viernes, 18 de abril de 2008

Ética Pública

El Senado ha destituido a una ministra invocando la responsabilidad frente a irregularidades y mala gestión. Este es un buen principio: nunca debe quedar impune el desvío de recursos públicos para fines particulares (definición comúnmente aceptada de la corrupción) ni su mala administración caracterizada. Solo que para lo primero está la justicia y para lo segundo los órganos de control, que nadie cuestiona están haciendo su tarea. Una destitución ministerial seguida de impedimento cívico por cinco años podrían a lo mejor justificarse si la autoridad estuviese interfiriendo gravemente en la labor de estas instituciones e incumpliendo expresamente las normas vigentes. No es ni ha sido el caso, si es que nos atenemos a un mínimo de ecuanimidad. La justicia está actuando, hay personas en la cárcel y otras tantas imputadas por el tema de las subvenciones escolares, mientras la Contraloría investiga de manera independiente.
Juzgar la diligencia y pertinencia de la acción ministerial, siempre opinable, está para el debate político, tal vez para una interpelación, pero no para una tan grave sanción como la que se ha producido. Ha habido por parte de una mayoría circunstancial del Senado un ánimo de utilizar un mecanismo claramente excepcional para hacer daño a la ministra Provoste, al gobierno y a la Presidenta Bachelet. Es una acción injusta que está en línea con lo que la derecha ha sido siempre en Chile: intolerante y vengativa. Es apenas un aperitivo de lo que se puede esperar de ella si vuelve a llegar al gobierno.
Pero también se sumaron dos votos de personeros que fueron electos en las listas de la Concertación y que, más que eso, han compartido de manera destacada las luchas democráticas en el país. Es cierto que fueron expulsados o empujados a irse por las directivas de sus partidos, en un acto de ceguera política que no prestigia a esas directivas. Pero ese hecho, que genera enconos y deteriora el clima político, no puede justificar la conducta de Flores y Zaldivar: han sumado sus votos para una medida de fuerza injusta y desproporcionada.
No se puede tolerar, como hemos visto en estos días, graves interferencias corruptas en licitaciones públicas en el Registro Civil o en municipalidades UDI; no se puede tolerar engaños e inauguraciones fantasmas como las que se ha visto en salud; no se puede tolerar redes para liberar a narcotraficantes en la nueva justicia penal; no se puede aceptar desvíos de recursos públicos para actividades políticas ni nepotismos de ninguna especie; no se puede aceptar tampoco la más o menos desembozada interferencia de las oligarquías económicas en el financiamiento de la actividad política o su búsqueda de influir en el gobierno, con la costumbre que se va instalando de reclutar a autoridades salientes en directorios privados, las que luego vuelven a ocupar cargos públicos de primer plano. Tampoco se puede aceptar el increíble sistema que se adoptó en una negociación apresurada en 2003 por iniciativa de la derecha que permite a las empresas financiar campañas y además, colmo de las ironías, descontarlas de los impuestos. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, esto está prohibido y nadie puede aportar a un candidato más de 2 300 dólares por campaña. Nada o muy poco estamos haciendo para evitar el condicionamiento de los representantes públicos por intereses privados.
Todos estos hechos nos hacen constatar que la ética pública está cuestionada en Chile. Es deber de todos ayudar a fortalecerla y contribuir a prestigiar la democracia tan duramente reconquistada. Con debate fuerte, con normas más estrictas, con persecución sin excepción de responsabilidades penales, administrativas y políticas cada vez que sea necesario. Pero proporcionales a las faltas constatadas, sin venganzas ni desalojos. En estos días la supuesta defensa de la ética pública se transformó en un pretexto para una estrategia de la tensión que recibirá una vez más el rechazo de la mayoría de chilenos que valora la firmeza y el compromiso con la probidad, pero al mismo tiempo valora el sentido de justicia y de las proporciones, así como el esfuerzo por mantener una convivencia civilizada.

jueves, 10 de abril de 2008

Cinco razones para un cambio

El PS está llamado a renovar a sus autoridades en todos los niveles el 27 de abril de 2008. Todo evento electoral suscita tensiones y pasiones, pero hemos visto florecer como nunca la descalificación desde las filas de la dirección saliente a quienes hemos sido sus opositores leales. Es el momento de volver a encauzar el debate por la senda de la reflexión y de la crítica política pertinente a las conductas políticas o con efectos políticos. Los que nos hemos opuesto a la actual dirección entendemos que las grandes opciones políticas y programáticas para el próximo período ya fueron definidas por el Congreso de Panimávida, cuyas resoluciones –que dicho sea de paso aún no se publican, como ya ocurrió con las del Congreso de 2005, que nunca fueron dadas a conocer- compartimos en su línea gruesa. Nos comprometemos a contribuir a ponerlas en práctica. Aquí se expondrá, en cambio, lo que, en términos personales, creemos son cinco buenas razones para optar por un cambio en la orientación y en la dirección del Partido Socialista.


1. La dirección actual ha buscado dividir artificialmente al partido
La actual dirección ha reeditado la conocida técnica de identificar buenos y malos e incitar a descalificar y marginalizar a estos últimos en nombre de los primeros. Los buenos son lo que estarían con la Presidenta Michelle Bachelet y los malos los que estarían en contra de ella. El problema es que no hay en el Partido Socialista, hasta donde se puede apreciar, opositores a la persona de la Presidenta Bachelet, a su programa de gobierno o a la orientación general de su gestión. Y eso es un gran activo para la Presidenta, que una dirección responsable debiera buscar valorizar, cuidar, cultivar, extender. Por el contrario, la dirección en ejercicio ha inventado literalmente un conflicto donde no lo hay, con el solo objeto de reforzar la posición de quienes ejercen el poder interno. Dicho sea de paso,
es de una gran deslealtad con la Presidenta no buscar sumarle los apoyos de que dispone de parte de todos los socialistas.
Naturalmente, habrá siempre sobre tal o cual aspecto de la gestión de gobierno valoraciones críticas de mayor o menor amplitud, que una conducción política debe asumir como parte de la vida democrática del partido y del país. Tanto es así que la mesa partidaria ha realizado fuertes críticas, por ejemplo, a la actitud gubernamental de trasladar a los tribunales la aplicación de la ley de subcontratación, a la conducción de la Cancillería o a medidas económicas como rebajas tributarias a la incorporación de tecnología. Incluso un diputado defensor de la mesa directiva le ha pedido públicamente la renuncia a una ministra acosada por la derecha
Cuando el derecho constructivo a la crítica que es propio de la democracia lo ejercen miembros del partido que no son parte de la mayoría actual, entonces son desleales, “no están en las duras y en las maduras”, son opositores, esquizofrénicos y otros epítetos variados que no buscan argumentar, sino descalificar y deslegitimar para mantener en pie la idea de la división del partido entre buenos y malos.
Se podrá discutir el mérito de cada uno de los debates que emergen sobre la política de gobierno, y en ocasiones su franca no pertinencia, pero no es legítimo poner en cuestión el derecho que le asiste al Partido Socialista y a sus miembros, junto al deber primordial de apoyar al gobierno al que contribuyó a dar origen, de proponer políticas y de criticar aspectos puntuales que pudieran merecerle reparos en la gestión pública y en la tarea legislativa. Ese derecho lo hemos ejercido, por lo demás, durante los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos, como a todos consta, incluso mediante rechazo a algunas legislaciones, sin que nadie pueda sostener que el PS no ha sido leal con la coalición y sus gobiernos. Y habrá siempre puntos de vista que emanan de su identidad política misma, que es previa a todo gobierno y se prolongará más allá de ellos.
Ante la apelación apolítica a la disciplina, baste recordar como funcionan las democracias maduras. En EE:UU: el actual candidato republicano a la presidencia, John McCain, recientemente recibido por Bush en la Casa Blanca como su candidato, votó en contra de la rebaja de impuestos a los más ricos, entre otras votaciones contrarias a su gobierno, sin que nadie rasgara vestiduras. En Europa, las coaliciones mayoritarias discuten permanentemente entre sus componentes las opciones gubernamentales. La democracia es el conjunto de instituciones que no solo no reprimen sino que protegen el disenso y lo dirimen mediante la regla de la mayoría de votantes políticamente iguales que participan periódicamente en las decisiones públicas.
El PS no es un órgano de la administración pública ni está sometido al principio de jerarquía estatal, es un organismo vivo y plural que combina la representación de diversas expresiones de la sociedad civil con la acción a favor de un proyecto democrático de transformación social igualitaria. La sabiduría de una dirección es conducir ese organismo vivo, no buscar reprimirlo y alinearlo con un fanático afán de control. La disciplina vacía no puede imponerse a la deliberación razonada y a la libre adhesión propios de un partido democrático. Entre sentido de la autoridad, que siempre debe estar presente en política para lograr cohesión y resultados, y autoritarismo, que debe rechazarse por ser contrario a los valores democráticos, hay un abismo.
El modo autoritario de concebir la política en parte de la izquierda se ha traducido, cuando determinadas circunstancias históricas le han permitido hacerse del monopolio del poder, en el fenómeno de las dictaduras estalinistas. En buena hora, las tradiciones democráticas recuperadas en el país, a un alto costo para todos, y la existencia histórica de una fuerte izquierda libertaria, no lo hacen posible en Chile. Y para que este tipo de política autoritaria nunca se afiance entre nosotros –con la dictadura militar de derecha ya tuvimos suficiente y con las experiencias fallidas del bloque soviético tuvimos más que suficiente- debemos empezar por hacerla retroceder en el Partido Socialista, respetuosa y democráticamente, pero con gran firmeza.


