La hora de la xenofobia como arma política

En La Mirada Semanal

Desde hace ya un tiempo, la alcaldesa y precandidata presidencial, Evelyn Matthei, encabeza, junto a José Kast, la degradación irresponsable de las posiciones de la derecha exacerbando la frustración y el miedo frente a la delincuencia y ahora buscando crear un falso nexo entre crímenes y extranjeros. La delincuencia es, desgraciadamente, una realidad que acompaña a todas las sociedades, especialmente a las más desiguales y con mayor marginalidad social, junto a instituciones integradoras débiles o directamente violentas. Actuar contra ella y contra sus causas es una tarea permanente y ardua, frente a la cual no caben las irresponsabilidades.

Ha declarado la alcaldesa Matthei: «hay crímenes que nosotros en Chile no veíamos, esas son personas extranjeras. ¿Por qué los tenemos que aguantar en Chile? Si cuando una persona delinque ‘pa’ afuera’, hay que deportarlo, si nuestras cárceles ya están llenas”. Como se observa, se busca de mala fe difundir la idea de que crímenes «que no veíamos» (¿cuáles?) son cometidos por extranjeros como si no hubiera delincuentes chilenos involucrados mayoritariamente en todos ellos. Lo que cabe es perseguir a la delincuencia, cualquiera sea su nacionalidad, especialmente las bandas violentas del crimen organizado y sus ajustes de cuentas. En materia de deportación de los delincuentes extranjeros, cabe recalcar que  ya se aplica cada vez que es posible (237 casos en lo que va de año). Lo que no es posible es hacerlo sin más trámite: ¿hacia dónde? Tal vez la alcaldesa no sabe, o no le interesa saber, que el espacio aéreo venezolano, por ejemplo, está cerrado para vuelos con deportados desde Chile y que cada caso de expulsión supone superar trabas diversas con interlocutores de países soberanos.

Todo este ruido se inscribe en la disputa por el liderazgo de la derecha, que ya ha usado políticamente por largo tiempo la delincuencia sin escrúpulos, salvo cuando está en el gobierno, claro. Ahora ha llevado el tema al punto que pareciera que la hubiera inventado el presidente Boric y que la acción policial y judicial fuera inexistente. Y este sector político ha cruzado un umbral al empezar a mezclar delincuencia con inmigración y utilizar la xenofobia anti inmigración contra el gobierno, después de que Piñera en persona alentara abiertamente a la población venezolana a migrar a Chile.

Todo este ruido se inscribe en la disputa por el liderazgo de la derecha, que ya ha usado políticamente por largo tiempo la delincuencia sin escrúpulos, salvo cuando está en el gobierno, claro.

El problema es que se trata de una postura irresponsable, pues puede terminar por quebrantar artificialmente a la sociedad chilena. Hay del orden de 1,6 millones de extranjeros en Chile, de los cuales cerca de un millón ha llegado desde 2015 por las distintas circunstancias que atraviesan países de América Latina y el Caribe, especialmente el colapso social de Venezuela y de Haití. Los no nacidos en Chile son hoy un 8% de la población, cifra inferior a la de los países de altos ingresos: el promedio OCDE es de 14%, con 27% en Nueva Zelandia, 29% en Australia y 30% en Suiza. En el mundo moderno no hay solo globalización del comercio y de las inversiones, también hay inmigración. El difícil desafío es evitar una inmigración irregular masiva y sin derechos y encauzarla en magnitudes prudentes por la vía legal y con una integración adecuada. Recordemos que el presidente Boric solo lleva un año en el cargo y que su administración hace lo necesario con los medios de que dispone. La inmigración irregular ya cuenta con más instrumentos de control, incluyendo los patrullajes de las FF.AA. en la frontera norte.

La derecha parece haber olvidado el cero resultado con aquello de «narcos, tienen los días contados» y «a los delincuentes se les acabó la fiesta» de Piñera. Un poco de pudor debiera llevar a este sector político a moderar sus exigencias quiméricas de delincuencia e inmigración cero y dejar de mezclar ambos fenómenos. Y el resto debiera resistir con más claridad y decisión, aunque aparezca como impopular en lo inmediato, la carrera frenética para establecer un Estado militar-policial sin límites y con más y más populismo punitivo en materia legal y de acción de la fiscalía, con insospechadas consecuencias eventuales para el sistema penitenciario.

Mantener una inmigración ordenada en los tiempos actuales no es una tarea fácil sobre la que se pueda, además, especular alegremente. Lo que se puede y debe hacer, como ya ocurre, es mejorar el control de fronteras, establecer lugares de estadía temporal digna para los inmigrantes irregulares y trabajar por vías diplomáticas sobre la principal presión migratoria, la que se origina en la situación de Venezuela y que también presiona a otros países andinos. Y no olvidemos que si la inmigración es una realidad hoy en Chile, también lo ha sido en el pasado. ¿O no es de origen inmigrante Evelyn Matthei, como lo es José Kast, hijo de un oficial nazi refugiado en Chile luego de haber dejado Alemania con papeles falsos?

El desafío es que la política contribuya a valorar la idea que este es un país construido por inmigraciones sucesivas, desde las originarias de los primeros pueblos, que también vinieron ancestralmente de otros continentes, y de posteriores colonizaciones e inmigraciones europeas y latinoamericanas. Pese a quien le pese en su búsqueda irrisoria de inexistentes purezas étnicas, Chile es un país de mestizaje destinado a ser cada vez más igualitario, integrador y respetuoso de todas las diversidades, incluyendo las autonomías de los pueblos originarios en un Estado común, para riqueza y orgullo de los humanos que vivimos en esta tierra.

Países y violencias

En El Mostrador 

Ksenia Bolchakova y Veronika Dorman son dos periodistas rusas que han publicado recientemente un libro sobre su país y hecho un programa de TV sobre el mismo tema en Francia. Exploran los resortes de la sumisión voluntaria del individuo ruso, en una sociedad en la que las jerarquías en siglos de historia repiten que este no es nada, y en todo caso no un ciudadano sino a lo más parte de un engranaje. Reflexionan las autoras sobre la omnipresencia de la violencia, que señalan no esperó la guerra con Ucrania para penetrar cada intersticio de la sociedad rusa, desde las prisiones hasta la intimidad de los hogares. Reseñan que la violencia, la dominación, la ley del más fuerte rigen no solo la relación entre el Estado y la población, sino también las relaciones entre individuos en la empresa, la escuela o el hospital.

Guardando las distancias, algo de esto se puede reconocer en nuestra realidad. Por momentos pareciera que no logramos tampoco salir de la dominación oligárquica ancestral y del patriarcado en Chile, que no deja de concebir el modelo de la hacienda como el único modo de constituir las relaciones sociales. Y su consecuencia: la violencia que se proyecta en el Estado, las instituciones y las empresas, con el trasfondo del modelo de la ley del más fuerte en la vida cotidiana.

La tesis de la mano dura y del gatillo fácil como respuesta al clima mediático exacerbado sobre la delincuencia, más o menos asimilada a la inmigración y con la pretensión de extenderla a todo “desorden” y a todo lo distinto de lo tradicional, encuentra un amplio eco no solo en la llamada opinión pública sino también –y cada vez más– en la elite política posmoderna de distinto signo. Se trata de aquella que ya no sorprende con su ausencia de convicciones y de visión de país más allá de las encuestas y de los matinales de TV, en un contexto en que se han debilitado los muros de contención cultural a las respuestas bárbaras a las barbaridades. Pocos se atreven a impugnar la violencia constituida en ideología del orden como cimiento de popularidades efímeras. En esta lógica, el paso siguiente será una nueva degradación: la manipulación masiva de la xenofobia, de la que ya existen signos preocupantes. Según la encuesta Bicentenario 2022 de la UC, un 71% de la opinión pública cree que “hoy en Chile existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes”, al tiempo que paradójicamente solo un 7% declara haber tenido frecuentes “malas experiencias” con esos mismos inmigrantes.

Mientras, demasiada gente manifiesta hoy una absoluta ausencia de sentido de la proporcionalidad en la acción punitiva del Estado y un desprecio a la idea misma de Estado de derecho y de debido proceso ante las infracciones a la ley. Olvidan esas personas que es una garantía de preservación de la dignidad humana, incluyendo la suya propia. La ceguera punitiva y la idea de una sociedad con una supuesta delincuencia cero e inmigración cero es estimulada irresponsablemente desde los grandes medios de comunicación. El fondo del asunto es que sus dueños, la oligarquía dominante conservadora, no se resigna a aceptar la rebelión social de 2019, las evoluciones culturales globales y la existencia persistente de alternativas que impugnan su dominio ilegítimo sobre las instituciones, los medios y la economía. Es lo que quisieron hacer desaparecer hace 50 años. Y ahora se empeñan en debilitar al Gobierno del Presidente Boric con el pretexto de un supuesto desborde de la delincuencia y la mayor presencia del crimen organizado, como si esta fuera de responsabilidad de quienes gobiernan desde hace solo un año y Sebastián Piñera no hubiera estimulado la inmigración venezolana sin límites.

