que terminaron con lesiones oculares irreparables por disparos de balines de goma y disparos horizontales de bombas lacrimógenas al rostro realizados por oficiales (lo que pude observar personalmente en la calle).

Se trata de delitos cometidos por quienes tienen el deber de proteger a los ciudadanos, incluso cuando se manifiestan, y no de perseguirlos, agredirlos o lastimarlos gravemente. Las policías (y los militares en los Estados de Excepción) deben ser un factor de control y no de ampliación de los desórdenes públicos. Las fuerzas del orden deben actuar a tiempo, lo que no siempre hacen, y simultáneamente autocontenerse. Si responden con violencia indebida, su rol pierde la legitimidad que requiere el control de las destrucciones de bienes públicos y de personas. Deben modificarse los conceptos que presiden la acción del personal de resguardo del orden público, sin olvidar nunca que el derecho a manifestarse es una garantía constitucional.

Por su parte, la retórica de violencia contra Carabineros, cuyo emblema es el "perro matapacos", es inapropiada, indefendible y nunca debe ser aceptada por ninguna fuerza política responsable. Los que la adoptaron frívolamente en algún momento debieran, como ha instado el Presidente Boric, revisar su sentido democrático y humanitario. Manifestarse y/o condenar las violencias policiales es una cosa, insinuar simpatías por matar a miembros de una institución pública es otra muy distinta. Se trata de personas que deben gozar del mismo derecho a la integridad y dignidad que cualquier otra. Y menos debe tolerarse bajo ninguna circunstancia la violencia delincuencial contra las fuerzas del orden público y los asesinatos de uniformados. Tampoco debe tolerarse de modo alguno que el derecho a manifestarse se transforme en sinónimo de agresiones a personas con o sin uniforme y destrucciones violentas de bienes comunes.

Así, el cambio de enfoque de Carabineros en la contención de los desórdenes públicos y la presión social de los que legítimamente se manifiestan sobre los que realizan destrucciones y violencias con el pretexto de manifestarse, se pueden combinar de manera virtuosa y cambiar la degradación de la situación en las calles desde 2019, lo que en alguna medida ya viene ocurriendo.

Los problemas descritos deben abordarse con la urgencia requerida. Pero nunca se debe abandonar el trabajo sistémico sobre las causas de la delincuencia. Estas son económico-sociales (ausencia de oportunidades laborales decentes y de inserción creativa en la vida activa, con 428 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni están ocupados en febrero de 2023, según el INE) y psicoculturales (individualismo negativo, degradación del respeto a las normas de convivencia, culto del matonaje y de la violencia, desvalorización del trabajo honesto como medio de vida y su mejoría como horizonte de cambio individual y social). Actuar sobre ellas en todos los ámbitos de la sociedad y por todos sus actores es lo que al final de cuentas logrará hacer retroceder la delincuencia, junto a una actuación policial y judicial apropiada.

sábado, 1 de abril de 2023

La elección del 7 de mayo

 En El Mostrador

A poco más de un mes de la elección de consejeros constituyentes, no se observa en el país una mayor motivación en la materia. El desgaste de la temática constituyente ha sido importante desde la secuencia de la rebelión social de 2019, el plebiscito habilitante de octubre de 2020, la elección de convencionales de mayo de 2021 y, finalmente, el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, que terminó frustrando los procesos previos.

El acuerdo político de diciembre de 2022 relanzó el proceso, pero supuso la recuperación del poder constituyente por el Congreso, contrariamente al pronunciamiento ciudadano mayoritario en sentido contrario de 2020. En este espacio institucional se expresa en plenitud el peso de la derecha en el uso de los vetos derivados de los altos quórums existentes para la aprobación de normas constitucionales. Este sector impuso un sistema de elección que, como espejo del que elige a los senadores, limita severamente la proporcionalidad de la representación y establece una gran desigualdad del voto. Penalizar a la ciudadanía de las regiones más pobladas constituye una evidente anomalía democrática.

Se establecieron, además, limitaciones a la potestad de la instancia que será elegida el 7 de mayo próximo notoriamente impropias. Los representantes que resulten elegidos se encontrarán con temas que no podrán discutir y con un borrador hecho por “expertos”, en realidad representantes políticos de la derecha y la centroizquierda e izquierda nombrados por el Congreso. Estos podrán incluso observar articulados y participar en votaciones que diriman discrepancias.

Era todo eso o nada. De este modo, solo el voto obligatorio podrá salvar al nuevo proceso constituyente de una indiferencia generalizada.