2. La dirección actual ha dado legitimidad y apoyo a opciones liberales contrarias a las definiciones programáticas del Partido Socialista
La Concertación es una coalición plural de partidos y corrientes de opinión de centro e izquierda. Quienes la concebimos y creamos hace 20 años, y la prefiguramos hace 25 años en medio de fuertes críticas de algunos de nuestros descalificadores actuales, entendíamos y entendemos que en ella caben las corrientes liberales que estén por la democracia y no se opongan a las políticas públicas de redistribución de los ingresos. Que no crean mucho en ellas o que las quieran de muy baja intensidad es otra historia.
Como otra historia es que el Partido Socialista renuncie a su misión histórica y a hacer prevalecer en buena lid sus ideas programáticas sobre las opciones liberales y renuncie a su rol promotor de los derechos de los trabajadores, de los servicios públicos, de los sistemas de ingresos mínimos sociales, de los sistemas de cobertura de riesgos en empleo, salud y vejez, de mecanismos extendidos de igualación de oportunidades y de estrategias públicas de desarrollo productivo. Ha sido penoso y doloroso para una generación de socialistas que han hecho importantes esfuerzos por renovar y actualizar nuestras ideas, pero sin jamás renunciar a nuestras convicciones y valores de izquierda, ver como se termina apoyando, por acción y por omisión, en nombre de una supuesta lealtad mal entendida o de la ridícula afirmación de que no se puede gobernar desde fuera, la visión de Estado mínimo que promueven los ministros liberales y sus corporaciones, que reivindican abiertamente desde dentro y desde fuera esa opción y la practican con el apoyo expreso de la actual dirección.
En la Concertación han retrocedido en el tiempo las ideas liberales (véase el Congreso Ideológico del PDC, por ejemplo), mientras han aumentado su poder político y su capacidad de copamiento de funciones públicas cruciales. Es cierto que de esa manera se cosecha aplausos de la prensa de derecha y del poder económico.
Esto se ha traducido crucialmente en la parte final de la gestión del Presidente Lagos en la disminución del peso del gasto público en el PIB, luego de un incremento inicial. En el período de la Presidenta Bachelet se ha traducido en una política de uso de los recursos fiscales excepcionales en extremo conservadora y en un inmovilismo económico sorprendente. Más aún, se ha promovido una reforma a las pensiones que va a implicar que se gastará proporcionalmente menos en esta área al terminar el gobierno de la Presidenta Bachelet que a su inicio, y que en el largo plazo va a llevar a que se gastará menos en pensiones civiles solidarias que en pensiones militares (1% del PIB contra 1,6% del PIB). Desafío a que la actual dirección desmienta estas cifras. Y se ha promovido rebajas a los impuestos de las empresas con el único efecto de enriquecer aún más a los más ricos, que no prosperó por el disenso activo de algunos de los nuestros.
Lo más grave es que el actual es el primer gobierno desde 1990 que ha renunciado a través de su Ministro de Hacienda formalmente a toda reforma tributaria para aumentar los ingresos permanentes del Estado (lo que no estaba ciertamente incluido en el programa de gobierno, pero los programas de gobierno se han transformado en papeles sin valor). El Ministro de Hacienda ha pretendido en estos días en un encuentro blairista en Londres que el progresismo es “el crecimiento, el librecomercio, el rigor fiscal y el rechazo al populismo”, en un planteamiento abiertamente neoliberal que de progresista no tiene nada y es idéntico al de los Chicago Boys. Se ha proclamado además por el Ministro de Relaciones Exteriores que el modelo económico de Chile es de una “economía de mercado globalizada”. Estos ministros contrastan abiertamente con la Presidenta en su planteamiento de hacer de la protección social el eje de su gobierno y de la construcción de un Estado Social de Derecho su perspectiva estratégica.¿Debe el Partido Socialista entonces abstenerse de hacer ver la flagrante contradicción entre los dichos y los hechos a la que asistimos? ¿Es eso ser leal? Si así se hace, como es el caso de la actual dirección, no nos extrañemos después del alejamiento de los ciudadanos de la política y del desprestigio creciente de la democracia ante semejantes demostraciones de doble discurso.
El PS debe situarse de una vez por todas en el centro de la complejidad que implica optar por el gobierno social y ecológico de los mercados a través de las instituciones de un Estado democrático y social de derecho. Hay otra alternativa históricamente consistente y viable al dogma hoy en desuso de la planificación central y al dogma libremercadista hoy adoptado por un cierto número de miembros del PS bien representados o bien defendidos por la actual dirección, que es la de la construcción compleja de economías mixtas en Estados sociales de derecho.
En esa complejidad no hay fronteras fijas en la relación entre Estado y mercado, entre regulación y mercado. Hay redefiniciones permanentes de acuerdo a las luchas sociales, a la evolución del capitalismo globalizado y su impacto en las economías nacionales y en la reproducción o ampliación de las desigualdades. El Estado debiera estar permanentemente reactualizando su capacidad de generar condiciones estructurales de redistribución de ingresos y de recursos productivos si acaso quienes lo dirigen creyesen en la necesidad de lograr niveles decentes de igualdad distributiva, de igualación de las oportunidades y de reducción de la explotación de los trabajadores y de la exclusión social. Con esa tarea manifiestamente no ha estado comprometida la actual dirección.
No se puede renunciar a actuar a favor de políticas públicas fuertes y el afianzamiento de la capacidad de organización y negociación de los trabajadores, como lo ha hecho la actual dirección, y además pretender reprimir con argumentos de disciplina ridícula a quienes disienten de esa renuncia y la consideran un grave error político.
El PS debe abrir los espacios intelectuales y políticos para que los planteamientos que hemos escuchado de la Presidenta en materia de opciones económicas y sociales progresistas –y que compartimos- puedan avanzar. Nadie debiera extrañarse ni ofenderse porque el PS cumpla con su misión histórica de representación de los intereses de los “trabajadores manuales e intelectuales”.
Otra cosa distinta son las relaciones de fuerza parlamentaria y la hegemonía de unos y otros en las luchas sociales en cada coyuntura, que permiten avances, provocan retrocesos o generan empates. Pero las luchas hay que darlas responsablemente de cara a los ciudadanos, para eso estamos los socialistas, no para renunciar a darlas.


3. La dirección actual ha tolerado la confusión entre la política y los negocios
O el mercado gobierna a la democracia o la democracia al mercado. Muchos son los países que enfrentan ese dilema contemporáneo con Estados frágiles y con sistemas de partidos débiles. Chile ha sido una excepción en América Latina en la medida que su sistema de partidos es bastante más estructurado que el promedio. Hasta ahora.
En efecto, el sistema de partidos puede sufrir una disolución progresiva si cede ante la presión mediática que prefiere las emociones a los valores, el histrionismo al razonamiento, la gesticulación por sobre la representación articulada y paciente de intereses colectivos. La esfera política permitirá mejor la convivencia democrática en tanto dé lugar a la contrastación de proyectos con alternativas claramente diferenciadas antes que a la mera lucha por el poder carente de significados y sentidos.
Y esa disolución será tanto más rápida si se acompaña del fin de la frontera entre la política y los negocios. Hemos asistido con estupor a la progresiva cooptación de funcionarios públicos que cumplían funciones de fiscalización o regulación estatal por las empresas privadas antes reguladas o fiscalizadas por ellos directa o indirectamente. Ya se instaló en el horizonte de la función pública el paso al sector privado como perspectiva futura de ingresos y posiciones altamente remuneradas. Se podrá imaginar cada cual que eso no contribuye precisamente al mejor cumplimiento de las funciones públicas respecto a los privados. Hemos visto como incluso un ex Ministro de Hacienda dirige a las ISAPRES y algunos ex dirigentes socialistas pasan a formar parte de los directorios de los conglomerados más poderosos del país o a ser los defensores rentados de sus intereses ante los órganos de la administración. En el límite esas situaciones pudieran tolerarse como parte de las opciones individuales de cada cual de acuerdo al ejercicio de su libertad personal, aunque claramente debilitan a la función pública.
Lo que no es tolerable, y desgraciadamente ocurre, es el paso desde funciones públicas a los directorios y la vuelta a funciones públicas, incluso ministeriales de primer nivel en La Moneda. Esa puerta giratoria es la consagración de la influencia del poder económico sobre las instituciones democráticas. Cuando la actual dirección partidaria no dice ni hace nada al respecto, existe un problema grave. Cuando además el segundo dirigente en la jerarquía partidaria (y esta no es una crítica a la persona sino a una conducta con efectos políticos) permanece por largo tiempo como presidente del directorio de una empresa privada lucrativa regulada por el Estado, sin que pase nada, entonces estamos ante el fin de la separación entre política y negocios que se entendía los socialistas promovíamos. Al menos es lo que una anterior dirección partidaria estableció al consagrar la incompatibilidad entre defender rentadamente a las transnacionales del cobre en su ataque al royalty minero y mantener militancia en el partido cuyo líder histórico nacionalizó el cobre, y por lo que, entre otras conquistas nacionales y sociales por las que luchó, terminó entregando dignamente su vida.
No estamos aquí entrando en el dominio siempre controvertible de la ética personal, de la cual nadie tiene el monopolio. Estamos hablando del funcionamiento de un sistema que entrelaza o bien separa el poder político democrático del poder económico. ¿Cómo podría el Partido Socialista criticar en los meses que vienen al candidato de la derecha, que es el paladín de la confusión entre política y negocios, si tolera que algunos de sus dirigentes connotados practiquen, en otra escala, claro, la misma confusión?


4. La dirección actual ha contribuido a la fragmentación y puesta en minoría parlamentaria de la Concertación
Hemos asistido por primera vez a la destitución por la Cámara de Diputados de una Ministra de Estado, lo que eventualmente también ocurrirá en el Senado. Las rupturas parciales en el PPD y el PDC han puesto en minoría a la Presidenta en el parlamento.
Lo inexplicable es que la dirección actual se asoció con entusiasmo a las directivas de esos partidos en sus expulsiones de parlamentarios. Estas son libres de tomar las decisiones que quieran, pero al provocar consecuencias para todos y especialmente para la Presidenta, no pueden no considerar la opinión de sus aliados de coalición ante una consecuencia tan grave como perder la mayoría obtenida en las urnas. Pero el punto de vista de la actual dirección socialista fue de complicidad expresa y declarada.
Así, cuando aún falta la mitad del período presidencial, la situación del gobierno queda no solo fragilizada para llevar adelante su agenda sino también para mantener en sus cargos a los ministros, abriendo la puerta a una situación de hostigamiento grave y desestabilizador. En vez de jugar un rol de composición y acercamiento, la actual dirección socialista, fiel a su lógica autoritaria, contribuyó al quiebre y alejamiento de parlamentarios que son fuertemente criticables en muchas de sus opciones, pero que son más cercanos a nosotros que la derecha pura y dura. Más aún, la idea de sostener con alborozo “ven, en realidad esta gente era de derecha” puede servir para la autosatisfacción de los miopes. Para quienes entienden que la política democrática es sumar y no restar resulta, en cambio, una actitud de ceguera estratégica con graves consecuencias futuras.


