El costo de la nueva Constitución y el déficit de derechos sociales en Chile

 En La Mirada Semanal

Sigue la difusión de lugares comunes sobre el proyecto constitucional que supuestamente atentaría contra el crecimiento económico. Esto no está basado en evidencia sólida. Lo que hace el proyecto es poner énfasis en normas que fortalezcan un bienestar equitativo y sostenible. Cabe agregar que si la legislación posterior se inclina por una mejor redistribución de los ingresos a través de impuestos progresivos y reglas laborales más simétricas, la evidencia efectivamente disponible indica que en la mayoría de los casos son políticas positivas para el crecimiento o no lo afectan.

Los economistas convencionales siguen como siempre haciendo afirmaciones genéricas basadas en juicios propios de la vulgata liberal. Para este enfoque, el crecimiento solo provendría de políticas que aseguren altas rentabilidades del capital, lo que supone mantener reglas tributarias, laborales y ambientales leves y laxas. Las políticas de remuneración privilegiada del capital serían las únicas que permitirían altas tasas de inversión y la ampliación de las capacidades productivas, así como del empleo y los ingresos. Esta visión es la que Keynes cuestionó de raíz hace ya un siglo, subrayando que la inversión depende sobre todo del horizonte futuro de la demanda efectiva, que es la que alimenta el circuito económico: si esta no se presenta en volúmenes suficientes en las expectativas de los agentes económicos, se produce un “equilibrio de subempleo” y se pierden oportunidades de uso de los recursos disponibles, debilitándose el crecimiento.

Por su parte, Betancor y otros han publicado una estimación del costo de hacer efectivos los derechos y regulaciones enunciados en la nueva constitución, que alcanzaría entre 9 y 14% del PIB de 2021. Se trata de un trabajo bien hecho, hasta dónde se puede hacer este tipo de estimaciones, que tienen un componente siempre discrecional en la fijación de parámetros y la elaboración de supuestos. La principal crítica que se le puede hacer es que contrasta la estimación de los gastos adicionales en régimen (es decir a mediano y largo plazo) con el PIB de 2021, como si no fuera a crecer nunca más. Y el trabajo parece tener un implícito: mientras más bajo el gasto público, mejor. Este es evidentemente un juicio de valor a lo Milton Friedman muy cuestionable. 

En efecto, los países cuyos sistemas públicos más invierten en las personas (en salud, educación, pensiones, vivienda, ayudas sociales) y en la innovación y bienes públicos (infraestructura, conocimiento) son los más prósperos y estables en el mundo contemporáneo. Los datos de la OCDE indican que los gastos sociales representaban en Chile en 2019 (último dato disponible) un 11% del PIB, situados en el rango más bajo entre los países miembros. En el rango más alto, llegaban a 31% del PIB en Francia y en Finlandia y Bélgica alcanzaban a 29% del PIB. En el rango medio, en Nueva Zelandia y Estados Unidos llegaban a 19% del PIB. Como se observa, Chile está lejos de las democracias maduras en materia de redistribución e inversión en las que, según la leyenda neoliberal, la gente debiera estar muriendo de hambre por las calles ahogada por los impuestos y regulaciones del malvado Estado. Esta es una leyenda desmentida contundentemente por los hechos económicos del siglo XX y XXI.

El trabajo de economistas del FMI como Berg y Ostry (2011) o de Gründler y Scheuermeyer (2015), no controvertidos, concluyen que una menor desigualdad neta se correlaciona  con un crecimiento más rápido y más durable y que el impacto de la redistribución sobre el crecimiento parece ser benigno, pues hay evidencia de que solo en casos extremos puede tener efectos negativos. Sus efectos conjuntos, directos e indirectos –incluidos los efectos de la menor desigualdad resultante– son favorables al crecimiento. Estos autores concluyen que no se puede suponer que hay una gran disyuntiva entre redistribución y crecimiento, pues los mejores datos macroeconómicos disponibles para un gran número de países no respaldan esa hipótesis.

El hecho es que la comentada estimación de gastos adicionales que implicaría aprobar la nueva Constitución tiene un rango (siempre es bueno en estos temas establecer rangos antes que cifras absolutas) que va desde los mencionados 9% a 14% del PIB de 2021. Como este es un coeficiente en el que el gasto adicional es el numerador y el PIB es el denominador, un crecimiento de 2% al año del PIB en 10 años, manteniéndose constante o creciendo levemente el costo adicional estimado, sería más que suficiente para costear los nuevos derechos que se podrían consagrar universalmente en ese horizonte. Por tanto, del estudio no aparece nada que se asemeje a un desborde fiscal en perspectiva. 

Mientras, constatemos que la brecha existente para que esos derechos se satisfagan es hoy considerable. Por eso establecer garantías que mejoren el bienestar colectivo con un costo abordable es una razón más para votar Apruebo a la nueva Constitución. Se trata de iniciar un nuevo camino hacia un país más equitativo y cohesionado, en el que los derechos fundamentales de las personas se hagan progresivamente efectivos y en el que el crecimiento sea sustentable y llegue a toda la población. Ya no es sostenible que siga en los actuales niveles de concentración en una minoría oligárquica, sino que debe ser puesto al servicio de una prosperidad compartida.

Desconfiar de la lectura, otra pasión triste

En La Mirada Semanal

En estos días dos comentaristas de El Mercurio (uno de los cuales se refirió alguna vez públicamente sobre su fallecido dueño como "don Agustín", lo que retrata su talante) han llegado al extremo de insinuar que la lectura del proyecto de nueva Constitución podría confundir a quienes la acometan. No estarían en condiciones de "descubrir las falencias y errores que este texto incluye" (Warnken) y su "sectarismo e intolerancia" (Lucía Santa Cruz). 

Desde luego, sin caer en el positivismo jurídico, lo primero que cabe recalcar es que no hay nada más literal que las normas constitucionales y legales, cuya interpretación debe considerar en primer lugar ese tenor, como enseñara Andrés Bello. Para pronunciarse el 4 de septiembre de manera cívica, la lectura del proyecto no puede ser sino recomendable. Ver en muchas partes a personas leyendo el proyecto constitucional es ilustrativo de las virtudes cívicas que permanecen como legado de la historia política nacional.

¿Qué ha pasado en Chile, por contraste, como para que seudo intelectuales hayan terminado escribiendo semejantes afirmaciones feudales desconfiando de la lectura? ¿O que desde la política la derecha cuestione al gobierno por imprimir el texto que se va a votar? ¿Y que el contralor se haya permitido insólitamente prohibir al Presidente de la República expresar su opinión sobre el proyecto de nueva Constitución, violando un derecho fundamental de cualquier persona en una sociedad democrática, que en este caso es, además, la máxima autoridad política del Estado?

La discusión constitucional remite en definitiva a la sociedad en que queremos vivir y a su estructura instituida de derechos, deberes y funcionamientos de los órganos públicos. Desconfiar de la capacidad de la ciudadanía común para leer y discernir lo que se propone -cada cual libremente, pues no hay nada más libre que la lectura, en circunstancias que los asalariados mercuriales de marras son los que han mostrado los mayores problemas de comprensión de lectura- es a estas alturas parte de una de las peores pasiones tristes presentes en nuestra sociedad: el clasismo. 

Esta es la pulsión de quienes se sienten superiores y llamados a enunciar lo "verdadero" y lo "correcto" sin que nadie les haya otorgado semejante título, salvo ellos mismos por sentirse parte de algún grupo privilegiado. En una democracia soberana y laica, en la que existe la libre circulación de ideas -aunque con un aplastante predominio de los medios conservadores financiados por el gran empresariado- no hay tal cosa como una separación entre "los que saben" y "el vulgo" para decidir cómo queremos vivir y qué suerte le reservamos a las nuevas generaciones. La autodeterminación de la opinión, con todos sus problemas cognitivos y presencia de prejuicios y emociones, es consustancial a las sociedades modernas y democráticas y Chile, a su manera, lo es. 

Hasta aquí este clasismo había permanecido relativamente en retroceso en la esfera pública, probablemente por la lenta construcción cultural desde el siglo de las luces y su influencia en nuestro continente, que fue disolviendo el paternalismo rural tradicional y su fuente primordial, el analfabetismo. Tal vez no ha sido ajeno a ese lento caminar el que nuestras principales figuras culturales, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, provengan de las raíces de la tierra y de su gente y no de las minorías dominantes, cuya pachorra de clase tiene harto poco fundamento. De paso, mencionemos que Vicente Huidobro, que provenía de una familia de terratenientes, lo primero que hizo fue romper de por vida con su medio de origen, al que despreciaba. También es posible conjeturar que las vergonzosas escenas de quema de libros de septiembre de 1973 podían haberse procesado como expresiones primitivas inexcusables. 

Pero no, el debate constitucional ha vuelto a desencadenar las pulsiones más descalificadoras y despectivas hacia la gente común por parte de seudo ilustrados, que ahora se espantan porque la ciudadanía quiere leer lo que va a votar, a favor o en contra. Se trata de un momento de resquebrajamiento del muro cultural que contiene las pulsiones más agresivas de una parte de las categorías sociales privilegiadas (o de quienes aspiran a pertenecer a ellas) que temen perder cualquier parcela de poder -o expectativa de poder- en una sociedad hiperjerarquizada como la chilena. Esto no impedirá seguir el camino establecido por el proceso constituyente, a pesar de todos los intentos (incluyendo un tardío diseño de acuerdo para reescribir la propuesta constitucional de la Convención desde el actual parlamento), es decir el del libre pronunciamiento del pueblo el próximo 4 de septiembre, día simbólico de la República.

Falsas afirmaciones sobre la nueva Constitución

 En La Mirada Semanal

Se ha podido observar la extensa difusión de tergiversaciones de diverso calibre sobre el texto de la nueva Constitución. Algunas no argumentan nada, simplemente falsean, y otras son un poco más elaboradas, pero con una notoria falta de honestidad intelectual. Todas ellas tienen muy poco que ver con lo que se votará el 4 de septiembre de 2022.

