Retomando la reforma de pensiones

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Anualmente las AFP cobran más de mil millones de dólares en comisiones y se llevan un margen mayor al 50% de los ingresos que reciben. Este es superior en un 120% a los costos de la operación del sistema, en un negocio que recibe ingresos asegurados por el Estado todos los meses provenientes de las cotizaciones obligatorias.

Cabe preguntarle a la derecha, que tiene la llave de la reforma en el Congreso, ¿qué mecanismo propone exactamente para bajar el costo de administración de las cuentas y las sobreutilidades de las AFP por altas comisiones?; ¿solo las licitaciones anuales de una parte del stock de fondos y nada de separación de la administración de cuentas y la función de inversión de los fondos?; ¿qué actor estatal están dispuestos a aceptar y qué nuevos actores privados se podrían incorporar a la administración de cuentas y gestión de la inversión (soporte licitado, bancos, compañías de seguros)?; ¿qué solidaridad creen necesaria entre hombres y mujeres en el sistema previsional contributivo y entre los actuales y los futuros pensionados?

Los objetivos mínimos de la reforma se pueden agrupar de este modo:

1) Bajar el injustificado costo de administración de las cuentas del sistema de pensiones contributivas (con cotización obligatoria) para disminuir el aporte por comisiones de los cotizantes mediante un recaudador único, como propone el gobierno, o la fijación de topes en las tarifas;

2) Introducir más entidades y más competencia en la inversión de los fondos de capitalización del 10% actual;

3) Aumentar las pensiones contributivas actuales hasta en 3 UF con parte del 6% de cotización patronal adicional, que irá a cuentas individuales administradas por un ente público, como es hoy el caso de las pensiones del IPS, en lo que no sea objeto de aporte de solidaridad;

4) Introducir solidaridad en las futuras pensiones con redistribuciones de parte de las cotizaciones adicionales a mujeres, maternidad y cuidados, así como a lagunas previsionales por desempleo. De hecho esto ya existe con el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que todos pagamos todos los meses pero del cual eventualmente no recibiremos nada si no nos enfermamos o perecemos tempranamente. En eso consiste la seguridad social. El "con mi plata No" tiene actualmente un componente de "con mi plata Si". La propuesta de gobierno es una ampliación prudente de este principio.

5) Asegurar un ingreso constante a los pensionados, sin retiros programados, y bajar los costos de la renta vitalicia. La fórmula de un seguro de longevidad tiene el inconveniente de que financiarían las pensiones de los que viven más (las personas de altos ingresos, con 10 años y más de esperanza de vida adicional) los que viven menos (las personas de menos ingresos). Así es el carácter social de la demografía. Por su parte, un seguro de este tipo restringido a los mayores de 75 años tendría un costo muy alto.

A la derecha cabe señalarle: discutamos los mecanismos y pactemos, pero sin abandonar los objetivos básicos, salvo que lo que se quiera es simplemente mantener el sistema de AFP y las utilidades de sus dueños.

En materia de mejoramiento de las pensiones de las mujeres, el gobierno ha planteado un esquema que beneficia a las actuales y futuras pensionadas calculando el monto necesario para que la "pensión autofinanciada" de la mujer sea igual a la de un hombre en iguales condiciones, que se pagaría a partir de los 65 años y cubriría pensiones hasta 15 UF. Se complementaría con un aporte por "tareas de cuidado", mediante un registro de hasta 24 cotizaciones por el salario mediano por el tiempo dedicado a cuidados no remunerados de personas con dependencia moderada o severa, para personas que estén en registro de cuidadores del RSH / MDS. Se contempla un complemento por maternidad, con un registro de 24 cotizaciones por el salario mediano por cada hijo/a nacido vivo o adoptado. Una nueva propuesta gubernamental plantea dedicar un 1% de las cotizaciones adicionales a fortalecer el cuidado infantil, lo que se aleja de los fines directamente previsionales que debe tener el sistema de pensiones y no parece una buena idea, pues fortalecer los jardines infantiles y guarderías debe ser materia de financiamiento presupuestario.

Se incluye, además, un complemento por "lagunas previsionales": cada vez que se reciben beneficios del seguro de cesantía, se pagaría las cotizaciones del 10% y el 6% con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Finalmente, para aumentar las actuales pensiones, el gobierno ha propuesto que los pensionados reciban, financiado con parte del 6% de cotización adicional, una "garantía complementaria a la pensión", con un monto de 0,1 UF por cada año cotizado (aplicable al DL 3.500, los bonos de reconocimiento y el nuevo sistema). Se entregaría a partir de los 65 años con un tope de 30 años cotizados (3 UF).

Las nuevas cuentas individuales de capitalización colectiva debieran ser gestionadas por un ente público, a las que se les descuenten aportes solidarios para financiar los beneficios mencionados para las mujeres y la "garantía complementaria". La definición del gobierno es que las AFP no entren en el 6% de cotización adicional del empleador y que se transformen en el sistema del 10% de cotizaciones de los trabajadores en entidades privadas de inversión, junto a otros actores, con un recaudador único para bajar costos.

La derecha no quiere ver desaparecer a las AFP de la recaudación del 10% y quiere que sean parte del 6% de cotización adicional. Por eso se opone a la reforma propuesta por el gobierno. Se refugia argumentalmente en la regresividad que supone financiar aumentos de pensiones con las cotizaciones de los asalariados y aportantes independientes. Ahí cabe decirle que la alternativa son los impuestos, que también se niega a aumentar. Entonces no quiere nada, simplemente. De ahí el bloqueo a la reforma.

Si se abre a más impuestos, muy bien, pero sin poner el acento en el IVA, que es más regresivo que los impuestos directos a los ingresos o el patrimonio. Por eso, si hablamos de más aporte tributario, debe venir de los ingresos personales elevados provenientes del capital y no del consumo.

