La necesidad de una nueva regulación frente al sobreprecio del gas y otros bienes de consumo básicos

En El Mostrador

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha publicado un estudio –respecto del cual el Gobierno no ha dicho nada relevante– que concluye que existen sobreprecios del orden de un 15% en el suministro de gas licuado (mercado oligopólico con pocos oferentes) y de 13 a 20% en el de gas natural de cañería (mercado monopólico con un solo oferente). La FNE calcula que los distribuidores mayoristas de gas licuado han aumentado su margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55% entre 2014 y 2020, unos US$ 261 millones anuales que se sustraen del bolsillo del consumidor.

Ya la FNE había concluido en enero de 2020 que muchos medicamentos se siguen vendiendo con sobreprecios y que “una reforma estructural a este mercado podría traducirse en ahorros en torno a 40% en los precios de estos productos”.

También, planteó que “las farmacias por regulación deban dispensar el producto más barato dentro de una categoría de medicamento clínico, y que el precio de este sea fiscalizable y compuesto por el costo efectivo que la farmacia pagó por el mismo más una suma fija única en pesos que cobraría la farmacia por su labor como intermediario respecto de cualquiera de los productos médicos que dispense”.

Es decir, una fijación de utilidad máxima, lo que rompe con el dogma del libre mercado, sin que el Gobierno hiciera nada al respecto. Los consumidores siguen esperando, por lo que la próxima administración gubernamental y el Parlamento deberán actuar a la brevedad en la materia. Otra prueba de que el libre mercado es problemático en diversas situaciones ha sido el tema del examen de PCR para identificar el COVID-19, en el que el Gobierno tuvo que fijar un precio máximo: la realidad resultó más fuerte que el dogma frente a los abusos de precios que empezaron a producirse al iniciarse la pandemia.

A partir de marzo próximo, la FNE y las superintendencias respectivas debieran avanzar rápidamente en el análisis de otros dos mercados de servicios básicos en los que se puede presumir tarifas públicas que permiten ganancias monopólicas privadas injustificadas: el suministro de electricidad y de agua.

El tema es simple: donde hay monopolios naturales, es decir, en el caso en que los costos fijos son de gran magnitud, por lo que no se justifica más de un productor, dado que los costos unitarios caen a medida que aumenta la producción, deben existir tarifas públicas que permitan a los operadores cubrir los costos de producción y distribución pero impidan utilidades monopólicas en detrimento de los consumidores. Es el caso de la electricidad, el agua, el gas de cañería y la telefonía fija.

Donde hay oligopolios en el suministro de bienes de consumo básico –pocos oferentes que tienden a administrar los precios sin competencia–, es decir, al menos en el gas licuado, algunos medicamentos y algunos alimentos, debe existir una vigilancia e información pública de los precios, además del cobro de un impuesto a las sobreutilidades sobre el capital invertido (un parámetro razonable es el 5%), las que se originan en colusiones de precios. En el caso del gas licuado, es apropiada la recomendación de la FNE de impedir que los mayoristas intervengan en el mercado minorista, vale decir, prohibir la integración vertical. La banca debe también ser objeto de una vigilancia más estricta respecto a las comisiones cobradas y también ser objeto de un impuesto a las sobreutilidades.

De otro modo, se mantendrá el abuso de sobreprecios que penalizan a los consumidores y a los usuarios. Los libremercadistas pondrán otra vez el grito en el cielo. Pero su ideología no justifica el sistemático perjuicio al ciudadano común que monopolios y oligopolios producen en la prestación de servicios indispensables y de amplio consumo.

A dos años. Los significados del 18 de octubre de 2019

 Primera versión en La Mirada Semanal

Se discutirá por mucho tiempo sobre las causas de la rebelión popular de 2019. Pero entre éstas se cuenta el desfase institucional respecto a las demandas de la sociedad y la pérdida del rol de representación del mundo del trabajo y de la cultura por parte de la izquierda histórica.

Al cumplirse dos años del inicio de la rebelión popular el 18 de octubre de 2019, volverán a ofrecerse múltiples interpretaciones sobre sus causas y proyecciones. Esta rebelión no fue un episodio puntual sino un terremoto social. Duró más de tres meses, se generalizó con intensidad en todo el territorio chileno y tuvo hitos como el de los 1,2 millones de personas de todas las generaciones en las calles de Santiago y cerca de tres millones en todo Chile el 25 de octubre.

Se atribuye a Zhou Enlai haber respondido al ser preguntado sobre el significado de la revolución francesa que aún era muy temprano para saberlo. Desde luego, los múltiples libros que se publicaron a la rápida sobre el tema de la rebelión de octubre no han dejado un gran recuerdo. Pero puede aventurarse que hay al menos dos grandes causas y sus respectivas proyecciones que deben destacarse.

La primera es el desfase institucional respecto a las demandas de la sociedad. Existe una amplia literatura, a partir de Samuel Huntington, sobre la explosión de expectativas y demandas en contextos de crecimiento económico en “países en desarrollo”, que dio lugar a una interpretación autocomplaciente de las tensiones sociales acumuladas desde 1990: eran inevitables y no había mayor cosa que hacer que no fuera desplegar paciencia y habilidad política en la búsqueda de consensos. No obstante, no se consideró lo suficiente lo afirmado por el propio Huntington, en el sentido que el retraso en el surgimiento de las instituciones políticas apropiadas para permitir el cambio social y económico ponía en peligro el desarrollo democrático. La necesidad de pasar con rapidez a un régimen político que expresara la voluntad popular mayoritaria y que acudiera al pronunciamiento popular en las situaciones de crisis se dejó progresivamente de lado en la coalición de gobierno por falta de interés de su sector derechista.

Esto ocurrió a pesar del esfuerzo de quienes fuimos puestos en minoría en ella en beneficio del acomodo a una situación de veto oligárquico en las instituciones, que permitía mantener una relación no demasiado conflictiva con el poder económico, devenido con el tiempo en subordinación y complicidad parcial considerada no solo necesaria, sino que deseable. Al mismo tiempo, el acomodo a la constitución de 1980 y sus insuficientes reformas de 1989 -solo en parte morigeradas en las de 2005 con el término de los senadores designados y el restablecimiento de las potestades del presidente sobre las fuerzas armadas- permitía al sector derechista de la coalición de gobierno endosar a las trabas institucionales heredadas la ausencia de avances económicos y sociales sustantivos.

Se generó una conducta generalizada de desesperanza aprendida en los partidos de izquierda de gobierno y el deslizamiento al clientelismo al estilo del PRI mexicano, junto a connivencias financieras indebidas con el gran empresariado. Y finalmente al triunfo de Piñera en dos ocasiones. La integración social no se sustentó en redistribuciones de ingresos suficientes ni en la construcción de un Estado de bienestar con derechos sociales consagrados, sino en el crecimiento prolongado del empleo (aunque precario y sin negociación colectiva con sindicatos fuertes), de las remuneraciones (aunque menor que el incremento de la productividad), de gastos sociales (aunque muy por debajo de la proporción media en la OCDE en relación al PIB) y de un mayor acceso a la educación (al costo de un endeudamiento de los estudiantes y sus familias que financió establecimientos privados de baja calidad y que desplazó la educación pública).

