Persistir en una política recesiva para bajar una inflación de origen externo en vez de acomodar sus efectos económicos y distributivos y evitar una caída de la actividad y del empleo, es un error técnico o una directa intencionalidad política para dificultar el cambio institucional democrático y las reformas que el actual gobierno se propone emprender.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) percibe signos fuertes que anticipan una importante ralentización de la economía chilena, a la vista de sus Indicadores compuestos avanzados publicados el 14 de junio. Estos se proponen anticipar los signos de inflexiones del ciclo económico, El dato promedio de Chile lleva más de un año a la baja y cayó en mayo en 0,39 puntos, hasta 98,15 puntos, el segundo mayor descenso de los países miembros. Para el conjunto de la OCDE, la disminución fue de 0,11 puntos en mayo, hasta 99,88 puntos.
A su vez, en su informe semestral de Perspectivas Económicas publicado la semana pasada, la organización calculó que el producto interno bruto de Chile crecerá este año un 1,4%, con la mayor corrección a la baja para un miembro desde el anterior estudio publicado en diciembre, con 2,2 puntos porcentuales menos. La OCDE señala en este informe que "el atraso en la recuperación del empleo y los más altos precios globales de los alimentos y la energía requerirán un soporte fiscal focalizado y temporal a los hogares más vulnerables”, y agrega adecuadamente que “una reforma fiscal que atienda los ingresos públicos estructuralmente bajos de Chile y la baja progresividad de los impuestos es necesaria para abordar las necesidades de infraestructura y sociales apremiantes. Más inversión en renovables, acopladas con una aceleración de la salida de las plantas a carbón, puede ayudar a reducir la dependencia energética y los costos. El banco central debe continuar restringiendo para asegurar que la inflación vuelva a la meta, pero a un ritmo más bajo dada la desaceleración económica".
Con matices, es lo que hemos venido sosteniendo en esta columna semanal.
Por su parte, el Banco Central postula ahora la necesidad de una recesión hasta el año próximo. Rosanna Costa declaró que “es absolutamente necesario el ajuste de la economía que vamos a tener el 2023 para que (...) converja la inflación”. El BC prevé -0,5% de PIB en 2023 y le parece perfecto. Al mismo tiempo, Costa reconoce que la aceleración reciente de la inflación es de origen externo: "a este escenario ya complejo se ha sumado un conjunto de shocks de gran magnitud, mayor persistencia y la mayoría, en lo más reciente, de origen mayoritariamente externo". Pero llega a una conclusión extraña: "por lo tanto, lograr la convergencia de la inflación en el horizonte de política exige hoy un esfuerzo adicional respecto a marzo".
El "por lo tanto" no tiene ningún fundamento si se considera que los precios de alimentos y combustibles no van a seguir creciendo en los próximos 24 meses, salvo una catástrofe mundial que no está en el horizonte previsible. A lo más quedarán en su nivel actual o algo superior en ese lapso. Al mismo tiempo, la demanda interna está disminuyendo. Pero sobre todo, los eventuales mayores precios de bienes importados no podrán ser evitados subiendo las tasas de interés en Chile. Pretender hacerlo deprimiendo la economía es simplemente un absurdo que no se veía desde la crisis de 1929.
Dice Costa: "necesitamos resolver desbalances macroeconómicos muy importantes que siguen pendientes y tomarán más tiempo". ¿Cuáles desbalances? La economía cae, los salarios reales caen, el consumo disminuye y la inversión también (ver mi columna anterior y el informe de política monetaria del Banco Central de junio).
El déficit en cuenta corriente es el problema más preocupante. Ha aumentado en los últimos dos trimestres (en buena parte por el incremento de las remesas de utilidades mineras al exterior), pero está financiado y no ha provocado grandes déficits en la balanza de pagos o el uso masivo de reservas (son mayores en mayo de 2022 que en 2019). La deuda externa total sobre PIB disminuyó en el último trimestre. Por su parte, la devaluación del peso respecto a su nivel de 2019, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, irá mejorando la balanza comercial, junto a la progresiva normalización de los soportes logísticos del comercio internacional.
El BC se equivoca en dos cálculos en su apreciación de la coyuntura. Primero, la capacidad instalada no está sobre-utilizada en diversas actividades de producción de bienes, si se compara los niveles actuales de producción sectorial con los previos a la crisis, mientras la provisión de servicios ha aumentado pero no tiene techos productivos rígidos en el corto plazo como la producción de bienes. Segundo, sobreestima la inflación de demanda de origen interno, al no separar los impactos de los precios externos de "segunda vuelta" (especialmente las alzas de los combustibles y los cereales). Hay un primer impacto en el IPC por el aumento del precio del bien importado repercutido de inmediato al consumidor y luego un segundo impacto al trasladarse esa alza desde el productor que lo utiliza al consumidor (es el caso de casi toda la producción de bienes que utiliza el petróleo y derivados y la producción de alimentos que utilizan harinas, aceites y azúcares), especialmente en mercados con poca competencia. En todo caso, existe la "elasticidad-precio de la demanda" y la "elasticidad-ingreso de la demanda": habrá bienes que no dejarán de ser consumidos aunque sus precios suban y/o aunque los ingresos de los hogares bajen (es el caso en buena medida del pan y los combustibles), salvo en el caso de una pérdida drástica de los ingresos familiares. ¿Esa es la intención del Banco Central con su política de alza insólita de tasas de interés?
Persistir en una política recesiva para bajar una inflación de origen externo y que es inevitable (ver el análisis de Paul Krugman), en vez de acomodar sus efectos económicos y distributivos y evitar una caída de la actividad y del empleo (como hacen los bancos centrales en EE.UU y la UE), es ya sea un error técnico o bien una construcción conceptual con una directa intencionalidad política para dificultar las reformas que el actual gobierno se propone emprender. El argumento del consejero Pablo García, según el cual el Banco Central chileno se adelantó correctamente al resto en su política restrictiva, es una falacia. Lo que ha hecho es sumar por adelantado e inútilmente una inflación inevitable y temporal con una caída del crecimiento, precisamente cuando el país debe pronunciarse sobre el mayor cambio institucional de su historia reciente. Esto es reprobable desde el ángulo que se le mire.
Más ampliamente, esta visión ultraortodoxa anuncia una dificultad de largo plazo: no permitir un crecimiento razonable de la producción y del empleo, es decir sustentado en las capacidades productivas y de importación existentes y en el estímulo de la inversión sostenible, en nombre de luchar contra la inflación externa, y si es posible por anticipado. Es de esperar que la incorporación de nuevos miembros al consejo del Banco Central, y los nuevos aspectos que debe considerar en su política monetaria previstos en la nueva Constitución, puedan corregir esta deriva una vez que entre en vigencia.
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