Las violencias y el diálogo social
En una sociedad democrática, manifestarse pacíficamente es parte del paisaje. Lo que no debe ocurrir es incluir en ese paisaje las violencias urbanas que destruyen bienes útiles a la colectividad, el ataque armado a trabajadores para sabotear actividades o el chantaje al gobierno y a la ciudadanía mediante el bloqueo de vías estratégicas. Pero la respuesta no puede ser la mera represión, sino contener todo desborde en el corto plazo y simultáneamente actuar con energía sobre sus causas y promover activamente el diálogo social.
Quienes asimilan estas acciones a la delincuencia común equivocan el diagnóstico. Desde luego la ciudadanía debe ser protegida eficazmente de la delincuencia por las policías y por la acción comunitaria, sin perjuicio de trabajar para que sus causas pretéritas y estructurales -como la pobreza, la desigualdad, la compulsión por el consumo y las adicciones- sean minimizadas en el tiempo. No obstante, las otras conductas comentadas tienen una motivación sociopolítica, sobre las que todo gobierno debe actuar directamente. Y, además, debe crear condiciones generales de canalización de las diversas reivindicaciones por la vías legales e institucionales para restarle sentido a la violencia y a las presiones coercitivas ilegítimas. Es la lógica del orden justo y republicano, en directo contraste con el orden de los cementerios, que tiene la predilección histórica de los grupos dominantes en Chile y que termina a la postre multiplicando las violencias.
El tema reciente del paro de camioneros requiere de la acción de la fuerza pública para asegurar el libre tránsito, y actuar con severidad contra sus autores, pues es un chantaje inaceptable, sin perjuicio de dialogar sobre los intereses particulares involucrados. Del mismo modo, no es aceptable que la reivindicación histórica mapuche asuma la forma de atacar, herir o asesinar personas, ni de impedir el funcionamiento de actividades económicas. Pero requiere de un diálogo que aborde la creación de derechos específicos, como está haciendo la Convención Constitucional, para abrir la vía de un acuerdo progresivo y de reparación del daño infligido a los pueblos originarios. Las violencias y destrucciones urbanas tampoco deben ser aceptadas, aunque deben ser contenidas con la debida proporcionalidad. Pero, de nuevo, esto supone la creación de condiciones de superación de la exclusión frente a la evidente ausencia de igualdad de oportunidades para una franja significativa de jóvenes. Requiere, más generalmente, de un clima de diálogo social.
En este sentido, es un gran avance el acuerdo CUT-Gobierno sobre el salario mínimo (legalmente se denomina “Ingreso Mínimo Mensual”, con un componente de subsidio público desde 2020). Se pactó un aumento de 14%, el más alto en 25 años, con un monto para los trabajadores entre 18 y 65 años que pasará de los 350 mil pesos actuales (brutos, es decir sin descontar las cotizaciones obligatorias) a 380 mil pesos en mayo y a 400 mil pesos en agosto. Habrá, además, un subsidio transitorio a las micro, pequeñas y medianas empresas para facilitar la absorción de este incremento. Se concordó que si la inflación termina el año sobre un 7%, lo que es muy posible dado el contexto internacional, habrá un reajuste automático de 10 mil pesos en enero. Deberán venir otros que lleven el salario mínimo líquido a al menos 400 mil pesos según mejore la economía.
La derecha y los neoliberales dirán lo de siempre: todo esto aumentará el desempleo. Como demostró el premio Nobel David Card, esto no es cierto según la evidencia disponible, lo que se corroboró en Chile con los aumentos de salario mínimo bajo Foxley y Aninat: en el peor de los casos el impacto fue muy bajo y con certeza aumentó el ingreso de los trabajadores más pobres, como ocurrirá ahora con del orden de 10% de los trabajadores bajo contrato.
El acuerdo incluye otro punto de gran importancia: un mecanismo de apoyo a las familias de menos ingresos para enfrentar el explosivo aumento de precios de los alimentos. Se entregará un subsidio compensatorio del aumento del precio de la Canasta Básica de Alimentos, cuyo valor en 12 meses se calculará mensualmente, por cada causante de Asignación Familiar o Subsidio Único Familiar. El mecanismo abarcará unos 3 millones de personas, es decir el 15% de la población y se pagará conjuntamente entre mayo y diciembre de 2022. El primer aporte será de 6.410 mil pesos por carga, por lo que el apoyo total para una familia con 4 cargas será de 88 mil pesos en el primer mes. Luego dependerá del aumento de precios de los alimentos registrado por un Observatorio del Valor al Público de la Canasta Básica de Alimentos, a cargo del Servicio Nacional del Consumidor. En caso de detectarse anomalías en el comportamiento de estos precios, serán informadas a la Fiscalía Nacional Económica. Los aportes ahora concordados deberán ser seguidos por otros en el tiempo, pues su magnitud es aún limitada en cantidad y cobertura.
Se acordó, además, una agenda de mediano plazo con un proyecto de ley que flexibilizará los requisitos de ingreso al Seguro de Desempleo e incrementará el monto de sus prestaciones, junto a la creación de una mesa con los actores involucrados en la rebaja de la jornada de trabajo a 40 horas. En 2023 se enviará un proyecto de ley que modifique las normas sobre el derecho colectivo del trabajo, incluyendo el ámbito y nivel de la negociación colectiva y, como forma de avanzar en espacios libres de acoso y violencia de género, se propondrá al Parlamento la ratificación del Convenio 190 de la OIT.
Se ha retomado así el diálogo social, que rindió muy buenos frutos en la década de 1990. Este fue menos practicado en los gobiernos posteriores, cuando los ministros de Hacienda consideraron el diálogo social como la expresión de intereses corporativos. Nicolás Eyzaguirre se opuso a la creación de un Consejo Económico y Social que institucionalizara el diálogo social, planteado en el programa de gobierno. Se llegó a solo una Agenda Pro Crecimiento con los representantes empresariales (que dio buenos frutos en algunos temas, en todo caso, con dirigentes empresariales en la época bastante más razonables que los actuales). Lo propio hicieron en los gobiernos posteriores tanto Andrés Velasco como Rodrigo Valdés, así como lo ha hecho siempre la derecha, que mantiene una actitud refractaria en esta materia.
El actual gobierno ha dado un paso en un sentido distinto al constituir un “Consejo Superior Laboral” y sentado en la mesa a empresarios y trabajadores para discutir la agenda laboral y de ingresos. Adicionalmente, ha privilegiado el diálogo directo con la CUT, lo que permitirá poner los temas y apremios de los trabajadores en el centro de la agenda pública, a lo que ha concurrido el sindicalismo mayoritario con espíritu constructivo.
Todo esto tiene una crucial importancia más allá de la coyuntura: cuando la democracia no produce resultados sociales -en especial por relaciones laborales asimétricas y una baja carga tributaria- y solo atiende los intereses de los grupos privilegiados, termina perdiendo pie y la representación ciudadana y social erosiona su legitimidad. En el Chile contemporáneo, esto ha sido facilitado por un funcionamiento institucional en el que la voluntad de la mayoría no es considerada sino muy ocasionalmente, provocando una gran abstención de toda participación en la esfera pública, una grave desconfianza en las instituciones y la expansión miope de diversas violencias. Estas son dinámicas que terminan por crear ya sea rebeliones sociales anómicas o bien el peligro de una inclinación popular por soluciones autoritarias, ante el descrédito e inmovilismo de los que gobiernan. En buena hora, el nuevo gobierno está empezando a romper esa inercia destructiva.
