Hacia un reposicionamiento estratégico
El resultado principal del 7 de mayo es que emergió una mayoría calificada del Consejo Constitucional para hacer la constitución que la extrema derecha quiera. Por primera vez en la historia contemporánea, además, un órgano electo es dominado por la derecha en Chile. Este es un gran fracaso político para las fuerzas de gobierno, y para las fuerzas democráticas en general, que requiere repensar su posicionamiento estratégico.
Un primer factor de la derrota es haber hecho precipitadamente un acuerdo en diciembre pasado que incluyó el sistema electoral cuasi-binominal del Senado para constituir el nuevo órgano constituyente con voto obligatorio, en una situación en que eran previsibles dos listas de las fuerzas de gobierno o cercanas al gobierno, además de la presencia de fuerzas de protesta que no podrían obtener representación y que se iban a inclinar por el voto nulo. El riesgo de un mal resultado era de suyo alto al relanzar un proceso electoral después de una derrota reciente por 62% y con mayor razón con los mecanismos electorales aprobados. La alternativa era programar el proceso constitucional simultáneamente con los hitos electorales regional/comunal de 2024 o el presidencial/parlamentario de 2025, haciendo madurar un mejor acuerdo constitucional una vez que hubiera frutos de la gestión del gobierno y una recuperación subjetiva de sus fuerzas de apoyo.
Un segundo factor ha sido una política de ajuste del Banco Central y una pasividad fiscal del gobierno solo recientemente revertida, que afectó a la mayoría trabajadora desde marzo de 2022, como hemos insistido una y otra vez, a pesar de mejorías recientes. Pero estas todavía requieren un recorrido para consolidarse y ser apreciadas como tales por la mayoría social. Esto contribuyó a un nuevo castigo masivo al gobierno después del de septiembre pasado, y en la misma proporción.
Un tercer factor, no menos importante, ha sido una situación de inseguridad subjetivamente acentuada por una campaña mediática aplastante que estimuló los miedos a la delincuencia y la incomodidad con una abrupta inmigración masiva desde 2015, sin respuesta positiva suficiente. Esto favoreció los temas de la ultraderecha y volcó a una parte sustancial de la población a apoyarla.
El resultado es que la resistencia oligárquica al cambio democrático ha tenido en 2022 y 2023 dos éxitos resonantes en su objetivo de mantener una institucionalidad que no incluya el principio de mayoría. Su ausencia en la formación de las leyes y en el sistema de toma de decisiones ha tenido, como sabemos, consecuencias estructurales como: 1) los recursos naturales son todavía básicamente explotados por empresas privadas internas y externas, que capturan su renta en detrimento del país y buscan someter al sistema político a sus designios e intereses; 2) la depredación ambiental y la pérdida de biodiversidad, con deterioro del suelo, contaminación de los cursos y napas de agua y del aire que se respira en las ciudades, prevalecen sobre regulaciones débiles a las empresas; 3) las relaciones del trabajo permanecen desequilibradamente favorables al capital por ausencia de negociaciones colectivas por ramas y territorios, con un sindicalismo debilitado en su capacidad de acción en la empresa individual, y con mujeres que son remuneradas un 30% menos que los hombres en puestos equivalentes; 4) la carga tributaria sobre el PIB se mantiene baja y tiene fuertes componentes regresivos, con un 1% más rico que paga proporcionalmente menos impuestos que el resto; 5) persiste un sistema de seguridad social, de salud y de educación que se cuenta entre los más privatizados del mundo y que permite altas utilidades a pocas empresas a costa de los usuarios; 6) se ha consolidado un ordenamiento espacial con ciudades socialmente segregadas, con desplazamientos desgastantes para los trabajadores, un transporte público insuficiente y una fuerte concentración de las actividades y decisiones en la región capital y 7) se ha constituido un paisaje audiovisual y de prensa con un dominio cuasi monopólico por algunos de los grupos económicos dominantes, sin un servicio público de información digno de ese nombre ni pluralidad mínima en los medios, proceso acompañado de una mercantilización generalizada de la cultura.
Es más que suficiente para un reposicionamiento estratégico de la izquierda contemporánea -aquella conglomeración plural de fuerzas que prefieren una sociedad democrática y abierta, igualitaria y sostenible antes que una conservadora, desigual y depredadora- plantearse revertir estas siete situaciones estructurales y su soporte constitucional principal, la capacidad de veto de la minoría. Debe, además, ampliar la acción contra todas las discriminaciones de género, seguir luchando por el reconocimiento de las autonomías de los pueblos originarios, mantener y expandir las libertades individuales y el respeto de la diversidad sexual. Este debiera volver a ser su núcleo programático, reagrupando a todo quien se reconozca en él, incluyendo el centro progresista, y ser la base de su comunicación y actitud política, en vez de dejarse llevar por los temas y la agenda de la derecha.
Este debiera volver a ser su núcleo programático, reagrupando a todo quien se reconozca en él, incluyendo el centro progresista, y ser la base de su comunicación y actitud política, en vez de dejarse llevar por los temas y la agenda de la derecha.