El proyecto de nueva Constitución no le quitará la casa a nadie, como se ha afirmado de manera deshonesta. Basta ver el artículo que garantiza la propiedad sobre todo tipo de bienes para darse cuenta de que si alguien es dueño de una casa, su propiedad estará protegida por la Constitución. El artilugio se ha construido a partir del artículo que señala que existirá un derecho a la vivienda, lo que manifiestamente no tiene nada que ver con expropiarle la casa a nadie. Por supuesto, existen normas de expropiación por interés público puntual, como en la actualidad, con indemnización al precio justo, concepto jurídico de amplio uso. De otro modo no se podrían construir infraestructuras ni urbanizaciones.

En el tema de la propiedad del agua, se establece su carácter público y asignable a usos según prioridades. Los que consideran esto una expropiación no deben olvidar que las aguas se definen en la ley vigente como un bien nacional de uso público, lo que es una práctica mundial. Si hasta aquí se ha abusado de la figura de la concesión, establecida en la constitución de 1980, la nueva norma no hace sino corregir una anomalía. Y si hay bancos que han aceptado como garantía un bien nacional de uso público, es un problema de mala evaluación de activos por el parte del banco y de nadie más.

En materia fiscal, cabe consignar que la nueva Constitución no va a subir ningún impuesto, pues solo enuncia principios generales y remite esa materia a la ley. En cambio, obligará a la responsabilidad fiscal en el gobierno central y en las regiones y municipios de una manera mucho más perentoria que la norma constitucional vigente. El ejecutivo mantiene la potestad exclusiva sobre el gasto público, sin perjuicio de que formaliza un derecho de petición de gasto del parlamento que ya existe de manera informal y se practica cotidianamente. Nada muy nuevo bajo el sol en la materia.

A su vez, la nueva Constitución no incluirá ninguna medida contra la inversión, como vienen sosteniendo los agoreros de las pasiones tristes. La libre iniciativa económica se garantiza y, al igual que en parte en la actualidad y que en todas la democracias maduras, tendrá cómo límite el interés público, la protección del medio ambiente y el respeto de las normas de protección del trabajo. Existirá, además, el fomento de la propiedad cooperativa y social y una propiedad pública de los recursos del subsuelo y del mar y de las áreas terrestres protegidas. Se podrán crear por ley empresas del Estado o mixtas. En materia de pensiones, salud y educación se garantiza un derecho de acceso, pero no se excluye la participación parcial de privados.

En materia de régimen político, el debate es amplio y las opiniones contrastadas. Nunca podrá satisfacerse todas las opiniones en ninguna formulación específica, pues hay legítimas preferencias para todos los gustos, como también se observa en las diversas democracias maduras y en el constitucionalismo comparado. La nueva Constitución eliminará el Senado, pero creará la Cámara de las Regiones, la que tendrá incidencia en las reformas constitucionales, el presupuesto, los nombramientos y las leyes de interés regional. 

Y cabe convenir que el proyecto de nueva Constitución expresamente configura un régimen de separación de los tres poderes públicos principales (ejecutivo, legislativo y judicial) y establece diversos órganos autónomos de esos tres poderes. Evidentemente la generación de sus autoridades se vincula a órganos expresivos de la voluntad popular, como debe ser en toda democracia, lo que se traduce en la difusión de la sospecha de “control político” sobre esos órganos. La otra solución es la de elegirlos por sorteo, pues cualquier fórmula que se imagine tendrá influencia política, incluso la de una pretendida neutralidad de los “técnicos”. En democracia, las personas que gobiernan los órganos públicos deben provenir directa o indirectamente de la voluntad popular. Cuestionar ese principio es simplemente cuestionar la democracia, lo que muchos hacen al acusar de “politización” …a la política y a la esfera pública. El gobierno elegido periódicamente por mayoría no va a controlar todo, sino solo las tareas del poder ejecutivo, sujeto a los debidos controles políticos, administrativos y judiciales, con una administración que debe ser profesional y basada en el mérito. Pero en el parlamento, las mayorías, como corresponde a un orden democrático, van a poder legislar sin los vetos ilegítimamente impuestos por una minoría como hasta ahora.

En especial, el proyecto de nueva Constitución asegura la plena independencia de los fallos de la justicia, dejando la carrera de los jueces en manos de un Consejo pluralista y especializado para evitar el corporativismo. La nueva justicia indígena estará sujeta a los fallos de la Corte Suprema. De paso, mencionemos que todos los cuestionamientos al reconocimiento en diversas instituciones de los más de dos millones de personas pertenecientes a los pueblos originarios en Chile expresan más bien una visión racista que una preocupación auténtica por un Estado que reconoce diversas naciones en su seno.

La nueva Constitución no desintegrará el territorio, sino que permitirá descentralizar la administración en lo que corresponda y otorgar un reconocimiento y autonomía indígena en el marco de un Estado único e indivisible que mantendrá las políticas nacionales necesarias para que se ejerzan los mismos derechos en todo el país.

Las reformas constitucionales en los temas más importantes se pondrán en manos de la ciudadanía a través de plebiscitos, en vez de un parlamento en el que basta una minoría de un 1/3 en alguna de las Cámaras para que no haya reforma en las cuestiones principales. Esto le da en la actualidad a la derecha un poder de veto ilegítimo para mantener la actual constitución y el orden económico oligárquico. Eso es lo que se esconde bajo la falsa apelación de "acuerdos" y "consensos", en su momento necesarios para terminar con la dictadura, pero que devinieron con el tiempo en la imposición sistemática de intereses que no son los de la mayoría, contra lo cual la ciudadanía terminó rebelándose y dando lugar al actual proceso constituyente. 

Sigue la batalla por el cobre

En La Mirada Semanal

El proyecto de regalía del gobierno se propone capturar una alta proporción de la renta minera hoy en manos de privados, en un contexto en que  la cantidad de cobre requerida entre 2022 y 2050 será mayor que todo el cobre consumido en el mundo entre 1900 y 2021, empujando un alto precio de largo plazo del mineral.

BHP, la transnacional minera de origen australiano, declaró frente al proyecto de regalía minera del gobierno de Gabriel Boric -que combina un cobro a las ventas y un cobro a las sobreutilidades, aunque este último se presta desgraciadamente para la elusión- que "si el royalty propuesto se materializa, tendríamos que reevaluar nuestro plan de inversiones para Chile" y que "nuestras estimaciones señalan que la propuesta del Ejecutivo colocaría a Chile como las más altas tasas impositivas comparada con otras jurisdicciones relevantes como Perú, Australia o Canadá".

Esta es una excelente noticia si se tradujera en que BHP ganara menos en favor del dueño del recurso, que es Chile. Sus utilidades en 2021 superaron el 50% del capital. Una rentabilidad de este tipo no la tiene ninguna actividad económica lícita y está basada en extraer un recurso escaso que no pertenece a la minera privada sino a la colectividad nacional. Esta posee desde la nacionalización de 1971 muchos de los yacimientos de cobre más rentables del mundo. BHP se apropió en la dictadura de Escondida, la mina de mayor producción global de cobre, mediante el espúreo mecanismo de la concesión permanente y gratuita de la dictadura. La mina Escondida inició su construcción en 1988,  desde la que BHP ha extraído mineral por un valor muchas veces mayor que el costo de la inversión inicial y el costo periódico de extracción. 

Extremando el argumento, si el nuevo entorno de aportes al fisco no satisface a BHP, u otras mineras privadas, y las lleva a dejar el país, bienvenido sea, pues CODELCO podría así hacerse cargo de explotar recursos valiosos para beneficio de la nación, y no de los accionistas de las transnacionales y un par de grupos privados chilenos. Evidentemente BHP no lo va a hacer por la alta rentabilidad de su actividad en Chile, en comparación con otras explotaciones en el mundo. Y si lo hiciera, sería la ocasión para ampliar la minería estatal chilena, que aporta el doble de ingresos al fisco por unidad producida y que ha perdido terreno de manera absolutamente injustificada en las últimas décadas, dejando de percibir recursos que nos hubieran permitido invertir en diversificar nuestra economía en áreas tecnológicas de punta y en la sostenibilidad ambiental y social de la producción. 

Una afirmación de este tipo puede sonar excesiva, desde el sacrosanto argumento de no afectar la inversión privada. Pero ocurre que esa inversión tiene un saldo negativo para el país: las utilidades son tan altas en el largo plazo que su repatriación supera con creces el aporte de capital. Chile no gana con estas inversiones, simplemente pierde en términos netos al regalar buena parte de un recurso que le pertenece.

El fondo del asunto es la existencia en esta actividad de una importante “renta de escasez”, concepto desarrollado por David Ricardo en 1817 para el uso de la tierra, ya presente en Adam Smith desde 1776. En el caso minero, describe las sobreutilidades que se obtienen de la explotación de la última unidad explotada que provee rentabilidad (con una utilidad “normal”), en circunstancias que las primeras unidades puestas en producción son mucho más rentables pero más escasas: la diferencia entre esas rentabilidades es la renta de la que se apropia el dueño de los yacimientos más productivos. Esto ocurre porque el precio lo fijan los productores menos productivos (si no fuera así, no entrarían en el mercado). El tema para la sociedad es quien se apropia de esa renta. Ya David Ricardo planteaba que la expansión de la población y del uso de tierras menos fértiles llevaría a una alta concentración de los ingresos en los rentistas. Y John Maynard Keynes propuso más generalmente en 1936, por su nulo aporte a la producción, nada menos que la “eutanasia del rentista” de todo tipo.

