Lecciones de una derrota evitable

En El Mostrador

Luego del plebiscito de 1989, el cambio constitucional permaneció largamente inconcluso en Chile, a pesar de diversas reformas posteriores, como la del sistema municipal y regional. En ese año, la entonces oposición –sin el PC, todavía defensor de la lucha armada– pactó con la dictadura militar el inicio de una salida política hacia un horizonte de democracia, luego de derrotarla en las urnas. Ese pacto no estuvo exento de limitaciones significativas en materia de afirmación del principio de mayoría, en medio de amplias dificultades y sacrificios luego de las álgidas protestas de 1983-86 y la exitosa y unitaria movilización en el plebiscito de 1988.

Se trataba de un pacto temporal, pero que a la postre mantuvo vigente un entramado de candados institucionales contra la voluntad popular, los que solo fueron cayendo lentamente. La coalición de gobierno conformada por el centro y la izquierda no comunista fue, no obstante, un éxito en materia de adhesión ciudadana y logró mantenerse por 20 años en el gobierno.

En este largo proceso se produjeron tanto un fuerte crecimiento económico inicial como variados avances sociales, pero acompañados de frustraciones acumuladas en materia de desigualdad de condición y de oportunidades y de abusos del poder corporativo en la vida cotidiana. La lentitud del cambio político-institucional y una conducta adaptativa consistente en hacer de necesidad virtud por parte de un sector de la coalición de gobierno, terminó por identificarla con ese entramado transicional. Se volvió cada vez menos apta para adaptarse y persistir en las demandas de la sociedad, lo que no cambió mucho con la agregación del PC en 2014.

Su consecuencia política fue la aparición desde 2011, consolidada en 2017, de una fuerza política generacional autónoma, al margen del centro y de la izquierda tradicional y mucho más significativa que las emergidas en los años 1960 desde el PS y la DC. Al punto que esa fuerza llegó a liderar el gobierno en 2022, aunque sin disponer de mayoría parlamentaria para llevar a cabo su programa pactado con el resto de las fuerzas progresistas en la segunda vuelta presidencial de 2021. Este notorio éxito en tan breve tiempo creó hasta hoy inconducentes resquemores de desplazamiento en las fuerzas tradicionales.

El inmovilismo del sistema político frente a la persistencia de las desigualdades y abusos tuvo una consecuencia social y sistémica de gran significación: una rebelión inorgánica de la mayoría social y del “bajo pueblo” en octubre de 2019, desencadenada por un aumento de la tarifa del transporte, de una magnitud y persistencia desconocidas. También tuvo como consecuencia fortalecer, como reacción conservadora, a la extrema derecha autoritaria.

En la historia democrática reciente de Chile, frecuentemente se habían articulado las demandas populares con representaciones políticas y sociales institucionalizadas, lo que en este caso fue desbordado. La pertinacia antidemocrática de la derecha y el anquilosamiento de la coalición de centro e izquierda dio así lugar a una salida del prolongado conflicto constitucional a través de un desencadenante extrainstitucional. En el intento por reinstitucionalizarlo, de nuevo se cometieron errores de diseño, en especial en el acuerdo de noviembre de 2019. Al menos dos fueron de importancia.

Primero, aceptar un distinto electorado al elegir un nuevo poder constituyente (escorado a la izquierda inorgánica con el voto voluntario) y a la salida para su aprobación plebiscitaria (necesariamente más conservador con el voto obligatorio). Segundo, aceptar una regla de aprobación de la propuesta de nueva Constitución con un quórum de 2/3, que obligó a pactar a los grupos centrales (que con 4/7 hubieran tenido una mayoría estabilizadora) temas variados, pero no con la derecha –como esta pretendió con esa imposición– sino con grupos radicalizados y particularistas.

Se terminó el 4 de septiembre de 2022 en una reprobación del proyecto de Constitución de la Convención elegida en mayo de 2021 con más de 60% de los votos obligatorios. Esta derrota del cambio constitucional fue fruto de la suma de la reacción negativa ante las retóricas particularistas, tema por tema en sectores variados de la sociedad, en el contexto de una economía en recesión, fruto de un ajuste radical después de una pandemia de efectos devastadores. El plebiscito de salida adquirió así un carácter de protesta contra un nuevo gobierno con variadas dificultades de instalación y de narrativa.

Junto a los conductores del gobierno, los participantes del proceso constituyente tienen una gruesa responsabilidad ante la historia democrática del país, pues se dio un sello retórico y programático indebido a la nueva propuesta constitucional.

No se privilegió uno centrado en consolidar reglas del juego esenciales que tenían un amplio consenso en la sociedad, es decir, un conjunto articulado de derechos fundamentales y de protección soberana de los recursos naturales, junto a permitir la expresión de la voluntad mayoritaria en las instituciones y, simultáneamente, garantizar a las minorías el derecho a procurar transformarse en mayorías en elecciones libres y periódicas.

Estas mayorías, alternadas o no período a período, eran las llamadas a deliberar y zanjar programas de gobierno, no la Constitución. Se miró al espejo guzmaniano de la Constitución partisana de 1980, pero al revés. Lo propio hizo la extrema derecha en el proceso constitucional de 2023, con la mayoría que logró usando el sistema electoral antidemocrático del Senado, otro error de diseño del progresismo, por lo que la nueva propuesta constitucional también fue rechazada ampliamente por la sociedad.

El país se ha quedado así con una Constitución remendada, pero ahora reformable por 4/7 y con leyes orgánicas que se pueden aprobar con la mitad más uno de los miembros del Parlamento, aunque aún permanece un Tribunal Constitucional potencialmente disruptivo de la voluntad mayoritaria.

El país se debate ahora en el tema de cuántos avances podrá lograr el actual gobierno, principalmente en materia previsional, tributaria, laboral y de salud, hoy bloqueados por la oposición. Mientras, persiste la duda de si se consolidará una alianza de izquierda abierta al centro para abrir una nueva etapa de prosperidad compartida e innovadora, feminista y ecológica de largo aliento. No obstante, se trata de la única alternativa posiblemente mayoritaria frente al retorno de la derecha al gobierno, ahora aliada a una extrema derecha fortalecida. Esta está dispuesta más que nunca a volver al neoliberalismo duro y a debilitar las libertades, prolongando su victoria de 2022, lo que hasta ahora no ha logrado.

Que no lo siga logrando dependerá de la consolidación política del espacio democrático comprometido con el principio de mayoría con protección de las minorías, con la justicia distributiva, con la sostenibilidad ambiental y con la lucha contra todas las discriminaciones. Es una tarea de las nuevas generaciones, las que habrán de dejar conductas endógenas o bien meramente adaptativas y eclécticas, y recoger la experiencia acumulada de las anteriores para evitar una regresión autoritaria y social de envergadura.

La actitud política del gran empresariado

En La Nueva Mirada

En el debate sobre el estado de la economía y la sociedad chilena, el gran empresariado oscila entre la oposición frontal al gobierno y frases altisonantes (“hoy somos más pobres que hace 10 años”). Incluso un reciente seminario de un grupo financiero se permitió denominarse “La urgencia de actuar”, invitando solo a un economista de derecha, a un ex jefe de la policía colombiana y …a la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei. Sin nadie del gobierno o partidario de él, para no romper la endogamia. Por supuesto, cada quien tiene derecho a hacer los seminarios que quiera e invitar a quien le plazca pero digamos que, dado que seguramente entre los accionistas del grupo y sus clientes no solo habrá personas de derecha, no es un enfoque demasiado prudente de comunicación corporativa.

Pero constatemos que alguien habrá actuado si todos los indicadores económico-sociales, sin excepción, revelan avances en la situación del país en la última década, aunque habrá a quienes les podrá parecer mucho o poco, haciendo la distinción necesaria entre juicios de hecho y juicios de valor.

Indicadores económicos y sociales, 2013-2023

Algunos hemos sostenido en diversos textos que el modelo económico “híbrido” chileno no es satisfactorio en diversos aspectos, especialmente en su dinamismo decreciente, la hiperconcentración de los mercados, la distribución desequilibrada de los ingresos entre utilidades y salarios y una limitada capacidad redistributiva de la protección social y del sistema de impuestos-transferencias. Y que la política fiscal en 2022 y la política monetaria en 2022-23 produjo una desaceleración económica que se podría haber evitado, fruto de un mal diagnóstico sobre las causas y alcances de la inflación, predominantemente externa, y la posterior desinflación desde 2021, política que el gran empresariado ha apoyado y de cuyas consecuencias ahora se queja. Recordemos, además, que la chilena es una economía dual de enclaves exportadores basados en recursos naturales que con frecuencia se sitúan en una frontera de alta productividad, acompañados por servicios modernos, pero combinados con producciones heterogéneas en condiciones promedio de menor productividad. Estas últimas constituyen el grueso del valor agregado y del empleo y en ellas predominan los servicios, que representaban el 69% del PIB y el 72% de la ocupación en 2023. Pero eso no debe impedir tener a la vista las evoluciones positivas de más largo plazo, como las que se consignan en el cuadro.

