Se confirma caída del PIB en el primer trimestre

El Banco Central ha publicado hoy las cuentas nacionales del primer trimestre. Se registra una caída de -0,8% (-2,4% en ritmo anual) de la actividad medida por el Producto Interior Bruto respecto al trimestre anterior, sin considerar las variaciones estacionales. Esta caída es mayor que la registrada en los índices mensuales (Imacec) previamente estimados y es la primera desde la gran crisis pandémica del segundo trimestre de 2020 y desde la caída del cuarto trimestre de 2019 por la rebelión social. Caen en lo que va de 2022 la agricultura, la pesca, la minería, la industria y la construcción en la producción de bienes, así como el comercio en los servicios, siempre en términos desestacionalizados. Solo crecen todavía de manera significativa los servicios personales, en los que se ha concentrado el gasto en consumo en el período reciente, además de lo bienes básicos. El consumo total de los hogares cayó en -0,3%, disminución que seguirá en los próximos trimestres por el fin del tercer retiro desde las cuentas previsionales y la caída de los salarios reales. La formación bruta de capital fijo (la inversión sin variación de existencias) cayó en -5,9%, como era de esperar por el alza persistente de las tasas de interés.

Sigue su curso la perspectiva de una recesión expresamente provocada por la política monetaria y fiscal, como hemos venido advirtiendo. Se ha producido un aumento muy sobredimensionado de la tasa de política monetaria hasta 8,25% por el Banco Central (las tasas comerciales de los bancos se aproximan al 30% anual, dificultando considerablemente la actividad de las pymes), mientras opera una contracción presupuestaria de -25% dejada por el gobierno anterior (el gasto público representó del orden de 30% del PIB en 2021).

El punto decisivo de política económica es que no tiene sentido combatir la inflación siguiendo una política ultra-ortodoxa, la que desde luego no practican los grandes bancos centrales del mundo, que está provocando en Chile una contracción generalizada. El objetivo es comprimir como sea un consumo de los hogares que se expandió fuertemente en el segundo semestre de 2021, pero que ya viene en disminución. En efecto, está crecientemente afectado por la fuerte inflación importada y por menores ingresos de las familias, mientras solo los que reciben asignación o subsidio familiar serán, por el momento, objeto de una compensación por el alza de alimentos, junto al congelamiento de las tarifas del transporte público.

Sigo planteando la siguiente pregunta: ¿tiene sentido provocar una recesión brusca e inútil -la inflación importada simplemente no depende de la política monetaria y fiscal doméstica- al iniciarse un gobierno que se propone realizar transformaciones estructurales y en medio de definiciones constitucionales cruciales para el futuro del país? Para algunos evidentemente es el caso, pues su interés es que ambos procesos fracasen. Para el interés general, sin embargo, puede resultar desastroso.

Fin de etapa

En El Mostrador

El borrador de nueva Constitución pasó ahora a la fase de ordenamiento y mejor redacción. Se ha cumplido una etapa histórica en el país, con el trasfondo de dar respuesta a la rebelión de 2019,  lo que dará paso a un nuevo orden institucional si obtiene la validación ante la ciudadanía. 

Los opositores a la nueva Constitución han abandonado por el momento el terreno económico y social, porque no hay propuestas constitucionales en el borrador que no sean razonables y un progreso respecto a lo existente. En efecto, consagra derechos sociales según los recursos disponibles, con responsabilidad fiscal, así como el deber de protección de los bienes comunes. No se pronuncia en demasía sobre políticas específicas, las que se remiten a la ley. El derecho de propiedad queda protegido, pero sujeto al interés general y con eventuales expropiaciones con las debidas indemnizaciones. Sin embargo, los anti nueva Constitución siguen su discurso sobre imaginarias incertidumbres terribles y se inflaman en la descalificación incansable del nuevo sistema político y de distribución del poder que se va delineando. 

Entre los impugnadores más extremos destacan los inefables Cristián Warken, para quien se está estableciendo una "autocracia", o Andrés Velasco, para quien "esta Constitución es el sueño erótico de Jaime Guzmán, al dejarlo todo amarrado a la pinta". Nada menos. Lo absurdo de sus afirmaciones (y aburrido a estas alturas) contrasta con que se está eliminando en el borrador de la nueva Constitución los enclaves autoritarios y los bloqueos de minoría, a la vez que se preserva el derecho de las minorías a transformarse en mayoría, junto con cautelar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Su tesis es que eso solo se logra si se establece mecanismos múltiples de veto de la minoría sobre la mayoría. Esto no solo quita legitimidad y sentido a las decisiones democráticas, sino que crea una gobernanza ineficiente, al ser un factor de parálisis de la modificación del statu quo, cualquiera éste sea. Así no progresan los países. 

Como señala el constitucionalista Javier Couso, en lo aprobado hasta ahora no hay nada que se asemeje a facilitar la entronización perenne de un caudillo en el poder, a terminar con el principio de legalidad y la separación de poderes en la administración de justicia o a fragmentar el Estado. En cambio, se consagra que las mayorías periódicamente establecidas en elecciones populares orientarán la política pública, que los tribunales disminuirán su corporativismo en la carrera de los jueces y que existirán autonomías territoriales y de los pueblos originarios en el marco del Estado nacional. Todo lo cual es propio de muchas constituciones democráticas. 

Lo importante es no perder la perspectiva. Están a la cabeza de la oposición al cambio constitucional los que defienden el orden oligárquico vigente. Se podría considerar que se utiliza por nuestra parte esta noción con fines retóricos, pero aludimos de manera precisa aquel orden que se rige por el principio de bloqueo de la voluntad mayoritaria por parte de una minoría que concentra una parte determinante del poder económico y político en su propio beneficio (ver "Oligarchy", Jeffrey Winters, Cambridge University Press, 2011). Lo que se propone la minoría dominante es preservar los privilegios del poder económico y social en un país que se transformó desde la dictadura de 1973-1989 en uno de los más desiguales de América Latina y del mundo. Dado el funcionamiento del sistema político, esta realidad de polarización de riqueza e ingresos y de percepción y realidad de abusos cotidianos, no se ha modificado en aspectos sustanciales desde 1990 -aunque con avances sociales y de nivel de vida significativos- hasta que entró en una crisis terminal en 2019. Todo esto es lo que está llamado a quedar atrás.

Los opositores al cambio utilizan de manera estentórea los diarios y canales de TV que son parte de ese poder oligárquico en Chile. El pretexto conceptual es que no se estaría estableciendo contrapesos para impedir una supuesta concentración estatal del poder por quien conquiste el gobierno a través de elecciones. Lo que está detrás de esta postura es la pretensión extemporánea de mantener trabas institucionales en la formación de la ley para evitar, por ejemplo, tributos progresivos, legislaciones protectoras del trabajo o el fin de la privatización de los sistemas de protección social. Se aferran a intentar mantener quórum altos de aprobación de leyes en la cámara representativa de la voluntad popular, una segunda cámara revisora que no exprese la igualdad del voto sobrerepresentando a las regiones rurales conservadoras y mantener una tercera cámara de revisión obligatoria de constitucionalidad compuesta de modo que favorezca sus intereses. 

