La condonación del CAE para el 40% de las familias de menos ingresos
El senador electo de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, sostuvo, según reseña la prensa de hoy, que la propuesta de Alejandro Guillier sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado "se parece más a la propuesta de Piñera que a la nuestra. Siento que no le está hablando al electorado del FA" y que "les hablamos a miles de jóvenes y sus familias que están endeudados por el negocio de la educación superior, de los bancos, etc. Guillier las puede recoger, puede decir, mira me parece o puede decir los plazos en que él pretende abordar, puede que no sean los mismos que nosotros, que el FA. Eso está en mano suya pero por lo menos que las recoja".
La apreciación es un poco desconcertante: Piñera propone algo bien distinto a la condonación parcial y eventualmente temporal propuesta por Guillier para los deudores del CAE pertenecientes al 40% de familias más pobres. Piñera plantea un esquema general que incluye mantener una tasa de interés de 2% y un plazo máximo de pago de quince años, mientras Guillier plantea la mencionada condonación y para los que pertenecen a las familias del 60% de más altos ingresos en la sociedad una tasa de interés del crédito de 0% de interés y 10 años máximo de pago. ¿Cómo va ser lo mismo? Tal vez la interpretación surge porque Piñera también plantea que los bancos salgan del nuevo sistema de crédito para los que no accedan a la gratuidad en la educación superior y un esquema de pago de 0% a 10% del salario según la condición económica, lo que Juan Ignacio Latorre convendrá se parece a una mera concesión frente a su rechazo a la gratuidad, sin precisar mucho, además, los mecanismos de aplicación.
Pero no olvidemos lo principal. Piñera estuvo por dejar en el 50% de familias de menos ingresos la gratuidad de la educación superior y por no aumentarla a 60% en 2018 ni en el futuro. Luego se abrió a aumentarla por presión de Ossandón. Guillier se comprometió, en cambio, a aumentarla a al menos el 70%.
Pero el Frente Amplio insiste en la condonación total del CAE, con un costo de 8 mil millones de dólares, financiado con una tributación adicional al 2% más rico. Buena idea, que más bien debiera traducirse técnicamente en un aumento tanto de la tasa marginal del impuesto a la renta, que la reforma tributaria del actual gobierno bajó equivocadamente al 35% (recordemos que en 1990 era de 50%) como del Impuesto Territorial a las pocas propiedades inmobiliarias de muy alto valor. Pero esos recursos adicionales van a competir, por ejemplo, con el aumento del gasto en I+D en dos puntos de PIB para aumentar la productividad y la innovación; con el fortalecimiento de las Universidades estatales y la creación de Centros de Formación Técnica estatales en condiciones de gratuidad; con el aumento del gasto en infraestructura productiva y social restringiendo el sistema de concesiones que beneficia desproporcionadamente a sus operadores privados; con el aumento de las pensiones solidarias (recordemos que hoy son de 104.646 pesos al mes) en al menos otros dos puntos de PIB; con el fin del copago de las familias en el sistema escolar subsidiado (que permanece según la normativa actual hasta el año 2050) y la inyección de recursos en las escuelas públicas en todo el territorio; con la creación de un nuevo sistema de protección de la infancia para terminar con los abusos en el Sename; con el aumento de profesionales de salud y especialistas en el nivel primario y hospitalario para bajar urgentemente los tiempos y las listas de espera en la atención de salud, y así sucesivamente.
Que a los jóvenes profesionales que salen del 40% de menos ingresos se les pida que contribuyan a pagar una parte de su educación no es neoliberalismo ni piñerismo, sino apenas un poco de sentido de solidaridad. Los estudiantes graduados que por recibir educación vayan logrando mayores ingresos y estén en condiciones de contribuir a que otros estudien están llamados también a ser parte de un sistema de solidaridad basado en la progresividad de los aportes según los niveles de ingresos. Probablemente tenga sentido homologar la línea de pago a partir del 30% más rico hacia finales del próximo gobierno tanto la gratuidad como la exención de pagos del CAE y del fondo del crédito solidario, si los recursos van estando disponibles por el crecimiento y por los cambios tributarios de la reforma reciente y otros que resulten necesarios. No sé si afirmar esto es escuchar o no a los electores del Frente Amplio, pero si estoy seguro que estos son -como la gran mayoría de los chilenos y chilenas- solidarios y que aprecian que los cambios se hagan de modo de modo equitativo y progresivo para que perduren en el tiempo.