Uno de los indicadores más significativos en materia de progreso económico es el de la producción por hora trabajada. En Chile suele sostenerse que la productividad está estancada, medida por la diferencia entre la cantidad adicional de trabajo y de capital que explica los avances en la producción, en contraste con lo que no es explicado por ese incremento en el uso de los factores de producción. Desde los trabajos de Solow y otros esa diferencia se denomina «productividad total de los factores«, que en realidad es un residuo de significado conceptual discutible («la medida de nuestra ignorancia«, en la expresión de Abramovitz). Es además de difícil cálculo, en especial cuando se trata de medir el stock de capital y su amortización periódica y de medir el aumento de la calificación del trabajo, aproximada imperfectamente por los años de estudio promedio de quienes trabajan.

PIB por hora trabajada a precios constantes, índice 2013=100

Para evaluar la evolución de la productividad, algunos preferimos remitirnos a la producción por hora trabajada, que resulta de dividir el Producto Interno Bruto por el número de horas trabajadas en un año (dato más preciso que el número de personas que trabajan).  Esto resume el aporte del trabajo calificado y no calificado, del capital acumulado y del progreso técnico en el resultado de la producción. Si se produce más por hora de trabajo, se refleja sin ambigüedades que ha aumentado la productividad agregada de la economía.

El cuadro reseña la información extraída de la base de datos de la OCDE para conjuntos de países y algunos países individuales. Se observa que quien lleva la delantera (no hay datos para China) tanto en el período 2013- 2019 y luego en la crisis de la pandemia y su salida en 2020-2022, es Corea del Sur, un país con un desempeño económico sobresaliente (y a la vez con un coeficiente de desigualdad de Gini de 0.33, uno de los más bajos del mundo, en vez del 0.40 de Estados Unidos y el 0.45 de Chile, siempre según la OCDE). En 2013-2019, el desempeño de Chile es más que honorable, similar al del promedio del G7, los siete países más relevantes de más altos ingresos por habitante (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). La evolución comparada en la crisis y salida de 2020-2022 sitúa a Chile en una progresión notoria y superior a la del promedio del G7. Y es también, en esta etapa, superior a la de Estados Unidos. Entretanto, las brechas de productividad media del trabajo siguen siendo muy amplias con los países de altos ingresos (la producción por hora trabajada de Chile representa menos de la mitad que la del G7).

En suma, aunque debiéramos mirar más a los modelos asiáticos, la brecha de producción por hora trabajada de Chile con los países de más altos ingresos se ha acortado, y no ampliado, en la última década, aunque esto no sea del gusto de los críticos neoliberales y del gran empresariado, embarcados -los unos por razones ideológicas y los otros por la defensa de sus intereses estamentales de corto plazo- contra todo lo que implique una política industrial activa, mejores servicios públicos, una redistribución social y mayores restricciones ambientales, que en su visión se supone atentan contra la eficiencia y la productividad, aunque la evidencia diga todo lo contrario. Los países con mayor bienestar son los que cuidan la equidad y la sostenibilidad.

Desenlace en Francia

El presidente Emmanuel Macron nombró a un primer ministro de derecha, Michel Barnier, un conservador que fue parlamentario, ministro de Chirac y Sarkozy y ocupó altos cargos en la Unión Europea. Tomó posición en el pasado a favor de la "inmigración cero" planteada por Jean Marie Le Pen y votó, en su momento, en contra de la despenalización de la homosexualidad en la Asamblea Nacional.

Este nombramiento viene más de dos meses después que los apoyos de Macron quedaran como tercera fuerza con 22% de los votos en la primera vuelta de las elecciones anticipadas de la Asamblea. Estas fueron convocadas de manera sorpresiva y arriesgada por Macron, luego de la derrota del partido presidencial (15%) frente a la suma de la extrema derecha (37%) y la suma de los 4 partidos de izquierda (32%) en las elecciones europeas del 9 de junio. En el particular sistema político francés, de tipo semi-presidencial, es el presidente el que nombra al primer ministro, sin necesariamente contar con la aprobación de los diputados, como ocurre en los sistemas propiamente parlamentarios del resto de Europa. El primer ministro puede incluso, en este caso, aprobar leyes sin voto en el parlamento, como ocurrió con la reforma de las pensiones (no para reemplazar el sistema de reparto sino para retrasar la edad de jubilación en el marco de ese sistema) pero, a la vez, puede ser destituido en cualquier momento por una mayoría de diputados a través de una moción de censura. Los diputados se eligen en distritos uninominales, en dos vueltas entre los que reúnen más de 12,5% del electorado, siempre que nadie obtenga el 50% en la primera vuelta. La izquierda había nombrado a un candidato común por distrito, lo que Macron calculó no ocurriría al disolver la Asamblea, y pasó a ser la primera mayoría relativa en escaños luego de la segunda vuelta, relegando al macronismo a ser la segunda fuerza parlamentaria y la extrema derecha la tercera. Esta obtuvo en conjunto un 35% de los votos en la primera vuelta del 30 de junio, pero solo un 25% de los escaños en la Asamblea en la segunda vuelta del 7 de julio, lo que ocurrió porque la izquierda y el macronismo llamaron a votar por el mejor situado, incluso si fuera de derecha, para derrotarla. Es lo que se conoce como el "frente republicano", que permitió a la izquierda y a las "fuerzas centrales" de Macron superar a la extrema derecha. El Nuevo Frente Popular de izquierda sumó en esa primera vuelta un 31% de los votos y finalmente el 32% de los escaños, mientras el macronismo logró solo un 22% de los votos y un 29% de los escaños. A ese resultado contribuyeron las políticas de regresión social de Macron, muy resistidas, en nombre de aumentar la competitividad de Francia. El presidente desde 2017 -una figura liberal centrista con rasgos individualistas que estuvo asociado al Partido Socialista después de pasar por la banca y que fue ministro de Economía de François Hollande- terminó de consagrar la deriva conservadora de los últimos siete años. Esta ha incluido rebajas de impuestos a los más ricos, desregulaciones laborales, endurecimientos frente a la inmigración y restricciones al acceso a las pensiones y al seguro de desempleo, junto a políticas liberales como consagrar en la constitución -por primera vez en el mundo- el derecho al aborto. El macronismo se constituyó en la elección presidencial de 2017 con expresiones de la derecha tradicional, como la del ex primer ministro Édouard Philippe, o provenientes antes de esa fecha del Partido Socialista, como el primer ministro saliente Gabriel Attal (hoy jefe del grupo parlamentario macronista).

Ahora Macron ha establecido una suerte de alianza precaria entre el centro, la derecha y la extrema derecha. Se había negado a lo más esperable: dar curso a la nominación como primer ministra de Lucie Castets, propuesta por el bloque de izquierda compuesto por socialistas, "insumisos" (escindidos del PS en 2008), ecologistas y comunistas que, si bien ha logrado más escaños que el resto de bloques de partidos, está lejos de la mayoría (182 de 577, 193 con independientes). La opción de la izquierda ha tenido en contra la hostilidad de Macron y el argumento de que sería censurada a poco andar por una pinza entre el bloque presidencial (166 escaños), el de Marine Le Pen (142 escaños) y el de la derecha tradicional (47 escaños).

No llama tanto la atención que el primer ministro no sea nombrado entre el primer grupo de partidos emergido de la elección, pues eso puede ocurrir en los sistemas parlamentarios cuando nadie obtiene la mayoría absoluta. Es el caso de España, por ejemplo, donde gobiernan los socialistas del PSOE y no el PP de derecha, que logró más diputados pero sin conseguir una coalición mayoritaria. Lo que llama la atención es que se nombre a un representante del cuarto bloque político en número de diputados (quinto entre los partidos individuales), la derecha tradicional, con solo un 10% del electorado y de los escaños, aunque controla un Senado sin potestades equivalentes a la Asamblea. Es el precio a pagar por la anuencia de la extrema derecha, al menos inicial, al nuevo primer ministro.

Con su decisión, Macron ha roto el "frente republicano" al nombrar al conservador Barnier, que no participó del bloqueo a la extrema derecha ¿Será esta una nueva coalición que permita a Macron terminar su mandato en 2027? ¿O es una maniobra de corto plazo que no permitirá evitar nuevas crisis y una nueva elección parlamentaria en 10 meses más, cuando el presidente puede volver a disolver la Asamblea? La palabra la tendrá la extrema derecha.

Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

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Cada 30 de agosto se celebra el día internacional de los detenidos-desaparecidos. Muchos de mi generación en la izquierda tenemos en la memoria a cercanos en esa condición. Los míos tienen que ver con la militancia en el MIR entre 1972, cuando me sumé con 15 años a actuar en favor de la idea de una revolución social necesaria frente a la magnitud de las desigualdades existentes, y 1976, cuando fui destituido en el exilio por discrepancias variadas sobre métodos y fines y me integré a la convergencia socialista.