Están en la escena pública, además, los que no son parte de los intereses directos de la minoría oligárquica pero que se han amoldado para su beneficio al orden actual. Y que sostienen desde diversas tribunas la falsa idea según la cual el avance a una democracia basada en el principio de mayoría abriría la puerta al populismo, la inestabilidad y el estancamiento económico. No obstante, es precisamente la ausencia de respuestas efectivas y razonables a una demanda de mayor protección social y de orden público y a perspectivas de mejoría de las condiciones de vida de la mayoría lo que alimenta los populismos y las violencias. 

Esta corriente consolida cada vez más una alianza abierta con los intereses oligárquicos, que viene cultivando desde hace tiempo en nombre del realismo en el ejercicio del poder. Tal vez percibe que su rol de ser parte (aunque subordinada) del bloque de poder cambiará indefectiblemente en un nuevo orden político plenamente democrático, con lo principal de las instituciones elegidas de manera proporcional, paritaria y con representación de los pueblos originarios. Este grupo es el que obtiene una mayor resonancia mediática, pues la derecha pura y dura tiene demasiado pocas credenciales democráticas por sus vínculos históricos con la dictadura y con el poder económico. Incluye a aquella parte de las "elites post 90" que ha llegado a preferir abiertamente no cambiar las cosas, mientras otra parte ha mantenido la aspiración a construir un orden democrático con justicia social, es decir permanece fiel a la promesa de 1989, agregando ahora la aspiración a una sólida sostenibilidad ambiental. La primera se está sumando al fuerte error de no considerar que mantener el orden oligárquico es precisamente una fuente de conflicto y descomposición social persistente. Desde sus anteojeras y distancias, no termina de convencerse de las virtudes de un esquema institucional que sea al menos razonablemente representativo de la voluntad mayoritaria y necesariamente mucho más equitativo e integrador de la diversidad del país y de su pluralidad de voces. 

El fondo del asunto es que Chile deberá optar el 4 de septiembre por cambiar o no las fuentes del poder político -la voluntad mayoritaria de la ciudadanía o la influencia decisiva de minorías económicamente dominantes- y la naturaleza de los intereses que promueven o preservan las instituciones que conforman la República.

 

Estridencias

En La Mirada Semanal

La libre expresión en la Convención ha producido una creciente furia en una parte de las élites dominantes, a las que ya no les interesa lo que se está escribiendo como texto constitucional y han entrado en una suerte de batalla campal -con rechazos y terceras vías por doquier- contra todo lo que ahí se discute para crear democráticamente instituciones que dejen atrás el orden oligárquico.

En una columna reciente sobre la Convención Constitucional un intelectual de derecha, Hugo Herrera, que parecía serio y constructivo en sus reflexiones sobre el sentido de la República y el rol de la política, escribe ahora palabras especialmente estridentes: “el tono lo han puesto los payasos, en sus dos frecuencias: ora como disfrazados, cantores intempestivos, votantes de ducha, un fraudulento Rojas Vade; ora como jurisletrados y operadores de visión tan consistente como sectaria. A todo evento, son payasos lamentables. Pues están comprometiendo los destinos de la patria, la oportunidad de realizar la requerida discusión terapéutica y producir esa primera “cosa común” que requiere nuestra República. El lugar desde el cual comenzar una historia compartida. Algo que, en sus egos anecdóticos, inflados, fanáticos, los payasos son probablemente incapaces de sentir.”

Cito estas palabras como ejemplo de hasta donde la campaña mediática anti Convención -no se puede calificar de otro modo- puede llegar en materia de excesos verbales y de insultos, en este caso descalificando, además, la noble profesión de payaso (nada menos que el que hace reír a niños y adultos). Todo esto ocurre en el contexto de la historia política del país, que incluye la violencia extrema que la derecha propició de manera destemplada desde los años sesenta, buscando como fuera (Jarpa, Guzmán, et. al) un golpe de Estado que restableciera el orden oligárquico. Las consecuencias son conocidas, por lo que se podía presumir que una persona que como Herrera buscaba crear un nuevo estilo cuidadoso y analítico a la hora de expresar su visión conservadora era una contribución a la deliberación colectiva.

Pero no, otra vez estamos ante la inflación de las pasiones, siempre mucho más peligrosas para las sociedades que la lucha entre intereses contrapuestos, siguiendo la distinción de Albert Hirschman (“quienes estaban implicados en estas violentas transformaciones serían, cuando la ocasión lo propiciara, apasionados: apasionadamente furiosos, temibles, resentidos”) o aquella de John Maynard Keynes, según el cual “es preferible que un hombre tiranice sobre su cuenta bancaria que sobre sus compañeros-ciudadanos”.

Me he preguntado recurrentemente sobre el por qué de esa actitud pasional de la derecha chilena. Cabe pensar, siguiendo la diferenciación de clases en la Roma antigua, que hay una lógica patricia que se inflama frente a los plebeyos ante cualquier reivindicación emancipadora, conducta que es muy propia de las oligarquías latinoamericanas hasta el presente. Pareciera tratarse de un miedo del segmento dominante y de sus entornos originado en la colonia, más o menos inconsciente y transmitido de generación a generación, que teme que sus apropiaciones -la prosaica y violenta conquista de tierras y minas y la subordinación extrema del trabajo- se reviertan contra ellos por quienes las han sufrido. De ahí su férrea lógica autoritaria, con frecuencia siguiendo lo expresado por Diego Portales en una carta de 1834: “de mí sé decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas”.  El resultado es enfrentar la mera existencia del mundo popular y marginal con una sola consigna: represión. Represión contra cualquier insubordinación, por minúscula que sea, y las penas del infierno contra los transgresores proletarios de la ley. Esto incluye, claro está, la restricción y descalificación de la palabra de los plebeyos y de sus aliados intelectuales. Y también la difusión de la maledicencia en su contra, con un trasfondo cultural propicio a esa práctica.

Esta palabra plebeya y en ocasiones irreverente es la que ahora se expresa en la Convención y le produce cada vez más furia a las elites dominantes, a una parte de las cuales ya no le interesa lo que se está escribiendo como propuesta constitucional final, la que se perfila de modo razonable e innovador. Se remiten solo a descalificar lanza en ristre todo lo que ahí se discute.

Se ha llegado a propuestas risibles, como la de Sebastián Edwards que plantea adoptar la “constitución de Bachelet” (es un texto que dio a conocer la Presidenta una semana antes de dejar el gobierno sin que haya sido discutido por ninguna instancia) como “interina” y que otra Convención sea mandatada para llegar en “30 meses a hacer un buen trabajo. Si en ese momento el nuevo borrador llegara a rechazarse en un Plebiscito, el texto de Bachelet pasaría a ser permanente“. Todas las fantasías son válidas con tal de que no avance una Constitución emanada de los representantes de la soberanía popular, con normas aprobadas por 2/3 de los miembros de una Convención instalada por mandato del 80% de la ciudadanía. Insólito.

Se puede entonces enunciar una hipótesis: el debate de los convencionales, que ha liberado la palabra diversa y la capacidad de imaginar un país distinto, ahora incluye a personas que no provienen de la política tradicional ni de las clases dominantes y sus representaciones, lo que no solo es calificado estéticamente como algo de mal gusto por éstas, sino que les vuelve a desencadenar sus ancestrales pasiones virulentas contra quien se oponga a la sociedad de privilegios. No parecen ser capaces de reponerse del cuestionamiento por la mayoría de privilegios que no pertenecen a ningún orden natural de las cosas y reemergen las pasiones que vienen de su propia recóndita identidad. No se dan cuenta, con su tradicional ceguera, que esa liberación de la palabra es precisamente la alternativa a la anomia violenta de las barricadas, que por lo demás tanto condenan.

