viernes, 1 de diciembre de 2017

¿Y ahora qué hacemos?


La resolución del Frente Amplio expresa una indefinición, una falta de acuerdo, lo que nunca es bueno en política. Pero no debe entenderse como dramático ni desanimar el camino final de la agrupación de fuerzas detrás de Guillier para derrotar el retorno de la derecha. Por un lado, han estado los que querían llamar a votar por Alejandro Guillier (eventualmente con ciertas condiciones programáticas) porque, aunque desconfían de él y de las fuerzas que lo apoyaron en primera vuelta, consideran que hacerlo es la única manera de evitar que Piñera sea el próximo presidente y que ese es un valor en sí mismo para evitar regresiones sociales y mayores conductas autoritarias del Estado. Y eventualmente que un acuerdo con Guillier, que es un independiente que no viene del corazón de la Nueva Mayoría, pudiera dar lugar a una agenda legislativa que viabilice cambios progresistas que el actual gobierno no estuvo dispuesto o no pudo llevar a cabo. Por otro lado, se situaron los que consideraron que ambos candidatos de segunda vuelta expresan a los poderes existentes y que deben ser rechazados por igual, por lo que la conducta a adoptar es la abstención y concentrarse en proyectar una futura mayoría autónoma del Frente Amplio sin alianzas, en una estrategia de camino propio. Las explicaciones que resultan de esta indefinición no son fáciles de entregar a la opinión pública, según se ha visto en estas horas. Los electores, incluyendo los numerosos votantes del Frente Amplio, de todas maneras van a determinar su conducta según su propio discernimiento, pues es efectivo que en democracia nadie es dueño de los votos de nadie. Pero las fuerzas políticas por definición buscan convocar a algo y a definirse frente a los hechos de la esfera pública orientando a sus adherentes y procurando ampliar su número. En este sentido esta es una ocasión perdida para el Frente Amplio.

Pero hay que considerar y comprender que su rápido recorrido desde que se constituyó hace un año sobre una base generacional y federativa, ha estado centrado en ser oposición al centro y a la izquierda tradicionales, con bastante razón pues estas fuerzas políticas han devenido desde hace ya bastante tiempo en una plataforma de poder burocrático llamada "centroizquierda" con cada vez menos credibilidad y eficacia. Su tema no ha sido hasta ahora constituirse en una opción efectiva de manejo de los asuntos de la sociedad. No se conciben como tal, sino como oposición a lo existente. La paradoja es que una parte sustancial del país está disponible para una nueva alternativa de izquierda y progresista dirigida por jóvenes, pero que esos jóvenes, entre otras cosas por serlo, no han hecho aún el natural recorrido, que no puede forzarse, de constituirse en alternativa de gobierno capaz de convocar a distintas generaciones, valorar la historia y las diversidades sociales y territoriales, en un nuevo bloque histórico para cambiar una sociedad aun económicamente extremadamente desigual, socialmente excluyente y depredadora del medio ambiente.

Constituir un nuevo bloque histórico por los cambios sigue siendo el desafío. El desafío de la consolidación democrática, aunque nunca puede descuidarse, ya deja de estar en el centro de la escena política. Para ese desafío se constituyó la Concertación, la que incluyó a los que tenía que incluir. Para disminuir las desigualdades, pasar del Estado subsidiario a un Estado de bienestar moderno y dar un giro ambiental y descentralizador a la economía, es bastante evidente, al menos para quien escribe estas líneas y sin ánimo de descalificar a personas sino que de describir tendencias, que figuras que se identificaron con el progresismo como Correa, Tironi, Schaulsohn, Brunner, Marfán, Valdés, Velasco, Guilisasti y otros, o bien que se identificaron con el socialcristianismo, como Aninat, Santa Cruz, Walker, Perez Yoma, y demases, están hoy día más cerca del neoliberalismo y la sociedad de mercado que de su transformación progresista. Están en su derecho, y este no es un tema de personas sino que de opciones políticas, que es útil se clarifiquen para no producir gobiernos incoherentes, como desgraciadamente fue en buena medida el que termina, con adversarios de su programa manejando los órganos clave del gobierno.

Hoy existe una nueva situación político-partidaria. La Fuerza de Mayoría (PS, PPD, PC, PR) obtuvo, en la elección de diputados, un 24% de los votos. El Frente Amplio, un 16,5%. Los partidos Progresista y País, un 3,9%. El MAS e Izquierda Ciudadana un 0,4%. Estas expresiones políticas de izquierda representan el 45% del electorado. Cabe considerar, además, a la emergente Federación Regionalista Verde, con un 1,9%. La Democracia Cristiana, por su parte, reunió el 10,3% de los votos. La derecha tradicional (Chile Vamos) obtuvo el 38,7% y la neoderecha (Amplitud y Ciudadanos) el 1,6%, sumando un poco más del 40%. En resumen, entre los que participan en las elecciones parlamentarias, la izquierda es más que la derecha y bordea la mayoría absoluta y el centro es muy minoritario.

Esta nueva situación, en la que la izquierda tiene que meditar sobre su identidad y sobre su futuro, el Frente Amplio no la valoró lo suficiente. Como no valoró al constituirse en 2016 la incorporación de personas de otras generaciones provenientes de la izquierda tradicional que podrían haber ayudado a que, con una configuración más amplia y de mayor credibilidad gubernamental, hubiera llegado incluso a disputar la segunda vuelta de diciembre de 2017.

El hecho es que la candidatura de Guillier no se parece mucho a las de la Concertación y la Nueva Mayoría. Su programa es claramente progresista -convención constituyente, fin al monopolio de las AFP, 70% de gratuidad, condonación de CAE para 40%, fondo universal para salud primaria, etc.- pero además ya no estarán en el parlamento figuras insignes de la lógica conservadora y acomodaticia con los poderes fácticos como Walker, Zaldívar, Escalona, Andrade que contribuyeron a desdibujar el programa de Bachelet y a desprestigiar su gobierno. Las figuras conservadoras de la DC y la tecnocracia neoliberal DC y PPD se han negado a apoyar a Guillier, que tampoco le reconoce a esos sectores el poder de veto que han ostentado en las etapas políticas previas. En el PDC, el peso parlamentario de sus sectores progresistas es hoy determinante, en un contexto en que, en una decisión que honra a ese partido, decidió de inmediato apoyar a Guillier sin condiciones, confiando, como seguramente hará, en que incorporará sus temas programáticos en una convergencia no forzada, pues el PDC sigue siendo básicamente una fuerza de cambio.

Como nunca están dadas las condiciones para avanzar a una nueva constitución democrática que reconcilie a los chilenos con sus instituciones y para terminar de reconstruir la protección social al margen del mercado en Chile. No es poca cosa. Por eso hay que saludar el llamado del Frente Amplio a votar el 17 de diciembre y a impedir que Piñera gobierne, aunque faltó agregar que eso solo se logrará votando por Guillier. La victoria de Guillier, que ya parece ir configurándose en el ánimo colectivo, seguramente será seguida de la conformación de un gobierno coherente con la realización del programa comprometido. Este gobierno deberá incluir a sus fuerzas políticas de apoyo y probablemente también a independientes y a figuras jóvenes, ojalá al margen de cuotas pero seguramente con un sentido del equilibrio y al mismo tiempo de la eficiencia. Se abocará, por la fuerza de las cosas, a buscar acuerdos en el parlamento a partir de la Fuerza de Mayoría y de la DC y necesariamente con el Frente Amplio. Las legislaciones tributarias, laborales, presupuestarias, tendrán mayoría para aprobarse si se llega a esos acuerdos en beneficio de la mayoría social. La cuestión constitucional, en cambio, requerirá de un acuerdo con una parte de la derecha, la que tendrá que abocarse a un giro democrático si quiere volver a ser alternativa.

En suma, la regresión derechista es ciertamente negativa en sí, pero además una victoria de Piñera impediría producir los grandes avances que son posibles de concretar en los próximos cuatro años. Comprometerse a votar por Guillier o abstenerse es una gran responsabilidad, pues hacer lo uno o lo otro hará una gran diferencia para el futuro del país. Y del Frente Amplio.

jueves, 30 de noviembre de 2017

La condonación del CAE para el 40% de las familias de menos ingresos



El senador electo de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo, según reseña la prensa de hoy, que la propuesta de Alejandro Guillier sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado "se parece más a la propuesta de Piñera que a la nuestra. Siento que no le está hablando al electorado del FA" y que "les hablamos a miles de jóvenes y sus familias que están endeudados por el negocio de la educación superior, de los bancos, etc. Guillier las puede recoger, puede decir, mira me parece o puede decir los plazos en que él pretende abordar, puede que no sean los mismos que nosotros, que el FA. Eso está en mano suya pero por lo menos que las recoja".

La apreciación es un poco desconcertante: Piñera propone algo bien distinto a la condonación parcial y eventualmente temporal propuesta por Guillier para los deudores del CAE pertenecientes al 40% de familias más pobres. Piñera plantea un esquema general que incluye mantener una tasa de interés de 2% y un plazo máximo de pago de quince años, mientras Guillier plantea la mencionada condonación y para los que pertenecen a las familias del 60% de más altos ingresos en la sociedad una tasa de interés del crédito de 0% de interés y 10 años máximo de pago. ¿Cómo va ser lo mismo? Tal vez la interpretación surge porque Piñera también plantea que los bancos salgan del nuevo sistema de crédito para los que no accedan a la gratuidad en la educación superior y un esquema de pago de 0% a 10% del salario según la condición económica, lo que Juan Ignacio Latorre convendrá se parece a una mera concesión frente a su rechazo a la gratuidad, sin precisar mucho, además, los mecanismos de aplicación.

Pero no olvidemos lo principal. Piñera estuvo por dejar en el 50% de familias de menos ingresos la gratuidad de la educación superior y por no aumentarla a 60% en 2018 ni en el futuro. Luego se abrió a aumentarla por presión de Ossandón. Guillier se comprometió, en cambio, a aumentarla a al menos el 70%.

Pero el Frente Amplio insiste en la condonación total del CAE, con un costo de 8 mil millones de dólares, financiado con una tributación adicional al 2% más rico. Buena idea, que más bien debiera traducirse técnicamente en un aumento tanto de la tasa marginal del impuesto a la renta, que la reforma tributaria del actual gobierno bajó equivocadamente al 35% (recordemos que en 1990 era de 50%) como del Impuesto Territorial a las pocas propiedades inmobiliarias de muy alto valor. Pero esos recursos adicionales van a competir, por ejemplo, con el aumento del gasto en I+D en dos puntos de PIB para aumentar la productividad y la innovación; con el fortalecimiento de las Universidades estatales y la creación de Centros de Formación Técnica estatales en condiciones de gratuidad; con el aumento del gasto en infraestructura productiva y social restringiendo el sistema de concesiones que beneficia desproporcionadamente a sus operadores privados; con el aumento de las pensiones solidarias (recordemos que hoy son de 104.646 pesos al mes) en al menos otros dos puntos de PIB; con el fin del copago de las familias en el sistema escolar subsidiado (que permanece según la normativa actual hasta el año 2050) y la inyección de recursos en las escuelas públicas en todo el territorio; con la creación de un nuevo sistema de protección de la infancia para terminar con los abusos en el Sename; con el aumento de profesionales de salud y especialistas en el nivel primario y hospitalario para bajar urgentemente los tiempos y las listas de espera en la atención de salud, y así sucesivamente.

