Ya se va aproximando, una vez pasadas las elecciones territoriales, el tiempo de volver a discutir la orientación general del país y la elección del próximo liderazgo y la representación de la ciudadanía.
Luego de la derrota de la propuesta de nueva constitución en septiembre de 2021, los conservadores parecen estar viento en popa, según las encuestas, ayudados por pocos resultados en algunos campos de un gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria. Pero no debe olvidarse el fracaso de su propia propuesta constitucional en el plebiscito de diciembre de 2022, cuya consecuencia ha sido mantener la constitución reformada vigente, pero además volver a darle perspectivas a alternativas progresistas para el futuro del país.
Desde el inicio de la transición, los conservadores -la derecha liberal prácticamente no existe en Chile- han intentado, con éxitos y fracasos, que el camino de la izquierda y el progresismo se reduzca a un pasillo estrecho entre el acomodo al dominio oligárquico reinstaurado bajo la dictadura militar y la trampa de las alineaciones con ortodoxias autoritarias. Estas tienen poco eco en la izquierda (se remiten a parte del PC y a la ultraizquierda ortodoxa) y en general en la sociedad, pero tienen la virtud para los conservadores de operar como espantapájaros en la construcción de mayorías políticas favorables a la transformación social y ecológica con libertades, que deben incluir a todos sus componentes potenciales. El caso es que, para no desnaturalizarse en beneficio de nuevos despotismos, esa transformación debe ser democrática. Para ser viable, debe orientarse por el interés general por sobre los múltiples intereses particulares, considerando que no todo puede hacerse al mismo tiempo. En efecto, solo secuencias articuladas pueden hacer avanzar establemente los procesos de cambios, aunque signifique frustraciones temporales en una u otra dimensión de las aspiraciones presentes en la sociedad, a contrapelo de una época en que casi todo se rige por expectativas inmediatas. Esto hace más difícil, aunque nunca imposible, el ejercicio de la política de izquierda y progresista.
El tema de fondo es que los conservadores suelen ser defensores de valores tradicionales autoritarios y jerárquicos, pero sobre todo del poder económico constituido. Al igual, en este campo, que los liberales y neoliberales, impulsan una y otra vez la creación de un sentido común según el cual todo lo estatal sería ineficiente y corrupto. Sostienen que, por ende, se debería debilitar todo rol regulador o de provisión de bienes y servicios por parte de los poderes públicos. Su utopía es que reine la iniciativa privada en medio de mercados no regulados, los que asegurarían la armonía social y la prosperidad general a lo largo del tiempo.
Consideran, además, que el orden natural es el que resulta de la fórmula de mercado máximo y Estado mínimo, salvo en materias de orden policial y militar, aunque produzca precariedad (un 30% de las ocupaciones son informales) y marginalidad (un 17% de la población sufre de pobreza multidimensional), así como desigualdades estructurales de ingresos y oportunidades. Consideran un premio legítimo el que las utilidades empresariales y la riqueza sean concentradas por unos pocos y miran para otro lado incluso si provienen de rentas de monopolio o de la apropiación privada de recursos colectivos. También lo hacen con las barreras de acceso al empleo, las remuneraciones de los que viven de su trabajo inferiores a su aporte (especialmente las mujeres), la desconsideración del mérito y la subordinación general de la ciudadanía de a pie, junto a depredaciones crecientes de los recursos naturales. Llegado el caso, esos efectos a lo más deberían, en su enfoque, morigerarse focalizadamente, para no alterar la dinámica económica privada.
Algunos piensan que los parámetros tecnológicos y organizacionales de la producción han cambiado hacia redes y adaptaciones más flexibles e incluyentes. Pero los mercados funcionan más que nunca con una tendencia a favorecer poderes asimétricos entre sus participantes: existe un premio sistemático para las economías de escala y para los actores socialmente inescrupulosos. La iniciativa privada y el emprendimiento es factible solo para unos pocos: en Chile los empleadores son menos del 5%, mientras el 70% de la ocupación es asalariada.
La postura propiamente política de los defensores de un orden que no puede sino calificarse de oligárquico, concentrado en el 1% de los poseedores de riqueza, es que, si no queda otra opción que mantener formas democráticas, deben estar condicionadas por poderes mediáticos y fácticos bajo su control. La democracia debe ser limitada por contrapoderes institucionales y nunca reflejar la voluntad de las mayorías, la que se tacha de populismo, con o sin fundamento. Esta es una contradicción en los términos, pues la base de la democracia es el principio de prevalencia de la mayoría popular. El respeto de las minorías que le es consustancial no implica el gobierno de oligarquías dominantes que se impongan a la voluntad popular mayoritaria.