Esta ceguera de los grupos dominantes, con una capacidad de influir en la sociedad que ha vuelto a demostrar el 4 de septiembre de 2022, pretende impedir que la sociedad pondere suficientemente la relevancia fundamental de la democracia, del Estado de derecho y de su extensión necesaria a un Estado social. Con ello se cultiva la acumulación de confusiones en la interpretación de las diferencias y conflictos en la vida social, que entre otras cosas terminaron por provocar los hechos de 2019, y se esconde el funcionamiento inadecuado de las instituciones y de las estructuras económicas y sociales. A su vez, destaca la creciente ausencia de ideas y formulaciones sólidas en diversos grupos dirigentes, que han sido reemplazadas progresivamente por la cultura de la liquidez y la adaptación irreflexiva, y con frecuencia irresponsable, a los humores y circunstancias del día.

El problema es que, cuando se cruzan ciertos umbrales, se avanza aceleradamente a una regresión hacia una ciudadanía inexistente y al individuo inexistente en los engranajes de las estructuras de dominación. Sus promotores usuales son los que en la extrema derecha recogen sin escrúpulos la reivindicación de la violencia estatal y aprovechan la confusión discursiva y práctica de las fuerzas democráticas. Pero también hay espejos miméticos en una cierta izquierda circunscrita a consignas y banderas autosatisfactorias y en aquella que, al defender Estados agresores como el ruso y regímenes democráticamente inaceptables como el venezolano o el nicaragüense, no termina de encajar con el temperamento democrático, que es la condición de existencia y oxígeno cotidiano de toda izquierda y humanismo verdaderos. Las ambigüedades al respeto no son una apertura a la complejidad, sino a debilitar la médula de la capacidad de convencer establemente a la mayoría de la necesidad de la democracia política y social-ecológica como alternativa al desorden individualista y desigual de la sociedad de mercado.

Siempre se puede, frente a esta situación, caer en el pesimismo y la inacción. Pero también se puede pensar que hay suficientes rasgos culturales de respeto a la dignidad humana y los valores democráticos en al menos una parte del espectro político y social chileno, como para que funcionen como antídotos eficaces frente a la degradación que se respira cada vez más en el país.

La economía en la encrucijada

En La Nueva Mirada

Las perspectivas de la economía para los próximos meses siguen siendo inciertas. Puede producirse tanto un crecimiento leve como una recesión, pues la política fiscal ha expandido la inversión y el consumo público y aumentado algunas transferencias a las familias. Pero el Banco Central arriesga que se pierda lo ganado en la recuperación post pandemia por medir mal las expectativas y no bajar la TPM a tiempo, limitando el crédito a las empresas y a las personas. Por el momento, el empleo creció en los dos primeros meses del año y lo mismo ocurrió con las exportaciones de bienes, pero han emergido nuevas tensiones en el sistema financiero internacional que apuntan a un menor crecimiento global que puede afectar al de la economía chilena pero también disminuir la inflación importada. 

En lo que va de 2023, la economía sigue absorbiendo los desequilibrios originados en la fuerte expansión de la demanda interna de 2021. El proceso reciente no solo generó desequilibrios, también tuvo el mérito de producir una salida de la crisis pandémica a un ritmo muy superior al promedio mundial, a pesar de originarse en un desborde de la gobernabilidad económica durante Piñera. Se revirtió así el hecho que en la década de 2010 la economía chilena se distanció del crecimiento promedio mundial por primera vez desde 1980, con ministros de Hacienda aplicando políticas cada vez más ortodoxas.

Fuentes: Banco Central de Chile y Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database.

Recordemos que la economía es dinamizada por la demanda interna, compuesta mayoritariamente por el consumo de las familias y de los servicios de gobierno, y en menor medida por la inversión pública y privada, así como por la demanda externa, constituida por las exportaciones de bienes y servicios netas de importaciones. Un exceso de demanda agregada  sobre las capacidades de producción puede conducir a más inflación, pero ajustes por inflación importada y restricciones temporales de oferta que provocan aumentos de costos por una vez no justifican una política monetaria y fiscal restrictiva. A su vez, un déficit de demanda agregada, como el de la década hiper-ortodoxa, disminuye el crecimiento. Este es el caso cuando se mantiene una política que se centra en maximizar las utilidades de las empresas, especialmente las orientadas a la exportación, lo que aumenta la desigualdad de retribuciones entre capital y trabajo, aumenta la inestabilidad, hace operar a la economía por debajo de sus posibilidades y disminuye esas posibilidades en el largo plazo. La insuficiencia de la demanda termina por comprimir la previsión de flujos futuros de ingresos, que son la clave de las decisiones de inversión. 

 

Fuente: Banco Central de Chile.

En la coyuntura, la gran interrogante sigue siendo:  ¿es necesaria una recesión -como la que pronostica el FMI en 2023- para hacer bajar la inflación? Para esto, se debe responder a otra pregunta:  ¿la inflación se debe a un exceso de demanda interna o primordialmente a factores externos? 

Constatemos que por el momento se mantiene un cierto dinamismo productivo. En el trimestre diciembre-febrero se registró un crecimiento sobre el anterior de 0,4%. Anualizado alcanza un 1,6%, que no es boyante pero mejor que una recesión, después de caídas en los tres primeros trimestres de 2022 y una leve recuperación en el cuarto trimestre. Aunque la producción es superior a la existente al inicio de la pandemia de Covid, aún no se recupera el nivel de ocupación previo a la crisis. El retraso se expresa en que la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar pasó de 58,2% hace tres años a 50,6% en el segundo trimestre de 2021, el momento más bajo, y a 55,8% en el registro más reciente. 

Pero hay una persistencia en la creación de empleo (este creció en el trimestre diciembre-febrero en 0,4% en términos desestacionalizados respecto al trimestre previo) que es una señal de resiliencia de la actividad frente a la política monetaria restrictiva en aplicación, pero su evolución futura es incierta precisamente por la persistencia de esa política, que busca actuar sobre el brote inflacionario iniciado en el segundo semestre de 2021. 

En ritmo anual, la inflación siguió su curso descendente y pasó de 12,3% en enero a 11,9% en febrero y a 11,1% en marzo. El peor mes fue el de agosto de 2022, con un 14,1 % de inflación anual, por los efectos de los desajustes globales de oferta y demanda en la salida de la pandemia y luego por la guerra de Ucrania, que disparó entre marzo y agosto los precios internacionales de la energía y los alimentos. El hecho es que estos precios han tendido a bajar desde entonces, con altibajos, atenuando la inflación doméstica. Son bienes que ostentan precios internos determinados de manera más o menos inmediata por el valor internacional de sus insumos y por el tipo de cambio peso/dólar. Son los que causaron el grueso del brote inflacionario ocurrido desde principios de 2021, lo que ha sido subestimado sistemáticamente por un Banco Central que insiste en la idea de un exceso de demanda interna.

El  IPC sin alimentos y energía, la llamada inflación subyacente, registró un aumento de 1,4% en marzo, un mal dato que incidió en el IPC mensual de 1,1%.  Este índice subió de 8,6%, a 9,1% y a 9,4% anual en los tres últimos meses registrados, fruto de los impactos “de segunda vuelta” frente al incremento de los precios de insumos básicos como los combustibles, que se difunden en la economía con más lentitud que los de los bienes de consumo directamente importados. Lo propio ocurrió con la inflación de bienes no transables internacionalmente, que sigue una evolución muy similar al IPC subyacente SAE (sin alimentos y energía), como se observa en el gráfico. Este dato es el que subraya el Banco Central para negarse a bajar la tasa. 

En cambio, los alimentos subieron sus precios promedio en febrero en solo 0,4%, mientras los del transporte bajaron en -0,7%.  Lo nuevo es que en los precios de algunos servicios, que habían experimentado una inflación menos intensa, incluso con bajas en el sector de las comunicaciones, la situación cambió drásticamente en marzo. En el caso de la educación, se registró un incremento de precios de nada menos que 10,8% en un solo mes, lo mismo que todo lo acumulado desde enero de 2021. Este ha sido un caso excepcional, junto al 2,2% de cultura y recreación, pues otros servicios en marzo bajaron sus precios, como las comunicaciones (-0,1%), o bien los aumentaron más levemente, como la salud (0,2%), restaurantes y hoteles (0,5%) y la vivienda y servicios básicos (0,7%). Los servicios de educación no reajustarán sus precios en los meses siguientes, por lo que este factor dejará de presionar el IPC. Debiera, en todo caso, producirse una vigilancia de la competencia en este sector por la Fiscalía Nacional Económica, que en general brilla por su ausencia, pues se trata de aumentos desmedidos. Lo propio ocurre en otros sectores, en los que los márgenes han aumentado, dados los resultados en materia de utilidades de las principales empresas. El caso más notorio es el de las empresas de electricidad, con utilidades que aumentaron en 210% en 2022. 