Plebiscito: reflexiones a partir de los acontecimientos de los últimos días

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Lo esperable: se filtra ilegalmente a días del 17/12 la carpeta de investigación sobre fundaciones para intentar otra vez involucrar al ministro Carlos Montes, que no tiene nada que ver con un esquema de transferencias a privados manejado por los seremis sin licitación ni concursabilidad. En este caso, se trata de nóveles activistas del partido RD que buscaron el camino del dinero del Estado, con la aparente connivencia de una novel diputada RD y el aparente aval de una novel subsecretaria RD, y cometieron, al parecer (lo que aún no está probado), delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según la fiscalía.

Nada muy edificante, y con múltiples interrogantes: ¿cuánta responsabilidad hay de las normas inadecuadas y de la falta de control institucional? ¿Cuánta intencionalidad de apropiación indebida de recursos públicos existió, cuánta improvisación y chapucería sin voluntad de defraudar hubo? La fiscalía no lo tiene fácil. Lo único claro es que Carlos Montes no tiene nada que ver con las normas previamente existentes ni con las conductas de algunos seremis destinadas a realizar transferencias de recursos a fundaciones privadas de reciente creación, nula experiencia y cercanía con una novel corriente política.

Este mismo tipo de esquemas altamente reprobables se están investigando en otros órganos públicos y gobiernos regionales, en buena hora, que involucra en diversos casos a partidos y personas de oposición y otras corrientes políticas.

Los recursos públicos para la política y los límites de gasto poco a poco se habían venido estableciendo desde 2003, para evitar la compra de los representantes elegidos por el poder económico, que financiaba las campañas y las carreras políticas, especialmente, aunque no únicamente, de la derecha. Se vio a ministros (Longueira), subsecretarios (Wagner), senadores (Orpis, Van Risselberghe) y diputados (Isasi) recibiendo instrucciones directas y por escrito en materia legislativa por poderes económicos, con la ley de pesca como el paradigma de legislaciones que no se pueden sino calificar de corruptas. La ley desde Bachelet II limita, aunque de manera insuficiente, el dinero empresarial en la política, mientras la fiscalía y los tribunales han actuado de manera algo más firme (la demora en el juicio a SQM ha sido vergonzosa) para perseguir los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias y financiamiento empresarial ilegal de la política, vigentes en la legislación. En los gobiernos de Piñera, sin embargo, se amplió la doctrina del "externalizar todo" en la función pública, que se presta para abusos múltiples. Esto ha venido incluyendo la transferencia de recursos a fundaciones que supuestamente ayudan a la realización de tareas ministeriales, pero que se usan para apoyar carreras parlamentarias, además del copamiento de servicios públicos en regiones en cargos de confianza que no debieran existir, en beneficio de una función pública estrictamente profesional.

El correcto uso de recursos presupuestarios para fines públicos y cuidar la profesionalidad de la administración es el primer deber de quien tenga responsabilidades políticas y de representación ciudadana, junto a una especial austeridad en el uso de los recursos estatales destinados a la acción de los partidos y las campañas electorales, aunque tenga costos (de eso algo sé).

Por su parte, la fiscalía podría ser un poco más cuidadosa con la publicidad de sus carpetas investigativas y con las fechas y duración de sus actuaciones, para así evitar sospechas de sesgo político en una institución que no debe entrar en trincheras partidarias y electorales por ningún motivo. Los casos recientes de Guatemala y de Perú están ahí para señalar hacia dónde no debe irse.

Así, se debe seguir con una severa vigilancia del buen uso de los recursos públicos para evitar a toda costa el afianzamiento de una cultura de la corrupción.

Desde el punto de vista de la gestión pública, la lección es que la política de vivienda -o de cualquier otra área pública- deben diseñarla y llevarla a cabo el ministerio respectivo, sus servicios dependientes y sus profesionales y equipos, no fundaciones con proyectos de dudosa utilidad para esa política, pero que pueden ser sobre todo pasto para el clientelismo. Otra cosa es que se financie actividades de la sociedad civil, que son válidas en tanto tales, pero esto es muy excepcionalmente tarea del gobierno central. A partir de 2024, no debiera haber desde ese nivel de la administración convenio alguno con fundaciones para fines etéreos -otra cosa es contratar servicios necesarios para la tarea pública, pero con fines y tiempos precisos y con entidades profesionales especializadas- y redireccionarse esos recursos a los organismos técnicos ministeriales y a los subsidios directos a las personas, en este caso a las soluciones habitacionales para quienes las necesitan. Esas personas, que se cuentan entre las más desfavorecidas, no pueden tolerar el desvío de recursos públicos, como tampoco la ciudadanía de a pie, lo que contribuye gravemente al desprestigio de la democracia. Además, se requiere una fuerte vuelta de tuerca en los municipios: son hoy 32 los alcaldes y ex alcaldes imputados en procesos judiciales y varios de ellos están en prisión por corrupción.

Y se debe seguir persiguiendo la principal fuente de corrupción en el Estado chileno: el gigantesco fraude al fisco organizado por las asociaciones ilícitas para evadir impuestos que intentan, y en ocasiones logran -como quedó probado en el caso Penta- corromper a servidores públicos. Hasta hace poco las consecuencias eran cursos de ética. Ya llegó la hora de sanciones a la altura de los delitos cometidos para los que corrompen y no solo para los que se dejan corromper.

El balance político para el Frente Amplio es, en este contexto, delicado. Se fundó en 2017, entre otras cosas, como reacción a posturas cada vez más laxas frente al financiamiento ilegal e indebido de la política, que requería de una drástica renovación. Y, además, se fundó a partir de una crítica al neoliberalismo como lógica de la acción pública y a una política económica y social insuficientemente redistributiva e innovadora. Esto era lo que había llevado al colapso de la Concertación y la Nueva Mayoría, a pesar de sus logros en diversos aspectos. Esa crítica, fundada, y la convocatoria a darle paso a una nueva generación, permitió el triunfo presidencial del Frente Amplio. A sus errores y divertimentos por inexperiencia, la despreocupación por la construcción de una coalición coherente en un contexto de ausencia de mayoría parlamentaria y el fracaso de un proceso constitucional mal concebido y peor ejecutado, se sumó ahora reproducir prácticas clientelísticas y de copamiento del Estado en versión aumentada.