Como señala Daniel Innerarity, «el liberalismo, en muchas de sus actuales manifestaciones, tiene graves déficits democráticos y que está dando lugar a ciertas disfuncionalidades, como se pone de manifiesto en el crecimiento de los populismos o de la extrema derecha. Entiendo por democracia liberal no la simple separación de poderes o el rule of law, sino un diseño institucional que concede un gran poder a instituciones no mayoritarias, organismos no electos, agencias independientes, revisión judicial, un constitucionalismo cerrado o que dificultaba su modificación constituyente, es decir, que resuelve la tensión entre soberanía popular y primacía del derecho con un claro desequilibrio hacia este segundo término. Estamos presentando el liberalismo como una víctima inocente de las pulsiones iliberales y no consideramos la posibilidad de que haya una fuerza expansiva del liberalismo que limita la democracia«.
El diseño dominante para inhibir la democracia es mantener una sociedad del temor ante el futuro y de desconfianza con las libertades y con la acción colectiva, paralizada en el día a día por el miedo ante la precarización económica y la delincuencia, que por otro lado resultan de la desintegración social libremercadista. El delito se asocia erróneamente a la inmigración y a una supuesta debilidad de la democracia en el control del orden público. La guinda de la torta es la política post-moderna que hoy practica casi todo el espectro de partidos, de tipo mediático y frecuentemente demagógica, centrada en las emociones e intervenida por el dinero, la que dista de conducir a resultados socialmente significativos y termina por alejar aún más a la ciudadanía de la participación democrática.
De lo que se trata por parte de conservadores y neoliberales es de dar por obsoletos a la izquierda y al progresismo, en un argumentario reiterativo, o bien sostener que no tienen ideas que proponer. En realidad, temen a aquellas que son a la vez coherentes y conectan con el sentido común, por lo que buscan descalificarlas de raíz. Aquí van algunas a modo de ilustración, en la lógica de las economías mixtas contemporáneas y de un camino de transformación que es indispensable para los intereses de la mayoría social (el mundo del trabajo, de la cultura, del precariado) si su horizonte es el logro de grados crecientes de igualdad de derechos y oportunidades, de acceso a condiciones de vida y trabajo decentes y de bienestar equitativo y sostenible.
Si algunas empresas no aseguran la continuidad de servicios básicos como el eléctrico, de agua potable, de sanidad urbana o de transporte, la autoridad debe poner fin a su concesión. Y reemplazarlas con rapidez por otras, sin excluir a priori empresas públicas nacionales. El marco regulatorio debe estar al servicio del usuario y no de las empresas, las que deben ser sometidas a competencia allí donde es posible. Cuando no es el caso, las tarifas públicas deben cubrir los costos del servicio e incluir incentivos para reducirlos e impedir utilidades monopólicas. En particular, en la provisión de electricidad debiera establecerse un sistema en el que el generador de energía la ofrezca de manera competitiva a los usuarios finales, pagando una tarifa regulada de uso de la red de distribución. A su vez, la regulación del acceso a Internet debe ser también reforzado en su condición de servicio público a ser provisto por múltiples agentes en condiciones de competencia y de garantía de continuidad, dado su impacto en la vida cotidiana y en la marcha de la economía.
Si empresas de alta significación en la provisión de insumos cruciales para diversas cadenas de producción y con fuerte impacto en las economías regionales quedan temporalmente fuera de mercado, dadas las condiciones cambiantes de la economía mundial, la autoridad debe evitar su cierre con una toma rápida de decisiones contra la competencia desleal e incluso con participación pública hasta su normalización.
Si la economía no crece lo suficiente, el Estado debe actuar para aumentar la productividad y utilizar una parte mayor de la renta económica que proviene de los recursos naturales que pertenecen a todos, hoy en manos privadas y que salen del país en cantidades ingentes, o que son explotadas por empresas públicas no suficientemente eficientes y autonomizadas en exceso. Esta renta debe utilizarse para aumentar la innovación y la sostenibilidad a través de la inversión en investigación y desarrollo (que alcanza un 0,4% del PIB contra un 2,7% promedio en la OCDE), en infraestructuras y en la diversificación de la economía para avanzar en la frontera tecnológica, y también para apoyar a las empresas emergentes de menor escala, junto a un salto en la formación continua de capacidades humanas avanzadas.
Si la distribución del ingreso es altamente desigual, el Estado debe hacer más progresiva la tributación, terminar con los monopolios que abusan de los consumidores en beneficio de los ingresos del capital corporativo, asegurar una redistribución a través de asignaciones familiares más amplias y el uso del bolsillo familiar electrónico para devolver el pago de IVA a los alimentos y suministros básicos a las familias de menos ingresos, junto a fortalecer los programas de inserción en el empleo y así ampliar la acción contra la exclusión y la marginalidad y la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan.