Las perspectivas para el futuro del cobre son que la cantidad de mineral requerida entre 2022 y 2050 será mayor que todo lo consumido en el mundo entre 1900 y 2021. Según la consultora S&P Global, la demanda de cobre aumentará en 82% entre 2021 y 2035. El sector automotriz será el mayor impulsor de esa demanda, con un crecimiento desde 2,2 millones de toneladas métricas (TM) en 2021 a 9,3 millones de TM en 2035, dada la transición a la electromovilidad. La transmisión y distribución de la energía necesaria para ese proceso, que también utiliza cobre intensivamente, implicará un crecimiento de la demanda desde 4,7 millones de TM en 2021 a 7,5 millones de TM en 2035. La demanda total de cobre pasará desde poco más de 25 millones de toneladas en 2021 a casi 49 millones de toneladas en 2035, antes de llegar a 53 millones en 2050. El reporte plantea escenarios, pero en ninguno de ellos el crecimiento de la oferta será suficiente para satisfacer la demanda: “esta brecha entre la oferta y la demanda de cobre supondrá un desafío importante para el cronograma de transición energética que apunta a emisiones netas cero para 2050. El desafío se verá agravado por entornos operativos geopolíticos y a nivel de país cada vez más complejos”. 

La consecuencia es una alta probabilidad de un aumento estructural significativo en los precios del cobre a medida que, más allá de las variaciones coyunturales, aumente la brecha entre la oferta y la demanda del mineral. S&P Global plantea que “está claro que la tecnología y la innovación en políticas serán fundamentales para reducir la brecha entre la oferta y la demanda de cobre a fin de ayudar a lograr los objetivos de cero neto (emisión de gases con efecto invernadero)”.

Estas proyecciones de tan largo plazo son imprecisas. Pero en este caso la tendencia más probable parece ser razonablemente la mencionada: una alta demanda por el fuerte cambio tecnológico intensivo en uso de cobre y una oferta menos dinámica de un recurso natural que no es renovable y cuya expansión en grandes magnitudes es relativamente rígida.

Por ello será fundamental que Chile cambie su política minera (ver mi texto  El concepto de renta económica y su aplicabilidad a la tributación minera y el de Gabriel Palma sobre el fundamento de lo escrito en la nueva Constitución). El probable alto precio del cobre en las próximas décadas superará con creces sus costos de extracción, generando la mencionada "renta de escasez" distinta de las “utilidades normales" que remuneran el uso de capital. La renta minera debe volver a quien posee el recurso, la ciudadanía chilena, y no seguir siendo apropiada absurdamente, como en la actualidad, por un puñado de operadores privados. Se trata mayoritariamente de transnacionales que se llevan masivamente al exterior esas sobreutilidades, las que no les debieran pertenecer, pues no se originan en mayor productividad media o marginal de la actividad extractiva o de transformación a la que se dedican, respecto de la que es legítimo que los privados obtengan utilidades. Se originan en el menor costo de acceso en Chile al recurso que extraen. De paso, subrayemos que desequilibran nuestras cuentas externas, incluyendo en la actual coyuntura de fuerte devaluación del peso, tema sobre el que volveremos en comentarios futuros, y generan pasivos ambientales de los que no se hacen cargo.

La nueva regalía ("royalty") planteada en la reforma tributaria es un avance respecto a la situación actual, que esperemos no termine rebajada en su paso por el Senado, como suele ocurrir y ya ocurrió con la regalía votada por la Cámara de Diputados en marzo de 2021, el más avanzado hasta ahora presentado y que no hace sino permitir que el país reciba el piso mínimo de remuneración que corresponde por un recurso que le es propio. 

¿Por qué regalárselo a transnacionales y al grupo Luksic en vez de invertirse en la diversificación económica y el bienestar sustentable del país?

 

Las nuevas medidas de apoyo y el presupuesto equilibrado

En La Tercera

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el 13 de julio el proyecto de ley presentado por el gobierno con medidas de apoyo a las familias, en un contexto de fuerte alza en los precios de alimentos y combustibles y de recesión a la vista. Éstas incluyen un bono de invierno de $120 mil que llegará al 60% más vulnerable (unos 7,5 millones de personas), la extensión del subsidio laboral hasta fin de año para apoyar el retorno al empleo formal, la ampliación de cupos del subsidio laboral a las mujeres trabajadoras con hijos menores y la extensión del postnatal parental. 

El gobierno anticipa un deterioro del empleo y los ingresos que con una alta probabilidad se producirá en el resto del año y en 2023, en un contexto de fuerte inflación de origen importado. No otra cosa se puede esperar de la combinación de la política contractiva del Banco Central, la caída de -25% en el gasto público programada por el gobierno anterior, el deterioro de los salarios reales y la caída del precio del cobre. 

Estas medidas se agregan a las ya puestas en práctica en materia de suplemento de la asignación y subsidio familiar para compensar el alza de los alimentos, de congelamiento de las tarifas del transporte público y de aumento de fondos para aplanar el impacto del aumento del precio externo de los combustibles y de la electricidad. Implicarán un gasto del orden de 0,3% del PIB por una vez, a comparar con el IFE de 2021 cuyo costo fue de 1% mensual del PIB, generando entonces un déficit fiscal insostenible. Este se ha revertido con rapidez con los mayores ingresos tributarios registrados en el primer semestre, los que permitirán, según el nuevo Informe de Finanzas Públicas, que el déficit fiscal efectivo sea de -0,1% del PIB. 

Este equilibrio presupuestario proyectado para 2022 sería un récord en el mundo. El problema es que no tiene mayor sentido económico. El déficit fiscal llamado estructural, que compara los gastos del año con los ingresos de más largo plazo (trayectoria a 5 años de los impuestos, que dependen de la proyección de crecimiento, usualmente castigada en este cálculo, y proyección del precio del cobre a largo plazo, también subestimado) pasará a -1,3% del PIB a fin de año con la nueva proyección (un 2% menos del PIB que lo previamente estimado, una corrección considerable). El compromiso de Mario Marcel es que el déficit estructural llegue a -1,1% en 2025 y -0,3% en 2026. No tiene ningún sentido innovar en la trayectoria fiscal previamente definida y llevar en 2022 el déficit estructural a un nivel cercano al programado para 2025. Sería un sobreajuste sin justificación. 

Existe ahora un amplio margen para aminorar la brusquedad de la caída del gasto público programado por el gobierno anterior. Es además indispensable reequilibrar con la política fiscal la extravagante política monetaria del Banco Central, que simplemente no puede impedir la inflación externa con ajustes recesivos subiendo exageradamente la tasa de interés. Se debe evitar una explosión del desempleo y aliviar en una mayor magnitud la situación de las familias de menos ingresos afectadas por la inflación, que no se origina hoy en un exceso de demanda, y simultáneamente impulsar la inversión sostenible que contribuya a una mayor productividad en el largo plazo.

La derecha y su baile de máscaras

 En La Mirada Semanal

La reciente propuesta de la derecha en temas constitucionales consiste en escuetos titulares y es de antología en materia de baile de máscaras y de disimulación de intenciones.

Los nuevos enunciados de la derecha son: 1.Estado social y democrático de derecho; 2. Modernización y ampliación de los derechos fundamentales; 3. Más democracia y participación para contribuir al bien común; 4. Nuevo presidencialismo y rehabilitación del principio de mayoría; 5. Descentralización y desarrollo solidario de las regiones; 6. Reconocimiento constitucional a los Pueblos Indígenas en el marco de un Estado unitario e multicultural; 7. Protección decidida de nuestro medioambiente y biodiversidad; 8. Igualdad ante la ley, protección de los derechos y fortalecimiento del Poder Judicial; 9. Un Estado íntegro, transparente y profesional; 10. Economía Social de mercado al servicio del desarrollo, del crecimiento equitativo y del término de los abusos superar la pobreza, disminuir las brechas de desigualdad.

Lo notable es que, tal vez con excepción de la denominación de poder judicial, estos enunciados ¡están todos incluidos en la propuesta de nueva Constitución! En todo caso, en ella se reconoce la existencia de una jurisdicción indígena, pero sujeta a la Corte Suprema y sus fallos, como el resto de los tribunales, la que es completamente autónoma de cualquier otro poder del Estado para definirlos, en pleno respeto del principio de separación de poderes. El nuevo Consejo de Justicia que se ocupará de la carrera judicial no atenta, dada su composición, contra ese principio. 

Por otro lado, la propuesta de la derecha menciona nada menos que la "rehabilitación del principio de mayoría", pero ¡sin mencionar compromiso alguno sobre un quórum de formación de las leyes que lo haga efectivo!

Sabemos que la derecha en Chile no cumple sus compromisos, como los contraídos en 1989 para terminar con los senadores designados y el sistema binominal en la primera legislatura. Cuando los expresidentes elegidos iban a dar una mayoría en el Senado a la Concertación, entonces accedieron a terminar con los senadores designados recién en 2005. La derecha bloqueó desde 1990 la voluntad mayoritaria del pueblo en múltiples temas (AFP, Isapres, Universidades, regalías mineras, legislación laboral, regiones y tantos otros). ¿Por qué habríamos de creerles ahora? 

La propuesta de reforma de la derecha es de antología en materia de baile de máscaras. Lo de "disminuir las brechas de desigualdad", es lo más emblemático, pues este bloque político heredero de la dictadura se ha encargado sistemáticamente de mantenerla perpetuando sus mecanismos principales de reproducción: la legislación laboral anti-sindicatos, la tributación desigual, la educación y salud segmentadas, la privatización de la seguridad social. Si creyeran en lo que los partidos de Chile Vamos escriben, debieran votar Apruebo y luego reformar lo que les parezca, siempre que logren las mayorías suficientes y dejen de escudarse en el derecho a veto que mantienen desde 1990. 

Lo que ahora tratan de hacer es mantener la actual constitución ilegítima, llamando a los incautos a votar Rechazo con falsas promesas de cambios futuros que no van a cumplir, pues disponen de los mecanismos de veto para eso. Son la representación de la minoría oligárquica que domina a Chile, y en eso no han cambiado nada desde el siglo XIX. Por eso es tan importante sumar todas las fuerzas posibles para el Apruebo. Entre otras cosas se podrán hacer efectivos los cambios que hoy saca del sombrero la derecha, empezando por el Estado democrático y social de derecho que siempre han rechazado, incluso en la Convención que acaba de discutir una nueva Constitución. 

