El acuerdo CODELCO-SQM sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama

Señalo de partida que me cuento entre los que creen que SQM nunca debiera haber sido privatizada entre 1983 y 1988, y menos entregada a bajo precio a un yerno del dictador. En contraste, la presión militar sobre Pinochet dejó la también nacionalizada CODELCO en manos del Estado por razones estratégicas, a pesar de la presión privatizadora de los Chicago Boys y los diversos grupos de interés.

SQM fue creada en 1968 con participación de 37,5% de la CORFO en su propiedad, con el monopolio de la explotación y comercialización del salitre. SQM fue nacionalizada al 100% en 1971 por el gobierno del Presidente Allende, como parte de su programa de recuperación de las riquezas básicas. Luego de la privatización al terminar la dictadura, los derechos de explotación de SQM abarcan pampas calicheras y salares de las antiguas oficinas salitreras de las regiones de Tarapacá (Nueva Victoria) y Antofagasta (Oficina María Elena, Coya Sur, Oficina Pedro de Valdivia, Pampa Blanca, Salar de Atacama, Salar del Carmen y Yumbes). La Oficina Alemania fue cerrada en 1976 y la Oficina Victoria en 1979. La compañía se especializó en nitrato de sodio de origen natural y nitrato de potasio (hoy usado en aplicaciones de fertirrigación), yodo, cloruro de potasio, ácido bórico y cloruro de magnesio. El nitrato de sodio y el nitrato de potasio son las sales que se usan de materia prima en las plantas termo solares y el cloruro de magnesio es utilizado para el deshielo en caminos. En 1995 inició la extracción de carbonato de litio como subproducto de salmueras en el salar de Atacama, luego de obtener un contrato temporal de CORFO para ese fin. Hoy es el principal productor del mundo y su contrato actual termina en 2030. El litio había sido declarado por ley como recurso estratégico, pues se asumía que era un componente necesario de la energía nuclear, y dejado fuera de las concesiones mineras, que son una cuasi-privatización dado lo establecido en la Constitución de 1980 y en la ley de concesiones mineras. A partir de 1990 se debiera haber buscado su restitución al Estado, pues la privatización de SQM fue realizada a precios subvalorados en medio de un evidente tráfico de influencias. Esa es una dimensión que sigue sin resolverse ante la sociedad. Más aún, a ese problema de origen los controladores, la familia Ponce Lerou, agregaron en la década pasada un intento de comprar el sistema político para favorecer sus intereses, además de abusar de accionistas en la bolsa con el llamado esquema de "cascadas", parte de lo cual todavía se ventila en tribunales. También está en tribunales la negativa de SQM de pagar la regalía minera, que considera no la involucra, por un valor de 933 millones de dólares en 2022. La suma de estos cuatro hechos es más que suficiente para instar amablemente la salida de esa familia de la propiedad de SQM, por incompatibilidad de su conducta con el interés nacional en un empresa estratégica para el país. El acuerdo CODELCO-SQM recién suscrito para operar de manera conjunta en el Salar de Atacama hasta 2060, con mayoría accionaria de la cuprífera estatal de 50% más una acción, no debiera impedir que ese objetivo se cumpla, aunque el control estatal sería efectivo recién a partir de 2030, dado el contrato vigente. La transformación del litio en un componente clave de una de las tecnologías (baterías de ion-litio) para el almacenamiento temporal de electricidad, dio un nuevo impulso a la extracción de este mineral no metálico en el contexto del auge de la electromovilidad. Esta fue altamente rentable en 2022, aunque mucho menos en 2023, dada la normalización del precio. Lo fue para SQM, claro, además de para la empresa química transnacional Albemarle, con sede en Estados Unidos, que tiene el segundo contrato de extracción hasta 2043 en el Salar de Atacama, uno de los lugares de menor costo de producción en el mundo (litio hay en muchas partes). Dado que esa ventaja es del país, no de las empresas a las que se otorgan derechos de explotación del recurso, también lo fue para el Estado de Chile, que había negociado en Bachelet II una regalía específica para el litio más favorable que la vigente para la minería.

Esta regalía minera se había establecido, luego de un primer rechazo por la oposición, en el gobierno de Lagos en 2003, modificada luego por Piñera I y mejorada ahora por el gobierno de Boric. Esto resultó de una difícil negociación, pero es aún una sexta parte de lo que se debiera transferir al dueño (del orden de 3% del PIB, según establecía el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en 2020) por concepto de renta de recursos escasos que no pertenecen a privados sino a la colectividad, dado el peso de la gran minería privada en el parlamento. Este sistema recaudará desde 2024 menos de 0,5% del PIB, considera mantener exenta de regalía la pequeña minería (menos de 12.000 toneladas de producción) y establece para la mediana minería (menos de 50.000 toneladas) una tasa progresiva de 0,4% a 4,4% según la producción anual. En la gran minería (sobre 50.000 toneladas), y para aquellos explotadores cuya producción incluya más de un 50% de cobre, habrá un componente de regalía de un 1% del valor de lo producido más una tasa progresiva sobre el margen operacional de entre 8% y 26% según su magnitud. Se establece un límite de carga máxima potencial de 46,5%, lo que no tiene ningún sentido, pues la lógica de la regalía es gravar más cuando los precios y las rentas son altos. Fue parte del precio a pagar por la aprobación en el parlamento. Este techo se reduce a 45,5% para los explotadores con producción promedio en los últimos 6 años menor a 80.000 toneladas. Unos US$ 450 millones irán a regiones y comunas y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo contará con US$225 millones que serán distribuidos a los gobiernos regionales para proyectos de inversión productiva. SQM se niega a pagar esta regalía.

Por su parte, el acuerdo sobre el litio no zanja este tema (está en tribunales) e implica que SQM no sale en 2030 del salar y prolonga su presencia por contrato con el Estado en 30 años más. Allí se extrae litio, sulfato de potasio, cloruro de potasio, silvinita, bischofita y otras sales de descarte. A cambio, SQM cede la mitad de la propiedad de la filial que extrae litio en el Salar de Atacama y la totalidad de sus derechos en el salar de Maricunga. La discusión sobre el valor actual de los flujos futuros de esa filial conjunta, un guarismo difícil de precisar sin grandes márgenes de error, debe haber presidido las negociaciones, así como la discusión sobre el valor del recurso y sus métodos de cobro por el Estado. Reiteremos que, a través de CORFO, pertenece a todos los chilenos. Las otras filiales en que se divide SQM seguirán extrayendo caliche y yodo en Nueva Victoria, yodo en Pedro de Valdivia y nitratos en Coya Sur y Pampa Calichera. En el corto plazo, CODELCO recibe ingresos por una parte de las toneladas de litio extraídas hasta 2030. El precio de referencia de largo plazo del litio negociado es uno de los factores claves para el período 2030-60. La renta bruta que obtendría SQM a partir de 2031 sería del orden de 15%, considerando que el Estado se quedaría con el canon de arrendamiento a CORFO, el impuesto a la renta, el royalty minero y la mitad de las utilidades vía Codelco, con el mencionado precio de referencia. Pero esto es incierto, especialmente si el precio es mayor. CODELCO se queda, por otra parte, con las pertenencias de SQM en el Salar de Maricunga, menos rentable, pero en el que la empresa estatal ya está desarrollando proyectos de extracción y compró recientemente activos en manos de privados que le permitirían desarrollar de manera autónoma un segundo distrito amplio de extracción de litio. El paso más adelante debiera ser la creación de una filial litio en CODELCO y su posterior transformación en Empresa Nacional del Litio, capaz de abordar nuevos desarrollos tecnológicos y asociaciones para su elaboración industrial sostenible.

Un cierto escepticismo con el acuerdo, por nuestra parte, nace del hecho que CODELCO tiene intereses corporativos de empresa y puede no representar de manera suficiente el interés nacional. Actualmente tiende a creer que no es la principal empresa estatal chilena sino una empresa "global" como cualquier otra y que debe estar en manos de sus ejecutivos, ojalá sin estar sujeta a transparencia ni control efectivo. Su dueño, la ciudadanía, tiene derecho a saber como se lleva adelante su gestión y cuáles son sus proyecciones futuras de ingresos y de aportes al desarrollo sostenible nacional, solo con la excepción de alguna información estratégica puntual. Cabe recordar lo negativo para el país de la estafa en los años 1990 en las operaciones de mercados a futuro y de los negocios de CODELCO con una empresa China entre 2005 y 2006, en donde se comprometieron valores de venta de cobre de la mina Gaby por 15 años que fueron superados ampliamente por el valor posterior de mercado, con una gran pérdida para el Estado. Y que CODELCO no ha sido en absoluto eficiente en la última década, pues ha disminuido su producción de una manera ostensible, bajo un esquema de gobierno corporativo "autónomo" bastante absurdo. Y cabe recalcar que en la negociación no obtuvo el control de SQM desde ahora, sino solo en 2030, lo que fragiliza el acuerdo. Y recordar que SQM ya ha recibido sanciones en Estados Unidos por su conducta de corrupción y en Chile por infringir la ley de valores y por daños al ambiente en el Salar de Atacama, con multas aplicadas recientemente por la Dirección General de Aguas. El parlamento tendrá ahora la palabra, para ver si CODELCO sigue o no sin responder ante casi nadie y si SQM puede seguir con sus prácticas inaceptables en una sociedad decente.