Compartí en la dirección de estudiantes secundarios de la que formaba parte, a cargo de los estudiantes particulares, con Luis Valenzuela Leiva y Mauricio Jorquera Encina, ambos del Instituto Nacional. Luis fue candidato del MIR a la FESES en 1972 y fue el jefe de la dirección de estudiantes secundarios del MIR en 1973. Leonidas, como le decíamos, era afable, tranquilo, muy capaz, organizado, y dirigía ese grupo de una manera cordial y dedicada. Fue detenido a los 21 años el 10 de enero de 1975. Nadie supo las circunstancias de su detención. Nadie lo vio más, salvo los agentes de la represión.

En esos meses prestábamos un apoyo crítico, en medio de una situación convulsionada, a la iniciativa de la Escuela Nacional Unificada, que habíamos discutido junto al representante de la Comisión Nacional Estudiantil del MIR, Sergio Riffo Ramos, una persona cálida y capaz, estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción. Permanece desaparecido, luego de ser detenido a los 23 años por la DINA el 25 de noviembre de 1974.

Mauricio Jorquera (el chico Pedro, como le decíamos) destacaba por su inteligencia, su oratoria y vehemencia tranquila, y también por su cordialidad. En el tráfago de actividades y tensiones, no lográbamos coordinar mucho, salvo ser parte de todas las movilizaciones. La derecha secundaria dirigida por Allamand y la DC por Salazar y Artaza estaban en la calle periódicamente y nosotros los confrontábamos e intentábamos impedir que los liceos y colegios se sumaran al paro indefinido conducente al golpe de Estado que promovían. En agosto de 1973, en la Alameda a la altura de la Iglesia San Francisco, avanzamos algunas decenas de militantes hacia un grupo de manifestantes de extrema derecha que ocupaba la calle a una cierta distancia. Sonaron disparos. A dos metros cayó baleado en el cuello Mauricio y rápidamente fue evacuado hacia la Posta Central. Se recuperó. Pero el 5 de agosto de 1974, cuando cumplía 19 años, Mauricio fue detenido en la calle por una delación de la "flaca Alejandra". Fue visto en Londres 38, Cuatro Álamos y José Domingo Cañas, en malas condiciones. Luego nadie que no fueran los agentes de la represión lo vio más. Mauricio fue parte de la lista de los 119 publicada en un vergonzoso montaje periodístico de La Segunda el 24 de julio de 1975.

Muchas veces nos movilizábamos alrededor de la Casa Central de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional, situaciones en las que veía con frecuencia a Alfonso Chanfreau Oyarce, de la dirección de estudiantes universitarios del MIR. El 30 de julio de 1974 fue detenido, entre otros por Osvaldo Romo, y torturado en Londres 38 y Villa Grimaldi. Desde el 13 de agosto, nadie que no fueran los agentes de la represión lo vio más. Alfonso fue parte de la lista de los 119.

Luego están mis compañeros y compañeras de la estructura territorial de la zona oriente en que militaba, diezmada por la DINA a partir de 1974, especialmente por Osvaldo Romo. Quien nos dirigía, el jefe del llamado G3, "Aníbal", Agustín Reyes Gonzalez, una persona cálida y afable, fue detenido y desaparecido el 27 de mayo de 1974, con 23 años. Anibal fue parte de la lista de los 119.

El Pampa y el Titín, Miguel Ángel Acuña Castillo y Héctor Garay Hermosilla, amigos y jóvenes de 19 años y alegres estudiantes del liceo 7, fueron detenidos y desaparecidos el 8 de julio de 1974, por entonces recién ingresados a la universidad. El 10 de julio también cayeron, a sus 20 años, la pareja conformada por Edwin Van Yurik y Bárbara Uribe, entusiastas y gentiles. Todos ellos fueron parte de la lista de los 119. Más tarde caería otro de los encargados del G3, apodado el "Topaloma", de una gran simpatía, Mario Maureira, detenido y desaparecido el 8 de agosto de 1976, con 23 años.

Con parte de ellos compartí los días posteriores al golpe y el intento de resistencia de tres días en la zona. Luego, dado que tenía 16 años y ninguna condición para permanecer clandestino, salí al exilio, con mi familia forzada a salir del país, para estudiar y luego volver a Chile, a fines de 1980. Desde entonces, trato de honrar con los mejores esfuerzos, en los distintos derroteros recorridos, la memoria de mis compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, como la de todos los demás caídos, en la lucha común por un mundo más libre y de iguales en dignidad y derechos.

¿Nada que proponer?

En La Nueva Mirada

Ya se va aproximando, una vez pasadas las elecciones territoriales, el tiempo de volver a discutir la orientación general del país y la elección del próximo liderazgo y la representación de la ciudadanía.

Luego de la derrota de la propuesta de nueva constitución en septiembre de 2022, los conservadores parecen estar viento en popa, según las encuestas, ayudados por pocos resultados en algunos campos de un gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria. Pero no debe olvidarse el fracaso de su propia propuesta constitucional en el plebiscito de diciembre de 2023, cuya consecuencia ha sido mantener la constitución reformada vigente, pero además volver a darle perspectivas a alternativas progresistas para el futuro del país.

Desde el inicio de la transición, los conservadores -la derecha liberal prácticamente no existe en Chile- han intentado, con éxitos y fracasos, que el camino de la izquierda y el progresismo se reduzca a un pasillo estrecho entre el acomodo al dominio oligárquico reinstaurado bajo la dictadura militar y la trampa de las alineaciones con ortodoxias autoritarias. Estas tienen poco eco en la izquierda (se remiten a parte del PC y a la ultraizquierda ortodoxa) y en general en la sociedad, pero tienen la virtud para los conservadores de operar como espantapájaros en la construcción de mayorías políticas favorables a la transformación social y ecológica con libertades, que deben incluir a todos sus componentes potenciales. El caso es que, para no desnaturalizarse en beneficio de nuevos despotismos, esa transformación debe ser democrática. Para ser viable, debe orientarse por el interés general por sobre los múltiples intereses particulares, considerando que no todo puede hacerse al mismo tiempo. En efecto, solo secuencias articuladas pueden hacer avanzar establemente los procesos de cambios, aunque signifique frustraciones temporales en una u otra dimensión de las aspiraciones presentes en la sociedad, a contrapelo de una época en que casi todo se rige por expectativas inmediatas. Esto hace más difícil, aunque nunca imposible, el ejercicio de la política de izquierda y progresista.

El tema de fondo es que los conservadores suelen ser defensores de valores tradicionales autoritarios y jerárquicos, pero sobre todo del poder económico constituido. Al igual, en este campo, que los liberales y neoliberales, impulsan una y otra vez la creación de un sentido común según el cual todo lo estatal sería ineficiente y corrupto. Sostienen que, por ende, se debería debilitar todo rol regulador o de provisión de bienes y servicios por parte de los poderes públicos. Su utopía es que reine la iniciativa privada en medio de mercados no regulados, los que asegurarían la armonía social y la prosperidad general a lo largo del tiempo.

Consideran, además, que el orden natural es el que resulta de la fórmula de mercado máximo y Estado mínimo, salvo en materias de orden policial y militar, aunque produzca precariedad (un 30% de las ocupaciones son informales) y marginalidad (un 17% de la población sufre de pobreza multidimensional), así como desigualdades estructurales de ingresos y oportunidades. Consideran un premio legítimo el que las utilidades empresariales y la riqueza sean concentradas por unos pocos y miran para otro lado incluso si provienen de rentas de monopolio o de la apropiación privada de recursos colectivos. También lo hacen con las barreras de acceso al empleo, las remuneraciones de los que viven de su trabajo inferiores a su aporte (especialmente las mujeres), la desconsideración del mérito y la subordinación general de la ciudadanía de a pie, junto a depredaciones crecientes de los recursos naturales. Llegado el caso, esos efectos a lo más deberían, en su enfoque, morigerarse focalizadamente, para no alterar la dinámica económica privada.

Algunos piensan que los parámetros tecnológicos y organizacionales de la producción han cambiado hacia redes y adaptaciones más flexibles e incluyentes. Pero los mercados funcionan más que nunca con una tendencia a favorecer poderes asimétricos entre sus participantes: existe un premio sistemático para las economías de escala y para los actores socialmente inescrupulosos. La iniciativa privada y el emprendimiento es factible solo para unos pocos: en Chile los empleadores son menos del 5%, mientras el 70% de la ocupación es asalariada.

La postura propiamente política de los defensores de un orden que no puede sino calificarse de oligárquico, concentrado en el 1% de los poseedores de riqueza, es que, si no queda otra opción que mantener formas democráticas, deben estar condicionadas por poderes mediáticos y fácticos bajo su control. La democracia debe ser limitada por contrapoderes institucionales y nunca reflejar la voluntad de las mayorías, la que se tacha de populismo, con o sin fundamento. Esta es una contradicción en los términos, pues la base de la democracia es el principio de prevalencia de la mayoría popular. El respeto de las minorías que le es consustancial no implica el gobierno de oligarquías dominantes que se impongan a la voluntad popular mayoritaria. 