Todo esto puede tener un muy alto costo para el Frente Amplio, que se suponía se había constituido para rechazar las prácticas indebidas con un estándar ético distinto (Jackson dixit), pero también para la coalición de gobierno en su conjunto. A partir de la próxima semana, esta coalición deberá sacar todas las lecciones de los fracasos acumulados e impulsar un nuevo estilo y nuevos objetivos para salvar, a medio camino, el destino de su gobierno.

Dos posteos sobre seguridad pública

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28 de noviembre

El sheriff del condado

La derecha busca, lo que no es demasiado nuevo, poner al gobierno entre la espada y la pared con el tema de la seguridad, procurando hacerlo aparecer como desbordado e incapaz de manejarlo. Esto se acompaña de la petición recurrente de más estados de excepción, ahora para Santiago (un exabrupto evidente), y de citar a reuniones a un consejo de seguridad que incluye a las FF.AA. para ponerlas como supuesta solución providencial, lo que es un espejismo y no es propio de su tarea constitucional. De paso, los conservadores mezclan cada vez que pueden la inmigración, que es un fenómeno global y también específicamente vinculado al colapso de países de la región, con la delincuencia, que es nacional en una muy alta proporción. El objetivo: desacreditar la gobernabilidad democrática frente a fenómenos complejos de alcance internacional y de intensidad creciente. Y en la coyuntura, llevar agua al molino de la aprobación de la constitución de la extrema derecha, supuestamente orientada a la seguridad, como si éste fuera un tema constitucional. Aparte de dos o tres frases sin consecuencias, su texto sobre todo busca proteger los intereses oligárquicos en materia institucional y económico-social.

Esta ofensiva "destituyente" requiere de una respuesta fuerte y clara: se trata de una intencionalidad desleal que debe ser reprochada con fuerza. En vez de seguirle la corriente, claro. El gobierno está al mando y su política es una de seguridad democrática, que fortalece día a día la acción de las policías, con la colaboración de las FF.AA. en las fronteras y en la Zona Sur.

Estas policías son las que, dicho sea de paso, deben estar a cargo de la comunicación cotidiana sobre su accionar frente a la delincuencia. No tiene sentido que las autoridades de gobierno reaccionen ante cada hecho delictivo. Asumirse como jefes de policía es absurdo. Su rol es otro, y no incluye dejarse llevar por el clima de alarma que todos los días alimentan los medios televisivos para sostener su rating. Es su gran negocio. No es el rol del gobierno ni de los dirigentes políticos, que no deben ponerse a competir ("noviembre rojo") en la multiplicación de un clima de alarma y de populismo penal y represivo mediante más y más gesticulaciones mediáticas. La población sabe apreciar el abordaje serio de un problema serio.

Un ejemplo: la creación de un Ministerio de Seguridad, que se promueve desde hace años, no tiene sentido pues para eso está el Ministerio del Interior con sus subsecretarías dedicadas al orden público y a la administración del territorio, que es un error separar. Son parte de una misma tarea de orden y seguridad democrática. La idea de este ministerio, que evidentemente no soluciona nada, es la guinda de la torta de la inflación legislativa y de la parafernalia securitaria. Como si permitiera bajar un milímetro los niveles de delincuencia, lo que ya se vio en el gobierno de Piñera, cuya retórica de supuesta firmeza fue un mero bluff frente a un fenómeno con causas económicas, sociales y culturales de largo aliento, junto a evoluciones recientes del crimen organizado, especialmente las extensiones del narcotráfico desde distintos países de América Latina, como México, Venezuela y los países andinos, pero cuya base es el consumo de drogas en Estados Unidos y Europa.

El aumento de los homicidios en Chile es una realidad, propia de penetraciones del crimen organizado y de sus prácticas de sicariato, secuestros y extrema violencia. Enfrentarlas no es fácil, para este gobierno o cualquier otro. En vez de actuar con sentido de responsabilidad común, la oposición ocupa deslealmente este tema para atacar con ferocidad al gobierno, que no se defiende lo suficiente.

El gobierno actual está combatiendo esta nueva realidad con nuevos instrumentos legales y operativos que refuerza día a día, en un contexto en que Chile mantiene, y por muy lejos, una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina, lo que debe decirse una y otra vez por las autoridades. Ni los subsecretarios del área ni la ministra del Interior tienen funciones operativas, y deben asumir el rol que les corresponde, que no es el de sheriff del condado, como decía un ministro del Interior en otras épocas, sino el de conductores de las políticas de seguridad. Los crímenes violentos realizados por bandas, incluyendo los ajustes de cuentas en las disputas de territorios, los secuestros extorsivos y muchos de los robos con violencia, están siendo perseguidos por las policías, con éxitos importantes en diversos aspectos. Lo propio ocurre con el narcotráfico de gran escala.

Combatir el microtráfico y su extensión progresiva ya es, en cambio, una tarea que va mucho más allá de las policias, y debe incluir a la sociedad civil, a los gobiernos regionales, los municipios, las escuelas y los diferentes servicios de la política social, dada su dimensión preventiva y de conexión con las comunidades. En el universo de los 400 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, según los datos del INE, el tema no es la represión policial, aunque ésta debe ser eficaz y proporcional y estar presente en los diversos territorios afectados cuando es requerida. En esos espacios se debe desplegar la multifactorial tarea de mediano y largo plazo de revitalización del tejido social, consolidación de un urbanismo integrador y la creación de más opciones suficientemente atractivas de empleo, formación profesional y educación. Esto se debe acompañar del refuerzo de la acción preventiva de una policía más próxima que colabora con los vecinos y la comunidad organizada. Y también de un mejor sistema carcelario y de reinserción. Estas son tareas lentas y no siempre visibles, pero son las únicas que permitirán paso a paso combatir consistentemente las distintas formas de delincuencia que afectan al ciudadano común.