Estos son logros paradojales y parciales, junto a la expansión del acceso al consumo masivo y el aumento de las infraestructuras, a los que no cabe quitar relevancia. Pero, junto a las contradicciones en los avances logrados,  las pensiones y la atención de salud permanecieron peligrosamente rezagadas y privatizadas, mientras los servicios básicos se mantuvieron en manos de monopolios privados con regulaciones débiles en un cuadro de desigualdad de acceso y de aguda concentración de la riqueza. La derecha ejerció sin contemplaciones su derecho a veto nacido de la persistencia de los senadores designados, del sistema electoral binominal y los altos quórum de aprobación de las leyes y reformas constitucionales, es decir con un  fraude institucional generalizado desde el punto de vista democrático.

¿Podían la desesperanza y la integración subordinada permanecer eternamente como cimiento del cuerpo social y de un sistema político con soberanía popular vetada? Evidentemente no. La resignación terminó por dar a lugar a una rebelión inorgánica, aunque precedida de múltiples luchas sociales organizadas o espontáneas, desencadenada por un aumento del pasaje del metro bajo la consigna directamente política de “no son 30 pesos, son 30 años”. El “esto no prendió muchachos” se transformó en la mayor rebelión social desde las emblemáticas protestas de 1983-1986 y sus barricadas, que permanecían en la memoria colectiva y en la transmisión intergeneracional mucho más de lo que la sociología convencional postulaba, convertida, por otro lado, en sociología de mercado y en acción de lobby empresarial.

Una segunda causa de la rebelión de 2019 fue la pérdida del rol de la izquierda en darle perspectiva política a las luchas sociales. Probablemente algún grupo pequeño quemó estaciones de metro, pero lo esencial del fenómeno fue su carácter espontáneo y masivo, aunque haya devenido con el tiempo en parte en una movilización minoritaria alentada por grupos ultra radicalizados. Buena parte de las distintas variantes de la izquierda había dejado de representar los intereses de la mayoría social y no había logrado pesar para establecer siquiera algún tipo de "pacto socialdemócrata" propiamente tal, que funcionó solo en ocasiones puntuales durante 30 años. La auto-atribución de la apelación de socialdemócrata por la izquierda reformadora devenida en izquierda reformada y acomodada (el bloque PS-PPS-PR), es simplemente una ironía frente a la realidad de su renuncia práctica a representar los intereses del trabajo y de la cultura y la promoción de una sociedad igualitaria y libertaria, y a luchar de manera organizada y persistente por ellos.

El primer resultado fue la pérdida de conexión con las generaciones jóvenes que se autonomizaron con razón a partir de 2011. Y luego con el resto de su mundo social de origen. Algo similar ocurrió con la cultura socialcristiana, nacida de la reivindicación de la promoción popular, la reforma agraria y la chilenización del cobre. Las llamadas fuerzas progresistas, como en otras partes, terminaron descompuestas por el largo acomodo a un poder burocrático subordinado al poder económico, o en todo caso sin voluntad suficiente de cuestionar su hegemonía.

El socialismo debiera haber constatado que ya no tenía nada que hacer en una coalición que terminó siendo el soporte político de una semi-democracia dominada por un capitalismo hiperconcentrado y gobiernos amarrados a políticas sociales débiles y a la carencia de regulaciones sólidas de los mercados y sus efectos sociales y ambientales negativos. No tenía sentido que el socialismo permaneciera instalado en concesiones y acomodos con el control oligopólico de la banca, la distribución y muchas actividades productivas, incluidas  la industria, la pesca y la agricultura de exportación; la entrega a capitales privados y a transnacionales de la minería nacionalizada en 1971; la persistencia de la privatización del agua y de los servicios básicos; la privatización de la educación y de una parte la atención de salud; la mantención de las pensiones en manos de las AFP y la persistencia de relaciones laborales asimétricas y precarias favorables al capital concentrado. El mérito de una coalición amplia que sirvió para terminar con la dictadura, no se extendió ni a la voluntad de terminar con los amarres institucionales antidemocráticos ni a establecer una economía regulada, sostenible y con derechos sociales efectivos. Para evitar la completa desnaturalización de su proyecto histórico, el socialismo debió haber reinstalado en la izquierda hace mucho tiempo su ubicación en el espectro político, lo que suponía redefinir su relación con el centro y dejar de hacer concesiones programáticas en nombre del realismo político. No lo hizo, por lo que la rebelión de 2019 también se produjo en parte contra los abandonos de la izquierda histórica.

Pero esa rebelión ha sido fecunda en sus efectos, aunque ha pagado altos costos represivos. Ha sido el punto de partida de la reconstrucción por etapas de un bloque de izquierda plural, capaz de llegar al gobierno en marzo próximo para sostener un proyecto de transformación social, cuya vigencia es evidente frente a la magnitud de las desigualdades y los abusos, del dominio patriarcal y de la depredación de la naturaleza. Y que, además, deberá hacerse cargo de los desastres de la gestión de Piñera en materia económica, social y sanitaria. Y sobre todo ha sido el punto de partida de un proceso constituyente único en la historia de Chile, cuya fuerza y profundidad es irreversible y dará lugar a la construcción, salvo errores graves en el camino, de una institucionalidad democrática basada en la soberanía popular, la que tendrá la potencialidad de dejar atrás el dominio oligárquico sobre la sociedad.

Piñera y la moralidad pública

En La Mirada Semanal

Debe producirse una señal histórica de la sanción de la violación del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a favor de sus intereses económicos o los de su familia ni eluden pagar impuestos.

Las nuevas publicaciones por la prensa internacional de documentos de estudios jurídicos que operan en paraísos fiscales revelan la profundidad de los mecanismos globales de evasión y elusión tributaria. En efecto, es extendido el uso de países o territorios con baja o nula tributación a los que los dueños de fortunas -bien o mal habidas- trasladan sus capitales. En ellos realizan transacciones sin mediar una actividad propiamente tal en el lugar, con una total ausencia de transparencia que asegura el secreto de la identidad de las personas y dueños finales de las empresas involucradas. En ocasiones, se trata de operaciones internacionales legítimas, pero las más de las veces existe la motivación de esconder ingresos y/o evadir o eludir los impuestos que deben pagar empresas y personas en los países en que realizan sus operaciones y extraen sus utilidades. En Europa se calcula en un 10% del PIB los recursos que los paraísos fiscales restan a las arcas gubernamentales.

El control de los paraísos fiscales ha avanzado por parte de diversas instituciones multilaterales y compromisos de los países. El Common Reporting Standard fue elaborado como mecanismo de intercambio automático de información financiera entre administraciones por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la evasión de impuestos y rige desde 2018.

A cada país le corresponde, en todo caso, sancionar la evasión de impuestos y terminar con el uso de paraísos fiscales para eludir su pago. Establecer una norma general antielusión con estándar OCDE es la primera tarea en Chile, pues hoy su ausencia impide investigar a cabalidad los ingresos de empresas y personas y hacer efectivo el pago de los impuestos correspondientes. Se debe, además, terminar con un secreto bancario extemporáneo que contribuye a la evasión del pago de impuestos.