Las pasiones tristes

 En El Mostrador

La situación política evoluciona hacia una condensación de pasiones tristes (en el sentido de Baruch Spinoza) en las élites dirigentes tradicionales. No cabe sino esperar que las pasiones tristes se atenúen frente al bien mayor de culminar el cambio democrático.

En el caso del componente no derechista, su evolución desde una agrupación heterogénea de fuerzas en los años 1980 que luchaban por recuperar y consolidar la democracia dio lugar a un acomodo de buena parte de ellas al orden híbrido que se fue construyendo desde 1990.

La constitución fue incluyendo reformas sucesivas, obligadamente pactadas con la derecha, en materias políticas, sociales y culturales que fueron generando un estado de "nueva normalidad" en la dirigencia de centroizquierda y en parte de la sociedad, con un crecimiento importante del empleo y los salarios año a año, y por tanto de los niveles de consumo de la población, junto a una fuerte expansión de las infraestructuras. Y un creciente aprecio de una parte de la nueva elite política por las posiciones alcanzadas en la administración del Estado, en un contexto de fuerte concentración de las decisiones en un grupo dirigente talentoso pero muy pequeño. La propia alternancia con la derecha en dos ocasiones se vivió por este segmento sin mayores revisiones de su nueva visión política, es decir la lógica del binominalismo.

El problema es que se mantenía el veto de la derecha a las legislaciones cruciales y no se avanzaba lo suficiente en la transformación del sistema oligárquico creado por la dictadura, sino que en algunos aspectos se fortalecía, lo que algunos fuimos criticando por convicción democrática e igualitaria. Este sistema de acomodo no podía ser eterno y empezó a ser cuestionado desde la sociedad por los jóvenes, ya sin traumas con la dictadura, en 2006 y en 2011. Y finalmente en 2019, pero ahora como la más importante, masiva y prolongada rebelión social de la historia de Chile. Sus causas fueron la frustración frente a una muy desigual distribución del progreso del país y una acendrada cultura de abuso en las empresas, en las administraciones, en las escuelas y universidades, en la vida urbana, con un endeudamiento generalizado de los hogares para enfrentar el consumo como principal factor de integración social y una marginalidad dura que se unió al narcotráfico.

Y empezaron a aparecer las pasiones tristes. Cuando se agotó toda capacidad de la Concertación de producir cambios, se creó el Frente Amplio en 2016, cuya tarea histórica era seguir avanzando en lo que había quedado pendiente en la transición y abordar los desafíos contemporáneos. Pero la pulsión sectaria, propia de los procesos emergentes, llevó a una rápida reafirmación de la identidad generacional, lo que hubo que remontar creando una fórmula que finalmente derivó en 2021 en la actual coalición Apruebo Dignidad. Se produjo la reagrupación de la izquierda, que de todas maneras debía tener al Frente Amplio como actor crucial, lo que, gracias al esfuerzo de muchos, se plasmó en las primarias Boric-Jadue. Boric se impuso en buena lid y demostró una amplia capacidad política y de convocatoria. Luego el núcleo de dirigentes estudiantiles de 2011, que habían ingresado al parlamento y adquirido experiencia, condujeron a Apruebo Dignidad al gobierno en 2021. Fue un acontecimiento político notable, pero en el que el espíritu meramente generacional, que fue diagnosticado intelectualmente como un error por el nuevo grupo dirigente, siguió como pulsión básica difícil de domesticar, a pesar de los esfuerzos de Gabriel Boric como presidente en diversas circunstancias.

Las otras pasiones tristes fueron la sensación ya no de relevo del anterior grupo dirigente, un proceso deseable y sano para una sociedad que abre espacio a sus jóvenes, sino de desplazamiento. La derecha redujo su apoyo a un 20%, lo que junto a la cuasi desaparición de las fuerzas tradicionales de centro en la elección de convencionales y la conformación de un gobierno con evidente falta de dexteridad (faltó introducir una mezcla más matizada de relevo y experiencia gubernamental), llevó a que los ataques a la Convención vinieran ya no solo de la derecha sino de casi todo el centro político y de una parte de la izquierda tradicional. El tema no era el contenido de la nueva Constitución (se ha batido un récord de inventos lisos y llanos y de tergiversaciones e incoherencias), sino de procurar remontar el desplazamiento del escenario político de las fuerzas tradicionales. Estas lo revirtieron en parte en la elección parlamentaria de 2021 y con la entrada del PS-PPD-PR al gobierno, aunque de manera bastante barroca. La ausencia de conducción política suficiente terminó de configurar el cuadro actual: una parte del grupo dirigente entrado en años decidió transformar el plebiscito constitucional en una ocasión de castigo al Frente Amplio, con gran ruido mediático. 

Esta pasión ya dejó de ser triste para transformarse en una irresponsabilidad histórica. No otra cosa es sumarse al rechazo a la nueva Constitución. Primero, porque dejar atrás los resabios de la dictadura es esencial para la salud de la democracia chilena y para legar a las nuevas generaciones un nuevo comienzo, con acento en preservar el medio ambiente, ampliar los derechos sociales y el reconocimiento histórico de los primeros pueblos, haciendo prevalecer el principio de mayoría y de respeto a las minorías. Segundo, porque prolonga la incertidumbre política: el proceso iniciado en octubre de 2019 debe terminar en septiembre de 2022. Este ha sido un tiempo más que suficiente para generar una nueva institucionalidad, que deberá seguir reformándose a lo largo del tiempo. Cabe ponerse ahora a trabajar por una nueva etapa de progreso. ¿Qué sentido puede tener hacer todo el proceso constitucional de nuevo? En todo caso, lo más probable, en el evento que gane el rechazo, es que se mantenga todo igual. Es decir un sistema que hemos llamado oligárquico, pues reproduce una alta concentración económica y una de las mayores desigualdades de ingresos del mundo, sustentado en un régimen político que impide que la voluntad popular se haga efectiva.

No cabe sino esperar que las pasiones tristes se atenúen frente al bien mayor de culminar el cambio democrático, iniciado en 1988, cuando las dificultades también fueron muchas, agrupando y movilizando a todos los que quieren abrir un nuevo camino democrático en el país alternativo al dominio oligárquico, y su contracara, la violencia social.

La degradación de la economía mundial y sus consecuencias

En La Mirada Semanal

De acuerdo al más reciente informe del Banco Mundial, los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania están aumentando la desaceleración del crecimiento mundial, que alcanzará al 2,9 % en 2022, luego de una expansión de  5,7% en 2021 y de una caída en 2020 por la pandemia de  -3,3%. 

La guerra iniciada en febrero de este año en los flancos de Europa ha provocado un aumento adicional de los precios de los productos básicos, lo que se suma al producido por las perturbaciones en los suministros en diversas cadenas de producción y transporte desde 2021, exacerbando la inflación en todo el mundo. El aumento de los riesgos en las zonas emergentes y periféricas, incluido América Latina, junto al aumento de tasas en Estados Unidos, ha provocado un fortalecimiento general del dólar como valor refugio y un redestino de inversiones financieras de corto plazo, lo que contribuye a aumentar la inflación importada en dichas zonas a través de la devaluación de sus monedas. 

Cabe hacer notar que, según la Agencia Bloomberg, Jerome Powell, presidente de la Fed (banco central de Estados Unidos) sostuvo el 29 de junio que “no estamos intentando provocar, y no creo que necesitemos provocar, una recesión. Esperamos que el crecimiento siga siendo positivo”. Por eso los aumentos de la tasa de interés de refinanciamiento en Estados Unidos frente al brote mundial de inflación han sido moderados, en contraste con el enfoque diametralmente opuesto del Banco Central de Chile.

En todo caso, las condiciones más restrictivas alimentan la vulnerabilidad financiera, mientras la situación se agrava con los impactos en el comercio y la producción mundiales. Los efectos de la guerra serán más graves en Europa y Asia central, donde se prevé que la producción se contraerá este año. La ralentización del crecimiento de la producción ocurrirá en todas las regiones, excepto en Oriente Medio y Norte de África, donde los beneficios de los mayores precios de la energía superarán los impactos contractivos.

Se prevé por el Banco Mundial que el crecimiento en América Latina se desacelerará hasta llegar al 2,5 % en 2022, luego de un repunte posterior a la pandemia del 6,7 % en 2021. Las cifras para Chile son de 11,7% y 1,7%, respectivamente. El crecimiento regional llegará a solo un 1,9% en 2023. Esta desaceleración refleja el endurecimiento financiero, el debilitamiento del crecimiento de la demanda externa, la mayor inflación y el aumento de la incertidumbre y la inseguridad alimentaria y mayor pobreza. Se espera que el PIB per cápita de la región aumente solo un 0,6 % en el quinquenio 2019 y 2023.

La escasez global de fertilizantes vinculada a la guerra de Ucrania influirá en menores producciones y aumentos de los precios de los alimentos. En un contexto de crecimiento lento e incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, la tensión financiera y los desórdenes cambiarios estarán a la orden del día en lo que resta del año.

Para la economía chilena estas condiciones externas, dado el grado de apertura comercial y financiera existente, tienen evidentes impactos negativos. Es el caso de la tendencia global al fortalecimiento del dólar y el menor crecimiento en China, que se ha expresado con especial fuerza en Chile desde marzo por la caída del precio del cobre. En este contexto, las exportaciones no podrán sustituir como locomotora de la economía a las desfallecientes dinámicas de la inversión y el consumo de los hogares, que el Banco Central se empeña equivocadamente en deprimir para combatir una inflación de origen externo, como hemos venido subrayando desde hace meses.

Los datos más recientes indican, desgraciadamente, que la economía cayó en abril y en mayo. Según el Índice de Actividad Económica Mensual, la producción disminuyó en términos desestacionalizados en -0,1% en mayo respecto al mes previo, mientras lo hizo en -0,3% en abril. Esto ocurre luego de un positivo aumento de 1,4% en marzo, por un buen resultado minero e industrial en el mes, antecedido de caídas sucesivas entre noviembre y febrero. Se viene registrando un comportamiento de montaña rusa desde el segundo trimestre de 2021 en materia de crecimiento de la producción, mientras la inflación externa mantendrá sus impactos en alimentos y combustibles en los próximos meses.