Como señala Daniel Innerarity, «el liberalismo, en muchas de sus actuales manifestaciones, tiene graves déficits democráticos y que está dando lugar a ciertas disfuncionalidades, como se pone de manifiesto en el crecimiento de los populismos o de la extrema derecha. Entiendo por democracia liberal no la simple separación de poderes o el rule of law, sino un diseño institucional que concede un gran poder a instituciones no mayoritarias, organismos no electos, agencias independientes, revisión judicial, un constitucionalismo cerrado o que dificultaba su modificación constituyente, es decir, que resuelve la tensión entre soberanía popular y primacía del derecho con un claro desequilibrio hacia este segundo término. Estamos presentando el liberalismo como una víctima inocente de las pulsiones iliberales y no consideramos la posibilidad de que haya una fuerza expansiva del liberalismo que limita la democracia«.

El diseño dominante para inhibir la democracia es mantener una sociedad del temor ante el futuro y de desconfianza con las libertades y con la acción colectiva, paralizada en el día a día por el miedo ante la precarización económica y la delincuencia, que por otro lado resultan de la desintegración social libremercadista. El delito se asocia erróneamente a la inmigración y a una supuesta debilidad de la democracia en el control del orden público. La guinda de la torta es la política post-moderna que hoy practica casi todo el espectro de partidos, de tipo mediático y frecuentemente demagógica, centrada en las emociones e intervenida por el dinero, la que dista de conducir a resultados socialmente significativos y termina por alejar aún más a la ciudadanía de la participación democrática.

De lo que se trata por parte de conservadores y neoliberales es de dar por obsoletos a la izquierda y al progresismo, en un argumentario reiterativo, o bien sostener que no tienen ideas que proponer. En realidad, temen a aquellas que son a la vez coherentes y conectan con el sentido común, por lo que buscan descalificarlas de raíz. Aquí van algunas a modo de ilustración, en la lógica de las economías mixtas contemporáneas y de un camino de transformación que es indispensable para los intereses de la mayoría social (el mundo del trabajo, de la cultura, del precariado) si su horizonte es el logro de grados crecientes de igualdad de derechos y oportunidades, de acceso a condiciones de vida y trabajo decentes y de bienestar equitativo y sostenible.

Si algunas empresas no aseguran la continuidad de servicios básicos como el eléctrico, de agua potable, de sanidad urbana o de transporte, la autoridad debe poner fin a su concesión. Y reemplazarlas con rapidez por otras, sin excluir a priori empresas públicas nacionales. El marco regulatorio debe estar al servicio del usuario y no de las empresas, las que deben ser sometidas a competencia allí donde es posible. Cuando no es el caso, las tarifas públicas deben cubrir los costos del servicio e incluir incentivos para reducirlos e impedir utilidades monopólicas. En particular, en la provisión de electricidad debiera establecerse un sistema en el que el generador de energía la ofrezca de manera competitiva a los usuarios finales, pagando una tarifa regulada de uso de la red de distribución. A su vez, la regulación del acceso a Internet debe ser también reforzado en su condición de servicio público a ser provisto por múltiples agentes en condiciones de competencia y de garantía de continuidad, dado su impacto en la vida cotidiana y en la marcha de la economía.

Si empresas de alta significación en la provisión de insumos cruciales para diversas cadenas de producción y con fuerte impacto en las economías regionales quedan temporalmente fuera de mercado, dadas las condiciones cambiantes de la economía mundial, la autoridad debe evitar su cierre con una toma rápida de decisiones contra la competencia desleal e incluso con participación pública hasta su normalización.

Si la economía no crece lo suficiente, el Estado debe actuar para aumentar la productividad y utilizar una parte mayor de la renta económica que proviene de los recursos naturales que pertenecen a todos, hoy en manos privadas y que salen del país en cantidades ingentes, o que son explotadas por empresas públicas no suficientemente eficientes y autonomizadas en exceso. Esta renta debe utilizarse para aumentar la innovación y la sostenibilidad a través de la inversión en investigación y desarrollo (que alcanza un 0,4% del PIB contra un 2,7% promedio en la OCDE), en infraestructuras y en la diversificación de la economía para avanzar en la frontera tecnológica, y también para apoyar a las empresas emergentes de menor escala, junto a un salto en la formación continua de capacidades humanas avanzadas.

Si la distribución del ingreso es altamente desigual, el Estado debe hacer más progresiva la tributación, terminar con los monopolios que abusan de los consumidores en beneficio de los ingresos del capital corporativo, asegurar una redistribución a través de asignaciones familiares más amplias y el uso del bolsillo familiar electrónico para devolver el pago de IVA a los alimentos y suministros básicos a las familias de menos ingresos, junto a fortalecer los programas de inserción en el empleo y así ampliar la acción contra la exclusión y la marginalidad y la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Si la relación laboral es desequilibrada y frecuentemente abusiva, deben fortalecerse los sindicatos y la negociación colectiva por rama de actividad, y compartirse los incrementos de productividad del trabajo sin dejar atrás el salario mínimo y la disminución de la jornada laboral para asegurar una mejor relación trabajo-calidad de vida.

Si las mujeres son discriminadas salarialmente, la legislación debe impedirlo con más rigor. Si existen dificultades para su inserción en el trabajo, se debe fortalecer la oferta de sistemas de cuidado, así como la continuidad de estudios y la formación profesional con perspectiva de género.

Si el acceso a la educación pre-escolar es de cobertura insuficiente y si las escuelas y universidades están segmentadas y la calidad promedio de la enseñanza es baja, entonces debe fortalecerse y financiarse la oferta pública de calidad y valorarse más el rol del profesorado, ampliando, además, el apoyo a todas las expresiones de la ciencia y de la cultura.

Si el sistema previsional privado de capitalización no asegura tasas de reemplazo del salario por la pensión adecuados, debe ser reemplazado por un sistema mixto que garantice mínimos, especialmente para las mujeres, que son las que viven más, financiados por mayores cotizaciones e impuestos.

Si los seguros de salud privados no garantizan coberturas de salud adecuados y el sector público tiene bajos recursos y capacidad operativa, entonces la cotización obligatoria debe ir a un fondo único de salud que aumente la garantía oportuna de las coberturas públicas y privadas y utilice el poder de contratación de insumos y servicios al mínimo costo. Los recursos deben invertirse más en la capacidad preventiva y resolutiva de la salud primaria y en el fortalecimiento de las infraestructuras de los hospitales públicos, con un uso más exigente y productivo al servicio de las personas y de la reducción de las listas de espera.

Si las mujeres tienen un bajo acceso a una salud reproductiva en condiciones de libertad y seguridad, debe aumentarse su capacidad de decisión, en especial en materia de despenalización del aborto antes de las 14 semanas.

Si el acceso a la vivienda se hace cada vez más difícil y el transporte privado congestiona las ciudades y las contamina, se debe fortalecer los programas de arriendo de vivienda social asequible y los de acceso a la vivienda propia y su mejoramiento, junto al de la infraestructura social en los barrios y los sistemas de transporte sostenible, como el metro y los buses eléctricos, facilitando el trabajo parcial a distancia.

Si la nueva delincuencia aumenta los temores cotidianos, debe reforzarse la acción de los cuerpos de seguridad contra las bandas organizadas y los tráficos ilegales y mejorar el sistema de cárceles para impedir su uso por ellas, junto a una mayor presencia policial de cercanía, mayores redes de colaboración entre vecinos y el fortalecimiento de la labor preventiva municipal y de todos los órganos públicos en la acción sistemática contra las causas sociales y culturales de la delincuencia.

Si se infiltran delincuentes de otros países y tráficos por la frontera norte, se debe establecer una nueva policía de fronteras bien equipada y mantener una inmigración constructiva de manera ordenada por vías regulares y sistemas de cuotas, según las posibilidades y necesidades del país.

Si los servicios públicos para lograr un horizonte de prosperidad compartida y sostenible están hoy desfinanciados -y lo estarían todavía más con las propuestas anteriores- y algunos se han sumido en una cultura de la clientelización, entonces deben fortalecerse con reformas que los conservadores en el parlamento no podrán bloquear eternamente. Éstas deben llevar la presión tributaria de los más ricos a los niveles de la OCDE, junto a una simultánea profesionalización generalizada de la función pública que implique el fin del acceso prebendario a los órganos de la administración, sin perjuicio de la responsabilidad política propia de los más altos cargos.

Parte de estas acciones públicas ya se realizan, se están iniciando o está prevista su puesta en práctica. Pero tienen una cobertura e intensidad insuficientes, lo que alimenta el malestar social recurrente, o están sometidas a bloqueos institucionales que incluyen los de la actual mayoría parlamentaria conservadora. Y también, en parte, a la falta de convicción y capacidad resolutiva de quienes están a cargo, pues no hay sociedad ni grupos dirigentes que funcionen de manera adecuada cuando mantienen inhibiciones desde los poderes fácticos y prácticas burocráticas de sostén clientelar o de tipo generacional. Esto solo se mejora con liderazgos y acuerdos colectivos que comprometan el cambio de esas prácticas.