Mantener el horizonte de inflación en 3% en 24 meses es una política razonable, aunque una meta de 4% sería más pertinente para permitir ajustes de precios relativos con cierta holgura sin gatillar políticas restrictivas, siempre en la perspectiva de mantener una demanda interna dinámica. Este es exactamente el escenario con los datos de hoy pronosticado por el Banco Central: "las proyecciones de este IPoM indican que, en el escenario central, la inflación total seguirá reduciéndose en los próximos trimestres y convergerá a la meta de 3% en la última parte de 2024. La inflación finalizará 2023 en 4,6% anual". Por ello, no se justifica mantener una política monetaria tan restrictiva como la actual, con cálculos dudosos sobre las expectativas de inflación futura por parte de los agentes económicos. 

La insistencia del consejo del Banco Central en querer disminuir sustancialmente el consumo, para lo que se requiere entre otras cosas aumentar el desempleo con la ayuda de la política monetaria y provocar una recesión, es una recomendación de política a la que es difícil encontrarle algún fundamento analítico o empírico consistente. Se observa cada vez menos en las economías actuales una relación de signo inverso entre aceleración de la inflación y bajas en la tasa desempleo y por tanto aumentos del consumo (la llamada curva de Phillips). En Chile, coexisten años de aceleración de la inflación con alto desempleo y otros de menos inflación y también alto desempleo (ver el gráfico). Lo propio ocurre con la relación simple entre inflación y desempleo, que parece permanecer en una situación inversa en las grandes economías, pero con menos intensidad, con una curva más plana que en el pasado.

 

Fuente: a partir de INE.

El incremento temprano y desmedido de las tasas de interés no ha influido sobre la inflación importada, porque no tiene como hacerlo, ni tampoco afectado aún demasiado el empleo, como es su voluntad por una interpretación ortodoxa de la Curva de Phillips, pero si lo ha hecho de manera significativa en materia de inversión. Según el propio Banco Central, "muestra un débil desempeño desde hace varios trimestres", pues "el nivel de la formación bruta de capital fijo se mantiene estancado desde mediados de 2021", lo que "es coherente con un escenario en que el costo del crédito aumentó; las expectativas de los empresarios se deterioraron; y la incertidumbre político-económica local fue elevada". En el caso de los dos primeros elementos (costo del crédito y expectativas) la equivocada política del Banco Central es la que ha tenido la principal responsabilidad en el deterioro de la inversión, mientras su apreciación sobre la "incertidumbre político-económica local" es a lo menos discutible. Convengamos que no es exactamente su especialidad. 

El fondo del asunto es que no hay evidencia sobre un "exceso de gasto” (dicho sea de paso, muchos bancos centrales tienden a subestimar los márgenes de expansión no inflacionaria del gasto por las metodologías de medición que utilizan), lo que desde luego no es el caso de la inversión. Hubo un fuerte incremento de la demanda interna en 2021, pero no dificultades persistentes de suministro o cuellos de botella productivos. Al contrario, la reactividad de la oferta ante aumentos de demanda es una característica de buena parte de la economía chilena actual, en especial los servicios. 

Asimismo, se ha corregido el desequilibrio externo (expresado en la cuenta corriente de la balanza de pagos), que experimentó fuertes incrementos en los pagos al exterior por servicios y por remesas de utilidades de las empresas mineras, además de un incremento desmedido de las importaciones de 53% en 2021, el que bajó a 12% en 2022. Según el propio Banco Central, "en el último trimestre de 2022, el déficit de la cuenta corriente tuvo un descenso relevante y los datos parciales del primer trimestre de este año apuntan a que el déficit externo seguiría reduciéndose". El financiamiento del déficit ha estado asegurado por el buen comportamiento de la inversión extranjera y de la inversión de cartera que ingresa a Chile y en un tercio por el uso de reservas.

Seguir bajando la inflación no requiere provocar una crisis mayor. No obstante, el consejo del Banco Central sigue buscando equivocadamente precipitar una sustancial baja en el consumo, con la consecuencia de llevar la economía a una recesión y una crisis de desempleo. Es de esperar que la política de gobierno no haga un seguidismo con ese enfoque y mantenga una política fiscal expansiva.

Sobre la inseguridad y la concentración del ingreso

 En El Mostrador

Nuestro país se ha visto envuelto de manera insólita y obsesiva en el tema de la seguridad. La muerte lamentable de tres carabineros en actos de servicio en lo que va de abril parece tener un significado muy distinto que otras muertes, como el fallecimiento diario del orden de diez personas por COVID, o que se produzcan 4.500 defunciones cada año porque un 60% de la población está expuesta a concentraciones de material particulado superiores a lo permitido, o que unas 600 mil personas padezcan subalimentación (hambre persistente), conducente a muertes prematuras.

La esfera pública está sometida a la máquina mediática de fabricar temor a la delincuencia, que paraliza y excluye casi todo lo demás. Una mayoría está convencida de que “el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico”, lo que es falso. En respuesta, las autoridades discurren cotidianamente sobre “la crisis de seguridad”, lo que será de nunca acabar. Delitos se cometen todos los días y ocurrirá incluso cuando las policías aumenten su eficiencia y se controle todo el crimen organizado y bajen todos los índices de delincuencia.

Entretanto, nadie menciona demasiado que mientras en 2022 el ingreso nacional real creció en 1,5%, las empresas que entregan resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (550) obtuvieron un incremento anual de sus beneficios de 49%. Sumaron 45,9 mil millones de dólares, con 10 empresas que concentran un 51% de esas ganancias. Estas constituyen el corazón de la oligarquía económica chilena. Dos pertenecen al sector de materias primas y dos al financiero. Quiñenco y Antofagasta PLC, del grupo Luksic, dueño de un canal de TV, sumaron ganancias por 5,7 mil millones de dólares. SQM, tras el boom del precio del litio en 2022, consiguió beneficios por 3,9 mil millones de dólares, un alza de 567%. Las empresas del grupo Matte sumaron utilidades por 2,2 mil millones y AntarChile, de la familia Angelini, obtuvo utilidades por 924 millones de dólares. El sector eléctrico fue el que ostentó el mayor aumento de ganancias, nada menos que un 210%, y sumó 2,9 mil millones de dólares, lo que revela que el sistema tarifario no está repercutiendo como debiera en las bajas de costos de producción sobre el consumidor.

No es de extrañar, entonces, que las 30 empresas del IPSA hayan subido su valor en bolsa en 128% en 2022. En contraste, los salarios reales cayeron en -1,8%. Cuando han crecido en años previos, ha sido a un menor ritmo que el del ingreso nacional. Como resultado, la mitad de los ocupados ganaba menos de 528 mil pesos en 2021, el dato más reciente del INE. Vale la pena recordar lo dicho por Warren Buffett en 2014: "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando".

El problema no es que se remunere el capital invertido, es la magnitud de esa remuneración en contraste con la del trabajo. Y más aún cuando se trata de sobreutilidades por la apropiación privada de rentas de escasez (recursos no renovables) o de monopolio, lo que se agrava con la negativa tanto a pagar impuestos suficientes (SQM debe 745 millones de dólares de regalía por el litio que sostiene no le corresponde pagar) como a terminar con las rentas de monopolio y respetar con rigor las reglas laborales y ambientales. Así, “la desigualdad factorial” en la retribución del capital y del trabajo sigue aumentando. El aumento de la regalía minera sigue sin avanzar y no se legisla sobre negociación colectiva supraempresa. Mientras, sigue bloqueada la posibilidad de disminuir “la desigualdad de las familias”, que se puede aminorar a través de impuestos progresivos y transferencias, pues la derecha y sus aliados en el Parlamento se niegan siquiera a la posibilidad de legislar en la materia.

Tampoco hay un mayor debate sobre los cambios estructurales en curso. Citemos al economista Daren Acemoglu: "El poder predictivo de los algoritmos se podría usar para servir a la gente en vez de reemplazarla. Por desgracia, nadie presta atención a estas oportunidades, porque la mayoría de los directivos de empresas tecnológicas estadounidenses siguen apostando al desarrollo de software que pueda reemplazar a los humanos en tareas que estos ya hacen bien. Saben que podrán ganar dinero fácilmente vendiendo esos productos a corporaciones que han desarrollado una visión de túnel. Todo el mundo está enfocado en aprovechar la IA para reducir costos laborales, y a nadie le interesan ni la experiencia inmediata de los clientes ni el futuro del poder adquisitivo de la gente".