Cayeron en mayo de 2022 el comercio (-2,3%) y los servicios (-0,1%), reflejando la atonía del consumo de los hogares, el principal componente de la demanda que alimenta el circuito de la producción y la generación de ingresos. Esta atonía se explica por una creación de empleo que ha perdido dinamismo y la caída de los salarios reales mes a mes desde febrero, así como de las transferencias públicas a los hogares desde diciembre pasado. El plato está servido para una “estanflación” prolongada, dada una equivocada mezcla de política monetaria y fiscal interna que no evita la inflación importada (no está en condiciones de hacerlo, salvo mediante transferencias fiscales parciales que hasta ahora han sido de monto bajo y estabilizaciones de algunos precios como el del transporte y de la electricidad), pero si genera factores recesivos internos que se agregan a los que vienen del exterior.

El principio de mayoría es el fondo del asunto

En La Mirada Semanal

El principio de mayoría es el fundamento básico de la democracia, es decir "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", según la señera definición de Abraham Lincoln, para quien ningún ser humano es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento.

Los "amarillos", junto a la derecha, han encabezado las descalificaciones a través de los medios tradicionales al proyecto de nueva Constitución, con argumentos que suelen no atenerse demasiado a los hechos y con una lapidaria conclusión: el proyecto es "malo" o "absurdo". Escasamente exponen algún argumento que tenga que ver con la letra de lo votado por la Convención Constitucional y más bien lo tergiversan sistemáticamente, con el evidente ánimo de provocar escándalo y temor, lo que han logrado en buena medida en algunos segmentos medios y de más edad de la población. 

Alguno ha sido más explícito sobre el fondo del asunto (no cito el nombre porque no tiene sentido personalizar) al declarar en la prensa escrita abiertamente que "no puede ser que una mayoría circunstancial, que obtuvo el 50% más uno a su favor, tenga la posibilidad de cambiar el sistema electoral, la ley orgánica del Banco Central, de la Contraloría, de los gobiernos regionales, etcétera. A mí no me parece que eso esté correcto. La principal razón de por qué eso no está ahí era porque estos temas no eran interesantes de tratar para la Convención. Es un tratamiento muy descuidado de aspectos que son muy fundamentales del funcionamiento del país. No tengo duda sobre cómo voy a votar”. 

Queda más claro que para esta corriente de opinión, calcando la posición de la derecha guzmaniana en un ejercicio de mimetismo notorio, el problema principal con la nueva Constitución es que consagra el principio de mayoría. Al respecto, la derecha tradicional ha sido más discreta, dado su récord en la materia desde la dictadura. Se infiere sin ambigüedades de lo citado que las leyes no deben nacer de la voluntad de la mayoría, como en todas las democracias en forma, sino del derecho a veto de la minoría sobre la mayoría. Y califica a las mayorías de "circunstanciales", como si eso no fuera de la esencia de la democracia, que elige representantes que solo pueden conformar una mayoría para el período acotado en que fueron elegidos. Las mayorías, en democracia, son siempre circunstanciales. 

Se le olvida al representante amarillo que el principio de mayoría es el fundamento básico de la democracia, es decir "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", según la señera definición de Abraham Lincoln, para quien ningún ser humano es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. El consentimiento del pueblo nunca puede ser unánime, simplemente porque el pueblo es diverso y plural y en la sociedad existen diferentes intereses según la posición de cada cual en ella. El consentimiento democrático debe expresarse a través de un proceso de conformación de una mayoría que oriente la toma de decisiones. Poner ese consentimiento en manos de una minoría, a través de quórum supramayoritarios, conforma un régimen oligárquico y de privilegios, no un régimen democrático, en el que en todo caso las minorías deben respetarse para que periódicamente puedan concursar para transformarse en mayoría con plenas garantías. O bien conforma una situación en el que las posiciones medianas requieren del apoyo de extremos poco racionales para alcanzar los quórums, radicalizando en vez de centrando las decisiones (ver mi columna sobre el tema). 

En un régimen propiamente democrático nunca una minoría debe sustituir a la mayoría en el ejercicio del gobierno o en la formación de las leyes sin desnaturalizar su característica principal. Otra cosa es armonizar, en el marco de la separación de poderes, la circunstancia que los regímenes presidenciales hacen posible: la existencia de un presidente y de un parlamento elegidos con mayorías de distinta orientación. No obstante, en ambos casos se trata de mayorías, no de minorías. Lo propio ocurre con el mecanismo de reforma de la nueva Constitución en materias principales: de no alcanzarse 2/3 en el parlamento (situación más probable), será la ciudadanía la que zanjará en un plebiscito aplicando el principio de mayoría.

Se exhibe en el comentario citado, por otro lado, un desprecio por los convencionales elegidos por el pueblo que parece provenir, por su virulencia, del ancestral clasismo aún prevaleciente en la cultura nacional. Esto no termina de sorprender en el caso de gente que alguna vez se proclamó de izquierda, pero que se asimiló al sistema de poder vigente en Chile por razones que son propias de su libre albedrío que a los demás no nos cabe juzgar, pero si constatar. Esto se pone en evidencia, por ejemplo, cuando se afirma sin fundamento alguno que el Banco Central, la Contraloría o los gobiernos regionales, fueron temas que "no eran interesantes de tratar para la Convención", lo cual revela que el declarante no siguió para nada los debates. La apreciación es simplemente una falta de respeto. 

También se expresa una tergiversación que van repitiendo unos y otros: se proclama como un grave defecto que la nueva Constitución no incluya un sistema electoral específico, en circunstancias que los sistemas electorales no son parte de la constitución en muchas de las democracias clásicas, pues se dejan al arbitrio de la ley, incluyendo en la constitución de 1980. Seguramente el sistema electoral que le gusta a los "amarillos" es alguna variante del binominal, pero eso no les da ningún derecho a pretender imponérselo a la ciudadanía a través de quórums elevados, que no son otra cosa, de nuevo, que el derecho a veto de la minoría. 

Este permanecerá en el caso que se apruebe el rechazo a la nueva Constitución, cuyo único efecto práctico será la permanencia de la actualmente vigente, que consagra desde 1990 el veto de la derecha sobre la voluntad popular a través de diversos mecanismos. De aquí al 4 de septiembre ¿se sustituirá por 4/7 la reforma a la actual constitución, se eliminarán los quórum supramayoritarios en la aprobación de las leyes y se terminará con un Tribunal Constitucional militante? Cada cual sabrá lo que hace frente a estas realidades. Solo cabe recordar que la derecha prometió en 1989 terminar en la primera legislatura con  los senadores designados y con el sistema binominal y que luego desconoció esos acuerdos. ¿Se puede pensar que haría ahora otra cosa?

La política monetaria y el orden social

En El Mostrador

El problema con el enfoque ortodoxo de política monetaria es que crea una dificultad persistente: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra la inflación externa.

El Informe de Política Monetaria del Banco Central de junio señala: "La principal causa del aumento de la inflación en nuestro país sigue siendo el excesivo aumento del gasto en 2021, lo que provocó una fuerte presión sobre los precios de los bienes y servicios". Esto es simplemente absurdo, pues los propios datos del Banco Central muestran que, en términos desestacionalizados, tanto el consumo de los hogares (-0,3%) como la inversión (-5,9%) han bajado en el primer trimestre. Seguirán haciéndolo por el triple efecto del fin de los retiros y de las transferencias de emergencia, la caída de los salarios reales y el propio aumento excesivo de tasas de interés por el Banco Central. 

Las presiones futuras de demanda interna no son tales y menos en el horizonte de 24 meses con la que debe operar la meta de 3% de inflación del Banco Central (una de 4% sería más pertinente en un contexto de mayor inflación externa, dicho sea de paso, ver mi columna al respecto).

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió recientemente por segunda vez, frente a las presiones inflacionarias, la tasa de interés de refinanciamiento. Con este ajuste, quedó fijada en un rango de entre 1,50% y 1,75%. El Banco Central de Chile aumentó la tasa de interés de política monetaria sucesivamente desde 0,5% en junio de 2021 a 9,0% en junio de 2022. Se podrá notar la diferencia de magnitud. En un caso, moderación para evitar una recesión. En el otro, precipitación para provocar, según su voluntad declarada, una recesión. Dos opciones, dos políticas.

Es impresionante ver que las autoridades de un Banco Central declaren que la inflación importada debe combatirse mediante una recesión que dure hasta el año próximo. Rosanna Costa declaró que “es absolutamente necesario el ajuste de la economía que vamos a tener el 2023 para que (...) converja la inflación”. El Banco Central prevé -0,5% de PIB en 2023 y le parece muy bien, sin ninguna consideración sobre el empleo y el sufrimiento económico y psíquico de las familias afectadas directamente y de los asalariados que temerán perder su empleo. 

Más aún, se permite señalar por escrito en su informe que "reducir la inflación es una tarea prioritaria para el país". La misión del Banco Central es mantener bajo control la inflación en un horizonte de dos años, no en cada coyuntura. Y punto. Ciertamente no le corresponde declarar qué es o no prioritario para el país, por mucho que contener la inflación lo sea, pero siempre en un contexto de problemas públicos diversos, entre ellos el del desempleo, los que deben ser arbitrados por las autoridades democráticamente electas y por nadie más.

Por su parte, el ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Mario Marcel, comentó hace algunos días que las próximas alzas de tasas "es algo que el Banco Central tiene que calibrar con cuidado, porque hoy en día, como bien se señala en el IPoM, todas las presiones adicionales en el margen, todas las sorpresas de inflación que hemos tenido, son todas derivadas de los aumentos de precios internacionales, entonces eso el Banco Central no lo va a cambiar mucho con política monetaria". Este es el enfoque que debieran tener los responsables de la política monetaria.