Si la relación laboral es desequilibrada y frecuentemente abusiva, deben fortalecerse los sindicatos y la negociación colectiva por rama de actividad, y compartirse los incrementos de productividad del trabajo sin dejar atrás el salario mínimo y la disminución de la jornada laboral para asegurar una mejor relación trabajo-calidad de vida.
Si las mujeres son discriminadas salarialmente, la legislación debe impedirlo con más rigor. Si existen dificultades para su inserción en el trabajo, se debe fortalecer la oferta de sistemas de cuidado, así como la continuidad de estudios y la formación profesional con perspectiva de género.
Si el acceso a la educación pre-escolar es de cobertura insuficiente y si las escuelas y universidades están segmentadas y la calidad promedio de la enseñanza es baja, entonces debe fortalecerse y financiarse la oferta pública de calidad y valorarse más el rol del profesorado, ampliando, además, el apoyo a todas las expresiones de la ciencia y de la cultura.
Si el sistema previsional privado de capitalización no asegura tasas de reemplazo del salario por la pensión adecuados, debe ser reemplazado por un sistema mixto que garantice mínimos, especialmente para las mujeres, que son las que viven más, financiados por mayores cotizaciones e impuestos.
Si los seguros de salud privados no garantizan coberturas de salud adecuados y el sector público tiene bajos recursos y capacidad operativa, entonces la cotización obligatoria debe ir a un fondo único de salud que aumente la garantía oportuna de las coberturas públicas y privadas y utilice el poder de contratación de insumos y servicios al mínimo costo. Los recursos deben invertirse más en la capacidad preventiva y resolutiva de la salud primaria y en el fortalecimiento de las infraestructuras de los hospitales públicos, con un uso más exigente y productivo al servicio de las personas y de la reducción de las listas de espera.
Si las mujeres tienen un bajo acceso a una salud reproductiva en condiciones de libertad y seguridad, debe aumentarse su capacidad de decisión, en especial en materia de despenalización del aborto antes de las 14 semanas.
Si el acceso a la vivienda se hace cada vez más difícil y el transporte privado congestiona las ciudades y las contamina, se debe fortalecer los programas de arriendo de vivienda social asequible y los de acceso a la vivienda propia y su mejoramiento, junto al de la infraestructura social en los barrios y los sistemas de transporte sostenible, como el metro y los buses eléctricos, facilitando el trabajo parcial a distancia.
Si la nueva delincuencia aumenta los temores cotidianos, debe reforzarse la acción de los cuerpos de seguridad contra las bandas organizadas y los tráficos ilegales y mejorar el sistema de cárceles para impedir su uso por ellas, junto a una mayor presencia policial de cercanía, mayores redes de colaboración entre vecinos y el fortalecimiento de la labor preventiva municipal y de todos los órganos públicos en la acción sistemática contra las causas sociales y culturales de la delincuencia.
Si se infiltran delincuentes de otros países y tráficos por la frontera norte, se debe establecer una nueva policía de fronteras bien equipada y mantener una inmigración constructiva de manera ordenada por vías regulares y sistemas de cuotas, según las posibilidades y necesidades del país.
Si los servicios públicos para lograr un horizonte de prosperidad compartida y sostenible están hoy desfinanciados -y lo estarían todavía más con las propuestas anteriores- y algunos se han sumido en una cultura de la clientelización, entonces deben fortalecerse con reformas que los conservadores en el parlamento no podrán bloquear eternamente. Éstas deben llevar la presión tributaria de los más ricos a los niveles de la OCDE, junto a una simultánea profesionalización generalizada de la función pública que implique el fin del acceso prebendario a los órganos de la administración, sin perjuicio de la responsabilidad política propia de los más altos cargos.
Parte de estas acciones públicas ya se realizan, se están iniciando o está prevista su puesta en práctica. Pero tienen una cobertura e intensidad insuficientes, lo que alimenta el malestar social recurrente, o están sometidas a bloqueos institucionales que incluyen los de la actual mayoría parlamentaria conservadora. Y también, en parte, a la falta de convicción y capacidad resolutiva de quienes están a cargo, pues no hay sociedad ni grupos dirigentes que funcionen de manera adecuada cuando mantienen inhibiciones desde los poderes fácticos y prácticas burocráticas de sostén clientelar o de tipo generacional. Esto solo se mejora con liderazgos y acuerdos colectivos que comprometan el cambio de esas prácticas.
Poco de esto tiene que ver con la falta de ideas. Los que sostienen que no las hay en la izquierda y el progresismo, en realidad no las comparten, lo que es legítimo en la deliberación democrática. Pero ese es otro debate.
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