5. La dirección actual ha precipitado el tema de la sucesión en vez de abrirle espacio a la tarea de la Presidenta
Tal vez uno de los errores en principio más inexplicables de la actual dirección es el haber abierto a meses de asumida la Presidenta Bachelet en su cargo la carrera por su sucesión. En efecto, era del todo evidente que en un gobierno de cuatro años la presión por abrir esa carrera se iba a manifestar tempranamente y que el PS debía contribuir a evitarlo. La actitud leal con la Presidenta era en estas circunstancias una sola: dilatar todo lo posible esa carrera por la sucesión, y de ese modo mantener el espacio de acción del gobierno recién instalado y la cohesión de la coalición. Salvo que existiera un evidente consenso en el partido y en la coalición que hiciera posible definir tempranamente la situación sucesoria y generar un horizonte de estabilidad mayor a los cuatro años. Ahora bien, es muy poco frecuente que este tipo de consensos se presente, incluso en regímenes políticos de tanta continuidad como el del PRI en Mëxico por setenta años: el llamado “dedazo” se producía sólo al final de la gestión de gobierno.
En todo caso, el hecho práctico que debía tener en consideración la actual dirección era que ese consenso no existía ni en el PS ni en el resto de la coalición. Debió aprender la lección de lo ocurrido en el gobierno de Patricio Aylwin, que a mitad de período ya tuvo que enfrentar roces, en este caso precipitados por la equivocación de algunos ministros políticos de la época que querían definir en función de sus intereses y pareceres la sucesión presidencial, lo que por lo demás resultó fallido. De paso, las proclamaciones del Secretario General de la OEA tempranas y reiteradas por miembros de la actual dirección, hechas con cierta suficiencia un tanto irrealista (recordemos el “prácticamente todos en el PS están con José Miguel”) no contribuyeron para nada a afianzar las opciones del ex ministro y generaron fuertes problemas al PS, al gobierno y a la Presidenta.
Sin embargo, se puede enunciar una conjetura: lo que buscaba la actual dirección era simplemente consolidar su poder interno con la idea de ofrecer un estrecho vínculo no solo con el actual sino también con el futuro gobierno, teniendo a la vista una práctica clientelística que se ha instalado en el Estado nacional, reproduciendo costumbres originadas en la república tradicional y que no parecen ser dignas de ser combatidas demasiado intensamente por la actual dirección. El deber de actuar responsablemente frente al gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de sucesión quedó así relegado a un segundo plano.
****
Una nueva dirección tendrá entonces que tomarse en serio los acuerdos del reciente Congreso, unificar al partido buscando el apoyo de todos a la Presidenta Bachelet, defender las opciones programáticas socialistas en contradicción enérgica con el neoliberalismo, establecer en el partido una separación nítida y tajante entre negocios y política, buscar reestablecer una mayoría parlamentaria para la Presidenta y orientar con serenidad, después de las elecciones municipales, la definición de un candidato único de la Concertación mediante el pronunciamiento popular en el caso de que no pueda llegarse a consensos sobre quien debe encabezar la próxima etapa y producir una nueva derrota de la derecha.

lunes, 3 de marzo de 2008

Entrevista sobre candidaturas presidenciales

En La Nación del 3 de marzo se publicó una entrevista-debate entre Gonzalo Martner y Ricardo Solari sobre la pertinencia o no de proclamar candidaturas presidenciales antes de las elecciones muncipales (ver más).

viernes, 29 de febrero de 2008

Nuevas perspectivas

No es ineluctable un triunfo de la derecha en 2009. Es muy probable que su incapacidad de presentar una alternativa cohesionada y no vinculada al poder económico le haga cosechar una nueva derrota. Siempre y cuando la Concertación se ponga en orden de marcha y enfrente racionalmente, como ya lo hizo en otras ocasiones, las gruesas dificultades que se le presentan.

Lo primero es recuperar el sentido del debido resultado. Permítasenos un breve recuento en la materia. La Concertación se formó hace 20 años para luchar por una salida política a la situación de dictadura y constituir un gobierno que asegurara una transición pacífica con vocación de consagrar una democracia plena y realizar una política social activa. Así se hizo. Este fue el norte del gobierno de Patricio Aylwin y así lo entendieron los ciudadanos, que le dieron un inédito respaldo a su sucesor. El gobierno de Eduardo Frei fue ya menos claro en sus propósitos, estallaron las controversias internas sin concluir en un nuevo pacto programático y luego de años de prosperidad se terminó además manejando mal la economía y actuando de manera equívoca frente al caso Pinochet.

La elección de Ricardo Lagos fue difícil, en medio de un fuerte desempleo que se podría haber evitado. Logró hacer un buen gobierno y sortear grandes obstáculos, lo que de paso lo habilitó para encabezar una nueva etapa de la coalición de gobierno que concluya la parte de la tarea aún no realizada. Su gobierno avanzó de manera impecable en las tareas de la transición política y de la subordinación de las FF.AA. al poder civil, sin obtener, sin embargo, el cambio del sistema electoral excluyente. Sus reformas sociales –seguro de desempleo, reforma de la salud, Chile Solidario- abrieron el camino de un nuevo modelo socialdemócrata para Chile. Este, a su vez, no se consolidó con el necesario incremento del gasto fiscal y un claro rol regulador y de servicio público del Estado. Fue progresivamente bloqueado por el peso adquirido por tecnócratas obnubilados por supuestos ideológicos, conversos a las “soluciones privadas de los problemas públicos” y a la omnipresencia del mercado.

En la coalición no tuvimos la fortaleza, al terminar el gobierno de Ricardo Lagos y reactualizar el programa de gobierno, de debatir en serio sobre la nueva etapa. No nos comprometimos a erradicar el clientelismo y la lumpenpolítica, contra los cuales fuimos pocos en pronunciarnos. Esquivamos los temas de fondo. Preferimos los encantos de la videopolítica, que no son base suficiente para gobernar. Y preferimos sofocar el debate y promover la expulsión de partes de la coalición, que nos tiene hoy sin la mayoría parlamentaria que nos dieron las urnas y con un clima enrarecido. Todo un récord. Y con los responsables contentos de la tarea realizada, demostrando sus reflejos de burócratas rendidos antes los poderes existentes, sin visión moderna de cambio ni capacidad de articular la diversidad.

Debía, en cambio, profundizarse un nuevo pacto para un cambio de modelo económico-social, más desarrollista y promotor del crecimiento sustentable y con mayor capacidad de ofrecer resultados redistributivos significativos. Volvieron a ganar fuerza las opciones neoliberales que no disponen de legitimidad ni de mayoría política, pero si de vínculos tranquilizadores con el poder económico y mediático. Ganó así la oferta de minimizar las políticas públicas y los proyectos emblemáticos para disminuir riesgos (el transantiago demostró que este enfoque los aumenta). Se paralizó diversas obras públicas, se optó por una reforma previsional minimalista (reduciendo en vez de ampliando el gasto público en pensiones civiles en proporción al PIB y con menos gasto en los pobres que en las FF.AA.), se llevó a los tribunales las opciones en materia de subcontratación, se intentó incluso disminuir los impuestos a los más ricos y no se actuó para incrementar el royalty minero, regalándole a multinacionales miles de millones de dólares de todos los chilenos en vez de financiar una contundente política de aceleración del crecimiento mediante la innovación.

Se desdibujó con una administración conservadora del statu quo el compromiso con resultados que permitiesen cohesionar a los actores de la coalición de gobierno y afianzar el apoyo de los ciudadanos frente a una derecha que sigue siendo símbolo de autoritarismo y regresión social.

Nada impide corregir el rumbo. La Presidenta de la República tiene la legitimidad y la autoridad para cerrar una etapa y abrir otra nueva, relanzando su gobierno. De la Comisión de Equidad pueden surgir pistas para asegurar ya no solo una pensión básica limitada sino un significativo ingreso básico solidario a las familias en situación de precariedad. Esto podría en 2009 iniciar un cambio de faz de la pobreza en Chile. Se puede disminuir la precariedad en los contratos de trabajo, apoyar a la PYME bajando las tasas de interés y limitando la revaluación del peso. Se puede disminuir más el desempleo. Se puede terminar con la exclusión del PC, crear gobiernos regionales elegidos y fortalecer la descentralización. Se puede construir victorias municipales y luego parlamentarias y presidenciales.

Siempre que valoricemos el liderazgo presidencial actual y los liderazgos capaces de conducirnos a un nuevo gobierno porque tienen los valores y la inteligencia para corregir errores y la experiencia y la capacidad de abrir nuevas esperanzas de progreso después de 2010.

viernes, 11 de enero de 2008

miércoles, 12 de diciembre de 2007

El proyecto chileno

En La Nación del lunes 10 de diciembre se publicó el artículo "El proyecto chileno".

Chile es un país pequeño y alejado de los centros de decisión. Estamos acostumbrados a ver los fenómenos globales como ajenos. Sin embargo, tenemos una influencia que ganar, junto a otros, y que necesitamos precisamente porque somos pequeños y lejanos. Mientras más el mundo se rija por reglas racionales, mejor podremos enfrentar las consecuencias de los desordenes globales. Y la nuestra no puede ser sino una influencia amistosa basada en ideas y trayectorias.

Un ejemplo es el calentamiento global, que tendrá graves consecuencias, y desde luego en Chile. Se está justo a tiempo para impedir que supere el umbral fatal de los dos grados centígrados. Y nuestro país debe tener una voz en la materia, y un fuerte programa propio de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero que nos dé autoridad para reclamarla, con otros, a los grandes países que provocan el problema. Al esfuerzo de alcanzar un acuerdo internacional fue convocado por la ONU el ex presidente Lagos. En Chile, en vez de congratularse, muchos no han hecho más que minimizar ese rol por razones de política interna, por mucho que en su gobierno se pudo haber hecho más en materia ambiental -siempre se puede hacer más- y deberá hacerse más en el futuro. Así se equivoca el camino y no se defiende el interés nacional.

La paz en el mundo está amenazada, por otro lado, por los reacomodos hegemónicos y la lucha por los recursos naturales. En octubre, Bush levantaba el espectro de un "holocausto nuclear" y el riesgo de una "tercera guerra mundial" por el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. En estos días de diciembre nos informamos que los propios servicios de inteligencia de EE.UU. afirman que Teherán congeló su programa nuclear militar en 2003. Ya sabemos que las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein no eran más que quimeras para justificar la invasión norteamericana de Iraq y acceder a una zona rica en petróleo. Sabemos que la Rusia de Putin se recompone en base a su capacidad energética y reconstituye un poder fuerte con una democracia débil. Sabemos que Europa se amplía, pero debilitando su capacidad de acción. Sabemos que los países emergentes como China e India transformarán su creciente importancia en la economía mundial en influencia política. China ya es el principal mercado de exportación para Chile y lo será crecientemente para el resto de América del Sur, en una dinamización de los intercambios Sur-Sur inimaginable décadas atrás.

Chile necesita en este contexto que se fortalezcan las instituciones y el derecho internacional, y puedan regularse al menos en parte los grandes conflictos en desarrollo. El ejemplo dado por Chile al oponerse a la guerra en Iraq enfrentando las presiones de EE.UU. cuando firmaba un acuerdo comercial, generó admiración y respeto porque no se condecía con su tamaño. Y abrió puertas para una posición de mayor influencia. También Chile hizo lo adecuado al invitar a los países de América Latina a contribuir a la estabilización de Haití y al sumarse al nuevo esquema de Comunidad Sudamericana de Naciones.

