La inflación importada

Leo en La Tercera de hoy :

"En Chile se consume del orden de 184 mil litros de aceite anualmente. Se trata de unos 31,1 litros por hogar, según datos de Euromonitor. De la ingesta total, más del 60% corresponde a aceite de soya. Le sigue el aceite de girasol o maravilla, con un 25%. Luego, el aceite de oliva, y finalmente el de canola. Los dos primeros se importan prácticamente en su totalidad. Más del 90% es comprado al exterior -el país sólo produce aceite de oliva y algo de canola-, y es ahí donde radica gran parte del alza, dicen en el sector. El incremento en el precio comenzó a evidenciarse en marzo del año pasado, bastante antes de la guerra en Ucrania. Según Oilworld, en un año el aceite de soya aumentó su valor internacional en un 43,9%; el de girasol en 47,9%, y el de canola, en 65%. De hecho, en 2021 el producto subió un 18,1% en el país, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y este 2022, el aceite vegetal acumula un avance del 12,3%, y del 32% en 12 meses".

Comentario: ¿qué pueden tener que ver los retiros y el IFE de 2021 o el gobierno de Boric en el aumento del precio del aceite? Nada. Es lo que dije para perplejidad de mis interlocutores la semana pasada en un matinal. Lo que ocurre es que se está repercutiendo en los supermercados - y todavía falta- el aumento de los precios externos. Los del aceite vegetal subieron entre 44 y 65% en un año en los mercados mundiales y 32% en Chile, dado el 90% de proveniencia importada del abastecimiento. Simplemente, importar aceite vegetal es hoy mucho más caro que hace un año. No ayuda, además, que el valor del dólar haya pasado de un promedio de 759 pesos en 2021 a uno de 809 pesos en el primer trimestre de 2022, encareciendo aún más (en 6,6%) las importaciones. El IPC de bienes sujetos al comercio internacional llegó en marzo a 11,5% anual y el de producción interna a 6,9%, en la que también repercute el aumento del precio de los combustibles. Estos han aumentado en 18,9% en un año en Chile, una cifra todavía muy inferior al incremento internacional.

¿Qué se puede hacer? Ciertamente no deprimir la economía, como está haciendo el Banco Central. Esto podría, se supone, hacer que la gente consuma menos y obligue a los supermercados, comercios y ferias a bajar los precios. Esto es muy dudoso, salvo que a punta de aumentar el desempleo y hacer bajar los salarios se llegue a un completo deterioro de la situación económica de los hogares. Este tendría que ser mayúsculo para hacer retroceder la repercusión en Chile del aumento de precios externos. No por casualidad la inflación en Chile es similar a la de Estados Unidos y la Unión Europea.

El resultado más probable es una inflación importada con precios que no van a bajar, acompañada de una fuerte recesión. Una política profundamente equivocada, que creará hacia septiembre un clima muy enrarecido para el plebiscito constitucional. Soy de los que se pregunta si esto no es intencional (creo que al menos hay que preguntárselo, dado que la coincidencia es demasiado grande), aunque a muchos les ha disgustado que ventile la hipótesis porque les parece conspirativa. Yo postulo que en el Consejo del Banco Central no hay precisamente un gran entusiasmo con los cambios que se avecinan y que les gustaría que no ocurrieran, como lo señalaron por escrito en una carta a la Convención Constitucional sobre su propio rol, en una argumentación que de técnica no tiene nada. Esto es lectura de la prensa, no una atribución arbitraria de intenciones.

Por su parte, el gobierno adecuadamente congeló el precio del transporte, lo que implicó subir el subsidio público a los operadores privados. Y se amplió la contención de las alzas de los precios de los combustibles, con la consecuencia de que cuando bajen los precios mundiales, lo que ocurrirá en algún momento, lo harán más lentamente en Chile.

Una idea como bajar el IVA tiene el problema de que no se repercute en bajas de precios en mercados oligopólicos como los nuestros, por lo que sería un regalo a los que importan y venden y no a los que consumen. Hacer un control de precios temporal (no es una medida bolchevique o propia de argentinos populistas, lo practicaron los derechistas Nixon y Giscard en los períodos altos de inflación en los años setenta) nos encuentra sin institucionalidad para hacerlo y no sabemos qué duración tendrá la crisis en el mercado de alimentos. Lo que que cabe es compensar la inflación de alimentos con ayudas directas trimestrales a las familias que lo necesiten y que se renueven o no según evolucione la situación. Y aumentar fuertemente la vigilancia de precios no competitivos y colusiones en los diversos mercados. Por ejemplo, es cuestionable que el precio del aceite de cocina en Chile sea en dólares casi el doble del que prevalece en Argentina, de donde viene buena parte de las importaciones por vía terrestre.

La caída programada del gasto público de 25% para 2022, una brutalidad macroeconómica del gobierno anterior que hay que revertir (junto al aumento desmedido de las tasas de interés por el Banco Central), y la deuda de 36% sobre PIB, una de las más bajas del mundo, otorgan márgenes suficientes para una política compensatoria activa.