Anclarse en la retórica del miedo y la descalificación no soluciona nada ni conduce a nada.

5 de diciembre

La izquierda y la seguridad pública

Ser de izquierda es luchar por una sociedad más libre y por tanto necesariamente más justa, pues la libertad no puede ser la de una oligarquía privilegiada que concentra el poder y la riqueza sino aquella que es ejercida por todos los miembros de la sociedad con medios de vida dignos basados en el trabajo y, en su caso, en la solidaridad, oligarquía que además deja hoy a las nuevas generaciones una pesada carga ambiental. Mantenerse en esa postura lleva con frecuencia a confrontar a los poderes constituidos. Esto requiere una actitud, una disposición a ir contra la corriente y a resistir las subordinaciones, los lugares comunes dominantes y las modas.

Hoy se está dando por enésima vez a la izquierda por obsoleta (ver https://gonzalomartner.blogspot.com/.../quo-vadis... y https://gonzalomartner.blogspot.com/.../esta-en-crisis-el...). Y también ahora resulta que "el atributo de la gestión en materia de seguridad no es uno que históricamente se le asigne a la izquierda", dicho nada menos que por el subsecretario del Interior. Se suman voces a esa corriente que da por buenos todos los discursos de la derecha. Aunque sean relativamente jóvenes, eso no los exime de hacer un poco más de esfuerzos de memoria.

Cuando la izquierda ha gobernado, ha tenido una especial preocupación por la seguridad pública (y por la defensa nacional, dicho sea de paso). Lo que pasa es que no lo hace desde el autoritarismo violento al que no le importa violar los derechos humanos y no tiene visión de contexto sobre los fenómenos delictuales, sino que desde un sentido democrático y social de la autoridad. Y lo hace con mucho mayor eficacia.

Durante la Unidad Popular, destacó la figura de Daniel Vergara como subsecretario del Interior en sus ingentes esfuerzos de mantención del orden público, alterado por los opositores y los permanentes atentados realizados por Patria y Libertad y otros grupos financiados desde el exterior y por la oligarquía económica, a los que el gobierno pudo contener sin violar derecho humano alguno, lo que explica que necesitaron de un golpe militar para interrumpir la vigencia de las libertades sostenida por un gobierno de izquierda contra viento y marea. Cuando grupos extraviados y probablemente infiltrados asesinaron al ex ministro del Interior Pérez Zujovic en 1971, las fuerzas de seguridad encabezadas por Eduardo Paredes, entonces Director de Investigaciones, dieron cuenta del tema en cuestión de horas. Como algunos de sus autores habían sido miembros del MIR, Miguel Enríquez puso a disposición sus fuerzas para dar con quienes ponían en peligro el proceso democrático encabezado por Salvador Allende. Un tema gravísimo, que inclinó hacia la oposición a la Democracia Cristiana, pero que fue resuelto sin dilaciones y con la máxima energía. Por la izquierda, para los con mala memoria.

Durante el gobierno de Patricio Aylwin, grupos extraviados originados en el Partido Comunista y el MAPU decidieron realizar acciones que ponían en peligro la estabilidad democrática en precaria construcción, amenazada por la permanencia del dictador en la comandancia en jefe del Ejército, al acecho de cualquier cuadro de violencia para volver a tomar el poder en nombre del orden desbordado. Uno de los últimos que había intentado crear, después del fracaso del inicio de la guerrilla de Los Queñes que quiso instalar sorprendentemente Raul Pellegrín sin ninguna base política ni operativa el 21 de octubre de 1988, fue el asesinato de Jécar Neghme, nada menos que en septiembre de 1989. Pinochet buscó provocar una reacción violenta del MIR, que no se produjo pues su dirección política analizó adecuadamente la situación, y seguir maniobrando para un desconocimiento del vuelco del país a la democracia con el plebiscito de 1988 y las reformas pactadas de 1989. Que esos pactos fueran insuficientes para recuperar una democracia soberana y producir una redistribución de ingresos y el control de la concentración económica, es harina de otro costal, lo que terminó por estallar en 2019 como demostración de que la inseguridad pública y las desigualdades y abusos interactúan directamente entre sí como trasfondo estructural.

Los atentados del FPMR-A (aquel contra Leigh fue el 21 de marzo de 1990, a días de instalado el nuevo gobierno) y del grupo Lautaro favorecieron la idea de que la democracia no podía contener el desorden y el terrorismo y que se debía volver a la brevedad a la dictadura, también con sospechas de infiltración. Los desvaríos incluyeron el asesinato en enero de 1989 de un alto dirigente del FPMR Autónomo por la jefatura del grupo, acusado de traición, y culminó con el atentado contra Jaime Guzmán en abril de 1991 por una fracción del grupo, quien había sido elegido senador, aunque no nos gustara a quienes criticamos su rol de apoyo civil a la dictadura y sus crímenes. Y también con el asesinato por la espalda de jóvenes policías sin vínculo alguno con la represión dictatorial por el grupo Lautaro. La política de la izquierda gubernamental fue buscar la justicia en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura a través de los tribunales, lo que ha venido ocurriendo desde entonces, con fracasos y victorias. Muy bien, pero ¿quiénes terminaron haciéndose cargo de contribuir a restablecer el orden público y de desarmar la amenaza de la instalación de una lucha armada endémica en democracia, del tipo de la ETA en España? Las fuerzas de la izquierda gobernante, para los con mala memoria.