Sin embargo, la integración está paralizada por los conflictos de intereses nacionales y una dosis de sobreideologización. Venir, como hizo el presidente Chávez a una cumbre a Chile a contradecir el proyecto de crecimiento con cohesión social representado por la presidenta Bachelet, y generar incidentes verbales mal respondidos, no ayuda a fortalecer un liderazgo de ideas y de proyecto capaz de influir en el contexto global. Para no "arar en el mar", se trata de darle un impulso moderno al proyecto de Simón Bolívar, al que la retórica confrontacional no ayuda. A la postre, el pueblo venezolano, mayoritariamente favorable al avance social promovido por el presidente Chávez, no aceptó validar la personalización del poder, como tampoco el resto del continente acepta el intento de Chávez de transformarlo en zona de influencia para fines de liderazgo personal.

Sería un grave error consagrar en nuestro continente, una vez fracasadas moral y políticamente las dictaduras militares de derecha y dejados de lado los modelos neoliberales del consenso de Washington por ineficaces y promotores de inaceptables desigualdades, la idea que los avances sociales solo son posibles con Estados autoritarios y caudillos a su cabeza. Tampoco hay un modelo chileno libremercadista que vender, como las derechas y algunos organismos internacionales quisieran, pues ese modelo del pasado no convoca a nadie sino a los pocos dueños de la riqueza en el continente. Si hay un proyecto chileno que defender, es el de la democratización con cohesión social basada en fuertes políticas públicas y en una eficacia económica regulada.

En nuestro debate político interno es esencial ver el vaso medio vacío y no dejar el terreno libre a la regresión neoliberal o a la lumpenpolítica dedicada a conquistar posiciones burocráticas en el Estado antes que a avanzar a mayores grados de cohesión social. Ni se debe aceptar la vuelta a la lógica de las "depuraciones", propias de la guerra fría en nuestros partidos políticos progresistas, que creíamos se habían reconstruido respetando la diversidad y la democracia interna para promover con legitimidad la democracia y la tolerancia en la sociedad. Y se debe terminar con la carencia, costosísima para Chile, de control nacional suficiente de nuestros recursos naturales

En la proyección externa de Chile, en cambio, es donde se debe subrayar la parte medio llena del vaso, que por supuesto también existe. La opción de sociedad que combina democracia, progreso social, sustentabilidad y eficacia económica puede y debe ser defendida como un camino en parte recorrido y que debe seguir recorriéndose con una mayor incidencia social y ecológica en la ecuación. La mejor opción no es la sujeción a la potencia dominante sino construir integradamente un mejor bienestar para los pueblos, con libertades y prosperidad compartida, subordinando a los poderes económicos minoritarios, gobernando el mercado desde la democracia. El desafío es hacer de la democracia progresista la gran bandera latinoamericana como la mejor base para la identidad, coordinación y proyección continental. Y decirlo con claridad.

domingo, 9 de diciembre de 2007

Hasta siempre, Francisco Mouat

Hay noticias que golpean, sobre cuando se reciben desde lejos. Acabo de enterarme del fallecimiento de Pancho Mouat. Finalmente descansó cuando no hubo más que hacer contra la enfermedad. Se me vienen a la memoria de inmediato tantas y tantas largas jornadas compartidas, en las que se podía siempre contar con la presencia y apoyo de Pancho. Su trayectoria viene de muy atrás en la juventud socialista, como sobreviviente de la clandestinidad que enfrentó con valentía, en el exilio, en el retorno. Pero Pancho es de los que encarnó desde 1990 la voluntad incansable de trabajar por reconstruir y fortalecer el Partido Socialista como el mejor homenaje a los caídos. Había en Pancho una tenacidad cotidiana, de las que son indispensables para todo proyecto de gran envergadura. En ese contexto lo conocí hace casi dos décadas. Había en él el caracter más bien silencioso de los que no necesitan vociferar sus convicciones, porque las tienen profundas yconsistentes, y un gran sentido de la amistad. Y había siempre en él, más allá del semblante a veces adusto, una actitud humana en el tratamiento de los asuntos cotidianos de la vida del partido, no siempre pacíficos.Tuve el privilegio de trabajar y convivir con Pancho en las más diversas circunstancias y la oportunidad de sostener largas conversaciones sobre esto y aquello. Tuve el privilegio de que aceptara ser mi colaborador directo como presidente del partido, hasta que luego fuera a acompañar a nuestra Presidenta en su campaña, colaborador al que siempre se podía pedir consejo desinteresado y con el cual se podía no solo trabajar dedicadamente en la tarea común, sino sobre todo compartir humanamente. Tuve el privilegio de haber sido su amigo, de esos que no confunden la amistad con los avatares políticos. No podré estar presente para despedirte, Pancho, pero vayan estas palabras para tu compañera, tus familiares, tus amigos, tus camaradas, para decirles que nos inunda la pena, pero que nos ha dejado un gran ser humano cuyo ejemplo nos compromete aún más a todos sus compañeros a seguir trabajando por el proyecto común de contruir una sociedad más justa.

martes, 13 de noviembre de 2007

Entre el enfriamiento y la recesión

Columna publicada en el diario La Nación el 13 de noviembre de 2007

Desde que estalló en agosto de 2007 la crisis del subprime, el crédito hipotecario de alto riesgo, se reveló no sólo la depresión del mercado inmobiliario residencial en EE.UU., sino también la fragilización de la economia mundial, que hasta aquí había podido absorber una tendencia impresionante de incremento del precio del petróleo. Hacia mediados de agosto, la Federal Reserve (FED, banco central de EE.UU.) constató los efectos negativos de la coyuntura financiera sobre su economía bajando sus tasas, en un contexto en que la actividad y los precios del petróleo y de los alimentos alimentaban un incremento de la inflación, demostrando una conducta pragmática. Esa misma conducta de la que carece nuestro banco central, que sufre del síndrome deflacionista y que va acentuando las diferencias entre las tasas de interés en Chile y en el mundo, presionando a la baja el tipo de cambio y agregando un nuevo factor de desaceleración de una economía chilena que podría crecer mucho más rápido.
Se consolida entonces una perspectiva de crecimiento en 2007 y 2008 solo del orden de 2% al año para EE.UU., la mitad de los desempeños habituales de los últimos años. Incluso los más optimistas admiten que una recesión -dos trimestres consecutivos de disminución del producto- no se puede excluir.
No obstante, los "factores de resiliencia" de la economía norteamericana siguen siendo fuertes. No escasean los argumentos que alimentan la tesis de un simple enfriamiento. El crecimiento de los salarios debiera mantener un ritmo sólido, mientras el poder de compra de los hogares debiera beneficiarse de una inflación más baja. Las instituciones financieras habían acumulado antes de la crisis utilidades sustanciales que debieran permitirles absorber el golpe. Las empresas norteamericanas presentan balances satisfactorios y la depreciación del dólar debiera ayudarles en su capacidad exportadora: el comercio exterior sostendría el crecimiento en un 0,7% en 2008. En fin, permanecen márgenes de maniobra presupuestarios y monetarios para enfrentar un eventual inicio de recesión.
En sentido inverso, la desaceleración del consumo y sobre todo la gravedad de la crisis inmobiliaria alimentan las inquietudes. Y según el Nacional Bureau of Economic Research, la economía norteamericana registró diez recesiones desde 1945 y diez de ellas fueron precedidas de una corrección de la actividad inmobiliaria. Probablemente en base a consideraciones de este tipo la Reserva Federal disminuyó nuevamente a fines de octubre la tasa de los Fed Funds.
La disminución de tasas en EE.UU. agravará la caída del dólar contribuyendo a su empuje comercial, pero afectará a Europa. La subida del petróleo tiene sus propios efectos colaterales sobre el crecimiento económico y sobre los precios. La inflación en los países de la eurozona experimentó un aumento interanual del 2,1% en septiembre, cuatro décimas más que en agosto. La inflación supera así el objetivo del 2% anual que se ha fijado el Banco Central Europeo. Las exportaciones europeas están respondiendo bien hasta ahora porque la industria ha hecho un gran esfuerzo de reconversión en los últimos años, pero el nivel actual del euro planteará problemas de competitividad en diversos mercados. Crece la preocupación por la elevada cotización del euro con respecto al dólar estadounidense, el yuan chino y el yen japonés y los europeos invitan a las autoridades estadounidenses a que sigan manteniendo que están a favor de un dólar fuerte; a las japonesas, para que el yen recoja los fundamentos de su economía; y a las chinas, para que fomenten el aumento del consumo interno y mejoren la flexibilidad del yuan, todos hechos que muy probablemente no ocurrirán.
Por su parte, el crecimiento de la economía china supera el 11% al año, contra poco más de 2% en los países desarrollados previsto para 2007-2008. Los ingresos de los hogares chinos se incrementan fuertemente, y la mayor parte de los nuevos recursos los invierten en la bolsa, generando una burbuja financiera que no debiera estallar antes de 2011 o 2002.
En suma, no debiera terminar aún en crisis el reciente quinquenio de oro, que se ha traducido en una aceleración del precio de las materias primas y en la irrupción de China e India como nuevos motores de la economía mundial, precisamente porque están en situación de compensar con su dinamismo en buena medida los resfríos de EE.UU y las dificultades de Europa.

jueves, 25 de octubre de 2007

Intervención Universidad Santo Tomás

FORO SOCIAL, SEMINARIO “CRISIS NACIONALES EN LA HISTORIA DE CHILE”


Universidad Santo Tomás
Centro Innovación Pública
14 de julio 2007


Panel sobre Aspectos Políticos e Institucionales
- Carlos Larraín P., Presidente Renovación Nacional.
- Gonzalo Martner F., Ex Presidente Partido Socialista de Chile
- Joaquín Lavín I., Ex Candidato a la Presidencia de Chile.
- Adolfo Zaldivar L., Senador PDC Undécima Región.



Presentación de Gonzalo Martner (transcripción corregida)

Me interesó y acepté participar en este panel porque la invitación es a debatir acerca de algo que me parece esencial: no sólo los temas que podríamos llamar propios de “la razón instrumental”, que más o menos están en el debate político cotidiano, sino acerca de si hay o no en el país situaciones de crisis en los valores, en aquello que da lugar a la convivencia colectiva. Creo que las otras intervenciones nos han efectivamente incitado a un debate sobre la pregunta de si estamos o no en situación de construir en Chile unos mínimos valores compartidos.

Y quiero entonces hacer unos comentarios muy breves respecto a las intervenciones que escuché. Respecto al profesor Villalobos, debo decir que no comparto prácticamente nada de lo que dijo pero me encanta su interpelación honesta como un republicano auténtico, de ideas más bien conservadoras, desde mi punto de vista por lo menos; pero me parece estimulante el recorrido que hace de las situaciones que considera que deben ser dignas de alerta y de debate.

