En El Mostrador
Luego del plebiscito de 1989, el cambio constitucional permaneció largamente inconcluso en Chile, a pesar de diversas reformas posteriores, como la del sistema municipal y regional. En ese año, la entonces oposición –sin el PC, todavía defensor de la lucha armada– pactó con la dictadura militar el inicio de una salida política hacia un horizonte de democracia, luego de derrotarla en las urnas. Ese pacto no estuvo exento de limitaciones significativas en materia de afirmación del principio de mayoría, en medio de amplias dificultades y sacrificios luego de las álgidas protestas de 1983-86 y la exitosa y unitaria movilización en el plebiscito de 1988.Se trataba de un pacto temporal, pero que a la postre mantuvo vigente un entramado de candados institucionales contra la voluntad popular, los que solo fueron cayendo lentamente. La coalición de gobierno conformada por el centro y la izquierda no comunista fue, no obstante, un éxito en materia de adhesión ciudadana y logró mantenerse por 20 años en el gobierno.
En este largo proceso se produjeron tanto un fuerte crecimiento económico inicial como variados avances sociales, pero acompañados de frustraciones acumuladas en materia de desigualdad de condición y de oportunidades y de abusos del poder corporativo en la vida cotidiana. La lentitud del cambio político-institucional y una conducta adaptativa consistente en hacer de necesidad virtud por parte de un sector de la coalición de gobierno, terminó por identificarla con ese entramado transicional. Se volvió cada vez menos apta para adaptarse y persistir en las demandas de la sociedad, lo que no cambió mucho con la agregación del PC en 2014.
Su consecuencia política fue la aparición desde 2011, consolidada en 2017, de una fuerza política generacional autónoma, al margen del centro y de la izquierda tradicional y mucho más significativa que las emergidas en los años 1960 desde el PS y la DC. Al punto que esa fuerza llegó a liderar el gobierno en 2022, aunque sin disponer de mayoría parlamentaria para llevar a cabo su programa pactado con el resto de las fuerzas progresistas en la segunda vuelta presidencial de 2021. Este notorio éxito en tan breve tiempo creó hasta hoy inconducentes resquemores de desplazamiento en las fuerzas tradicionales.
El inmovilismo del sistema político frente a la persistencia de las desigualdades y abusos tuvo una consecuencia social y sistémica de gran significación: una rebelión inorgánica de la mayoría social y del “bajo pueblo” en octubre de 2019, desencadenada por un aumento de la tarifa del transporte, de una magnitud y persistencia desconocidas. También tuvo como consecuencia fortalecer, como reacción conservadora, a la extrema derecha autoritaria.
En la historia democrática reciente de Chile, frecuentemente se habían articulado las demandas populares con representaciones políticas y sociales institucionalizadas, lo que en este caso fue desbordado. La pertinacia antidemocrática de la derecha y el anquilosamiento de la coalición de centro e izquierda dio así lugar a una salida del prolongado conflicto constitucional a través de un desencadenante extrainstitucional. En el intento por reinstitucionalizarlo, de nuevo se cometieron errores de diseño, en especial en el acuerdo de noviembre de 2019. Al menos dos fueron de importancia.
Primero, aceptar un distinto electorado al elegir un nuevo poder constituyente (escorado a la izquierda inorgánica con el voto voluntario) y a la salida para su aprobación plebiscitaria (necesariamente más conservador con el voto obligatorio). Segundo, aceptar una regla de aprobación de la propuesta de nueva Constitución con un quórum de 2/3, que obligó a pactar a los grupos centrales (que con 4/7 hubieran tenido una mayoría estabilizadora) temas variados, pero no con la derecha –como esta pretendió con esa imposición– sino con grupos radicalizados y particularistas.
Se terminó el 4 de septiembre de 2022 en una reprobación del proyecto de Constitución de la Convención elegida en mayo de 2021 con más de 60% de los votos obligatorios. Esta derrota del cambio constitucional fue fruto de la suma de la reacción negativa ante las retóricas particularistas, tema por tema en sectores variados de la sociedad, en el contexto de una economía en recesión, fruto de un ajuste radical después de una pandemia de efectos devastadores. El plebiscito de salida adquirió así un carácter de protesta contra un nuevo gobierno con variadas dificultades de instalación y de narrativa.
Junto a los conductores del gobierno, los participantes del proceso constituyente tienen una gruesa responsabilidad ante la historia democrática del país, pues se dio un sello retórico y programático indebido a la nueva propuesta constitucional.
No se privilegió uno centrado en consolidar reglas del juego esenciales que tenían un amplio consenso en la sociedad, es decir, un conjunto articulado de derechos fundamentales y de protección soberana de los recursos naturales, junto a permitir la expresión de la voluntad mayoritaria en las instituciones y, simultáneamente, garantizar a las minorías el derecho a procurar transformarse en mayorías en elecciones libres y periódicas.
Estas mayorías, alternadas o no período a período, eran las llamadas a deliberar y zanjar programas de gobierno, no la Constitución. Se miró al espejo guzmaniano de la Constitución partisana de 1980, pero al revés. Lo propio hizo la extrema derecha en el proceso constitucional de 2023, con la mayoría que logró usando el sistema electoral antidemocrático del Senado, otro error de diseño del progresismo, por lo que la nueva propuesta constitucional también fue rechazada ampliamente por la sociedad.
El país se ha quedado así con una Constitución remendada, pero ahora reformable por 4/7 y con leyes orgánicas que se pueden aprobar con la mitad más uno de los miembros del Parlamento, aunque aún permanece un Tribunal Constitucional potencialmente disruptivo de la voluntad mayoritaria.
El país se debate ahora en el tema de cuántos avances podrá lograr el actual gobierno, principalmente en materia previsional, tributaria, laboral y de salud, hoy bloqueados por la oposición. Mientras, persiste la duda de si se consolidará una alianza de izquierda abierta al centro para abrir una nueva etapa de prosperidad compartida e innovadora, feminista y ecológica de largo aliento. No obstante, se trata de la única alternativa posiblemente mayoritaria frente al retorno de la derecha al gobierno, ahora aliada a una extrema derecha fortalecida. Esta está dispuesta más que nunca a volver al neoliberalismo duro y a debilitar las libertades, prolongando su victoria de 2022, lo que hasta ahora no ha logrado.
Que no lo siga logrando dependerá de la consolidación política del espacio democrático comprometido con el principio de mayoría con protección de las minorías, con la justicia distributiva, con la sostenibilidad ambiental y con la lucha contra todas las discriminaciones. Es una tarea de las nuevas generaciones, las que habrán de dejar conductas endógenas o bien meramente adaptativas y eclécticas, y recoger la experiencia acumulada de las anteriores. Así se podrá dar paso a una alianza de largo aliento de la izquierda diversa y abierta al centro, que se proponga abrir una nueva etapa de prosperidad compartida e innovadora, feminista y ecológica en el Chile actual y evitar un retroceso autoritario y anti-social de envergadura.
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