La apreciación es un poco desconcertante: Piñera propone algo bien distinto a la condonación parcial y eventualmente temporal propuesta por Guillier para los deudores del CAE pertenecientes al 40% de familias más pobres. Piñera plantea un esquema general que incluye mantener una tasa de interés de 2% y un plazo máximo de pago de quince años, mientras Guillier plantea la mencionada condonación y para los que pertenecen a las familias del 60% de más altos ingresos en la sociedad una tasa de interés del crédito de 0% de interés y 10 años máximo de pago. ¿Cómo va ser lo mismo? Tal vez la interpretación surge porque Piñera también plantea que los bancos salgan del nuevo sistema de crédito para los que no accedan a la gratuidad en la educación superior y un esquema de pago de 0% a 10% del salario según la condición económica, lo que Juan Ignacio Latorre convendrá se parece a una mera concesión frente a su rechazo a la gratuidad, sin precisar mucho, además, los mecanismos de aplicación.
Pero no olvidemos lo principal. Piñera estuvo por dejar en el 50% de familias de menos ingresos la gratuidad de la educación superior y por no aumentarla a 60% en 2018 ni en el futuro. Luego se abrió a aumentarla por presión de Ossandón. Guillier se comprometió, en cambio, a aumentarla a al menos el 70%.
Pero el Frente Amplio insiste en la condonación total del CAE, con un costo de 8 mil millones de dólares, financiado con una tributación adicional al 2% más rico. Buena idea, que más bien debiera traducirse técnicamente en un aumento tanto de la tasa marginal del impuesto a la renta, que la reforma tributaria del actual gobierno bajó equivocadamente al 35% (recordemos que en 1990 era de 50%) como del Impuesto Territorial a las pocas propiedades inmobiliarias de muy alto valor. Pero esos recursos adicionales van a competir, por ejemplo, con el aumento del gasto en I+D en dos puntos de PIB para aumentar la productividad y la innovación; con el fortalecimiento de las Universidades estatales y la creación de Centros de Formación Técnica estatales en condiciones de gratuidad; con el aumento del gasto en infraestructura productiva y social restringiendo el sistema de concesiones que beneficia desproporcionadamente a sus operadores privados; con el aumento de las pensiones solidarias (recordemos que hoy son de 104.646 pesos al mes) en al menos otros dos puntos de PIB; con el fin del copago de las familias en el sistema escolar subsidiado (que permanece según la normativa actual hasta el año 2050) y la inyección de recursos en las escuelas públicas en todo el territorio; con la creación de un nuevo sistema de protección de la infancia para terminar con los abusos en el Sename; con el aumento de profesionales de salud y especialistas en el nivel primario y hospitalario para bajar urgentemente los tiempos y las listas de espera en la atención de salud, y así sucesivamente.
Que a los jóvenes profesionales que salen del 40% de menos ingresos se les pida que contribuyan a pagar una parte de su educación no es neoliberalismo ni piñerismo, sino apenas un poco de sentido de solidaridad. Los estudiantes graduados que por recibir educación vayan logrando mayores ingresos y estén en condiciones de contribuir a que otros estudien están llamados también a ser parte de un sistema de solidaridad basado en la progresividad de los aportes según los niveles de ingresos. Probablemente tenga sentido homologar la línea de pago a partir del 30% más rico hacia finales del próximo gobierno tanto la gratuidad como la exención de pagos del CAE y del fondo del crédito solidario, si los recursos van estando disponibles por el crecimiento y por los cambios tributarios de la reforma reciente y otros que resulten necesarios. No sé si afirmar esto es escuchar o no a los electores del Frente Amplio, pero si estoy seguro que estos son -como la gran mayoría de los chilenos y chilenas- solidarios y que aprecian que los cambios se hagan de modo de modo equitativo y progresivo para que perduren en el tiempo.