Quiero hacer dos defensas. Primero del fútbol, que creo que fue injustamente, por parte del profesor, calificado de manera un poco dura. En un artículo algo antiguo, Vargas Llosa se preguntaba: ¿por qué el fútbol suscita estas pasiones tan fuertes? Y contestaba que probablemente para las personas comunes y corrientes el poder identificarse con una parcialidad sometida a contraste, con unos que juegan para un equipo y otros que juegan para otro y que quieren vencerse, pero en el marco de un conjunto de reglas establecidas, y de arbitrajes, es lo que genera esta adhesión. Se trata de una forma de juego y de competencia humana sujeta a reglas claras, que contrasta con la ley del más fuerte y el abuso que prevalece en muchos aspectos de la vida en nuestras sociedades. Creo que hay allí, más allá de la pasión, más allá de la dimensión subjetiva, una apreciación positiva a la que adhiero de esto que el profesor Villalobos llamó opio moderno.

Pero, además, quiero hacer una defensa que me parece muy necesaria de la figura de la Presidenta de la República. Yo he leído cartas a los diarios previas de parte del profesor Villalobos: su postura no es de ahora, era de la campaña presidencial, y la respeto. Pero creo que hay una equivocación profunda en considerar que la actual Presidenta de la República no tendría la autoridad, la prestancia para ejercer el cargo. Yo quiero decir todo lo contrario, dicho sea de paso desde la posición de no tener vínculos de ninguna especie que no sean los de adhesión política y personal de mi parte con el gobierno. Yo no ocupo cargo gubernamental alguno. Lo que pasa es que la Presidenta tiene un estilo, una prestancia, una autoridad distinta, y que debemos – creo - saber apreciar en lo que vale. Es cierto que posee un modo de gobernar que presenta un cierto contraste respecto de aquel del Presidente Lagos, por ejemplo. Pero convengamos que hay algo allí de crítica conservadora, en el sentido de una cierta resistencia a lo nuevo. Hay un nuevo estilo de representar la política, que de algún modo también promovió en su momento Joaquín Lavín. Yo tengo muchas discrepancias con él pero comparto la búsqueda de innovar que él ha tenido, entre otras cosas porque desafió a mi propio campo político a hacer las cosas mejor.

Pero la Presidenta Bachelet es mucho más que un nuevo estilo, al que hay que estar abiertos. Hay que recalcar lo que créanme existe en nuestra Presidenta de la República, que es su muy fuerte carácter. Una mujer que ha sido capaz de sobrellevar tan positivamente y tan abiertamente las difíciles circunstancias que le tocó vivir le permite hoy día ser alguien que, creo, logra unir a Chile frente a sus heridas profundas antes que desunirlo como nadie ha podido hacerlo, y al mismo tiempo desarrolla un programa de gobierno que rendirá sus frutos. Este es un logro muy importante, y así lo recogerá la historia de Chile, más allá de la relevante cuestión de que esta nación se atrevió por primera vez a confiarle su destino a una mujer, dando un ejemplo en nuestro continente y abriendo el camino a las nuevas generaciones de mujeres, y de hombres, para vivir en un país más igualitario.

Dicho lo cual quisiera referirme también a las otras intervenciones. Decía el profesor Frontaura que había que buscar un diálogo republicano, pero agregaba, si no entendí mal, que con la búsqueda de la verdad objetiva y de la distinción entre lo bueno y lo justo. Desde un terreno cultural y político que no es el que él representa, acepto el desafío. Sólo que con una afirmación: no existe una sola verdad y menos la "verdad objetiva" en los asuntos humanos. Quien así lo pretende es porque, y así lo demuestra la historia con tan abundantes ejemplos, considera necesario dominar y sojuzgar a otros en función de su particular visión de mundo, a los distintos de cualquier índole, que por supuesto le resistirán.

No es este el momento y lugar para hacer un debate de epistemología, pero convengamos que la completa separación entre sujeto y objeto, más o menos factible en ciencias lógico-matemáticas y naturales, no es posible en ciencias humanas, y menos aún en las visiones de mundo y las culturas. Esta separación solo puede ser relativa en este campo, en el que existen distintas verdades, todas ellas muy respetables en tanto y cuanto, y ahí hacemos la conexión con el desafío propuesto, se reconozcan ciertos valores compartidos, sin los cuales dejan de ser tan respetables. Cuando escucho la intervención del catedrático Fermandois, que sigue justificando la dictadura y la persona de Pinochet, y extiende la justificación hacia la dictadura militar brasileña (afirmando algo así como que hubo cosas que no fueron muy simpáticas, pero sin importancia frente al tema de fondo que habría sido sacar al país de una crisis), yo sigo diciendo: aquí hay una barrera ética profunda, que ningún discurso con ropaje académico puede soslayar. Si de algo sirve el que podamos compartir estas reflexiones, es para hacer distinciones pertinentes acerca del bien y el mal, acerca de lo justo y lo injusto. Habrá siempre distintas interpretaciones de la historia, habrá respetables verdades y enfoques de cada cual, pero hay ciertas mínimas verdades que debemos proponernos construir en conjunto en función de valores que nos sean comunes y podamos transmitir como tales a las nuevas generaciones. Ejemplo: los problemas de la democracia -ya lo decía Lincoln- se solucionan con más democracia y las violaciones de los derechos humanos son inaceptables e injustificables en cualquier tiempo y lugar, pues siempre los seres humanos tenemos la posibilidad de optar por respetar y proteger la humanidad de los que piensan distinto de nosotros o incluso de los que actúan contra nosotros. Este es uno de los fundamentos éticos de la democracia moderna. Compartámoslo. Estos son procesos, es un trabajo lento, y yo tomo este diálogo como parte de algo que, me doy cuenta, hay que seguir todavía construyendo con paciencia en el largo camino de la modernidad al servicio de los derechos, las libertades y el bienestar del hombre que, en mi caso, entiendo han ido abriendo las sociedades con avances y retrocesos desde la Ilustración y que debe seguir su curso.

Hablemos ahora de las crisis. Si uno toma la palabra crisis como una cierta acumulación de circunstancias de ruptura e inestabilidad, o en el extremo como una situación en donde lo que existe está cerca de derrumbarse, yo diría que es bastante difícil caracterizar la situación chilena como una situación de crisis. Y creo que ese es el mérito de todas las fuerzas políticas chilenas, incluidas las que han puesto trabas de todo tipo a la construcción de una democracia digna de ese nombre pero al final se han ido resignando a la inevitabilidad de la recuperación democrática como el necesario destino de Chile. Creo hemos sabido conducir al país desde una crisis profunda y rotunda en sus bases morales de convivencia, instalado en la violencia y el abuso desde el vértice del Estado, hacia un Estado de derecho, imperfecto; una democracia, imperfecta; un tipo de convivencia social, imperfecta. Pero con todas las imperfecciones incluidas, la recuperación democrática que hemos protagonizado nos permite decir con la frente en alto: “estamos legando un país en el cual no hay desapariciones, no hay exilios, no hay torturas, hay libertades, progreso social y económico, elecciones periódicas, instituciones funcionando y perfeccionándose, legítimos debates, como este, y eso es un inmenso progreso que, lejos de ser una crisis, habla bien de la capacidad reciente de Chile de evolucionar frente a sus problemas".

Pero para que las cosas evolucionen bien, no hay que perder nunca el espíritu crítico, nunca. Jamás hay que perder la capacidad de indignarse frente a lo injusto. Quien tenga legítimas indignaciones frente a cualquier acto gubernamental, o de cualquier entidad con significación social, de corrupción, de mala gestión, de lenidad, de caminos equivocados, de políticas erróneas, de situaciones inadmisibles, expréselo y dígalo. Y mientras más, mejor, como más o menos ocurre en Chile, menos de lo que debiera en mi opinión. Pero eso no es sinónimo de crisis.

Uno no puede actualmente avizorar una situación de crisis política: hay tensiones políticas, hay escaramuzas naturales propias de la vida política, mi impresión es que lo que tenemos es una evolución en los dos campos principales con unos debates interesantes, positivos, de los cuales muchos de los que estamos acá somos partícipes, pero no una situación de crisis. No hay crisis política en Chile, aunque algunos en la derecha de irreductible espíritu más o menos faccioso quisieran que hubiera. Sabemos los chilenos lo que es una crisis política, y no es el caso en la actualidad.

No hay crisis económica tampoco, estamos creciendo a una tasa este año del orden del 6%. Se están creando 200.000 empleos al año, lo que es una cifra muy importante. En una mirada más larga, recalquemos que hemos logrado crecer desde 1990 a una tasa por habitante de 4% al año, que duplica la del régimen militar y del período democrático previo. Se dispone ahora como país más del doble de bienes y servicios que en 1990. El esfuerzo actual es acelerar ese ritmo. Así y todo, si no se lograse, con las tasas de crecimiento por habitante del 4% al año Chile va a tener el nivel de vida de la España de hoy hacia el 2025. Si aceleramos, será antes. Eso no es una crisis.

Si creo que hay una crisis social y una crisis cultural, eso sí en otra acepción de crisis, de crisis como aquella situación en la cual lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En ese sentido tenemos una crisis social, se ha descrito en varias de las intervenciones. Yo digo, con mi propio énfasis, una crisis de desigualdad intolerable. El espacio en que convivimos, o convivimos cada vez menos, se fractura. Tenemos unas ciudades - porque Chile ya es un país urbano con más de 20 ciudades con más de 80.000 habitantes - que crecientemente se polarizan territorialmente como expresión de la disparidad entre grupos sociales y de ingresos, en las que se generan problemas severos de convivencia e integración, con una cierta decadencia individualista de las normas sociales y también con violencias urbanas. Tenemos grados mayores de delincuencia, probablemente provocados entre otros factores por el consumo de drogas profundamente destructivas; y podemos seguir armando una lista relativamente larga y preocupante de temas en la materia.

Creo que tenemos, además, una cierta crisis cultural, con factores nacionales y globales, con un culto al presentismo, a lo inmediato, fácil y simple, con miedos al otro, con prejuicios clasistas y racistas, y con algunas formas de lumpenpolítica (el todo vale para razguñar parcelas de poder al margen de toda idea del interés general) y de videopolítica, como diría Giovanni Sartori, en la que solo se transmiten emociones del momento, todo lo cual no permite construir como debiéramos un proyecto nacional o un debate sobre sus componentes que sea a la vez ilustrado y abierto a todos, temas sobre los que el tiempo disponible no nos permite extendernos hoy.