Tablas

En La Nueva Mirada 

Con el resultado del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, se alejó la perspectiva de entronización de una institucionalidad con rasgos autoritarios y liberticidas, alejada del principio de mayoría en la formación de las leyes y con una mayor desigualdad del voto. Ésta, además, ponía en entredicho derechos de las mujeres, restringía derechos sociales, consagraba el predominio de la propiedad privada por sobre los bienes comunes y la seguridad social y establecía un sistema tributario regresivo. 

Se podía conjeturar, con fundamentos, que los resultados a favor de la extrema derecha de septiembre de 2022 y mayo de 2023 se podían prolongar en diciembre de 2023. No había nada muy nuevo en el escenario, en especial en materia de valoración de la acción del gobierno, arrinconado en los temas de seguridad e inmigración, golpeado por escándalos de mal uso de recursos públicos por nóveles activistas y nóveles autoridades, y sin una agenda social muy significativa en medio de una economía languideciente. Fue el “año en que vivimos en peligro”. Pero prevaleció a la postre una especie de sentimiento general de valoración de la democracia. El voto mayoritario fue contra la pérdida de derechos de la propuesta constitucional de Kast y su grupo, que arrastró a una derecha tradicional carente de posturas consistentes y menos aún de voluntad de producir un acuerdo de amplio espectro.

Sin embargo, el acuerdo estaba ahí, con el borrador del grupo de expertos que fue consensuado por representantes de prácticamente todo el espectro político institucional, y fue desechado por la derecha, en un acto de irresponsabilidad histórica.

Ahora tenemos, después de cinco votaciones constitucionales desde octubre de 2020 -nada parecido ha ocurrido nunca en algún otro país del mundo- un resultado que en términos ajedrecísticos se puede llamar de «tablas», es decir un empate. No hay nueva constitución progresista y tampoco una de ultraderecha. Pero persiste una leve ventaja para el progresismo, pues en agosto de 2022 se bajaron los quórum de reforma constitucional y en enero de 2023 se aliviaron los candados en las leyes orgánicas de la constitución vigente. Además, sigue estando ahí el borrador de los expertos para ser incorporado en lo necesario a la actual constitución, incluyendo el Estado democrático y social de derecho, cuando aparezca una mayoría de 4/7. Sin embargo, todo hace pensar que la derecha va a preferir el camino de la confrontación, azuzada por un empresariado a la ofensiva para evitar toda reforma tributaria y toda pérdida de espacios de los privados en la seguridad social, la atención de salud y la educación, o bien modificaciones a la legislación laboral que pudieran fortalecer a los sindicatos.

Ese es el nuevo escenario en que se desenvolverá el conflicto político, con una creciente polarización provocada, además, por la competencia en la derecha por quien expone mayor dureza en la agenda de destrucción del gobierno y de predominio de la agenda de seguridad e inmigración en el espacio público, en detrimento de toda agenda social y económica. Ocurre que la oligarquía se comporta como tal y su conducta es la de desplegar todo su poder para preservar sus privilegios, sin mayores matices. Sus representantes más conspicuos llegaron a autocalificarse, en una vorágine de arrogancia después de los resultados de septiembre 2022 y de mayo 2023, de «verdaderos chilenos«, como si los demás no lo fuéramos. El gran empresariado mostró, por su parte, su cara política más cruda al apoyar a la extrema derecha en el tema constitucional y a propósito de los 50 años del golpe militar. 

Otra conjetura  verosímil es que persistirá una volatilidad del votante emocional sin anclaje ideológico, a cuya cara de adhesión al orden acude la derecha con sus campañas del miedo, en ocasiones con éxito. Su otra cara es la demanda por más protección y movilidad social, que busca ser cubierta por el progresismo, con éxito cuando logra poner esa agenda en el escenario público y dispone de los medios gubernamentales y parlamentarios para concretarla. Persiste, por otro lado, el dato sociológico de una alta proporción de personas -aunque no una mayoría estable- que no ve como problema la concentración del poder económico y adhiere al autoritarismo y a valores ultra-individualistas o conservadores. Es una minoría consistente, capaz de conformar mayorías si sus conductores logran infundir percepciones de crisis y desgobierno que arrastran al electorado volátil.

Las fuerzas progresistas y de izquierda deben constatar que ese es el país realmente existente y que su rol es persistir en transformarlo. Eso solo puede ocurrir con un programa de cambios para conquistar más derechos y protecciones sociales y de los bienes comunes, sustentados en una gestión de la economía volcada a un crecimiento inclusivo y sostenible. 

Adoptar el lenguaje del centrismo y su lógica del acomodo no tiene credibilidad, y menos en tiempos polarizados, y tampoco el de la dureza autoritaria, terreno en el que la derecha tiene galones insuperables anclados en la cultura de la hacienda. Tampoco tiene sentido coquetear con el neoliberalismo que insiste en “soluciones de economía de oferta” para reactivar la economía, basadas en desregularlo todo en beneficio del capital.  Llaman “permisología” a las normas laborales y ambientales que son esenciales para la buena salud de la economía en Chile y en todas partes, lo que no impide sostener que apurar y simplificar trámites y remecer a las burocracias será siempre saludable. Pero en realidad lo que persiste es la vieja fantasía oligárquica que quiere maximizar las utilidades de sus grandes empresas sin consideración por las personas y el ambiente, y de paso ojalá no pagar muchos impuestos y no rendirle cuenta de nada a nadie. ¿Por qué andar pidiéndole permiso a la sociedad, esa vana molestia, si yo soy el dueño del poder económico, que es el que debe prevalecer? Todo esto supuestamente aumentaría el crecimiento, en lo que ya fracasaron, para los olvidadizos, los Chicago Boys a un alto costo social, de concentración de mercados y de desindustrialización y pérdida del tejido de pymes, entregando, además, recursos comunes a intereses externos que dejaron de estar al servicio de la nación y sus necesidades. Las repatriaciones de utilidades al exterior por empresas transnacionales, mineras y financieras, alcanzaron a 23,9 mil millones de dólares en 2022, cerca de un 8% del PIB. La inversión extranjera está muy bien, solo que tiene un costo muy alto para el país cuando está mal regulada: no solo hay ingresos, sino también egresos, en este caso de sobreutilidades. La nueva regalía minera permitirá solo una mínima contribución a los ingresos del gobierno y las regiones de una renta que pertenece a todos y no a los accionistas de transnacionales, con un precio del cobre que subirá en los próximos años y una demanda futura en expansión.

El desafío, en cambio, es seguir construyendo un camino igualitario y libertario con un mucho mayor caudal de apoyo en la ciudadanía. Eso solo se logrará en tanto se vaya demostrando con hechos tangibles -en materia de empleo, salarios, atención de salud, acceso a la educación, pensiones, vivienda y entornos urbanos seguros- que recorrerlo es más meritorio y tiene más sentido como alternativa para ampliar derechos y promover una prosperidad compartida, sostenible y segura. Se trata de convencer de una realidad: mantener una sociedad desigual, discriminatoria e insegura, ensimismada en el miedo y en el rechazo al otro, empequeñece al país. En materia económica, no se debe olvidar que lo que en realidad dinamiza la oferta no son empresas sin reglas, pero que no tienen a quien venderle lo que producen (recordemos que el comercio se encuentra actualmente deprimido), sino flujos de corto plazo suficientes de demanda de consumo y de inversión. Esta última es, a su vez, la que dinamiza la producción, el empleo y los salarios en el mediano y largo plazo y debe expandirse a la brevedad, en especial la construcción y las obras públicas sostenibles, junto a un mayor apoyo a las pymes y a las empresas tecnológicas e innovadoras emergentes. Un nuevo impulso exportador y sustituidor de importaciones de mayor valor agregado sigue siendo una gran tarea pendiente, que no se hará sola sino con un deliberado esfuerzo público-privado de financiamiento de la diversificación y la transferencia y desarrollo tecnológico apropiado para mejorar la productividad sistémica de la economía. Esto requerirá mantener un tipo de cambio competitivo y un mayor esfuerzo de conquista de mercados externos.

La tarea la tienen ahora el presidente Boric y su coalición de apoyo, junto a las eventuales energías de movilización ciudadana que lo acompañen, para enfrentar y superar con más convicción y claridad política y argumental el bloqueo parlamentario y mediático de la oposición. Este se ejercerá tanto en las reformas de salud, de pensiones y tributaria como en cualquier otro avance social y cultural que empuje el gobierno. Vendrán dos años difíciles, pero gobernar para las mayorías nunca ha sido fácil.

Retomando la reforma de pensiones

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Anualmente las AFP cobran más de mil millones de dólares en comisiones y se llevan un margen mayor al 50% de los ingresos que reciben. Este es superior en un 120% a los costos de la operación del sistema, en un negocio que recibe ingresos asegurados por el Estado todos los meses provenientes de las cotizaciones obligatorias.