Pero el hecho más dañino para la fe pública en Chile es que se ha confirmado que el propio presidente Piñera ha operado al menos como mandante en paraísos fiscales, figura que él mismo condenaba públicamente en 2016. Además, ha quedado en evidencia nada menos que la venta de un activo de una sociedad de familiares constituida mediante donaciones de su parte -venta que produjo altas utilidades- sujeta a una cláusula contractual de no modificación de regulaciones públicas en las que Sebastián Piñera tenía una alta incidencia. Señalar que el presidente no estuviera al tanto de ese contrato no parece una situación muy creíble.

La actuación recientemente conocida del presidente Piñera debe ser objeto de sanción política, pues su gobierno no declara hasta el día de hoy la protección ambiental -para la que existe una solicitud formal- de una zona que alberga un ecosistema marino único y en la que se planea inversiones mineras vinculadas a sus hijos y amigos. El parlamento debe hacer efectiva la responsabilidad de Sebastián Piñera y decidir la destitución de su cargo. El hecho que debe ser sancionado políticamente es que el gobierno ha insistido en hacer posible una inversión minera que daña el ambiente marino y en la que han estado involucrados negocios familiares del presidente y de amigos cercanos, con pagos asociados a mantener la normativa ambiental que está su cargo.

Esta debe ser la señal histórica, en momentos de refundación institucional, del cese de la violación por el actual presidente del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a favor de sus intereses económicos o los de su familia ni eluden pagar impuestos. En efecto, sin financiamiento suficiente de las instituciones y de los servicios públicos, no hay estabilidad social posible ni puede hacerse efectiva cualquier idea de igualdad de oportunidades en la sociedad. Además, debe legislarse con urgencia pasar al régimen general de impuesto a la renta los ingresos por herencia o donación, o su pago mediante transferencia de activos a un fondo patrimonial público que financie la desconcentración de la propiedad y la diversificación productiva. La contribución de los herederos a la prosperidad colectiva es simplemente igual a cero.

El escenario de marzo: “después de mi el diluvio”

En La Mirada Semanal

Un presupuesto en caída libre y un período presidencial recortado no es precisamente el marco adecuado para responder a las difíciles circunstancias que vive el país después de la rebelión social y de la pandemia, por lo que se debe construir con urgencia un horizonte de cambio con estabilidad. 

Quien quiera sea elegido para gobernar a partir de marzo próximo, se va a encontrar con un presupuesto fuertemente disminuido respecto al de 2021, de acuerdo al proyecto de ley recientemente enviado al parlamento. Según el gobierno, el presupuesto para el año 2022 alcanza a 82 mil millones de dólares “con una baja de 22,5% comparado con el gasto fiscal efectivo de este año, producto de la disminución del estímulo fiscal extraordinario y retornando a niveles de gasto en línea con la meta de convergencia”. Esto significa que ya no habrá IFE Universal, IFE Laboral, créditos subsidiados para pymes FOGAPE, bono pyme, prohibición de corte de servicios básicos ni post-natal de emergencia. A su vez, se habrá extinguido buena parte del efecto de los retiros desde los fondos de pensiones, que han alimentado la demanda de consumo de los hogares y generado presiones inflacionarias internas, pero con un efecto solo temporal. Una parte importante de la inflación de 2021, sin embargo, es de origen externo. Los retiros desde las AFP nada tienen que ver con la inflación de costos que proviene del sustancial aumento internacional del petróleo y de la devaluación del peso. Esta ha sido provocada por salidas de capitales y aperturas de cuentas en dólares, cuya persistencia no necesariamente se prolongará en el tiempo. 

El gobierno prevé dejarle un margen de nuevo gasto a la futura administración de 700 millones de dólares, una cuarta parte de lo que cuesta el IFE actual... al mes. Esto implica que el gobierno de Piñera busca dejar de herencia un ajuste de gasto del orden de 8% del PIB en un año, es decir una brutalidad propia de Sergio de Castro.

Recordemos que el proyecto de ley de presupuesto debe ser despachado antes del 30 de noviembre por el Congreso, sin que éste tenga la posibilidad de subir el monto total del gasto (solo puede mantenerlo o bajarlo) ni tampoco su composición, según las actuales reglas constitucionales de tramitación del presupuesto de la Nación. Esto tendrá, inevitablemente, efectos macroeconómicos. El gobierno y el Banco Central proyectan un crecimiento del orden de 2,5% en 2022, en circunstancias que no menos de medio millón de personas seguirán desempleadas por sobre el nivel de desocupación prevaleciente antes de la crisis, (otras 700 mil personas), pero se puede desencadenar una bola de nieve recesiva con la suma del ajuste fiscal y de aumentos de la tasa de interés de política monetaria hacia un quimérico nivel “neutral” de 1% real, en la doctrina actual del Banco Central. 

Como se observa, estamos frente a un intenso panorama de previsibles tensiones sociales que resultarán inevitablemente de un brusco ajuste presupuestario por el fin sin más consideraciones de las medidas tomadas por el actual gobierno -muchas de ellas tardíamente- durante la pandemia. Algo así como “después de mí el diluvio”, frase que se atribuye a Luis XV en los últimos años de su vida, cuando el descontento popular ya presagiaba amplias convulsiones sociales en Francia.

Si, además del panorama económico, se considera que el vice-presidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, del Frente Amplio, ha insinuado que la nueva Constitución puede acortar el próximo período presidencial, entonces el panorama para el hasta ahora más probable ganador de la elección presidencial de fin de año, Gabriel Boric, también del Frente Amplio, es el de un ejercicio de gobierno de, digamos, dos años.

Nada de esto es razonable. 

Lo que corresponde intentar frente a las difíciles circunstancias que vive el país después de la rebelión social y de la pandemia -en un mundo con muchas incertidumbres- es realizar cambios estructurales con estabilidad política. Esto nunca lo ha hecho ni podrá hacerlo un gobierno de dos años. La coalición Apruebo Dignidad, de la que emanará posiblemente el próximo presidente y será una de las con mayor representación parlamentaria, debe consolidar la relación entre sus componentes a partir de un diseño programático sólido para cuatro años. El paso siguiente, a fines de noviembre, debe ser conversarlo y concordarlo con mutuas concesiones con quienes estén dispuestos a apoyar al candidato en la segunda vuelta y, además, se comprometan a la realización efectiva de un programa común. Lo que supone no hablar de consignas, sino de políticas y programas precisos con sus financiamientos respectivos.

En marzo, el próximo gobierno debe enviar un proyecto de ley de corrección presupuestaria, como lo hizo el actual en abril de 2020 frente a la pandemia. Allí se debe establecer como prioridades un nuevo marco de ayudas a las pymes, de subsidios al empleo femenino y juvenil, de nuevos programas de servicio y cuidado a las personas y un nuevo monto de la pensión básica universal como soporte de las transferencias a las familias, junto a un fuerte programa de inversión verde. Esto implica tomar desde ya una opción política clara: no provocar una recesión con un brutal ajuste presupuestario y buscar una consolidación fiscal en el tiempo basada en una reforma tributaria suficiente y equitativa apuntando a un crecimiento de 3-4% y a un endeudamiento fiscal sobre el PIB no superior a 60% (la regla actual, ampliamente sobrepasada, de la Unión Europea).

