¿Hacia donde va el estallido social de octubre?
La Mirada. El nuevo observatorio
Los acontecimientos vividos en estos días serán objeto de análisis por mucho tiempo. Pero no es aventurado conjeturar que todo parte en la naturaleza del actual gobierno -el del poder económico y de los privilegiados- que prometió un nuevo dinamismo que simplemente no podía concretar y que no cuenta con mayoría parlamentaria ni apoyo social suficiente. Fue elegido legítimamente en 2017, pero solo por el 27% de las personas con derecho a voto.
Los acontecimientos vividos en estos días serán objeto de análisis por mucho tiempo. Pero no es aventurado conjeturar que todo parte en la naturaleza del actual gobierno -el del poder económico y de los privilegiados- que prometió un nuevo dinamismo que simplemente no podía concretar y que no cuenta con mayoría parlamentaria ni apoyo social suficiente. Fue elegido legítimamente en 2017, pero solo por el 27% de las personas con derecho a voto.
Este no fue planificado por nadie ni dirigido por nadie, expresando un hartazgo frente a múltiples situaciones que ahogan al ciudadano común y el sentimiento de que la democracia es impotente frente a los poderes económicos, o que derechamente las instituciones están a su servicio.
La crisis se desencadenó con las alzas de tarifas y un pésimo manejo de la protesta estudiantil en el metro y de las violencias irracionales ocurridas a partir del “viernes de la furia”, respondidas con el cierre de líneas de metro que colapsaron la ciudad, dejando a millones de ciudadanos a la deriva y con un enojo a flor de piel que derivó en un estallido social. Este no fue planificado por nadie ni dirigido por nadie, expresando un hartazgo frente a múltiples situaciones que ahogan al ciudadano común y el sentimiento de que la democracia es impotente frente a los poderes económicos, o que derechamente las instituciones están a su servicio.
Esa protesta es masiva, legítima, democrática y ha sido de una magnitud inédita y fuertemente desconectada de toda representación política.
Hay una primera capa de esta reacción inesperada: la que se expresa en las redes sociales, en las ocupaciones de calles y plazas, en las manifestaciones espontáneas, en los caceroleos autoconvocados, prolongados y en todas partes de las ciudades, incluso en barrios de más altos ingresos. Esa protesta es masiva, legítima, democrática y ha sido de una magnitud inédita y fuertemente desconectada de toda representación política.
Nadie que se diga de izquierda o progresista debe tolerar estas acciones y debe contribuir en lo que pueda a rechazarlas y aislarlas. Estas acciones son funcionales al gobierno y la derecha pues contraen la masividad y continuidad de las legítimas movilizaciones y expresiones populares de protesta y su capacidad de hacer retroceder al gobierno y su gestión al servicio de los más ricos.
La segunda capa es la que protagonizan aquellos que rompen equipamientos urbanos y destruyen bienes públicos construidos por el esfuerzo de generaciones de trabajadores y trabajadoras. Esto es fruto de la suma de minorías radicales, de reacciones espontáneas de furia y de la acción del lumpen. No merecen apoyo alguno, por mucho que se pueda entender su frustración patológica, porque atentan contra las mayorías que trabajan. Nadie que se diga de izquierda o progresista debe tolerar estas acciones y debe contribuir en lo que pueda a rechazarlas y aislarlas. Estas acciones son funcionales al gobierno y la derecha pues contraen la masividad y continuidad de las legítimas movilizaciones y expresiones populares de protesta y su capacidad de hacer retroceder al gobierno y su gestión al servicio de los más ricos.
El trato a los detenidos es violento y no respeta los derechos de las personas.
La tercera capa es la del saqueo y el robo, que requiere ser contenida con la fuerza policial y la autoorganización en los barrios, como ha venido ocurriendo. Pero la lógica meramente represiva de Carabineros contribuye muy poco, pues no distingue entre ciudadanos movilizados, jóvenes radicalizados y lumpen y suele reprimirlos a todos por igual, indiscriminadamente. El trato a los detenidos es violento y no respeta los derechos de las personas. La policía uniformada y las fuerzas especiales deben ser profundamente reestructuradas y transformadas, pues hoy se encuentran puestas en cuestión por la corrupción de sus anteriores mandos y su lógica de represión ciega, alimentando las violencias ante que conteniéndolas.
La cuarta capa es la del incendio de distintos tipos de lugares. Allí se han producido una parte de los muertos en estos días. Uno tiene la legítima duda de cuanta provocación hay en estos actos, eventualmente de quienes quieren exacerbar políticamente la situación para derivarla a una nueva dictadura. En la lucha contra la dictadura de Pinochet nunca se apuntó a saquear ni incendiar lugares. El esfuerzo siempre fue -al menos por parte de los que no estábamos, aunque fuera legítima, por la opción de la lucha armada- el de buscar la masividad y persistencia de las protestas y la desobediencia civil.
Las destrucciones ciegas son un fenómeno de hoy, y requieren ser distinguidas con precisión en sus causas y efectos y atacadas con la reprobación social generalizada y con una actuación policial efectiva en vez de la represión también ciega, salvo que el gobierno esté expresamente buscando crear una situación de miedo generalizado para volcar la situación a su favor. Si así fuera, eso se llama jugar con fuego.
El estado de emergencia y el toque de queda han sido inútiles, peligrosos, han traído a los militares a las calles generando una situación explosiva y un riesgo de masacre y de espiral de violencia antes que su control.
El estado de emergencia y el toque de queda han sido inútiles, peligrosos, han traído a los militares a las calles generando una situación explosiva y un riesgo de masacre y de espiral de violencia antes que su control. Mantener un toque de queda prolongado es un esfuerzo operativo gigantesco y bastante inconducente. Nada impide devolver a los militares a los cuarteles, dejar a la gente manifestarse y que Carabineros e Investigaciones controlen las violencias del lumpen con una mejor disposición de sus fuerzas y articulación con las personas movilizadas y con los vecinos. Mantener el control de miles de posiciones territoriales es lo que impide actuar con prontitud y eficacia frente a saqueos e incendios.
No parece que haya más de dos vías para salir de la crisis. La primera es la prolongación del estado de emergencia y de los toques de queda en múltiples ciudades para configurar una suerte de golpe de Estado legal, con el apoyo de partidos de seudo oposición que “se ponen a disposición para apoyar la vuelta del orden”. La segunda es el inmediato cese del Estado de emergencia y del control militar en las principales regiones del país y el inicio en el parlamento y en espacios sociales del debate, ojalá acompañado de un acuerdo amplio, sobre:
- un nuevo pacto político básico a través de una asamblea constituyente plural y democrática elegida en 2020 y convocada por el actual parlamento para redactar en un año una nueva Constitución.
- un nuevo pacto social, con retiro de la reforma tributaria que rebaja los impuestos a los más ricos y de la reforma previsional que relegitima a las AFP, entre otras medidas y
- un nuevo pacto territorial que parta por darle más capacidades fiscales a las nuevas autoridades regionales a ser elegidas en 2020.
A quienes la desesperanza impulsa a considerar necesario el estado de emergencia -y a lo mejor el estado de sitio- cabe señalarles que la crisis se superará solo respondiendo a la demanda social en diálogo con la oposición y con las organizaciones sociales.
A quienes la desesperanza impulsa a considerar necesario el estado de emergencia -y a lo mejor el estado de sitio- cabe señalarles que la crisis se superará solo respondiendo a la demanda social en diálogo con la oposición y con las organizaciones sociales.