Cabe preguntarle a la derecha, que tiene la llave de la reforma en el Congreso, ¿qué mecanismo propone exactamente para bajar el costo de administración de las cuentas y las sobreutilidades de las AFP por altas comisiones?; ¿solo las licitaciones anuales de una parte del stock de fondos y nada de separación de la administración de cuentas y la función de inversión de los fondos?; ¿qué actor estatal están dispuestos a aceptar y qué nuevos actores privados se podrían incorporar a la administración de cuentas y gestión de la inversión (soporte licitado, bancos, compañías de seguros)?; ¿qué solidaridad creen necesaria entre hombres y mujeres en el sistema previsional contributivo y entre los actuales y los futuros pensionados?

Los objetivos mínimos de la reforma se pueden agrupar de este modo:

1) Bajar el injustificado costo de administración de las cuentas del sistema de pensiones contributivas (con cotización obligatoria) para disminuir el aporte por comisiones de los cotizantes mediante un recaudador único, como propone el gobierno, o la fijación de topes en las tarifas;

2) Introducir más entidades y más competencia en la inversión de los fondos de capitalización del 10% actual;

3) Aumentar las pensiones contributivas actuales hasta en 3 UF con parte del 6% de cotización patronal adicional, que irá a cuentas individuales administradas por un ente público, como es hoy el caso de las pensiones del IPS, en lo que no sea objeto de aporte de solidaridad;

4) Introducir solidaridad en las futuras pensiones con redistribuciones de parte de las cotizaciones adicionales a mujeres, maternidad y cuidados, así como a lagunas previsionales por desempleo. De hecho esto ya existe con el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que todos pagamos todos los meses pero del cual eventualmente no recibiremos nada si no nos enfermamos o perecemos tempranamente. En eso consiste la seguridad social. El "con mi plata No" tiene actualmente un componente de "con mi plata Si". La propuesta de gobierno es una ampliación prudente de este principio.

5) Asegurar un ingreso constante a los pensionados, sin retiros programados, y bajar los costos de la renta vitalicia. La fórmula de un seguro de longevidad tiene el inconveniente de que financiarían las pensiones de los que viven más (las personas de altos ingresos, con 10 años y más de esperanza de vida adicional) los que viven menos (las personas de menos ingresos). Así es el carácter social de la demografía. Por su parte, un seguro de este tipo restringido a los mayores de 75 años tendría un costo muy alto.

A la derecha cabe señalarle: discutamos los mecanismos y pactemos, pero sin abandonar los objetivos básicos, salvo que lo que se quiera es simplemente mantener el sistema de AFP y las utilidades de sus dueños.

En materia de mejoramiento de las pensiones de las mujeres, el gobierno ha planteado un esquema que beneficia a las actuales y futuras pensionadas calculando el monto necesario para que la "pensión autofinanciada" de la mujer sea igual a la de un hombre en iguales condiciones, que se pagaría a partir de los 65 años y cubriría pensiones hasta 15 UF. Se complementaría con un aporte por "tareas de cuidado", mediante un registro de hasta 24 cotizaciones por el salario mediano por el tiempo dedicado a cuidados no remunerados de personas con dependencia moderada o severa, para personas que estén en registro de cuidadores del RSH / MDS. Se contempla un complemento por maternidad, con un registro de 24 cotizaciones por el salario mediano por cada hijo/a nacido vivo o adoptado. Una nueva propuesta gubernamental plantea dedicar un 1% de las cotizaciones adicionales a fortalecer el cuidado infantil, lo que se aleja de los fines directamente previsionales que debe tener el sistema de pensiones y no parece una buena idea, pues fortalecer los jardines infantiles y guarderías debe ser materia de financiamiento presupuestario.

Se incluye, además, un complemento por "lagunas previsionales": cada vez que se reciben beneficios del seguro de cesantía, se pagaría las cotizaciones del 10% y el 6% con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Finalmente, para aumentar las actuales pensiones, el gobierno ha propuesto que los pensionados reciban, financiado con parte del 6% de cotización adicional, una "garantía complementaria a la pensión", con un monto de 0,1 UF por cada año cotizado (aplicable al DL 3.500, los bonos de reconocimiento y el nuevo sistema). Se entregaría a partir de los 65 años con un tope de 30 años cotizados (3 UF).

Las nuevas cuentas individuales de capitalización colectiva debieran ser gestionadas por un ente público, a las que se les descuenten aportes solidarios para financiar los beneficios mencionados para las mujeres y la "garantía complementaria". La definición del gobierno es que las AFP no entren en el 6% de cotización adicional del empleador y que se transformen en el sistema del 10% de cotizaciones de los trabajadores en entidades privadas de inversión, junto a otros actores, con un recaudador único para bajar costos.

La derecha no quiere ver desaparecer a las AFP de la recaudación del 10% y quiere que sean parte del 6% de cotización adicional. Por eso se opone a la reforma propuesta por el gobierno. Se refugia argumentalmente en la regresividad que supone financiar aumentos de pensiones con las cotizaciones de los asalariados y aportantes independientes. Ahí cabe decirle que la alternativa son los impuestos, que también se niega a aumentar. Entonces no quiere nada, simplemente. De ahí el bloqueo a la reforma.

Si se abre a más impuestos, muy bien, pero sin poner el acento en el IVA, que es más regresivo que los impuestos directos a los ingresos o el patrimonio. Por eso, si hablamos de más aporte tributario, debe venir de los ingresos personales elevados provenientes del capital y no del consumo.

Plebiscito: reflexiones a partir de los acontecimientos de los últimos días

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Lo esperable: se filtra ilegalmente a días del 17/12 la carpeta de investigación sobre fundaciones para intentar otra vez involucrar al ministro Carlos Montes, que no tiene nada que ver con un esquema de transferencias a privados manejado por los seremis sin licitación ni concursabilidad. En este caso, se trata de nóveles activistas del partido RD que buscaron el camino del dinero del Estado, con la aparente connivencia de una novel diputada RD y el aparente aval de una novel subsecretaria RD, y cometieron, al parecer (lo que aún no está probado), delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según la fiscalía.

Nada muy edificante, y con múltiples interrogantes: ¿cuánta responsabilidad hay de las normas inadecuadas y de la falta de control institucional? ¿Cuánta intencionalidad de apropiación indebida de recursos públicos existió, cuánta improvisación y chapucería sin voluntad de defraudar hubo? La fiscalía no lo tiene fácil. Lo único claro es que Carlos Montes no tiene nada que ver con las normas previamente existentes ni con las conductas de algunos seremis destinadas a realizar transferencias de recursos a fundaciones privadas de reciente creación, nula experiencia y cercanía con una novel corriente política.

Este mismo tipo de esquemas altamente reprobables se están investigando en otros órganos públicos y gobiernos regionales, en buena hora, que involucra en diversos casos a partidos y personas de oposición y otras corrientes políticas.

Los recursos públicos para la política y los límites de gasto poco a poco se habían venido estableciendo desde 2003, para evitar la compra de los representantes elegidos por el poder económico, que financiaba las campañas y las carreras políticas, especialmente, aunque no únicamente, de la derecha. Se vio a ministros (Longueira), subsecretarios (Wagner), senadores (Orpis, Van Risselberghe) y diputados (Isasi) recibiendo instrucciones directas y por escrito en materia legislativa por poderes económicos, con la ley de pesca como el paradigma de legislaciones que no se pueden sino calificar de corruptas. La ley desde Bachelet II limita, aunque de manera insuficiente, el dinero empresarial en la política, mientras la fiscalía y los tribunales han actuado de manera algo más firme (la demora en el juicio a SQM ha sido vergonzosa) para perseguir los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias y financiamiento empresarial ilegal de la política, vigentes en la legislación. En los gobiernos de Piñera, sin embargo, se amplió la doctrina del "externalizar todo" en la función pública, que se presta para abusos múltiples. Esto ha venido incluyendo la transferencia de recursos a fundaciones que supuestamente ayudan a la realización de tareas ministeriales, pero que se usan para apoyar carreras parlamentarias, además del copamiento de servicios públicos en regiones en cargos de confianza que no debieran existir, en beneficio de una función pública estrictamente profesional.

El correcto uso de recursos presupuestarios para fines públicos y cuidar la profesionalidad de la administración es el primer deber de quien tenga responsabilidades políticas y de representación ciudadana, junto a una especial austeridad en el uso de los recursos estatales destinados a la acción de los partidos y las campañas electorales, aunque tenga costos (de eso algo sé).

Por su parte, la fiscalía podría ser un poco más cuidadosa con la publicidad de sus carpetas investigativas y con las fechas y duración de sus actuaciones, para así evitar sospechas de sesgo político en una institución que no debe entrar en trincheras partidarias y electorales por ningún motivo. Los casos recientes de Guatemala y de Perú están ahí para señalar hacia dónde no debe irse.

Así, se debe seguir con una severa vigilancia del buen uso de los recursos públicos para evitar a toda costa el afianzamiento de una cultura de la corrupción.