Si esto es así, la defensa de una mayor seguridad para el mundo del trabajo y de la cultura parece estar más que vigente, y debiera alimentar la agenda pública. ¿O dejó de tener sentido un Estado social que contribuya a que el trabajo sea decente, creativo y protegido y que la negociación colectiva de los salarios permita una mejor distribución del excedente económico entre capital y trabajo? ¿Y que las tarifas y precios no abusen de los consumidores? ¿Y que se socialice una parte de ese excedente para el financiamiento de más bienes públicos de uso colectivo, una mejor cobertura de los riesgos de enfermedad, desempleo y vejez sin ingresos y más redistribuciones al margen del mercado? Establecer una tributación progresiva, financiar y gestionar mejor los servicios estatales y expandir la inversión pública para avanzar en diversificación productiva, ciudades y territorios sostenibles e infraestructuras para la resiliencia ambiental crearían, además, condiciones macroeconómicas más favorables para aumentar la prosperidad colectiva, el pleno empleo y la estabilidad de precios, contrariamente a la leyenda neoliberal. La concentración del ingreso en los poseedores de capital no crea una demanda efectiva suficiente para dinamizar la economía ni menos aumenta la productividad.

¿Conclusión? La inercia del dominio oligárquico considerado como un hecho natural y de un Estado militar-policial reforzado es una respuesta posible a los desafíos del país. Pero hay otras, como las propias de un Estado democrático y social de derecho. El poder oligárquico busca bloquear en todo lo que pueda los cambios constitucionales y circunscribir el espacio público al tema de la inseguridad. Aunque no para hablar de sus causas, como la desigualdad y la globalización del crimen organizado, sino de sus manifestaciones más sensibles, cuando no truculentas. El problema es que es una ilusión pensar que las dinámicas concentradoras, que son la fuente principal de inseguridad estructural en la sociedad, van a dejar de producir sus efectos polarizadores simplemente porque no se hable de ellas.

Sobre el orden público y la legislación de matinal

En El Mostrador

El número de denuncias de delitos de mayor connotación social por cada 100 mil habitantes cayó en un 42,4% entre 2012 y 2022, según los datos recopilados por la consultora Unholster. Esto quiere decir que no hay un desborde de la delincuencia, por doloroso e inquietante que sea cada caso producido para las víctimas y sus entornos. En cambio, el número de homicidios pasó de 824 en el año 2004 a 2.795 casos en 2020 y bajó a 2.427 en el año 2021, de acuerdo a los datos del Ministerio Público. La información de la Subsecretaría de Prevención del Delito indica 934 casos para 2022 y que la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes pasó de 2,8 en 2012 a 4,7 el año pasado.

Este significativo incremento de las muertes violentas es en parte atribuible a una nueva situación, la que ha corroído a otros países de América Latina: los ajustes de cuentas entre mafias organizadas que pugnan de manera sangrienta por controlar los territorios y circuitos del narcotráfico y la economía ilegal y sus ganancias. Aunque Chile no sea un productor ni exportador significativo de drogas, esta nueva situación debe atacarse adecuando a las policías sobre nuevas bases tecnológicas y de inteligencia. Esto es indispensable para avanzar en el objetivo de desmantelar la gran amenaza que es el crimen organizado, que requiere de una mucho mayor eficiencia y contundencia policial. El actual Gobierno está ayudando a incrementarla, lo que ya se observa en mejores resultados en diversos casos, sin olvidar que su complemento indispensable es la policía de proximidad, la que interactúa con los vecinos, los municipios y las entidades públicas de distinta índole para aumentar la seguridad humana en todos los rincones del territorio.

Esto no tiene nada que ver con introducir impunidad en el uso indebido de armas de servicio, como ha sido la respuesta de aquella parte del sistema mediático y político propenso al alarmismo y al uso político y electoral de la delincuencia. Las policías no deben ceder a cantos de sirena y cumplir su tarea siempre en el marco de la legalidad, lo que implica mantener un uso reglamentado y proporcional de las armas de fuego que la ciudadanía pone a su disposición, incluyendo el que se despliega para su legítima defensa en situaciones críticas. No se debe ceder ante el populismo penal impulsado por los matinales de televisión en busca de audiencia ni ante la presión por desresponsabilizar a los agentes públicos en el uso de armas de fuego. Esto tiene como horizonte la conformación de un Estado militar-policial violento y descontrolado, un remedio mucho peor que la enfermedad.

No deben olvidarse algunas situaciones de fondo en materia de seguridad. Carabineros, que es una institución con 60 mil miembros dotada de armamento suficiente y con un alto presupuesto, mantiene un aprecio colectivo por su rol de protección y ayuda a la población en todo el territorio y por su función auxiliar de la justicia. Pero enfrenta dos serios problemas frente a la sociedad.

El primero de ellos es que en Carabineros –y en alguna medida en la PDI– se realizó por largo tiempo un desfalco sistemático de recursos públicos organizado por altos oficiales, hoy perseguidos por la justicia, que es el de mayor envergadura en la historia de Chile. Esto no hace de este cuerpo una institución ejemplar en la materia en el pasado reciente. Para recuperar su pleno prestigio ante la ciudadanía y su rol en el orden democrático, debe terminar con una cierta cultura interna de no responder ante nadie por sus actos, incluyendo en algunos casos, como se ha visto, ilegalidades. Debe, en cambio, ampliarse una cultura de mayor convivencia con la rendición de cuentas ante la sociedad, la superioridad civil y los órganos contralores y de administración de justicia. Carabineros debe reformar en profundidad sus métodos de gestión y el control del uso de los recursos presupuestarios puestos a su disposición por la ciudadanía, además de acentuar la equidad de la distribución de sus recursos humanos y materiales en el territorio. La aguda demanda social de lucha inmediata contra la delincuencia no debe ser una excusa para dilatar o no realizar estas reformas indispensables.

El segundo problema es el de las violencias policiales (y militares, en su caso). Estas fueron generalizadas en el proceso de la rebelión social de 2019 y meses y años siguientes, con centenares de lesionados por la fuerza pública. Esto se tradujo en un maltrato generalizado a los miles de detenidos, incluyendo agresiones a mujeres, y la grave situación de daño a personas que terminaron con lesiones oculares irreparables por disparos de balines de goma y disparos horizontales de bombas lacrimógenas al rostro realizados por oficiales (lo que pude observar personalmente en la calle).

Se trata de delitos cometidos por quienes tienen el deber de proteger a los ciudadanos, incluso cuando se manifiestan, y no de perseguirlos, agredirlos o lastimarlos gravemente. Las policías (y los militares en los Estados de Excepción) deben ser un factor de control y no de ampliación de los desórdenes públicos. Las fuerzas del orden deben actuar a tiempo, lo que no siempre hacen, y simultáneamente autocontenerse. Si responden con violencia indebida, su rol pierde la legitimidad que requiere el control de las destrucciones de bienes públicos y de personas. Deben modificarse los conceptos que presiden la acción del personal de resguardo del orden público, sin olvidar nunca que el derecho a manifestarse es una garantía constitucional.

Por su parte, la retórica de violencia contra Carabineros, cuyo emblema es el "perro matapacos", es inapropiada, indefendible y nunca debe ser aceptada por ninguna fuerza política responsable. Los que la adoptaron frívolamente en algún momento debieran, como ha instado el Presidente Boric, revisar su sentido democrático y humanitario. Manifestarse y/o condenar las violencias policiales es una cosa, insinuar simpatías por matar a miembros de una institución pública es otra muy distinta. Se trata de personas que deben gozar del mismo derecho a la integridad y dignidad que cualquier otra. Y menos debe tolerarse bajo ninguna circunstancia la violencia delincuencial contra las fuerzas del orden público y los asesinatos de uniformados. Tampoco debe tolerarse de modo alguno que el derecho a manifestarse se transforme en sinónimo de agresiones a personas con o sin uniforme y destrucciones violentas de bienes comunes.

Así, el cambio de enfoque de Carabineros en la contención de los desórdenes públicos y la presión social de los que legítimamente se manifiestan sobre los que realizan destrucciones y violencias con el pretexto de manifestarse, se pueden combinar de manera virtuosa y cambiar la degradación de la situación en las calles desde 2019, lo que en alguna medida ya viene ocurriendo.

Los problemas descritos deben abordarse con la urgencia requerida. Pero nunca se debe abandonar el trabajo sistémico sobre las causas de la delincuencia. Estas son económico-sociales (ausencia de oportunidades laborales decentes y de inserción creativa en la vida activa, con 428 mil jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni están ocupados en febrero de 2023, según el INE) y psicoculturales (individualismo negativo, degradación del respeto a las normas de convivencia, culto del matonaje y de la violencia, desvalorización del trabajo honesto como medio de vida y su mejoría como horizonte de cambio individual y social). Actuar sobre ellas en todos los ámbitos de la sociedad y por todos sus actores es lo que al final de cuentas logrará hacer retroceder la delincuencia, junto a una actuación policial y judicial apropiada.

La elección del 7 de mayo

 En El Mostrador

A poco más de un mes de la elección de consejeros constituyentes, no se observa en el país una mayor motivación en la materia. El desgaste de la temática constituyente ha sido importante desde la secuencia de la rebelión social de 2019, el plebiscito habilitante de octubre de 2020, la elección de convencionales de mayo de 2021 y, finalmente, el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, que terminó frustrando los procesos previos.

