Ética Pública
El Senado ha destituido a una ministra invocando la responsabilidad frente a irregularidades y mala gestión. Este es un buen principio: nunca debe quedar impune el desvío de recursos públicos para fines particulares (definición comúnmente aceptada de la corrupción) ni su mala administración caracterizada. Solo que para lo primero está la justicia y para lo segundo los órganos de control, que nadie cuestiona están haciendo su tarea. Una destitución ministerial seguida de impedimento cívico por cinco años podrían a lo mejor justificarse si la autoridad estuviese interfiriendo gravemente en la labor de estas instituciones e incumpliendo expresamente las normas vigentes. No es ni ha sido el caso, si es que nos atenemos a un mínimo de ecuanimidad. La justicia está actuando, hay personas en la cárcel y otras tantas imputadas por el tema de las subvenciones escolares, mientras la Contraloría investiga de manera independiente.
Juzgar la diligencia y pertinencia de la acción ministerial, siempre opinable, está para el debate político, tal vez para una interpelación, pero no para una tan grave sanción como la que se ha producido. Ha habido por parte de una mayoría circunstancial del Senado un ánimo de utilizar un mecanismo claramente excepcional para hacer daño a la ministra Provoste, al gobierno y a la Presidenta Bachelet. Es una acción injusta que está en línea con lo que la derecha ha sido siempre en Chile: intolerante y vengativa. Es apenas un aperitivo de lo que se puede esperar de ella si vuelve a llegar al gobierno.
Pero también se sumaron dos votos de personeros que fueron electos en las listas de la Concertación y que, más que eso, han compartido de manera destacada las luchas democráticas en el país. Es cierto que fueron expulsados o empujados a irse por las directivas de sus partidos, en un acto de ceguera política que no prestigia a esas directivas. Pero ese hecho, que genera enconos y deteriora el clima político, no puede justificar la conducta de Flores y Zaldivar: han sumado sus votos para una medida de fuerza injusta y desproporcionada.
No se puede tolerar, como hemos visto en estos días, graves interferencias corruptas en licitaciones públicas en el Registro Civil o en municipalidades UDI; no se puede tolerar engaños e inauguraciones fantasmas como las que se ha visto en salud; no se puede tolerar redes para liberar a narcotraficantes en la nueva justicia penal; no se puede aceptar desvíos de recursos públicos para actividades políticas ni nepotismos de ninguna especie; no se puede aceptar tampoco la más o menos desembozada interferencia de las oligarquías económicas en el financiamiento de la actividad política o su búsqueda de influir en el gobierno, con la costumbre que se va instalando de reclutar a autoridades salientes en directorios privados, las que luego vuelven a ocupar cargos públicos de primer plano. Tampoco se puede aceptar el increíble sistema que se adoptó en una negociación apresurada en 2003 por iniciativa de la derecha que permite a las empresas financiar campañas y además, colmo de las ironías, descontarlas de los impuestos. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, esto está prohibido y nadie puede aportar a un candidato más de 2 300 dólares por campaña. Nada o muy poco estamos haciendo para evitar el condicionamiento de los representantes públicos por intereses privados.
Todos estos hechos nos hacen constatar que la ética pública está cuestionada en Chile. Es deber de todos ayudar a fortalecerla y contribuir a prestigiar la democracia tan duramente reconquistada. Con debate fuerte, con normas más estrictas, con persecución sin excepción de responsabilidades penales, administrativas y políticas cada vez que sea necesario. Pero proporcionales a las faltas constatadas, sin venganzas ni desalojos. En estos días la supuesta defensa de la ética pública se transformó en un pretexto para una estrategia de la tensión que recibirá una vez más el rechazo de la mayoría de chilenos que valora la firmeza y el compromiso con la probidad, pero al mismo tiempo valora el sentido de justicia y de las proporciones, así como el esfuerzo por mantener una convivencia civilizada.
Juzgar la diligencia y pertinencia de la acción ministerial, siempre opinable, está para el debate político, tal vez para una interpelación, pero no para una tan grave sanción como la que se ha producido. Ha habido por parte de una mayoría circunstancial del Senado un ánimo de utilizar un mecanismo claramente excepcional para hacer daño a la ministra Provoste, al gobierno y a la Presidenta Bachelet. Es una acción injusta que está en línea con lo que la derecha ha sido siempre en Chile: intolerante y vengativa. Es apenas un aperitivo de lo que se puede esperar de ella si vuelve a llegar al gobierno.
Pero también se sumaron dos votos de personeros que fueron electos en las listas de la Concertación y que, más que eso, han compartido de manera destacada las luchas democráticas en el país. Es cierto que fueron expulsados o empujados a irse por las directivas de sus partidos, en un acto de ceguera política que no prestigia a esas directivas. Pero ese hecho, que genera enconos y deteriora el clima político, no puede justificar la conducta de Flores y Zaldivar: han sumado sus votos para una medida de fuerza injusta y desproporcionada.
No se puede tolerar, como hemos visto en estos días, graves interferencias corruptas en licitaciones públicas en el Registro Civil o en municipalidades UDI; no se puede tolerar engaños e inauguraciones fantasmas como las que se ha visto en salud; no se puede tolerar redes para liberar a narcotraficantes en la nueva justicia penal; no se puede aceptar desvíos de recursos públicos para actividades políticas ni nepotismos de ninguna especie; no se puede aceptar tampoco la más o menos desembozada interferencia de las oligarquías económicas en el financiamiento de la actividad política o su búsqueda de influir en el gobierno, con la costumbre que se va instalando de reclutar a autoridades salientes en directorios privados, las que luego vuelven a ocupar cargos públicos de primer plano. Tampoco se puede aceptar el increíble sistema que se adoptó en una negociación apresurada en 2003 por iniciativa de la derecha que permite a las empresas financiar campañas y además, colmo de las ironías, descontarlas de los impuestos. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, esto está prohibido y nadie puede aportar a un candidato más de 2 300 dólares por campaña. Nada o muy poco estamos haciendo para evitar el condicionamiento de los representantes públicos por intereses privados.
Todos estos hechos nos hacen constatar que la ética pública está cuestionada en Chile. Es deber de todos ayudar a fortalecerla y contribuir a prestigiar la democracia tan duramente reconquistada. Con debate fuerte, con normas más estrictas, con persecución sin excepción de responsabilidades penales, administrativas y políticas cada vez que sea necesario. Pero proporcionales a las faltas constatadas, sin venganzas ni desalojos. En estos días la supuesta defensa de la ética pública se transformó en un pretexto para una estrategia de la tensión que recibirá una vez más el rechazo de la mayoría de chilenos que valora la firmeza y el compromiso con la probidad, pero al mismo tiempo valora el sentido de justicia y de las proporciones, así como el esfuerzo por mantener una convivencia civilizada.
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