Que a los jóvenes profesionales que salen del 40% de menos ingresos se les pida que contribuyan a pagar una parte de su educación no es neoliberalismo ni piñerismo, sino apenas un poco de sentido de solidaridad. Los estudiantes graduados que por recibir educación vayan logrando mayores ingresos y estén en condiciones de contribuir a que otros estudien están llamados también a ser parte de un sistema de solidaridad basado en la progresividad de los aportes según los niveles de ingresos. Probablemente tenga sentido homologar la línea de pago a partir del 30% más rico hacia finales del próximo gobierno tanto la gratuidad como la exención de pagos del CAE y del fondo del crédito solidario, si los recursos van estando disponibles por el crecimiento y por los cambios tributarios de la reforma reciente y otros que resulten necesarios. No sé si afirmar esto es escuchar o no a los electores del Frente Amplio, pero si estoy seguro que estos son -como la gran mayoría de los chilenos y chilenas- solidarios y que aprecian que los cambios se hagan de modo de modo equitativo y progresivo para que perduren en el tiempo.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Piñera promete 600 mil empleos: algo no calza



En el gobierno de Piñera, entre marzo de 2010 y marzo de 2014, se crearon, según los datos del INE, un total de 969 mil empleos, con un crecimiento de 14% del volumen de empleo en el período. El empleo se crea básicamente según aumente la producción. El PIB, según el Banco Central, aumentó en 22.8% en el gobierno de Piñera. La elasticidad producto/empleo (es decir, en la jerga del análisis económico, los empleos creados por cada unidad adicional de producto) fue de 0.61, una cifra superior al promedio de más largo plazo, que ronda por el 0.5.

En el gobierno de Michelle Bachelet (para hacer posible la comparación de cuatro años tomamos el tercer trimestre de 2013 y el tercer trimestre de 2017, última cifra disponible) se han creado 531 mil empleos, es decir crecieron en 6.8%. La economía creció en el mismo período en 7.9%. Por tanto, la elasticidad empleo/producto subió a 0.86. Dicho con otras palabras, el crecimiento se hizo más intensivo en empleo.

Paréntesis: parece una buena cosa que se creen más empleos para cada unidad del crecimiento de la producción. Y lo es, ciertamente para las personas que han conseguido empleo. Pero, de nuevo para el análisis económico, ¡esto representa una caída de la productividad del trabajo! Se necesita más trabajadores para producir lo mismo. Decida usted cuál de las dos caras de la moneda le parece más satisfactoria. Lo razonable es sostener que en el corto plazo y en la parte baja del ciclo, por ejemplo cuando la economía chilena ha sufrido un fuerte choque externo como con la caída del precio del cobre entre 2012 y 2016 y un desplome de la inversión minera durante todo el gobierno de Michelle Bachelet , por razones estrictamente externas que nada tienen que ver con las reformas, es bueno que el empleo no se haya resentido en demasía. Y a pesar de que el crecimiento anual promedio del PIB bajó a menos de la mitad. En el largo plazo, más vale aumentar la producción por trabajador, porque así se incrementa la posibilidad de ampliar los ingresos de la mayoría. Esta posibilidad es mayor si existen mecanismos no asimétricos de negociación salarial periódica entre empleadores y trabajadores y además mecanismos redistributivos a través del sistema de impuestos-transferencias, y menor si no existen..

Sigamos. Piñera ha dicho que el empleo en su eventual futuro gobierno va a crecer en 600 mil empleos. Aclaremos en primer lugar que el empleo público (plantas y contratas) es el 3% del empleo total, de modo que no va a ser el gobierno el que va a crear esos empleos, sino los demás agentes económicos, es decir básicamente las empresas y las familias. Piñera ha dicho que durante su eventual futuro gobierno la economía crecerá más o menos como durante su gobierno de 2010-14. Con una elasticidad producto/empleo de 0,5%, se debieran crear unos 900 mil empleos, y no 600 mil. Entonces pueden estar pasando dos cosas: o bien Piñera calcula una fuerte caída de la intensidad de la creación de empleo, respecto de lo cual no se avizoran factores que la justifiquen, o bien sus cálculos reales de crecimiento son muy inferiores. Sería interesante que se nos aclarara este punto, porque si no se debe concluir que la promesa de reactivación de la economía por arte de magia ni siquiera está considerada en sus propios cálculos. La economía se reactiva en el corto plazo, cuando hay capacidad ociosa de producción, aumentando la demanda interna, y en el largo plazo aumentando esa capacidad de producción con más inversión pública y privada. Nunca por arte de magia.

martes, 28 de noviembre de 2017

El discurso de Guillier del 27 de noviembre



En su discurso anoche Alejandro Guillier avanzó en sus definiciones: nueva constitución con convención constituyente y plebiscito si el Congreso la rechaza; reconocimiento de pueblos indígenas; condonación del CAE a 40% de familias más vulnerables; 80% de gratuidad en educación superior en su gobierno y 100% en educación superior técnica; 3% de cotización de salud para fondo universal en salud primaria (que habrá que articular con las garantías GES-AUGE para las patologías que requieren atención hospitalaria); fin del monopolio de AFP en pensiones y nuevo sistema contributivo solidario, junto a varios otros temas (comentario: no encuentro en internet en ninguna parte el texto del discurso que escuché anoche en el teatro para difundirlo; ¡plop!). Con esto se configura un camino de cambios para cuatro años muy sustancial.

Hay quienes dicen que serán oposición de todas maneras a cualquier gobierno futuro. ¿Como así? ¿También a estas medidas? ¿Renuncian a gobernar o a influir en el gobierno? No puedo creerlo.

Me da la impresión que sigue habiendo más bien una explicable desconfianza con los liderazgos que en el pasado reciente han señalizado para un lado y luego girado para el opuesto. Esa actitud de desconfianza es comprensible.

Solo llamo la atención que abstenerse es todo lo contrario de actuar y avanzar. Y que lo importante es hacer los balances para construir para adelante, en un contexto en que la derrota electoral de los emblemáticos de las posturas de la Concertación más conservadoras y acomodaticias con los poderes fácticos y los privilegios es evidente (Ignacio Walker, Andrés Zaldívar, Camilo Escalona, Osvaldo Andrade), que en la DC están primando posturas progresistas o al menos decantándose posiciones y que el Frente Amplio estuvo a dos puntos de pasar a segunda vuelta y tiene una bancada de parlamentarios más numerosa y sólida que los parlamentarios díscolos del pasado. Estas nuevas condiciones hacen posible -junto al avance en la sociedad de la idea de una nueva etapa de avances tranquilos sin vetos de los poderes fácticos- que las propuestas de Alejandro Guillier no sean palabras que se lleva el viento sino una plataforma de cambios efectivos y factibles. Que se hagan realidad no dependerá del espíritu santo ni de profecías ancestrales sino que requerirá primero ganarle a Piñera y estructurar después una agenda gubernamental y legislativa que avance desde el primer día en la dirección delineada ayer y la que emerja de futuros acuerdos y compromisos de todas las fuerzas progresistas. O sea de todos los que no están con la derecha, cada cual en sus respectivos roles y posiciones, pero cooperando y poniendo por delante en la acción política cotidiana lo principal respecto a lo secundario. Con un mínimo de buena fe y de confianza.

martes, 21 de noviembre de 2017

Los dilemas de la mayoría

En Voces La Tercera

La derecha obtuvo un 44,5% en la elección presidencial, lo que reitera su condición de minoría en la sociedad y también en la esfera electoral y en el parlamento, aunque haya aumentado levemente en la elección del 19 de noviembre su representación. Esto, dicho sea de paso, revela que sus temores poco democráticos de avanzar hacia un sistema proporcional eran infundados, como lo son sus temores con una asamblea constituyente de la que emane una nueva constitución. La tríada de posturas que la caracteriza -con variantes mayores o menores- de autoritarismo como modo de resolver los conflictos, de libremercadismo que lleva a la concentración del poder económico y de conservadurismo cultural que lleva a la intolerancia, no tiene el apoyo mayoritario de la sociedad.

No es una opción de mayoría en Chile, por ejemplo, querer resolver la violencia rural en los territorios mapuches llevando tanques ni, en los diversos planos en los que la sociedad enfrenta conflictos, reemplazar la lógica del diálogo por la de la imposición, ni actuar con firmeza contra la delincuencia sin intervenir sustancialmente en paralelo sobre sus causas, incluyendo una de las desigualdades más amplias del mundo.

No es mayoría reducir al Estado en la regulación económica a un rol todavía menor que el actual. Al revés, que el Estado cumpla un rol estratégico en una economía mixta, en particular aumentando la inversión pública en los territorios y en su tejido productivo para que se acelere el crecimiento y que este sea sostenible con una más rápida transición a las energías limpias que el país posee en abundancia, le parece a la mayoría un mejor modelo económico que el libremercadismo. Esto no es, por lo demás, en absoluto contradictorio con un marco de responsabilidad fiscal. Y no es tampoco mayoritario en la sociedad pensar que la manera de crear más empleos decentes y de mejorar los salarios para que todas las familias sigan avanzando sea, como plantea la derecha y el gran empresariado, disminuir los derechos de los trabajadores y los de los usuarios y consumidores. Al contrario, en muchas partes del mundo se ha demostrado que son compatibles y que, con buenas políticas, terminan alimentándose mutuamente.

No es mayoría en la sociedad mantener una salud dual, sino más bien apoyar una mayor protección de la salud de las familias con una integración de las cotizaciones para un acceso universal a las emergencias y a la salud primaria, primero, con más centros de salud, más especialistas y equipamiento para terminar con las listas de espera, y más adelante con un sistema de protección integral que cubra también la atención hospitalaria, expandiendo el sistema GES-AUGE. El país necesita una salud pública y privada que estimule a las familias a mantener conductas saludables y fortalezca la prevención. Y que también atienda a los ciudadanos de manera oportuna impidiendo que la cobertura de los seguros privados de salud siga basada en la letra chica y las exclusiones y protegiendo suficientemente a todas las familias ante las enfermedades, haciendo complementarios y no obligatorios los aportes a las Isapres.

No es mayoría en la sociedad mantener un sistema previsional que no asegura pensiones dignas y no agradece el esfuerzo de las generaciones que han contribuido a Chile con su trabajo. Si es mayoritario apoyar un mayor esfuerzo tributario y presupuestario para subir la pensión básica solidaria y extenderla a más familias, y a partir de ese piso complementarlo con un sistema que financie con las cotizaciones obligatorias sobre los salarios las pensiones futuras según los ingresos ganados y los años y meses cotizados, con aportes solidarios a las lagunas de empleo y a las mujeres. La cotización a las AFP debe dejar de ser obligatoria y ser solo voluntaria y complementaria. Las AFP deben salir del ilegítimo lugar que ocupan en la seguridad social.

Es mayoría en la sociedad mantener el esfuerzo solidario de aumento del acceso a la educación y no volver atrás en los avances en la gratuidad de la escuela y de la educación superior técnica y universitaria. La derecha postula, en efecto, volver a un esquema de endeudamiento de las familias y de los futuros profesionales, en vez de avanzar a un sistema de financiamiento sustentado en tributos progresivos, en el que los que más tienen contribuyen a la educación de los que menos tienen, pues bien sabemos que la educación tiene un costo importante si queremos que sea de calidad. Y es mayoritario ampliar las oportunidades educacionales de las nuevas generaciones y afianzar una educación pública en la que no se ejerzan discriminaciones en la enseñanza y la investigación por creencias particulares.