Una nueva coalición de gobierno distinta a la derecha y sus concepciones neoliberales y capaz de hacer cambios favorables a las mayorías, pero de manera ordenada y firme, deberá ser el soporte para crear un horizonte político y económico adecuado para los próximos cuatro años. Otros enfoques en exceso especulativos pueden terminar por alimentar quimeras e inestabilidades que terminan por afectar a la mayoría social, que ya ha sufrido demasiado con la reciente crisis y con la precariedad estructural propia del modelo económico vigente. 

Un insuficiente aumento de la pensión básica

En La Mirada Semanal.

Frente a la presión social, el gobierno propuso un incremento de la pensión básica de bajo monto y la eliminación de algunas exenciones tributarias insuficientes frente al déficit fiscal de 2021. La reforma tributaria sigue pendiente.

El gobierno de Sebastián Piñera ha propuesto incrementar la pensión para personas mayores de 65 años que no tienen acceso a un sistema previsional y que están entre el 80% de menores ingresos. Su monto mensual aumentará de 164 a 179 mil pesos (ya aplicable a los más de 75 años), la línea oficial de pobreza, junto a extender el aporte complementario fiscal aplicable a pensiones basadas en cotizaciones previas hasta 520 mil pesos. En el proyecto de ley que acaba de enviar al parlamento propone eliminar parcialmente algunas exenciones como parte del financiamiento del aumento del aporte fiscal a las pensiones.

Esto incluye como componente más importante el inicio del fin de las exenciones de pagos de IVA en la construcción de viviendas de más de 2.000 UF y del impuesto territorial a partir de la tercera vivienda DFL-2, así como aplicar impuestos a los servicios como los de consultorías y otros. También incluye un muy bajo pago de 5% a las ganancias de capital. Entre estas normas de excepción se cuenta la exención del cobro de impuesto a la renta para las ganancias de capital en la enajenación de acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos con presencia bursátil. Solo que esto rendiría la suma de 56 millones de dólares, frente a un potencial de recaudación al menos 7 veces mayor si se eliminara la exención. Esta exención suma al menos unos 350 millones de dólares anuales de menores ingresos fiscales, según el SII, aunque es posiblemente mayor según los estimadores que se utilicen.

La posesión de acciones genera ingresos personales por los dividendos que distribuyen las empresas al obtener utilidades y por la ganancia de capital al venderlas. No existe ninguna razón válida para que ingresos personales provenientes de la posesión o de transacciones de capital bursátil no tributen bajo el régimen general de ingresos (impuesto global complementario). Lo mismo se puede señalar respecto al impuesto a las herencias, que debiera asimilarse al impuesto global complementario o permitir parte de su pago mediante transferencia de acciones al fisco, en vez de eliminar solamente la exención a los seguros de vida. Lo que correspondería por aplicación del principio de justicia tributaria y de progresividad es que todos los ingresos paguen los mismos impuestos según el tramo que corresponda (a más altos ingresos, mayores tasas).

Algunas exenciones se justifican por su efecto social o de difusión de impactos en la economía. Son pocas, como las del IVA a servicios sociales, del impuesto a la renta destinada al ahorro previsional o las que estimulan la capacitación, el gasto en investigación y desarrollo en las empresas o el uso de tecnologías no contaminantes. La mayoría, en cambio, no se justifica, pues favorece intereses particulares en detrimento del interés general. Según el Servicio de Impuestos Internos, las exenciones tributarias, es decir las excepciones a las reglas de general aplicación, sumaron en 2020 unos 9 mil millones de dólares, cerca de un 3% del PIB. Recordemos que el programa de Gabriel Boric plantea una reforma tributaria del orden de 8% del PIB (como en su momento el programa de Daniel Jadue) y el de Yasna Provoste una de 5% del PIB (y en su momento el de Paula Narváez una de 5-6% del PIB).

Y recordemos que los tributos en Chile representaban el 21% del PIB en 2019, a comparar con un 34% promedio en la OCDE, un 46% en Dinamarca y un 45% en Francia. Este tema es entonces parte necesaria -junto a la reducción de la evasión, la desintegración del impuesto a la renta personal y a las utilidades de las empresas, el impuesto a los súper ricos y la regalía minera – del debate para financiar las reformas redistributivas y de reconversión productiva sostenible que el país necesita con urgencia y que se van a dirimir en la próxima elección presidencial y parlamentaria.

La justificación que se alude con frecuencia es que no hacer tributar los ingresos del capital o hacerlo con tasas preferentes respecto a los ingresos del trabajo supuestamente incentivaría la inversión privada. Esa afirmación es discutible y en todo caso se efectúa al precio de hacer recaer el financiamiento de las cargas públicas en los ingresos del trabajo o en las compras de consumo de los hogares y personas, incluyendo las más modestas. Es el ambiente general de funcionamiento de la economía el que determina la expansión de la inversión privada antes que la exención del impuesto personal a las personas que invierten, aunque esto no suene bien a los oídos de los economistas neoliberales y de los intereses que defienden.

El caso Carozzi y la plutocracia

En La Mirada Semanal

El incidente Carozzi-La Red puso en evidencia la manipulación de lo medios por el dinero. Ahora cabe repensar el paisaje mediático chileno y crear nuevas instituciones y mecanismos de control democrático para terminar con la captura del poder político por la oligarquía económica.

La empresa privada (con fines de lucro, pero también eventualmente sin esos fines o con fines mixtos) cumple un rol necesario para producir bienes y servicios en economías complejas y dinámicas. Pero para que esa función sea socialmente útil, debe hacerlo centrando su actividad en el buen servicio a bajo costo con permanente innovación, y no en la extracción de rentas sociales o ambientales. Para ello debe  respetar los derechos laborales, la economía circular y la protección del entorno natural y de las comunidades en que se desevuelve, así como los derechos de los consumidores. Todo esto requiere de marcos regulatorios apropiados democráticamente establecidos.

A estos marcos las oligarquías económicas se han opuesto y se oponen con frecuencia en todas partes. En Chile lo hacen férreamente, emulando la cultura de la hacienda heredada de la colonia. Por eso sus corrientes más conservadoras se esmeran en intervenir y controlar la democracia, o suprimirla, como en 1973, precisamente lo que reseñaba el documental La Batalla de Chile. En la actualidad, lo hacen tanto mediante mecanismos de veto minoritario a favor de sus representantes e intereses como a través de la creación de climas de opinión que les sean favorables a través de los medios de comunicación comerciales.

Lo hecho por la empresa Carozzi al retirar su publicidad de La Red por difundir un documental que no es de su gusto, es simplemente inadmisible desde el punto de vista de los principios democráticos y de la libertad de expresión, como antes lo fue el financiamiento ilegal de campañas por grupos económicos. Los principales dueños de Carozzi son la familia Bofill y la empresa sudafricana Tiger Brands. Forma parte de su directorio Carlos Cáceres, ministro del Interior de Pinochet.