Se trató de una política de combinación del uso de una precaria institucionalidad y de la acción operativa de la Policía de Investigaciones. Hubo episodios dolorosos con resultado de muerte, algunos muy cuestionables. Pero los jefes y dirigentes de las dos organizaciones armadas responsables de asesinatos en democracia fueron puestos a disposición de los tribunales, sin torturas ni ejecuciones (unas "memorias" de un infiltrado que habla de supuestas torturas nunca denunciadas por nadie no son más que inventos). Hoy hay todavía quienes cuestionan esa decisión. Están en su derecho. Pero no pueden desconocer su eficacia operativa y política. Los autores de asesinatos y delitos inaceptables en democracia fueron encarcelados por mucho tiempo, y la regresión autoritaria perdió fuelle decisivamente. Una década después los autores de esos delitos fueron amnistiados, también por la acción de la izquierda gobernante. Dígase lo que se quiera, pero no que la izquierda no ha actuado históricamente con determinación en los temas de seguridad pública, y con lógica democrática y de respeto de los derechos humanos, como corresponde en una sociedad civilizada. Esta definición es anterior al tema del Estado social y a unas u otras búsquedas de profundización democrática.

Al subsecretario del Interior actual le toca perseguir la delincuencia y las nuevas expresiones violentas del crimen organizado. Es su trabajo, en el que él y sus predecesores han encontrado siempre el apoyo de la izquierda gobernante, con el límite del respecto del derecho y de la legalidad. Y está equivocado cuando en ocasiones se suma al penoso populismo penal hoy en boga y no defiende el compromiso histórico de la izquierda con la seguridad pública.

Ese compromiso distingue el rol de las policías, que deben luchar por mandato de la sociedad implacablemente contra la delincuencia, en el marco del derecho y con todo el apoyo estatal, del rol de la sociedad en su conjunto en la materia. Ésta debe luchar contra las causas culturales, sociales y económicas de la delincuencia. La izquierda nunca ha tenido un problema con la seguridad, sino que ha actuado como corresponde cuando corresponde, sin rehuir su responsabilidad, y además poniendo por delante sus causas estructurales. Es la lógica de la seguridad democrática. Ahora les toca actuar a las autoridades vigentes. Pero si se busca popularidad en una especie de nicho securitario, lo que es un albur pues nunca se logra demasiado en esas posiciones, que no se acuda a pretextos dónde no los hay. Las frases para quedar bien con la derecha, que se las lleve el viento.

Tres posteos sobre educación

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5 de diciembre

Adquirir las capacidades fundamentales en la escuela

Reproduzco extractos de la importante entrevista en El País a Luis Benveniste, especialista del Banco Mundial. A retener como objetivos del sistema escolar: lograr la capacidad de leer un texto y comprenderlo a los 10 años, hacer matemáticas básicas y adquirir las capacidades socioemocionales fundamentales, como la resolución de problemas de comunicación, en tanto punto de partida indispensable para adquirir otros conocimientos. Los medios: disminuir el número de alumnos por curso, invertir en libros de texto, en curriculums escalonados a lo largo del año y en capacidad docente, incluyendo pedagogía y manejo del aula. Para tener en cuenta.

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“En muchos países del África subsahariana, por ejemplo, un aula puede llegar a tener 70, más de 100 niños... Es muy difícil para un maestro enseñar a leer a una clase tan diversa. Claramente, una reducción del tamaño es fundamental; pero, luego también lo es poder invertir en libros de texto, capacidad docente… son insumos fundamentales para lograr el aprendizaje.”

“Asia verdaderamente ha tenido una performance excelente. Corea del Sur, Singapur, China, Vietnam... ―un país con recursos mucho menores que muchos países de Europa― tienen una capacidad para apoyar el aprendizaje de los conocimientos básicos y fundamentales que es impresionante. Hay muchos estudios enfocados en entender cuáles son los ingredientes de Asia. El mundo ha aprendido mucho sobre cómo enseñan las matemáticas, sobre su currículum escalonado ―para ir construyendo conocimientos más complejos a lo largo de un año escolar―, o del rol y la capacitación del docente. Por ejemplo, Corea puso mucho énfasis en la pedagogía y el manejo del aula, y eso ha impactado en el aprendizaje.”

“Y también recordemos que América Latina fue una de las regiones más impactadas por la covid y los cierres de escuela han sido de los más largos del mundo [225 días de media]. Por lo tanto, la pérdida del aprendizaje ha sido notable.”

“Hoy en día estamos centrados en la crisis educativa y en el hecho de que aproximadamente dos tercios de los niños en países en vías de desarrollo no adquieren las competencias más fundamentales; que nosotros referimos como la capacidad de leer un texto y comprenderlo a los 10 años. Hay que asegurarse de que la experiencia educativa aporte las capacidades fundamentales: poder leer, hacer matemáticas básicas, adquirir las capacidades socioemocionales fundamentales ―como la resolución de problemas de comunicación―... Toda la evidencia apunta a que estos son los cimientos básicos para luego poder construir otros conocimientos más profundos, más técnicos. Sin eso, verdaderamente se hace muy difícil potenciar toda la capacidad de una persona.”

6 de diciembre

La prueba PISA 2022 muestra una resistencia en la tormenta del Covid pero constata una década pérdida

La prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) abarcó a 81 países en 2022 y tiene una gran resonancia internacional para evaluar y comparar los resultados de aprendizaje en los sistemas escolares. Como todo indicador de este tipo, tiene limitaciones. No obstante, es una medición útil para evaluar cada tres años (en este caso 4 años por el covid) el nivel de los alumnos de 15-16 años en lectura, matemáticas y ciencias naturales.

El contexto es el de un descenso medio de los países de la OCDE en 2022 respecto a 2018 de 17 puntos en matemáticas, 11 puntos en lectura y 4 puntos en ciencias en medio de la pandemia. Las matemáticas han sido los conocimientos más perjudicados globalmente porque son los que más requieren el acompañamiento directo del profesor y en los que más difícil resulta aprender por cuenta propia o con la sola ayuda de las familias.