Es mayoritario, además, avanzar al matrimonio igualitario y fortalecer los derechos de la diversidad sexual, en vez de la búsqueda de imponer a la sociedad posturas conservadoras por encima de la voluntad colectiva de reconocer y respetar los derechos individuales en materia de opciones de vida.

Y también es mayoritaria en la sociedad la idea que Chile necesita nuevas instituciones que emanen del pronunciamiento ciudadano para que el país avance en temas como el reconocimiento de derechos sociales al margen del mercado, en las libertades y la separación de los poderes, en un gobierno semipresidencial que asegure coaliciones mayoritarias y estables de gobierno, en la descentralización, en la consagración de una función pública profesional y austera que sustente con eficiencia los servicios públicos y termine con el clientelismo. Esto solo lo podrá lograr una nueva Constitución, en acuerdo con el nuevo parlamento y con representantes directos de los ciudadanos para este efecto, para que esté representada la voz de los ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones de Chile en las nuevas reglas del juego del siglo XXI.

Estas ideas son mayoritarias en Chile. Nos lo demostró la elección del 19 de noviembre. Es ahora deber de las representaciones políticas que se identifican con ellas tomar nota del veredicto de las urnas y aunar esfuerzos para evitar que la derecha, más cohesionada y consciente de sus intereses, vuelva al poder por una división que lleve a la desmovilización y la derrota de una mayoría social que no comparte ni sus ideas ni sus intereses. Estas representaciones están hoy divididas por la historia reciente, por intereses de grupo y de capilla. En especial se ha producido un quiebre que adopta equivocadamente ribetes generacionales por las prácticas políticas condenables que se instalaron en décadas de ejercicio del poder por los partidos democráticos, algunos de cuyos miembros se subordinaron al poder del dinero en una transición que terminó por alejarlos de la sociedad y de los intereses mayoritarios. No es aceptable que persista, en particular, una seguridad social, una salud y una educación privatizadas como en ninguna parte del mundo, con excepción de Estados Unidos en materia de salud. El compromiso con la erradicación de la corrupción y el clientelismo debe ser el primer principio de un nuevo pacto de gobernabilidad progresista que recupere la confianza ciudadana. Y también de un pacto de gobierno entre los que estén dispuestos a enfrentar la siempre difícil pero ineludible tarea de encabezar las instituciones públicas para transformar a Chile, salvo que se prefiera la siempre más cómoda posición de la vereda de enfrente sin asumir compromisos distintos que la sola queja, por justificada que sea, sobre lo existente, o situarse en la inconducente lógica del todo o nada. Concordar tareas comunes para los próximos cuatro años, desde el gobierno y/o el parlamento, entre la Fuerza de Mayoría, el Frente Amplio, la DC y otras expresiones no derechistas es un deber para con la mayoría social que sigue aspirando a una sociedad más libre y más justa.

jueves, 9 de noviembre de 2017

Los candidatos


Luego de los diversos debates, y el más reciente en televisión, cada cual tiene, probablemente, su guía de evaluación de candidatos. La mía incluye una trilogía: lo que el candidato/a dice, desde dónde lo dice y de qué manera lo dice.

En efecto, lo que el candidato/a dice y enuncia parece ser lo primero que debe tenerse en cuenta, en tanto refleja su visión de mundo y sobre los desafíos del país, es decir los programas que sustentan la candidatura.

En mi apreciación, en esta materia el eje izquierda-derecha (mayor o menor aceptación de la desigualdad en la sociedad, mayor o menor compromiso con la democracia como forma de gobierno, mayor o menor respecto de los derechos individuales) sigue siendo pertinente. José Antonio Kast y Sebastián Piñera proponen volver atrás en materia de aborto, no avanzar en gratuidad educacional, radicalizar la represión contra la delincuencia y las rebeliones mapuches, bajar impuestos a los más ricos, disminuir el Estado social y desregular todavía más las relaciones laborales. Kast agrega la defensa de los violadores de derechos humanos, el despliegue del Ejército en la Araucanía, el uso de armas de fuego en las casas, la enseñanza obligatoria de la religión. Piñera agrega una idea de protección social de la clase media acompañada de despidos en la administración pública. Todo esto conforma visiones y propuestas de extrema derecha y de derecha bastante precisas.

El centro, si es que esta categoría existe más allá de una idea general de equidistancia, busca ser ocupado por Carolina Goic, pero más como enunciado genérico que mediante medidas precisas, salvo su rechazo al PC, acompañado con la idea también genérica de que “se atreve” y de que sus posiciones serían socialdemócratas. Ni el socialcristianismo ni el conservadurismo católico es demasiado reivindicado, probablemente para buscar un electorado concertacionista más amplio.

Más a la izquierda, Guillier –representando la combinación de partidos que podríamos llamar de “Frente Popular”- ha desarrollado una visión de tipo socialista democrática reivindicando una nueva constitución con métodos participativos, más descentralización, el “fin de los abusos” económico-sociales con más avances en reformas sociales (restringir a las AFP, avanzar en gratuidad educacional y terminar con el CAE, conformar una cotización integrada para financiar el acceso universal a la salud primaria) y un nuevo royalty minero. Beatriz Sánchez y el Frente Amplio agregan una postura específica de Asamblea Constituyente, de sacar a las AFP del sistema de seguridad social, de establecer un fondo de cotización única de salud, de introducir propiedad pública en las principales empresas, con un costo programático bastante elevado financiado en parte con un impuesto patrimonial al 2% más rico. Alejandro Navarro postula temas parecidos, agregando la necesidad de más médicos especialistas y vacunas sin timerasol y pagar la deuda con los profesores que viene de los años ochenta para los que fueron traspasados a los municipios con endeudamiento público.

Marco Enríquez-Ominami ha sido ecléctico en materia de programa, que incluye medidas que van desde la eliminación de impuestos a la Pyme hasta mandar a jóvenes a reformatorios militares. Artés quiere un régimen de partido único, nacionalizar los medios de producción y restablecer la pena de muerte, en una orientación ideológica de tipo estalinista clásica.

Esta descripción se puede acompañar de una apreciación mucho más breve respecto a desde dónde se habla. Piñera habla básicamente desde los intereses del gran empresariado, es decir los suyos propios, incluyendo defender el uso de “empresas zombis” y de paraísos fiscales para eludir impuestos “porque son legales” y desde un gran ego (un ego superior al promedio es, sin embargo, parte usual del liderazgo político), aunque personalmente le doy el crédito de convicciones democráticas. Kast, Goic, Guillier, Sánchez, Navarro y Artés me parece que hablan desde sus respectivas convicciones y dosis particulares de ego. Enríquez-Ominami habla cada vez más desde el afán de lograr notoriedad comunicacional, más allá de convicciones.

Y en materia de formas republicanas, la incorrección ha corrido por parte de Kast y sus posturas de halago del uso de la fuerza, de Navarro y su gesto de tirar monedas, de Goic que sistemáticamente tergiversa las posturas de Guillier (“como me voy a poner de acuerdo sobre la base de la nada” y así sucesivamente), de Enríquez-Ominami y sus ataques virulentos y sin fundamentos a Guillier, incluyendo achacarle ser poco menos que el representante del narcotráfico.

Pero estas disquisiciones son, reconozco, bastante escolásticas. En realidad, todos tenemos nuestro candidato bastante definido desde hace un buen tiempo, por identificación con las ideas o por cercanía emocional con uno u otro. Pero tal vez mi trilogía pueda servir como argumento para alimentar una que otra de las conversaciones que en todos los espacios de la vida social se desarrollan en estos días sobre el tema, cada cual defendiendo a su candidato. Al final, esto se trata no solo de elegir, sino también de deliberar sobre las opciones en presencia.

jueves, 2 de noviembre de 2017

La creciente urgencia ambiental

Publicado en El Mostrador

En estos días se inicia una nueva reunión mundial sobre cambio climático, esta vez en Bonn. Las noticias no son buenas.

Un indicador principal en materia de cambio climático es el de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el principal gas (entre seis) de efecto invernadero. Esta concentración pasó de un valor preindustrial de 270–275 partes por millón (ppm) a cerca de 310 ppm hacia 1950 y 380 ppm al iniciarse el siglo XXI, con la mitad del incremento, desde la Revolución Industrial, habiendo ocurrido en las últimas tres décadas.

La información para 2016 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indica que la concentración en la atmósfera ha alcanzado niveles récords, con 403 ppm, lo que representa el 145% de los niveles preindustriales anteriores a 1750. La OMM ha alertado que "la última vez que la Tierra conoció una cantidad de CO2 comparable fue hace entre tres y cinco millones de años: la temperatura era entre 2 y 3 grados más alta y el nivel del mar era 10 o 20 metros mayor que el actual".

No obstante, este organismo resalta que las emisiones de CO2 por la actividad humana se estancaron durante 2016 y que se ha detectado que esto ocurre desde 2013, lo que no ha supuesto que deje de aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera, pues no existe una relación exactamente lineal entre emisiones y concentración. Esto se explica por los diversos procesos presentes en la atmósfera, como en el período reciente el fenómeno meteorológico de El Niño. La OMM concluye que “el constante aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante el período de observación, a partir de 1970 y hasta la actualidad, es consistente con el observado aumento de las temperaturas globales promedio en el mismo período”.

El año 2015 fue aquel en el que se superó por primera vez la barrera de los 400 ppm de CO2 en la atmósfera y en el que, al mismo tiempo, se firmó el pacto internacional que busca reducir los gases de efecto invernadero para evitar un catastrófico aumento de las temperaturas sobre la base de planes nacionales. De los 195 países que tomaron parte del Acuerdo de París, 169 lo han ratificado, pero Estados Unidos se retiró en 2017 (representa el 15% de las emisiones actuales y una proporción mucho mayor de las emisiones acumuladas).

El Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global a menos de 2°C sobre la etapa preindustrial y se ha planteado el objetivo más ambicioso de limitarlo a 1.5°C. El cumplimiento de estas metas reduciría la probabilidad de impactos climáticos severos que podrían dañar la salud humana, los medios de subsistencia y las economías de todo el mundo. No obstante, de acuerdo al Informe de octubre de 2017 de Naciones Unidas, “el Acuerdo de París promete solo un tercio de lo que se necesita para evitar los peores impactos del cambio climático”. Advierte ONU Medio Ambiente que la plena aplicación de los planes nacionales –condicionales e incondicionales– hace muy probable un aumento de la temperatura de al menos 3°C para el año 2100, lo que significa que los gobiernos deben hacer promesas mucho más fuertes en la revisión programada para 2020 .

De otro modo, según las predicciones científicas, el aumento de las temperaturas más allá de 2°C tendrá efectos sobre el aumento del nivel del mar, sobre la migración de especies en la tierra y los mares con consecuencias en cascada en ecosistemas completos, en particular, por la cadena alimenticia de las especies.

El efecto último sobre la biosfera del cambio climático acoplado con otros factores humanos (fragmentación del hábitat, especies invasivas, depredación) es un sustancial incremento de la tasa de extinciones de especies, con la consecuencia de que la actual ola de extinciones provocada por los humanos parece constituirse en el sexto gran evento de extinción que ha conocido la Tierra. A su vez, aumenta la acidificación de los océanos, que incidirá en la calcificación de organismos como los corales y arrecifes, aunque su respuesta biológica es compleja. Este solo factor puede cambiar sustancialmente los ecosistemas marinos.