Ante la imposibilidad de conformar una lista que agrupara a todas las fuerzas distintas a la derecha, como hubiera deseado el Gobierno, las izquierdas –agrupadas en una lista del PS y liberales más Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PC, FREVS y Acción Humanista)– probablemente habrán de señalarle a la lista autodenominada de centro –compuesta por participantes de la coalición de gobierno como el PPD y el PR y un partido que, como el PDC, no forma parte de él– que sus votos en muchos casos favorecerán la elección de más constituyentes de derecha. Esto resulta de la mecánica del poco proporcional sistema electoral del Senado adoptado para este evento (cifra repartidora con pocos escaños a elegir, en este caso de 2 a 5 según las regiones).

Es posible que los partidarios del Gobierno deban señalarle que puede volver a producirse un voto de castigo en su contra, especialmente por los temas de orden público y la ausencia de iniciativas sociales de envergadura. Promoverán seguramente una narrativa sobre seguridad que resalte los parámetros de acción que no estén al vaivén de los episodios delincuenciales, repercutidos hasta la saciedad por los grandes medios de comunicación y que por desgracia siempre se producirán (la cero delincuencia no existe). Seguirle la corriente al populismo penal no hace sino favorecer a la derecha, pues ese es su terreno.

Y posiblemente los partidarios del Gobierno plantearán la necesidad de más impulsos sociales que se agreguen a los ya logrados. Entre estos se cuenta el avance del proyecto de reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas y la aprobación del aumento del bono marzo y de la asignación familiar. Y también, asociados al universo que recibe esta última, los subsidios temporales a los precios de los alimentos a través de una tarjeta de compras electrónica. Este es un innovador mecanismo que debiera transformarse en un método permanente de devolución del IVA de productos básicos y medicamentos a los grupos de ingresos medios y bajos. Una mayor provisión de bienes públicos en urbanismo integrador y seguridad, un aumento progresivo de la pensión universal, de los subsidios familiares y a la vivienda, combinado con un nuevo plan de apoyo al cuidado de personas, podría terminar de configurar un sistema de redistribución justa de cierta envergadura que avanzaría en la disminución de las enormes desigualdades de ingresos y de bienestar existentes en nuestra sociedad. Esa envergadura será menor a la que podía concebirse antes del rechazo de la reforma tributaria, pero podrá tener niveles iniciales que tengan un impacto en la condición de vida de la mayoría. Y que generen una aprobación social que facilite nuevos cambios tributarios progresivos en el futuro próximo.

El Gobierno debiera, además, dar un fuerte impulso a una política del litio que recupere este recurso para el país, en vez de dejar su extracción y ganancias principales en manos de empresas privadas como SQM, que se ha permitido interferir de manera ilegal en las decisiones del sistema político y en las campañas electorales. Sus contratos de explotación en el Salar de Atacama no debieran ser renovados y ser puestos en manos de una entidad pública.

También debe fortalecerse Codelco y el cobro de regalías sustanciales a la minería privada, ampliando la capacidad recaudatoria antes que vaciando de contenido el proyecto de ley en tramitación. La nueva legislación debe incluir tasas muy altas sobre las ventas –eliminadas en el Senado– cuando se supere un umbral de precios del cobre, como estableció el proyecto aprobado en la Cámara. Centrar la regalía en los márgenes operacionales se presta para la elusión del pago, pues depende de información proporcionada por las empresas. La necesidad de una legislación seria sobre regalías no es arbitraria: todas las proyecciones indican un nuevo ciclo largo de altos precios del cobre.

Esta renta no tiene por qué seguir siendo regalada a inversionistas privados. Si esos recursos pertenecen a la colectividad, lo que es el caso desde 1971, es esta la que debe recibir su valor económico. Hacer otra cosa no sería congruente con cualquier idea de mayor progreso social y de retención nacional de la renta en las coyunturas de altos precios de los recursos naturales no renovables. Sin esto, la propia noción de Estado democrático y social de derecho carece de mayor sentido.

viernes, 24 de marzo de 2023

Tendencias de la economía chilena. Marzo 2023.

Centro de Políticas para el Desarrollo
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas


La economía chilena exhibe un crecimiento en declinación en lo que va de siglo XXI en comparación a la economía mundial, con la excepción paradojal del último trienio. En la creación de valor agregado predominan crecientemente los servicios. Estos sustentan el grueso de los empleos, de los cuales un 27% son informales. El enfoque ortodoxo que persiste en materia de política monetaria y en parte en la política fiscal no augura perspectivas positivas para los próximos años.