Desde el punto de vista de la gestión pública, la lección es que la política de vivienda -o de cualquier otra área pública- deben diseñarla y llevarla a cabo el ministerio respectivo, sus servicios dependientes y sus profesionales y equipos, no fundaciones con proyectos de dudosa utilidad para esa política, pero que pueden ser sobre todo pasto para el clientelismo. Otra cosa es que se financie actividades de la sociedad civil, que son válidas en tanto tales, pero esto es muy excepcionalmente tarea del gobierno central. A partir de 2024, no debiera haber desde ese nivel de la administración convenio alguno con fundaciones para fines etéreos -otra cosa es contratar servicios necesarios para la tarea pública, pero con fines y tiempos precisos y con entidades profesionales especializadas- y redireccionarse esos recursos a los organismos técnicos ministeriales y a los subsidios directos a las personas, en este caso a las soluciones habitacionales para quienes las necesitan. Esas personas, que se cuentan entre las más desfavorecidas, no pueden tolerar el desvío de recursos públicos, como tampoco la ciudadanía de a pie, lo que contribuye gravemente al desprestigio de la democracia. Además, se requiere una fuerte vuelta de tuerca en los municipios: son hoy 32 los alcaldes y ex alcaldes imputados en procesos judiciales y varios de ellos están en prisión por corrupción.

Y se debe seguir persiguiendo la principal fuente de corrupción en el Estado chileno: el gigantesco fraude al fisco organizado por las asociaciones ilícitas para evadir impuestos que intentan, y en ocasiones logran -como quedó probado en el caso Penta- corromper a servidores públicos. Hasta hace poco las consecuencias eran cursos de ética. Ya llegó la hora de sanciones a la altura de los delitos cometidos para los que corrompen y no solo para los que se dejan corromper.

El balance político para el Frente Amplio es, en este contexto, delicado. Se fundó en 2017, entre otras cosas, como reacción a posturas cada vez más laxas frente al financiamiento ilegal e indebido de la política, que requería de una drástica renovación. Y, además, se fundó a partir de una crítica al neoliberalismo como lógica de la acción pública y a una política económica y social insuficientemente redistributiva e innovadora. Esto era lo que había llevado al colapso de la Concertación y la Nueva Mayoría, a pesar de sus logros en diversos aspectos. Esa crítica, fundada, y la convocatoria a darle paso a una nueva generación, permitió el triunfo presidencial del Frente Amplio. A sus errores y divertimentos por inexperiencia, la despreocupación por la construcción de una coalición coherente en un contexto de ausencia de mayoría parlamentaria y el fracaso de un proceso constitucional mal concebido y peor ejecutado, se sumó ahora reproducir prácticas clientelísticas y de copamiento del Estado en versión aumentada.

Todo esto puede tener un muy alto costo para el Frente Amplio, que se suponía se había constituido para rechazar las prácticas indebidas con un estándar ético distinto (Jackson dixit), pero también para la coalición de gobierno en su conjunto. A partir de la próxima semana, esta coalición deberá sacar todas las lecciones de los fracasos acumulados e impulsar un nuevo estilo y nuevos objetivos para salvar, a medio camino, el destino de su gobierno.

Dos posteos sobre seguridad pública

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28 de noviembre

El sheriff del condado

La derecha busca, lo que no es demasiado nuevo, poner al gobierno entre la espada y la pared con el tema de la seguridad, procurando hacerlo aparecer como desbordado e incapaz de manejarlo. Esto se acompaña de la petición recurrente de más estados de excepción, ahora para Santiago (un exabrupto evidente), y de citar a reuniones a un consejo de seguridad que incluye a las FF.AA. para ponerlas como supuesta solución providencial, lo que es un espejismo y no es propio de su tarea constitucional. De paso, los conservadores mezclan cada vez que pueden la inmigración, que es un fenómeno global y también específicamente vinculado al colapso de países de la región, con la delincuencia, que es nacional en una muy alta proporción. El objetivo: desacreditar la gobernabilidad democrática frente a fenómenos complejos de alcance internacional y de intensidad creciente. Y en la coyuntura, llevar agua al molino de la aprobación de la constitución de la extrema derecha, supuestamente orientada a la seguridad, como si éste fuera un tema constitucional. Aparte de dos o tres frases sin consecuencias, su texto sobre todo busca proteger los intereses oligárquicos en materia institucional y económico-social.

Esta ofensiva "destituyente" requiere de una respuesta fuerte y clara: se trata de una intencionalidad desleal que debe ser reprochada con fuerza. En vez de seguirle la corriente, claro. El gobierno está al mando y su política es una de seguridad democrática, que fortalece día a día la acción de las policías, con la colaboración de las FF.AA. en las fronteras y en la Zona Sur.

Estas policías son las que, dicho sea de paso, deben estar a cargo de la comunicación cotidiana sobre su accionar frente a la delincuencia. No tiene sentido que las autoridades de gobierno reaccionen ante cada hecho delictivo. Asumirse como jefes de policía es absurdo. Su rol es otro, y no incluye dejarse llevar por el clima de alarma que todos los días alimentan los medios televisivos para sostener su rating. Es su gran negocio. No es el rol del gobierno ni de los dirigentes políticos, que no deben ponerse a competir ("noviembre rojo") en la multiplicación de un clima de alarma y de populismo penal y represivo mediante más y más gesticulaciones mediáticas. La población sabe apreciar el abordaje serio de un problema serio.

Un ejemplo: la creación de un Ministerio de Seguridad, que se promueve desde hace años, no tiene sentido pues para eso está el Ministerio del Interior con sus subsecretarías dedicadas al orden público y a la administración del territorio, que es un error separar. Son parte de una misma tarea de orden y seguridad democrática. La idea de este ministerio, que evidentemente no soluciona nada, es la guinda de la torta de la inflación legislativa y de la parafernalia securitaria. Como si permitiera bajar un milímetro los niveles de delincuencia, lo que ya se vio en el gobierno de Piñera, cuya retórica de supuesta firmeza fue un mero bluff frente a un fenómeno con causas económicas, sociales y culturales de largo aliento, junto a evoluciones recientes del crimen organizado, especialmente las extensiones del narcotráfico desde distintos países de América Latina, como México, Venezuela y los países andinos, pero cuya base es el consumo de drogas en Estados Unidos y Europa.

El aumento de los homicidios en Chile es una realidad, propia de penetraciones del crimen organizado y de sus prácticas de sicariato, secuestros y extrema violencia. Enfrentarlas no es fácil, para este gobierno o cualquier otro. En vez de actuar con sentido de responsabilidad común, la oposición ocupa deslealmente este tema para atacar con ferocidad al gobierno, que no se defiende lo suficiente.

El gobierno actual está combatiendo esta nueva realidad con nuevos instrumentos legales y operativos que refuerza día a día, en un contexto en que Chile mantiene, y por muy lejos, una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina, lo que debe decirse una y otra vez por las autoridades. Ni los subsecretarios del área ni la ministra del Interior tienen funciones operativas, y deben asumir el rol que les corresponde, que no es el de sheriff del condado, como decía un ministro del Interior en otras épocas, sino el de conductores de las políticas de seguridad. Los crímenes violentos realizados por bandas, incluyendo los ajustes de cuentas en las disputas de territorios, los secuestros extorsivos y muchos de los robos con violencia, están siendo perseguidos por las policías, con éxitos importantes en diversos aspectos. Lo propio ocurre con el narcotráfico de gran escala.

Combatir el microtráfico y su extensión progresiva ya es, en cambio, una tarea que va mucho más allá de las policias, y debe incluir a la sociedad civil, a los gobiernos regionales, los municipios, las escuelas y los diferentes servicios de la política social, dada su dimensión preventiva y de conexión con las comunidades. En el universo de los 400 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, según los datos del INE, el tema no es la represión policial, aunque ésta debe ser eficaz y proporcional y estar presente en los diversos territorios afectados cuando es requerida. En esos espacios se debe desplegar la multifactorial tarea de mediano y largo plazo de revitalización del tejido social, consolidación de un urbanismo integrador y la creación de más opciones suficientemente atractivas de empleo, formación profesional y educación. Esto se debe acompañar del refuerzo de la acción preventiva de una policía más próxima que colabora con los vecinos y la comunidad organizada. Y también de un mejor sistema carcelario y de reinserción. Estas son tareas lentas y no siempre visibles, pero son las únicas que permitirán paso a paso combatir consistentemente las distintas formas de delincuencia que afectan al ciudadano común.

Anclarse en la retórica del miedo y la descalificación no soluciona nada ni conduce a nada.

5 de diciembre

La izquierda y la seguridad pública

Ser de izquierda es luchar por una sociedad más libre y por tanto necesariamente más justa, pues la libertad no puede ser la de una oligarquía privilegiada que concentra el poder y la riqueza sino aquella que es ejercida por todos los miembros de la sociedad con medios de vida dignos basados en el trabajo y, en su caso, en la solidaridad, oligarquía que además deja hoy a las nuevas generaciones una pesada carga ambiental. Mantenerse en esa postura lleva con frecuencia a confrontar a los poderes constituidos. Esto requiere una actitud, una disposición a ir contra la corriente y a resistir las subordinaciones, los lugares comunes dominantes y las modas.