Esta es una razón más para avanzar democráticamente a la “nueva cosa común” a la que alude Herrera, solo que ya no será impuesta desde arriba mediante vetos por las minorías dominantes tradicionales. Se trata ahora de avanzar a un nuevo orden político, social y cultural, a un país de la soberanía popular y de la libre expresión de ideas y proyectos, que será probablemente mucho más pacífico, razonable y creativo que aquel de las desigualdades, fracturas y violencias que históricamente ha producido el orden oligárquico en Chile.

La inflación, la actividad y el empleo

En La Mirada Semanal

El nuevo gobierno se ha iniciado con desafíos políticos variados, pero además con una situación económica que no es fácil en materia de inflación, actividad y empleo. Existen márgenes para una política compensatoria activa que evite una nueva recesión y sus graves consecuencias sobre el nivel de vida de la mayoría social.

Chile ha vivido, como el resto del mundo, una aceleración de la inflación desde 2021 y enfrenta ahora el peligro de una recesión a raíz de la política monetaria contractiva y un enorme ajuste fiscal.

El consumo de los hogares -el principal componente de la demanda agregada- se recuperó muy rápido después de la crisis profunda del segundo trimestre de 2020. Esto fue fruto de la inyección de cerca de 19 mil millones de dólares por el primer retiro desde los fondos de pensiones entre julio de 2020 y julio de 2021, de 15,6 mil millones por el segundo retiro entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 y de 14,4 mil millones por el tercer retiro entre abril 2021 y abril de 2022. La inyección de recursos desde los ahorros previsionales representó una suma del orden de 9% del PIB de 2020 y 2021, un hecho de grandes proporciones, junto a un aumento del déficit fiscal de -2,9% del PIB en 2019 a -7,6% en 2020 y a -7,7% en 2021. El consumo llegó a crecer en 20% en 2021, impulsando un inusitado crecimiento del PIB de 12% el año pasado, junto a un poco sostenible incremento de 35% del volumen de importación de bienes. Aunque no todos los retiros fueron a consumo -una parte se mantiene en instrumentos de ahorro- este impulso de demanda, frente a restricciones puntuales de oferta por los efectos de la pandemia de COVID-19, presionó una parte de los precios internos a partir del segundo semestre de 2021.

Pero hay un fenómeno principal en materia de canasta básica de consumo: el IPC de bienes sujetos al comercio internacional llegó en marzo a 11,5% anual, mientras el de producción interna alcanzó un 6,9% anual (el aumento de precios de bienes y servicios producidos en Chile también está influido en parte por los precios externos de sus insumos). Los combustibles han aumentado su precio en 18,9% en un año en Chile. Esta cifra es todavía muy inferior al incremento internacional: el barril de petróleo WTI se cotizó en 101,7 dólares en abril de 2022, contra 52,1 en enero de 2021. Los alimentos han sufrido también grandes alzas de origen importado. El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en marzo de 2022 en un nivel que es un 33,6% superior al de un año atrás. El brusco salto de marzo respecto a febrero por la invasión a Ucrania fue de nada menos que de un 12,6 %, lo que llevó el índice al nivel más elevado desde 1990 y a nuevos máximos históricos en los precios de los aceites vegetales, los cereales y la carne, mientras también subieron notablemente los precios del azúcar y los productos lácteos.

El impacto en Chile es directo. A marzo, el aumento anual de precios de los alimentos y bebidas ha sido de 13,1%, según el INE. Un ejemplo ilustrativo: más del 90% del aceite de cocina es comprado en el exterior (cerca de 60% es aceite de soya y un 25% aceite de maravilla), pues solo se produce aceite de oliva y algo de aceite de canola (raps). En un año, el aceite de soya aumentó su valor internacional en un 43,9%, el de maravilla en 47,9% y el de canola en 65%. El precio interno del aceite vegetal subió a marzo en un 32% anual, por lo que mantiene un retraso respecto del valor internacional.

¿Qué pueden tener que ver los retiros y el IFE de 2021 o el gobierno de Boric en el aumento del precio de los alimentos o de los combustibles, como repiten sin cesar diversos medios de comunicación? Nada. Sin perjuicio de la mencionada expansión de la demanda de consumo que ya llega a su fin, lo que principalmente está ocurriendo es la repercusión del aumento de los precios externos de bienes básicos. Importar es hoy mucho más caro que hace un año, lo que se transmite en olas sucesivas a la mayoría de los precios en la economía (este fenómeno no se menciona siquiera en la presentación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, lo que revela un sesgo cognitivo bastante insólito). No ayuda, además, que el valor del dólar haya pasado de un promedio de 759 pesos en 2021 a uno de 809 pesos en el primer trimestre de 2022, encareciendo aún más (en 6,6%) las importaciones.

¿Qué se puede hacer? El consumo ya se está contrayendo por agotamiento de los retiros, lo que se acelerará a partir de mayo, y el fin del IFE en noviembre pasado. Las fuentes del exceso parcial de demanda frente a una oferta con problemas que se arrastran por la pandemia han desaparecido o están en vías de hacerlo, por lo que la política de aumento de tasas del Banco Central no hará sino contribuir a provocar una recesión. No hay tal cosa como un desbalance generalizado de la demanda respecto a las capacidades de la oferta ( ver mi columna al respecto). Lo que no se debe hacer es contraer la economía, como se propone expresamente el Banco Central siguiendo un errado (¿e interesado?) diagnóstico. Una recesión podría, se supone, hacer que la gente consuma aún menos y obligue a los supermercados, comercios y ferias a mantener o bajar los precios. Esto es muy dudoso, salvo que a punta de aumentar el desempleo y hacer bajar los salarios se llegue a un completo deterioro de la situación económica de los hogares. Este tendría que ser mayúsculo para hacer retroceder la repercusión en Chile del aumento de los precios externos. No por casualidad la inflación en Chile es similar a la de Estados Unidos y la Unión Europea. El resultado más probable de la política macroeconómica en aplicación será la mantención inevitable por un período de la inflación importada, pero acompañada de una recesión.

Ya el Imacec desestacionalizado del primer trimestre del año registró una variación de -0.4% respecto al último trimestre de 2021. Si esto vuelve a ocurrir en el segundo trimestre, estaríamos en presencia de una nueva recesión. Es de esperar que esto no suceda. Sin embargo, con una tasa de interés para los préstamos del Banco Central que pasó de 0,5% a 7% en nueve meses y que aparentemente seguirá subiendo,  no hay muchas razones para ser optimistas. A esto se agrega la caída del gasto público de 25% en 2022, un ajuste injustificado programado por el gobierno anterior.

Algunos efectos ya se hacen sentir. La población desempleada alcanzó 744 mil personas en el primer trimestre, mientras las personas inactivas pero dispuestas a trabajar sumaron otras 850 mil. Esto suma cerca de 1,6 millón de personas en situación de desempleo. Hace dos años, al iniciarse la crisis, la cifra alcanzaba a 1,46 millón de personas. Según el INE, han aumentado en el primer trimestre de 2022 en 75 mil las personas desempleadas más las potencialmente activas desde el último trimestre de 2021.