Ver el texto.


martes, 21 de marzo de 2023

Más allá de la coyuntura

En El Mostrador

El Gobierno del Presidente Boric es fruto de procesos difíciles y contradictorios. Derrotó por un buen margen a la extrema derecha, pero sin obtener mayoría parlamentaria, mientras ha debido luego enfrentar una realidad política e institucional adversa, con una derecha cada vez más radicalizada. El cuadro económico internacional no lo ha ayudado, agravado por un Banco Central que se ha empeñado en provocar una recesión en medio de la redefinición institucional del país. Y ha debido encajar dos derrotas de envergadura: la de las urnas del 4 de septiembre pasado y la ocurrida en el Parlamento el 9 de marzo en materia tributaria.

El Presidente Boric conformó su Gobierno enfrentando una gran fragmentación política de quienes lo apoyaron en segunda vuelta, y con algo así como dos coaliciones competitivas antes que integradas, y que todavía no llegan a ser una alianza para el período de gobierno. Los llamados a redefinir su programa tienen poco sentido, salvo que se entienda que se trata de deliberar con sus fuerzas de apoyo, lo que debe hacerse periódicamente, sobre los componentes de la agenda gubernamental etapa a etapa. Esta agenda debe incluir temas a plantear sin mayoría parlamentaria posible, pero válidos como opciones a discutir ante la ciudadanía y que saquen a la derecha y las oposiciones al pizarrón, y otros que deben construir una mayoría parlamentaria, con la que a priori el Presidente no cuenta, para evitar la parálisis gubernamental.

Todo esto ha obligado al Presidente Boric a realizar ajustes periódicos para consolidar su apoyo político. Quiso, además, innovar en diversos aspectos, como es propio de toda generación que aspira a cambiar lo existente, lo que no puede sino saludarse. Pero tal vez ha faltado una consideración mayor de aspectos estructurantes de la gestión del Estado.

Todos los Estados-nación en la historia se organizan alrededor de un núcleo de cinco funciones básicas: la mantención del orden interno, la administración de justicia, las relaciones exteriores, la defensa nacional y la gestión de las finanzas públicas. Se trata de las funciones "regalianas" o nucleares del Estado. No es que las demás no sean importantes, sino que éstas son estructurantes y permiten que las otras se puedan llevar a cabo. El sentido común indica que en esas posiciones no cabe experimentar demasiado y que se debe evitar divertimentos e improvisaciones. En la selección de sus responsables tiene sentido nombrar a personalidades con peso entre las fuerzas de gobierno y el sistema de partidos, que contribuyan a su equilibrio y articulación y posean aptitudes para prever y enfrentar situaciones imprevistas y presiones persistentes, además de contar con las capacidades sectoriales pertinentes y prestigio en la sociedad.

La cercanía con la persona a cargo del Estado o las exigencias parlamentarias puntuales, juegan en esto un rol, pero aceptable solo hasta un cierto punto. Cuando los colaboradores no cuentan ni con el peso político ni con la competencia suficiente, pueden terminar por no ser útiles a la tarea del jefe de Estado. Tal vez por ello al cabo de seis, nueve y doce meses, respectivamente, se ha debido producir cambios en tres de los cinco ministerios básicos (Interior, Justicia y Relaciones Exteriores).

La tarea que enfrenta el Presidente Boric es inmensa. Su Gobierno está impelido en primer lugar a morigerar sin dilación, y en alianza con una fuerte coalición latinoamericana, la crisis de la migración ilegal originada en Venezuela, en la que Sebastián Piñera tuvo un rol destacado. Esta coalición tendrá que ayudar a la superación de la crisis política y económica en ese país por vías democráticas y hacer retroceder las sanciones estadounidenses que agravan dicha crisis, para lo que ahora Chile cuenta con mejores aliados con los gobiernos de Petro en Colombia y Lula en Brasil.

