No es ineluctable un triunfo de la derecha en 2009. Es muy probable que su incapacidad de presentar una alternativa cohesionada y no vinculada al poder económico le haga cosechar una nueva derrota. Siempre y cuando la Concertación se ponga en orden de marcha y enfrente racionalmente, como ya lo hizo en otras ocasiones, las gruesas dificultades que se le presentan.
Lo primero es recuperar el sentido del debido resultado. Permítasenos un breve recuento en la materia. La Concertación se formó hace 20 años para luchar por una salida política a la situación de dictadura y constituir un gobierno que asegurara una transición pacífica con vocación de consagrar una democracia plena y realizar una política social activa. Así se hizo. Este fue el norte del gobierno de Patricio Aylwin y así lo entendieron los ciudadanos, que le dieron un inédito respaldo a su sucesor. El gobierno de Eduardo Frei fue ya menos claro en sus propósitos, estallaron las controversias internas sin concluir en un nuevo pacto programático y luego de años de prosperidad se terminó además manejando mal la economía y actuando de manera equívoca frente al caso Pinochet.
La elección de Ricardo Lagos fue difícil, en medio de un fuerte desempleo que se podría haber evitado. Logró hacer un buen gobierno y sortear grandes obstáculos, lo que de paso lo habilitó para encabezar una nueva etapa de la coalición de gobierno que concluya la parte de la tarea aún no realizada. Su gobierno avanzó de manera impecable en las tareas de la transición política y de la subordinación de las FF.AA. al poder civil, sin obtener, sin embargo, el cambio del sistema electoral excluyente. Sus reformas sociales –seguro de desempleo, reforma de la salud, Chile Solidario- abrieron el camino de un nuevo modelo socialdemócrata para Chile. Este, a su vez, no se consolidó con el necesario incremento del gasto fiscal y un claro rol regulador y de servicio público del Estado. Fue progresivamente bloqueado por el peso adquirido por tecnócratas obnubilados por supuestos ideológicos, conversos a las “soluciones privadas de los problemas públicos” y a la omnipresencia del mercado.
En la coalición no tuvimos la fortaleza, al terminar el gobierno de Ricardo Lagos y reactualizar el programa de gobierno, de debatir en serio sobre la nueva etapa. No nos comprometimos a erradicar el clientelismo y la lumpenpolítica, contra los cuales fuimos pocos en pronunciarnos. Esquivamos los temas de fondo. Preferimos los encantos de la videopolítica, que no son base suficiente para gobernar. Y preferimos sofocar el debate y promover la expulsión de partes de la coalición, que nos tiene hoy sin la mayoría parlamentaria que nos dieron las urnas y con un clima enrarecido. Todo un récord. Y con los responsables contentos de la tarea realizada, demostrando sus reflejos de burócratas rendidos antes los poderes existentes, sin visión moderna de cambio ni capacidad de articular la diversidad.
Debía, en cambio, profundizarse un nuevo pacto para un cambio de modelo económico-social, más desarrollista y promotor del crecimiento sustentable y con mayor capacidad de ofrecer resultados redistributivos significativos. Volvieron a ganar fuerza las opciones neoliberales que no disponen de legitimidad ni de mayoría política, pero si de vínculos tranquilizadores con el poder económico y mediático. Ganó así la oferta de minimizar las políticas públicas y los proyectos emblemáticos para disminuir riesgos (el transantiago demostró que este enfoque los aumenta). Se paralizó diversas obras públicas, se optó por una reforma previsional minimalista (reduciendo en vez de ampliando el gasto público en pensiones civiles en proporción al PIB y con menos gasto en los pobres que en las FF.AA.), se llevó a los tribunales las opciones en materia de subcontratación, se intentó incluso disminuir los impuestos a los más ricos y no se actuó para incrementar el royalty minero, regalándole a multinacionales miles de millones de dólares de todos los chilenos en vez de financiar una contundente política de aceleración del crecimiento mediante la innovación.
Se desdibujó con una administración conservadora del statu quo el compromiso con resultados que permitiesen cohesionar a los actores de la coalición de gobierno y afianzar el apoyo de los ciudadanos frente a una derecha que sigue siendo símbolo de autoritarismo y regresión social.
Nada impide corregir el rumbo. La Presidenta de la República tiene la legitimidad y la autoridad para cerrar una etapa y abrir otra nueva, relanzando su gobierno. De la Comisión de Equidad pueden surgir pistas para asegurar ya no solo una pensión básica limitada sino un significativo ingreso básico solidario a las familias en situación de precariedad. Esto podría en 2009 iniciar un cambio de faz de la pobreza en Chile. Se puede disminuir la precariedad en los contratos de trabajo, apoyar a la PYME bajando las tasas de interés y limitando la revaluación del peso. Se puede disminuir más el desempleo. Se puede terminar con la exclusión del PC, crear gobiernos regionales elegidos y fortalecer la descentralización. Se puede construir victorias municipales y luego parlamentarias y presidenciales.