Frente a la inflación externa, el gobierno adecuadamente congeló el precio del transporte, lo que implicó subir el subsidio público a los operadores privados. Y amplió la contención de las alzas de los precios de los combustibles, con la consecuencia de que cuando bajen los precios mundiales, lo que ocurrirá en algún momento, lo harán más lentamente en Chile. Una idea como bajar el IVA de los alimentos tiene el problema de que no se repercute en bajas de precios en mercados oligopólicos como los nuestros, por lo que sería un regalo a los que producen, importan y venden y no para los que consumen. Establecer un control de precios temporal (lo practicaron los derechistas Nixon y Giscard en los períodos altos de inflación en los años setenta) nos encuentra sin institucionalidad para hacerlo.

Lo que cabe es compensar la inflación de alimentos y combustibles con ayudas directas a las familias que lo necesiten y que se renueven o no según evolucione la situación, lo que ya empezó a hacer el gobierno (ver mi columna anterior). Y se requiere aumentar fuertemente la vigilancia de precios no competitivos y las colusiones en los diversos mercados. Por ejemplo, es cuestionable que el precio del aceite de cocina en Chile sea en dólares casi el doble del que prevalece en Argentina, de donde proviene buena parte de las importaciones por vía terrestre. La protección de los ingresos de la población más vulnerable debe, así, garantizarse a través de las transferencias ya iniciadas, las que deben ampliar progresivamente su monto y cobertura, y a través de una mayor vigilancia de los oligopolios en los mercados.

A los que aluden el peligro de deterioro adicional de la situación fiscal, cabe señalarles que la deuda pública bruta es de 36% sobre PIB, una de las más bajas del mundo (recordemos que la norma de la Unión Europea es de 60% sobre PIB, ampliamente incumplida hoy), lo que otorga márgenes suficientes para una política compensatoria activa que evite una recesión y sus graves consecuencias sobre el empleo y los ingresos. El aumento previsto de 32% en la inversión pública en 2022 va en el sentido adecuado y es de esperar que se transforme en una palanca de sustentación del empleo, junto a una política monetaria y fiscal que deje de orientarse a producir una recesión inútil y altamente costosa para la mayoría.

La situación de la producción al iniciarse el nuevo gobierno

Se ha dado a conocer el Índice Mensual de Actividad Económica de marzo (Imacec). Como es habitual por nuestra parte, llamamos la atención sobre cómo se presenta esta noticia. La prensa destaca, a pesar que el comunicado mensual del Banco Central entrega más información, la variación entre el último mes registrado y el de un año antes. Esta manera de comparar en el tiempo suele no reflejar bien la situación de la actividad, pues ambos meses pueden estar fuera de la tendencia, que es lo que interesa diagnosticar. 

Por eso lo más recomendable es tomar el dato corregido de variaciones estacionales (en un mes o en un trimestre la actividad puede aparecer subiendo pero en realidad ha estado bajando si se toma en cuenta la estación del año) y hacer comparaciones trimestrales respecto al trimestre anterior, para promediar las oscilaciones de la variación mensual y evaluar la evolución coyuntural de la economía.

Vistas así las cosas, el Imacec desestacionalizado del primer trimestre del año muestra una caída de -0.4% respecto al último trimestre de 2021. Esto no se observaba desde el segundo trimestre de 2020, cuando la caída fue de -12,8% en plena pandemia, o desde el último trimestre de 2019, en plena rebelión social, con una disminución de -3,9%. 

Si al contabilizar en unos meses más la actividad productiva del segundo trimestre se registrase otra caída, entonces estaríamos en presencia de una recesión, según el criterio convencional en la materia. Es de esperar que esto no ocurra. Sin embargo, con una tasa de interés para los préstamos del Banco Central que pasó de 0,5% a 7% desde junio pasado a la actualidad y con un gasto público programado para caer en 25% en 2022, desgraciadamente no hay muchas razones para ser optimistas respecto a un eventual cambio de tendencia.

La situación del empleo al iniciarse el nuevo gobierno

Revisar periódicamente la situación del empleo es indispensable para diagnosticar la coyuntura económica y la situación social del país. En esta nota registramos los principales datos de empleo al producirse el cambio de gobierno.

En el primer trimestre de 2022, según la encuesta de empleo del INE, la población ocupada es aún inferior en 318 mil personas a la existente en el trimestre de mayor actividad previa (noviembre 2019-enero 2020) e inferior en 280 mil personas al volumen del trimestre de mayor empleo corrigiendo los efectos estacionales (julio-septiembre de 2019). Este rezago del orden de 300 mil empleos no recuperados, según la referencia que se adopte, corresponde a puestos de trabajo en actividades por cuenta propia y al trabajo informal, pues el trabajo asalariado formal se ha más que recuperado desde la crisis de 2020.

El empleo total creció en 0,3% anual en el primer trimestre. Este es un ritmo más lento que el registrado en el segundo semestre de 2021 y similar al del nivel previo a la crisis, según se observa en el gráfico respectivo.

La tasa de desempleo ampliada (que incluye a las personas que desean trabajar aunque ya no estén buscando activamente un empleo, tasa más representativa que la de desempleo que solo considera a los desempleados que buscan trabajo), pasó de un 15,3% en el último trimestre de 2021 a un 15,7% en el primer trimestre de 2022, según se observa en el gráfico. Había alcanzado un 30% en el momento más álgido de la crisis y experimentó luego un mejoramiento sustancial, pero en la coyuntura exhibe el leve aumento mencionado.

La población desempleada sumó 744 mil personas, mientras las personas inactivas pero dispuestas a trabajar sumaron otras 850 mil, totalizando cerca de 1,6 millón de personas en situación de desempleo. Hace dos años, antes de la crisis, la cifra alcanzaba a 1,46 millón de personas. En el primer trimestre de 2022, la cantidad de personas en esta situación ha aumentado en 75 mil respecto al trimestre final de 2021.

Los pagos por Seguro de Cesantía alcanzaron solo a 160,9 mil personas en febrero (último dato disponible), lo que revela que este dispositivo tiene una baja cobertura del universo de cesantes y no está cumpliendo suficientemente su función de protección. Se registra, en todo caso, un aumento respecto de las 150,1 mil personas que recibieron el pago en enero, después de una caída sistemática desde marzo de 2021, según se observa en el gráfico.

Por su parte, el empleo informal sumó 2,4 millones de personas y alcanzó el 27% del total de 8,8 millones de personas ocupadas. Las personas jóvenes que no estudian ni trabajan sumaron unas 390 mil. La precariedad en la inserción a través del empleo sigue siendo muy significativa.

Cabe poner especial atención a la evolución del empleo asalariado formal, medido a través del registro administrativo de dependientes cotizantes en la seguridad social, un dato directo y confiable que no proviene de la encuesta del INE, la que por definición tiene un margen de error. Este tipo de empleo, el principal en la economía chilena (el resto de los puestos de trabajo está constituido por la actividad por cuenta propia y por la informalidad), ha alcanzado 5,842 millones de personas en el trimestre noviembre 2021-enero de 2022 (último dato disponible), de un total de ocupados estimado por la encuesta INE en 8,7 millones en la misma fecha. El empleo formal ha experimentado un incremento de 311 mil unidades respecto al nivel previo a la crisis hace dos años. La tendencia al alza refleja el aumento del PIB en 2021 (12%) y el positivo efecto sobre la formalización que producen los subsidios temporales al empleo y al salario mínimo (este será desde mayo, dicho sea de paso, de 22 mil pesos para las empresas con ventas hasta 25 mil UF y un monto decreciente para las con ventas hasta 100 mil UF). No obstante, el efecto de los subsidios al empleo sobre la creación de nuevos puestos de trabajo propiamente tal es probablemente bajo, según muestran los estudios comparados cuando se aplican estas políticas de subsidio. Las empresas realizan contrataciones adicionales básicamente si perciben un horizonte positivo de ventas.

