Plebiscito: reflexiones a partir de los acontecimientos de los últimos días

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Lo esperable: se filtra ilegalmente a días del 17/12 la carpeta de investigación sobre fundaciones para intentar otra vez involucrar al ministro Carlos Montes, que no tiene nada que ver con un esquema de transferencias a privados manejado por los seremis sin licitación ni concursabilidad. En este caso, se trata de nóveles activistas del partido RD que buscaron el camino del dinero del Estado, con la aparente connivencia de una novel diputada RD y el aparente aval de una novel subsecretaria RD, y cometieron, al parecer (lo que aún no está probado), delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según la fiscalía.

Nada muy edificante, y con múltiples interrogantes: ¿cuánta responsabilidad hay de las normas inadecuadas y de la falta de control institucional? ¿Cuánta intencionalidad de apropiación indebida de recursos públicos existió, cuánta improvisación y chapucería sin voluntad de defraudar hubo? La fiscalía no lo tiene fácil. Lo único claro es que Carlos Montes no tiene nada que ver con las normas previamente existentes ni con las conductas de algunos seremis destinadas a realizar transferencias de recursos a fundaciones privadas de reciente creación, nula experiencia y cercanía con una novel corriente política.

Este mismo tipo de esquemas altamente reprobables se están investigando en otros órganos públicos y gobiernos regionales, en buena hora, que involucra en diversos casos a partidos y personas de oposición y otras corrientes políticas.

Los recursos públicos para la política y los límites de gasto poco a poco se habían venido estableciendo desde 2003, para evitar la compra de los representantes elegidos por el poder económico, que financiaba las campañas y las carreras políticas, especialmente, aunque no únicamente, de la derecha. Se vio a ministros (Longueira), subsecretarios (Wagner), senadores (Orpis, Van Risselberghe) y diputados (Isasi) recibiendo instrucciones directas y por escrito en materia legislativa por poderes económicos, con la ley de pesca como el paradigma de legislaciones que no se pueden sino calificar de corruptas. La ley desde Bachelet II limita, aunque de manera insuficiente, el dinero empresarial en la política, mientras la fiscalía y los tribunales han actuado de manera algo más firme (la demora en el juicio a SQM ha sido vergonzosa) para perseguir los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias y financiamiento empresarial ilegal de la política, vigentes en la legislación. En los gobiernos de Piñera, sin embargo, se amplió la doctrina del "externalizar todo" en la función pública, que se presta para abusos múltiples. Esto ha venido incluyendo la transferencia de recursos a fundaciones que supuestamente ayudan a la realización de tareas ministeriales, pero que se usan para apoyar carreras parlamentarias, además del copamiento de servicios públicos en regiones en cargos de confianza que no debieran existir, en beneficio de una función pública estrictamente profesional.

El correcto uso de recursos presupuestarios para fines públicos y cuidar la profesionalidad de la administración es el primer deber de quien tenga responsabilidades políticas y de representación ciudadana, junto a una especial austeridad en el uso de los recursos estatales destinados a la acción de los partidos y las campañas electorales, aunque tenga costos (de eso algo sé).

Por su parte, la fiscalía podría ser un poco más cuidadosa con la publicidad de sus carpetas investigativas y con las fechas y duración de sus actuaciones, para así evitar sospechas de sesgo político en una institución que no debe entrar en trincheras partidarias y electorales por ningún motivo. Los casos recientes de Guatemala y de Perú están ahí para señalar hacia dónde no debe irse.

Así, se debe seguir con una severa vigilancia del buen uso de los recursos públicos para evitar a toda costa el afianzamiento de una cultura de la corrupción.

Desde el punto de vista de la gestión pública, la lección es que la política de vivienda -o de cualquier otra área pública- deben diseñarla y llevarla a cabo el ministerio respectivo, sus servicios dependientes y sus profesionales y equipos, no fundaciones con proyectos de dudosa utilidad para esa política, pero que pueden ser sobre todo pasto para el clientelismo. Otra cosa es que se financie actividades de la sociedad civil, que son válidas en tanto tales, pero esto es muy excepcionalmente tarea del gobierno central. A partir de 2024, no debiera haber desde ese nivel de la administración convenio alguno con fundaciones para fines etéreos -otra cosa es contratar servicios necesarios para la tarea pública, pero con fines y tiempos precisos y con entidades profesionales especializadas- y redireccionarse esos recursos a los organismos técnicos ministeriales y a los subsidios directos a las personas, en este caso a las soluciones habitacionales para quienes las necesitan. Esas personas, que se cuentan entre las más desfavorecidas, no pueden tolerar el desvío de recursos públicos, como tampoco la ciudadanía de a pie, lo que contribuye gravemente al desprestigio de la democracia. Además, se requiere una fuerte vuelta de tuerca en los municipios: son hoy 32 los alcaldes y ex alcaldes imputados en procesos judiciales y varios de ellos están en prisión por corrupción.

Y se debe seguir persiguiendo la principal fuente de corrupción en el Estado chileno: el gigantesco fraude al fisco organizado por las asociaciones ilícitas para evadir impuestos que intentan, y en ocasiones logran -como quedó probado en el caso Penta- corromper a servidores públicos. Hasta hace poco las consecuencias eran cursos de ética. Ya llegó la hora de sanciones a la altura de los delitos cometidos para los que corrompen y no solo para los que se dejan corromper.

El balance político para el Frente Amplio es, en este contexto, delicado. Se fundó en 2017, entre otras cosas, como reacción a posturas cada vez más laxas frente al financiamiento ilegal e indebido de la política, que requería de una drástica renovación. Y, además, se fundó a partir de una crítica al neoliberalismo como lógica de la acción pública y a una política económica y social insuficientemente redistributiva e innovadora. Esto era lo que había llevado al colapso de la Concertación y la Nueva Mayoría, a pesar de sus logros en diversos aspectos. Esa crítica, fundada, y la convocatoria a darle paso a una nueva generación, permitió el triunfo presidencial del Frente Amplio. A sus errores y divertimentos por inexperiencia, la despreocupación por la construcción de una coalición coherente en un contexto de ausencia de mayoría parlamentaria y el fracaso de un proceso constitucional mal concebido y peor ejecutado, se sumó ahora reproducir prácticas clientelísticas y de copamiento del Estado en versión aumentada.

Todo esto puede tener un muy alto costo para el Frente Amplio, que se suponía se había constituido para rechazar las prácticas indebidas con un estándar ético distinto (Jackson dixit), pero también para la coalición de gobierno en su conjunto. A partir de la próxima semana, esta coalición deberá sacar todas las lecciones de los fracasos acumulados e impulsar un nuevo estilo y nuevos objetivos para salvar, a medio camino, el destino de su gobierno.