Por mi parte quiero, respetando las verdades de otros, sugerir - en todo caso está ampliamente desarrollado en un libro que está en circulación - lo que pudieran ser algunos de los planteamientos desde el campo de la izquierda en Chile al que con todas sus luces y sus sombras yo pertenezco - a mucha honra - y que pudieran ser parte de los valores compartidos de nuestra sociedad, mientras otros temas y opciones sean parte del legítimo debate democrático y se diriman en virtud del principio de mayoría.

Primero, hagamos un cierto intento y digamos entre todos: “el tema de los Derechos Humanos no debe ser un asunto de polémica política contingente”, sino que debe presidir nuestra convivencia con el compromiso de todos, tal como está formulado en la declaración universal del año 1947 y los pactos posteriores de derechos económicos, sociales y culturales que Chile ha suscrito. Pongamos sus principios formalmente en una nueva Constitución, porque en la actual tan remendada -lo que ya es un mérito si nos fijamos en su insólitamente antidemocrática versión original- no lo están sino en forma indirecta, y solo gracias a la reforma de 1989 que hace alusión a los tratados suscritos por Chile. Hagamos de esos derechos el fundamento de los valores esenciales compartidos por todos en un proceso de refundación republicana. Hagamos un esfuerzo colectivo de pedagogía política que consagre un país pacificado. Y lo digo sin ánimo de polémica, sino para que todos podamos decirles a nuestros hijos: “Chile tuvo crisis muy importantes, muchos fuimos actores y responsables de esas crisis (aunque no es mi caso en lo personal por razones de edad), unos bastante más que otros, pero aprendimos la lección y queremos legar unos valores civilizados de convivencia colectiva”. Nadie debiera por tanto oponerse a que tengamos un día nacional que celebre los derechos humanos, como acaba de ocurrir con la derecha, que parece tener pocas aptitudes para aprender y mirar al futuro…

Segundo, establezcamos solemnemente que la democracia es la expresión institucional de la posibilidad de que esos derechos constitucionalmente establecidos tengan la capacidad de sobrevivir a los conflictos políticos y que sean respetados en toda circunstancia. Hagamos un compromiso colectivo, de todo el espectro político, para que cualquier situación de confrontación, por aguda que fuese, sea resuelta por las vías de la democracia y no con Golpes de Estado en alianza con poderes imperiales, como el promovido contra el Presidente Salvador Allende; ni que la lucha contra las desigualdades incluya inclinaciones insurreccionales como las que equivocadamente nosotros promovimos, más de palabra que de hecho, en los años 1960 y como parte de nuestra voluntad -que mantenemos- de luchar por cambios radicales frente a las injusticias sociales intolerables existentes en nuestro país. A la larga, no ha estado en el alma auténticamente republicana de la izquierda chilena realizar su proyecto libertario y de igualdad social al margen de la democracia.

Tercero, establezcamos defensas comunes de conceptos esenciales para la legitimidad de las instituciones y de la convivencia democrática, y que cada cual lo haga de acuerdo a los criterios que les resulten propios, como en particular: la soberanía popular como base del sistema político y de la representación democrática; la igualdad ante la ley y la ausencia de discriminación arbitraria; la primacía del mérito ante todo privilegio ilegítimo; la igualdad de oportunidades de acceso a los puestos públicos y a las distintas posiciones sociales, complementada por el deber de asistencia a las personas y grupos en estado de necesidad, especialmente cuando se originan en condicionantes sociales que no les son atribuibles, y también complementada por el deber de aminorar las desigualdades ilegítimas; la neutralidad de la función pública; la equitativa repartición de las cargas públicas, incluidos los impuestos; la protección organizada frente a los grandes riesgos.

Cuarto, pongámonos todos de acuerdo para tener un Estado probo y castigar severamente el tráfico de influencias, el clientelismo y la corrupción. A la señora que está diciendo "aquí se están robando esto o aquello", le digo: créame que a mi señora me provoca como el que más un dolor profundo el que haya corrupción en cualquier ámbito de la vida pública, y así lo he dicho con anterioridad. Pero convengamos que no es posible garantizar la conducta de cada uno de los 450.000 funcionarios públicos; sería mentiroso por parte de una autoridad política decir “yo voy a asegurar que no exista ningún acto de corrupción”, o decir "yo voy a asegurar que no habrá ningún acto de delincuencia" porque eso no es posible. Más aún, cuando un Estado logra que no se hable, que no se conozcan hechos de corrupción, que desgraciadamente son consustanciales a las conductas humanas históricamente verificables, es porque se están escondiendo, o porque están institucionalizados. Pongámonos todos de acuerdo para decir, no que vamos a impedir la corrupción, pero sí que la vamos a combatir implacablemente y que en ninguna circunstancia la vamos a justificar. Eso sí podemos hacerlo y debemos hacerlo.

Quinto, también propongo, en el contexto del esfuerzo de construcción de valores mínimos que podamos compartir, que tratemos en la vida pública de no lanzarnos descalificaciones, y reemplacémoslos por juicios y opiniones a lo mejor fuertes, pero que siempre estén razonablemente fundados. Rechacemos la lógica televisiva del debate político actual, en que se busca la fórmula, la cuña (hay a mi lado un maestro en la materia -Joaquín Lavín- se lo digo respetuosamente) que tiende a disminuir la capacidad de realizar diálogos inteligentes e ilustrados, que son esenciales para que la vida democrática se cultive, se profundice y sea efectiva. La cuña que no explica, que no invita a razonar sino que busca manipular la emoción del momento, termina por empobrecer, irritar y alejar a los ciudadanos de la esfera pública.

Y creo que hay algo que debemos proponernos entre todos cultivar, y por eso me gustó la intervención del profesor Villalobos, que es el compromiso con la consideración hacia los demás. En definitiva, muchas de las cosas que él planteó se resumen en este concepto: pérdida de la consideración hacia los demás. Cuando esto ocurre en la televisión, en la calle, en la actitud de unos y otros actores en la vida colectiva, entonces se va perdiendo ese cimiento que nos permite vivir en común.

Poder vivir en común supone, además, mantener y defender convicciones. Desde que se inició la transición, se ha utilizado de vez en cuando la distinción que hizo el gran sociólogo alemán Max Weber a principios del siglo XX entre lo que el llamaba “la ética de la responsabilidad” y la “ética de la convicción”. El sostenía en 1919 que ambas eran dimensiones que consideraba legítimas pero en definitiva señalaba que había que optar por la ética de la responsabilidad, y relegar la ética de la convicción a un segundo plano. Esto se ha escuchado desde 1990 en personas de mi campo político frente a diversas controversias. Yo quiero invertir esa proposición y decir que hay que actuar con la ética de la convicción, porque la responsabilidad efectiva puede nacer sólo de la convicción. La apelación a la responsabilidad que aparentemente busca relegar los desbordes de las convicciones, en realidad no es sino un modo de actuar en política que busca imponer convicciones bien concretas: la defensa del statu quo.

Cuando se dice “usted debe actuar como yo le digo, porque usted tiene que tener un comportamiento responsable y basarse en la ética de la responsabilidad” entonces se está destruyendo aquello que es esencial: en la vida democrática no hay verdades absolutas, hay deliberación sobre posiciones basadas en convicciones e intereses. Reivindiquemos entonces a estas alturas la ética de la convicción: discutamos unos y otros en la sociedad de acuerdo a las convicciones de cada cual, develemos los intereses de cada cual, proceso del que surgirán con mayor probabilidad las conductas responsables que son indispensables para la convivencia social. La ausencia de deliberación en nombre de la responsabilidad no hace sino esconder la voluntad de imponer a los demás las convicciones propias. Eso no es aceptable para la vida democrática. Así, podremos concluir que, si esbozos de crisis pudieran haber en nuestra convivencia en algunos ámbitos, estaremos en mucho mejor situación de darles una solución con la voluntad colectiva de abordarlos que nace de la deliberación democrática y de la expresión de las convicciones. Muchas Gracias.