En la coyuntura, como probable efecto de la política de alzas sistemáticas en la tasa de interés, se ha producido una caída de -58,4 mil empleos asalariados formales en enero (último dato disponible) respecto al mes anterior. En el mismo sentido, los créditos hipotecarios, según la Asociación de Bancos y la CMF, registraron una disminución real anual de -54% en marzo, lo que tendrá un directo impacto en la construcción y sus insumos y efectos adicionales sobre el empleo formal en el futuro próximo.

Las violencias y el diálogo social

 En La Mirada Semanal

En una sociedad democrática, manifestarse pacíficamente es parte del paisaje. Lo que no debe ocurrir es incluir en ese paisaje las violencias urbanas que destruyen bienes útiles a la colectividad, el ataque armado a trabajadores para sabotear actividades o el chantaje al gobierno y a la ciudadanía mediante el bloqueo de vías estratégicas. Pero la respuesta no puede ser la mera represión, sino contener todo desborde en el corto plazo y simultáneamente actuar con energía sobre sus causas y promover activamente el diálogo social.

Quienes asimilan estas acciones a la delincuencia común equivocan el diagnóstico. Desde luego la ciudadanía debe ser protegida eficazmente de la delincuencia por las policías y por la acción comunitaria, sin perjuicio de trabajar para que sus causas pretéritas y estructurales -como la pobreza, la desigualdad, la compulsión por el consumo y las adicciones- sean minimizadas en el tiempo. No obstante, las otras conductas comentadas tienen una motivación sociopolítica, sobre las que todo gobierno debe actuar directamente. Y, además, debe crear condiciones generales de canalización de las diversas reivindicaciones por la vías legales e institucionales para restarle sentido a la violencia y a las presiones coercitivas ilegítimas. Es la lógica del orden justo y republicano, en directo contraste con el orden de los cementerios, que tiene la predilección histórica de los grupos dominantes en Chile y que termina a la postre multiplicando las violencias.

El tema reciente del paro de camioneros requiere de la acción de la fuerza pública para asegurar el libre tránsito, y actuar con severidad contra sus autores, pues es un chantaje inaceptable, sin perjuicio de dialogar sobre los intereses particulares involucrados. Del mismo modo, no es aceptable que la reivindicación histórica mapuche asuma la forma de atacar, herir o asesinar personas, ni de impedir el funcionamiento de actividades económicas. Pero requiere de un diálogo que aborde la creación de derechos específicos, como está haciendo la Convención Constitucional, para abrir la vía de un acuerdo progresivo y de reparación del daño infligido a los pueblos originarios. Las violencias y destrucciones urbanas tampoco deben ser aceptadas, aunque deben ser contenidas con la debida proporcionalidad. Pero, de nuevo, esto supone la creación de condiciones de superación de la exclusión frente a la evidente ausencia de igualdad de oportunidades para una franja significativa de jóvenes. Requiere, más generalmente, de un clima de diálogo social. 

En este sentido, es un gran avance el acuerdo CUT-Gobierno sobre el salario mínimo (legalmente se denomina “Ingreso Mínimo Mensual”, con un componente de subsidio público desde 2020). Se pactó un aumento de 14%, el más alto en 25 años, con un monto para los trabajadores entre 18 y 65 años que pasará de los 350 mil pesos actuales (brutos, es decir sin descontar las cotizaciones obligatorias) a 380 mil pesos en mayo y a 400 mil pesos en agosto. Habrá, además, un subsidio transitorio a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar la absorción de este incremento. Se concordó que si la inflación termina el año sobre un 7%, lo que es muy posible dado el contexto internacional, habrá un reajuste automático de 10 mil pesos en enero. Deberán venir otros que lleven el salario mínimo líquido a al menos 400 mil pesos según mejore la economía.

La derecha y los neoliberales dirán lo de siempre: todo esto aumentará el desempleo. Como demostró el premio Nobel David Card, esto no es cierto según la evidencia disponible, lo que se corroboró en Chile con los aumentos de salario mínimo bajo Foxley y Aninat: en el peor de los casos el impacto fue muy bajo y con certeza aumentó el ingreso de los trabajadores más pobres, como ocurrirá ahora con del orden de 10% de los trabajadores bajo contrato.

El acuerdo incluye otro punto de gran importancia: un mecanismo de apoyo a las familias de menos ingresos para enfrentar el explosivo aumento de precios de los alimentos. Se entregará un subsidio compensatorio del aumento del precio de la Canasta Básica de Alimentos, cuyo valor en 12 meses se calculará mensualmente, por cada causante de Asignación Familiar o Subsidio Único Familiar. El mecanismo abarcará unos 3 millones de personas, es decir el 15% de la población y se pagará conjuntamente entre mayo y diciembre de 2022. El primer aporte será de 6.410 mil pesos por carga, por lo que el apoyo total para una familia con 4 cargas será de 88 mil pesos en el primer mes. Luego dependerá del aumento de precios de los alimentos registrado por un Observatorio del Valor al Público de la Canasta Básica de Alimentos, a cargo del Servicio Nacional del Consumidor. En caso de detectarse anomalías en el comportamiento de estos precios, serán informadas a la Fiscalía Nacional Económica. Los aportes ahora concordados deberán ser seguidos por otros en el tiempo, pues su magnitud es aún limitada en cantidad y cobertura.

Se acordó, además, una agenda de mediano plazo con un proyecto de ley que flexibilizará los requisitos de ingreso al Seguro de Desempleo e incrementará el monto de sus prestaciones, junto a la creación de una mesa con los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas. En 2023 se enviará un proyecto de ley que modifique las normas sobre el derecho colectivo del trabajo, incluyendo el ámbito y nivel de la negociación colectiva y, como forma de avanzar en espacios libres de acoso y violencia de género, se propondrá al Parlamento la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

Se ha retomado así el diálogo social, que rindió muy buenos frutos en la década de 1990. Este fue menos practicado en los gobiernos posteriores, cuando los ministros de Hacienda consideraron el diálogo social como la expresión de intereses corporativos. Nicolás Eyzaguirre se opuso a la creación de un Consejo Económico y Social que institucionalizara el diálogo social, planteado en el programa de gobierno. Se llegó a solo una Agenda Pro Crecimiento con los representantes empresariales (que dio buenos frutos en algunos temas, en todo caso, con dirigentes empresariales en la época bastante más razonables que los actuales). Lo propio hicieron en los gobiernos posteriores tanto Andrés Velasco como Rodrigo Valdés, así como lo ha hecho siempre la derecha, que mantiene una actitud refractaria en esta materia.

El actual gobierno ha dado un paso en un sentido distinto al constituir un “Consejo Superior Laboral” y sentado en la mesa a empresarios y trabajadores para discutir la agenda laboral y de ingresos. Adicionalmente, ha privilegiado el diálogo directo con la CUT, lo que permitirá poner los temas y apremios de los trabajadores en el centro de la agenda pública, a lo que ha concurrido el sindicalismo mayoritario con espíritu constructivo.