Ya había actuado en el mismo sentido el señor Juan Sutil y su grupo empresarial retirando el avisaje a CNN Chile por la cobertura de la protesta social. Es la oligarquía económica en acción, usando sus recursos para pautear a los medios, cuando no los compra directamente, como los ex canales universitarios 11 y 13. Nos enteramos, además, que Carozzi es parte del generalizado irrespeto de los derechos de los trabajadores que caracteriza al “modelo chileno” que tanto defiende el gran empresariado. En efecto, de acuerdo a dirigentes sindicales entrevistados por Interferencia, “Carozzi ha insistido en generar prácticas antisindicales y amenazas, lo que ha generado que en diez años el sindicato que agrupaba a más de 500 personas hoy no tenga más de cinco socios oficialmente”. El sindicato no sometido a la gerencia cuenta con socios clandestinos, que esconden a la empresa su afiliación para evitar represalias: “muchos de los socios fueron despedidos y otros renunciaron al sindicato”. La familia Bofill es una de las principales donantes del candidato Sichel, dicho sea de paso.

¿Es una exageración sostener que la pretensión de la empresa Carozzi es la de prolongar la concepción de Eduardo Matte Pérez, parlamentario, ministro e hijo del fundador del Banco Matte, antecesor del actual grupo Matte? Recordemos que este sostuvo en 1892 la canónica frase según la cual “los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Ha pasado desde entonces mucha agua bajo los puentes y los avances democráticos son considerables, fruto de sistemáticas luchas sociales y políticas. Estas hoy se han acelerado y dado lugar al proceso constituyente en curso. Pero para una parte de la oligarquía económica, la pretensión parece ser hoy la misma que en el siglo XIX, la que la Real Academia Española define como plutocracia:

la “situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado”.

El futuro orden constitucional y su respectiva legislación debieran, en primer lugar, hacer prevalecer el principio de mayoría en la toma de decisiones públicas para terminar con el poder de veto de las oligarquías. En segundo lugar, no someter más a la TV pública al financiamiento de empresas privadas, sino sostener su rol de sustento del pluralismo y de la promoción de la cultura y sus diversidades (junto a un sistema de radios públicas de calidad y educativas como en Gran Bretaña, Francia o España) con una tasa modesta aplicable a la compra de televisores, como en los mencionados países y otros europeos. Y sancionar expresamente en la ley el uso de la publicidad por los avisadores para censurar o discriminar contenidos en la TV privada. Cuando estos quieran hacer publicidad para sus productos, la legislación deberá establecer que su dinero no les da derecho a vetar ni promover contenidos.

Cabe considerar, por otro lado, que el cambio tecnológico será una buena ayuda para ampliar el paisaje audiovisual y su pluralidad. El futuro de la TV estará marcado por la televisión digital terrestre, ya en uso en condiciones “experimentales”. Esta ya incluye canales universitarios, algunos nuevos y otros que renacen después de haber sido abandonados y vendidos al mercado en las décadas pasadas, como lo fue en gran parte también TVN, obligada a vivir de la publicidad. Este es, junto a la política minera y la privatización de las empresas sanitarias, uno de los mayores errores de la transición, que los que pensábamos otra cosa no logramos evitar. Es una de las peores concesiones al poder económico privado de quienes se amoldaron al dominio oligárquico, y aseguraron así el financiamiento de sus campañas o bien el trabajo en grandes empresas después de pasar por el gobierno o por la política.

Con la televisión digital abierta se abrirá un mundo de más amplias posibilidades plurales de expresión audiovisual. La ley de 2014 y su reglamento de 2015 son un buen avance, perfectible en el futuro. El “apagón analógico“, que consagrará la generalización de este formato televisivo, estaba programado para 2020 y se amplió a 2025 por presión de los actuales canales. Ya existe en muchas otras partes. El nuevo gobierno debiera adelantar a 2023 su puesta en práctica. Este conjunto de procesos debieran considerarse como parte esencial del proceso constituyente que dará forma a una nueva República democrática y plural en Chile.

El desastre económico de Piñera

Con Karina Oliva, en El Mostrador

En estos días se debate sobre el cuarto retiro de fondos y de las medidas adoptadas por el Banco Central, sobre todo en los debates acalorados de Twitter que establecen barreras binarias entre “responsables fiscales” e “irresponsables fiscales”, entre los “pro-inflación” y los “controladores de la inflación”. Dicotomías que, por cierto, son profundamente falsas.

Quienes se oponen argumentan que esto potencia un ciclo inflacionario y aplauden el alza de la tasa de interés decretada por el Banco Central, que busca prevenir presiones inflacionarias de demanda por el aumento del consumo de los hogares. Por otra parte, hay quienes critican la medida y cuestionan su intento de influir en decisiones que exceden su competencia, como la necesaria reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, para dar una discusión seria en esta materia, tal como en el fútbol, debemos bajar la pelota al piso y plantear los términos del debate en su origen. Si no, estaremos debatiendo sobre cuán bueno es el remedio antes de averiguar a cabalidad cuál es la enfermedad.

Desde marzo de 2020, cuando se decretó la catástrofe sanitaria por la pandemia de COVID-19, el país entró en una vorágine de incertidumbre y una brusca caída de la producción y el empleo. La pérdida de dos millones de puestos de trabajo y de los correspondientes ingresos por la paralización de actividades, no fueron suficientemente compensados por el seguro de desempleo cuando era aplicable, mientras el trabajo informal quedó a la deriva. La suspensión de contratos sin despido fue financiada por los fondos de seguro de cesantía. El Ingreso Familiar de Emergencia se fijó en un nivel muy inferior a la línea de la pobreza, y abarcó a las familias del 40% más vulnerable y que estuvieran inscritas en el Registro Social de Hogares. Es decir, se puso en práctica una política hiperfocalizada. La medida fue un fracaso y llevó a la ciudadanía a exigir los retiros sucesivos de parte de sus fondos de pensiones para compensar la pérdida del empleo e ingresos. Esto fue de exclusiva responsabilidad de Sebastián Piñera y de la ausencia de una política capaz de sostener los ingresos de las familias y evitar su sobreendeudamiento o caída en la pobreza.

La encuesta Casen, aplicada a fines de 2020, reveló que la pobreza subió hasta abarcar a 2,1 millones de personas. No es menor que unas 940 mil mujeres perdieran su empleo por la crisis y que solo se hayan recuperado 420 mil, es decir, proporcionalmente menos que los empleos masculinos. La gran mayoría de ellas debió salir de la fuerza laboral por las tareas de cuidado. La situación es aún crítica, pero esto se vuelve más dramático ante la ausencia de políticas pro empleo, salvo algunos subsidios de cobertura insuficiente. La reactivación económica se ha centrado en la expansión del crédito y en la baja de las tasas de interés por el Banco Central, junto a políticas de crédito subsidiado (Fogape) con resultados en la recuperación del empleo formal. Pero aún faltan 900 mil puestos de trabajo informales y por cuenta propia para llegar al nivel de ocupación previo a la crisis. La fragilidad de las pymes, del empleo informal y de los cesantes es lo que empuja la demanda por un nuevo retiro desde los fondos de pensiones.