Poco de esto tiene que ver con la falta de ideas. Los que sostienen que no las hay en la izquierda y el progresismo, en realidad no las comparten, lo que es legítimo en la deliberación democrática. Pero ese es otro debate.

La situación de la distribución eléctrica

En Facebook

Son sorprendentes las reacciones privatistas, incluso en el gobierno (hay ministros que han sido empleados de asociaciones de empresas privadas del sector monopólico regulado que debieran ser más prudentes), frente a un asunto de sentido común: en muchos países la distribución eléctrica es estatal para cautelar el interés público, adicionalmente a la regulación. Es lo que ha dicho con toda razón el ministro Pardow.

Frente a los incumplimientos en el servicio eléctrico, ha surgido la idea obvia de introducir un actor estatal nacional. Algunos dicen que el Estado chileno no tiene como financiar inversiones. Los privados tampoco: van a los mercados de capitales. El Estado también lo puede hacer, y a un costo inferior.

En el debate reciente hay una situación curiosa. Los que, por ideología liberal, se oponen a que opere una empresa estatal chilena en la distribución eléctrica para mejorar la continuidad del servicio, como Endesa hasta la década de 1980, están prefiriendo la operación de empresas estatales italianas y chinas y a las que esa continuidad, como se demostrado, no les importa mayormente, aunque estén bien remuneradas por tarifas atractivas para obtener utilidades. Su rentabilidad sobre capital en la operación de distribución debiera ser publicada periódicamente, por lo demás.

La combinación del sistema de contratos de largo plazo desde 2015 para la distribución regulada y la fijación de tarifas a costo marginal ha derivado en altas tarifas, congeladas desde 2019 y ahora sometidas a una recuperación progresiva. La distribución eléctrica tiene costos marginales (en la última unidad de servicio) decrecientes, por lo que lo eficiente es que opere una sola empresa en cada zona de cobertura, pero sujeta a una tarifa pública que refleje los costos medios y tenga incentivos para disminuirlos. Dado que la distribución eléctrica es por esta razón un monopolio natural la pregunta que surge es si una estatal chilena prestaría más atención a la continuidad del servicio. Como en ese caso el gobierno sería el responsable ante la gente, la respuesta es si. Por lo demás, hay empresas estatales en Chile que funcionan bastante bien, como Enap y el Metro, y son claves para el interés público. Codelco y Enami, en cambio, están al debe y deben mejorar con urgencia, aunque por mucho tiempo no se las ha dejado invertir para mejorar por políticas de inspiración liberal absurdas, como las que se han vuelto a manifestar en el debate sobre los cortes de electricidad.

Una empresa estatal de distribución eléctrica puede funcionar adecuadamente y permitir una mejor regulación pública del servicio en tanto le provee información crucial sobre la operación del sistema. Además, en la provisión de electricidad debiera transitarse a un sistema en el que el generador de energía la ofrezca de manera competitiva a los usuarios finales, como en el segmento de clientes libres, pagando una tarifa fija regulada de uso de la red de distribución. Un sistema de oferta competitiva por los generadores de electricidad existe en diversos países.

Crisis en Venezuela

En La Nueva Mirada

La reciente elección en Venezuela volvió a ser materia de fuerte interés y controversia en Chile. Esto se explica por la importancia de ese país en el contexto global y latinoamericano, pues mantiene las principales reservas petroleras del mundo y su posición geopolítica en Sudamérica es relevante. A la vez, es el único país del continente que ha visto reducirse su población en las últimas décadas, con unos 28 millones de habitantes en la actualidad y cerca de 8 millones que han emigrado en lo que va de siglo XXI, una cifra inédita en el contexto mundial. De ellos, unos 700 mil lo han hecho a Chile.

Además, existen nexos que en la historia vinculan a Chile y Venezuela, desde los lejanos tiempos en que uno de los intelectuales que compartió los esfuerzos independentistas de Francisco de Miranda y Simón Bolívar, Andrés Bello, fue protagonista de la historia de Chile en el siglo XIX. Llegó al país en 1929 contratado por el gobierno y contribuyó de manera relevante a la edificación institucional de la naciente república. Fue primero el equivalente a un subsecretario de relaciones exteriores, más tarde senador y el primer rector de la Universidad de Chile, además de autor del código civil. Más tarde, parte del exilio del partido Acción Democrática, perseguido por las dictaduras militares, tuvo apoyo y soporte del Partido Socialista chileno. En la segunda mitad del siglo XX, aumentaron los lazos tanto a través de la emigración económica chilena a Venezuela en los años sesenta y la de tipo político en los años setenta, con exiliados chilenos recibidos por los gobiernos de Copei y Acción Democrática.

Pero lo fundamental es la reciente y masiva inmigración venezolana a Chile. El tema de la situación en Venezuela se ha transformado en simbólico en muchos sentidos en los últimos años. Lo es para la derecha chilena, por solidaridad con la oposición a la pérdida de poder de la oligarquía tradicional venezolana desde la llegada al gobierno del ex militar Hugo Chávez en 1999, y es un cómodo espanta-pájaro para sus posturas políticas. Para el progresismo, se ha constituido en un contra-ejemplo por el deterioro progresivo de las instituciones democráticas en Venezuela y el colapso económico de su Estado rentista y clientelar, mientras la izquierda ortodoxa apoyó los postulados de Chávez contra Estados Unidos y presta un apoyo incondicional al régimen de Maduro (y también al de Díaz-Canel en Cuba y al de Ortega en Nicaragua), aunque con una cierta incomodidad en sus filas. Recordemos que el Partido Comunista de Venezuela se opone a Maduro en la actualidad, lo que le ha valido ser intervenido por el gobierno, junto a otras fuerzas de izquierda democrática.

La oposición del progresismo chileno al régimen de Maduro tiene que ver con que rechaza que el autoritarismo y la supresión progresiva de la democracia, las libertades y la alternancia en el poder sea el camino para superar la desigualdad y la falta de libertad real que implica el predominio de poderes oligárquicos. Sostiene, a la vez, que la democracia debe ser la principal barrera de contención del intervencionismo norteamericano u otras potencias, en vez de derivas autoritarias. Y que no tiene sentido justificar alianzas con rusos, turcos e iraníes, como hace Maduro, que no se ve qué puedan tener que ver con progresismo o izquierda alguna.

Las absurdas y condenables sanciones norteamericanas desde 2019 por Donald Trump no pueden esconder que el clientelismo y la corrupción en la gestión del Estado son las causantes principales del colapso económico, la hiperinflación durante años y la consiguiente ola migratoria, que ha afectado sustancialmente a casi todos los países sudamericanos. Estos procesos no son atribuibles más que a las políticas del régimen vigente, que agravaron la histórica dependencia de la renta petrolera. La estrategia de vivir del petróleo sin siquiera lograr mantener su producción, y en paralelo debilitar la producción de alimentos, implicó no cuidar la solidez de la rama sobre la que se está sentado y derivó a una alianza atrincherada del grupo chavista con los militares asociados a la gestión centralizada, inepta y corrupta de la economía. Esto no es un proyecto de transformación equitativa de la sociedad que enfrenta dificultades por el cerco imperialista norteamericano, sino un proyecto de mantención en el poder de un grupo civil-militar con apoyo en grupos empresariales, algunos tradicionales y otros emergentes, que prosperan en la economía especulativa en detrimento del resto de la sociedad. Se ha terminado en privatizaciones y en la dolarización de hecho de la economía, con una pérdida catastrófica de ingresos para la mayoría, que sobrevive en buena medida con las remesas de sus familias desde el exterior. Ha sido el voluminoso endeudamiento con China lo que le permitió primero a Chávez y luego a Maduro paliar en parte la increíble destrucción de la industria petrolera, en parte contrarrestada con la apertura de nuevas zonas de inversión minera desregulada con fuertes consecuencias sociales, ambientales y respecto a los pueblos indígenas, como el Arco Minero del Orinoco, de 112 mil kilómetros cuadrados, el 12% del territorio, en el que quedan suspendidas leyes fundamentales. Se ha consolidado, en palabras de Edgardo Lander "el modelo extractivista depredador que ha caracterizado la economía venezolana durante un siglo; el gobierno ha optado por empujar al país en el camino de un nuevo patrón rentista-extractivista, ahora basado en la minería a gran escala".

Pensar que regímenes burocrático-militares como los de Venezuela o Nicaragua, o incluso teocracias islamistas, son defendibles porque se confrontan con Estados Unidos, es simplemente un enfoque binario y simplista que las izquierdas democráticas no tienen ninguna razón válida para compartirlo. Más aún, esta identificación puede tener un muy alto costo para su proyecto político.