Y deberá hacer todo lo posible para culminar con éxito avances tangibles en el progreso democrático y social del país. Esto involucra orientar y ampliar en la sociedad, en la política y en el Parlamento (así como en la instancia constitucional que se elegirá el 7 de mayo) una coalición de consistencia y amplitud suficiente para la creación del nuevo sistema institucional, que reemplace por uno mejor el fenecido sistema de pactos forzados de la transición. Y también resquebrajar, aunque sea en parte, la intransigencia de la hiperelite económica en materia tributaria, laboral y ambiental y en materia de captación para Chile de las rentas de los recursos naturales, en especial, el cobre y el litio. De otro modo, no se podrá avanzar a una mejor democracia, una mayor protección social y un nuevo dinamismo productivo, que es la plataforma programática básica de este Gobierno, y se aumentará el caldo de cultivo para la eventualidad de un triunfo de la extrema derecha en 2025.


martes, 14 de marzo de 2023

El significado de un rechazo y la falta de visión de grupos necesitados de protagonismo

En El Mostrador 

Chile no contará por el momento con los recursos tributarios adicionales solicitados por el Gobierno, pues la oposición no aprobó siquiera la idea de legislar en la materia. Esto fue siempre lo más probable después de la elección parlamentaria de 2021. La derecha volvió a mostrar su peor cara, la de la defensa pura y dura de los privilegiados, aunque no contaba con este rechazo que la deja tan en evidencia. Por su parte, los minoritarios que la acompañaron buscaron el fracaso del Gobierno, quien sabe si por afán de castigo, para buscar obtener ulteriores concesiones o por mera irresponsabilidad con el destino de la mayoría social.

En el programa original de Apruebo Dignidad, la meta de ingresos adicionales era de 8% del PIB en régimen a 6-8 añosEsta cifra no es arbitraria, si se tiene en cuenta lo planteado por el informe de la OCDE de junio de 2022: “La relación recaudación-PIB (o presión fiscal) y los niveles de ingresos de Chile se encuentran entre los más bajos de la OCDE" y "la relación impuestos-PIB de Chile es inferior a la de los países de la OCDE cuando tenían un nivel de ingresos similar al de Chile”. En 2020 (las cifras más recientes) la carga tributaria en Chile era de 19,4% del PIB y el promedio OCDE de 33,6%. Las de Dinamarca y Francia (las más altas) alcanzaban un 47,1% y un 45,3% del PIB respectivamente, sin que esos países dejen de contarse entre los más prósperos y de mayor bienestar en el mundo.

La derecha insiste en hacer su propio cálculo y en agregar a los impuestos las cotizaciones a sistemas privados, pretendiendo que solo faltan dos puntos de PIB para llegar al promedio OCDE. Pero este organismo recomienda expresamente excluir de los análisis sobre carga tributaria a las contribuciones a la seguridad social porque “representa un enfoque analítico poco ortodoxo, que puede no ser muy informativo e incluso podría ser engañoso”. En todo caso, cuando la OCDE considera estos pagos, la carga subiría a 26.9% del PIB (con datos de 2018 suman un 5,8% adicional del PIB) comparado con el 34.7% promedio de la OCDE en ese año. A esa fecha, con ese cálculo, la brecha era de cerca de 8% del PIB.

En el proyecto de ley enviado en 2022 el objetivo era el de aumentar la carga tributaria en 4,1% del PIB durante este Gobierno. El proyecto que se rechazó, luego de más de 80 indicaciones, implicaba solo un 1% del PIB de incremento de la recaudación por nuevos impuestos y tasas, más un 1,6% del PIB adicional por cierre de brechas de elusión y evasión. Esto queda eventualmente ahora para un año más. En el Senado mantiene su trámite el proyecto sobre regalías mineras, mientras se presentarán en la Cámara, donde deben ingresar todos los proyectos de este tipo, las iniciativas nuevas sobre impuestos verdes y de preservación de la salud, así como sobre las rentas regionales. Todo lo cual queda en manos de negociaciones en la Cámara con las diputadas que no votaron, además de un eventual acuerdo con la derecha y sus aliados ex-DC y PDG, tanto en la Cámara como en el Senado después. Ya se sospecha cómo será: el bloque pro-empresarial buscará que los aumentos de tributos sean diminutos y sin tocar los intereses del capital. Lo hará a sabiendas de que no tendremos una sociedad mínimamente decente y dinámica sin un aumento del aporte del 10% más rico, que concentraba nada menos que el 60% de los ingresos antes de impuestos en 2020, mientras el 50% de la población de menos ingresos sumaba solo el 6,7% de los mismos, según el World Inequality Lab. Esto es simplemente inaceptable.

La declaración del ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicando lo que se rechazó y mencionando a quienes celebran que todo siga igual, ha sido firme, en especial la defensa de un sistema tributario progresivo en el que los que más tienen deben aportar proporcionalmente más, incluyendo los "grandes capitales", y la denuncia de los lobistas financiados por ellos. Pero es debatible aquello de que venció la ideología sobre el pragmatismo. El llamado pragmatismo es también una ideología que no propone ampliar las fronteras de lo considerado posible, sino eventualmente en el margen, mientras es con frecuencia alimentada por intereses particulares y sus lobistas. Otra cosa es actuar con sentido práctico y, por ejemplo, saber contar.