Para alcanzar la meta de contener el aumento de las temperaturas promedio en 2ºC respecto al nivel preindustrial, habría que hacer caer las emisiones actuales de 52 gigatoneladas (Gt) de carbono, equivalente en 2016 a 42 Gt y a 36 Gt en 2030, si se quiere no superar los 1,5ºC. Estudios recientes citados por ONU Medio Ambiente indican que el umbral crítico a obtener es incluso menor, y se requeriría una disminución de emisiones de 24 Gt para evitar los desastres climáticos.

Al no estar disponible alguna forma de gobierno o de acción colectiva mundial capaz de establecer cuotas de disminución acompañadas de posibles transacciones de derechos de emisión de gases con efecto invernadero, solo cabe seguir por el momento la lógica de los planes y compromisos nacionales. ONU Medio Ambiente sostiene que “la adopción de nuevas tecnologías en sectores clave podría reducir las emisiones en hasta 36 gigatoneladas anuales para 2030 –con una inversión menor a USD 100 por cada tonelada de carbono–, más que suficiente para saltar la brecha estimada actualmente” y que ”la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, la acción sobre los contaminantes climáticos de vida corta y aumentar la ambición de las promesas del G20 para el año 2020, también pueden ayudar a minimizar los impactos climáticos” .

Este optimismo toma como base la constatación de que las emisiones mundiales anuales de CO2 provenientes de los recursos fósiles (carbón, petróleo y gas) y de la industria del cemento, que representan el 70% de las emisiones de gases con efecto invernadero, se han estabilizado desde 2014 en un nivel algo inferior a 36 Gt, lo que ocurre por un menor uso del carbón en China y también en Estados Unidos (que suman el 45% de las emisiones) y por la expansión de las energías renovables, especialmente las de tipo solar en China e India. No obstante, esta tendencia podría revertirse en caso de mayor crecimiento de la economía mundial. Y si se considera a los otros gases con efecto invernadero producidos por la agricultura,  la ganadería, los cambios de uso del suelo y la deforestación, se constata en 2016 un leve aumento de las emisiones totales respecto de los años anteriores.

Lo que se requiere es, a partir del mencionado diagnóstico, una ruptura en el uso de tecnologías y una reorientación de las inversiones hacia nuevas oportunidades de producción que disminuyan la huella de carbono. La solución más drástica, según ONU Medio Ambiente, consiste en dejar en el subsuelo entre un 80-90% de las reservas de carbón, la mitad de las de gas natural y cerca de un tercio de las de petróleo, lo que supone como prioridad no construir más centrales a carbón (desgraciadamente una decena de países –especialmente de Asia, incluyendo Japón, y potencialmente Chile, cuyo liberalismo energético no tiene justificación alguna, entre otras cosas porque produjo que la electricidad en nuestro país sea una de las más caras de América Latina– mantiene proyectos de nuevas centrales a carbón) y programar el cese de actividades de las 6.700 unidades actualmente en operación.

Si se actúa además en todos los sectores económicos, se podría disminuir las emisiones entre 30 y 40 Gt equivalentes por año. Solo la promoción de la tecnología solar y eólica, el mejoramiento de la eficiencia energética, el desarrollo de métodos de transporte alternativos, el cese de la deforestación y la reforestación podrían hacer caer las emisiones en 22 Gt. Las alternativas vinculadas al uso de la tierra presentan un potencial de reducción de emisiones hacia 2030 de entre 4 hasta 20 Gt de CO2 equivalente.

Esto supone establecer metas en cada sociedad, incluida la nuestra, de ahorro sistemático de energía y de calendarios de reconversión conducentes al control de las emisiones atmosféricas de la generación de energía basada en biomasa y el fin programado de la generación eléctrica sobre la base de combustibles fósiles o megarrepresas destructoras de los ecosistemas y su uso en los sistemas de transporte, valorizando las energías renovables no convencionales en redes descentralizadas y distribuidas.

Chile, en particular, está en condiciones de aprovechar su dotación y diversidad de recursos energéticos para establecer calendarios de salida del uso de hidrocarburos. El uso de energías renovables no convencionales no supone ya, en diversos casos y condiciones, sobrecostos de mercado directos de la energía, o bien requiere subsidios “socialmente rentables”, que lo son desde luego mucho más que los subsidios a los combustibles fósiles de gran volumen persistentes en muchas situaciones y lugares en la producción y consumo de bienes y servicios.

Un instrumento fundamental de reforzamiento de la reconversión productiva y de uso de energía es una actividad más intensa del sistema bancario y financiero, o al menos de los sistemas públicos, para que contribuya al financiamiento de circuitos cortos de producción/consumo saludable (que articulen, en espacios social y geográficamente próximos, la provisión de bienes y servicios para satisfacer necesidades cotidianas de las comunidades) y la economía circular (que utilice, repare, desmonte y recicle los recursos materiales), y ayudar a preservar la biodiversidad y servicios ecosistémicos con capacidad suficiente de reposición.

El cambio del régimen de uso del territorio está decisivamente vinculado al cambio productivo y energético. Un importante instrumento deben ser los programas territoriales de inversión verde que amplíen las zonas de preservación ecosistémica y fortalezcan la infraestructura urbana y rural que sustente bienes públicos, en especial en materia de transporte. Las instituciones gubernamentales y de la democracia local deberán ser las encargadas de encarecer –mediante mecanismos tributarios y tarifarios que no necesariamente implican “costos políticos” de corto plazo, si se insertan en estrategias globales de incremento del bienestar con alta visibilidad y deliberación pública participativa– y de reglamentar el uso individual del automóvil en beneficio de un transporte público que lidere la transición al uso generalizado de motores eléctricos (en vez de los de combustión interna a partir de combustibles fósiles) y que al mismo tiempo induzca la reconfiguración integradora y sustentable de las ciudades, incluyendo la generalización de las ciclovías.

Esto requiere de una planificación urbano-territorial competente en instituciones públicas no sujetas al clientelismo inmobiliario y que incluya a las zonas rurales o de baja densidad como parte de sistemas territoriales integrados. Esta planificación activa y con capacidad reguladora debe ser participativa, practicando el diálogo sistemático con los actores urbanos y de las comunidades territoriales diversas.

Su rol debe ser el de definir/redefinir los usos del suelo y sus especializaciones y orientar los sistemas de transporte público, de modo que no sigan pasivamente el influjo de uso del territorio que resulta de la actividad inmobiliaria con fines comerciales y de la construcción de vivienda social que solo considera el costo directo sobre la base de suelos baratos que configuran ciudades contaminadas, subequipadas y segregadas, con altos tiempos de desplazamiento de las personas, para fines laborales, educativos y recreativos.

Los ecosistemas y sus servicios están cercanamente interrelacionados con el bienestar humano. Las dimensiones del bienestar están llamadas a ser incluidas en las nuevas métricas que sirvan de base a los necesarios procesos de transformación social ecológica que hagan posible enfrentar los dilemas ambientales crecientes de nuestras sociedades, incluyendo Chile.

El crecimiento económico, o del PIB por habitante, no considera los crecientes costos ambientales locales y globales asociados a la expansión de la capacidad productiva y de las transacciones de mercado, ni menos la alteración negativa de las dimensiones cualitativas de la vida humana, el efecto colateral de una sociedad desarticulada y conflictuada sometida a la desigualdad, al mal vivir y a la desconfianza. Tampoco el desarrollo que se asocia solo al crecimiento del PIB es un fin en sí mismo si no es puesto al servicio de la “calidad de vida equitativa y responsable” de la sociedad en su conjunto.

Las nuevas métricas deben, en primer lugar, abandonar la pretensión de unicidad (como el PIB por habitante) y deben volcarse al diagnóstico lo más preciso posible de las brechas existentes en las esferas del bienestar social, con indicadores sintéticos flexibles y de acuerdo a las preferencias colectivas. En especial, deben ser privilegiados los indicadores sanitarios que influyen en la calidad de vida de la población y los indicadores de uso de recursos y de disminución-expansión del patrimonio natural.

Como se observa, todo lo anterior supone “una ética de la responsabilidad”, es decir, el compromiso, en lo que nos cabe, de legar un planeta viable a las nuevas generaciones, que se traduzca, con algo de “ética de la convicción” de por medio, en acciones colectivas eficaces en el corto plazo. Se requiere, en este tema como en muchos otros, tomar distancia del pragmatismo generalizado y de la defensa del individualismo pedestre que, se entiende, es la esencia de una supuesta “modernización capitalista” en curso, basada en el “esfuerzo propio distante del paternalismo” que desearía la mayoría de los chilenos.

Lo que se requiere, en cambio, es reconstruir una cierta idea del “interés general”, un cierto “nosotros” siempre presente en la sociedad, sin el cual, por lo demás, simplemente no podría funcionar en medio de la anomia privada y de la multiplicación de los males públicos (aquellos que nadie en particular puede evitar), cuya lista es larga.

domingo, 22 de octubre de 2017

¿Es China socialista o capitalista?

Publicado en El Mostrador

En estos días, se realiza el 19 congreso del Partido Comunista Chino. El actual liderazgo, encabezado por Xi-Jinping, se propone reforzar la economía y mantener la estabilidad interna en el país continente de más de 1300 millones de habitantes. Xi iniciará su segundo período como gobernante, que incluirá la renovación de una parte importante del liderazgo (con la salida por edad de cinco de los siete miembros del Comité Permanente), lo que prefigurará el relevo de 2022.

China representó el 38% del comercio exterior chileno en 2016. Fue el principal destino de las exportaciones (con un 28%), más que Estados Unidos (con un 14%) y la Unión Europea (con un 13%) juntos. Chile mantiene con China un saldo comercial positivo, lo que pocos países ostentan, de más de 3,8 mil millones de dólares el año pasado.  China compró el 45% del cobre y otros minerales producidos en Chile, lo que refleja una importante progresión desde el 34% de 2012 y el 23% de 2007. Pero también el país asiático es un mercado que sostiene la poca diversificación de nuestra matriz exportadora: las exportaciones distintas del cobre hacia China (básicamente de frutas, vino, salmón y productos forestales) crecieron en 148% entre 2008 y 2016, en la etapa post gran recesión mundial, mientras cayeron en -9,1% hacia el resto del mundo en el mismo período. Chile se convirtió en el mayor proveedor de frutas de China el año pasado, superando a Estados Unidos y Tailandia, mientras ha duplicado sus exportaciones de vino en los últimos tres años.

Así, el destino de buena parte de la futura matriz productiva chilena depende de la dinámica económica y política de China, país del que en Chile sabemos muy poco y respecto del cual, como en tantas otras cosas, simplificamos mucho y nos llenamos de lugares comunes. Desde luego, poco sentido tiene seguir alineando nuestra política exterior a un Estados Unidos cada vez más volcado a una defensa belicosa de sus intereses, alejada de cualquier lógica de multilateralismo, a pesar de representar el 5% de la población, el 15% de la economía y el 50% del gasto militar en el mundo. El futuro de Chile va a requerir de menos seguidismo pro-norteamericano y más de una visión estratégica consolidada de la relación con el Asia y de una articulación más inteligente y activa con América Latina, especialmente con Brasil y Argentina.