Hoy se está dando por enésima vez a la izquierda por obsoleta (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../quo-vadis... y https://gonzalomartner.blogspot.com/.../esta-en-crisis-el...). Y también ahora resulta que "el atributo de la gestión en materia de seguridad no es uno que históricamente se le asigne a la izquierda", dicho nada menos que por el subsecretario del Interior. Se suman voces a esa corriente que da por buenos todos los discursos de la derecha. Aunque sean relativamente jóvenes, eso no los exime de hacer un poco más de esfuerzos de memoria.

Cuando la izquierda ha gobernado, ha tenido una especial preocupación por la seguridad pública (y por la defensa nacional, dicho sea de paso). Lo que pasa es que no lo hace desde el autoritarismo violento al que no le importa violar los derechos humanos y no tiene visión de contexto sobre los fenómenos delictuales, sino que desde un sentido democrático y social de la autoridad. Y lo hace con mucho mayor eficacia.

Durante la Unidad Popular, destacó la figura de Daniel Vergara como subsecretario del Interior en sus ingentes esfuerzos de mantención del orden público, alterado por los opositores y los permanentes atentados realizados por Patria y Libertad y otros grupos financiados desde el exterior y por la oligarquía económica, a los que el gobierno pudo contener sin violar derecho humano alguno, lo que explica que necesitaron de un golpe militar para interrumpir la vigencia de las libertades sostenida por un gobierno de izquierda contra viento y marea. Cuando grupos extraviados y probablemente infiltrados asesinaron al ex ministro del Interior Pérez Zujovic en 1971, las fuerzas de seguridad encabezadas por Eduardo Paredes, entonces Director de Investigaciones, dieron cuenta del tema en cuestión de horas. Como algunos de sus autores habían sido miembros del MIR, Miguel Enríquez puso a disposición sus fuerzas para dar con quienes ponían en peligro el proceso democrático encabezado por Salvador Allende. Un tema gravísimo, que inclinó hacia la oposición a la Democracia Cristiana, pero que fue resuelto sin dilaciones y con la máxima energía. Por la izquierda, para los con mala memoria.

Durante el gobierno de Patricio Aylwin, grupos extraviados originados en el Partido Comunista y el MAPU decidieron realizar acciones que ponían en peligro la estabilidad democrática en precaria construcción, amenazada por la permanencia del dictador en la comandancia en jefe del Ejército, al acecho de cualquier cuadro de violencia para volver a tomar el poder en nombre del orden desbordado. Uno de los últimos que había intentado crear, después del fracaso del inicio de la guerrilla de Los Queñes que quiso instalar sorprendentemente Raul Pellegrín sin ninguna base política ni operativa el 21 de octubre de 1988, fue el asesinato de Jécar Neghme, nada menos que en septiembre de 1989. Pinochet buscó provocar una reacción violenta del MIR, que no se produjo pues su dirección política analizó adecuadamente la situación, y seguir maniobrando para un desconocimiento del vuelco del país a la democracia con el plebiscito de 1988 y las reformas pactadas de 1989. Que esos pactos fueran insuficientes para recuperar una democracia soberana y producir una redistribución de ingresos y el control de la concentración económica, es harina de otro costal, lo que terminó por estallar en 2019 como demostración de que la inseguridad pública y las desigualdades y abusos interactúan directamente entre sí como trasfondo estructural.

Los atentados del FPMR-A (aquel contra Leigh fue el 21 de marzo de 1990, a días de instalado el nuevo gobierno) y del grupo Lautaro favorecieron la idea de que la democracia no podía contener el desorden y el terrorismo y que se debía volver a la brevedad a la dictadura, también con sospechas de infiltración. Los desvaríos incluyeron el asesinato en enero de 1989 de un alto dirigente del FPMR Autónomo por la jefatura del grupo, acusado de traición, y culminó con el atentado contra Jaime Guzmán en abril de 1991 por una fracción del grupo, quien había sido elegido senador, aunque no nos gustara a quienes criticamos su rol de apoyo civil a la dictadura y sus crímenes. Y también con el asesinato por la espalda de jóvenes policías sin vínculo alguno con la represión dictatorial por el grupo Lautaro. La política de la izquierda gubernamental fue buscar la justicia en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura a través de los tribunales, lo que ha venido ocurriendo desde entonces, con fracasos y victorias. Muy bien, pero ¿quiénes terminaron haciéndose cargo de contribuir a restablecer el orden público y de desarmar la amenaza de la instalación de una lucha armada endémica en democracia, del tipo de la ETA en España? Las fuerzas de la izquierda gobernante, para los con mala memoria.

Se trató de una política de combinación del uso de una precaria institucionalidad y de la acción operativa de la Policía de Investigaciones. Hubo episodios dolorosos con resultado de muerte, algunos muy cuestionables. Pero los jefes y dirigentes de las dos organizaciones armadas responsables de asesinatos en democracia fueron puestos a disposición de los tribunales, sin torturas ni ejecuciones (unas "memorias" de un infiltrado que habla de supuestas torturas nunca denunciadas por nadie no son más que inventos). Hoy hay todavía quienes cuestionan esa decisión. Están en su derecho. Pero no pueden desconocer su eficacia operativa y política. Los autores de asesinatos y delitos inaceptables en democracia fueron encarcelados por mucho tiempo, y la regresión autoritaria perdió fuelle decisivamente. Una década después los autores de esos delitos fueron amnistiados, también por la acción de la izquierda gobernante. Dígase lo que se quiera, pero no que la izquierda no ha actuado históricamente con determinación en los temas de seguridad pública, y con lógica democrática y de respeto de los derechos humanos, como corresponde en una sociedad civilizada. Esta definición es anterior al tema del Estado social y a unas u otras búsquedas de profundización democrática.

Al subsecretario del Interior actual le toca perseguir la delincuencia y las nuevas expresiones violentas del crimen organizado. Es su trabajo, en el que él y sus predecesores han encontrado siempre el apoyo de la izquierda gobernante, con el límite del respecto del derecho y de la legalidad. Y está equivocado cuando en ocasiones se suma al penoso populismo penal hoy en boga y no defiende el compromiso histórico de la izquierda con la seguridad pública.

Ese compromiso distingue el rol de las policías, que deben luchar por mandato de la sociedad implacablemente contra la delincuencia, en el marco del derecho y con todo el apoyo estatal, del rol de la sociedad en su conjunto en la materia. Ésta debe luchar contra las causas culturales, sociales y económicas de la delincuencia. La izquierda nunca ha tenido un problema con la seguridad, sino que ha actuado como corresponde cuando corresponde, sin rehuir su responsabilidad, y además poniendo por delante sus causas estructurales. Es la lógica de la seguridad democrática. Ahora les toca actuar a las autoridades vigentes. Pero si se busca popularidad en una especie de nicho securitario, lo que es un albur pues nunca se logra demasiado en esas posiciones, que no se acuda a pretextos dónde no los hay. Las frases para quedar bien con la derecha, que se las lleve el viento.

Tres posteos sobre educación

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5 de diciembre

Adquirir las capacidades fundamentales en la escuela

Reproduzco extractos de la importante entrevista en El País a Luis Benveniste, especialista del Banco Mundial. A retener como objetivos del sistema escolar: lograr la capacidad de leer un texto y comprenderlo a los 10 años, hacer matemáticas básicas y adquirir las capacidades socioemocionales fundamentales, como la resolución de problemas de comunicación, en tanto punto de partida indispensable para adquirir otros conocimientos. Los medios: disminuir el número de alumnos por curso, invertir en libros de texto, en curriculums escalonados a lo largo del año y en capacidad docente, incluyendo pedagogía y manejo del aula. Para tener en cuenta.

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“En muchos países del África subsahariana, por ejemplo, un aula puede llegar a tener 70, más de 100 niños... Es muy difícil para un maestro enseñar a leer a una clase tan diversa. Claramente, una reducción del tamaño es fundamental; pero, luego también lo es poder invertir en libros de texto, capacidad docente… son insumos fundamentales para lograr el aprendizaje.”

“Asia verdaderamente ha tenido una performance excelente. Corea del Sur, Singapur, China, Vietnam... ―un país con recursos mucho menores que muchos países de Europa― tienen una capacidad para apoyar el aprendizaje de los conocimientos básicos y fundamentales que es impresionante. Hay muchos estudios enfocados en entender cuáles son los ingredientes de Asia. El mundo ha aprendido mucho sobre cómo enseñan las matemáticas, sobre su currículum escalonado ―para ir construyendo conocimientos más complejos a lo largo de un año escolar―, o del rol y la capacitación del docente. Por ejemplo, Corea puso mucho énfasis en la pedagogía y el manejo del aula, y eso ha impactado en el aprendizaje.”

“Y también recordemos que América Latina fue una de las regiones más impactadas por la covid y los cierres de escuela han sido de los más largos del mundo [225 días de media]. Por lo tanto, la pérdida del aprendizaje ha sido notable.”