Más ampliamente, los que creen que la inflación externa se puede impedir deprimiendo la economía, que los impuestos deben mantenerse bajos y pagados por los que menos tienen (IVA) y que el gasto social debe ser mínimo, son los mismos que luego se quejan del incremento del comercio ilegal en nuestras ciudades, y, más grave aún, de los saqueos y violencias urbanas, en un trasfondo de reclutamiento creciente de contingentes de jóvenes por el narcotráfico. Se debe evitar que se transformen en situaciones endémicas mediante una amplia batería de políticas y no en medio de una economía deprimida.  

El problema con el enfoque ortodoxo de política monetaria es que crea una dificultad persistente: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra una inflación externa que será más amplia por un período relativamente prolongado. Los miembros adicionales del consejo del Banco Central y los nuevos aspectos que debe considerar en su política monetaria previstos en la nueva Constitución, debieran ayudar a corregir esta anomalía peligrosa.

Los que solo piden orden, pero sin crear las condiciones sociales y económicas para que ese orden se produzca, no están siendo responsables con el devenir de la sociedad chilena. Es que, al parecer, consideran que no es su tema, sino simplemente el de mantener sus privilegios. De lo demás, que se encarguen el gobierno, la policía y los militares y que se las arreglen como puedan. Pero sin modificar las causas estructurales del malestar social chileno, que son primordialmente la desigualdad y los abusos de poder.

El dilema de septiembre

En La Mirada Semanal

Cuando ya termina el trabajo de la Convención Constitucional, las fuerzas políticas, con excepción de la Democracia Cristiana, han tomado posición a favor o en contra del texto aprobado. La campaña de desprestigio en la prensa de derecha parece haber agotado todos los argumentos posibles, los de buena y mala fe, y recurrido a todo tipo de emisores, por lo que ya va decantando lo que está en juego. 

El 4 de septiembre la opción en lo principal es muy simple: aprobar una nueva constitución -elaborada por representación paritaria democráticamente elegida y con representación indígena directa por primera vez en la historia- o bien mantener la actualmente vigente, en la que opera el bloqueo sobre toda legislación que atente contra los intereses del 1% privilegiado de Chile. Con la nueva Constitución, las leyes se aprobarán por mayoría simple, sin vetos de minoría, con plena vigencia de las libertades y de la separación y descentralización de los poderes públicos y con derechos fundamentales ampliados, incluyendo los de las de las minorías para que puedan optar a ser mayoría y dirigir las instituciones democráticas con plenas garantías en elecciones periódicas. 

Los que tienen dudas, legítimamente, sobre la nueva constitución, tienen dos posibilidades. La primera es votar rechazo con la esperanza de nuevas reformas de la actual constitución, La derecha, que creó y defendió por décadas la constitución de 1980, ahora la ha declarado obsoleta para atraer posibles incautos. En realidad, al llamar a votar por el rechazo ha planteado mantenerla, en alianza con los "amarillos" y algunos DC, con la vaga promesa de rebajar los quórum de reforma a 4/7 para que el actual parlamento haga algunos cambios. ¿Quién les puede creer, después de 32 años, que ahora terminarán con la prevalencia del principio de veto minoritario, que es la base de su poder y del orden institucional actual? ¿Harán esa reforma antes del 4 de septiembre? Lo que permanecerá serán las leyes orgánicas, los 2/3 existentes para reformas constitucionales en los temas principales y el Tribunal Constitucional bien atado, junto a la mantención del Senado como institución de bloqueo, dado su sistema de elección y su carácter colegislador pleno. En todo caso, ¿alguien ha visto alguna propuesta concreta de cambio constitucional por parte de la derecha? Lo que defienden es el orden actual, con cambios cosméticos.

La segunda posibilidad para quienes dudan es votar apruebo, y confiar en que las reformas constitucionales que consideren necesarias reúnan una representación suficiente para que se puedan hacer reuniendo 4/7 (el 57%) del voto en ambas cámaras en el caso de las normas que no sean las relativas a los derechos fundamentales y la estructura del Estado. O bien que éstas últimas se reformen mediante plebiscito, siempre que en el parlamento se alcance 4/7 y no se reúna 2/3 de los votos de los representantes. 

Lo ideal hubiera sido que el actual parlamento simplemente no tuviera facultades de modificación para respetar el mandato del plebiscito de 2020 y que toda la nueva constitución se pudiera modificar por mayoría simple. Pero la pretensión expresa de la derecha y parte de la ex concertación de modificar el nuevo texto constitucional, si es aprobado, antes que llegue siquiera a ponerse en práctica -y restablecer, en especial, el Senado actual- obligó a la Convención a establecer esta fórmula. Es, en todo caso, mucho más democrática para reformar la constitución en los temas medulares, pues acude al pronunciamiento ciudadano, exactamente lo que la constitución de 1980 niega. 

Los nuevos quórum de formación de las leyes permitirán aprobar normas sin vetos para beneficiar a las mayorías en todas las materias que han sido objeto de bloqueo desde 1990. Ya no habrá leyes orgánicas y de quórum calificado y el nuevo parlamento será uno que, junto con el gobierno, podrá abrir alternativas de cambio siguiendo la voluntad mayoritaria de la sociedad. Este es el punto clave en juego, y alrededor del cual giran todas las objeciones al cambio constitucional: el rechazo a la soberanía popular y paritaria y el reconocimiento de autonomías indígenas como principios ordenadores del orden político que inaugurará la nueva Constitución si es aprobada.

Esto no es sinónimo de desorden ni de irresponsabilidad. El ejecutivo conservará facultades exclusivas en materia de gasto y creación de empleos públicos, para una sana gestión económica. El parlamento podrá proponer gastos, pero la última palabra será siempre del ejecutivo, dotado de un mandato constitucional nuevo de responsabilidad fiscal, extendido a las administraciones territoriales. El desborde institucional durante Piñera, que habilitó la facultad de modificar los fondos de pensiones mediante reformas constitucionales, será ahora mucho más difícil, para que tomen nota los que critican la nueva constitución desde el ángulo de la crítica al parlamentarismo clientelista y al populismo.

Queda explicar con paciencia que la nueva Constitución no es "mala" ni "está plagada de errores" como plantean los propagandistas pedestres del rechazo, sin dar argumento sustancial alguno. El nuevo texto lo que hace es terminar con la herencia dictatorial para cerrar el negro capítulo de la imposición autoritaria sobre la voluntad ciudadana abierto en 1973 y que buscó consagrar la constitución de 1980. La opción es mantener las heridas abiertas y la inestabilidad del orden oligárquico o bien terminar de abrir un futuro plenamente democrático e innovador, por el que han luchado incansablemente diversas generaciones desde hace 50 años.

La deriva del Banco Central

En La Mirada Semanal

Persistir en una política recesiva para bajar una inflación de origen externo en vez de acomodar sus efectos económicos y distributivos y evitar una caída de la actividad y del empleo, es un error técnico o una directa intencionalidad política para dificultar el cambio institucional democrático y las reformas que el actual gobierno se propone emprender.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) percibe signos fuertes que anticipan una importante ralentización de la economía chilena, a la vista de sus Indicadores compuestos avanzados publicados el 14 de junio. Estos se proponen anticipar los signos de inflexiones del ciclo económico, El dato promedio de Chile lleva más de un año a la baja y cayó en mayo en 0,39 puntos, hasta 98,15 puntos, el segundo mayor descenso de los países miembros. Para el conjunto de la OCDE, la disminución fue de 0,11 puntos en mayo, hasta 99,88 puntos. 

A su vez, en su informe semestral de Perspectivas Económicas publicado la semana pasada, la organización calculó que el producto interno bruto de Chile crecerá este año un 1,4%, con la mayor corrección a la baja para un miembro desde el anterior estudio publicado en diciembre, con 2,2 puntos porcentuales menos. La OCDE señala en este informe que "el atraso en la recuperación del empleo y los más altos precios globales de los alimentos y la energía requerirán un soporte fiscal focalizado y temporal a los hogares más vulnerables”, y agrega adecuadamente que “una reforma fiscal que atienda los ingresos públicos estructuralmente bajos de Chile y la baja progresividad de los impuestos es necesaria para abordar las necesidades de infraestructura y sociales apremiantes. Más inversión en renovables, acopladas con una aceleración de la salida de las plantas a carbón, puede ayudar a reducir la dependencia energética y los costos. El banco central debe continuar restringiendo para asegurar que la inflación vuelva a la meta, pero a un ritmo más bajo dada la desaceleración económica".

Con matices, es lo que hemos venido sosteniendo en esta columna semanal.

Por su parte, el Banco Central postula ahora la necesidad de una recesión hasta el año próximo. Rosanna Costa declaró que “es absolutamente necesario el ajuste de la economía que vamos a tener el 2023 para que (...) converja la inflación”. El BC prevé -0,5% de PIB en 2023 y le parece perfecto. Al mismo tiempo, Costa reconoce que la aceleración reciente de la inflación es de origen externo: "a este escenario ya complejo se ha sumado un conjunto de shocks de gran magnitud, mayor persistencia y la mayoría, en lo más reciente, de origen mayoritariamente externo". Pero llega a una conclusión extraña: "por lo tanto, lograr la convergencia de la inflación en el horizonte de política exige hoy un esfuerzo adicional respecto a marzo". 

El "por lo tanto" no tiene ningún fundamento si se considera que los precios de alimentos y combustibles no van a seguir creciendo en los próximos 24 meses, salvo una catástrofe mundial que no está en el horizonte previsible. A lo más quedarán en su nivel actual o algo superior en ese lapso. Al mismo tiempo, la demanda interna está disminuyendo. Pero sobre todo, los eventuales mayores precios de bienes importados no podrán ser evitados subiendo las tasas de interés en Chile. Pretender hacerlo deprimiendo la economía es simplemente un absurdo que no se veía desde la crisis de 1929.