Todo esto tiene una crucial importancia más allá de la coyuntura: cuando la democracia no produce resultados sociales -en especial por relaciones laborales asimétricas y una baja carga tributaria- y solo atiende los intereses de los grupos privilegiados, termina perdiendo pie y la representación ciudadana y social erosiona su legitimidad. En el Chile contemporáneo, esto ha sido facilitado por un funcionamiento institucional en el que la voluntad de la mayoría no es considerada sino muy ocasionalmente, provocando una gran abstención de toda participación en la esfera pública, una grave desconfianza en las instituciones y la expansión miope de diversas violencias. Estas son dinámicas que terminan por crear ya sea rebeliones sociales anómicas o bien el peligro de una inclinación popular por soluciones autoritarias, ante el descrédito e inmovilismo de los que gobiernan. En buena hora, el nuevo gobierno está empezando a romper esa inercia destructiva.

Una equivocada defensa del Senado

Escribí en un twitter después de escuchar la entrevista a Alvaro Elizalde en CNN Chile: "Vergonzosa la defensa del Senado por Alvaro Elizalde, con la idea de "contrapeso contra eventuales liderazgos autocráticos". Si los ciudadanos eligen un liderazgo, que este no sea autocrático depende del respeto al Estado de derecho y no de una institución contra mayoritaria."

Amplío la idea expresada. 

Varios de los defensores del Senado, o de una Cámara de Regiones que solo cambie su nombre, están evidenciando concepciones directamente antidemocráticas. Están llegando a decir que un líder elegido puede no respetar el Estado de derecho, por lo que el Senado tiene que impedírselo. ¿Cómo? Favoreciendo su carácter contramayoritario para bloquear al presidente mediante plenos poderes colegisladores, sobre la base de no representar la voluntad popular sino ser una expresión territorial que, por construcción, da un amplio poder a las regiones rurales y de poca población. En ellas los conservadores suelen tener históricamente más arraigo y la proporcionalidad es prácticamente inexistente, con senadores que duran 8 años para seguir asegurando el carácter contramayoritario del sistema político en su conjunto. Por construcción y rol histórico, en Chile el Senado ha sido la base de la defensa de los intereses oligárquicos. Por algo Salvador Allende, el PS y la izquierda propusieron eliminar esa institución en 1971 en beneficio de una cámara única.

Es evidente que tanto el poder judicial como la Cámara de Diputados (as) tendrán iniciativa en la nueva constitución para perseguir responsabilidades de un jefe de Estado que incumpla la legalidad, así como lo hará la sociedad en su conjunto en su libre capacidad de expresarse frente a una situación de ese tipo. Contra argumentan los que no creen en la soberanía popular que el supuesto autócrata puede controlar la Cámara y el poder judicial, así es que el Senado tiene que hacer de contrapeso. El argumento es absurdo, porque un autócrata que no respeta la legalidad se las arreglará también para controlar el Senado y las regiones. La base para controlar toda autocracia es el respeto del Estado de derecho y su sanción en caso de incumplimiento, no establecer instituciones contramayoritarias.

Algunos tienen en mente como supuesta situación universal el esquema norteamericano, en el que pequeños estados rurales sobre representados en el Senado impiden que se ejerza la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Es la misma lógica del colegio electoral que representa en ese país a los estados federados y que puede elegir a un presidente que ha perdido la elección en el voto popular, como Bush Jr frente a Al Gore y Trump frente a Hillary Clinton. Eso simplemente no es democrático pues contradice la idea de la soberanía popular, que históricamente sustituyó la soberanía de origen divino propio de las monarquías.  En Estados Unidos, el esquema institucional existente no le parece a la mayoría del Partido Demócrata, sin ir más lejos. En Europa, la gran mayoría de los Senados o equivalentes, con frecuencia una herencia de los poderes feudales, no tiene capacidad colegisladora (Gran Bretaña, Francia, Alemania, España) sino en temas puntuales.

¿No será que Elizalde está simplemente defendiendo un interés corporativo, cumpliendo los acuerdos con la UDI que lo llevaron a la presidencia del Senado? Está en su derecho de hacer política menor, pero no en nombre de las ideas de prevalencia de la soberanía popular y de órganos jurisdiccionales que cautelen el respeto de la legalidad por todos los actores del sistema político. ¿Qué puede tener de socialista, o simplemente de democrático, defender un poder oligárquico por construcción, concebido como "contrapeso" que expresamente no refleje la soberanía popular y no permita gobernar al presidente con una eventual mayoría parlamentaria, tal como lo defiende la derecha?

A mayor abundamiento, agrego que hoy se  eligió en Francia al presidente Macron por otros 5 años. Completará 10 años con fuertes poderes institucionales. Esto incluye que la elección de la Asamblea Nacional se hará en dos meses más, lo que favorece que el presidente recién electo disponga de una mayoría en la Asamblea, como ocurrió hace 5 años, la que tiene que aprobar el nombramiento del primer ministro y su gobierno. En Chile se diría: ah, eso es favorecer el chavismo porque un autócrata podría tener todo el poder. ¿Es Macron un autócrata? Evidentemente no es el caso. En Francia ese argumento sería visto como simplemente ridículo. Aunque muchos consideran que debería limitarse el poder presidencial, a nadie se le ocurriría, y menos a la izquierda, otorgarle poder de veto al Senado sobre las decisiones del presidente, del gobierno y de la Asamblea. El Senado es allá, como cámara territorial, solo revisor y consultivo y concurre a algunos nombramientos en instituciones autónomas del Estado. Y punto. No puede vetar a la Asamblea, depositaria de la voluntad popular. Al revés, se promueve una ampliación del mecanismo de referendum y de iniciativa popular de ley. La que manda es la soberanía popular en el marco del Estado de derecho y del orden constitucional, no un órgano que sobre represente  a los conservadores y bloquee la decisión democrática emanada de la ciudadanía.

La inflación importada

Leo en La Tercera de hoy :

"En Chile se consume del orden de 184 mil litros de aceite anualmente. Se trata de unos 31,1 litros por hogar, según datos de Euromonitor. De la ingesta total, más del 60% corresponde a aceite de soya. Le sigue el aceite de girasol o maravilla, con un 25%. Luego, el aceite de oliva, y finalmente el de canola. Los dos primeros se importan prácticamente en su totalidad. Más del 90% es comprado al exterior -el país sólo produce aceite de oliva y algo de canola-, y es ahí donde radica gran parte del alza, dicen en el sector. El incremento en el precio comenzó a evidenciarse en marzo del año pasado, bastante antes de la guerra en Ucrania. Según Oilworld, en un año el aceite de soya aumentó su valor internacional en un 43,9%; el de girasol en 47,9%, y el de canola, en 65%. De hecho, en 2021 el producto subió un 18,1% en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y este 2022, el aceite vegetal acumula un avance del 12,3%, y del 32% en 12 meses".