“Hoy en día estamos centrados en la crisis educativa y en el hecho de que aproximadamente dos tercios de los niños en países en vías de desarrollo no adquieren las competencias más fundamentales; que nosotros referimos como la capacidad de leer un texto y comprenderlo a los 10 años. Hay que asegurarse de que la experiencia educativa aporte las capacidades fundamentales: poder leer, hacer matemáticas básicas, adquirir las capacidades socioemocionales fundamentales ―como la resolución de problemas de comunicación―... Toda la evidencia apunta a que estos son los cimientos básicos para luego poder construir otros conocimientos más profundos, más técnicos. Sin eso, verdaderamente se hace muy difícil potenciar toda la capacidad de una persona.”

6 de diciembre

La prueba PISA 2022 muestra una resistencia en la tormenta del Covid pero constata una década pérdida

La prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abarcó a 81 países en 2022 y tiene una gran resonancia internacional para evaluar y comparar los resultados de aprendizaje en los sistemas escolares. Como todo indicador de este tipo, tiene limitaciones. No obstante, es una medición útil para evaluar cada tres años (en este caso 4 años por el covid) el nivel de los alumnos de 15-16 años en lectura, matemáticas y ciencias naturales.

El contexto es el de un descenso medio de los países de la OCDE en 2022 respecto a 2018 de 17 puntos en matemáticas, 11 puntos en lectura y 4 puntos en ciencias en medio de la pandemia. Las matemáticas han sido los conocimientos más perjudicados globalmente porque son los que más requieren el acompañamiento directo del profesor y en los que más difícil resulta aprender por cuenta propia o con la sola ayuda de las familias.

La puntuación en Chile en matemáticas mostró una declinación de 417 puntos en 2018 a 412 puntos en 2022, mucho menor que la caída promedio en la OCDE, luego de un retroceso previo de seis puntos entre 2015 y 2018. Se acumuló así una caída de 11 puntos, que situó al país en un nivel menor al de 2015 y similar al observado en 2006. En lectura, se observó una caída de 4 puntos en 2022 respecto a 2018, hasta 448, también muy inferior a la del promedio OCDE, pero con un deterioro sumado en las dos últimas pruebas que también alcanza a 11 puntos. Los resultados fueron igualmente inferiores a los de 2015 y volvieron a su nivel de 2008. En cambio, en ciencias los resultados se mantuvieron estables, con 444 puntos, lo que ha ocurrido desde 2006 con pocas variaciones.

Las puntuaciones en las tres materias evaluadas siguen siendo muy inferiores en Chile al promedio de los países de la OCDE. En matemáticas, los 412 puntos estuvieron por encima de países como México, Brasil, Indonesia y Filipinas, pero por debajo de países como Canadá, Suiza, Japón o Corea del Sur. Solo el 44% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, mucho menos que el promedio de 69% en la OCDE (los estudiantes deben poder interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación simple). Los escolares chilenos obtuvieron un registro superior al de México o Brasil, pero lejos del de Estonia, Estados Unidos o Singapur. Cerca de un 66% de los estudiantes chilenos alcanzaron el nivel 2 o superior en lectura, frente al promedio de 74% de la OCDE, consistente en identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, entre otros temas.

En suma, en 2022 en comparación con 2012 la proporción de estudiantes con un rendimiento inferior a una línea base (nivel 2) no cambió significativamente en Chile en matemáticas, lectura y ciencias. Se puede hablar en este sentido de una década perdida en materia de aumento del aprendizaje escolar.

Este aumento es una meta en la que se debe persistir, si se considera que el desafío es elevar los niveles de conocimiento entre los jóvenes y universalizar sus competencias básicas de lecto-escritura, matemáticas y convivencia. Y, además, formar en un nivel superior a sus mejores talentos. En Chile existe una proporción menor de estudiantes que obtuvo un alto aprendizaje (niveles 5 o 6) en al menos uno de los tres temas respecto al promedio OCDE. En matemáticas, sumó solo un 1%, mientras el promedio OCDE es de 9%. Seis economías asiáticas obtuvieron las mayores proporciones de estudiantes con buenos resultados de aprendizaje: Singapur (41%), Taipei (32%), Macao China (29%), Hong Kong China (27%), Japón (23%) y Corea del Sur (23%). En lectura y ciencias, el 2% se situó en Chile en un nivel alto, en comparación al 7% de promedio en la OCDE en ambas materias.

El informe también señala que entre 2018 y 2022 la brecha en Chile entre el 10% de los estudiantes con puntuaciones más altas y el 10% de los estudiantes más débiles se redujo en matemáticas, no cambió significativamente en lectura y se amplió en ciencias. Los datos por condiciones socioeconómicas mostraron que los estudiantes más favorecidos superaron a los estudiantes desfavorecidos por 69 puntos en matemáticas (unos 30-40 puntos son considerados equivalentes a un año escolar menos según otros estudios), registro preocupante aunque inferior a la diferencia promedio en los países de la OCDE, que llegó a 93 puntos. A su vez, los niños chilenos superaron a las niñas en matemáticas por 16 puntos, mientras ellas consiguieron mejores calificaciones en lectura.

8 de diciembre

Noticias desde Singapur

Singapur es un pequeño país insular de 5 millones de habitantes, independizado del Reino Unido recién en 1965. Tuve ocasión de visitarlo en 1970, cuando mi familia vivía por un tiempo en Tailandia (si, esas cosas pasan con los funcionarios internacionales como mi padre), cuando era un lugar muy atrasado y pobre, con personas que, por ejemplo, empujaban taxis de propulsión humana. Hoy es uno de los lugares más prósperos y deslumbrantes del mundo y ha obtenido los mejores resultados en la prueba mundial PISA de rendimiento escolar de 2022. Y esto en matemáticas, lectura y ciencias. Si, en las tres materias.

¿Como es el sistema escolar en Singapur? ¿Un milagro producido por la iniciativa privada de las escuelas y las familias, como reza en la materia la leyenda neoliberal? Pues parece que no: desde el primer grado (a los 6 años, dado que la educación pre-escolar no es obligatoria) hasta el grado 12, todos los colegios son públicos y financiados por el Estado. Tanto los profesores como los directivos docentes son seleccionados por el gobierno, dejando autonomía pedagógica a los directivos de las escuelas, que son evaluadas externamente cada 6 años. Esquemas similares son los prevalecientes en la mayor parte de Asia del Este, donde los resultados son igualmente sobresalientes. Lo único privado son las escuelas no financiadas por el gobierno para estudiantes internacionales y también las clases particulares de reforzamiento.

Los padres de familia postulan a sus hijos al sistema escolar y la decisión de ingreso a una escuela es de la autoridad educativa, según diversos criterios. Pagan un aporte de 5 dólares mensuales, como contribución simbólica y de compromiso con la escuela. Al sexto año, los estudiantes pasan un examen que los orienta hacia escuelas que apuntan a la universidad (solo un tercio) o a vocaciones técnicas o artísticas. Existe un coeficiente de 19 alumnos por profesor. Un proceso de evaluación anual mide el rendimiento del profesorado según las competencias establecidas y ayuda a los docentes a identificar sus áreas de crecimiento y desarrollo. Según los resultados, se incentiva económica y profesionalmente a los docentes que han evolucionado de manera positiva y se da formación a aquellos que lo necesitan. Los docentes avanzan por méritos en su carrera.

Recordemos que en Chile las escuelas municipales y de sistemas locales representan solo un 35% de la matrícula, en un sistema segregado, aunque se ha pasado desde el gobierno de Bachelet II a la prohibición del lucro en las escuelas privadas subvencionadas. Cerca de 10% de la matrícula está en colegios particulares pagados por las familias que pueden hacerlo y que concentran buena parte de los mejores rendimientos escolares.

Este sistema chileno privatizado al extremo y todavía segmentado por el dinero busca ser radicalizado por la concepción de la extrema derecha, plasmada en su proyecto de constitución, que señala: "Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas".

Así, para esta ideología conservadora la educación no se debe entender como un deber de la sociedad hacia la niñez y juventud para asegurar una igualdad básica de oportunidades y a la vez establecer nexos y valores comunes compartidos como nación, como el respeto por el otro, el sentido del esfuerzo y la solidaridad, sino que se busca un predominio y autonomía amplia de las escuelas privadas, ojalá religiosas, incluso en materias curriculares, pero financiadas por el Estado, claro, y con "objeción de conciencia" frente a cualquier obligación pública, por si acaso.

Nada que ver con hacer de la escuela y del profesorado los "artífices y constructores de la nación", como en Singapur, a los que -sin perjuicio del rol formativo del hogar, no siempre positivo ni protector de la infancia, por lo demás- las familias confían la socialización y aprendizajes de sus hijos e hijas.

Reproduzco extractos de una entrevista al matemático Pak Tee Ng, del Instituto Nacional de Educación de Singapur, publicada en El País.

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P. ¿Por qué son tan exitosos en PISA?