Dice Costa: "necesitamos resolver desbalances macroeconómicos muy importantes que siguen pendientes y tomarán más tiempo". ¿Cuáles desbalances? La economía cae, los salarios reales caen, el consumo disminuye y la inversión también (ver mi columna anterior y el informe de política monetaria del Banco Central de junio). 

El déficit en cuenta corriente es el problema más preocupante. Ha aumentado en los últimos dos trimestres (en buena parte por el incremento de las remesas de utilidades mineras al exterior), pero está financiado y no ha provocado grandes déficits en la balanza de pagos o el uso masivo de reservas (son mayores en mayo de 2022 que en 2019). La deuda externa total sobre PIB disminuyó en el último trimestre. Por su parte, la devaluación del peso respecto a su nivel de 2019, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, irá mejorando la balanza comercial, junto a la progresiva normalización de los soportes logísticos del comercio internacional.

El BC se equivoca en dos cálculos en su apreciación de la coyuntura. Primero, la capacidad instalada no está sobre-utilizada en diversas actividades de producción de bienes, si se compara los niveles actuales de producción sectorial con los previos a la crisis, mientras la provisión de servicios ha aumentado pero no tiene techos productivos rígidos en el corto plazo como la producción de bienes. Segundo, sobreestima la inflación de demanda de origen interno, al no separar los impactos de los precios externos de "segunda vuelta" (especialmente las alzas de los combustibles y los cereales). Hay un primer impacto en el IPC por el aumento del precio del bien importado repercutido de inmediato al consumidor y luego un segundo impacto al trasladarse esa alza desde el productor que lo utiliza al consumidor (es el caso de casi toda la producción de bienes que utiliza el petróleo y derivados y la producción de alimentos que utilizan harinas, aceites y azúcares), especialmente en mercados con poca competencia. En todo caso, existe la "elasticidad-precio de la demanda" y la "elasticidad-ingreso de la demanda": habrá bienes que no dejarán de ser consumidos aunque sus precios suban y/o aunque los ingresos de los hogares bajen (es el caso en buena medida del pan y los combustibles), salvo en el caso de una pérdida drástica de los ingresos familiares. ¿Esa es la intención del Banco Central con su política de alza insólita de tasas de interés?

Persistir en una política recesiva para bajar una inflación de origen externo y que es inevitable (ver el análisis de Paul Krugman), en vez de acomodar sus efectos económicos y distributivos y evitar una caída de la actividad y del empleo (como hacen los bancos centrales en EE.UU y la UE), es ya sea un error técnico o bien una construcción conceptual con una directa intencionalidad política para dificultar las reformas que el actual gobierno se propone emprender. El argumento del consejero Pablo García, según el cual el Banco Central chileno se adelantó correctamente al resto en su política restrictiva, es una falacia. Lo que ha hecho es sumar por adelantado e inútilmente una inflación inevitable y temporal con una caída del crecimiento, precisamente cuando el país debe pronunciarse sobre el mayor cambio institucional de su historia reciente. Esto es reprobable desde el ángulo que se le mire. 

Más ampliamente, esta visión ultraortodoxa anuncia una dificultad de largo plazo: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra la inflación externa, y si es posible por anticipado. Es de esperar que la incorporación de nuevos miembros al consejo del Banco Central, y los nuevos aspectos que debe considerar en su política monetaria previstos en la nueva Constitución, puedan corregir esta deriva una vez que entre en vigencia.

La economía, el empleo y la ortodoxia

En La Mirada Semanal

En todo el mundo se debate sobre una política de estabilización de precios que no produzca una nueva caída de la economía después de la recesión de 2020. En Chile, en cambio, se discute sorprendentemente mucho de lo primero y apenas de lo segundo, en circunstancias que el pleno empleo es uno de los mayores bienes públicos a ser defendidos en cualquier sociedad.

El mundo vive una etapa de crecientes incertidumbres, con la guerra de Ucrania superponiéndose a los efectos todavía persistentes de la pandemia de COVID-19. El primer impacto sanitario de 2020, que se tradujo según el FMI en una caída de -3,1% del PIB mundial, fue seguido por un crecimiento de 6,1% en 2021 y una proyección de expansión de 3,6% para este año. Una vez normalizada buena parte de la producción a escala global, se verificaron efectos inflacionarios temporales por restricciones de la oferta en diversas cadenas de suministros, en el contexto de una mayor demanda de bienes y de políticas de apoyo gubernamental a empresas y hogares (ver Brad DeLong). Se agregó desde febrero un brusco desequilibrio en el mercado de las energías fósiles y de los cereales, oleaginosas y fertilizantes por la invasión rusa a Ucrania, con importantes incrementos de precios. Estos alcanzaron en mayo un 64,9% anual en el caso del petróleo WTI y un 37,9% en el de los cereales.

En todas partes se debate ahora sobre la mejor política de estabilización. En Estados Unidos, se discute si las metas inflacionarias previas son o no pertinentes. Paul Krugman (2022), premio Nobel de economía, señala: “cualquier interesado en la política económica debiera saber que la historia de cómo se llegó a que el 2% defina la 'estabilidad de precios' es peculiar, y que el argumento para mantener esa meta está menos basada en una recta teoría económica que en casi metafísicas consideraciones acerca de la credibilidad". Agrega Krugman que “si la Fed hubiera de aplicar los estándares que prevalecieron en los años 1980, consideraría que la actual inflación es aceptable y cantaría victoria. En cambio, está poniendo una restricción en los mercados de crédito y arriesgando al menos una recesión leve para llevarnos a 2% desde el 4%. ¿Por qué? No porque haya un caso económico ineludible. Tal como Blanchard y sus coautores preguntaron en 2010: ¿son los costos netos de la inflación mucho mayores con, digamos, 4 por ciento que con 2 por ciento? No existe evidencia real de ese efecto".

Olivier Blanchard -ex economista jefe del FMI- y el propio Krugman proponen que la meta de inflación, sin los productos volátiles, se aumente a 4% en Estados Unidos y la Zona Euro, para evitar políticas contractivas sin sentido, lo que otros rechazan en nombre de la credibilidad. Lo paradojal es que los grandes bancos centrales han construido una nueva credibilidad mediante políticas no convencionales para enfrentar las dos más graves recesiones desde 1929, la de 2008-09 y la de 2020, como muestran Bhattaray y Neely (2022), con el trasfondo del “estancamiento secular” como principal problema económico de más largo plazo. Han sido, además, reacios a decidir aumentos bruscos de la tasa de interés.

En el caso de Chile, no existe ningún argumento racional -dada la fuerte exposición a los impactos de los precios externos por el grado de apertura de la economía- para que la meta de inflación (sin bienes volátiles) no sea también de 4% en un horizonte de 24 meses. Hoy la meta de inflación en Chile ya es discrecionalmente de 3%, y no de 2%, como en Estados Unidos y la Zona Euro, precisamente por esa razón. En todo caso, no le corresponde al Banco Central establecer las metas de inflación, que deben ser congruentes con las de empleo, de modo de no precipitar a la economía en frecuentes recesiones. Le corresponde fijar las metas de inflación a la autoridad democráticamente electa, la que debe responder por ellas, como ha subrayado el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, quien agrega que "el banco central debe demostrar regularmente que está persiguiendo apropiadamente sus metas mandatadas". A este solo le corresponde formular y ejecutar autónomamente la política monetaria para contribuir a alcanzar esas metas.

En los últimos meses destaca la ortodoxia del Banco Central en el manejo de la recuperación. Se ha producido una sorprendente reacción frente a los hechos medulares de la coyuntura, es decir los aumentos de precios por interrupciones temporales en algunas cadenas globales de suministro y luego una crisis aguda de los precios internacionales de los combustibles y de los alimentos. Esta inflación importada inevitable ha sido tratada como si fuera una inflación de origen interno por exceso de demanda, la que requeriría una recesión correctiva y no una corrección específica de sus efectos distributivos. No hay evidencia de una “economía sobrecalentada”, pues la producción de bienes se encuentra en promedio en abril de 2022 por debajo de la de 2018. Los servicios han experimentado una expansión importante, pero muestran menos límites de capacidad instalada para su provisión.

Si bien la inflación alcanzó en mayo un 11,5% anual, aumentaron en 14,0% los precios de los bienes sujetos al comercio internacional en la canasta de consumo. La tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 9,0% anual, lo que se explica en parte porque los aumentos de precios de los combustibles, a pesar del aplazamiento de su efecto por el mecanismo de estabilización, han impactado en toda la economía. El fuerte efecto en el consumo en 2021 de los retiros de fondos de AFP y de los ingresos de emergencia están, por su parte, en retirada y no alimentarán la inflación futura, mientras los salarios reales vienen cayendo desde octubre pasado (en abril la variación anual fue de -2,3%).

Índices Trimestrales Móviles de Actividad Económica y Ocupación (enero 2019=100), enero 2020-abril 2022

Fuente: a partir de Banco Central e INE.

El resultado es que tendremos con una alta probabilidad otra recesión evitable en 2022. Esto ocurrirá gracias a los aumentos sistemáticos de las tasas de interés de política monetaria por el consejo del Banco Central (pasaron de 0,5% a 9% en un año). La entidad considera sin matices que deben seguir subiendo, pues "la economía está retrocediendo a una velocidad menor que la esperada, ligado a un consumo que se ha mantenido en niveles elevados”. Esta afirmación es sorprendente si se considera que el consumo desestacionalizado de los hogares ha variado en -0,6% en el cuarto trimestre de 2021 y en -0,3 en el primer trimestre de este año. Un segundo factor recesivo es el ajuste fiscal de -25% (-8% del PIB) programado para 2022 por el gobierno anterior, una "política de shock" a lo Milton Friedman que no tiene justificación alguna. Esta combinación de políticas no logrará controlar la fuerte inflación importada que durará, desgraciadamente, durante un cierto tiempo por los avatares de la situación internacional, pero terminará por afectar de manera importante la actividad e impedir una aún incompleta recuperación del empleo.

