ARGUMENTOS: EL BLOG DE GONZALO MARTNER

Cooperativa.cl La acción política debe producir resultados para los sectores sociales que se quiere representar y los proyectos de sociedad que se quiere defender, antes que remitirse a emociones justificables pero con baja probabilidad de modificar el orden existente. Los que creemos en la acción política transformadora y de izquierda por cauces democráticos debemos realizar algunas distinciones. Siempre en un primer nivel debe estar la defensa por principio y en toda circunstancia de los derechos humanos. Por eso perseguir la responsabilidad judicial en las violaciones de los derechos humanos de estos días es indispensable. Y también se debe perseguir la responsabilidad política, en particular la de quien estaba a cargo del orden público, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Una acusación constitucional es el camino, tal como se anuncia. En segundo lugar, debe estar la búsqueda permanente de la traducción pendiente de los derechos democráticos fundamentale

En El Mostrador Si se define la desobediencia civil como el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento, entonces es hoy indispensable practicarla en la situación chilena actual frente al Estado de emergencia que cercena nuestras libertades y da cobertura a una represión ilegal inaceptable. Todo el problema político y social que asola a nuestro país es fruto de las secuelas de la dictadura y de la recuperación inconclusa de una democracia en forma en los años posteriores. Las clases privilegiadas lograron mantener hasta hoy su diseño de un sistema institucional destinado a que no se exprese la soberanía popular ni el principio de mayoría en las decisiones públicas. Se terminó consagrando en Chile el poder de veto sobre la sociedad de las minorías económicamente privilegiadas que retomaron el poder a través de un golpe de Estado en 1973. Solo se vieron obligadas a entregar el poder en 1990 por la desobediencia civil y social creciente exp

E n La Tercera Digital El gobierno oscila entre la convicción presidencial de que está “en guerra contra un enemigo poderoso” que quiere desestabilizarlo y la necesidad de tomar iniciativas como las anunciadas el 22 de octubre, que tienen al menos el mérito de volver el debate al parlamento y atender en el margen algunas necesidades sociales, aunque sea poco y tarde. Esta opción es ciertamente mejor que la de la deriva autoritaria en la que se ha embarcado el gobierno desde el viernes 18 de octubre. Más allá de aumentar a algo más de 130 mil pesos las pensiones solidarias y otras medidas menores de alivio, cabe hacer objeciones a la lógica de la respuesta gubernamental. Establecer un ingreso laboral básico subsidiado algo superior al salario mínimo no hará sino presionar a la baja los salarios en las empresas para hacer recaer la mayor proporción posible en el Estado. Mucho más sentido tiene un aumento sustancial de la asignación familiar, por ejemplo, a 25 mil pesos por car

La Mirada. El nuevo observatorio Los acontecimientos vividos en estos días serán objeto de análisis por mucho tiempo. Pero no es aventurado conjeturar que todo parte en la naturaleza del actual gobierno -el del poder económico y de los privilegiados- que prometió un nuevo dinamismo que simplemente no podía concretar y que no cuenta con mayoría parlamentaria ni apoyo social suficiente. Fue elegido legítimamente en 2017, pero solo por el 27% de las personas con derecho a voto. Este no fue planificado por nadie ni dirigido por nadie, expresando un hartazgo frente a múltiples situaciones que ahogan al ciudadano común y el sentimiento de que la democracia es impotente frente a los poderes económicos, o que derechamente las instituciones están a su servicio. La crisis se desencadenó con las alzas de tarifas y un pésimo manejo de la protesta estudiantil en el metro y de las violencias irracionales ocurridas a partir del “viernes de la furia”, respondidas con el cierre de líneas de m

En Cooperativa.cl Aumentar el valor del transporte colectivo a partir de un algoritmo, y ya está, retrata el paradigma tecnocrático del actual y anteriores gobiernos, que consideran que la distribución de los ingresos (que resulta de situaciones de poder más que de productividades de unos y otros) y la fijación de tarifas de servicios básicos (hay costos que considerar pero también subsidios sociales indispensables) son un problema "técnico" y quisieran que la sociedad no existiera, ni se pronunciara, ni opinara. Salvo en elecciones cada tanto, en todo caso dominadas por el poder del dinero que logra elegir a muchos representantes a su servicio o bien domesticados en la protección de sus intereses. Al cerrar líneas de Metro el gobierno colapsó la ciudad completa el viernes y generó una presión masiva y espontánea en las estaciones clausuradas, lo que permitió a grupos de jóvenes que son violentos porque no creen en la palabra, enceguecidos y encapuchados, colarse pa

Posteo del 6 de octubre en Facebook El 7 de septiembre pasado escribí lo que sigue en una red privada. Lo reproduzco, con algunas modificaciones, pues junto al recuerdo de la muerte en combate de Miguel Enríquez un 5 de octubre y su ejemplo de dignidad y consecuencia, no hay que olvidar que fue un dirigente político que siempre se hizo responsable de sus actos y al que seguramente no le gustaría que se ensalzara su figura al margen del debate y la controversia, que tanto le gustaban a él y a su generación de revolucionarios enraizada en la izquierda laica y republicana.  ------ Sin ánimo de ofender a nadie, y menos aún de menoscabar la indispensable memoria histórica y sus hitos de recordación,¿no valdrá la pena constatar que el MIR fue una organización (a la que pertenecí a mucha honra entre 1972 y 1978, hasta los 21 años) que cumplió un ciclo en la vida política chilena entre 1965 y 1989, que dejó una impronta de conducta de vanguardia e irreverente frente a la polít

En  La Tercera Digital Más allá del hecho “táctico” de que tiene poco sentido realizar acciones políticas destinadas a fracasar, la reciente acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, requiere de un balance más amplio. Señalemos que la destitución de un ministro, en caso de aprobarse una acusación constitucional de este tipo, es siempre política, dados los órganos involucrados en el procedimiento. La idea de un procedimiento “jurídico” en este campo es simplemente absurda. Si lo que se juzgara fuese algún delito, esto debiera canalizarse por un tribunal de justicia. Lo más grave del procedimiento es la “muerte cívica” por cinco años, es decir la imposibilidad de ocupar cargo público alguno, que acompaña la destitución. Esto es precisamente lo que ocurrió con Yasna Provoste en 2008. No olvidemos que este mecanismo fue utilizado por primera vez desde el retorno de la democracia por la derecha, cuando destituyó a la entonces ministra de Educac