R. Nos preocupamos mucho de la educación de nuestros niños, pero no de PISA. Estamos en la prueba para saber cómo nos posicionamos en el mundo, pero no para competir. Nos sirve para entender y aprender del proceso. Por supuesto, es bonito estar arriba en el ranking, pero no es nuestro boletín de notas. Todo empieza en 1965, cuando ganamos la independencia. Nuestra historia es muy corta. Ha sido provechoso que entonces fuéramos tan pobres. Mucha gente pensó: no puedo tener una buena vida, pero trabajo muy duro para mandar a mis hijos al colegio para que tengan la opción de vivir mejor. Ese es el deseo de muchos padres. No tenemos nada más: no hay petróleo, agricultura, madera ni caucho… Solo tenemos recursos humanos y la educación es el gran edificio de nuestro desarrollo nacional.

P. Ustedes cuidan mucho la selección del profesorado.

R. Es así. Somos capaces de reclutar entre el tercio superior de cada cohorte de graduados universitarios. Para cada plaza de profesor tenemos al menos 10 solicitudes. Quieren ser profesores porque hemos trabajado duro para que enseñar sea una profesión respetable. Ellos son los artífices de nuestra nación, quienes ayudan a construir nuestro país. Se puede decir que los maestros son personas que plantan árboles para que otros se sienten debajo y nadie sepa quién los plantó. Tenemos que asegurarnos de que la gente los respete y entonces podremos obtener una mejor educación.

P. ¿Y les pagan bien?

R. Sí. Trabajan muy duro y su salario está a la par de muchas otras profesiones. La mayoría ingresa en la enseñanza no para ser bien pagados, sino porque quieren ser buenos maestros. Pero aunque la gente esté motivada a enseñar, como país tienes que pagarles bien. No te vas a hacer rico, pero sí vas a vivir de forma confortable. Cuando vas a un reencuentro de tu promoción del instituto y dices que eres abogado o doctor, suena bien, pero en algunas partes del mundo la gente no tiene esa consideración tan buena de los maestros, parece que no te queda mejor opción. En el encuentro en Singapur puedes decir con orgullo: “Soy maestro”. Y la gente dice “guau”. Ya sabe: artífices, constructores de la nación.

P. Sus profesores rotan mucho.

R. La política nacional no dice que te tengas que cambiar de centro, pero animamos a cierto movimiento. No todo el mundo tiene que cambiar, es demasiado inestable. Llevar la experiencia a otra escuela es útil. Es muy común que un profesor sea promocionado a jefe de departamento, pero en otra escuela. Y después a otra como subdirector y a la siguiente de director.

P. ¿Ustedes mandan tantos deberes a sus alumnos como en China?

R. En Singapur hay bastantes deberes y estamos reduciéndolos. Queremos crear espacios para que aprendan cosas nuevas y jugar forma parte del aprendizaje. Estamos reflexionando: ¿es absolutamente necesario que hagan tanta práctica de una determinada cosa? Por supuesto que hay que practicar algo, porque si no rápidamente lo olvidamos, pero puede haber un exceso de práctica en detrimento de otras áreas del desarrollo que nos preocupan.

P. Les inquieta el aspecto emocional.

R. Sí, el bienestar mental. Queremos que reciban una educación integral y sana; que crezcan para convertirse en buenos ciudadanos productivos y buenas personas. Por eso la educación del carácter y de la ciudadanía son tan importantes.

P. ¿No los estresa la prueba a la que se los somete al terminar primaria, con 11 o 12 años?

R. Sí, cosas así pueden ser estresantes, pero una cantidad adecuada de estrés puede ser útil. Acabamos de cambiar la forma en que hacemos nuestro examen final de primaria. En lugar de que cada punto cuente, utilizamos bandas de notas. Básicamente, esto significa que la herramienta no es tan afilada. Lo que les decimos es: los exámenes son importantes, pero no son lo único importante en la vida, no te estreses tanto persiguiendo cada punto, pero aprende y hazlo bien.

P. Pero para ingresar en la universidad necesitan calificaciones altas.

R. Antes éramos pobres, intentando resolver otros problemas mayores, y había pocas vías educativas. Ahora queremos que los jóvenes puedan encontrar un camino que les convenga en función de sus distintas personalidades, puntos fuertes y actitudes. Si pudieran encontrar ese camino, nuestro razonamiento es que serían más felices, estarían más motivados. La gente tiene la idea de que solo nos fijamos en las matemáticas, las ciencias… pero ahora tenemos muchos tipos diferentes de escuelas, escuelas de arte, de ensayo… y más problemas que soluciones. Por eso vamos por el mundo intentando aprender de todo el mundo y no al revés.

P. ¿Qué recomendaría a otros para mejorar sus resultados en PISA?

R. No puedo aconsejar a los demás. Soy de Singapur y tenemos nuestras circunstancias. Cada país es diferente, pero hay algunas cosas que son importantes para nosotros y es justo decirlo. En Singapur, la educación es inversión, no gasto. Incluso en tiempos difíciles, no se recorta en educación para que haya coherencia en la inversión; y para que los directores y los profesores sepan que pueden seguir adelante. Los niños necesitan educación, independientemente de si los tiempos son buenos o difíciles. Estamos en la media de la OCDE, no gastamos grandes cantidades. Para nosotros es muy importante invertir en el desarrollo profesional de nuestros directores y profesores. Y hay que asegurarse que la financiación y el esfuerzo son coherentes. Atraemos a gente buena que esté realmente interesada en la enseñanza: los formamos bien y tenemos un sistema educativo muy bueno. Es un trabajo muy duro y puede ser agotador no para la mente, sino para el corazón.

Una decisión con efectos múltiples

En La Nueva Mirada

Ya los lectores de esta columna habrán considerado -y escuchado por doquier- los temas que están en juego en la votación constitucional del 17 de diciembre. ¿Es redundante volver sobre ellos a días de producirse la votación? Tal vez se justifica, en un momento de grandes simplificaciones, enfatizar el análisis de los asuntos más relevantes para la alterada vida en común sin interpretaciones imprecisas ni atribuciones de intenciones. Con las expresiones literales del texto que se somete a votación hay razones más que suficientes para fundamentar el rechazo a la proposición emanada del Consejo Constitucional. El hecho fundamental es que su aprobación tendría consecuencias decisivas, muchas de ellas inmediatas, para el funcionamiento del país. 

Es difícil escoger por dónde empezar, pero uno de los asuntos cruciales es la regresión de los derechos de las mujeres. De ser aprobado, el nuevo texto constitucional pondría en peligro derechos de las mujeres como la interrupción del embarazo por tres causales y el uso de la píldora del día después, a través de un artículo según el cual “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Está destinado a reabrir el tema de los derechos sexuales y reproductivos en el Tribunal Constitucional, habida cuenta que las leyes y decretos al respecto aprobados en su momento se zanjaron con una escasa mayoría en esa instancia. En la misma línea, se establece de manera inédita una “objeción de conciencia” que puede hacer inefectivo el servicio sanitario público en estas materias. El texto desecha, además, la paridad de género en la representación política, dejando a la ley un poco preciso "acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular". Esto contradice la propia norma de elección del Consejo Constitucional, que estableció una paridad de género no solo en las candidaturas sino entre las personas electas  (que fueron 25 y 25). Se trata de un visible retroceso en este principio.

Estas regresiones conectan con una lógica de restricción de las libertades públicas. La propuesta autoriza insólitamente a la ley establecer lugares de detención "que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes", en el marco del aumento de un arsenal represivo de carácter político que no existe en la constitución actual. En efecto, incluye “actos terroristas”, sin definirlos, como causal para declarar estados de excepción. Una eventual definición legal futura del terrorismo asimilado a formas de protesta social desencadenaría diversas limitaciones a las libertades, pues se dictamina que "los responsables de estos delitos no podrán ser beneficiarios de indulto alguno y quedarán inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular; o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. Tampoco podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general". La guinda de la torta es que "una vez dictada una sentencia condenatoria firme sobre un hecho calificado como conducta terrorista, las agrupaciones a las que pertenecieran sus autores, cómplices o encubridores, que hubiesen ejecutado dichos hechos o se los adjudicasen, serán declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a solicitud de la víctima o cualquier otra persona". La manipulación de la definición de terrorismo puede terminar en la proscripción de partidos políticos.

A su vez, se pone en peligro la libertad de asociación al establecer que “se prohíben las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado”, una formulación también inquietante, mientras se establece que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”.  Además, se hace “incompatibles los cargos Directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos”, lo que no tiene justificación. 

Por otro lado, se restringe la libertad de opinión y el pluralismo cultural al establecer “el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”. Respetar esta lista de expresiones de la cultura criolla es un valor positivo, como también lo es respetar todas las demás expresiones culturales, incluyendo las de los pueblos originarios y las de todos los pueblos del mundo. Por eso no tiene sentido establecer un "deber" criollista impropiamente asimilado a honrar a la Patria. Y menos que forme parte de un orden constitucional que se supone debe garantizar las libertades, el respeto de las preferencias individuales y la diversidad cultural. Nada de esto existe siquiera en la constitución actual.