La elección presidencial del 28 de julio ha terminado en una nueva impasse. La autoridad electoral subordinada al gobierno anunció que Nicolás Maduro había obtenido un 51% de los votos y que el candidato opositor, Edmundo González, había conseguido un 44%. Recordemos que la justicia del régimen inhabilitó a María Corina Machado, la líder de la oposición que se impuso en primarias, a través de un procedimiento que no cumplió con las normas, y luego se escogió a Edmundo González como su segundo sustituto luego de la inhabilitación de Corina Yoris. Pero según las actas de la oposición el resultado es el inverso: González habría obtenido el 67% y Nicolás Maduro el 30%. ¿En qué país democrático la autoridad electoral emite solo dos comunicados sin mostrar para nada datos de mesas de votación como respaldo? La versión oficial es que el Consejo Nacional Electoral entregó esos datos a una corte de justicia subordinada al gobierno, pero sin darlos a conocer a nadie más para su verificación. Entre tanto, cerró a las pocas horas todo el proceso electoral y otorgó formalmente al supuesto ganador el poder presidencial por otros seis años, sin más trámite.

El régimen de Venezuela no puede pedir que se reconozca un resultado electoral sin que nadie pueda verificarlo, incluyendo los partidos y candidaturas legalmente inscritos. Es lo que afirmó el presidente Boric, lo que llevó a la expulsión del embajador Gazmuri y del personal diplomático y consular, dejando además a la deriva a cientos de miles de inmigrantes con el retiro de la representación de Venezuela en Chile.

A mayor abundamiento, quien dirige el partido oficialista, el PSUV, Diosdado Cabello, ha dicho «nosotros no vamos a entregar actas, no vamos a enseñar nada». Ha reiterado que seguirán en el poder y que la oposición será reprimida. Eso es lo que está ocurriendo con requerimientos por "instigación a la insurrección" contra González y Machado, por llamar a las fuerzas de orden a respetar la constitución y la ley electoral, lo que parece bastante obvio en una situación como la existente. Machado, además ha liderado la unificación de la oposición a través del uso de los mecanismos electorales para enfrentar a Maduro y su régimen, aunque es ambigua sobre la intervención externa.

¿Qué se puede pensar si sigue sin aparecer el respaldo del resultado en las urnas, salvo las actas mostradas por la oposición, que difícilmente serán todas inventadas, y que muestran un resultado contundente a favor de González? En particular, la posición del PC chileno ha quedado en una situación de vulnerabilidad en la coalición de gobierno, por su resistencia a desligarse del régimen de Maduro y su fuga hacia adelante en lo que tiene todos los visos de ser un fraude electoral que siguió a la inhabilitación de candidatos y la severa restricción del voto de los venezolanos en el exterior. Al parecer, estos dos elementos llevaron al régimen de Maduro a confiar en un resultado electoral favorable, que a la postre no se produjo. De ahí que no se diera curso a los procesos de verificación electoral, bajo un aparente ataque informático desde Macedonia del Norte, país que ha desmentido el hecho.

El problema político de fondo para la coalición de gobierno en Chile es que no puede asociarse, ni lo hará, a un proceso que no respeta las reglas de la democracia. Eso sería poner una lápida a los proyectos emancipatorios de las izquierdas, pues esas reglas son el instrumento insustituible de la construcción de derechos e igualdades y el marco primordial para luchar por ellos y en contra de sus adversarios y enemigos, al menos para la izquierda que considera la profundización de la democracia como su modelo político irrenunciable y que los medios que se usan no pueden desmentir y desnaturalizar los fines que se persiguen.

Si la izquierda latinoamericana no cautela con energía su legitimidad democrática o, en la otra cara de la medalla, deja de defender los recursos que pertenecen a sus naciones, de representar a los que viven de su trabajo y de proteger la libre expresión de la cultura y la diversidad, simplemente se hundiría en medio de la pérdida de su razón de ser: expresar con pluralidad los intereses de la mayoría social por sobre los intereses de las oligarquías dominantes. Es un conjunto cuyas partes no son separables. Hay quienes postulan, en nombre de "intereses superiores" (de clase, geopolíticos o lo que se quiera), que está muy bien ser demócrata si eso permite llegar al poder gubernamental o retenerlo, pero que no se debe dejar ese poder aunque sea en contra de la voluntad del pueblo. Es el espejo de la mera relación utilitaria con la democracia de las derechas oligárquicas y de los imperios económicos y geopolíticos, como bien lo sabemos en Chile.

No hay razón alguna para dejarse encerrar en un dilema falso. La democracia incluye que los adversarios ganen elecciones. En ese caso lo que cabe no es desconocerlas, sino defender en su marco las conquistas de libertades, el control de los recursos naturales y el progreso social y cultural por las que se ha luchado y se lucha, junto a recabar fuera del gobierno y con los movimientos sociales y las representaciones locales las lecciones de por qué se ha sido puesto en minoría en un momento dado, el de la alternancia. Solo de ese modo se puede volver a optar de manera renovada y legítima a ser mayoría en una siguiente elección para nuevas etapas de progreso democrático y social. Si se produce una reprobación electoral, hay que respetarla, salvo que se crea que el pueblo y sus decisiones no cuentan porque están amañadas por el poder oligárquico e influencias externas y que lo que cabe es pasar por encima de una voluntad popular manipulada.

Los que consideran un tema no definitorio la aprobación o rechazo del pueblo, debieran asumir las consecuencias en la legitimidad democrática de su conducta, la que no puede ser sino considerada como propia de una minoría autoritaria. Y dejar de practicar juegos de máscaras. Es lo que hizo Lenin, por lo demás, al disolver la asamblea constituyente en 1918, en la que su partido quedó en franca minoría, mereciendo la acerba crítica de una Rosa Luxemburgo que no concebía el socialismo sin libertades democráticas. El líder de la revolución rusa consideró abiertamente que solo debía respetarse el interés de clase del proletariado, expresado en los soviets y en un partido único supuestamente depositario de su destino, sin considerar al resto de la sociedad, aunque admitía una cierta diversidad en la representación partidaria de ese proletariado. Stalin terminó de eliminar de manera sangrienta cualquier disidencia en el partido único, marcando la definitiva fractura de concepciones políticas en la izquierda mundial entre sus ramas democráticas y plurales y las autoritarias, que permanece hasta hoy.

La alternativa a las posturas autoritarias siempre ha existido y consiste en sostener la democracia siempre con más democracia y, en América Latina, a partir de la no alineación con potencias hegemónicas. Es lo que debe prevalecer respecto a la crítica situación de Venezuela.

Evasión y reforma tributaria

En El Clarín de Chile

La derecha sigue bloqueando la reforma tributaria. Se agrega ahora desde personeros de gobierno la idea que más vale concentrarse en la evasión. Esto puede ser del orden del realismo político, dada la ausencia de mayoría parlamentaria. Pero lo que no cabe es hacer de necesidad virtud.

Es cierto que la evasión de impuestos, según las cifras del Servicio de Impuestos Internos, es de una enorme magnitud, nada menos que un 6,5% del PIB si se suma la brecha de cumplimiento en el IVA y en el impuesto a las empresas. Se trata de cerca de un cuarto de los ingresos tributarios potenciales determinados por ley.

Como es muy difícil llegar a una evasión cero, la meta de capturar a corto plazo la mitad estaría muy bien, lo que requeriría al menos mejorar la norma sobre evasión, ampliar el personal de los servicios fiscalizadores y sus capacidades y hacer más dura la ley, en particular levantando el secreto bancario, a lo que la oposición también se niega. Si se lograra algún acuerdo en este sentido, sería de todos modos un avance, aunque no suficiente.

Los impuestos recaudados sobre PIB representaron en Chile un 24% según la OCDE en 2022 (los ingresos del gobierno general llegaron a 25% del PIB en 2023, según los datos nacionales). Recordemos que el promedio de la presión tributaria en los países de la OCDE fue de 34% en 2022. Se requiere del orden de un 10% más de tributos sobre PIB para llegar al nivel, por ejemplo, de la presión tributaria de Nueva Zelandia (34% en 2022), o de al menos 3% del PIB sin considerar las cotizaciones obligatorias más la disminución eventual de la evasión. Siempre que se quiera, claro, que en Chile se realicen gastos en salud, educación, infraestructuras, investigación y desarrollo tecnológico, pensiones y ayudas sociales que guarden alguna relación con los existentes en los países intermedios de la OCDE en relación al tamaño de la economía, empezando por la urgencia de disminuir las listas de espera en los hospitales, aumentar la pensión garantizada y dotar más ampliamente la seguridad pública.

En esto no hay milagros. De ahí la necesidad de una reforma tributaria, además de la lucha contra la evasión, aunque su horizonte sea progresivo y se despliegue sin precipitación a lo largo de la próxima década. mientras las cifras más altas son las de 46% en Francia, 44% en Dinamarca y 43% en Austria, países en los que la desigualdad es menor que en los países con bajos impuestos, sus economías están entre las más prósperas y el bienestar comparativo de la población es elevado.