Hay dogmas que tienen larga vida, en este caso el que lleva a rechazar la idea que las economías pueden funcionar sin graves costos con un cierto nivel de inflación temporal, con las debidas compensaciones a la pérdida de poder adquisitivo de las personas y grupos de menos ingresos. El suplemento de la asignación familiar que compensa el aumento del precio de los alimentos básicos decidido por el gobierno actual va en la línea adecuada, así como la distribución en el tiempo del aumento de los precios de los combustibles y de la electricidad, junto a congelar la tarifa de transporte público.

Una recesión interna no va a evitar el aumento de los precios importados. Es un error técnico o una intencionalidad política considerar sin más trámite que es necesario debilitar la actividad productiva y provocar efectos negativos en las pymes y en el empleo. El argumento de la necesidad de “desanclar” las expectativas de una espiral de salarios-precios es válido, pero siempre y cuando se observen síntomas en la materia. No es el caso en el Chile actual. La ocupación suma en febrero-abril de 2022 unas 280 mil personas menos que en el trimestre de mayor actividad previa en 2020 (y 165 mil menos en el caso de las mujeres). Los desempleados totales suman 1,5 millón de personas. El empleo informal es de 27,2% y abarca 2,4 millones de personas, según el INE.

La ortodoxia ya provocó en 1999 y 2009 (y en otras circunstancias en 1975 y 1982-83) caídas evitables de la actividad económica. Lo que subyace es el postulado de "la necesidad de un ajuste después de los excesos de gasto", en este caso después de los retiros de ahorros previsionales y los ingresos de emergencia que estimularon fuerte pero temporalmente el consumo. Se encuentra muy pocas razones técnicas válidas y mucho de una apreciación elitaria y moralizante sobre las circunstancias que enfrenta la economía y la sociedad en el Chile de hoy.

Lo que el país ha vivido es una crisis inédita en 2019 por la acumulación de las fracturas sociales, seguida de la grave pandemia que ha afectado al mundo, junto a un desborde institucional posterior que llevó a los retiros desde AFP y a fuertes déficits fiscales. La crisis llevó a la búsqueda de una redefinición del marco institucional y del pacto social, empezando por provocar una alternancia en el gobierno. Estos procesos deben ser protegidos y no obstruidos por políticas que podrían llevar a un nuevo clima de crisis social, lo que tiene sin cuidado al mundo de la ortodoxia. El consumo requiere de un aterrizaje suave y de la mantención de políticas redistributivas, no de deterioros bruscos e indiscriminados que afectan el empleo. Simplemente el pleno empleo no es relevante para este enfoque, aunque se trate de uno de los mayores bienes públicos a ser defendidos.

¡No lo permito!

En La Mirada Semanal

En estos días siguen divulgándose expresiones excesivas sobre la nueva constitución. Llama la atención que los calificativos más furibundos no necesariamente provengan de la derecha tradicional, sino de personeros que se suponía pertenecían a otros mundos. En definitiva, los conservadores de distintas tendencias se atrincheran, con amplio apoyo mediático, en el intento de mantener el veto minoritario sobre la voluntad popular.

Matías Walker, por ejemplo, habla de “autoritarismo constitucional”, “retroceso democrático” y que “lo que está saliendo de la Convención atenta contra los principios democráticos más básicos”, sin lo que se parezca a una sombra de argumento racional. Javiera Parada declara que “no he leído todavía el borrador”, lo que no le impide señalar que “creo que este borrador nos acerca más, lamentablemente, al nuevo constitucionalismo latinoamericano que es el constitucionalismo bolivariano que a una constitución moderna”. Y asegura que “cuando no quedan bien dibujados los sistemas políticos el riesgo del autoritarismo o de la ingobernabilidad permanente como vemos en el caso del Perú están a la vuelta de la esquina”.  Notable juicio de oídas sobre algo que no se ha leído (para qué decir estudiado). Una pequeña precisión: la constitución vigente en Perú es la de Fujimori, personaje no exactamente bolivariano. En todo caso, Parada deberá explicar cómo una ex activista de la Asamblea Constituyente (AC) terminará, como parece anunciar, votando por mantener la constitución actual, luego de haber criticado, con razón, un sistema de vetos de la voluntad mayoritaria que anula la vigencia de derechos sociales básicos, como ha subrayado con buenos argumentos y una nutrida experiencia en la materia Nicolás Eyzaguirre.

Por su parte, Jorge Correa opina que “este texto pone en riesgo la democracia, traba el crecimiento, hace improbable el buen gobierno y debilita la capacidad del Estado para enfrentar la violencia”. Nada menos. Como para salir arrancando. Pero el argumento es singularmente débil: “la Constitución se puede modificar en los mismos términos que una ley, salvo aquellas que alteren sustancialmente el régimen político, el periodo presidencial, el diseño del Congreso y su duración, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales y el capítulo sobre reforma constitucional”. Y agrega: “solo esos temas quedan blindados como propiamente debe ser en una Constitución porque se aprueban como una ley, pero deben ir a un referéndum a menos que sea aprobada por 2/3. Todo el resto del texto constitucional es, en lo sustantivo, una ley y se puede modificar igual que una ley”. Solo esos temas…En este caso, Jorge Correa deberá explicar por qué nada de lo catastrófico que enuncia fue considerado como tal en el largo recorrido de la Constitución de 1925, que contemplaba su reforma con “el voto conforme de la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio”. Era una norma algo más exigente que el voto de mayoría de los presentes que incluye el actual proyecto constitucional, pero sin las excepciones de quórum más alto (2/3) o plebiscito en materia de derechos fundamentales y de estructura básica del Estado que contempla el borrador. El propio presidente Frei Montalva usó este mecanismo para reformar el derecho de propiedad en la Constitución y permitir la reforma agraria que llevó adelante en su gobierno.

El tema de fondo es que la constitución posiblemente dejará de ser una “máquina de prohibir” el ejercicio de la soberanía popular y de hacer inefectivo el principio de mayoría, como hasta ahora.

Esto viene de muy atrás. Permítaseme una pequeña digresión. La monarquía parlamentaria de Polonia – la primera en el mundo – estableció en 1573 el “liberum veto“, mecanismo de imposición del poder de la aristocracia sobre la representación ciudadana (por mucho que aún fuera bastante restringida). Este consistía en una modalidad de votación mediante la cual cualquier miembro del Sejm (senado de la aristocracia de Polonia-Lituania) podía oponerse a una decisión de la asamblea mediante veto o suspensión de las deliberaciones, declarando en alta voz la expresión polaca Nie pozwalam! (“¡no lo permito!”). Bastaba un solo voto de algún miembro de la aristocracia que participaba en el Sejm por derecho propio.

Como señala la escritora mexicana de origen polaco Elena Poniatowska en el prólogo a su nueva novela, El amante polaco, “cualquier moción de un diputado a favor de las clases más olvidadas o del aumento de impuestos a los grandes señores era aniquilada por esta restricción. De todas las costumbres y tradiciones sármatas, ninguna peor que ese veto que mantenía a Polonia débil y anquilosada. Amparada por él, la nobleza conservadora olvidó enseñar a leer, proteger, curar y luchar contra plagas y epidemias, y se negó a dar oportunidades a los que nacían desheredados. Muchos polacos de la clase alta jamás abrían un libro, por lo tanto, su conciencia social no llegaba muy lejos y las reformas iniciadas por el joven rey Poniatowski —quien subió al poder a los treinta y dos años (Catalina a los treinta y tres)— irritaron a los nobles de la szlachta, los propietarios de tierras, castillos y privilegios feudales”. La crisis final de la monarquía polaca bajo veto aristocrático terminó con su supresión como nación independiente en 1795 en manos de Rusia, Prusia y Austria. Esa es una de las lecciones de la ceguera histórica de la nobleza polaca (de paso comento, para la pequeña anécdota de la que surge un interés por la historia polaca, ser descendiente, como Elena Poniatowska, de una de sus miembros, Alma Tomachevska, emigrada a Chile en 1880).

Como en Polonia, el veto de clase se ha expresado bajo múltiples formas en diversos regímenes políticos a lo largo de la historia. Su superación es lo que algunos en las elites dominantes en Chile no pueden concebir, bajo la larga influencia del “peso de la noche” portaliano y de la dictadura de casi dos décadas iniciada en 1973. Pero la fuerza de la historia ha estado marcando la necesidad del fin de los vetos de minoría y el inicio de una fase democrática en el que las mayorías periódicamente elegidas manden, junto a minorías que tengan sus derechos fundamentales protegidos, incluyendo el de procurar transformarse en mayoría con plenas garantías.

Nada de eso está amenazado por el proyecto de nueva Constitución. Sostener que atenta contra “los principios más básicos de la democracia” es una tergiversación sin fundamento alguno, marcada por una pasión furibunda y una falta de objetividad notoria.

En cambio, los balances iniciales con apreciaciones ponderadas de personas como Carlos Peña y Raphael Bergoeing debieran inspirar a tanto “amarillo” falto de serenidad.

Por lo demás, cabe tener presente que las definiciones constitucionales son importantes para la dinámica de las sociedades, pero no resuelven por sí mismas las fracturas históricas, las debilidades institucionales y los conflictos económicos, sociales, territoriales y culturales que las hacen difíciles de gobernar. Tampoco será el caso de Chile, cualquiera sea el resultado del proceso constituyente. Pero el nuevo proyecto constitucional, si es aprobado, ayudará a que las instituciones y el sistema político al menos estén en mayor sintonía con la voluntad popular y con las nuevas generaciones y su lenguaje. Y gocen de una renovada legitimidad, hoy por los suelos. Es lo mínimo que se puede pedir para avanzar a una gobernanza plural efectiva, de modo que el sistema político en Chile no termine por zozobrar en manos de lo que Máriam Martínez-Bascuñán llama “la impotencia de la democracia” frente a las estructuras de poder constituido. Lo que está en juego es un futuro que prolongará el divisivo orden oligárquico chileno vigente o bien abrirá la posibilidad de transitar a un orden más justo e inclusivo, y por eso más pacífico en el largo plazo.