En 2015, el PIB a paridad de poder de compra de China pasó a representar un 17,2% del PIB mundial y se constituyó en la mayor economía del mundo, a comparar con solo un 7,5% del total en el año 2000, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Superó así a la Unión Europa y su 17,0 % del PIB mundial, que alcanzaba un 23,9% en 2000, siendo éste el espacio de origen de la revolución industrial y hoy un conjunto de 28 naciones y 19 que comparten una moneda única. El sustrato de este proceso es, en parte, de orden demográfico. Europa reunía el 22% de la población mundial en el siglo XIX, en el momento de mayor expansión colonial, cifra similar al peso demográfico actual de China, mientras actualmente Europa solo representa el 7% de la población mundial. Por su parte, el PIB de Estados Unidos representó en 2015 solo un 15,9% de la economía mundial, a comparar con un 20,9% en el año 2000. El más reciente y sustancial crecimiento asiático (primero de Japón en la posguerra, luego de Corea, Taiwán, Singapur y Hong-Kong en los sesenta y setenta y más tarde de China, India, Indonesia y diversos otros países asiáticos de ingresos bajos) ha tendido a disminuir las brechas económicas de esos países con Occidente, en contraste con el crecimiento más lento de América Latina y África.

La muy sui generis e influyente evolución de China lleva a preguntarse: ¿cuan socialista sigue siendo el país de Mao? La expansión de sus mercados y la transformación en potencia exportadora global, han hecho de la China urbana actual una sociedad de ingresos medios -que es la que está empujando las importaciones desde Chile en materia de alimentos y de cobre para la vivienda y la manufactura- y sacado a cientos de millones de chinos de las áreas rurales de la pobreza.
El cambio en el equilibrio del poder económico mundial es profundo. China ha ido consolidando un crecimiento de menos intensidad que el de 1991-2007, período en el que creció al 11% al año, es decir uno que se situó en 7-8% promedio entre 2012 y 2016 y un 6,9% el año pasado, gracias a fuertes medidas de estímulo monetario y fiscal, aunque ha aumentado la preocupación por la estabilidad financiera. Este crecimiento ha estado menos empujado por las exportaciones y por el gigantesco esfuerzo de inversión del orden de 40% del PIB cada año. Este le cambió la cara a China, que cuenta hoy con impresionantes infraestructuras, incluyendo la construcción de centenares de nuevas ciudades (el 50% de la población es aún rural), trenes de alta velocidad en grandes distancias y megapuertos y aeropuertos, fruto de un amplio esfuerzo de planificación territorial desde las 22 provincias y 5 regiones autónomas chinas. El consumo ha ido adquiriendo planificadamente un rol más significativo en la dinámica económica, lo que el actual liderazgo se propone reforzar.

La transición a una economía mixta se origina en la llegada al poder de Deng Xiaoping en 1978, que abrió la etapa de la reforma de la economía centralizada -que Mao había copiado de Stalin al tomar el poder en 1949- después de los enormes sacrificios provocados por el Gran Salto Adelante de 1958-61 y la Revolución Cultural de 1966. La planificación central maoísta incluyó extraer de manera autoritaria excedentes de la poco moderna producción campesina para sostener el poder del Estado, puesto en peligro desde el siglo XIX por Occidente y Japón, y más tarde por la URSS, incluyendo la fabricación de armas nucleares a partir de 1964, y crear una industria incipiente. Las reformas de Deng no desmantelaron los mecanismos de planificación global (se mantienen hasta la actualidad los planes quinquenales) pero introdujeron, en primer lugar, mercados rurales y autorizaron el uso familiar de la tierra, aunque conservando su propiedad pública. En segundo lugar, permitieron la inversión extranjera mixta orientada a la exportación industrial, incluyendo procesos de aprendizaje acelerado desde la manufactura de bienes simples de bajo costo hasta el incremento progresivo de la complejidad industrial autónoma en los sectores de la electrónica, automotor, aeronáutico, satelital, informático, de máquinas-herramientas y en general en toda la gama de la manufactura moderna, en el más gigantesco proceso de sustitución de importaciones y de crecimiento exportador simultáneo que conozca la economía moderna.

La transformación de China a través de la aceleración del crecimiento desde 1980, incluyendo la inversión extranjera selectiva y controlada y la autonomización y privatización de muchas empresas, pero conservando el control estatal de las áreas estratégicas, ha sido uno de los fenómenos más notables de la historia económica por su velocidad y extensión. La urbanización y la transformación de China está ocurriendo a una escala 100 veces superior a la del Reino Unido, el primer país en urbanizarse e industrializarse, y a alrededor de 10 veces su velocidad, por lo que la revolución industrial china tiene 1.000 veces el impulso que ostentó en su momento la revolución industrial británica.

La muy sui generis e influyente evolución de China lleva a preguntarse: ¿cuan socialista sigue siendo el país de Mao? La expansión de sus mercados y la transformación en potencia exportadora global, han hecho de la China urbana actual una sociedad de ingresos medios -que es la que está empujando las importaciones desde Chile en materia de alimentos y de cobre para la vivienda y la manufactura- y sacado a cientos de millones de chinos de las áreas rurales de la pobreza. El régimen de partido único, que ha logrado un sistema de renovación de sus liderazgos cada diez años de gran estabilidad luego de las agudas luchas internas de la época maoísta, sigue considerándose socialista. Desde 1992 el gobierno chino denomina la suya como una “economía de mercado socialista”.

Siguiendo los criterios de Barry Naughton ("Is China Socialist?" Journal of Economic Perspectives, 1, 2017), su respuesta es parcialmente afirmativa. Este autor parte de la constatación de que “no existe una definición generalmente aceptada de ‘socialismo’ y no parece tener mucho sentido argumentar si una realidad compleja coincide con una simple y arbitrariamente definida etiqueta”, por lo que avanza “cuatro características que están relacionadas de modo plausible a un amplio rango de concepciones del socialismo, es decir hablamos de características descriptivas del socialismo antes que de ´modelos’”. Estas son, primero, la capacidad de moldear los resultados económicos, es decir de controlar los flujos de activos e ingresos a través de la imposición y la autoridad regulatoria, antes que la clásica “propiedad estatal de los medios de producción”.

Segundo, las intenciones de hacerlo, pues un gobierno socialista se entiende debe proponerse moldear la economía para obtener resultados que sean diferentes de los que produciría un mercado no intervenido. Tercero, la orientación a la redistribución, dado que un gobierno socialista típicamente se justifica a sí mismo en tanto beneficia a los ciudadanos de menos ingresos, por lo que parece natural buscar evidencia sobre el éxito de las políticas en materia de crecimiento inclusivo, seguridad social y redistribución a favor de los pobres. Cuarto, un gobierno socialista debe disponer de algún mecanismo, a través del cual el grueso de la población pueda influenciar la política económica y social, y que la política muestre al menos alguna capacidad parcial de respuesta a las cambiantes preferencias de la mayoría de la sociedad.

Naughton evalúa que la economía de China es hoy muy distinta tanto de la de comando de hace 40 años como de la economía de “capitalismo salvaje” de hace 20 años. Diagnostica que el gobierno tiene en China mucha más influencia que en virtualmente cualquier economía avanzada o de ingresos medios, pues las empresas y bancos estatales son predominantes y los planes quinquenales orientan la economía interna y externamente. Calcula que en 2015 el gobierno controlaba un 38% de los recursos de la economía, directa o indirectamente, aunque solo el 12% del empleo estaba en empresas estatales. El gobierno controlaba el 39% de los activos industriales en 2014, el 85% de los activos bancarios, el conjunto del sector de telecomunicaciones y transportes y lo fundamental de los servicios de educación y científico-tecnológicos. Sectores como el petróleo y el gas están estructurados para generar rentas monopólicas y el gobierno ha mantenido el control de la totalidad de la tierra y de casi todas las instituciones financieras, así como el manejo del nivel del tipo de cambio.

En materia de condiciones de vida, el crecimiento más alto por más tiempo para más gente en la historia humana ha significado que el ingreso promedio de 2014 sea 20 veces mayor que el de 1978, mientras el Índice de Desarrollo Humano, que incluye logros en materia de ingresos, educación y salud, sitúa a China en 2015 en el rango de países de desarrollo humano “alto” (0.74) y no ya el rango “bajo” (0.42) de 1980. En cambio, la distribución del ingreso se deterioró, pasando China de ser una de las sociedades altamente pobladas más igualitarias del mundo a una desigual (con un coeficiente de Gini –mientras más cerca de 100 más desigual la distribución del ingreso- de 42.2 en 2010-2015, a comparar con el de 41.1 de Estados Unidos y el 51.5 de Brasil, por ejemplo, o bien con un coeficiente de Palma –la relación entre el 10% más rico y el 40% más pobre, que mientras más baja es refleja una menor desigualdad- de 2.5 para China, 2.0 para Estados Unidos y 3.1 para Brasil, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por su parte, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, la reducción del número absoluto de pobres entre 1981 y 2010 representó el 95% de la reducción en el mundo, medida la pobreza con la tradicional línea monetaria de menos de $1.90 al día por persona a paridad de poder de compra de 2011. Desde 1986, China desarrolla una política activa de identificación de las comunas pobres, a un cuarto de las cuales realiza transferencias para el desarrollo económico, la infraestructura y la alimentación, y les otorga préstamos subsidiados. Las transferencias monetarias directas a las personas pobres abarcan unos 70 millones de personas, pero con prestaciones bajas. El impuesto a los ingresos personales representa solo un 1,3% del PIB, por lo que el sistema redistributivo de impuestos-transferencias es de baja intensidad, con una fuerte diferenciación entre los residentes urbanos y los rurales.

En los últimos años han aumentado los esfuerzos de ampliación de la seguridad social en salud y pensiones en el mundo rural y los migrantes, donde las reformas de Deng las habían prácticamente desmantelado. La provisión de bienes públicos y de infraestructuras ha beneficiado a amplios segmentos de la población, pero existen altos niveles de contaminación por el hecho de haberse transformado China en la gran factoría del mundo al terminar el siglo XX, lo que se explica por menores salarios que los de Occidente, alta disciplina y capacidad laboral y bajos controles ambientales.

Siguiendo los criterios de Naughton, se concluye que la disponibilidad para responder las preferencias de la población es bastante escasa, en el contexto de un sistema unipartidista políticamente centralizado, con presencia de grupos de interés de desigual poder en la estructura burocrática y con prácticas de corrupción denunciadas por el propio liderazgo político. Según Wang Qishan, el responsable del organismo oficial que investiga los casos de corrupción, el Partido Comunista chino tiene "unos conceptos tenues, una organización laxa, una disciplina blanda, una gobernanza débil y una cultura política malsana" (El País, 18 de julio de 2017).

En suma, concluye Naughton, “China satisface en la actualidad nuestros dos primeros criterios: el gobierno tiene la capacidad y la intención de moldear los resultados económicos. En el tercer y cuarto de nuestros criterios –redistribución y responsiveness- China los satisface menos altamente que los primeros dos”.

La evolución de China desde los años 1980 es un caso particular de transición desde una economía centralizada rural y pobre con pocos enclaves industriales a una economía mixta con sello propio, con un excepcional dinamismo industrial y, al menos hasta la primera década del siglo XXI, con un crecimiento posterior de menor magnitud pero que se cuenta entre los más altos del mundo en la actualidad. En el modelo chino de sociedad permanecen las capacidades estatales de determinar las orientaciones económicas, pero con una redistribución aún débil frente al aumento de las desigualdades, la que está llamada a ampliarse, especialmente si los nuevos sectores incorporados a la vida urbana reclaman más democracia, régimen político que China no ha conocido nunca en su historia, signada por la estabilidad de solo cuatro dinastías durante mil años hasta 1911.

