El caso Carozzi y la plutocracia
El incidente Carozzi-La Red puso en evidencia la manipulación de lo medios por el dinero. Ahora cabe repensar el paisaje mediático chileno y crear nuevas instituciones y mecanismos de control democrático para terminar con la captura del poder político por la oligarquía económica.
La empresa privada (con fines de lucro, pero también eventualmente sin esos fines o con fines mixtos) cumple un rol necesario para producir bienes y servicios en economías complejas y dinámicas. Pero para que esa función sea socialmente útil, debe hacerlo centrando su actividad en el buen servicio a bajo costo con permanente innovación, y no en la extracción de rentas sociales o ambientales. Para ello debe respetar los derechos laborales, la economía circular y la protección del entorno natural y de las comunidades en que se desevuelve, así como los derechos de los consumidores. Todo esto requiere de marcos regulatorios apropiados democráticamente establecidos.
A estos marcos las oligarquías económicas se han opuesto y se oponen con frecuencia en todas partes. En Chile lo hacen férreamente, emulando la cultura de la hacienda heredada de la colonia. Por eso sus corrientes más conservadoras se esmeran en intervenir y controlar la democracia, o suprimirla, como en 1973, precisamente lo que reseñaba el documental La Batalla de Chile. En la actualidad, lo hacen tanto mediante mecanismos de veto minoritario a favor de sus representantes e intereses como a través de la creación de climas de opinión que les sean favorables a través de los medios de comunicación comerciales.
Lo hecho por la empresa Carozzi al retirar su publicidad de La Red por difundir un documental que no es de su gusto, es simplemente inadmisible desde el punto de vista de los principios democráticos y de la libertad de expresión, como antes lo fue el financiamiento ilegal de campañas por grupos económicos. Los principales dueños de Carozzi son la familia Bofill y la empresa sudafricana Tiger Brands. Forma parte de su directorio Carlos Cáceres, ministro del Interior de Pinochet.
Ya había actuado en el mismo sentido el señor Juan Sutil y su grupo empresarial retirando el avisaje a CNN Chile por la cobertura de la protesta social. Es la oligarquía económica en acción, usando sus recursos para pautear a los medios, cuando no los compra directamente, como los ex canales universitarios 11 y 13. Nos enteramos, además, que Carozzi es parte del generalizado irrespeto de los derechos de los trabajadores que caracteriza al “modelo chileno” que tanto defiende el gran empresariado. En efecto, de acuerdo a dirigentes sindicales entrevistados por Interferencia, “Carozzi ha insistido en generar prácticas antisindicales y amenazas, lo que ha generado que en diez años el sindicato que agrupaba a más de 500 personas hoy no tenga más de cinco socios oficialmente”. El sindicato no sometido a la gerencia cuenta con socios clandestinos, que esconden a la empresa su afiliación para evitar represalias: “muchos de los socios fueron despedidos y otros renunciaron al sindicato”. La familia Bofill es una de las principales donantes del candidato Sichel, dicho sea de paso.
¿Es una exageración sostener que la pretensión de la empresa Carozzi es la de prolongar la concepción de Eduardo Matte Pérez, parlamentario, ministro e hijo del fundador del Banco Matte, antecesor del actual grupo Matte? Recordemos que este sostuvo en 1892 la canónica frase según la cual “los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Ha pasado desde entonces mucha agua bajo los puentes y los avances democráticos son considerables, fruto de sistemáticas luchas sociales y políticas. Estas hoy se han acelerado y dado lugar al proceso constituyente en curso. Pero para una parte de la oligarquía económica, la pretensión parece ser hoy la misma que en el siglo XIX, la que la Real Academia Española define como plutocracia:
la “situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado”.
El futuro orden constitucional y su respectiva legislación debieran, en primer lugar, hacer prevalecer el principio de mayoría en la toma de decisiones públicas para terminar con el poder de veto de las oligarquías. En segundo lugar, no someter más a la TV pública al financiamiento de empresas privadas, sino sostener su rol de sustento del pluralismo y de la promoción de la cultura y sus diversidades (junto a un sistema de radios públicas de calidad y educativas como en Gran Bretaña, Francia o España) con una tasa modesta aplicable a la compra de televisores, como en los mencionados países y otros europeos. Y sancionar expresamente en la ley el uso de la publicidad por los avisadores para censurar o discriminar contenidos en la TV privada. Cuando estos quieran hacer publicidad para sus productos, la legislación deberá establecer que su dinero no les da derecho a vetar ni promover contenidos.
Cabe considerar, por otro lado, que el cambio tecnológico será una buena ayuda para ampliar el paisaje audiovisual y su pluralidad. El futuro de la TV estará marcado por la televisión digital terrestre, ya en uso en condiciones “experimentales”. Esta ya incluye canales universitarios, algunos nuevos y otros que renacen después de haber sido abandonados y vendidos al mercado en las décadas pasadas, como lo fue en gran parte también TVN, obligada a vivir de la publicidad. Este es, junto a la política minera y la privatización de las empresas sanitarias, uno de los mayores errores de la transición, que los que pensábamos otra cosa no logramos evitar. Es una de las peores concesiones al poder económico privado de quienes se amoldaron al dominio oligárquico, y aseguraron así el financiamiento de sus campañas o bien el trabajo en grandes empresas después de pasar por el gobierno o por la política.
Con la televisión digital abierta se abrirá un mundo de más amplias posibilidades plurales de expresión audiovisual. La ley de 2014 y su reglamento de 2015 son un buen avance, perfectible en el futuro. El “apagón analógico“, que consagrará la generalización de este formato televisivo, estaba programado para 2020 y se amplió a 2025 por presión de los actuales canales. Ya existe en muchas otras partes. El nuevo gobierno debiera adelantar a 2023 su puesta en práctica. Este conjunto de procesos debieran considerarse como parte esencial del proceso constituyente que dará forma a una nueva República democrática y plural en Chile.
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