La puntuación en Chile en matemáticas mostró una declinación de 417 puntos en 2018 a 412 puntos en 2022, mucho menor que la caída promedio en la OCDE, luego de un retroceso previo de seis puntos entre 2015 y 2018. Se acumuló así una caída de 11 puntos, que situó al país en un nivel menor al de 2015 y similar al observado en 2006. En lectura, se observó una caída de 4 puntos en 2022 respecto a 2018, hasta 448, también muy inferior a la del promedio OCDE, pero con un deterioro sumado en las dos últimas pruebas que también alcanza a 11 puntos. Los resultados fueron igualmente inferiores a los de 2015 y volvieron a su nivel de 2008. En cambio, en ciencias los resultados se mantuvieron estables, con 444 puntos, lo que ha ocurrido desde 2006 con pocas variaciones.

Las puntuaciones en las tres materias evaluadas siguen siendo muy inferiores en Chile al promedio de los países de la OCDE. En matemáticas, los 412 puntos estuvieron por encima de países como México, Brasil, Indonesia y Filipinas, pero por debajo de países como Canadá, Suiza, Japón o Corea del Sur. Solo el 44% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas, mucho menos que el promedio de 69% en la OCDE (los estudiantes deben poder interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación simple). Los escolares chilenos obtuvieron un registro superior al de México o Brasil, pero lejos del de Estonia, Estados Unidos o Singapur. Cerca de un 66% de los estudiantes chilenos alcanzaron el nivel 2 o superior en lectura, frente al promedio de 74% de la OCDE, consistente en identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, entre otros temas.

En suma, en 2022 en comparación con 2012 la proporción de estudiantes con un rendimiento inferior a una línea base (nivel 2) no cambió significativamente en Chile en matemáticas, lectura y ciencias. Se puede hablar en este sentido de una década perdida en materia de aumento del aprendizaje escolar.

Este aumento es una meta en la que se debe persistir, si se considera que el desafío es elevar los niveles de conocimiento entre los jóvenes y universalizar sus competencias básicas de lecto-escritura, matemáticas y convivencia. Y, además, formar en un nivel superior a sus mejores talentos. En Chile existe una proporción menor de estudiantes que obtuvo un alto aprendizaje (niveles 5 o 6) en al menos uno de los tres temas respecto al promedio OCDE. En matemáticas, sumó solo un 1%, mientras el promedio OCDE es de 9%. Seis economías asiáticas obtuvieron las mayores proporciones de estudiantes con buenos resultados de aprendizaje: Singapur (41%), Taipei (32%), Macao China (29%), Hong Kong China (27%), Japón (23%) y Corea del Sur (23%). En lectura y ciencias, el 2% se situó en Chile en un nivel alto, en comparación al 7% de promedio en la OCDE en ambas materias.

El informe también señala que entre 2018 y 2022 la brecha en Chile entre el 10% de los estudiantes con puntuaciones más altas y el 10% de los estudiantes más débiles se redujo en matemáticas, no cambió significativamente en lectura y se amplió en ciencias. Los datos por condiciones socioeconómicas mostraron que los estudiantes más favorecidos superaron a los estudiantes desfavorecidos por 69 puntos en matemáticas (unos 30-40 puntos son considerados equivalentes a un año escolar menos según otros estudios), registro preocupante aunque inferior a la diferencia promedio en los países de la OCDE, que llegó a 93 puntos. A su vez, los niños chilenos superaron a las niñas en matemáticas por 16 puntos, mientras ellas consiguieron mejores calificaciones en lectura.

8 de diciembre

Noticias desde Singapur

Singapur es un pequeño país insular de 5 millones de habitantes, independizado del Reino Unido recién en 1965. Tuve ocasión de visitarlo en 1970, cuando mi familia vivía por un tiempo en Tailandia (si, esas cosas pasan con los funcionarios internacionales como mi padre), cuando era un lugar muy atrasado y pobre, con personas que, por ejemplo, empujaban taxis de propulsión humana. Hoy es uno de los lugares más prósperos y deslumbrantes del mundo y ha obtenido los mejores resultados en la prueba mundial PISA de rendimiento escolar de 2022. Y esto en matemáticas, lectura y ciencias. Si, en las tres materias.

¿Como es el sistema escolar en Singapur? ¿Un milagro producido por la iniciativa privada de las escuelas y las familias, como reza en la materia la leyenda neoliberal? Pues parece que no: desde el primer grado (a los 6 años, dado que la educación pre-escolar no es obligatoria) hasta el grado 12, todos los colegios son públicos y financiados por el Estado. Tanto los profesores como los directivos docentes son seleccionados por el gobierno, dejando autonomía pedagógica a los directivos de las escuelas, que son evaluadas externamente cada 6 años. Esquemas similares son los prevalecientes en la mayor parte de Asia del Este, donde los resultados son igualmente sobresalientes. Lo único privado son las escuelas no financiadas por el gobierno para estudiantes internacionales y también las clases particulares de reforzamiento.

Los padres de familia postulan a sus hijos al sistema escolar y la decisión de ingreso a una escuela es de la autoridad educativa, según diversos criterios. Pagan un aporte de 5 dólares mensuales, como contribución simbólica y de compromiso con la escuela. Al sexto año, los estudiantes pasan un examen que los orienta hacia escuelas que apuntan a la universidad (solo un tercio) o a vocaciones técnicas o artísticas. Existe un coeficiente de 19 alumnos por profesor. Un proceso de evaluación anual mide el rendimiento del profesorado según las competencias establecidas y ayuda a los docentes a identificar sus áreas de crecimiento y desarrollo. Según los resultados, se incentiva económica y profesionalmente a los docentes que han evolucionado de manera positiva y se da formación a aquellos que lo necesitan. Los docentes avanzan por méritos en su carrera.

Recordemos que en Chile las escuelas municipales y de sistemas locales representan solo un 35% de la matrícula, en un sistema segregado, aunque se ha pasado desde el gobierno de Bachelet II a la prohibición del lucro en las escuelas privadas subvencionadas. Cerca de 10% de la matrícula está en colegios particulares pagados por las familias que pueden hacerlo y que concentran buena parte de los mejores rendimientos escolares.