El acuerdo político de diciembre de 2022 relanzó el proceso, pero supuso la recuperación del poder constituyente por el Congreso, contrariamente al pronunciamiento ciudadano mayoritario en sentido contrario de 2020. En este espacio institucional se expresa en plenitud el peso de la derecha en el uso de los vetos derivados de los altos quórums existentes para la aprobación de normas constitucionales. Este sector impuso un sistema de elección que, como espejo del que elige a los senadores, limita severamente la proporcionalidad de la representación y establece una gran desigualdad del voto. Penalizar a la ciudadanía de las regiones más pobladas constituye una evidente anomalía democrática.

Se establecieron, además, limitaciones a la potestad de la instancia que será elegida el 7 de mayo próximo notoriamente impropias. Los representantes que resulten elegidos se encontrarán con temas que no podrán discutir y con un borrador hecho por “expertos”, en realidad representantes políticos de la derecha y la centroizquierda e izquierda nombrados por el Congreso. Estos podrán incluso observar articulados y participar en votaciones que diriman discrepancias.

Era todo eso o nada. De este modo, solo el voto obligatorio podrá salvar al nuevo proceso constituyente de una indiferencia generalizada.

Ante la imposibilidad de conformar una lista que agrupara a todas las fuerzas distintas a la derecha, como hubiera deseado el Gobierno, las izquierdas –agrupadas en una lista del PS y liberales más Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PC, FREVS y Acción Humanista)– probablemente habrán de señalarle a la lista autodenominada de centro –compuesta por participantes de la coalición de gobierno como el PPD y el PR y un partido que, como el PDC, no forma parte de él– que sus votos en muchos casos favorecerán la elección de más constituyentes de derecha. Esto resulta de la mecánica del poco proporcional sistema electoral del Senado adoptado para este evento (cifra repartidora con pocos escaños a elegir, en este caso de 2 a 5 según las regiones).

Es posible que los partidarios del Gobierno deban señalarle que puede volver a producirse un voto de castigo en su contra, especialmente por los temas de orden público y la ausencia de iniciativas sociales de envergadura. Promoverán seguramente una narrativa sobre seguridad que resalte los parámetros de acción que no estén al vaivén de los episodios delincuenciales, repercutidos hasta la saciedad por los grandes medios de comunicación y que por desgracia siempre se producirán (la cero delincuencia no existe). Seguirle la corriente al populismo penal no hace sino favorecer a la derecha, pues ese es su terreno.

Y posiblemente los partidarios del Gobierno plantearán la necesidad de más impulsos sociales que se agreguen a los ya logrados. Entre estos se cuenta el avance del proyecto de reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas y la aprobación del aumento del bono marzo y de la asignación familiar. Y también, asociados al universo que recibe esta última, los subsidios temporales a los precios de los alimentos a través de una tarjeta de compras electrónica. Este es un innovador mecanismo que debiera transformarse en un método permanente de devolución del IVA de productos básicos y medicamentos a los grupos de ingresos medios y bajos. Una mayor provisión de bienes públicos en urbanismo integrador y seguridad, un aumento progresivo de la pensión universal, de los subsidios familiares y a la vivienda, combinado con un nuevo plan de apoyo al cuidado de personas, podría terminar de configurar un sistema de redistribución justa de cierta envergadura que avanzaría en la disminución de las enormes desigualdades de ingresos y de bienestar existentes en nuestra sociedad. Esa envergadura será menor a la que podía concebirse antes del rechazo de la reforma tributaria, pero podrá tener niveles iniciales que tengan un impacto en la condición de vida de la mayoría. Y que generen una aprobación social que facilite nuevos cambios tributarios progresivos en el futuro próximo.

El Gobierno debiera, además, dar un fuerte impulso a una política del litio que recupere este recurso para el país, en vez de dejar su extracción y ganancias principales en manos de empresas privadas como SQM, que se ha permitido interferir de manera ilegal en las decisiones del sistema político y en las campañas electorales. Sus contratos de explotación en el Salar de Atacama no debieran ser renovados y ser puestos en manos de una entidad pública.

También debe fortalecerse Codelco y el cobro de regalías sustanciales a la minería privada, ampliando la capacidad recaudatoria antes que vaciando de contenido el proyecto de ley en tramitación. La nueva legislación debe incluir tasas muy altas sobre las ventas –eliminadas en el Senado– cuando se supere un umbral de precios del cobre, como estableció el proyecto aprobado en la Cámara. Centrar la regalía en los márgenes operacionales se presta para la elusión del pago, pues depende de información proporcionada por las empresas. La necesidad de una legislación seria sobre regalías no es arbitraria: todas las proyecciones indican un nuevo ciclo largo de altos precios del cobre.

Esta renta no tiene por qué seguir siendo regalada a inversionistas privados. Si esos recursos pertenecen a la colectividad, lo que es el caso desde 1971, es esta la que debe recibir su valor económico. Hacer otra cosa no sería congruente con cualquier idea de mayor progreso social y de retención nacional de la renta en las coyunturas de altos precios de los recursos naturales no renovables. Sin esto, la propia noción de Estado democrático y social de derecho carece de mayor sentido.

Tendencias de la economía chilena. Marzo 2023.

Centro de Políticas para el Desarrollo

Magíster en Gerencia y Políticas Públicas

La economía chilena exhibe un crecimiento en declinación en lo que va de siglo XXI en comparación a la economía mundial, con la excepción paradojal del último trienio. En la creación de valor agregado predominan crecientemente los servicios. Estos sustentan el grueso de los empleos, de los cuales un 27% son informales. El enfoque ortodoxo que persiste en materia de política monetaria y en parte en la política fiscal no augura perspectivas positivas para los próximos años.

Ver el texto.

Más allá de la coyuntura

En El Mostrador

El Gobierno del Presidente Boric es fruto de procesos difíciles y contradictorios. Derrotó por un buen margen a la extrema derecha, pero sin obtener mayoría parlamentaria, mientras ha debido luego enfrentar una realidad política e institucional adversa, con una derecha cada vez más radicalizada. El cuadro económico internacional no lo ha ayudado, agravado por un Banco Central que se ha empeñado en provocar una recesión en medio de la redefinición institucional del país. Y ha debido encajar dos derrotas de envergadura: la de las urnas del 4 de septiembre pasado y la ocurrida en el Parlamento el 9 de marzo en materia tributaria.

El Presidente Boric conformó su Gobierno enfrentando una gran fragmentación política de quienes lo apoyaron en segunda vuelta, y con algo así como dos coaliciones competitivas antes que integradas, y que todavía no llegan a ser una alianza para el período de gobierno. Los llamados a redefinir su programa tienen poco sentido, salvo que se entienda que se trata de deliberar con sus fuerzas de apoyo, lo que debe hacerse periódicamente, sobre los componentes de la agenda gubernamental etapa a etapa. Esta agenda debe incluir temas a plantear sin mayoría parlamentaria posible, pero válidos como opciones a discutir ante la ciudadanía y que saquen a la derecha y las oposiciones al pizarrón, y otros que deben construir una mayoría parlamentaria, con la que a priori el Presidente no cuenta, para evitar la parálisis gubernamental.

Todo esto ha obligado al Presidente Boric a realizar ajustes periódicos para consolidar su apoyo político. Quiso, además, innovar en diversos aspectos, como es propio de toda generación que aspira a cambiar lo existente, lo que no puede sino saludarse. Pero tal vez ha faltado una consideración mayor de aspectos estructurantes de la gestión del Estado.

Todos los Estados-nación en la historia se organizan alrededor de un núcleo de cinco funciones básicas: la mantención del orden interno, la administración de justicia, las relaciones exteriores, la defensa nacional y la gestión de las finanzas públicas. Se trata de las funciones "regalianas" o nucleares del Estado. No es que las demás no sean importantes, sino que éstas son estructurantes y permiten que las otras se puedan llevar a cabo. El sentido común indica que en esas posiciones no cabe experimentar demasiado y que se debe evitar divertimentos e improvisaciones. En la selección de sus responsables tiene sentido nombrar a personalidades con peso entre las fuerzas de gobierno y el sistema de partidos, que contribuyan a su equilibrio y articulación y posean aptitudes para prever y enfrentar situaciones imprevistas y presiones persistentes, además de contar con las capacidades sectoriales pertinentes y prestigio en la sociedad.

La cercanía con la persona a cargo del Estado o las exigencias parlamentarias puntuales, juegan en esto un rol, pero aceptable solo hasta un cierto punto. Cuando los colaboradores no cuentan ni con el peso político ni con la competencia suficiente, pueden terminar por no ser útiles a la tarea del jefe de Estado. Tal vez por ello al cabo de seis, nueve y doce meses, respectivamente, se ha debido producir cambios en tres de los cinco ministerios básicos (Interior, Justicia y Relaciones Exteriores).