Por otro lado, se sigue insistiendo en que bastaría con aumentar el crecimiento para recaudar más, como si alguien tuviera una varita mágica para lograrlo. La leyenda neoliberal de que basta con desregularlo todo para crecer más es eso, una leyenda. Un informe encargado por el ministro de Hacienda concluyó recientemente que “por cada punto de crecimiento adicional, los ingresos fiscales aumentarían en 0,24 puntos del PIB, pero la holgura fiscal sólo lo haría en 0,16 puntos, dado el aumento que tendrían los gastos asociados a remuneraciones”. Dado que el crecimiento del PIB de largo plazo es estimado actualmente en una cifra del orden de 2% anual, si se supusiera de manera muy hipotética que un paquete de medidas de desregulación ultraliberal llegara a duplicar esa cifra, entonces habría una recaudación adicional de solo 0,3% del PIB, que no puede calificarse sino de marginal para abordar las tareas públicas mencionadas.

Lo que recalca buena parte de la literatura especializada es que más impuestos no necesariamente afectan el crecimiento, pues depende del tipo de impuestos y en qué se gastan. Algunos no modifican o muy poco la conducta de los agentes económicos (como el IVA y los impuestos indirectos) y otros lo hacen en cierta magnitud (como impuestos marginales muy altos a los ingresos del capital y del trabajo), afectando eventualmente los incentivos al ahorro y al trabajo. El tema es su magnitud, que no es inexistente, pero es abordable en una lógica de costo-beneficio.

En efecto, el impacto de los impuestos depende mucho del uso que se dé a los recursos nuevos: si se gastan primordialmente en innovación, infraestructuras, salud y educación, contribuirán al crecimiento en una magnitud mayor que el costo en crecimiento que pudieran tener los impuestos con los que se financian. Cabe además considerar que aquellos gastos públicos que cubren emergencias y la vida en la vejez aumentan la disposición a arriesgar e innovar en la vida activa, y que los gastos en redistribución progresiva de ingresos aumentan la cohesión social, lo que en ambos casos estimula el crecimiento. El argumento de que todo esto va a la burocracia no aplica por definición, desde luego, a las transferencias de ingresos, que llegan directamente a los usuarios.

Se puede afirmar con bastante certeza que los efectos balanceados anteriores son los que explican que el período de crecimiento más alto de las economías occidentales haya sido el de 1945-1975, cuando los impuestos aumentaron sustancialmente, con tasas marginales a los tramos de ingresos más altos de hasta 90%. Y que luego crecieron menos, al empezar la baja a los impuestos a los más ricos y a limitarse el Estado de bienestar en la era Reagan-Thatcher. El PIB por habitante de Estados Unidos (US$76,3 mil en 2022), con 27% sobre PIB de carga tributaria, es hoy inferior al de Noruega (US$ 78 mil, a paridad de poder de compra, mientras sin esa corrección es mucho mayor), con 42% sobre PIB de carga tributaria. En los países con altos impuestos, amplios servicios públicos y menor desigualdad, la economía y la inversión no están bloqueadas por el peso de la tributación, ni menos están llenos de desempleados que deambulan por las calles por falta de actividad privada: son aquellos con mejores resultados (ver los Índices de Desarrollo Humano respectivos).

La conclusión es que si no hay avances tributarios, simplemente el tema seguirá pendiente con alta relevancia en la agenda política futura.

 

Los marcos cognitivos y las identidades políticas

 En La Nueva Mirada

Es difícil dejar de interrogarse sobre el sentido de los discursos hoy prevalecientes en la esfera pública en Chile.

Puede ser útil partir por una cita de George Lakoff sobre los marcos cognitivos («No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político«, 2004): “Cualquier palabra como elefante, evoca un marco, que puede consistir en una imagen u otro tipo de información: los elefantes son grandes, tienen orejas flexibles y trompa, se los asocia a los circos, etcétera. La palabra se define en relación con dicho marco, y cuando negamos un marco, también lo estamos evocando. Richard Nixon lo aprendió a las malas. Sometido a una gran presión para dimitir debido al escándalo de Watergate, se dirigió a todo el país por televisión. Se presentó ante la población y dijo: «No soy un delincuente». Y todo el mundo pensó en él como un delincuente. Esto ilustra un principio básico de la teoría del marco que le servirá cuando esté discutiendo contra el bando contrario: no use su lenguaje, ya que éste resalta un marco que no será el que usted desea«. Y agrega: «los candidatos liberales y progresistas tienden a seguir los sondeos y deciden que tienen que ser más «centristas» desplazándose hacia la derecha. ¡En cambio los conservadores no se desplazan en absoluto hacia la izquierda y ganan igualmente! (…). Votan su identidad, sus valores, votan a aquel con quien se identifican.» 

Lakoff desarrolla su explicación sobre la base de la diferente manera en que las corrientes de valores progresistas o conservadores interpretan la metáfora de la nación como familia. Diferencia a quienes se apoyan en la visión del padre estricto y a los que se acercan más bien a la visión del padre protector. ¿Y cuál es la identidad progresista? Cada quien tendrá su definición, dado que es un conjunto plural, pero se vincula a la protección antes que al castigo y a la idea de considerar como universal la condición humana y su dignidad en un mundo libre de temor, miseria y discriminación, basado en la democracia, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades y la reciprocidad y solidaridad entre y al interior de las comunidades de pertenencia. En ese marco ocupa un lugar destacado la empatía, que es afectiva y también cognitiva cuando razona sobre hechos, causas, efectos y perspectivas. La identidad conservadora suele privilegiar, por su parte, la idea de supuesta autoridad jerárquica natural que estaría por encima de la deliberación sobre los hechos de la sociedad y las conductas a seguir. En el extremo, es una identidad autoritaria que cree estar en posesión de verdades tradicionales aceptadas que no pueden discutirse, llamadas a establecer las reglas, identificar los males y designar enemigos. En Chile, estos son con frecuencia el indígena y el extranjero, pero también los que los conservadores no consideran “verdaderos chilenos” desde la propia fundación de la república. Esta identidad justifica la violencia represiva y la ausencia de Estado social y usa un lenguaje imperativo, o “performativo” como diría John Austin, en favor de intereses privilegiados.  

A su vez, existen votantes con identidades más ambivalentes o en formación. Lakoff caracteriza a ese votante como biconceptual, en el que coinciden posiciones racionales y reflejos emocionales progresistas y otros conservadores. Suelen ser votantes pivotes en la construcción de mayorías. Tratar de conquistarlos con “políticas moderadas” puede ser un camino, pero será mucho más eficaz ofrecerles propuestas atractivas, creíbles y fácilmente identificables. 

En todo caso, sumarse al discurso ambiente creado por los medios de comunicación dominantes termina afirmando una visión política particular, aquella de tipo conservador que defiende privilegios. Aunque en principio no se comparta esa visión, el uso de su marco cognitivo valida la identidad que está detrás y amplifica su audiencia. 

En nuestra contingencia, cuando se repite sin cuestionarlas palabras como «crisis de seguridad«, se da por hecha una situación al menos discutible, cuyo trasfondo es intentar poner por delante una supuesta impotencia de la democracia para garantizar el orden público, el principal discurso implícito de la derecha chilena. Los hechos son otros: en los últimos años, han migrado de manera irregular a Chile, y a otras partes, grupos organizados que emplean altos niveles de violencia en los delitos que cometen y en sus ajustes de cuentas. Han hecho crecer la tasa de homicidios desde 2018, la que pasó de 4,5 por cada cien mil habitantes a 6,7 en 2022. Esta es una situación nueva y muy repudiable, que requiere nuevas herramientas policiales. Pero esto no constituye necesariamente una “crisis de seguridad”. Lo sería si las policías no hubieran logrado golpear a las bandas transnacionales y que en 2023 haya habido 82 homicidios menos que el año anterior. La meta es mantener una situación de baja prevalencia de crímenes respecto a otros países comparables (la delincuencia cero no existe) y hacerla retroceder, aunque durante este año siguen produciéndose episodios dolorosos, que revelan que la tarea sigue siendo ardua e inestable. En particular, está a la orden del día evitar que las cárceles se transformen en lugares de organización y coordinación del delito. 

Las nuevas amenazas de seguridad debieran llamar a un consenso políticamente transversal, pero la oposición ha decidido hacer de la delincuencia un caballo de batalla electoral, deseando su multiplicación para infundir sostenidamente temor en la población y atribuirle la responsabilidad al actual gobierno y a la inmigración que, por lo demás, la misma derecha estimuló en su momento. Queda fuera cualquier referencia a los gobiernos de Piñera, en los que no se avanzó mucho en medio de palabras vacías (“se acabó la fiesta de los delincuentes” y “no más puerta giratoria”). Esto debiera denunciarse con más frecuencia como una actitud reprochable, en vez de entrar en la carrera de quien es verbalmente más drástico y pide más aumentos de penas.

El hecho es que el gobierno ha fortalecido las políticas de seguridad y de control migratorio, contrariamente a lo que afirma día a día la oposición, lo que dará poco a poco sus frutos. Dejar que se afirme lo contrario o incluso dejarse llevar por la falsa idea de que el progresismo no se preocupa del tema (baste recordar la transición y como se resolvieron con eficacia los temas de seguridad para desmentirlo), no hace sino favorecer a la ultraderecha autoritaria. Y evita discutir sobre las reformas de las leyes laborales, los sistemas de salud, pensiones o acceso a la vivienda, y sobre los recursos tributarios adicionales desde los sectores de mayores ingresos que son indispensables y que la derecha rechaza en el parlamento.

