La situación de la distribución eléctrica

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Son sorprendentes las reacciones privatistas, incluso en el gobierno (hay ministros que han sido empleados de asociaciones de empresas privadas del sector monopólico regulado que debieran ser más prudentes), frente a un asunto de sentido común: en muchos países la distribución eléctrica es estatal para cautelar el interés público, adicionalmente a la regulación. Es lo que ha dicho con toda razón el ministro Pardow.

Frente a los incumplimientos en el servicio eléctrico, ha surgido la idea obvia de introducir un actor estatal nacional. Algunos dicen que el Estado chileno no tiene como financiar inversiones. Los privados tampoco: van a los mercados de capitales. El Estado también lo puede hacer, y a un costo inferior.

En el debate reciente hay una situación curiosa. Los que, por ideología liberal, se oponen a que opere una empresa estatal chilena en la distribución eléctrica para mejorar la continuidad del servicio, como Endesa hasta la década de 1980, están prefiriendo la operación de empresas estatales italianas y chinas y a las que esa continuidad, como se demostrado, no les importa mayormente, aunque estén bien remuneradas por tarifas atractivas para obtener utilidades. Su rentabilidad sobre capital en la operación de distribución debiera ser publicada periódicamente, por lo demás.

La combinación del sistema de contratos de largo plazo desde 2015 para la distribución regulada y la fijación de tarifas a costo marginal ha derivado en altas tarifas, congeladas desde 2019 y ahora sometidas a una recuperación progresiva. La distribución eléctrica tiene costos marginales (en la última unidad de servicio) decrecientes, por lo que lo eficiente es que opere una sola empresa en cada zona de cobertura, pero sujeta a una tarifa pública que refleje los costos medios y tenga incentivos para disminuirlos. Dado que la distribución eléctrica es por esta razón un monopolio natural la pregunta que surge es si una estatal chilena prestaría más atención a la continuidad del servicio. Como en ese caso el gobierno sería el responsable ante la gente, la respuesta es si. Por lo demás, hay empresas estatales en Chile que funcionan bastante bien, como Enap y el Metro, y son claves para el interés público. Codelco y Enami, en cambio, están al debe y deben mejorar con urgencia, aunque por mucho tiempo no se las ha dejado invertir para mejorar por políticas de inspiración liberal absurdas, como las que se han vuelto a manifestar en el debate sobre los cortes de electricidad.

Una empresa estatal de distribución eléctrica puede funcionar adecuadamente y permitir una mejor regulación pública del servicio en tanto le provee información crucial sobre la operación del sistema. Además, en la provisión de electricidad debiera transitarse a un sistema en el que el generador de energía la ofrezca de manera competitiva a los usuarios finales, como en el segmento de clientes libres, pagando una tarifa fija regulada de uso de la red de distribución. Un sistema de oferta competitiva por los generadores de electricidad existe en diversos países.