La tarea que enfrenta el Presidente Boric es inmensa. Su Gobierno está impelido en primer lugar a morigerar sin dilación, y en alianza con una fuerte coalición latinoamericana, la crisis de la migración ilegal originada en Venezuela, en la que Sebastián Piñera tuvo un rol destacado. Esta coalición tendrá que ayudar a la superación de la crisis política y económica en ese país por vías democráticas y hacer retroceder las sanciones estadounidenses que agravan dicha crisis, para lo que ahora Chile cuenta con mejores aliados con los gobiernos de Petro en Colombia y Lula en Brasil.

Y deberá hacer todo lo posible para culminar con éxito avances tangibles en el progreso democrático y social del país. Esto involucra orientar y ampliar en la sociedad, en la política y en el Parlamento (así como en la instancia constitucional que se elegirá el 7 de mayo) una coalición de consistencia y amplitud suficiente para la creación del nuevo sistema institucional, que reemplace por uno mejor el fenecido sistema de pactos forzados de la transición. Y también resquebrajar, aunque sea en parte, la intransigencia de la hiperelite económica en materia tributaria, laboral y ambiental y en materia de captación para Chile de las rentas de los recursos naturales, en especial, el cobre y el litio. De otro modo, no se podrá avanzar a una mejor democracia, una mayor protección social y un nuevo dinamismo productivo, que es la plataforma programática básica de este Gobierno, y se aumentará el caldo de cultivo para la eventualidad de un triunfo de la extrema derecha en 2025.

El significado de un rechazo y la falta de visión de grupos necesitados de protagonismo

En El Mostrador 

Chile no contará por el momento con los recursos tributarios adicionales solicitados por el Gobierno, pues la oposición no aprobó siquiera la idea de legislar en la materia. Esto fue siempre lo más probable después de la elección parlamentaria de 2021. La derecha volvió a mostrar su peor cara, la de la defensa pura y dura de los privilegiados, aunque no contaba con este rechazo que la deja tan en evidencia. Por su parte, los minoritarios que la acompañaron buscaron el fracaso del Gobierno, quien sabe si por afán de castigo, para buscar obtener ulteriores concesiones o por mera irresponsabilidad con el destino de la mayoría social.

En el programa original de Apruebo Dignidad, la meta de ingresos adicionales era de 8% del PIB en régimen a 6-8 años. Esta cifra no es arbitraria, si se tiene en cuenta lo planteado por el informe de la OCDE de junio de 2022: “La relación recaudación-PIB (o presión fiscal) y los niveles de ingresos de Chile se encuentran entre los más bajos de la OCDE" y "la relación impuestos-PIB de Chile es inferior a la de los países de la OCDE cuando tenían un nivel de ingresos similar al de Chile”. En 2020 (las cifras más recientes) la carga tributaria en Chile era de 19,4% del PIB y el promedio OCDE de 33,6%. Las de Dinamarca y Francia (las más altas) alcanzaban un 47,1% y un 45,3% del PIB respectivamente, sin que esos países dejen de contarse entre los más prósperos y de mayor bienestar en el mundo.

La derecha insiste en hacer su propio cálculo y en agregar a los impuestos las cotizaciones a sistemas privados, pretendiendo que solo faltan dos puntos de PIB para llegar al promedio OCDE. Pero este organismo recomienda expresamente excluir de los análisis sobre carga tributaria a las contribuciones a la seguridad social porque “representa un enfoque analítico poco ortodoxo, que puede no ser muy informativo e incluso podría ser engañoso”. En todo caso, cuando la OCDE considera estos pagos, la carga subiría a 26.9% del PIB (con datos de 2018 suman un 5,8% adicional del PIB) comparado con el 34.7% promedio de la OCDE en ese año. A esa fecha, con ese cálculo, la brecha era de cerca de 8% del PIB.

En el proyecto de ley enviado en 2022 el objetivo era el de aumentar la carga tributaria en 4,1% del PIB durante este Gobierno. El proyecto que se rechazó, luego de más de 80 indicaciones, implicaba solo un 1% del PIB de incremento de la recaudación por nuevos impuestos y tasas, más un 1,6% del PIB adicional por cierre de brechas de elusión y evasión. Esto queda eventualmente ahora para un año más. En el Senado mantiene su trámite el proyecto sobre regalías mineras, mientras se presentarán en la Cámara, donde deben ingresar todos los proyectos de este tipo, las iniciativas nuevas sobre impuestos verdes y de preservación de la salud, así como sobre las rentas regionales. Todo lo cual queda en manos de negociaciones en la Cámara con las diputadas que no votaron, además de un eventual acuerdo con la derecha y sus aliados ex-DC y PDG, tanto en la Cámara como en el Senado después. Ya se sospecha cómo será: el bloque pro-empresarial buscará que los aumentos de tributos sean diminutos y sin tocar los intereses del capital. Lo hará a sabiendas de que no tendremos una sociedad mínimamente decente y dinámica sin un aumento del aporte del 10% más rico, que concentraba nada menos que el 60% de los ingresos antes de impuestos en 2020, mientras el 50% de la población de menos ingresos sumaba solo el 6,7% de los mismos, según el World Inequality Lab. Esto es simplemente inaceptable.

La declaración del ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicando lo que se rechazó y mencionando a quienes celebran que todo siga igual, ha sido firme, en especial la defensa de un sistema tributario progresivo en el que los que más tienen deben aportar proporcionalmente más, incluyendo los "grandes capitales", y la denuncia de los lobistas financiados por ellos. Pero es debatible aquello de que venció la ideología sobre el pragmatismo. El llamado pragmatismo es también una ideología que no propone ampliar las fronteras de lo considerado posible, sino eventualmente en el margen, mientras es con frecuencia alimentada por intereses particulares y sus lobistas. Otra cosa es actuar con sentido práctico y, por ejemplo, saber contar.

Lo que venció en el Parlamento fue la consabida intransigencia de la ideología del libremercadismo y del Estado mínimo, junto a los intereses empresariales que la sustentan. Y también venció la falta de visión de pequeños grupos necesitados de protagonismo, aunque eso signifique actuar contra lo que se supone defienden. Para avanzar a una reforma tributaria que sustente un Estado Social, debe volver a ponerse por delante una ideología ("conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político", según la Real Academia Española) para construir una mejor democracia y un progreso equitativo y sostenible.

La tarea para el Gobierno es ahora avanzar en lo que pueda con los recursos y apoyos existentes, especialmente mejorando el 87% de ejecución del gasto presupuestario en inversiones –brecha que no tiene excusa– y ojalá logrando mejorar sustancialmente la legislación en materia de elusión y evasión y el monto de las regalías mineras. Y sin adelantar la consolidación fiscal programada, como se hizo de manera inexplicable en 2022, pues el decreto de política fiscal de la actual administración fija una meta de balance estructural de -0,3 del PIB para 2026, mientras el año pasado se produjo un saldo positivo de un 0,2% del PIB. Su sentido económico y social no aparece por ningún lado, más allá de los aplausos del venerable público.

La lucha progresista por un sistema tributario suficiente, equitativo y sostenible sigue inevitablemente adelante. Hagamos una sucinta comparación con datos de la OCDE. Si en Nueva Zelandia el gasto público en pensiones alcanzaba un 5,1% del PIB en 2020, en Estados Unidos un 7,5% y en Alemania un 10,4%, ¿por qué en Chile debe alcanzar solo un 3,1% del PIB? Si en Nueva Zelandia el gasto público en salud alcanzaba un 7,8% del PIB, en Alemania un 11,0% y en Estados Unidos un 15,8% ¿por qué en Chile debe alcanzar solo un 5,8% del PIB? Si en Estados Unidos el gasto público en discapacidad alcanzaba un 1% del PIB, en Alemania un 2,4% y en Nueva Zelandia un 2,8%, ¿por qué en Chile debe ser de solo 0,8% del PIB? Si en Nueva Zelandia el gasto público en desempleo alcanzaba un 0,5% del PIB, en Alemania un 0,8% y en Estados Unidos un 0,9%, ¿por qué en Chile debe ser de solo un 0,06% del PIB? Si en Nueva Zelandia el gasto en investigación y desarrollo alcanzaba un 1,4% del PIB, en Alemania un 3,1% y en Estados Unidos un 3,5%, ¿por qué en Chile debe ser de solo un 0,34% del PIB?

La respuesta es simple: ni en materia social ni en materia económica las tareas públicas en Chile están a la altura de un país moderno por el peso de la oligarquía económica rentista en el sistema político y en el paisaje mediático. Su ceguera, como en muchos otros países de América Latina, la lleva a no querer financiar tareas sociales y económicas indispensables para el equilibrio, equidad y dinamismo de las sociedades. El pretexto es la ineficiencia del sector público, que en el caso de Chile no es demasiado superior a la ineficiencia del sector privado. Solo en educación ha habido un salto nivelador en el gasto público, desde el 2,8% del PIB en 2005 a 4,2% del PIB a partir de 2019. Esto fue fruto de amplias movilizaciones sociales y de un mayor consenso político basado en un poco justificado y abundante financiamiento a privados, de eficiencia más que dudosa, poniendo en situación de marginalidad a la educación pública. Y todavía estamos lejos del gasto público en educación de 5,2% del PIB de Finlandia y de 6,4% del PIB de Noruega.