La política fiscal ha sido llevada con gran impericia. En 2020, cuando arreciaba el desempleo, el grueso de las ayudas públicas y desgravaciones tributarias fueron hacia el gran empresariado, sin que se usaran las reservas fiscales con más apoyos a las pymes y a las familias. Fue solo después de las grandes derrotas electorales de la derecha de mayo de 2021 que Piñera decidió cambiar de política y establecer el IFE universal. Pero, de nuevo, con una gran irresponsabilidad: aumentó el gasto público en un tercio, lo que no tiene parangón en la historia de Chile, pero sin enviar el proyecto de ley que terminaba con diversas exenciones tributarias que comprometió para ayudar a su financiamiento, ni comprimir el gasto en áreas prescindibles. El déficit fiscal estructural será llevado a más de 10% del PIB en 2021, lo que es insostenible. O se baja el gasto público en 2022 en 25% o más, lo que dejaría al próximo gobierno en una situación crítica, o se realiza una reforma tributaria que restablezca los equilibrios.

Entre tanto, desde enero la inflación ha aumentado de 3,1% a 4,5% en ritmo anual. La aceleración de la inflación ha ocurrido por situaciones puntuales de escasez y por la devaluación del peso desde marzo, que encarece las importaciones, junto al gran aumento del precio del petróleo. Pero el IPC de los bienes no sujetos al comercio internacional ha aumentado solo de 2,1% a 3,0% anual, aunque el incremento de precios de frutas y verduras y otros productos de primera necesidad ha sido sensible. Aunque se trata de alzas transitorias, la política errática del gobierno ha llevado al Banco Central a aumentar las tasas de interés para actuar sobre las expectativas, pero al riesgo de dificultar la recuperación de las pymes y del empleo.

Por tanto, para ser precisos, es necesario reconocer que gran parte de la situación económica que actualmente vive el país es producto de la negligencia e improvisación del gobierno, la que, además, llevará a un frenazo de la economía en 2022. Los principales costos de la crisis económica han sido asumidos por las trabajadoras y los trabajadores. El problema principal es que el gobierno de Piñera persiste en negarse a una política de ingresos permanente y a una reforma tributaria que permita consolidar la situación fiscal y una distribución más equitativa de la riqueza. Esta es una tarea que deberán asumir el próximo gobierno y el próximo Parlamento.

Decisiones económicas cuestionables

En La Mirada Semanal 

La actividad económica se situó en el trimestre terminado en julio de 2021 (últimos datos disponibles) al mismo nivel que el terminado en enero de 2020, al iniciarse la crisis de la pandemia, aunque con diferencias sectoriales por la mayor o menor fluidez en las cadenas de suministros. Ha sido empujada por la demanda que proviene del consumo de los hogares y de la mayor liquidez de la que disponen. Más aún, en términos desestacionalizados, la producción agregada está por encima del nivel previo a la crisis.

No obstante, no estamos frente a un exceso generalizado de demanda. La capacidad instalada fue ocupada en el pasado reciente en niveles mayores. Nadie señaló que a fines de 2019 la economía estaba sobre calentada. Tampoco lo está ahora. Y la recuperación del empleo se ha quedado atrás respecto a la producción, especialmente el empleo del sector informal de baja productividad. Falta nada menos que crear 914 mil empleos para volver al nivel previo a la crisis.

Fuente: Banco Central

El aumento de la inflación en los últimos meses es fruto de la mayor demanda, pero sobre todo del tipo de cambio y del aumento de los combustibles, así como de una menor oferta temporal de algunos alimentos e insumos. El Banco Central atribuye las presiones inflacionarias sobre todo a los efectos producidos por aumentos de la demanda de los hogares, en una estimación cuya exactitud no es evidente por las interacciones de unos y otros efectos, como la inflación de costos “de segunda ronda” por el incremento del precio de los combustibles. Lo que es claro es que los bienes sujetos al comercio internacional están aumentando en 5,9% anual, mientras el resto lo ha hecho solo al 3% anual. La oportunidad de subir la tasa de interés en este contexto, junto a una tasa de desempleo combinada de quienes buscan trabajo y no lo encuentran y de quienes no lo hacen, pero están dispuestos a trabajar, que se mantiene en 19%,  y en medio de una caída mensual de la producción de bienes de -0,9%, es bastante discutible, por decir lo menos.

El aumento de la tasa de descuento del Banco Central del 0,75% al 1,5% encarecerá el crédito, lo que no es una buena noticia para sostener la producción lo suficiente como para absorber el empleo perdido e impedir más quiebras de mipymes, aunque tendrá algún efecto para bajar el dólar (al tender a traer más capitales golondrina desde fuera) y disminuir la inflación importada. El balance entre el efecto negativo en la actividad y el empleo en las empresas de menor escala (salvo que el gobierno aumente o prolongue los créditos Fogape subsidiados) y el efecto positivo en una inflación más baja, es de resultado incierto. Aquí se aplica lo señalado por Kaushik Basu, execonomista jefe del Banco Mundial en estos días: “Alguien que ve sus propias proyecciones como expresiones de ciencia pura es tan peligroso como alguien que se guía por la superstición. No hay manera de predecir con certeza qué ocurrirá mañana. Cuando se habla del futuro, no tenemos otra opción que usar nuestra intuición para decidir cuándo podemos extrapolar datos del pasado y cuando no podemos hacerlo. Es de esperar que como especie hayamos hecho evolucionar una intuición que sea al menos en alguna medida confiable. Un problema adicional es que la mezcla necesaria de ciencia dura e intuición o juicios tiende a diferir entre las especialidades económicas. En algunas ramas, como el diseño de subastas, la economía es cercana a la ingeniería, mientras en las de la política fiscal y monetaria depende sustancialmente de la percepción y el juicio”.

Aunque reaccionó bien y a tiempo en la crisis de 2020, es de esperar que ahora el Banco Central no esté preparando una nueva equivocación altamente costosa, como la 2008 con De Gregorio, al sobrerreaccionar frente a una inflación que tiene componentes temporales. Es cierto que el gobierno aumentó a destiempo en un tercio el gasto público en 2021 (nunca visto en la historia contemporánea de Chile), sin reestructurar gastos, eliminar exenciones ni proveer nuevos ingresos tributarios de largo plazo. Pero esto no debe llevar al Banco Central a un cambio drástico de política frente a lo que ve de manera apresurada como un peligro inflacionario permanente. Para seguir absorbiendo los empleos perdidos no se debe seguir aumentando la tasa de interés en los próximos meses, como ha anunciado el Banco Central, en base a un concepto tan vago como la “tasa de interés neutral”. Esta tasa está sujeta en el caso de Chile a muy diversas estimaciones. El Banco Central considera que es del orden de 1% mensual real. Esta estimación discutible podría llevarlo a alzas de la tasa de interés muy significativas (el nivel actual sigue siendo bajo). En cambio, el Banco Central no debiera desviarse del horizonte de 3% de inflación en 24 meses, como es su política declarada, y esperar más datos antes de diagnosticar un exceso generalizado de demanda. Desde luego, la inversión desestacionalizada se estancó en el segundo trimestre. Una política apresurada de alza de tasas puede tener un nuevo efecto negativo sobre las pymes, después del enorme impacto de la crisis de la pandemia en este segmento de la economía, además de encarecer el crédito al consumo, que afecta a los más pobres que el Banco Central dice querer defender de la inflación.

Se echa de menos el objetivo simultáneo de contener la inflación y lograr el pleno empleo, que es de esperar le asigne la nueva Constitución al Banco Central, como en Estados Unidos, en una coordinación estrecha con el Ministerio de Hacienda que permita tener una política económica coherente. Pero para eso se necesita un gobierno coherente, claro, no uno como el actual, que toma decisiones a destiempo e improvisadas.