¿Puede alguien pensar que en el futuro la mayoría social va a seguir a actores políticos sin propósitos definidos y que cada tanto tratan de situarse por encima del bien y el mal en vez de promover el cambio del orden existente en favor de la democracia, de los intereses del mundo del trabajo y de la cultura y del medioambiente? ¿O que aquella parte de esa mayoría social que primero se sumó al rechazo radical en las calles al orden existente y luego se ha sumado a la adhesión primaria al discurso del orden, fruto del miedo a la delincuencia y a la migración irregular, va a dejar de hacerlo sin una visión alternativa firme y clara de un país democrático, plural y seguro porque es equitativo, protector e integrador?
Una propuesta de reposicionamiento desde un ángulo de “centroizquierda” y una agenda de concesiones al Estado policial y al poder económico no asume que las alianzas de los años 1990 en adelante fueron en origen entre el centro y parte de la izquierda y que por eso funcionó para los desafíos de recuperación de la democracia en la época. Y que ahora una agenda «pragmática» pegada a los temas de la derecha la lleva a perder el soporte en la sociedad y a ser castigada electoralmente por ello. Los cuatro partidos que formaron la Concertación (PDC, PPD, PR, PS, que fue en la lista de la izquierda) y fueron mayoría por décadas, sumaron solo un 15% de los votos válidos, mucho menos que los votos nulos. El Frente Amplio obtuvo un 12%, el PC un 8% y el PS el 6%. La configuración política del Chile actual es simplemente otra.
No se trata de no valorar los avances de las últimas décadas en materia de libertades civiles, políticas y culturales y en materia de empleo, infraestructuras, educación, salud y pensiones públicas. Se trata de reconocer que son valiosas pero no han sido suficientes para conformar un Estado democrático y social de derecho propiamente tal. Y también que se impulsaron políticas que han profundizado una privatización oligopólica de gran magnitud en diversos sectores, en especial la educación y la minería, a pesar de la oposición de un sector de la Concertación. Se puede conjeturar que, paradojalmente, la hoy llamada centroizquierda está pagando el costo de haber derrotado y expulsado a sus sectores críticos, mal llamados en la época «autoflagelantes», con un desborde actual por su izquierda que la supera de manera abrumadora y que no impide el crecimiento de la extrema derecha.
La larga lucha política por revertir la restauración oligárquica y la situación estructural de alta concentración de los ingresos, de la riqueza y del poder económico sigue siendo el fondo del asunto, frente a lo cual no hay demasiada medianía y neutralidad posible. En esa tarea está contribuyendo el actual gobierno con los aumentos de la pensión universal y el salario mínimo, su política del litio, la jornada laboral de 40 horas, la reforma tributaria, los suplementos de asignación familiar, entre otras iniciativas, que deben profundizarse y ampliarse y ser concordadas cada vez que sea posible con las fuerzas sociales organizadas, y ser defendidas en el parlamento aunque no siempre logren los votos necesarios.
Las fuerzas políticas que podrían estar de acuerdo con un reposicionamiento estratégico de este tipo tendrían un lugar natural en el gobierno, incluyendo la Democracia Cristiana, como una sola coalición y con la contrapartida de defenderlo lealmente en el parlamento y en la sociedad.
El gobierno y su coalición no debieran consumirse en los aleas del consejo constitucional y dejar a los republicanos de Kast en el laberinto que ellos mismos han creado, dominando un órgano en el que no creen. Nada podrá ser distinto que un rechazo a fin de año a lo que salga de ahí.
El gobierno, en cambio, debiera centrarse en reactivar la economía, lo que supone que el ministro de Hacienda Marcel ponga más claramente en su lugar al Banco Central, se acentúe el empuje por la regalía minera, se haga avanzar la agenda laboral y previsional con la ministra Jara, se afinen las políticas sociales con el ministro Jackson y el permanente trabajo por equidad de género con la ministra Arellano, así como el impulso a la política del litio, el apoyo a las pymes y la defensa del consumidor con el ministro Grau. El gobierno debe pensar en poner en el centro de su agenda tanto la movilización por los mencionados objetivos nacionales, para lo que cuenta con el eficiente soporte comunicacional de la ministra Vallejo, como un reforzado énfasis territorial de sus acciones sectoriales, junto con mejorar la gestión cotidiana en todos los órganos de administración, desterrando el clientelismo.
Este énfasis territorial debe incluir, como es natural, la política de vivienda y de transformaciones urbanas, en este caso las impulsadas por el ministro Montes, y políticas de reorganización del ordenamiento territorial urbano-rural que podría encabezar el ministro Valenzuela. Y también nuevas acciones descentralizadoras y de reforzamiento de funciones y atribuciones de los gobiernos regionales, junto a un mayor fortalecimiento institucional de los municipios y de su vínculo con la participación a nivel local.
Estas tareas deben ser impulsadas por la ministra Tohá, que no debiera solo ocuparse de una seguridad pública que tiene un buen apoyo en el nuevo ministro de Justicia Cordero, y que es en lo esencial responsabilidad cotidiana de las policías y de gendarmería, sino también de los temas territoriales. La jefa política del gabinete los conoce bien y forman parte de sus competencias como Ministra del Interior. El Presidente debiera naturalmente conservar a sus colaboradores de confianza, como corresponde al régimen político vigente, mientras el resto del gabinete debiera ser reorganizado por él en su momento para hacer posible una coalición de gobierno competente, ampliada, dinámica y coherente con las realidades parlamentarias y los desafíos políticos del futuro próximo.