Siempre que valoricemos el liderazgo presidencial actual y los liderazgos capaces de conducirnos a un nuevo gobierno porque tienen los valores y la inteligencia para corregir errores y la experiencia y la capacidad de abrir nuevas esperanzas de progreso después de 2010.
Lo primero es recuperar el sentido del debido resultado. Permítasenos un breve recuento en la materia. La Concertación se formó hace 20 años para luchar por una salida política a la situación de dictadura y constituir un gobierno que asegurara una transición pacífica con vocación de consagrar una democracia plena y realizar una política social activa. Así se hizo. Este fue el norte del gobierno de Patricio Aylwin y así lo entendieron los ciudadanos, que le dieron un inédito respaldo a su sucesor. El gobierno de Eduardo Frei fue ya menos claro en sus propósitos, estallaron las controversias internas sin concluir en un nuevo pacto programático y luego de años de prosperidad se terminó además manejando mal la economía y actuando de manera equívoca frente al caso Pinochet.
La elección de Ricardo Lagos fue difícil, en medio de un fuerte desempleo que se podría haber evitado. Logró hacer un buen gobierno y sortear grandes obstáculos, lo que de paso lo habilitó para encabezar una nueva etapa de la coalición de gobierno que concluya la parte de la tarea aún no realizada. Su gobierno avanzó de manera impecable en las tareas de la transición política y de la subordinación de las FF.AA. al poder civil, sin obtener, sin embargo, el cambio del sistema electoral excluyente. Sus reformas sociales –seguro de desempleo, reforma de la salud, Chile Solidario- abrieron el camino de un nuevo modelo socialdemócrata para Chile. Este, a su vez, no se consolidó con el necesario incremento del gasto fiscal y un claro rol regulador y de servicio público del Estado. Fue progresivamente bloqueado por el peso adquirido por tecnócratas obnubilados por supuestos ideológicos, conversos a las “soluciones privadas de los problemas públicos” y a la omnipresencia del mercado.
En la coalición no tuvimos la fortaleza, al terminar el gobierno de Ricardo Lagos y reactualizar el programa de gobierno, de debatir en serio sobre la nueva etapa. No nos comprometimos a erradicar el clientelismo y la lumpenpolítica, contra los cuales fuimos pocos en pronunciarnos. Esquivamos los temas de fondo. Preferimos los encantos de la videopolítica, que no son base suficiente para gobernar. Y preferimos sofocar el debate y promover la expulsión de partes de la coalición, que nos tiene hoy sin la mayoría parlamentaria que nos dieron las urnas y con un clima enrarecido. Todo un récord. Y con los responsables contentos de la tarea realizada, demostrando sus reflejos de burócratas rendidos antes los poderes existentes, sin visión moderna de cambio ni capacidad de articular la diversidad.
Debía, en cambio, profundizarse un nuevo pacto para un cambio de modelo económico-social, más desarrollista y promotor del crecimiento sustentable y con mayor capacidad de ofrecer resultados redistributivos significativos. Volvieron a ganar fuerza las opciones neoliberales que no disponen de legitimidad ni de mayoría política, pero si de vínculos tranquilizadores con el poder económico y mediático. Ganó así la oferta de minimizar las políticas públicas y los proyectos emblemáticos para disminuir riesgos (el transantiago demostró que este enfoque los aumenta). Se paralizó diversas obras públicas, se optó por una reforma previsional minimalista (reduciendo en vez de ampliando el gasto público en pensiones civiles en proporción al PIB y con menos gasto en los pobres que en las FF.AA.), se llevó a los tribunales las opciones en materia de subcontratación, se intentó incluso disminuir los impuestos a los más ricos y no se actuó para incrementar el royalty minero, regalándole a multinacionales miles de millones de dólares de todos los chilenos en vez de financiar una contundente política de aceleración del crecimiento mediante la innovación.
Se desdibujó con una administración conservadora del statu quo el compromiso con resultados que permitiesen cohesionar a los actores de la coalición de gobierno y afianzar el apoyo de los ciudadanos frente a una derecha que sigue siendo símbolo de autoritarismo y regresión social.
Nada impide corregir el rumbo. La Presidenta de la República tiene la legitimidad y la autoridad para cerrar una etapa y abrir otra nueva, relanzando su gobierno. De la Comisión de Equidad pueden surgir pistas para asegurar ya no solo una pensión básica limitada sino un significativo ingreso básico solidario a las familias en situación de precariedad. Esto podría en 2009 iniciar un cambio de faz de la pobreza en Chile. Se puede disminuir la precariedad en los contratos de trabajo, apoyar a la PYME bajando las tasas de interés y limitando la revaluación del peso. Se puede disminuir más el desempleo. Se puede terminar con la exclusión del PC, crear gobiernos regionales elegidos y fortalecer la descentralización. Se puede construir victorias municipales y luego parlamentarias y presidenciales.
Siempre que valoricemos el liderazgo presidencial actual y los liderazgos capaces de conducirnos a un nuevo gobierno porque tienen los valores y la inteligencia para corregir errores y la experiencia y la capacidad de abrir nuevas esperanzas de progreso después de 2010.
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