Hay elementos para el optimismo, sin embargo, pues en el fragor de la lucha política también se producen avances. En 2022, la carga tributaria, luego de las turbulencias fiscales de la pandemia, subió en 9,6% y alcanzó un 24,6% del PIB. Si un nivel de este tipo se consolida desde 2023 en adelante, lo que depende de variados factores en la administración tributaria, se habrá recorrido más de la mitad del camino. Y si se avanza en los proyectos de ley mencionados, subir en 8% del PIB la carga tributaria en régimen estará en el horizonte para alcanzar el planteamiento programático original del Presidente Boric.

Después de la recesión, un buen inicio de 2023

 En El Mostrador

El Índice Mensual de Actividad Económica de enero creció en un 0,5% en términos desestacionalizados respecto al mes anterior, dato muy positivo que siguió al buen trimestre final de 2022. Pero debe tomarse con cautela, pues en el trimestre noviembre-enero respecto a octubre-diciembre el crecimiento es de solo un 0,1% anualizado.

Los nuevos datos corregidos muestran que la política monetaria y fiscal restrictiva logró dañar la actividad en los tres primeros trimestres de 2022 y se produjo una "recesión técnica", pues hubo no solo dos sino tres trimestres consecutivos de caída de la producción. Lo positivo fue que la política fiscal muy contractiva en materia de transferencias se mantuvo activa por el lado de la inversión pública, lo que contribuyó a producir efectos expansivos hacia fin de año. El resultado anual fue de un crecimiento de 2,7%, pero exclusivamente gracias a los servicios.

En enero, la producción minera es todavía inferior a la de 2018, pero contribuyó esta vez al buen resultado coyuntural. También lo hizo la industria. La parte más floja es la construcción, especialmente afectada por las altas tasas de interés. Pero sobre todo contribuyeron de nuevo decisivamente los servicios a las empresas y a las personas. Estos representan dos tercios de la economía agregada, dato que pocos consideran.

La visión ortodoxa prevaleciente postula que se produjo un exceso de demanda en 2022 que debiera comprimirse para disminuir la inflación a niveles que implican provocar una recesión en 2023. Su diagnóstico sobreestima la brecha ingreso-producto porque subestima la capacidad de expansión de las capacidades instaladas, especialmente en los servicios, y concibe de manera estática sus procesos de adaptación ante estímulos de demanda.

Sin ir más lejos, los precios de los servicios de comunicación no han subido ante el aumento de su demanda. Entre enero de 2020 y enero de 2023, esos precios han bajado en un -7,1%, lo que se explica por el cambio tecnológico, la competencia y crecientes economías de escala. En el mismo lapso, los alimentos han aumentado en 41,6%, por el incremento de los precios de importación y sin un aumento particular de su demanda. El contraste es notorio: las evoluciones de los precios en los diferentes mercados son más complejas que los simples razonamientos mecánicos de manual, en especial con una oferta a consumidor tan internacionalizada y diversificada como la existente en Chile.

Por su parte, la cuenta corriente ha estado financiada por la inversión de cartera y la inversión extranjera directa del período, que ha tenido un muy buen comportamiento. Esto revela que no hay problemas de confianza en los actores económicos externos interesados en invertir en Chile, por lo que el peso ha tendido a revaluarse respecto al dólar, lo que ayuda a contener la inflación (la mitad del IPC está vinculado al tipo de cambio).

Es importante constatar que el impulso de demanda de 2021 ocasionó efectos en la economía, pero ninguno que justificara producir una recesión, aunque deterioró temporalmente el déficit en la cuenta corriente. Pero sobre todo dio pie para que la ortodoxia atribuyera a presiones de demanda una inflación de costos de origen importado, proceso en el que el fuerte incremento previo de la demanda interna a lo sumo contribuyó a una difusión más rápida del cambio de precios relativos. Esto justificaba salir del crédito casi gratuito de la pandemia, pero para llevarlo a un costo razonable y no a las cumbres irracionales vistas desde marzo de 2022. Mientras, aún se registran 116 mil empleos menos que antes de iniciarse la pandemia, hace ya tres años, lo que parece tener sin cuidado a la mayoría del consejo del Banco Central.

En 2023, la política fiscal será globalmente expansiva, lo que es una buena noticia, aunque desde el ámbito monetario poco se puede esperar. El facilismo intelectual ortodoxo –que produce explicaciones simplistas ante problemas complejos– insiste en omitir que la principal presión inflacionaria proviene del impacto directo de los precios externos de alimentos y combustibles y de sus efectos internos indirectos de "segunda vuelta", especialmente en el caso del costo de la energía. Esto no se ha dimensionado de manera adecuada, mientras tampoco se considera suficientemente el rol de la concentración de la oferta.

En diversos mercados de bienes los márgenes son altos y parecen haberse ampliado en los productos en cuya cadena de suministro existe un cierto poder oligopólico de fijación de precios. Un ejemplo: la diferencia de precio del mismo litro de aceite de soja a consumidor en Argentina y Chile es sideral, aunque el precio internacional ha aumentado del mismo modo para las cadenas de suministro de ambos países, sin que se vean mayores acciones de la Fiscalía Nacional Económica, que opera a unos ritmos notoriamente parsimoniosos.

Sigue habiendo una discusión necesaria sobre la política económica. La visión de inspiración poskeynesiana a la que suscribimos sostiene que se requiere de una demanda agregada suficiente para alcanzar y expandir el potencial productivo existente, lo que supone políticas fiscales, monetarias y cambiarias activas, con el límite de no provocar una inflación persistente de demanda o desequilibrios en los intercambios con el exterior. Esta visión enfatiza los fundamentos macroeconómicos de la microeconomía (ver Harcourt, 2006) y no a la inversa, como hace la ortodoxia neoclásica. La observación de las realidades económicas prueba que la desconexión entre oferta y demanda es frecuente, y lleva a "equilibrios de subempleo" o a situaciones inflacionarias, lo que requiere de las mencionadas políticas fiscales, monetarias y cambiarias activas para modular la demanda agregada y las transferencias de ingresos entre agentes económicos.

El balance de medidas que debe producir la política económica requiere de mucho criterio, ese que no se vende en la farmacia ni se enseña en alguna facultad. Y debe partir por no tener una receta unívoca: comprimir la capacidad de consumo y aumentar el costo de la inversión cuando llueve y cuando no llueve. La ortodoxia chilena se equivoca con la receta de deprimir la demanda agregada de manera frecuentemente innecesaria, junto con construir expectativas artificiales de inflación ante episodios temporales. Con este enfoque complica el horizonte de inversión y el crecimiento del país, que depende crucialmente de expectativas fundadas de flujos futuros de ingresos, mientras deja al mercado la búsqueda de aumentos de productividad.

La ortodoxia también se equivoca al atribuir los problemas de producción y empleo a sobrecostos por cargas regulatorias y tributarias que interferirían negativamente en el funcionamiento de los mercados. Las regulaciones no son antieconómicas, especialmente si limitan las inestabilidades que inhiben la regularidad del proceso económico. Y suelen tener, desde la abolición de la esclavitud, un sentido civilizatorio al que no cabe renunciar, en especial las normas sobre trabajo decente y protección del ambiente. Para no mencionar que sin impuestos que financien infraestructuras, innovación, educación y salud y sin una masa salarial en expansión suficiente, las empresas privadas como conjunto no pueden funcionar con todo su potencial, tanto por el lado de la cantidad y calidad de la oferta de trabajo y de capital como de la suficiencia de la demanda. Solo los enclaves de exportación pueden desatender algunas de las dinámicas macroeconómicas internas, pero recordemos que las exportaciones representan menos de un tercio del PIB en Chile.

En suma, en el manejo de episodios de aumentos de precios externos, la política macroeconómica no debe alejar la actividad de su potencial por dogmas infundados, y terminar disminuyendo ese potencial. Actuar para sostener mercados competitivos y estimular la innovación y la diversificación harán lo suyo para estimular la oferta, pero esta debe anclarse en flujos futuros de ingresos que deben venir de alguna parte. La recesión programada por el Banco Central después de la gran expansión de la demanda de 2022 ha sido un error grave, especialmente si se considera que la oferta reaccionó de manera bastante dinámica y sin mayores cuellos de botella ante esa expansión. Deprimir la demanda no ha impedido ni impedirá la inflación de origen externo, salvo que se esté dispuesto a hacer colapsar la economía.

La invasión a Ucrania y las alineaciones internacionales

En El Mostrador

Al condenar el intervencionismo norteamericano en América Latina, incluyendo el golpe de Estado de 1973 en Chile, así como el bloqueo por décadas a Cuba y desde 2019 a Venezuela, hay quienes creen que su deber es, además, apoyar todo lo que se oponga a Estados Unidos. La animadversión antinorteamericana, emocionalmente comprensible para todo chileno de izquierda, no debe llevar a desvaríos sin sentido, como la condescendencia con el actual arco de alianzas de la autocracia neoimperial rusa, incluyendo a las teocracias de Irán y Afganistán. Hay quienes incluso se suman a Vladimir Putin en su crítica cultural global a los países occidentales, olvidando que tanto la democracia como el socialismo y el progresismo son creaciones sociales e intelectuales que provienen de esos países. Para algunos prevalece el “cualquier cosa menos Estados Unidos” y su consecuencia mecánica: alinearse con los Maduros, Ortegas, Putines y Ayatolas de este mundo.