Luego, se produce una limitación inaceptable del principio democrático de mayoría y de la igualdad del voto. El texto aumenta el bloqueo de la mayoría por la minoría, al subir el quórum de las reformas a la constitución, que se lleva de 4/7 a 3/5 de los votos de los parlamentarios, mientras se asimila a ese quórum la aprobación de leyes “que interpreten preceptos constitucionales”. Por su parte, la aprobación de leyes electorales se fija en 4/7. Así, vuelven los "candados" y se vuelve a sustraer el crucial principio de mayoría en la formación de la ley. Se pretende hacer retroceder lo avanzado en las reformas de agosto de 2022 y de enero de 2023 que establecieron el quórum de reformas constitucionales en 4/7 (bajándola desde los 2/3 y 3/5 existentes desde 1989) y el de aprobación de leyes orgánicas en la mayoría de los miembros de cada cámara (en vez de los 4/7 previos). Con las normas hoy vigentes y si se rechaza el proyecto del Consejo, se podrían, por ejemplo, introducir rápidamente en la constitución los artículos que consagran el acuerdo de 12 puntos de diciembre de 2022 de todo el espectro político democrático.

Se produce un incremento de la distorsión de la proporcionalidad de la representación en el parlamento por una mayor desigualdad del voto (se necesita muchos más votos para elegir un representante en unos lugares que en otros) al bajar el número máximo de diputados/as electos/as por distrito de 8 a 6. A la vez, se mantiene la muy alta desigualdad del voto en el Senado y los 8 años de duración en el cargo, lo que es una evidente anomalía democrática, además de perseverar en el carácter co-legislador pleno de una segunda cámara que subrepresenta a las regiones más pobladas y no refleja las mayorías periódicas. Todo esto se busca justificar como una supuesta mejoría del sistema político. ¿Cómo puede argumentarse seriamente que privilegiar indebidamente la representación conservadora traería más estabilidad al país? Es una simple ceguera autoritaria buscar ventajas institucionales de los defensores de los poderes existentes y dejar expresiones políticas relevantes fuera de las instituciones. Integrarlas es lo propio de la lógica de la democracia representativa como alternativa a la acción política extrainstitucional de los excluidos de ella. A su vez, mantener las acusaciones constitucionales a ministros es un sin sentido para la gobernabilidad, ya sea que estén en el gobierno unas u otras fuerzas políticas

El texto también mantiene al Tribunal Constitucional con funciones propias de una tercera cámara legislativa, con capacidad de revisión amplia de leyes en vez de circunscribirlo a la tutela de los derechos fundamentales y establecer en el resto la primacía de los órganos legislativos elegidos en la formación de la ley.

Es también una restricción democrática inaceptable mantener la atribución presidencial de nombramiento de los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea reducida a los cinco oficiales generales de mayor antigüedad "que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos". Se limita así la potestad de los representantes elegidos por la ciudadanía para hacer efectiva la subordinación del poder militar al poder civil nombrando el segundo a los altos oficiales, lo que es su condición básica dado que el primero tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza armada. Además, se mantiene la asignación directa de impuestos a la función de defensa, privilegio que no tiene ninguna otra como la educación, la salud o las pensiones, con excepción de las inversiones territoriales.

En materia ambiental, el texto establece que se debe promover la "sustentabilidad" y al mismo tiempo el "desarrollo”, usualmente asimilado a un crecimiento de la producción no sujeto al límite de la resiliencia de los ecosistemas. Las empresas y personas podrán recurrir normas ambientales en nombre del "desarrollo", es decir de sus intereses privados, lo que dificultará la protección del ambiente. Se establece que las aguas son un bien nacional de uso público, pero que su aprovechamiento se hará a través de un mercado de derechos privados, pues los otorgados por el Estado “confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos”, poniendo la propiedad privada por sobre la preservación de los ecosistemas, el consumo humano y la seguridad alimentaria.

Por su parte, se privatiza todavía más los bienes comunes, pues se hace de las concesiones una forma de transferencia de la propiedad pública y se permite que sean transadas en mercados. No se excluye de ellas a los bienes nacionales de uso público ni al litio y otros recursos estratégicos. A la vez, se consagra que el “dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este inciso”, es decir la propiedad privada, lo que fortalece la desnacionalización de la minería y disminuye sus aportes potenciales a los recursos públicos y al desarrollo equitativo y sostenible del país. 

En materia territorial, se establece un principio de subsidiariedad de alcance limitado que permite tutelar las competencias subnacionales desde el nivel central. El texto plantea una norma restrictiva basada en una indefinible idea de primacía de la eficiencia y eficacia -y no de principios de la democracia regional y local- y señala que "la ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas en el nivel local sobre el regional, y en este último, a su vez, sobre el nacional, siempre que dicha radicación implique un ejercicio más eficiente y eficaz de las funciones. Lo anterior, es sin perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución o las leyes reserven al gobierno nacional". Al mismo tiempo, lesiona gravemente el financiamiento de los municipios con bajos ingresos propios, al dejar con menos recursos al Fondo Comun Municipal, basado en las contribuciones de las viviendas de los más ricos que ya no estarán disponibles.

Luego, se procede a una anulación del Estado social, introducido en el texto como parte del acuerdo de 12 puntos de diciembre de 2022, con variadas normas. El texto parte por cercenar la capacidad regulatoria oportuna del Estado, pues lleva los reglamentos a la ley, lo que dificulta severamente la protección efectiva del trabajo, el consumo y el ambiente, e incluso la persecución de delitos emergentes. 

En materia laboral, se restringe el derecho a la no discriminación en el trabajo, al señalar el texto que "se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal", con lo que serían constitucionales discriminaciones arbitrarias aduciendo capacidad o idoneidad, una definición abiertamente laxa. Además, se limita el derecho a la huelga, que queda restringido solo a la negociación colectiva en la empresa, de muy baja cobertura en el país. Esto debe ser materia de ley, no de la Constitución. 

Por otro lado, se hace imposible uno de los fundamentos del Estado social, con la "libertad de elección" de la persona del "sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado", lo que vincula el acceso a la salud a los ingresos de los que disponen las personas. Se impide un sistema de salud universal independiente del mercado, al no permitirse el uso de cotizaciones generales para financiar prestaciones públicas en todo el territorio y a todos los habitantes. Un plan de salud universal sin un seguro universal que lo sustente y con Isapres y seguros privados no restringidos a prestaciones complementarias, se traducen en un sistema público desfinanciado y una salud para ricos y otra para pobres. Se trata también de materias propias de la ley, no de la Constitución.

El texto hace  imposible otro de los fundamentos del Estado social, la seguridad social, al establecer que "cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas (sic), y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno". Con estas definiciones no podrá haber mutualización de riesgos, del tipo del actual seguro de invalidez y sobrevivencia, ni sistemas de aportes y pago de pensiones que operan con cotizaciones obligatorias. Se blinda la presencia de entidades con fines de lucro como las AFP y compañías de seguros en el sistema de pensiones y también, a través de un artículo transitorio, se deja intactos los sistemas previsionales actuales como el de las Fuerzas Armadas y de Orden, aunque pasarían a ser paradojalmente contradictorios con la norma constitucional. Se trata también de materias de ley que no deben estar en la Constitución.

También se debilita otro pilar del Estado social, la educación pública (además de la protección del trabajo, la seguridad social y el acceso universal a la salud) al limitar el ámbito de los curriculums que garantizan contenidos educativos mínimos, sin ningún vínculo entre recursos públicos, gratuidad, libertad de enseñanza y deber de laicidad educativa. Se restringe así la enseñanza de los valores republicanos y privilegia la enseñanza religiosa o de cultos cuestionables. La “objeción de conciencia” puede, además, reforzar el rechazo de alumnos según el criterio arbitrario sobre las familias por parte del establecimiento educacional. A la vez, se define un sistema de financiamiento escolar que debilita el servicio público educativo al ligarlo al número de alumnos, sin consideración de la cobertura de escuelas públicas en todo el territorio y del necesario financiamiento parcial por establecimiento. Además, disminuye la tutela social del niño o niña en dificultades, al establecer una primacía educativa absoluta de la familia. Todos estos son también temas propios de la ley, no de la Constitución.

Finalmente, lo que no podía faltar en el coctel de la extrema derecha que se propone a la ciudadanía, es que se disminuye la progresividad de los impuestos (el principio según el cual las personas de más altos ingresos contribuyen proporcionalmente más que las de menos ingresos), al terminarse con el pago de contribuciones a la primera vivienda, que exime sobre todo a los dueños de viviendas más caras y con altos ingresos, pues el 77% de las casas ya están exentas de todo impuesto. Adicionalmente, el texto autoriza a deducir una lista de gastos personales del impuesto a la renta, con lo que el 75% de las personas de menos ingresos, que no pagan este impuesto, verán aumentado proporcionalmente su aporte a las arcas públicas, mientras el 25% de más altos ingresos pagará menos impuestos en términos absolutos y relativos. A la vez, establece un extemporáneo principio de indemnización a privados de las cargas públicas que sean calificadas de arbitrarias. Otra vez, se trata de temas propios de la ley, no de la Constitución, y que favorecen abiertamente a los más privilegiados.