Comentario: ¿qué pueden tener que ver los retiros y el IFE de 2021 o el gobierno de Boric en el aumento del precio del aceite? Nada. Es lo que dije para perplejidad de mis interlocutores la semana pasada en un matinal. Lo que ocurre es que se está repercutiendo en los supermercados - y todavía falta- el aumento de los precios externos. Los del aceite vegetal subieron entre 44 y 65% en un año en los mercados mundiales y 32% en Chile, dado el 90% de proveniencia importada del abastecimiento. Simplemente, importar aceite vegetal es hoy mucho más caro que hace un año. No ayuda, además, que el valor del dólar haya pasado de un promedio de 759 pesos en 2021 a uno de 809 pesos en el primer trimestre de 2022, encareciendo aún más (en 6,6%) las importaciones. El IPC de bienes sujetos al comercio internacional llegó en marzo a 11,5% anual y el de producción interna a 6,9%, en la que también repercute el aumento del precio de los combustibles. Estos han aumentado en 18,9% en un año en Chile, una cifra todavía muy inferior al incremento internacional.

¿Qué se puede hacer? Ciertamente no deprimir la economía, como está haciendo el Banco Central. Esto podría, se supone, hacer que la gente consuma menos y obligue a los supermercados, comercios y ferias a bajar los precios. Esto es muy dudoso, salvo que a punta de aumentar el desempleo y hacer bajar los salarios se llegue a un completo deterioro de la situación económica de los hogares. Este tendría que ser mayúsculo para hacer retroceder la repercusión en Chile del aumento de precios externos. No por casualidad la inflación en Chile es similar a la de Estados Unidos y la Unión Europea.

El resultado más probable es una inflación importada con precios que no van a bajar, acompañada de una fuerte recesión. Una política profundamente equivocada, que creará hacia septiembre un clima muy enrarecido para el plebiscito constitucional. Soy de los que se pregunta si esto no es intencional (creo que al menos hay que preguntárselo, dado que la coincidencia es demasiado grande), aunque a muchos les ha disgustado que ventile la hipótesis porque les parece conspirativa. Yo postulo que en el Consejo del Banco Central no hay precisamente un gran entusiasmo con los cambios que se avecinan y que les gustaría que no ocurrieran, como lo señalaron por escrito en una carta a la Convención Constitucional sobre su propio rol, en una argumentación que de técnica no tiene nada. Esto es lectura de la prensa, no una atribución arbitraria de intenciones.

Por su parte, el gobierno adecuadamente congeló el precio del transporte, lo que implicó subir el subsidio público a los operadores privados. Y se amplió la contención de las alzas de los precios de los combustibles, con la consecuencia de que cuando bajen los precios mundiales, lo que ocurrirá en algún momento, lo harán más lentamente en Chile.

Una idea como bajar el IVA tiene el problema de que no se repercute en bajas de precios en mercados oligopólicos como los nuestros, por lo que sería un regalo a los que importan y venden y no a los que consumen. Hacer un control de precios temporal (no es una medida bolchevique o propia de argentinos populistas, lo practicaron los derechistas Nixon y Giscard en los períodos altos de inflación en los años setenta) nos encuentra sin institucionalidad para hacerlo y no sabemos qué duración tendrá la crisis en el mercado de alimentos. Lo que que cabe es compensar la inflación de alimentos con ayudas directas trimestrales a las familias que lo necesiten y que se renueven o no según evolucione la situación. Y aumentar fuertemente la vigilancia de precios no competitivos y colusiones en los diversos mercados. Por ejemplo, es cuestionable que el precio del aceite de cocina en Chile sea en dólares casi el doble del que prevalece en Argentina, de donde viene buena parte de las importaciones por vía terrestre.

La caída programada del gasto público de 25% para 2022, una brutalidad macroeconómica del gobierno anterior que hay que revertir (junto al aumento desmedido de las tasas de interés por el Banco Central), y la deuda de 36% sobre PIB, una de las más bajas del mundo, otorgan márgenes suficientes para una política compensatoria activa.

Los derechos sociales y los retiros

En La Mirada Semanal

La nueva Constitución, si se aprueba por la ciudadanía, establecerá que el nuestro será en el futuro un Estado democrático y social de derecho. En la actualidad, la Convención Constitucional discute su corolario, el establecimiento de derechos sociales efectivos, y entre ellos el derecho a disponer de una jubilación digna en la vejez.

Por 120 de 154 votos, la Convención aprobó proponer a la ciudadanía garantizar "a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad". Con 115 votos se aprobó que la ley "establecerá un Sistema de Seguridad Social público" que entregue protección en materia de "enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales" y otras contingencias, además de "la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajo domésticos y de cuidados", mientras le corresponderá "al Estado definir la política de seguridad social" financiada por trabajadores y empleadores mediante cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación, con destino exclusivo a la seguridad social.

En medio de estas sustanciales y muy positivas definiciones, y de una agenda del nuevo gobierno aún poco activa, emergió desde el parlamento una nueva proposición de reforma constitucional de retiro de fondos desde las cuentas de las AFP. Estas entidades simbolizan el Estado liberal que privatizó los derechos sociales en la dictadura de 1973-1989 y las supuestas soluciones privadas a los problemas públicos. Esta proposición fue enfrentada por una alternativa presentada por el gobierno de retiro acotado (ver mi columna anterior). Ambos proyectos terminaron rechazados, en medio de un gran confusión, pero en la que se ha preservado el principio de que no se debe legislar sobre temas económicos contingentes con reformas constitucionales desde el parlamento sin coherencia con la política económica que debe conducir el gobierno. Y menos con propuestas que no se inspiran en el interés general -que supone articular el corto y el largo plazo- sino solo en demandas inmediatas, por justificadas que sean. No se gobierna con un mínimo de coherencia sobre la base de impulsos volubles de opinión pública. El futuro Estado democrático y social de derecho (ver mi columna al respecto) supondrá una adecuada gobernanza de la política económica en vez de someterse a los humores del momento, por legítimos que sean. 

En el profuso debate sobre los retiros, no está de más mirar otra vez las cifras en la materia. Existe hoy un total de cerca de 11,4 millones de afiliados al sistema de AFP, de los cuales 2 millones no tienen saldo alguno en su cuenta y 5,4 millones tienen uno que es inferior a 1 millón de pesos. Un total de 5,4 millones de personas afiliadas no cotizan (con saldos en la mayoría de los casos muy bajos o inexistentes), a las que se agrega 1,7 millón de personas que hoy cotizan pero cuyos saldos en AFP son de menos de un millón de pesos. Los cotizantes son hoy solo cerca de 6 millones, un 53% del total de afiliados. Representan un 68% de las 8,8 millones de personas ocupadas. Esto quiere decir que cerca de un tercio de los que trabajan (sin considerar el trabajo doméstico) tiene ocupaciones informales, en las que no se cotiza para pensiones. 

A su vez, los afiliados con más de un millón de pesos en su cuenta son 4,9 millones de personas y los con más de cinco millones de pesos son 2,3 millones. Es decir una minoría, pero que acumula un volumen sustancial de recursos que hoy no puede ser liberado súbitamente para agregarse al consumo, dado que este se expandió en 20% el año pasado por los retiros anteriores y ha alcanzado sus más altos niveles históricos. Lo que pudo justificarse en medio de una grave recesión hoy tiene bastante menos sentido, cuando la economía ha más que superado los niveles de producción anteriores a la crisis. Seguir alimentando el consumo de bienes durables de sectores medios y altos provoca efectos macroeconómicos que pueden ser desequilibrantes en medio de una situación internacional adversa. La mitad de los 15 mil millones de dólares de retiro potencial (un 5% del PIB, una cifra enorme) del proyecto parlamentario pertenece al 20% de mayores ingresos en el país. Tiene mucho más sentido utilizar el espacio macroeconómico existente - que no es mucho, porque hay diversos desajustes entre oferta y demanda y un exceso de importaciones- para fortalecer la situación del 80% de menos ingresos a través de medidas de apoyo fiscal y de retiros acotados desde las AFP.