martes, 9 de octubre de 2007

Entrevista en El Mostrador

8 de Octubre de 2007
Presupuestos 2007 y 2008: ''Hay que ver para creer''
por Carlos Alvarez
"Creo que hay ideólogos neoliberales en posiciones importantes en el gobierno que buscan cualquier pretexto para, por un lado, no hacer crecer el gasto de acuerdo a los mayores ingresos permanentes, o bien que lo restringen arbitrariamente en su ejecución. Así es que hay que en esto ver para creer", afirma el economista Gonzalo Martner. Gonzalo Martner dice que aunque los presupuestos- como el del 2007 y 2008- contengan una importante expansión del gasto público, en esta materia hay que aplicar el "ver para creer" de santo Tomás, porque los supuestos establecidos hay que confrontarlos con los desembolsos efectivos.
- ¿La importante expansión de estos dos últimos años podría generar que la tendencia declinante o al menos de estabilidad, que se observaba del gasto público en relación al PIB entre 1990-2006 se revirtiera con el nivel de gasto del 2007-2008?
- Indudablemente, la política fiscal de la Presidenta Bachelet ha sido la de incrementar el gasto público a tasas superiores al crecimiento del PIB, dada la existencia de ingresos permanentes adicionales (por un mayor precio del cobre de largo plazo) y para 2008 en adelante, en virtud de la disminución decidida por la Presidenta del nivel del superávit estructural desde un 1% del PIB a un 0,5% del mismo. A los que la critican por que supuestamente no tomaría decisiones recordémosles ésta, que muchos consideraban "peligrosa", pero que en realidad se justificaba plenamente al desaparecer las causas que la originaron. Ahora, me gustaría ver la ejecución presupuestaria real de 2007 antes de sacar conclusiones, pues creo que hay ideólogos neoliberales en posiciones importantes en el gobierno que buscan cualquier pretexto para, por un lado, no hacer crecer el gasto de acuerdo a los mayores ingresos permanentes, o bien que lo restringen arbitrariamente en su ejecución. Así es que hay que "ver para creer".
-¿El hecho de que el gasto fiscal se haya mantenido e incluso bajado en relación al PIB en los últimos años implica una política deliberada de reducción, en definitiva, del tamaño del Estado de la economía?
- No quiero juzgar intenciones. Mientras fui subsecretario de la Presidencia con el Presidente Lagos no observé esa actitud, pero hay que constatar que en 2003-2005 se produjo un crecimiento del gasto público inferior al PIB, lo que nada justificaba desde el punto de vista económico y es lamentable desde el punto de vista de las necesidades sociales y productivas que el gobierno debe cubrir atendido nuestro actual nivel de desarrollo. Por ejemplo, con un buen financiamiento inicial al Transantiago y sus infraestructuras, otro gallo hubiera cantado para una política pública tan importante como la del transporte público. Pero los ortodoxos del libre mercado a ultranza y sus medios hubieran puesto el grito en el cielo. Una vez más, los ideólogos neoliberales -los que antes estaban al servicio de la dictadura y los que hoy, aunque distintos, forman parte del arco iris de la Concertación- le han hecho daño al país.
-La política actual de "gastar los ingresos permanentes y ahorrar los transitorios" es consistente con esa tendencia, o dado los altos recursos fiscales y la reducción de la meta de superávit estructural al 0,5%, puede producirse un cierto quiebre en la tendencia antes descrita?
-Creo muy importante subrayar la distinción entre ingresos permanentes y efectivos. El nivel permanente o estructural (o promedio en el tiempo, si se quiere) de los ingresos públicos, que es el que se considera para la formulación prespuestaria en Chile desde 2001, permite mantener o hacer crecer el gasto público en períodos de bajos ingresos en base al ahorro de los ingresos extraordinarios previos. Los ingresos efectivos de cada año, en cambio, fluctúan según sea la actividad económica o el precio del cobre: con la regla actual, si son bajos, pueden dar lugar a un déficit fiscal temporal, compensado más adelante con superávits fiscales, cuando llegan las vacas gordas de nuevo. Con esta política fiscal anticíclica, que distingue ingresos permanentes de ingresos corrientes, se puede tener un Estado muy grande o muy chico. Eso depende del nivel promedio permanente de ingresos públicos (básicamente impuestos) que la sociedad decide tener para financiar los bienes públicos a los que desea acceder. Si queremos una buena salud, educación, pensiones y transporte público, por ejemplo, entonces tenemos que tener impuestos suficientes que los financien establemente. En economía no hay milagros. No se puede querer servicios públicos suecos con impuestos haitianos o sin financiamiento y por tanto, inflaciones elevadas que penalizan a todo el mundo y preferentemente a los más pobres. Esa discusión sobre el nivel y estructura permanentes del gasto público no tiene nada que ver con la regla fiscal actual. Eso no obsta a que deba seguir siendo perfeccionada en el aspecto del superávit estructural que, insisto, pudo tener una justificación en el 2000 cuando teníamos un déficit fiscal efectivo y había que darle credibilidad a la política fiscal anticíclica ante los mercados internacionales, pero que hoy no tiene ninguna, cuando el Estado ha pasado a ser un acreedor neto y no tiene ninguna necesidad de acumular más excedentes fiscales.
-¿Qué debiera hacerse con la regla de superávit estructural?
- El 0,5% de superávit estructural debiera eliminarse para 2009 y mantenerse una política de largo plazo de balance estructural, como se practica en la Unión Europea. De más está subrayar que grandes déficits fiscales permanentes no son aconsejables, pues hacen recaer su financiamiento sobre las generaciones siguientes o bien, como en el caso del enorme y persistente déficit fiscal norteamericano, financiado con los excedentes comerciales asiáticos y no sujeto a ninguna regla, se constituyen en un factor de perturbación de la economía mundial.
- ¿La reducción del peso del gasto público en la económica que usted cita tiene que ver con el tipo de estructura tributaria que se ha ido desarrollando en Chile, que como dice Mario Marcel, también ha implicado algunas perforaciones tributarias importantes, más los efectos de los TLC, de las franquicias tributarias?
- En efecto. Y no olvidemos la equivocada rebaja tributaria a los tramos más altos del impuesto a la renta promovida por el entonces senador Foxley y aceptada por el entonces ministro Eyzaguirre, como si no tuviéramos en Chile un enorme problema de desigualdad. Todas esas perforaciones, sin embargo, tuvieron en la disminución de la evasión promovida por el Presidente Lagos y más tarde en el royalty promovido por los partidos de la Concertación y luego por el gobierno (por mucho que su versión final, luego del rechazo de la primera versión por la derecha, haya salido bastante descafeinada) un contrapeso importante, aunque no suficiente.
- Al finalizar el artículo usted postula una relación gasto publico PIB de un 35%. ¿Esto implica necesariamente una reforma tributaria y qué sentido debería tener? ¿Aumento a las empresas y reducción a las personas?
- La tarea es ahora eliminar la mayor parte de las franquicias tributarias manteniendo la progresividad del impuesto a la renta -que algunos quieren eliminar a título de la simplificación del sistema, con la grave consecuencia de incrementar aún más las desigualdades respecto de los que tienen menos ingresos. Las personas en Chile, especialmente las más ricas, pero también las de ingresos medios altos, pagan comparativamente muy pocos impuestos, aunque siempre, claro, todo el mundo considera que los impuestos que paga son enormes y la aspiración de muchos es recibir bienes públicos de todo tipo sin pagar por ellos. No me parece justo ni eficiente disminuir los impuestos a las personas, sino que se debe hacer que todos los paguen en efectiva proporción a sus ingresos, con el tope de 40% actual para el tramo más alto. Mantengo esta postura aunque suene políticamente atractivo ir a un "flat tax", un impuesto parejo a las empresas y a las personas, para terminar con los mecanismos de elusión que persisten en utilizar muchos (vía sociedades de papel y otras yerbas). Una sociedad más segura, próspera e igualitaria tiene un precio: impuestos progresivos que todos debemos pagar. Lo otro es sumarse a los mecanismos de impuesto bajo y plano que han adoptado algunos países ex-comunistas, hoy reconvertidos al capitalismo salvaje (con muchos ex comunistas o asociados incluidos en esa reconversión, como a veces vemos también en Chile). Por otro lado, se debe aumentar el royalty de inmediato -como lo han hecho diversos países recientemente para beneficiarse como corresponde del incremento de los precios de las materias primas-, pues las utilidades de las empresas mineras privadas son escandalosas, habida cuenta que no se originan en su actividad, sino en el uso de un recurso que se ha encarecido gracias a China e India, que pertenece a todos los chilenos y que estamos regalando a los accionistas de las empresas mineras transnacionales. En 2006, estas estuvieron entre las empresas más rentables del mundo, con tasas de utilidad increíbles. Yo personalmente no entiendo la ausencia de debate público en Chile en la materia. Cuando uno plantea estos temas, propios del intercambio democrático, con frecuencia es descalificado con argumentos inverosímiles y emocionales. Y las desigualdades de las que tanto se habla y respecto de las que poco o nada se avanza -en Chile somos expertos en dobles discursos- siguen tranquilamente reproduciéndose día a día.

lunes, 8 de octubre de 2007

La reducción de la desigualdad

En La Nación de hoy se encuentra artículo "La reducción de la desigualdad".


TRIBUNA

La reducción de la desigualdad

Si nada se quiere hacer, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad.


Desde la reciente campaña presidencial se ha hablado mucho sobre la necesidad de redistribuir los ingresos. Incluso un ex candidato perdedor forma hoy parte de la comisión que fue creada por la Presidenta Michelle Bachelet para hacer proposiciones en esta materia. Venimos arrastrando una persistente desigualdad de ingresos desde que en la década de 1970 se produjeron gigantescas transferencias de activos (contrarreforma agraria, privatizaciones) en beneficio de una minoría poderosa vinculada con la dictadura militar. La globalización de los mercados y varias crisis hicieron lo suyo, más tarde, para acentuar la concentración del capital productivo y financiero.
La más reciente encuesta Casen, cuya presentación oficial resulta algo confusa en sus criterios, revela una mejoría en la desmedrada situación chilena que es digna de destacarse. La distribución del ingreso autónomo por habitante entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, medida sin las transferencias públicas distintas de las pensiones- era de 19,7 veces en 1990 y de 21,3 veces en 2003. Se reflejó a esa fecha un deterioro en la distribución del ingreso primario (el que emana de la actividad económica) fruto del mal manejo de la crisis asiática y de sus efectos prolongados en el desempleo en nuestro país. Pero la buena noticia es que esta relación disminuyó a 19,3 veces en 2006.
La distribución del ingreso monetario o disponible entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, el ingreso que en definitiva está en manos de los chilenos- era de 18,4 veces en 1990 y de 18,9 veces en 2003. Estas cifras muy similares contrastaron con las del ingreso autónomo y reflejaron el buen impacto de una cierta focalización y expansión de los programas de transferencias monetarias. Aquí, de nuevo, la buena noticia es que esta relación disminuyó de manera importante a 16,5 veces en 2006, reflejando, probablemente, la mejoría en el empleo y en las transferencias a los más desfavorecidos.
No obstante, esta cifra sigue dejando al desnudo la enorme brecha de ingresos que todavía persiste (para no hablar de aquella en la posesión de activos productivos, que es aún mucho mayor). Cuando las cifras oficiales morigeran este dato sin considerar los ingresos por habitante (que es la variable pertinente, pues las familias más pobres son más numerosas y el mismo ingreso tiene que alimentar más bocas) o bien introduciendo de modo sólo parcial algunos gastos y recaudaciones públicas, equivocan el camino. La realidad hay que enfrentarla desnuda para poder actuar sobre ella y modificarla.
Hagamos un ejercicio simple con los datos de la Casen 2006: si por la vía tributaria y mediante subsidio directo se redistribuyera adicionalmente 5% del ingreso monetario disponible por habitante de los que pertenecen al 20% más rico hacia los que pertenecen al 20% más pobre, la relación entre sus ingresos promedio pasaría de las 16,5 veces mencionadas a 8,6 veces, es decir una cifra como la de EEUU (aunque este país no es de los más igualitarios si consideramos las 3,8 veces de Finlandia y Japón y las cuatro veces de Noruega y de Suecia).
En dinámica, este tipo de redistribución (que debiera organizarse desde los muy ricos a los que no tienen capacidad de ganarse la vida -niños, ancianos, discapacitados- o posibilidades de hacerlo debido a que están desempleados o enfermos) según los liberales plantearía un problema de incentivos que disminuiría el crecimiento. Esto no está probado en absoluto más que en sus dogmas, y debe dejar de ser un obstáculo mental, que es el que básicamente nos impide avanzar a una sociedad más igualitaria. La resignación es el mal nacional por excelencia de esta época de pragmatismos y dogmatismos mediocres.
Lo que nadie objetaría, pues no admite ningún problema de incentivos, es crear un fondo de redistribución de una parte de los excedentes del cobre que gastara sus intereses sólo para este fin, simplemente porque se declara prioridad nacional atacar directamente la desigualdad. A los fondos de estabilización y de reservas de pensiones ya creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se podría agregar este fondo de redistribución en una ley de responsabilidad social, voluntad política mediante. El precio del cobre todavía más alto a lo previsto podría alimentarlo de modo significativo, en especial si se modifica el royalty que resultó ínfimo ante las increíbles ganancias que acumulan las mineras privadas con un recurso que es de todos los chilenos.
Si nada se quiere hacer en esta materia, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Y, en ese caso, terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad frente a la oportunidad histórica que se nos presenta con la prolongación de la bonanza del cobre.