También se ha puesto de moda mencionar despectivamente la palabra «permisología«, cuando en realidad se alude a regulaciones sanitarias, ambientales y sociales que son indispensables para la vida en común, aunque sean siempre perfectibles y deba buscarse en cada caso la tramitación más rápida posible, aunque no por eso menos estricta. El empresariado quisiera que estas regulaciones no existieran o fueran laxas, en detrimento del interés general, lo que debiera reprochársele en vez de sumarse al coro en su contra. 

Otro reflejo sistemático que moldea el debate público es la repetición sin más de aquello de «los expertos opinan tal cosa» para llevar agua al propio molino, sin reparar que suele tratarse de opiniones particulares de algunos expertos, frecuentemente sesgadas por intereses creados y no suficientemente basadas en evidencia. 

En suma, hoy en Chile un cierto progresismo se deja llevar por el marco cognitivo conservador en temas que aparecen muy arriba en las encuestas (las encuestas no hacen todas las preguntas necesarias y orientan las respuestas para reafirmar una visión predeterminada), tienen fuerte impacto a través de los matinales de TV y crean un amplio temor en la población. 

Peor aún, se ha terminado por ampliar un arsenal legislativo autoritario, inspirado por un creciente populismo penal. Como señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, “este enfoque de mano dura no tiene mucho sentido. La delincuencia en América Latina y el Caribe ha aumentado, a pesar del incremento de las penas y la consiguiente subida de población penal en las últimas décadas (…). Las sentencias más largas tienen poco o casi ningún impacto en la delincuencia y … tampoco suelen ser muy efectivas para disuadir el crimen. Para que una sentencia larga tenga efecto, los delincuentes deberían ser capaces de asimilar esa información y comparar racionalmente los beneficios actuales frente a los eventuales costos de ser capturados, y verse disuadidos ante la posibilidad de pasar una larga temporada en la cárcel. Pero ese tipo de comportamiento difícilmente describe a delincuentes que suelen tener bajos mecanismos de autocontrol y actuar bajo el impulso del presente.” Lo efectivo es el trabajo policial en vínculo con las comunidades y sus problemas cotidianos de seguridad y, a la vez, el reforzamiento de los medios de inteligencia tecnológica y humana contra el crimen organizado y las bandas. En cambio, el populismo penal no resuelve nada y desprotege de los abusos de poder, cuya impunidad es precisamente lo que busca la ultraderecha, lo que termina creando ambientes de polarización y violencia. 

Las palabras que se usan nunca son neutras. La izquierda y el progresismo tienen todo que ganar si ponen en el contexto de su propia identidad las propuestas de progreso de la mayoría social, incluyendo los temas de seguridad. En efecto, ¿por qué dejar de lado la importancia en el combate a la delincuencia de la protección social, que incluye abordar mejor los riesgos del desempleo, bajos ingresos y difícil acceso a la atención de salud y a la educación de calidad? ¿Por qué no poner en el centro el cuidado efectivo de la infancia y de las familias, el trabajo decente y la mano tendida a quienes sufren dificultades individuales o colectivas, o bien agresiones y discriminaciones injustificadas? ¿Por qué no reivindicar con más fuerza el espíritu de justicia y la necesaria corrección en las conductas, especialmente de las autoridades, incluyendo las policías que tienen el mandato de proteger y no el de abusar, como además lo cumple la mayoría de sus miembros? ¿Qué hacer con los 340 mil Ninis que hay en Chile entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan? ¿Por qué no enfatizar la batería de políticas educativas y de formación para el trabajo que debieran abordar un problema que es colectivo? Los enfoques de seguridad humana son los que atacan con mayor profundidad las causas socio- culturales de la delincuencia y la carencia de marcos normativos a ser respetados en medio de la disolución individualista de comunidades de pertenencia, las que deben ser reforzadas. 

No poner por delante la identidad propia históricamente construida es, siempre siguiendo a Lakoff, el camino más seguro hacia el fracaso político frente a las visiones conservadoras, aquellas que amplifican expresamente el miedo en su búsqueda de suscitar respuestas autoritarias e intolerantes a los problemas de la sociedad.

Voto obligatorio y extranjeros

En El Clarín de Chile

El gobierno debe enviar a la brevedad un veto a lo aprobado en el parlamento en materia de voto obligatorio -cuyo incumplimiento quedó sin sanción por decisión de la Cámara- con una penalidad que no debe ser en todo caso pecuniariamente onerosa. E incluir a todos los habilitados para votar, cualquiera sea su nacionalidad si cuentan con una residencia en el país de al menos 5 años.

Aquí caben dos preguntas: ¿se cree o no en la obligación cívica de votar como parte de la participación ciudadana y la educación para la democracia, lo que no coarta libertad alguna pues siempre se puede votar blanco o nulo? ¿Se valora o no la integración positiva de los migrantes que vienen a aportar y a mejorar su condición de vida o, en su caso, a buscar refugio?

Me cuento entre los que se opuso al voto voluntario, sostenido fervientemente por los nuevos aires juveniles reacios a las obligaciones cívicas, que empezó a regir en el año 2010 y hasta la segunda vuelta presidencial de 2021. Y entre los que apoyó que se restableciera en 2023, aunque los que no votaban resultaron ser más conservadores que el resto y fueron decisivos en rechazar la propuesta constitucional de 2022. Esta hubiera cambiado positivamente nuestra democracia, aunque al ser elegida por voto voluntario fue redactada por una representación parcial del país con ribetes programáticos inadecuados para una constitución que fueron acumulando adversarios hasta llevar a su derrota.

Hoy, equivocan el camino los que se dedican a triquiñuelas motivadas por el pequeño cálculo electoral haciendo voluntario el voto de extranjeros, mientras algunos proponer volver atrás en su derecho a voto, sin considerar que los habilitados a votar son solo los avecindados por más de 5 años, los que de todas maneras podrían optar por la nacionalidad chilena. Y olvidan que solo se podrá aspirar en el largo plazo a vivir en una sociedad basada en una convivencia equitativa y en la que toda la ciudadanía sea tratada con respeto y consideración, si se construye pacientemente mayorías en una democracia con reglas universales para consolidar la igualdad ante la ley y la igualdad efectiva de derechos y oportunidades.

Los extranjeros con cinco años de residencia votan en Chile desde 1988 y a nivel municipal desde 1925. También pueden hacerlo para las autoridades nacionales en Uruguay y Ecuador. Tal vez los que redactaron entonces las constituciones en Chile pensaban en migrantes europeos, que no objetaban, con un cierto dejo racista. El Chile actual tiene que pensar en una lógica de no discriminación hacia los que contribuyen con el país y pagan impuestos. ¿Por qué no podrían decidir quién gobierna y legisla, en qué y cómo se gastan esos impuestos que pagan, si viven aquí de manera permanente, cualquiera sea su origen?

No se debe olvidar que Chile lo construyeron personas como Bernardo O’Higgins, hijo de irlandés o  como Andrés Bello, venezolano, y muchos otros migrantes de los más diversos orígenes. Y que incluso los pueblos originarios vinieron en algún momento en el tiempo histórico de otras partes del mundo. No hay tal cosa como «chilenos puros»: todos somos migrantes, solo que de distintas generaciones.

El origen de la masiva ola migratoria reciente desde Venezuela fue el llamado del gobierno de Piñera para venir a Chile, basado en una motivación electoral, que supone que los migrantes son conservadores. Piñera declaró que «Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile«, mientras el ministro Pablo Longueira llegó a decir anteriormente “vénganse a Chile, ¡tenemos trabajo para todos ustedes!” y la ministra Cecilia Pérez que se seguiría recibiendo migración venezolana «hasta que el país lo resista».

Entre tanto, han aumentado los ajustes de cuenta violentos entre bandas transnacionales del delito y se ha creado una amplia alarma pública, manipulada hasta el cansancio por los opositores al actual gobierno y sus medios. La actitud responsable es que el Estado de Chile haga todo lo necesario para que la migración se produzca por cauces legales, controlando con eficacia todas las vías de la inmigración irregular, en alguna medida favorecida por países vecinos que buscan desentenderse del problema, y reprimiendo con energía las redes que trafican con ella. Esto incluye señalar con total claridad que los que definitivamente no tienen cabida como ciudadanos en Chile son los criminales, de la nacionalidad que sea. Ninguno debe ser admitido y, llegado el caso, ser encarcelado bajo aislamiento efectivo y expulsado al país de origen cada vez que sea factible.

Pero una postura firme en la materia nunca debe confundirse con la xenofobia, que es siempre una respuesta fácil y sin fundamento alguno frente a las dificultades de distinta índole en que vive la mayoría social, las que no están causadas por los extranjeros sino por el modelo económico-social vigente en el país y por el inmovilismo de la instituciones.