La nueva andanada

En La Mirada Semanal 

Se va precisando el tono del partido del orden transversal en la campaña presidencial y se perfila la misma mezcla de atribución de posiciones falsas y de tergiversación, con frases perentorias contra la izquierda repetidas hasta la saciedad. Esto se observó con virulencia contra Daniel Jadue y ahora contra la Convención Constitucional, con buenos réditos en la creación de opinión.

Un requisito de las campañas de este tipo es buscar pronunciamientos con credenciales de cierta seriedad para sostener las tergiversaciones. Ejemplo: Arturo Fontaine, que ha tenido posiciones matizadas en temas como el lucro en la educación, se pone ahora en la primera línea de las afirmaciones altisonantes: “el programa de Boric es un viaje a lo desconocido y puede llevarnos a aterrizar en Argentina”. Ahora el tema ya no es Venezuela sino Argentina, pues afirmar que las fuerzas de cambio estén pensando en emular a Maduro es poco creíble (aunque el tema volverá en redes, qué duda cabe). 

Entre 2000 y 2019, según el FMI, Argentina creció al 1,4% anual, lo que no es ninguna catástrofe, y Chile al 3,3% anual, lo que es bastante menos que el 4,6% de Bolivia (país dirigido por un indígena, ¡no puede ser!) y el 4,5% de Perú (¿con toda su inestabilidad? ¡tampoco puede ser!).  Recordemos, en todo caso, que la Argentina peronista mantiene equilibrios sociales, como la gratuidad de la educación superior desde hace 70 años (¡qué populismo más grande!). Y ha debido lidiar con el neoliberalismo extremo de Menem y de Macri en el período reciente y su muy mal récord económico, que llevó a un endeudamiento e inflación galopantes. ¿El argumento de Fontaine? Que Boric cambió de opinión sobre el retiro de fondos de AFP y que “ese viraje sólo se explica por una convicción: hay que priorizar a toda costa los intereses electorales de corto plazo. ¿En qué consiste el peronismo sino en eso?". Esto es simplemente ridículo. Fontaine debiera, para ser coherente, afirmar que toda esa derecha que vota por los retiros y hace demagogia todos los días es peronista. Pero quedaría demasiado al descubierto, aunque el objetivo es evidente: "para las y los chilenos sería mejor que Boric cambiara su programa". El despliegue mediático y a través de las corporaciones tipo Espacio Público y CIEPLAN para que esto ocurra ya está en operación. 

En efecto, las afirmaciones de René Cortázar, fallido candidato a la Convención y que pasó de la crítica al neoliberalismo en el CIEPLAN de los años 1970 y 1980 a los directorios de grupos económicos, van en el mismo sentido: “el programa de Boric es una perfecta receta para ahuyentar la inversión”. Nada menos. ¿Las razones?: “la propuesta que él hace es subir los impuestos a las empresas, que ya es 20% superior a los países desarrollados, poner un impuesto patrimonial, bajar la jornada laboral, cambiar el sistema de negociación colectiva para hacerlo más restrictivo y conflictivo, un sistema donde las empresas no puedan despedir trabajadores -aunque lo necesiten-, y, por último, nos propone que el directorio de las empresas sea mitad trabajadores y mitad accionistas”.

Esta última idea efectivamente la ha propuesto Boric y es perfectible tomando el modelo de co-participación alemán en los directorios de grandes empresas. ¿No era que la DC alemana fue la que inventó el dispositivo y que Cortázar aplicó algo parecido en TVN? Pero esto ahora le debe parecer populista, supongo. 

También Boric ha propuesto bajar la jornada laboral y llevarla a 40 horas, como hizo Estados Unidos en 1943. Que se sepa, eso no “ahuyentó la inversión”, menos en un contexto de fuerte inversión pública, como el que también propone Boric, y acompañó grandes ganancias de productividad. 

El impuesto a los altos patrimonios se aplica en diversos países de altos ingresos y tampoco ha derrumbado la inversión. Pero, claro, ha contribuido a la equidad social, como el 1% más rico debiera hacer en Chile.

Lo demás son tergiversaciones puras y simples. ¿Qué es esto “de cambiar el sistema de negociación colectiva para hacerlo más restrictivo y conflictivo, un sistema donde las empresas no puedan despedir trabajadores -aunque lo necesiten- “? La propuesta de Boric es ampliar la negociación colectiva, no restringirla, lo que la experiencia muestra que disminuye antes que amplía los conflictos. ¿No era que en la Alemania de Merkel -que supongo no será para Cortázar una expresión de populismo latinoamericano- todas los contrataciones están sometidas a negociación colectiva por rama y territorio, con titularidad sindical? Ningún contrato puede fijarse al margen de los convenios colectivos. Vaya, ¡qué atentado contra la inversión la que realiza la DC alemana! Que Alemania sea uno de los países más prósperos y competitivos del mundo no viene al caso, faltaba más.

También es una falsedad esto de proponer impedir todo despido. En ninguna parte el programa de Boric habla de algo así. Recordemos, a su vez, que Cortázar fue autor del encarecimiento del despido que se realizó en el gobierno de Aylwin como ministro del Trabajo, al aumentar de 5 a 11 meses el tope de indemnización. ¡Sin que pasara nada ni se ahuyentara ninguna inversión en el momento de mayor crecimiento del país!  

Luego, lo de subir los impuestos a las empresas es otra falsedad, salvo en materia de regalía minera, cuyo aporte se plantea alcance un 1% del PIB para evitar que se siga regalando las riquezas mineras de todos y todas a un grupo de transnacionales y unos pocos grandes empresarios chilenos. Nada se dice en el programa de Boric sobre subir el impuesto a las utilidades de las empresas. En cambio, se plantea modificar “las tasas del impuesto a la renta para los tramos más altos”. Se trata de los impuestos personales y “con esto se busca que este segmento de la población realice un esfuerzo adicional para contribuir a los desafíos de corto y largo plazo de nuestro país”. ¡Qué planteamiento más destemplado!

Habría que preguntar a los nórdicos, franceses, españoles y otros retrógrados europeos como sobreviven con tasas altas en el impuesto a las rentas personales. Como se sabe, allí la gente muere de hambre por las calles por falta de inversión.  Dicho sea de paso, la tasa de impuesto corporativo en Alemania es, por ejemplo, mayor a la chilena, pues al 15% de base se aplica un recargo de solidaridad y un impuesto de comercio por un valor total de 30 a 33%. El impuesto es más alto en las zonas más prósperas y menor en las zonas con menos dinamismo económico. Otra vez, puro populismo peronista.

Así, el partido del orden transversal despliega su arsenal de campaña, llegando en el último tiempo a altas dosis de deshonestidad intelectual y de conducta de barra brava. Es conocido que estas campañas pueden tener éxito. Pero esperemos que los electores no se dejen influir por estas tergiversaciones y sigan constatando que Chile es un país en extremo desigual y en el que las oligarquías económicas abusan de su posición dominante. ¿Habrá una mayoría que siga convencida frente a estas andanadas mediáticas que hay que actuar con prontitud, seriedad y energía para modificar esa doble realidad de inequidad y abuso, que no tiene justificación alguna ni crea crecimiento y menos prosperidad compartida y sostenible? Veremos.