Este sistema chileno privatizado al extremo y todavía segmentado por el dinero busca ser radicalizado por la concepción de la extrema derecha, plasmada en su proyecto de constitución, que señala: "Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas".

Así, para esta ideología conservadora la educación no se debe entender como un deber de la sociedad hacia la niñez y juventud para asegurar una igualdad básica de oportunidades y a la vez establecer nexos y valores comunes compartidos como nación, como el respeto por el otro, el sentido del esfuerzo y la solidaridad, sino que se busca un predominio y autonomía amplia de las escuelas privadas, ojalá religiosas, incluso en materias curriculares, pero financiadas por el Estado, claro, y con "objeción de conciencia" frente a cualquier obligación pública, por si acaso.

Nada que ver con hacer de la escuela y del profesorado los "artífices y constructores de la nación", como en Singapur, a los que -sin perjuicio del rol formativo del hogar, no siempre positivo ni protector de la infancia, por lo demás- las familias confían la socialización y aprendizajes de sus hijos e hijas.

Reproduzco extractos de una entrevista al matemático Pak Tee Ng, del Instituto Nacional de Educación de Singapur, publicada en El País.

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P. ¿Por qué son tan exitosos en PISA?

R. Nos preocupamos mucho de la educación de nuestros niños, pero no de PISA. Estamos en la prueba para saber cómo nos posicionamos en el mundo, pero no para competir. Nos sirve para entender y aprender del proceso. Por supuesto, es bonito estar arriba en el ranking, pero no es nuestro boletín de notas. Todo empieza en 1965, cuando ganamos la independencia. Nuestra historia es muy corta. Ha sido provechoso que entonces fuéramos tan pobres. Mucha gente pensó: no puedo tener una buena vida, pero trabajo muy duro para mandar a mis hijos al colegio para que tengan la opción de vivir mejor. Ese es el deseo de muchos padres. No tenemos nada más: no hay petróleo, agricultura, madera ni caucho… Solo tenemos recursos humanos y la educación es el gran edificio de nuestro desarrollo nacional.

P. Ustedes cuidan mucho la selección del profesorado.

R. Es así. Somos capaces de reclutar entre el tercio superior de cada cohorte de graduados universitarios. Para cada plaza de profesor tenemos al menos 10 solicitudes. Quieren ser profesores porque hemos trabajado duro para que enseñar sea una profesión respetable. Ellos son los artífices de nuestra nación, quienes ayudan a construir nuestro país. Se puede decir que los maestros son personas que plantan árboles para que otros se sienten debajo y nadie sepa quién los plantó. Tenemos que asegurarnos de que la gente los respete y entonces podremos obtener una mejor educación.

P. ¿Y les pagan bien?

R. Sí. Trabajan muy duro y su salario está a la par de muchas otras profesiones. La mayoría ingresa en la enseñanza no para ser bien pagados, sino porque quieren ser buenos maestros. Pero aunque la gente esté motivada a enseñar, como país tienes que pagarles bien. No te vas a hacer rico, pero sí vas a vivir de forma confortable. Cuando vas a un reencuentro de tu promoción del instituto y dices que eres abogado o doctor, suena bien, pero en algunas partes del mundo la gente no tiene esa consideración tan buena de los maestros, parece que no te queda mejor opción. En el encuentro en Singapur puedes decir con orgullo: “Soy maestro”. Y la gente dice “guau”. Ya sabe: artífices, constructores de la nación.

P. Sus profesores rotan mucho.

R. La política nacional no dice que te tengas que cambiar de centro, pero animamos a cierto movimiento. No todo el mundo tiene que cambiar, es demasiado inestable. Llevar la experiencia a otra escuela es útil. Es muy común que un profesor sea promocionado a jefe de departamento, pero en otra escuela. Y después a otra como subdirector y a la siguiente de director.

P. ¿Ustedes mandan tantos deberes a sus alumnos como en China?

R. En Singapur hay bastantes deberes y estamos reduciéndolos. Queremos crear espacios para que aprendan cosas nuevas y jugar forma parte del aprendizaje. Estamos reflexionando: ¿es absolutamente necesario que hagan tanta práctica de una determinada cosa? Por supuesto que hay que practicar algo, porque si no rápidamente lo olvidamos, pero puede haber un exceso de práctica en detrimento de otras áreas del desarrollo que nos preocupan.

P. Les inquieta el aspecto emocional.

R. Sí, el bienestar mental. Queremos que reciban una educación integral y sana; que crezcan para convertirse en buenos ciudadanos productivos y buenas personas. Por eso la educación del carácter y de la ciudadanía son tan importantes.

P. ¿No los estresa la prueba a la que se los somete al terminar primaria, con 11 o 12 años?

R. Sí, cosas así pueden ser estresantes, pero una cantidad adecuada de estrés puede ser útil. Acabamos de cambiar la forma en que hacemos nuestro examen final de primaria. En lugar de que cada punto cuente, utilizamos bandas de notas. Básicamente, esto significa que la herramienta no es tan afilada. Lo que les decimos es: los exámenes son importantes, pero no son lo único importante en la vida, no te estreses tanto persiguiendo cada punto, pero aprende y hazlo bien.

P. Pero para ingresar en la universidad necesitan calificaciones altas.

R. Antes éramos pobres, intentando resolver otros problemas mayores, y había pocas vías educativas. Ahora queremos que los jóvenes puedan encontrar un camino que les convenga en función de sus distintas personalidades, puntos fuertes y actitudes. Si pudieran encontrar ese camino, nuestro razonamiento es que serían más felices, estarían más motivados. La gente tiene la idea de que solo nos fijamos en las matemáticas, las ciencias… pero ahora tenemos muchos tipos diferentes de escuelas, escuelas de arte, de ensayo… y más problemas que soluciones. Por eso vamos por el mundo intentando aprender de todo el mundo y no al revés.