En ámbitos como la regulación macroeconómica, la política industrial, la planificación urbana y territorial y la seguridad social, esas capacidades se han fortalecido en el período reciente, alejándose antes que acercándose del capitalismo desregulado que los neoliberales de unos y otros sectores políticos pretenden erróneamente perpetuar en Chile como si fuera el único modelo posible. El futuro pertenece a economías mixtas dinámicas e inclusivas basadas en más y mejores capacidades humanas, en la innovación y en regulaciones públicas fuertes y pertinentes, factores que constituyen las bases sociales de la igualdad efectiva de oportunidades y de derechos a la que aspiran la mayor parte de las sociedades modernas.

Por el momento, y no parece que esto se vaya a modificar por largo tiempo, no es en Estados Unidos o en Europa donde Chile ha anclado al iniciarse el siglo XXI su dinámica productiva exportadora, sino en la China post-maoísta, de la que tal vez debiéramos aprender en materia de política económica.

viernes, 20 de octubre de 2017

El programa económico de Sebastián Piñera

Publicado en Voces La Tercera

Hay preguntas que son fundamentales a la hora de evaluar la orientación de los programas presidenciales en materia económica: ¿se considera a la economía como un medio para alcanzar ciertos objetivos de bienestar o como un fin en sí misma?; ¿el crecimiento, a quién debe beneficiar? A esas preguntas el programa económico de Sebastián Piñera, dado a conocer el 18 de octubre, contesta por escrito en parte de manera “no tradicional” para su sector político. Este siempre ha considerado al crecimiento de la economía como un fin que se sobrepone a cualquier otro en la acción gubernamental, al punto que la mayoría de sus partidarios justifica hasta el día de hoy una dictadura de 17 años “porque hizo crecer la economía”, expresando su desdén por la democracia y los derechos fundamentales, que son valores que debieran ser muy preciados en sí mismos por todos. Dicho sea de paso, reiteremos que lo del mayor crecimiento no es cierto, pues la economía creció menos en 1974-89 (3,47% promedio anual) que en 1950-1973 (3,78%) y mucho menos que en 1990-2016 (4,82%).

En esta ocasión, el programa piñerista sostiene que su propósito es iniciar una “Segunda Transición hacia un país verdaderamente desarrollado y con alta calidad de vida para todos”, dejando de lado el discurso unívocamente centrado en el crecimiento del PIB por habitante, Y también la teoría del chorreo, según la cual lo que importa es que todos aumenten sus ingresos, aunque los poseedores del capital lo hagan mucho más que los otros miembros de la sociedad, por lo que la distribución del ingreso no sería demasiado importante. Incluso, el texto de la campaña menciona expresamente que se propone “que Chile alcance un alto nivel de desarrollo humano” y mejorar “sustantivamente la distribución del ingreso”.

Sólo que las costumbres son difíciles de dejar de lado. En su conferencia de prensa, Sebastián Piñera no pudo dejar de decir, más allá de la nueva retórica “progre” de su programa escrito (onusista, diría Eugenio Tironi), que de lo que se trata “es que al año 2025 Chile sea un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades y seguridades para todos”. En realidad, él y su equipo siguen pensando no en el bienestar efectivo de la mayoría social sino en el viejo PIB por habitante como madre de todas las batallas, cuya expansión proveería “las oportunidades para todos” y se obtendría mediante seguridad jurídica y reglas del juego estables. En castellano, reglas protectoras de los intereses del capital corporativo que ojalá sean inamovibles, sin consideración de sus consecuencias sociales y ambientales. Sigue existiendo una visión que no se compromete con mayor igualdad efectiva ni con mayores derechos que la mayor prosperidad prometida pudiera sustentar. Las palabras “derechos sociales” o bien “sustentabilidad ambiental” no están ni en la versión escrita ni en la oral de su programa. Y si bien se escribe que el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente del desarrollo, acto seguido no se hace referencia alguna a ambos aspectos, salvo para proponer medidas de desregulación laboral o ambiental. 

La referencia esencial al PIB por habitante como medida canónica del desarrollo sigue presente. Ya el 4 de noviembre de 2010, como presidente, Piñera había presentado una agenda “para que Chile sea un país desarrollado en el 2018”. Y dado que las élites dominantes chilenas son lo que son, incluso se llegó a plantear la ridícula idea de que si alcanzábamos en algún momento el PIB por habitante de Portugal (el más bajo de la OCDE antes de la crisis), entonces ya seríamos un país desarrollado. Y nada de estar considerando indicadores de cohesión social a conseguir ni de umbrales universales de bienestar a alcanzar. El esfuerzo por ampliar la retórica (¿pensando en la segunda vuelta y buscando votos más allá de la derecha?) no es en realidad una nueva visión conceptual, sino lo mismo de siempre. Dicho sea de paso, el PIB por habitante de Chile es en 2016 de 24,1 mil dólares y el de Portugal de 28,9 mil dólares. La brecha pasó de 0, 7 a 0,8 desde 2010, lo que no quiere decir gran cosa en materia de bienestar comparado de ambas sociedades, en especial en el terreno de la educación, los derechos sociales y la desigualdad de ingresos.

Tampoco se cambian los estilos, empezando por la costumbre de la descalificación fácil. En el programa escrito de Piñera se presenta un negro panorama económico de supuesta decadencia de Chile en solo tres años, la que necesitaría de un mesiánico salvador (él mismo). Promete Piñera que mágicamente, en un hipotético nuevo gobierno suyo, se va a duplicar el crecimiento del PIB en comparación al de la actual administración. Nadie puede racionalmente sostener semejante previsión: los que tanto critican el populismo están cayendo en la promesa de carácter insustancial sin ruborizarse. Se podrá comprometer esfuerzos para acelerar el crecimiento, lo que tampoco es el caso, y estaría muy bien. Pero prometer duplicar la tasa de crecimiento de la economía no es más que una nueva pirueta de Piñera. La dinámica económica es reconocidamente multifactorial y crecientemente incierta en un mundo en el que los riesgos de crisis políticas, económicas y ambientales son mayores que en el pasado reciente, lo que debiera llevar a más prudencia en lo que se promete o pronostica.

Es cierto que la economía mundial está mejorando en el corto plazo y, cualquiera sea el nuevo gobierno, el crecimiento de Chile se va a robustecer, en lo que más o menos todo el mundo coincide. Y los que miran los datos no dejan de reconocer el enorme impacto en la inversión agregada del colapso de la inversión minera desde 2013, lo que ciertamente no hace el programa de Piñera. La inversión minera va ahora a repuntar, pero en proporciones que desconocemos.

Por nuestra parte, sugerimos que, más que otros indicadores, se considere para evaluar a un gobierno en materia de crecimiento si se van cerrando o no las brechas con los países más ricos. En el promedio de los cuatro años del gobierno de Piñera (2010-13), el PIB por habitante de Chile representó el 47,7% del PIB por habitante del Grupo de los siete países de más ingresos (G7), mientras en los tres años transcurridos del gobierno de Bachelet II (2014-16) la proporción ha sido en promedio de 49,3%, según los más recientes datos del Fondo Monetario Internacional. Si se compara el PIB por habitante de Chile con el de Estados Unidos, la mejoría es semejante, pasando de 41,2% a 42,0% del mismo entre ambos períodos. Visto desde el ángulo mencionado, no se puede sino afirmar que ha habido una leve mejoría en el cierre de brechas. Quien escribe estas líneas ha sostenido que la política económica de Rodrigo Valdés-Rodrigo Vergara (futuro ministro de Hacienda de Piñera, al parecer) no fue suficientemente contracíclica y que se podría haber crecido más sin desequilibrar la economía. Pero de ahí al apocalipsis descrito en el programa de Piñera hay varios saltos en el aire.

Más allá de la retórica, Piñera no propone nada concreto para acelerar el crecimiento, salvo no hacer un ajuste fiscal brusco, pues plantea un horizonte de nada menos que de seis a ocho años para alcanzar un equilibrio fiscal estructural (¡en dos gobiernos más!). Lo que, por otro lado, es más bien razonable, dados los márgenes fiscales de los que dispone la economía chilena y que deben usarse para un mayor crecimiento, en especial aumentando la inversión pública. Solo que se promete una política fiscal más laxa que la del actual gobierno, lo que no da para la afirmación rimbombante de que “se ha deteriorado fuertemente la responsabilidad fiscal”. El problema ha sido que Chile ha crecido menos que su potencial, y recaudado menos, entre otras cosas por los dos años seguidos de caída programada de la inversión pública por Rodrigo Valdés y por la ausencia de impulso monetario para impedir, entre otras cosas, la caída de la construcción, programada por Rodrigo Vergara.

En el programa económico de Piñera hay sobre todo más de lo de siempre desde la perspectiva de la derecha. En primer lugar, nuevos regalos fiscales a los más ricos, retrocediendo en la desintegración parcial del impuesto a las utilidades de las empresas y del impuesto a la renta (recordemos que en Estados Unidos y Europa la desintegración es total). En segundo lugar, “posibilitar los pactos individuales de adaptabilidad laboral” y “perfeccionar los vacíos y problemas de la reforma laboral (grupos negociadores y definición de servicios mínimos)”, es decir, en castellano, debilitar aún más la negociación colectiva y a los sindicatos. Y ni hablar de la mantención cabal del sistema de AFP y el de Isapres, junto a paralizar los avances en gratuidad educacional, que tanto alivio podría proporcionar a los sectores medios y estímulos a la prosperidad colectiva en el largo plazo. En lo sustancial, Sebastián Piñera no propone nada que disminuya las severas brechas de bienestar que existen en Chile ni disminuir la depredación ambiental ni la falta de innovación, aunque el lenguaje utilizado por escrito procure acercarse algo a la idea de prosperidad compartida y sustentable, que es a la cual Chile debiera avanzar.

jueves, 5 de octubre de 2017

La gesta del “NO”

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El 5 de octubre de 1988 fue obra de millones. De todos los que se atrevieron. Obra de cada uno de los que fueron a votar que NO, tal vez con miedo o con escepticismo. O con entusiasmo. O con todos esos sentimientos mezclados. Miedo físico, por eventuales represalias, o temor político, por la incertidumbre frente a un eventual fraude y el recrudecimiento del escenario de confrontación en que vivía el país. Y con el entusiasmo de los que creen que las gestas colectivas son posibles, o al menos merece la pena intentar realizarlas y participar en ellas, aunque su resultado sea incierto. 

El 5 de octubre fue obra de las decenas de miles de apoderados o simples testigos que vigilaron tenazmente que los votos fueran contados correctamente. De los miles que anotaron el resultado de cada mesa en las boletas distribuidas de Arica a Punta Arenas por el Comando del NO, en un gigantesco esfuerzo militante en base a voluntad y tesón. De los que transcribían los resultados a las planillas de alguno de los mil recintos de votación. De los que las trasladaban físicamente, los “chasquis”, a los 24 centros de acopio instalados en toda nuestra loca geografía. De los que las transmitían por fax, no sin dificultades técnicas variadas, a los cuatro centros ocultos montados en Santiago. De los que recibían y de los que trasladaban las copias físicamente a la sede central de la Alameda. De los que las digitaban en los computadores y de los que sumaban las copias a mano en el procedimiento de respaldo. De los que informaban, hacia Chile y hacia afuera. De los que apoyaban desde el exterior. De los que organizaban todo esto, en diversidad y trabajo conjunto. De los que dirigían y actuaban para que el triunfo fuera reconocido, para lo cual se había organizado durante casi un año el recuento voto a voto, mesa a mesa. Fue una gesta colectiva (si, esas cosas existen). No es apropiable por nadie en particular. 

