La memoria y el presente
Posteo del 6 de octubre en Facebook
El 7 de septiembre pasado escribí lo que sigue en una red privada. Lo reproduzco, con algunas modificaciones, pues junto al recuerdo de la muerte en combate de Miguel Enríquez un 5 de octubre y su ejemplo de dignidad y consecuencia, no hay que olvidar que fue un dirigente político que siempre se hizo responsable de sus actos y al que seguramente no le gustaría que se ensalzara su figura al margen del debate y la controversia, que tanto le gustaban a él y a su generación de revolucionarios enraizada en la izquierda laica y republicana.
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Sin ánimo de ofender a nadie, y menos aún de menoscabar la indispensable memoria histórica y sus hitos de recordación,¿no valdrá la pena constatar que el MIR fue una organización (a la que pertenecí a mucha honra entre 1972 y 1978, hasta los 21 años) que cumplió un ciclo en la vida política chilena entre 1965 y 1989, que dejó una impronta de conducta de vanguardia e irreverente frente a la política tradicional y luego legó una actitud invaluable de resistencia a la peor dictadura que conociera la historia de Chile? ¿Y que precisamente porque expresó un tipo de liderazgo que combinó voluntad con capacidad de reflexión, los sobrevivientes, o la gran mayoría de ellos, terminaron por constatar, como ocurrió en 1989, que las organizaciones políticas están históricamente situadas y que hay momentos en que su permanencia cesa y debe ser dialécticamente superada en otros procesos sociales, políticos, programáticos y orgánicos?
Es el caso, además, de organizaciones victoriosas en la historia de las izquierdas y de muchas que fueron derrotadas militar o políticamente en alguna o varias coyunturas.
En mi opinión, pero evidentemente hay muchas otras, el cese de la vigencia del MIR está históricamente vinculado a tres hechos acumulativos que desfasaron estratégicamente a esta organización: a) la victoria de Allende en 1970, que dejó en entredicho la idea de la lucha armada de vanguardia como alternativa para el campo popular en condiciones de vigencia de instituciones representativas, por limitadas que fueran; b) la profundidad del golpe de 1973, golpe que fue pronosticado tempranamente por el MIR y para el cual se preparó precariamente, el que -una vez producido- requería de un repliegue para preservar las pocas fuerzas propias en lo que se pudiera y no exponerlas ante una represión abrumadora que se llevó la vida de cerca de 500 jóvenes militantes y c) la transición post 89, construida como una salida política y de masas a la dictadura, cualquiera sea la opinión que se tenga sobre esa salida y sus potencialidades no logradas. En ese proceso no se produjo una derrota militar del régimen que ni el MIR ni el FPMR lograron desencadenar, tal vez por falta de pericia pero no de coraje, pero sobre todo por su inviabilidad en las condiciones de Chile.
La inviabilidad de la opción de la lucha armada, legítima moralmente (el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 señala "considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión"), se explica por la fortaleza y cohesión del poder militar chileno durante la dictadura (que más que cívico-militar, como se dice ahora, fue propiamente militar y al servicio del gran empresariado oligárquico) y por la configuración histórica y política de la sociedad chilena.
En esa configuración, la izquierda laica y republicana y el progresismo popular cristiano y sus diversas expresiones a lo largo de la historia contemporánea de Chile, no se desenvolvieron alrededor de procesos insurreccionales (aunque hayan existido algunos como la sublevación de la Armada en 1931 y la República Socialista de 1932, o se le hayan acercado, como las protestas de 1983-1986) sino en base a la organización social y su articulación con las instituciones representativas, con éxitos y fracasos, como todo proceso histórico de ésta índole.
La salida a la dictadura debía basarse en la movilización popular, la desobediencia civil y el desborde de la institucionalidad de la dictadura. Que en ese proceso prevaleciera el ala conservadora y no el ala izquierda de la transición es harina de otro costal. Esto se explica básicamente porque la izquierda se dividió irremediablemente por diferencias en el proyecto de sociedad y en la estrategia de derrota de la dictadura. La consecuencia fue una izquierda débil dentro y fuera del gobierno y la consolidación -dado el predominio institucional de la derecha y de un centrismo blando en el electorado y la sociedad- de aspectos claves del modelo neoliberal, como la baja presión tributaria, la ausencia de sindicatos fuertes y de negociación colectiva efectiva junto a la persistencia de la privatización de la política social y de los servicios básicos, sin perjuicio de avances en otras materias.
Es el caso, además, de organizaciones victoriosas en la historia de las izquierdas y de muchas que fueron derrotadas militar o políticamente en alguna o varias coyunturas.
En mi opinión, pero evidentemente hay muchas otras, el cese de la vigencia del MIR está históricamente vinculado a tres hechos acumulativos que desfasaron estratégicamente a esta organización: a) la victoria de Allende en 1970, que dejó en entredicho la idea de la lucha armada de vanguardia como alternativa para el campo popular en condiciones de vigencia de instituciones representativas, por limitadas que fueran; b) la profundidad del golpe de 1973, golpe que fue pronosticado tempranamente por el MIR y para el cual se preparó precariamente, el que -una vez producido- requería de un repliegue para preservar las pocas fuerzas propias en lo que se pudiera y no exponerlas ante una represión abrumadora que se llevó la vida de cerca de 500 jóvenes militantes y c) la transición post 89, construida como una salida política y de masas a la dictadura, cualquiera sea la opinión que se tenga sobre esa salida y sus potencialidades no logradas. En ese proceso no se produjo una derrota militar del régimen que ni el MIR ni el FPMR lograron desencadenar, tal vez por falta de pericia pero no de coraje, pero sobre todo por su inviabilidad en las condiciones de Chile.
La inviabilidad de la opción de la lucha armada, legítima moralmente (el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 señala "considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión"), se explica por la fortaleza y cohesión del poder militar chileno durante la dictadura (que más que cívico-militar, como se dice ahora, fue propiamente militar y al servicio del gran empresariado oligárquico) y por la configuración histórica y política de la sociedad chilena.
En esa configuración, la izquierda laica y republicana y el progresismo popular cristiano y sus diversas expresiones a lo largo de la historia contemporánea de Chile, no se desenvolvieron alrededor de procesos insurreccionales (aunque hayan existido algunos como la sublevación de la Armada en 1931 y la República Socialista de 1932, o se le hayan acercado, como las protestas de 1983-1986) sino en base a la organización social y su articulación con las instituciones representativas, con éxitos y fracasos, como todo proceso histórico de ésta índole.
La salida a la dictadura debía basarse en la movilización popular, la desobediencia civil y el desborde de la institucionalidad de la dictadura. Que en ese proceso prevaleciera el ala conservadora y no el ala izquierda de la transición es harina de otro costal. Esto se explica básicamente porque la izquierda se dividió irremediablemente por diferencias en el proyecto de sociedad y en la estrategia de derrota de la dictadura. La consecuencia fue una izquierda débil dentro y fuera del gobierno y la consolidación -dado el predominio institucional de la derecha y de un centrismo blando en el electorado y la sociedad- de aspectos claves del modelo neoliberal, como la baja presión tributaria, la ausencia de sindicatos fuertes y de negociación colectiva efectiva junto a la persistencia de la privatización de la política social y de los servicios básicos, sin perjuicio de avances en otras materias.
