Cambio constitucional y medidas sociales urgentes para salir de la crisis
La acción política debe producir resultados para los sectores sociales que se quiere representar y los proyectos de sociedad que se quiere defender, antes que remitirse a emociones justificables pero con baja probabilidad de modificar el orden existente. Los que creemos en la acción política transformadora y de izquierda por cauces democráticos debemos realizar algunas distinciones.
Siempre en un primer nivel debe estar la defensa por principio y en toda circunstancia de los derechos humanos. Por eso perseguir la responsabilidad judicial en las violaciones de los derechos humanos de estos días es indispensable.
Y también se debe perseguir la responsabilidad política, en particular la de quien estaba a cargo del orden público, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Una acusación constitucional es el camino, tal como se anuncia.
En segundo lugar, debe estar la búsqueda permanente de la traducción pendiente de los derechos democráticos fundamentales en el plano constitucional. Esto solo puede provenir de una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución. Debe elegirse a la brevedad y plantearse como una exigencia irrenunciable al gobierno de derecha como factor crucial de la salida a la crisis social y política actual.
No asumirlo, como demuestra ser hasta aquí la actitud de un gobierno a la deriva que ha anunciado de manera fallida un paquete social menor y un cambio de gabinete irrelevante, es simplemente prolongar la crisis o bien preparar nuevos estallidos sociales.
En tercer lugar, está la defensa de los avances en las condiciones de vida de las mayorías y de los grupos sociales de menores ingresos en la sociedad eminentemente desigual en la que vivimos. El horizonte de la transformación hacia una sociedad equitativa y sostenible es nuestra razón de ser. Esto está sujeto a restricciones de mayorías políticas en el parlamento y de recursos presupuestarios.
La clave de la acción política transformadora es buscar siempre crear las condiciones para que los avances se produzcan, incluso cuando se está en la oposición, apoyando la movilización social y articulando mayorías parlamentarias, una y otra vez, aunque se fracase coyunturalmente.
En este caso, se debe plantear un aumento sustancial de la pensión básica solidaria, llevándola a 200 mil pesos de inmediato, un ingreso mínimo de 500 mil pesos en un año y avanzar en cinco años a las 40 horas, junto a fijar precios de los medicamentos, fortalecer los presupuestos de la salud primaria y de los hospitales públicos y disminuir las tarifas del agua potable, electricidad y transporte, fijando rentabilidades máximas de 5% para todo operador de servicios básicos. Este es un terreno en el que las soluciones planteadas, que tienen un costo, tienen que ser justas y sostenibles. Por ello, es indispensable que la mayoría opositora obligue al gobierno a renunciar a mantener privatizada la seguridad social, a retirar la reintegración tributaria a los más ricos por 800 millones de dólares, a establecer una tasa de 50% en el impuesto global complementario (como existió en Chile hasta 1993) a los ingresos sobre 10 millones de pesos mensuales y avanzar a un impuesto al patrimonio sobre las personas que pertenezcan al 1% de mayor riqueza.
Lo que está en juego es empezar a revertir la gigantesca concentración del ingreso acumulada en Chile en las últimas décadas. Además se debe recuperar el control nacional sobre la renta de los recursos naturales, expandiendo el sector público cuprífero y creando una empresa nacional del litio, además de aumentar sustancialmente las regalías mineras.
En cuarto lugar, están las aspiraciones legítimas pero que tienen o bien una baja probabilidad de avanzar o una racionalidad discutible. Esto siempre es un tema de apreciación y por tanto eminentemente debatible para todo actor político y social.
La emocionalidad debe ser parte de los procesos de deliberación de este tipo, pero a la larga no debe ponerse en el centro de la acción política.
A todos nos gustaría que la derecha dejara el poder mañana en la mañana, pero eso solo sería posible con una insurrección que tendría un costo altísimo en vidas humanas, con una muy baja probabilidad de éxito y con la instauración de quizás qué régimen político, o bien con una acusación constitucional que requiere dos tercios del Senado, lo que hoy no existe.
Lo mismo puede decirse de una reforma constitucional para la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias adelantadas, que tampoco contaría con las mayorías suficientes.
La exigencia de avanzar a un calendario concreto de elaboración de una nueva Constitución y tomar medidas sociales de envergadura en lo inmediato es lo que parece debiera mantenerse en el centro de la acción política de estos días.