domingo, 26 de agosto de 2007

Entrevista con La Nación Domingo



“No creo que Lavín esté comprometido con la equidad”


En La Nación Domingo aparece una entrevista sobre tópicos variados. Haga click aquí.

domingo, 15 de julio de 2007

Paradojas

En el diario La Nación del 15 de julio se publica la columna Paradojas que comenta que siendo este el peor momento de opinión pública para el gobierno, es también aquel en el que se constata el fracaso de la estrategia opositora. Y también se toma nota de la paradoja que significa que en un momento económico espectante, la opinión sobre la conducción económica es especialmente negativa.

martes, 3 de julio de 2007

La Segunda

"Me pareció necesario solidarizar con él". Con esas palabras, el ex timonel PS Gonzalo Martner explicó su decisión de reunirse el viernes pasado -junto a un grupo de socialistas entre los que también estaba Alejandro Navarro- con Zaldívar para manifestarle su apoyo.
A juicio de Martner, en el oficialismo "no se puede perseguir a nadie... Y aquí hay gente que está dedicada a perseguir". Añadió que "los asuntos políticos se tratan políticamente y no con medidas disciplinarias", pues en la Concertación "nos debemos respetos mutuos".
En ese sentido, si bien afirmó no compartir las críticas del senador colorín hacia Ricardo Lagos, el ex timonel PS aseguró que "Adolfo es parte del apisaje concertacionista desde sus inicios y no se le puede ahora pasar al Tribunal Supremo por ejercer su derecho a opinar".
Advirtió que "es un mal síntoma para la Concertación" el que se pase a alguien al Tribunal Supremo por tener opiniones distintas. "Si gente muy distinta fuimos capaces de juntarnos en la Concertación, en sus inicios, no veo porqué hoy no podemos respetar esa diversidad", aseguró.
Consultado si no se expone a críticas en su propio partido por defender a Zaldívar, Martner fue enfático en que "soy una persona libre, que piensa y dice lo que quiere".

domingo, 1 de julio de 2007

La Nación Domingo

Gonzalo Martner, ex timonel PS

"Lagos no debiera dejarse afectar por las expresiones bastante agresivas de la derecha contra su figura y su gobierno, y debe seguir sirviendo a Chile como lo ha hecho toda su vida, manteniendo una cierta prescindencia para no interrumpir el gobierno de Michelle Bachelet. Debe prepararse para las siguientes etapas políticas y lo que viene en el post Bicentenario, donde él tiene mucho que decir".

- ¿Qué le parece que se le haya criticado por hacer pataletas al defender su gobierno?
Mire, a la gente que tiene carácter la acusan de tener pataletas, pero son episodios sin importancia. A mí me gusta la gente con carácter.

domingo, 13 de mayo de 2007

El debate sobre la reforma a las pensiones



En los próximos días el debate sobre la reforma provisional entrará en tierra derecha. Las autoridades del ministerio de hacienda informan que la reforma al sistema de pensiones, que constituye conceptualmente un gran avance y que incluye la nueva pensión básica garantizada y subsidios especiales a las mujeres y a los jóvenes, tendría un costo del orden de 1% del PIB en régimen de pleno funcionamiento.
Debe hacerse notar en primer lugar que esta reforma va a implicar que movilizará menos recursos que el gasto en pensiones militares, que es de 1,3% del PIB.
En segundo lugar, cabe también hacer notar que esta reforma va a movilizar mucho menos recursos que los que en promedio se vienen gastando en pensiones desde 1981. Según los propios datos de la Dirección de Presupuestos, el déficit previsional del sector civil financiado por el Estado entre 1981 y 2004 representó en promedio un 4,3% del PIB. El gasto en 2006 en pensiones (déficit operacional del sistema civil y bonos de reconocimiento) es de 3,7% del PIB y en 2010 sería de 3,2% del PIB, evidenciando una caída. En el período reciente empieza a notarse el efecto que provoca el que vaya disminuyendo el número de pensionados en el sistema antiguo. Se viene generando desde mediados de esta década una cada vez mayor holgura fiscal en materia de pensiones.
¿Se usarán estos recursos para el nuevo sistema de pilar solidario? No está previsto que sea así. En efecto, según el Informe Financiero del proyecto de ley de reforma su costo sería en 2010 de US $ 500 millones, menos del 0,3% del PIB, prolongando además la entrada en vigencia del beneficio hasta el 2017. Se trata de una novedad en las prácticas financieras del Estado: se fija un beneficio para siete años después de terminado el actual gobierno, en circunstancias que en Chile el gasto público se establece año a año y no corresponde anticipar decisiones de otros gobiernos.
Resultado: al final del gobierno de la Presidenta Bachelet se gastaría menos (3,5% del PIB) en pensiones que a su inicio (3,7% del PIB), lo que resultaría curioso para una prioridad presidencial. Recordemos que las reformas de educación y de salud involucraron en su momento un aumento de 1% del IVA en cada caso.
De imponerse el particular criterio enunciado por las autoridades del ministerio de hacienda, la sociedad chilena, en medio de una fuerte transición demográfica, va a disminuir sustancialmente el esfuerzo en gasto en pensiones civiles, lo que resulta francamente inexplicable.
Existen indudables dificultades de implementación que hacen comprensible una transición para llegar al 60% de la población con la pensión básica garantizada. Pero un calendario anual de incremento de la cobertura hasta 2010 (y no el 2017, como está previsto) por tramos es factible y con montos mayores al anunciado, pues los recursos están disponibles. En cambio, la reforma prevé una sustancial reducción del esfuerzo público en pensiones en largo plazo, lo que parece al menos incongruente con la promesa presidencial y con la necesidad de mejorar la distribución del ingreso.
Una reorientación de la reforma al sistema de pensiones debiera al menos incluir un acortamiento del calendario de entrada en vigencia al 2010, una pensión solidaria más alta (un criterio posible es que sea equivalente a un 80% del ingreso mínimo), el inicio del beneficio a los 60 años y no a los 65 para las mujeres, una participación de los empleadores en el sistema haciéndose cargo del pago de la prima de invalidez y sobrevivencia y una disminución de la incertidumbre en las pensiones contributivas, eliminando el sistema de retiro programado y estableciendo tasas de reemplazo con rangos mínimos y máximos, además de asegurar a través de licitaciones de cartera y una regulación de las cotizaciones la caída drástica de los cobros de administración de las AFP, que las tienen entre los negocios más rentables de Chile y el mundo a costa de los trabajadores chilenos.


Más antecedentes en usach
-------

Ilustración de Cecilia Martner

lunes, 30 de abril de 2007

El desafío del largo plazo



El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (GICC), creado en 1988 por Naciones Unidas, hará público esta semana en Bangkok un informe que precisará los medios que pueden emplearse para mitigar el efecto invernadero.
Esta reunión es la tercera del año. De las dos primeras emergieron las siguientes conclusiones : en primer lugar, está prácticamente establecido (con una probabilidad de 90% contra 66% en el informe de 2001) que el ser humano está directamente en el origen del recalentamiento del planeta; en segundo lugar, esta evolución podría generar hambrunas, sequías, olas de calor y aumento del nivel del mar (entre 18 y 59 centímetros de aquí a fin de siglo).
La previsión es alarmante, según los científicos, que advierten que un aumento por encima de los 2 grados llevará a la desaparición de aproximadamente el 30% de las especies. De aquí a 2080, hasta 3,2 mil millones de personas estarán expuestas a la escasez de agua severa y 600 millones al hambre en razón de las sequías y de la degradación y salinización de los suelos. Cada año, de dos a siete millones de personas adicionales podrían verse expuestas a inundaciones en las costas y en los grandes deltas de Africa del Oeste, de Asia o del Mississipi. En nuestro país, disminuiría el régimen de lluvias y cambiarían fuertemente nuestra agricultura y nuestros bosques del sur.
Si no se toman medidas de control, las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta habrán aumentado entre un 25% y un 90% en 2030 respecto al nivel de 2000. El sector energético, el agrícola y los bosques destacan como idóneos para tomar medidas, mientras que el transporte presenta más dificultades.
Según algunos escenarios, el crecimiento del PIB mundial podría beneficiarse con el manejo de las emisiones, pues se trata de una actividad que podría tener un fuerte potencial económico en las próximas décadas. El economista británico Nicholas Stern, afirmaba en un estudio de 2006 que actuar desde ya tendría un costo de 1% del PIB mundial. El informe Stern compara los costos de no actuar contra el cambio climático a los asociados con las dos grandes guerras y la crisis económica del 29 y los cuantifica en una reducción del bienestar equivalente a una rebaja del consumo medio por persona de entre el 5% y el 20%.
Una gran lección del informe Stern es que, por un lado, la lucha contra el cambio climático puede derivar en grandes oportunidades económicas y que, por otro lado, es factible descarbonizar la economía mundial para hacerla compatible con la estabilización del clima, manteniendo el crecimiento. En el caso del cambio climático, Stern recomienda: (1) el establecimiento de un precio al carbono para que los agentes se enfrenten a los costos sociales totales de sus acciones; (2) la puesta en marcha de políticas de apoyo al desarrollo urgente de tecnologías bajas en carbono; (3) la eliminación de barreras a los cambios, motivando a todos para que aprovechen las oportunidades en el marco de la eficiencia energética y, (4) la puesta en marcha de políticas de adaptación para aquellos impactos que no podrán ser evitados. Finalmente, ofrece una valoración económica de la actuación pública, elemento crucial para saber si es mejor el remedio que la enfermedad. Y aquí está otro de los grandes mensajes de Stern: los beneficios de la toma de fuertes y urgentes medidas contra el cambio climático superan ampliamente los costos de no hacerlo.
Nuestro país debe mirar más al largo plazo. Los debates del día a día, las restricciones del aquí y ahora y la ausencia de instituciones que se ocupen del futuro, no han permitido elaborar una agenda del 2020 y del 2050 que aborde los desafíos, entre tantos otros, energéticos y ambientales. La excepción ha sido el tema previsional, que aborda por definición el largo plazo y considera el dramático cambio demográfico que estamos viviendo en Chile y nos obligará a un esfuerzo mucho mayor que el previsto si queremos permitirle una vida decente a los adultos mayores en este siglo 21. Llegó tal vez el momento de volver a preocuparse también de la prospectiva, de la planificación y del legado que dejaremos a nuestros hijos, incluyendo nuestra contribución como chilenos a la contención del cambio climático.
------------------
Ilustración: Vitral de Cecilia Martner

Entrada destacada

92 años de tomar partido

Publica hoy el escritor argentino Martín Caparrós en El País un diagnóstico terrible sobre los partidos políticos: "Se puede tomar part...