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28 de noviembre
El sheriff del condado
La derecha busca, lo que no es demasiado nuevo, poner al gobierno entre la espada y la pared con el tema de la seguridad, procurando hacerlo aparecer como desbordado e incapaz de manejarlo. Esto se acompaña de la petición recurrente de más estados de excepción, ahora para Santiago (un exabrupto evidente), y de citar a reuniones a un consejo de seguridad que incluye a las FF.AA. para ponerlas como supuesta solución providencial, lo que es un espejismo y no es propio de su tarea constitucional. De paso, los conservadores mezclan cada vez que pueden la inmigración, que es un fenómeno global y también específicamente vinculado al colapso de países de la región, con la delincuencia, que es nacional en una muy alta proporción. El objetivo: desacreditar la gobernabilidad democrática frente a fenómenos complejos de alcance internacional y de intensidad creciente. Y en la coyuntura, llevar agua al molino de la aprobación de la constitución de la extrema derecha, supuestamente orientada a la seguridad, como si éste fuera un tema constitucional. Aparte de dos o tres frases sin consecuencias, su texto sobre todo busca proteger los intereses oligárquicos en materia institucional y económico-social.
Esta ofensiva "destituyente" requiere de una respuesta fuerte y clara: se trata de una intencionalidad desleal que debe ser reprochada con fuerza. En vez de seguirle la corriente, claro. El gobierno está al mando y su política es una de seguridad democrática, que fortalece día a día la acción de las policías, con la colaboración de las FF.AA. en las fronteras y en la Zona Sur.
Estas policías son las que, dicho sea de paso, deben estar a cargo de la comunicación cotidiana sobre su accionar frente a la delincuencia. No tiene sentido que las autoridades de gobierno reaccionen ante cada hecho delictivo. Asumirse como jefes de policía es absurdo. Su rol es otro, y no incluye dejarse llevar por el clima de alarma que todos los días alimentan los medios televisivos para sostener su rating. Es su gran negocio. No es el rol del gobierno ni de los dirigentes políticos, que no deben ponerse a competir ("noviembre rojo") en la multiplicación de un clima de alarma y de populismo penal y represivo mediante más y más gesticulaciones mediáticas. La población sabe apreciar el abordaje serio de un problema serio.
Un ejemplo: la creación de un Ministerio de Seguridad, que se promueve desde hace años, no tiene sentido pues para eso está el Ministerio del Interior con sus subsecretarías dedicadas al orden público y a la administración del territorio, que es un error separar. Son parte de una misma tarea de orden y seguridad democrática. La idea de este ministerio, que evidentemente no soluciona nada, es la guinda de la torta de la inflación legislativa y de la parafernalia securitaria. Como si permitiera bajar un milímetro los niveles de delincuencia, lo que ya se vio en el gobierno de Piñera, cuya retórica de supuesta firmeza fue un mero bluff frente a un fenómeno con causas económicas, sociales y culturales de largo aliento, junto a evoluciones recientes del crimen organizado, especialmente las extensiones del narcotráfico desde distintos países de América Latina, como México, Venezuela y los países andinos, pero cuya base es el consumo de drogas en Estados Unidos y Europa.
El aumento de los homicidios en Chile es una realidad, propia de penetraciones del crimen organizado y de sus prácticas de sicariato, secuestros y extrema violencia. Enfrentarlas no es fácil, para este gobierno o cualquier otro. En vez de actuar con sentido de responsabilidad común, la oposición ocupa deslealmente este tema para atacar con ferocidad al gobierno, que no se defiende lo suficiente.
El gobierno actual está combatiendo esta nueva realidad con nuevos instrumentos legales y operativos que refuerza día a día, en un contexto en que Chile mantiene, y por muy lejos, una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina, lo que debe decirse una y otra vez por las autoridades. Ni los subsecretarios del área ni la ministra del Interior tienen funciones operativas, y deben asumir el rol que les corresponde, que no es el de sheriff del condado, como decía un ministro del Interior en otras épocas, sino el de conductores de las políticas de seguridad. Los crímenes violentos realizados por bandas, incluyendo los ajustes de cuentas en las disputas de territorios, los secuestros extorsivos y muchos de los robos con violencia, están siendo perseguidos por las policías, con éxitos importantes en diversos aspectos. Lo propio ocurre con el narcotráfico de gran escala.