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Y ciertamente no por publicistas que hacen su propia publicidad, y en ocasiones desde posiciones políticas distintas pero en lógica de cofradía, como es el caso de la película NO del hijo del senador UDI Larraín, que recogiendo imágenes emocionantes, circunscribe decepcionantemente para los que lo conocimos y vivimos por dentro el proceso del 5 de octubre de 1988 a una suerte de lucha entre publicistas. El proceso del NO fue auténticamente la gesta épica y colectiva de todos los que participaron en derrotar políticamente a una dictadura, que por definición fueron multitudes, en parte organizadas y en todo caso motivadas de larga data. Y con militantes y dirigentes políticos democráticos en el corazón del proceso, tan denostados por los de siempre, y también en la película NO, en que aparecen falsamente estereotipados en calidad de tontorrones, pero que en realidad pusieron toda su inteligencia, flexibilidad y capacidad de dirección y dejaron el alma en el esfuerzo. Cada uno con sus razones y emociones.

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5 de octubre de 1988. Nueve de la mañana. Salgo a votar por primera vez. A cada cual le toca lo que le toca: en mi caso, votar por primera vez… en una situación de dictadura. Paradojas de la vida. En marzo de 1973, para la última elección en la democracia previa al golpe de 1973, tenía quince años. Pinochet no solo instauró un régimen de terror, sino uno que se propuso rediseñar el país, siguiendo el ejemplo de Franco en España. Pero la tradición legalista chilena, junto a la voluntad dictatorial de consagrar cambios irreversibles en la limitación tanto del pluralismo político como de la expresión de la soberanía popular, llevó al pinochetismo a escribir primero unas espúreas “Actas Constitucionales” y más tarde una nueva constitución autoritaria, que entendía debía someter a plebiscito para otorgarle alguna legitimidad, aunque sin los quemados registros electorales ni condiciones de debate contradictorio efectivo, lo que hizo en marzo de 1980, obteniendo un 70% de supuesta aprobación. Lo propio había ocurrido con la constitución de 1925, bastante más decente, pero que Arturo Alessandri hizo redactar por un grupo de afines y luego plebiscitar. En los artículos transitorios de la de 1980 se establecía originalmente que el presidente en ejercicio, Pinochet, seguiría ocupando el cargo por 16 años más, aunque limitado al cabo de 8 años por un parlamento parcialmente electo, con exclusiones ideológicas y con sede fuera de la capital. Parece ser que al interior del régimen se observó, además, que para que la prolongación de la dictadura no fuese tan burda, parecía necesario un nuevo plebiscito ratificatorio a mitad de camino, es decir en 1988… 

Así, el 5 de octubre de 1988 debo evitar ser retenido como vocal de mesa, como contempla tradicionalmente la ley chilena. Debo evitarlo, porque estoy a cargo del sistema de recuento de votos de la oposición democrática. He trabajado con dedicación por años, en el exilio y desde mi vuelta a Chile a fines de 1980, primero en la renovación de la izquierda, en la conquista progresiva de espacios públicos semilegales o legales y en las protestas populares arriesgando el pellejo y luego intensamente para llegar a este momento. No sé que va ocurrir. Le doy un beso inquieto a mi mujer y a mi hijo de dos años. Pienso: se trata de permitirle a él un futuro distinto. Aún con un eventual riesgo personal y pasara lo que tuviera que pasar. Corazón apretado, mañana asoleada. Camino desde mi casa en Nuñoa hasta un Liceo donde me tocaba votar, con mi tarjeta de inscripción en el bolsillo. Hago la cola y observo que hay gente más bien de cierta edad, perfil propio de la comuna, todos con aspecto reconcentrado, nadie comentaba nada, y las cosas ocurrían de manera ordenada: se expresaba ahí la memoria histórica de tantos eventos electorales, en este caso del típico chileno medio, y la tensión de un momento histórico en que se jugaba el futuro del país. Voté, no sin emoción, en la cámara secreta, y deposité mi voto en la urna. ¿Lograríamos llegar a puerto? 

Salí con el dedo entintado. Recordé las múltiples conversaciones con Juan Ignacio García, el director del Servicio Electoral. Era un funcionario de larga data de la institución, la que durante largos años no sirvió para nada. Si había permanecido en ella y era ahora su director, debía ser una persona de confianza de los militares. Era, además, el hermano de un reciente ex ministro del Interior de Pinochet. Un amigo DC me había advertido que fue cómplice de la quema de los registros electorales en la primera etapa de la dictadura, cuando ésta quiso dejar en claro, si no lo era ya lo suficiente, que ilegalizaba los partidos políticos y destruía físicamente el instrumento practico del pronunciamiento ciudadano porque su voluntad era permanecer en el poder indefinidamente. Sin embargo, cuando le pedimos audiencia los que éramos responsables de la legalización de un partido instrumental en 1986, que denominamos Partido Por la Democracia, fue muy amable al indicarnos los procedimientos. Yo tenía la duda, por ejemplo, sobre si al firmar las personas su ficha para inscribir a este partido instrumental que nos permitiría beneficiar de los mecanismos de control del plebiscito que la ley prevé debía cada quien hacerlo delante un notario o bastaba con que presentáramos la firma de éste al entregar las fichas al Servicio Electoral para su registro y validación. En el primer caso, el proceso de inscripción sería poco menos que imposible en los plazos y en las condiciones existentes. Nos dijo, a su manera, que procediéramos, dando a entender que el no objetaría las fichas que le presentásemos, al menos por esa razón. A partir de ese momento, Juan Ignacio García se transformó a nuestros ojos en un interlocutor serio que no pondría obstáculos al menos personales al intento de redemocratización del país.

El asunto del recuento paralelo de los votos nació de la idea que, dado el desgaste de la estrategia de desobediencia civil iniciada en 1983 mediante las protestas, valía la pena intentar ganarle el plebiscito de 1988 a Pinochet. El escenario no era el mejor (posibilidad de fraude, ausencia de garantías) pero muchos pensamos en ese momento que podíamos controlar o por lo menos dificultar fuertemente esa posibilidad de fraude. Después de todo, los filipinos y los uruguayos habían logrado algo parecido. El cuadro político estaba confuso, los socialistas "renovados" nos habíamos salido de la Alianza Democrática para buscar una alianza más amplia, y a nuestra izquierda parte del PS, el PC y el FPMR-A intentaban una estrategia insurreccional (que muchos considerábamos tal vez legítima pero inconducente y errada).

Se armaron hacia 1987 el Comité Operativo de Partidos por las Elecciones Libres y el Comité de Izquierda por Elecciones Libres, con gente de la DC y de la izquierda no comunista, y en ese contexto un "Comité Técnico" unitario, con Genaro Arriagada a la cabeza, que después fue formalizado con apoyo institucional al crearse la Concertación el 2 de febrero de 1988. Nos pusimos a trabajar un grupo más bien reducido sobre los aspectos prácticos del plebiscito y Genaro supo animar un ambiente creativo, unitario pero con representatividad partidaria (yo mismo era de la dirección del PS que dirigía Ricardo Núñez), reuniendo talentos variados para con discreción preparar una estrategia coherente de enfrentamiento de la dictadura en las urnas. Esto sonaba bastante audaz en el contexto de la época y (casi) todos nos miraban con completo escepticismo y algo, en ocasiones, de sorna por lo "iluso" del intento.

Un día de fines de 1987, en la Editorial Aconcagua donde Genaro Arriagada tenía sus oficinas, me dice al salir de una sala de reuniones y pasando yo por el pasilllo: “tienes que hacerte cargo del control de la votación”. Yo lo miré con cara de sorpresa y creo haberle respondido algo así como que no tenía ni la menor idea de cómo se podía hacer eso, pues yo no había siquiera votado nunca. Me contestó que se necesitaba a alguien del equipo que habíamos formado para que empujara el tema, que habían hablado entre varios y que no había muchas más personas que yo para hacerse cargo de ese asunto. Así es que le dije: “bueno ya, será”, un tanto desconcertado e....inquieto. Con mis 30 años y después de los variados y en ocasiones bastante azarosos avatares vividos desde el año 1972 en que me involucré en política (luchas estudiantiles secundarias, golpe, exilio, retorno, protestas en la calle, críticas políticas y económicas a la dictadura en los espacios que se iban conquistando, elaboración de ideas en el contexto de la articulación de alianzas en la izquierda y con la DC desde 1983) no me pareció que pudiera negarme y que había que intentarlo. Es cierto que tampoco éramos muchos en la izquierda los que estábamos en la estrategia de derrotar a la dictadura en el plebiscito. En mi partido me apoyaron en el tema. Después de mi militancia en el MIR entre 1972 y 1976 y mi posterior etapa de independiente socialista, me había incorporado en 1985 al PS dirigido por Briones, luego por Núñez y después por Arrate.

Me instalé en las oficinas de la Editorial Aconcagua y más tarde en las del Comando del NO en Alameda con Lastarria. Me acerqué a los jóvenes de la FECH de entonces, encabezados por Germán Quintana, que era de la JDC, y a gente de todos los colores para armar un equipo a la altura de las circunstancias y la complejidad de la tarea. Es cierto que la DC quiso armar un trabajo propio de partido, y en el PPD Jorge Schaulsohn y otros otro tanto, pero yo mismo propuse que no nos complicáramos e inventamos aquello de la línea N y la línea O, en la idea que se complementaran. La influencia en el PPD –que contribuí a formar- me permitió mantener bajo control, no sin incidentes, incluso el 5 de octubre, los sectarismos de algunos. En nuestra línea trabajó gente de todos los partidos, con el apoyo tácito de la propia directiva DC, y explícito de su Secretario Nacional Gutemberg Martínez, lo que yo valoré porque fue una expresión de confianza unitaria. Y también lo hizo con gran disciplina y capacidad organizativa la gente del PS Almeyda.

Me puse a averiguar cómo se podía hacer esta tarea. En el diseño nos ayudó Glenn Cowan y parte del equipo de la consultora Sawyer&Miller que nos apoyaban con el National Democratic Institute de Estados Unidos, quienes nos trasladaron su amplia experiencia en estas lides, lo que se agradeció muchísimo. Pero básicamente los diseños los hicieron jóvenes ingenieros chilenos encabezados por Germán Quintana, Didier de Saint Pierre, Hernán Saavedra, Maurice Saintard, Carlos Alvarez, Aldo Signorelli, Guillermo Díaz y decenas de profesionales, como Raimundo Beca, Alberto Urquiza, Enrique Dávila, Marcelo Leseigneur, con la ayuda en el análisis de datos de Jorge Navarrete, Joaquín Vial, Patricio Meller y tantos otros que hicieron un trabajo enorme en un muy breve período de tiempo para recolectar, procesar y analizar millones de votos distribuidos en 22 mil mesas, y a los que la democracia chilena debe mucho en un momento que fue crítico para reencaminar la historia del país por una senda más civilizada.