Para una parte de los afiliados tenía un sentido de urgencia el uso de recursos para enfrentar las contingencias de endeudamiento que planteaba el proyecto del gobierno rechazado en el parlamento. Los que no lo aprobaron fueron la derecha, la DC y el PPD y parlamentarios individuales de la coalición de gobierno, que son los que deberán explicar por qué no aprobaron retiros de los afiliados a AFP que cuentan con al menos algo de recursos en sus cuentas con el fin de pagar deudas, así como para garantizar a las mujeres el pago de pensiones alimenticias adeudadas. En realidad, su conducta estuvo presidida por una voluntad de castigo al nuevo gobierno, de lo que éste deberá hacerse cargo si quiere hacer avanzar su agenda. Debe terminar de construir una coalición de gobierno estable, la que probablemente deberá incluir a la DC y mantener una relación preferencial con el Partido de la Gente. 

Pero permanece un tema de fondo: ¿cuántos representantes en el parlamento, miembros del gobierno que toman decisiones, o profesores universitarios que opinamos sobre estos temas, se encuentran en la situación de no cotizar o de apenas tener un pequeño ahorro previsional? Posiblemente ninguno. Por eso muchos de los que están prácticamente fuera del sistema de AFP, para no hablar de los pensionados actuales y sus muy bajas jubilaciones, no se sienten representados por nadie, acumulan su frustración y sus temores frente al futuro y, entre otras consecuencias, suelen no votar. Y piensan que los pocos recursos que tienen en una AFP más vale usarlos hoy, aunque desde enero -lo que probablemente no saben- se agrega el fondo acumulado en AFP, por poco significativo que sea, a la pensión básica que recibirá el 90% de los mayores de 65 años, incluso si siguen trabajando, lo que antes no ocurría. Ese es el camino futuro en esta materia, uno que amplíe la pensión básica financiada con más impuestos a los más ricos y amplíe la pensión contributiva en el presente usando una parte de las cotizaciones obligatorias actuales. Y acumule con otra parte de ellas un fondo colectivo para solventar el cambio demográfico, pero que se oriente a inversiones socialmente útiles y ecológicamente responsables de largo plazo y no a la concentración aguda del capital privado y a inversiones en el exterior, como ha hecho por décadas el sistema de AFP. Y que permita disponer de los recursos individuales ahorrados que permanezcan o se acumulen voluntariamente en el futuro en cuentas de AFP para enfrentar contingencias.

El problema de la gran mayoría de la población trabajadora es hoy de empleo y de ingresos presentes y futuros. Parece importante, ironías aparte, ocuparse un poco más de su situación y discutir de una vez políticas directas de apoyo en su favor. Esto debe incluir sin dilación la mencionada reforma previsional, la reforma del seguro de cesantía para ampliar su acceso, monto y duración (que también fue inexplicablemente rechazado en el parlamento) y la ampliación del sistema de apoyo directo a las familias, en un contexto de aumento sustancial del precio internacional y nacional de los alimentos y los combustibles, junto a la reforma tributaria que financie estas nuevas políticas propias de un Estado democrático y social de derecho.

La toma de decisiones en la Convención Constitucional y en el sistema político

En El Mostrador

En estos días se agudiza la crítica a la Convención Constitucional (CC). Los que defienden el veto de la minoría sobre la mayoría fueron los que dotaron a la Convención de la regla de decisión por 2/3 de los votos de los miembros. Dicho sea de paso, esto ni siquiera existe en la Constitución de 1980, pues solo algunas de sus normas se modifican por un quórum de 2/3.

Se trata de los mismos que hoy se quejan de las decisiones que va tomando la CC por esos 2/3 de sus miembros. Incluso el Banco Central se ha permitido hacer llegar una opinión que incluye nada menos que lo siguiente: “Es fundamental que la organización y funcionamiento del BC se rijan, a su vez, por normas estables –es decir, que no puedan ser alteradas por mayorías simples–, dotándolas así de la debida certeza jurídica para cautelar que las políticas de esta institución cuenten con la credibilidad y seguridad necesarias para el logro de su mandato". Es increíble que una entidad del Estado se permita emitir una opinión directamente antidemocrática, pues no otra cosa es sostener que la estabilidad y la certeza jurídica las otorgan normas sujetas al veto de una minoría. Tal vez hay que recordarles a los emisores de la recomendación que las propias votaciones del consejo del Banco Central son por mayoría simple.

El tema de fondo es que los que impusieron la regla de 2/3 en la Convención, además de desconsiderar un tema de principios central de la democracia –debe prevalecer la mayoría en la toma de decisiones, respetando el derecho de la minoría a procurar transformarse en mayoría–, no tomaron en cuenta un hecho muy relevante. Una "mayoría central" de 50% más uno no está en condiciones de prevalecer, por lo que debe buscar el apoyo de un 16% adicional entre alguna minoría. Descartada la minoría de derecha que se opuso al proceso constituyente y sostiene principios constitucionales propios del antiguo régimen, entonces la "mayoría central" no puede sino buscar aliados a su izquierda para aprobar las normas. ¿El resultado? Las izquierdas más radicalizadas hacen valer, al menos en parte, sus posiciones para conformar los 2/3, lo que de otro modo no podrían haber logrado. Las redacciones resultan más radicales que las que hubieran resultado de la voluntad de la "mayoría central" de 50% más uno. Aclaro que en lo personal eso no me molesta, pues soy una persona de izquierda (de tendencia racional, eso sí, como diría Eric Hobsbawm).

Desde su propio punto de vista, fue un error completo de la derecha y de los "moderados", por las mencionadas razones de principios democráticos y por la lógica de sumatoria de votos que radicaliza en vez de moderar, haber establecido los 2/3 para decidir los contenidos de la nueva Constitución. Se confiaron en obtener un tercio de bloqueo, que en la visión declarada en su momento por Pablo Longueira debía, incluso, plantearse hacer fracasar todo el proceso. El pueblo sabiamente no se los otorgó.

Esto da como para recomendar a los autodenominados "centroderechistas" y "amarillos" que conciban un poco mejor sus propuestas de toma de decisiones públicas en el futuro. Las reglas de la democracia, construidas largamente desde los antiguos griegos, incluyendo el principio de mayoría, son mucho más sabias de lo que piensan. Ojalá no sigan instalados en su desconfianza ancestral de la soberanía popular, que es el fundamento primordial de la democracia.

La lección es que no debieran seguir procurando transgredir los principios democráticos permanentemente con reglas e instituciones contramayoritarias, como las que se sembraron por doquier en la Constitución de 1980, y que terminó en un completa crisis. Ahora tienen la opción de tratar de hacer fracasar por cualquier medio a la Convención Constitucional o, bien, votar en contra del texto que se proponga a la ciudadanía y prepararse para reformarla, si es aprobada, en el futuro en el Parlamento. Pero, eso sí, con el método democrático de construcción de una eventual mayoría, método que la nueva Constitución va a consagrar, en completo contraste con la de 1980. Es de esperar para la buena salud del país que sigan, más allá de su actual irritación, el segundo camino, el del libre juego democrático.