Combatir el microtráfico y su extensión progresiva ya es, en cambio, una tarea que va mucho más allá de las policias, y debe incluir a la sociedad civil, a los gobiernos regionales, los municipios, las escuelas y los diferentes servicios de la política social, dada su dimensión preventiva y de conexión con las comunidades. En el universo de los 400 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, según los datos del INE, el tema no es la represión policial, aunque ésta debe ser eficaz y proporcional y estar presente en los diversos territorios afectados cuando es requerida. En esos espacios se debe desplegar la multifactorial tarea de mediano y largo plazo de revitalización del tejido social, consolidación de un urbanismo integrador y la creación de más opciones suficientemente atractivas de empleo, formación profesional y educación. Esto se debe acompañar del refuerzo de la acción preventiva de una policía más próxima que colabora con los vecinos y la comunidad organizada. Y también de un mejor sistema carcelario y de reinserción. Estas son tareas lentas y no siempre visibles, pero son las únicas que permitirán paso a paso combatir consistentemente las distintas formas de delincuencia que afectan al ciudadano común.
Anclarse en la retórica del miedo y la descalificación no soluciona nada ni conduce a nada.
5 de diciembre
La izquierda y la seguridad pública
Ser de izquierda es luchar por una sociedad más libre y por tanto necesariamente más justa, pues la libertad no puede ser la de una oligarquía privilegiada que concentra el poder y la riqueza sino aquella que es ejercida por todos los miembros de la sociedad con medios de vida dignos basados en el trabajo y, en su caso, en la solidaridad, oligarquía que además deja hoy a las nuevas generaciones una pesada carga ambiental. Mantenerse en esa postura lleva con frecuencia a confrontar a los poderes constituidos. Esto requiere una actitud, una disposición a ir contra la corriente y a resistir las subordinaciones, los lugares comunes dominantes y las modas.
Hoy se está dando por enésima vez a la izquierda por obsoleta (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../quo-vadis... y https://gonzalomartner.blogspot.com/.../esta-en-crisis-el...). Y también ahora resulta que "el atributo de la gestión en materia de seguridad no es uno que históricamente se le asigne a la izquierda", dicho nada menos que por el subsecretario del Interior. Se suman voces a esa corriente que da por buenos todos los discursos de la derecha. Aunque sean relativamente jóvenes, eso no los exime de hacer un poco más de esfuerzos de memoria.
Cuando la izquierda ha gobernado, ha tenido una especial preocupación por la seguridad pública (y por la defensa nacional, dicho sea de paso). Lo que pasa es que no lo hace desde el autoritarismo violento al que no le importa violar los derechos humanos y no tiene visión de contexto sobre los fenómenos delictuales, sino que desde un sentido democrático y social de la autoridad. Y lo hace con mucho mayor eficacia.
Durante la Unidad Popular, destacó la figura de Daniel Vergara como subsecretario del Interior en sus ingentes esfuerzos de mantención del orden público, alterado por los opositores y los permanentes atentados realizados por Patria y Libertad y otros grupos financiados desde el exterior y por la oligarquía económica, a los que el gobierno pudo contener sin violar derecho humano alguno, lo que explica que necesitaron de un golpe militar para interrumpir la vigencia de las libertades sostenida por un gobierno de izquierda contra viento y marea. Cuando grupos extraviados y probablemente infiltrados asesinaron al ex ministro del Interior Pérez Zujovic en 1971, las fuerzas de seguridad encabezadas por Eduardo Paredes, entonces Director de Investigaciones, dieron cuenta del tema en cuestión de horas. Como algunos de sus autores habían sido miembros del MIR, Miguel Enríquez puso a disposición sus fuerzas para dar con quienes ponían en peligro el proceso democrático encabezado por Salvador Allende. Un tema gravísimo, que inclinó hacia la oposición a la Democracia Cristiana, pero que fue resuelto sin dilaciones y con la máxima energía. Por la izquierda, para los con mala memoria.