Partí entonces el 5 de octubre en la mañana con el dedo entintado al Comando del NO, en Alameda esquina de la calle Lastarria, en un lugar central y visible de la ciudad, a pasos del edificio Diego Portales en el que estaba el centro de prensa instalado por la dictadura. La primera emoción fuerte fue a mediodía cuando Raimundo Beca me hizo llegar los datos de la primera evaluación del sistema de encuestas a boca de urna que una consultora francesa nos había ayudado a montar, y que nos anunciaba una victoria de 60-40, y que no dimos a la publicidad porque no tendría credibilidad por la falta de experiencia previa con el instrumento en Chile. Se lo comuniqué de inmediato a Ricardo Lagos, que tuvo una expresión de alivio. Tuve, por mi parte, la sensación de que el sistema nuestro, luego de ese primer peldaño, y con todas sus variantes y respaldos nos iba a proveer la información que necesitábamos para defender el resultado del plebiscito que nuestras encuestas (y que conocía muy de cerca porque había trabajado en ellas con el grupo CIS, con Carlos Vergara, Javier Martínez, Eugenio Tironi, Juan Gabriel Valdés, Eugenia Weinstein, entre otros) nos daban por ganado. 

La noche anterior al 5 de octubre, en cambio, al producirse un apagón, no nos había funcionado el sistema de respaldo de energía eléctrica que habíamos previsto para esa eventualidad. Con Germán Quintana y Hernán Saavedra, ambos ingenieros eléctricos, y el resto del equipo nos sentamos en unos sillones a oscuras, con el ánimo por los suelos. Respiramos hondo unos segundos, y de nuevo a trabajar para ver como reparar el tema. En todo caso, Alberto Urquiza había coordinado con gente del Colegio de Contadores un numeroso grupo de profesionales que, con velas y papel, además de máquinas de calcular manuales, llevarían un recuento de respaldo, que el 5 de octubre funcionó muy bien.

La segunda emoción fuerte fue cuando a la 17 horas, al encenderse el computador (de marca Tower, programado eficientemente por el equipo encabezado por Didier de Saint Pierre), se inutilizó parcialmente por una chispa provocada por la electricidad estática. Era una catástrofe. Nuestra pieza clave no podría funcionar, instalada en un sala del fondo del tercer piso de la sede central de calle Lastarrria, con la idea de que si nuestro sistema era atacado por la dictadura esto fuera inmediatamente visible, lo que era más difícli de lograr si lo instalábamos en un lugar clandestino, aunque si lo hicimos con los cuatro centros de acopio que recogían en Santiago vía fax las planillas con los datos mesa a mesa desde todo el territorio.

El sistema consistía en que los apoderados de mesa que los partidos legales PDC y PPD, y tambien PH, habían acreditado, previa formación sobre sus derechos previstos por la ley electoral –con el apoyo del Comando y de ONG’s que hicieron muy bien su tarea- debían anotar el resultado de su mesa en un formulario con copias de respaldo que habíamos distribuido en los mil recintos de votación, en un operativo logístico de gran envergadura completado en los días previos. Una de las copias debía ser entregada inmediatamente después de conocido y anotado el resultado a nuestro encargado de recinto, que inmediatamente anotaba el resultado en una planilla que registraba unas 25 mesas. Una vez completada, la planilla partía –a través de los cientos de mensajeros que se movilizaban a pie, en bicicleta, en auto o en lo que fuera- a alguno de los 24 centros de acopio de Arica a Punta Arenas cuyos equipos habíamos formado en meses de trabajo y en los que se encontraba un fax. Esta tecnología recién disponible la habíamos importado directamente desde Estados Unidos y era robusta para transmitir datos incluso con líneas telefónicas de mala calidad. Las planillas eran enviadas desde los fax en el territorios a los fax receptores que se encontraban en alguno de los cuatro centros de acopio en Santiago y de ahí en auto al tercer piso de calle Lastarria. El computador central estaba conectado a una docena de entradas en las que un grupo de expertos digitadores –que trabajaban en bancos y que habían sido reunidos para esa noche por Enrique Dávila- ingresaban los datos mesa a mesa que el software procesaba, lo que hicieron con gran profesionalismo y celeridad cuando llegó el momento.

Mientras, el computador central estaba inutilizado. Jorge Navarrete, que observó la escena del chispazo, accedió de inmediato a mi petición de dirigirse con su vehículo al proveedor con el que habíamos importado el equipo y que Enrique Dávila pudo ubicar y que, milagro, tenía un segundo computador similar disponible. Al llegar de vuelta con el nuevo equipo, a eso de las 18 horas , las tarjetas quemadas ya habían podido ser reemplazadas por el grupo que operaba el computador averiado. ¡Uf! Ahora disponíamos de un segundo equipo de respaldo...Entre tanto, Genaro Arriagada se había acercado desde la otra ala del tercer piso en la que estaba la dirigencia política encabezada por Aylwin, Silva Cimma, Lagos, Maira y Hirsch a preguntar si todo estaba bien, y carraspeando le dije que no se preocupara...

La tercera emoción fuerte fue cuando fue subiendo la tensión y cerca de las 20 horas apenas habían llegado datos a la calle Lastarria. Germán Quintana y yo estábamos en un pequeño espacio en el que él operaba un sistema de radio con los centros de acopio, cuya ubicación y operadores yo no conocía por razones de seguridad, dado que era la cabeza visible del sistema. Germán fue constatando que la información llegaba todavía lentamente desde el territorio y que quienes debían traer los datos desde los cuatro centros de acopio no lograban pasar por el cerco policial y militar del centro de Santiago que se desplegaba a esa hora. Ya había caído la noche y la dictadura no daba más información, después de un primer boletín a las 19.30 horas del señor Cardemil que daba por ganador al Sí con 72 mesas escrutadas, y transmitía dibujos animados por TV. Enrique Krauss y otros llevaban el diálogo con el PC, a través de un miembro de su Comisión Política clandestino que entraba y salía de la sede, y yo, por mi iniciativa, mantenía un nexo telefónico con gente del MIR político. Todos tratábamos de no dar por hecho el desconocimiento del resultado, pues presumíamos que la historia partiría hacia otro lado, hacia una confrontación más prolongada y más sangrienta que la que ya habíamos tenido. Ahora sabemos que el desconocimiento del resultado fue objeto de debate en esas horas al interior del régimen, cuando Pinochet quiso obtener de la junta militar facultades extraordinarias para declarar el Estado de Sitio, las que finalmente no le fueron concedidas por Matthei y Merino. Me fui a hablar con Genaro Arriagada y a preguntarle si podíamos hacer algo para lograr que despejaran el área y entrara nuestra gente con los datos. Ahora fue de él el turno de decirme que había que esperar, con mucho humor, en momentos en que no tenía ninguna evidencia que no fuera el completo cierre de filas del régimen en un silencio sepulcral no muy bien aspectado...

En mi desesperación escuché que estaba en la Alameda con Lastarria el Coronel Sobarzo, de Fuerzas Especiales de Carabineros. En un acto bastante absurdo, decidí bajar a la calle a habla con él. Se produjo un intercambio ridículo de mi parte: “a nombre del Comando por el No le solicito que deje pasar a las personas que se identifiquen como nuestros mensajeros para poder completar la recolección de datos de la votación”. Me miró y me dijo: “Mire, mejor dejémos las cosas hasta ahí no más”. A buen entendedor...y me devolví mascullando mi impotencia al tercer piso de nuestra sede.

Conversamos con Germán Quintana y decidimos pedir a los nuestros que trataran de pasar como fuera con las planillas recolectadas por fax, instrucción que dio por radio. Al cabo de un rato, en una imagen difícil de olvidar, veo subir con la respiración cortada por la escalera de la sede a Guillermo Díaz, que sacó de su espalda, donde lo había escondido, el primer fajo de papel fax con los datos. Venía pálido y nos contó que no le había sido fácil pasar por las calles oscuras en medio de las patrullas...Pero la información empezó a fluir, los digitadores a ingresar raudamente la información y a obtener nuestras primeras estimaciones. 

Habíamos declarado que daríamos información a partir de cien mil votos escrutados. Ya teníamos más que eso. Estábamos ganando, los resultados eran de 59-41, más a favor nuestro que el 56-44 que fue el resultado final porque teníamos más datos urbanos y de hombres que de mujeres, donde el No ganaba con más fuerza. Después de una breve discusión con el Comité Ejecutivo encabezado por Patricio Aylwin, decidimos dar el primer cómputo nuestro –ya eran las 21 horas- lo que hizo Genaro Arriagada, cruzando a la sede de prensa al otro lado de la Alameda. A las 22 horas, Cardemil dio un nuevo cómputo en el que seguía ganando el Sí, revelando que la dictadura hasta esa hora seguía con la decisión de desconocer el resultado efectivo.

Luego, vino a nuestra ala del tercer piso Gutemberg Martínez –yo había pedido que los dirigentes políticos no ingresaran a nuestra área para que no interfirieran en el trabajo- pero en este caso se acercó porque acompañaría a Patricio Aylwin al Canal 13 a un debate con Jarpa, acompañado de Allamand, y necesitaba el último dato disponible, con un universo que a esa hora crecía sustancialmente. Le di la hoja de resumen y le imprimí un pesado fajo –en esa época el papel de impresora era continuo- que se llevó bajo el brazo para mostrar que nuestro dato estaba efectivamente basado en un recuento mesa a mesa y que no era una estimación o una encuesta, lo que había sido diseñado así suponiendo una movilización de cerca de 50 mil personas para recolectar la información. Íbamos a defender el resultado en cada mesa en cada recinto en que se votó con uñas y dientes, y así les fue transmitido a Jarpa y Allamand, que además disponían de una encuesta representativa de mesas seleccionadas patrocinada por el Comité de Elecciones Libres, constituido por personalidades y con aval de la Iglesia. 

A las 23 horas, Genaro Arriagada dio un nuevo cómputo con nuestros datos que confirmaba que nos aproximábamos a la victoria. A la medianoche Jarpa reconoció la derrota del Sí en Canal 13 y a la una de la mañana Matthei, al entrar a una reunión de la junta militar a La Moneda, hizo lo propio. A las dos de la mañana, Cardemil reconoció nuestra victoria. 

***

Nos fuimos abrazando con compañeros y compañeras de tantas luchas. Se fue vaciando la sede de Lastarria. Nuestro equipo del sistema de cómputo paralelo se sacó una foto para la historia. Salí un rato a la calle, volví a subir. Me embargó una sensación de vacío. En los días previos, nuestro equipo había concurrido un rato a la gigantesca concentración de cierre de la campaña del No en la avenida Norte-Sur. Mientras caminábamos entre la multitud festiva, tuve un sentimiento de apabullante responsabilidad con la gente que nos rodeaba. No les podíamos fallar. Si nos pasaba algo por cualquier incidente antes del día 5, no era una buena cosa. Le pedí al equipo que nos devolviéramos a Lastarria a seguir afinando la infinidad de detalles que debíamos considerar. Ya concluida la jornada del 5 de octubre, habíamos contado el 90% de los votos, en una experiencia única en el mundo para una organización paralela al Estado. Ya podíamos respirar. Tuve la sensación de que la cuenta del 11 de septiembre de 1973, que para muchos irremediablemente nuca se podría reparar, para mí quedaba íntimamente saldada. Habíamos derrotado a la dictadura en las urnas, podíamos iniciar el largo camino para desmontarla. Podíamos empezar a descomprimir después de años de tragedia. Y en la madrugada, de vuelta en mi casa, le di un beso a mi hijo dormido, pensando en que su destino podía ya ser mejor. Vencimos a los que nos habían masacrado y aplastado, pero con el alma limpia. Evitamos más violencia. Con la fuerza de la convicción racional y la unidad difícilmente obtenida. Nadie nos quitaría ya el orgullo de haber sido parte de la reorientación de la historia de Chile hacia la democracia. Lo que se hiciera con ella sería ya otra historia.




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