Aclaro que comparto la visión de quienes se han opuesto desde siempre a las políticas imperiales norteamericanas, incluyendo la que Estados Unidos ha mantenido desde la doctrina Monroe y el corolario Roosevelt hacia América Latina, que le llevó a emprender múltiples invasiones y a destrozar democracias como la chilena. Pero esta visión no es ni “anti” ni “pro” norteamericana per se, sino que juzga los temas internacionales caso a caso desde la no alineación y se orienta por la Carta de las Naciones Unidas, la voluntad de preservación de la paz entre las naciones, de la dignidad de la vida y el respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Resulta, entonces, totalmente incongruente desde esa perspectiva apoyar a Vladímir Putin en su invasión a Ucrania hace un año. Se trata de un líder reaccionario, aliado a los grupos de oligarcas que dominan la economía, que reivindica a los zares y la Gran Rusia imperial y que ahora ha invadido un territorio como Ucrania que considera propio, a pesar de que Rusia reconoció expresamente su independencia y sus fronteras al firmar los tratados de 1994 y 1997.

El reproche antinorteamericano y antieuropeo en este caso es que el colapso interno de la Unión Soviética en 1991 indujo influencias occidentales ilegítimas sobre naciones históricas que recuperaron su independencia, como los países bálticos (Lituania, Estonia, Letonia, soberanos desde 1918) y Moldavia, integrados a la URSS en 1940 después del Pacto Mólotov-Ribbentrop de 1939, más Bielorrusia y Ucrania, en el oeste próximo a Europa, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán  el sur del Cáucaso y el este cercano a Asia. Y sobre otras que dejaron de ser tuteladas por la URSS, como ocurría desde la segunda guerra mundial, como Polonia, Hungría (invadida en 1956), Bulgaria, Checoeslovaquia (invadida en 1968 y que se dividió en Chequia y Eslovaquia), Rumania y diversas nuevas naciones de los Balcanes, que se sumaron en los años siguientes a la Alianza Atlántica compuesta por Europa Occidental y Estados Unidos, fraguada en la guerra fría contra la URSS. Pero esos países lo hicieron en uso de su soberanía recuperada y luego del pronunciamiento democrático de sus pueblos, sin mediar invasiones ni nada semejante. Los alegatos rusos sobre una influencia imperial histórica chocan contra el principio de autodeterminación de los pueblos.

No obstante, uno de los componentes no formales del nuevo equilibrio era que la presencia militar de la OTAN no debía extenderse a Ucrania ni a Bielorrusia, por su cercanía geográfica con la nueva Federación Rusa, a pesar de que ambos países fueron fundadores de Naciones Unidas como Estados independientes (aunque en la práctica no soberanos). La contrapartida del reconocimiento ruso de la soberanía ucraniana, incluyendo la península de Crimea, fue el retiro de los arsenales nucleares (un tercio de los existentes entonces en el mundo). Bielorrusia ha mantenido un régimen autoritario prorruso, pero Ucrania se inclinó al cabo del tiempo por buscar integrarse a la Unión Europea, lo que esta entidad demoró, hasta hace poco tiempo, para mantener una perspectiva de entendimiento paneuropeo con Moscú, mientras Alemania desarrolló una completa dependencia del gas ruso y múltiples relaciones económicas con Rusia, hoy puestas en cuestión por la invasión a Ucrania. La OTAN, en todo caso, no consideró ni considera hoy la inclusión de Ucrania en esa alianza militar para preservar un eventual entendimiento futuro con Rusia.

Ucrania vivió una crisis política en 2014 y una represión sangrienta de las manifestaciones populares proeuropeas, que culminó con la fuga no muy digna a Moscú del presidente prorruso, con una rápida normalización posterior de la democracia ucraniana en medio de una guerra interna con las provincias separatistas del este del país apoyadas por Rusia, hoy anexadas por la fuerza. Putin considera que nada de esto es expresión de una voluntad popular que se ha inclinado soberanamente hacia la pertenencia a Europa, sino un golpe de Estado promovido por los servicios secretos occidentales. Y decidió que iba a considerar a Ucrania en su conjunto, y no solo el este, como territorio histórico ruso a ser reconquistado y anexado progresivamente mediante el uso de la fuerza, desconociendo los tratados firmados después del fin de la Unión Soviética.

Esto no solo pone a Rusia contra el derecho internacional, y ha llevado a Finlandia y a Suecia a abandonar su neutralidad para incorporarse a la OTAN, fortaleciéndola, sino que vuelve a poner la guerra en Europa como método de resolución de las ancestrales y sangrientas disputas territoriales. A la vez, afianza la alianza entre Estados Unidos y Europa y liga el destino de Rusia a China, de la que pasará a depender en muchas dimensiones, empezando por la venta de su petróleo y gas. El sentido estratégico de este enfoque para Rusia es al menos discutible.

Putin divide ahora, además, al mundo en dos: “el de los valores tradicionales y el de los valores neoliberales”, en su búsqueda de alianzas con Irán y Turquía. Califica a la cultura occidental como “depravada” y rechaza el matrimonio igualitario y los colectivos LGTBI, que tienen en Rusia la prohibición legal de expresarse. En su último discurso a la nación, Putin ha llegado a decir: “Mirad lo que están haciendo con sus propios pueblos. La destrucción de la familia y de la identidad cultural y nacional. La perversión, el abuso de los niños, incluso la pedofilia, son norma, norma de vida. Y los sacerdotes son obligados a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo”. Rara vez se escuchan discursos tan reaccionarios en un jefe de Estado.

Los de la izquierda prorrusa contestan con el antiguo expediente de desplazar el argumento: más allá de Putin, lo que pasa es que Zelenski es un “neonazi” y por eso se justifica que Ucrania sea invadida. Esto es ridículamente falso, tratándose de un presidente emanado de elecciones libres, ruso parlante y proeuropeo, con un parlamento pluripartidista que lo controla, incluyendo partidos prorrusos. Es además un judío con parte de su familia exterminada en el Holocausto y cuyo abuelo fue un coronel del Ejército Rojo que luchó contra los nazis, al que Zelenski rindió homenaje como primer acto de gobernante. Y si lo fuera, lo que manifiestamente no es el caso, no se puede considerar como una causal para invadir a otro país y anexar partes de su territorio. Hoy Italia es gobernada por una mujer de ideología neofascista, pero eso no quiere decir que entonces ese país deba ser invadido.

Más vale usar un cierto método para orientarse en estos asuntos: estar siempre más cerca de los gobiernos democráticos, por imperfectos que sean, antes que de las dictaduras, como sea que se autodenominen, pues las dictaduras terminan invariablemente con la dominación ilegítima de una minoría sobre sus pueblos. Se puede admitir casos en que los países deban defenderse de agresiones y restringir algunas libertades temporalmente. Y también que es muy problemático que en diversas democracias gobiernen establemente sendas plutocracias capitalistas, como es en buena medida el caso de Estados Unidos, con una frecuente lógica de expansionismo económico agresivo.

Pero esas democracias incluyen una dinámica que, al elegir a los gobernantes de manera competitiva, logra límites a la sola búsqueda de hegemonía (la descolonización europea, los acuerdos de desarme nuclear, la normalización de Estados Unidos con China o el reciente intento de distensión de Obama con Cuba son ejemplos, aunque nunca exentos de consideraciones estratégicas). E internamente permiten mantener la separación de poderes para una cierta garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía, ir avanzando en la paridad de género, el respeto a las minorías, a las diversidades humanas y a las diferentes culturas, junto a dotar de sistemas de protección a los que viven de su trabajo.

Más cercanas aún se pueden considerar las democracias que han construido Estados de bienestar y mecanismos de redistribución de los ingresos y la riqueza, es decir, socializan aspectos de la vida en común para un mayor bienestar de la mayoría social. Y todavía mejor si avanzan ahora a la preservación de la naturaleza y la lucha contra el desorden climático, lo que no es el caso de Rusia y lo es de manera insuficiente en el de China. Esa es una escala de simpatías internacionales que podría ser digna de utilizarse.

Mencionemos, además, que ser parte de una nación independiente conlleva el derecho a no subordinarse a ninguna otra nación en particular, lo que se traduce en la idea de la no alineación como fundamento de la política exterior. No obstante, esta debe ser activa en la defensa de principios universales. Si bien cultivar las raíces propias tiene sentido, lo que lleva a propiciar en nuestro caso la cooperación latinoamericana, la condición humana y la defensa de su dignidad son, más allá de fronteras, de carácter universal.