Durante el gobierno de Patricio Aylwin, grupos extraviados originados en el Partido Comunista y el MAPU decidieron realizar acciones que ponían en peligro la estabilidad democrática en precaria construcción, amenazada por la permanencia del dictador en la comandancia en jefe del Ejército, al acecho de cualquier cuadro de violencia para volver a tomar el poder en nombre del orden desbordado. Uno de los últimos que había intentado crear, después del fracaso del inicio de la guerrilla de Los Queñes que quiso instalar sorprendentemente Raul Pellegrín sin ninguna base política ni operativa el 21 de octubre de 1988, fue el asesinato de Jécar Neghme, nada menos que en septiembre de 1989. Pinochet buscó provocar una reacción violenta del MIR, que no se produjo pues su dirección política analizó adecuadamente la situación, y seguir maniobrando para un desconocimiento del vuelco del país a la democracia con el plebiscito de 1988 y las reformas pactadas de 1989. Que esos pactos fueran insuficientes para recuperar una democracia soberana y producir una redistribución de ingresos y el control de la concentración económica, es harina de otro costal, lo que terminó por estallar en 2019 como demostración de que la inseguridad pública y las desigualdades y abusos interactúan directamente entre sí como trasfondo estructural.
Los atentados del FPMR-A (aquel contra Leigh fue el 21 de marzo de 1990, a días de instalado el nuevo gobierno) y del grupo Lautaro favorecieron la idea de que la democracia no podía contener el desorden y el terrorismo y que se debía volver a la brevedad a la dictadura, también con sospechas de infiltración. Los desvaríos incluyeron el asesinato en enero de 1989 de un alto dirigente del FPMR Autónomo por la jefatura del grupo, acusado de traición, y culminó con el atentado contra Jaime Guzmán en abril de 1991 por una fracción del grupo, quien había sido elegido senador, aunque no nos gustara a quienes criticamos su rol de apoyo civil a la dictadura y sus crímenes. Y también con el asesinato por la espalda de jóvenes policías sin vínculo alguno con la represión dictatorial por el grupo Lautaro. La política de la izquierda gubernamental fue buscar la justicia en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura a través de los tribunales, lo que ha venido ocurriendo desde entonces, con fracasos y victorias. Muy bien, pero ¿quiénes terminaron haciéndose cargo de contribuir a restablecer el orden público y de desarmar la amenaza de la instalación de una lucha armada endémica en democracia, del tipo de la ETA en España? Las fuerzas de la izquierda gobernante, para los con mala memoria.
Se trató de una política de combinación del uso de una precaria institucionalidad y de la acción operativa de la Policía de Investigaciones. Hubo episodios dolorosos con resultado de muerte, algunos muy cuestionables. Pero los jefes y dirigentes de las dos organizaciones armadas responsables de asesinatos en democracia fueron puestos a disposición de los tribunales, sin torturas ni ejecuciones (unas "memorias" de un infiltrado que habla de supuestas torturas nunca denunciadas por nadie no son más que inventos). Hoy hay todavía quienes cuestionan esa decisión. Están en su derecho. Pero no pueden desconocer su eficacia operativa y política. Los autores de asesinatos y delitos inaceptables en democracia fueron encarcelados por mucho tiempo, y la regresión autoritaria perdió fuelle decisivamente. Una década después los autores de esos delitos fueron amnistiados, también por la acción de la izquierda gobernante. Dígase lo que se quiera, pero no que la izquierda no ha actuado históricamente con determinación en los temas de seguridad pública, y con lógica democrática y de respeto de los derechos humanos, como corresponde en una sociedad civilizada. Esta definición es anterior al tema del Estado social y a unas u otras búsquedas de profundización democrática.
Al subsecretario del Interior actual le toca perseguir la delincuencia y las nuevas expresiones violentas del crimen organizado. Es su trabajo, en el que él y sus predecesores han encontrado siempre el apoyo de la izquierda gobernante, con el límite del respecto del derecho y de la legalidad. Y está equivocado cuando en ocasiones se suma al penoso populismo penal hoy en boga y no defiende el compromiso histórico de la izquierda con la seguridad pública.
Ese compromiso distingue el rol de las policías, que deben luchar por mandato de la sociedad implacablemente contra la delincuencia, en el marco del derecho y con todo el apoyo estatal, del rol de la sociedad en su conjunto en la materia. Ésta debe luchar contra las causas culturales, sociales y económicas de la delincuencia. La izquierda nunca ha tenido un problema con la seguridad, sino que ha actuado como corresponde cuando corresponde, sin rehuir su responsabilidad, y además poniendo por delante sus causas estructurales. Es la lógica de la seguridad democrática. Ahora les toca actuar a las autoridades vigentes. Pero si se busca popularidad en una especie de nicho securitario, lo que es un albur pues nunca se logra demasiado en esas posiciones, que no se acuda a pretextos dónde no los hay. Las frases para quedar bien con la derecha, que se las lleve el viento.
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