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¿Está sobrecalentada la economía?

 En La Mirada Semanal

No existe evidencia suficiente de un “sobrecalentamiento”, pero lo que molesta a los ortodoxos por razones ideológicas es que el consumo de los hogares esté aumentando y sosteniendo la expansión de la economía por efecto de la mayor liquidez provista por los retiros de fondos de las AFP y por el llamado IFE universal.

Los economistas ortodoxos en versión chilena suelen opinar, las más de las veces sin mayor fundamento, en una lógica de manada convenientemente amplificada por los medios. Ahora circula la idea del “sobrecalentamiento de la economía”.

Precisemos que una economía está sobrecalentada cuando su nivel de demanda excede de modo generalizado las capacidades productivas, lo que provoca inflación y desequilibrio externo. Desde enero, la inflación en ritmo anual ha aumentado desde 3,1% a 4,5% (ver el gráfico). Pero el IPC de los bienes no sujetos al comercio internacional ha aumentado solo de 2,1% a 3,0% anual, aunque el incremento de precios de frutas y verduras ha sido sensible (llegó a 17,5% en ritmo anual en enero, mientras en julio ya bajó a un 6,7% anual).

La inflación puede provenir de presiones de costo o de demanda. La aceleración reciente de la inflación ha ocurrido por situaciones puntuales de escasez, por la devaluación del peso desde marzo, que encarece las importaciones, y por el aumento del precio externo de los combustibles. Las presiones de demanda no son generalizadas y exceden la oferta en el caso de ciertos bienes que han tenido cuellos de botella de abastecimiento de manera temporal (algunos alimentos y materiales de construcción, en particular).

Así, han incidido primordialmente las turbulencias de la economía internacional y de la pandemia. Estas turbulencias no han afectado el ritmo de recuperación de la producción y tampoco de las exportaciones nominales, en un contexto de incremento sustancial del precio del cobre respecto a los años previos que no augura problemas mayores de balanza de pagos. El déficit en la cuenta corriente fue de -3,3% del PIB en el segundo trimestre, lo que está en rangos razonables.

El nivel de producción en el segundo trimestre de 2021 fue similar al del cuarto trimestre tanto de 2019 como de 2020, y algo inferior a este último. La producción en el segundo trimestre aumentó a un ritmo de 1% respecto al trimestre previo (un 4,1% anualizado), mientras la demanda interna lo hizo en un 1,6%, en términos desestacionalizados. Las remuneraciones reales, por otro lado, han mantenido un buen ritmo de recuperación en la actual crisis y no están siendo carcomidas por la inflación (ver el gráfico). Los que la sufren más son los trabajadores informales, pero a ellos están llegando las ayudas monetarias.

Así, han incidido primordialmente las turbulencias de la economía internacional y de la pandemia. Estas turbulencias no han afectado el ritmo de recuperación de la producción y tampoco de las exportaciones nominales, en un contexto de incremento sustancial del precio del cobre respecto a los años previos que no augura problemas mayores de balanza de pagos. El déficit en la cuenta corriente fue de -3,3% del PIB en el segundo trimestre, lo que está en rangos razonables.

El nivel de producción en el segundo trimestre de 2021 fue similar al del cuarto trimestre tanto de 2019 como de 2020, y algo inferior a este último. La producción en el segundo trimestre aumentó a un ritmo de 1% respecto al trimestre previo (un 4,1% anualizado), mientras la demanda interna lo hizo en un 1,6%, en términos desestacionalizados. Las remuneraciones reales, por otro lado, han mantenido un buen ritmo de recuperación en la actual crisis y no están siendo carcomidas por la inflación (ver el gráfico). Los que la sufren más son los trabajadores informales, pero a ellos están llegando las ayudas monetarias.

Este tipo de fluctuaciones del IPC general no es desconocido en el período reciente. En 2015, el PIB creció en 3,2% con una inflación de cerca de 5% anual, la que luego declinó, sin mayores consecuencias.

En suma, no existe evidencia suficiente de un “sobrecalentamiento”, por lo que parece pertinente enunciar la hipótesis según la cual lo que molesta a los ortodoxos, pero por razones ideológicas, es que el consumo de los hogares esté aumentando y sosteniendo la expansión de la economía por efecto de la mayor liquidez provista por los retiros de fondos de las AFP y por el llamado IFE universal. La idea que la política económica debe buscar el pleno empleo y estimular la demanda para sostener el dinamismo de la oferta, de modo de usar al máximo las capacidades instaladas e inducir su expansión (enfoque hoy en algún sentido aplicado por el gobierno obligado por la crisis), contrasta con el enfoque centrado en la economía de la oferta. En este enfoque, todo estaría determinado por los costos empresariales, lo que lleva a los economistas ortodoxos chilenos a centrar su esfuerzo intelectual en repetidas propuestas de contención salarial y tributaria, sin ninguna preocupación por el pleno empleo en el corto plazo, el que vendría algún día indeterminado si las empresas tienen muchas utilidades y se expanden.

Además, exponen una fobia sistemática al gasto público, el que, junto a tener un efecto multiplicador para sostener la demanda en situación de subempleo de recursos, está más que demostrado que, en tanto expanda las infraestructuras e incremente las capacidades humanas (especialmente mejore la capacitación y salud de la fuerza de trabajo), es altamente beneficioso para el crecimiento en el mediano y largo plazo. Su rol es, además, proveer bienes públicos y realizar transferencias a las familias, que son indispensables para el bienestar de la población. Pero estos son temas siempre secundarios para nuestros ortodoxos, para no hablar del medioambiente.

El problema con ellos es que sistemáticamente recomiendan medidas recesivas de la demanda (contrariamente a lo que hace la FED norteamericana, a la que debieran seguir más de cerca), pues se inspiran en un enfoque macroeconómico simplista e inadecuado. Esto ocurrió en 2008, por ejemplo: frente al aumento de los precios de los alimentos a nivel internacional, que llevó la inflación al 9,9% anual, el Banco Central entró en pánico y aumentó la tasa de interés incluso en septiembre de 2008, en plena crisis financiera que precedió la mayor crisis mundial en 70 años y no las bajó sustancialmente sino hasta enero de 2019, meses después de desencadenada la crisis. Este absurdo ayudó a precipitar a la economía chilena en una recesión evitable de -1,6% del PIB en 2009, contrariamente a los vecinos (Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay no experimentaron una recesión), que actuaron de manera más inteligente. Algo parecido ocurrió en 1999, cuando el Banco Central aumentó drásticamente la tasa de interés y precipitó otra recesión evitable. Hoy como nunca es necesario no dejarse llevar por la cifra de un mes y considerar que se debe sostener una demanda interna vigorosa al menos hasta absorber los 900 mil empleos aún no recuperados luego de la crisis.

Una inflación mensual y anual como la registrada en agosto no justifica tomar medidas monetarias y fiscales recesivas, sino seguir situándose en un horizonte de 3% de inflación anual, pero no en el corto plazo sino en los próximos 24 meses, como es la política adecuadamente fijada por el Banco Central.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.