Lo que venció en el Parlamento fue la consabida intransigencia de la ideología del libremercadismo y del Estado mínimo, junto a los intereses empresariales que la sustentan. Y también venció la falta de visión de pequeños grupos necesitados de protagonismo, aunque eso signifique actuar contra lo que se supone defienden. Para avanzar a una reforma tributaria que sustente un Estado Social, debe volver a ponerse por delante una ideología ("conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político", según la Real Academia Española) para construir una mejor democracia y un progreso equitativo y sostenible.

La tarea para el Gobierno es ahora avanzar en lo que pueda con los recursos y apoyos existentes, especialmente mejorando el 87% de ejecución del gasto presupuestario en inversiones –brecha que no tiene excusa– y ojalá logrando mejorar sustancialmente la legislación en materia de elusión y evasión y el monto de las regalías mineras. Y sin adelantar la consolidación fiscal programada, como se hizo de manera inexplicable en 2022, pues el decreto de política fiscal de la actual administración fija una meta de balance estructural de -0,3 del PIB para 2026, mientras el año pasado se produjo un saldo positivo de un 0,2% del PIB. Su sentido económico y social no aparece por ningún lado, más allá de los aplausos del venerable público.

La lucha progresista por un sistema tributario suficiente, equitativo y sostenible sigue inevitablemente adelante. Hagamos una sucinta comparación con datos de la OCDE. Si en Nueva Zelandia el gasto público en pensiones alcanzaba un 5,1% del PIB en 2020, en Estados Unidos un 7,5% y en Alemania un 10,4%, ¿por qué en Chile debe alcanzar solo un 3,1% del PIB? Si en Nueva Zelandia el gasto público en salud alcanzaba un 7,8% del PIB, en Alemania un 11,0% y en Estados Unidos un 15,8% ¿por qué en Chile debe alcanzar solo un 5,8% del PIB? Si en Estados Unidos el gasto público en discapacidad alcanzaba un 1% del PIB, en Alemania un 2,4% y en Nueva Zelandia un 2,8%, ¿por qué en Chile debe ser de solo 0,8% del PIB? Si en Nueva Zelandia el gasto público en desempleo alcanzaba un 0,5% del PIB, en Alemania un 0,8% y en Estados Unidos un 0,9%, ¿por qué en Chile debe ser de solo un 0,06% del PIB? Si en Nueva Zelandia el gasto en investigación y desarrollo alcanzaba un 1,4% del PIB, en Alemania un 3,1% y en Estados Unidos un 3,5%, ¿por qué en Chile debe ser de solo un 0,34% del PIB?

La respuesta es simple: ni en materia social ni en materia económica las tareas públicas en Chile están a la altura de un país moderno por el peso de la oligarquía económica rentista en el sistema político y en el paisaje mediático. Su ceguera, como en muchos otros países de América Latina, la lleva a no querer financiar tareas sociales y económicas indispensables para el equilibrio, equidad y dinamismo de las sociedades. El pretexto es la ineficiencia del sector público, que en el caso de Chile no es demasiado superior a la ineficiencia del sector privado. Solo en educación ha habido un salto nivelador en el gasto público, desde el 2,8% del PIB en 2005 a 4,2% del PIB a partir de 2019. Esto fue fruto de amplias movilizaciones sociales y de un mayor consenso político basado en un poco justificado y abundante financiamiento a privados, de eficiencia más que dudosa, poniendo en situación de marginalidad a la educación pública. Y todavía estamos lejos del gasto público en educación de 5,2% del PIB de Finlandia y de 6,4% del PIB de Noruega.

Hay elementos para el optimismo, sin embargo, pues en el fragor de la lucha política también se producen avances. En 2022, la carga tributaria, luego de las turbulencias fiscales de la pandemia, subió en 9,6% y alcanzó un 24,6% del PIB. Si un nivel de este tipo se consolida desde 2023 en adelante, lo que depende de variados factores en la administración tributaria, se habrá recorrido más de la mitad del camino. Y si se avanza en los proyectos de ley mencionados, subir en 8% del PIB la carga tributaria en régimen estará en el horizonte para alcanzar el planteamiento programático original del Presidente Boric.

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