P. ¿Qué recomendaría a otros para mejorar sus resultados en PISA?

R. No puedo aconsejar a los demás. Soy de Singapur y tenemos nuestras circunstancias. Cada país es diferente, pero hay algunas cosas que son importantes para nosotros y es justo decirlo. En Singapur, la educación es inversión, no gasto. Incluso en tiempos difíciles, no se recorta en educación para que haya coherencia en la inversión; y para que los directores y los profesores sepan que pueden seguir adelante. Los niños necesitan educación, independientemente de si los tiempos son buenos o difíciles. Estamos en la media de la OCDE, no gastamos grandes cantidades. Para nosotros es muy importante invertir en el desarrollo profesional de nuestros directores y profesores. Y hay que asegurarse que la financiación y el esfuerzo son coherentes. Atraemos a gente buena que esté realmente interesada en la enseñanza: los formamos bien y tenemos un sistema educativo muy bueno. Es un trabajo muy duro y puede ser agotador no para la mente, sino para el corazón.

Una decisión con efectos múltiples

En La Nueva Mirada

Ya los lectores de esta columna habrán considerado -y escuchado por doquier- los temas que están en juego en la votación constitucional del 17 de diciembre. ¿Es redundante volver sobre ellos a días de producirse la votación? Tal vez se justifica, en un momento de grandes simplificaciones, enfatizar el análisis de los asuntos más relevantes para la alterada vida en común sin interpretaciones imprecisas ni atribuciones de intenciones. Con las expresiones literales del texto que se somete a votación hay razones más que suficientes para fundamentar el rechazo a la proposición emanada del Consejo Constitucional. El hecho fundamental es que su aprobación tendría consecuencias decisivas, muchas de ellas inmediatas, para el funcionamiento del país. 

Es difícil escoger por dónde empezar, pero uno de los asuntos cruciales es la regresión de los derechos de las mujeres. De ser aprobado, el nuevo texto constitucional pondría en peligro derechos de las mujeres como la interrupción del embarazo por tres causales y el uso de la píldora del día después, a través de un artículo según el cual “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Está destinado a reabrir el tema de los derechos sexuales y reproductivos en el Tribunal Constitucional, habida cuenta que las leyes y decretos al respecto aprobados en su momento se zanjaron con una escasa mayoría en esa instancia. En la misma línea, se establece de manera inédita una “objeción de conciencia” que puede hacer inefectivo el servicio sanitario público en estas materias. El texto desecha, además, la paridad de género en la representación política, dejando a la ley un poco preciso "acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular". Esto contradice la propia norma de elección del Consejo Constitucional, que estableció una paridad de género no solo en las candidaturas sino entre las personas electas  (que fueron 25 y 25). Se trata de un visible retroceso en este principio.

Estas regresiones conectan con una lógica de restricción de las libertades públicas. La propuesta autoriza insólitamente a la ley establecer lugares de detención "que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes", en el marco del aumento de un arsenal represivo de carácter político que no existe en la constitución actual. En efecto, incluye “actos terroristas”, sin definirlos, como causal para declarar estados de excepción. Una eventual definición legal futura del terrorismo asimilado a formas de protesta social desencadenaría diversas limitaciones a las libertades, pues se dictamina que "los responsables de estos delitos no podrán ser beneficiarios de indulto alguno y quedarán inhabilitados de manera perpetua para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular; o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones. Tampoco podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general". La guinda de la torta es que "una vez dictada una sentencia condenatoria firme sobre un hecho calificado como conducta terrorista, las agrupaciones a las que pertenecieran sus autores, cómplices o encubridores, que hubiesen ejecutado dichos hechos o se los adjudicasen, serán declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional a solicitud de la víctima o cualquier otra persona". La manipulación de la definición de terrorismo puede terminar en la proscripción de partidos políticos.

A su vez, se pone en peligro la libertad de asociación al establecer que “se prohíben las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado”, una formulación también inquietante, mientras se establece que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”.  Además, se hace “incompatibles los cargos Directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos”, lo que no tiene justificación. 

Por otro lado, se restringe la libertad de opinión y el pluralismo cultural al establecer “el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes, entre otros”. Respetar esta lista de expresiones de la cultura criolla es un valor positivo, como también lo es respetar todas las demás expresiones culturales, incluyendo las de los pueblos originarios y las de todos los pueblos del mundo. Por eso no tiene sentido establecer un "deber" criollista impropiamente asimilado a honrar a la Patria. Y menos que forme parte de un orden constitucional que se supone debe garantizar las libertades, el respeto de las preferencias individuales y la diversidad cultural. Nada de esto existe siquiera en la constitución actual.

Luego, se produce una limitación inaceptable del principio democrático de mayoría y de la igualdad del voto. El texto aumenta el bloqueo de la mayoría por la minoría, al subir el quórum de las reformas a la constitución, que se lleva de 4/7 a 3/5 de los votos de los parlamentarios, mientras se asimila a ese quórum la aprobación de leyes “que interpreten preceptos constitucionales”. Por su parte, la aprobación de leyes electorales se fija en 4/7. Así, vuelven los "candados" y se vuelve a sustraer el crucial principio de mayoría en la formación de la ley. Se pretende hacer retroceder lo avanzado en las reformas de agosto de 2022 y de enero de 2023 que establecieron el quórum de reformas constitucionales en 4/7 (bajándola desde los 2/3 y 3/5 existentes desde 1989) y el de aprobación de leyes orgánicas en la mayoría de los miembros de cada cámara (en vez de los 4/7 previos). Con las normas hoy vigentes y si se rechaza el proyecto del Consejo, se podrían, por ejemplo, introducir rápidamente en la constitución los artículos que consagran el acuerdo de 12 puntos de diciembre de 2022 de todo el espectro político democrático.

Se produce un incremento de la distorsión de la proporcionalidad de la representación en el parlamento por una mayor desigualdad del voto (se necesita muchos más votos para elegir un representante en unos lugares que en otros) al bajar el número máximo de diputados/as electos/as por distrito de 8 a 6. A la vez, se mantiene la muy alta desigualdad del voto en el Senado y los 8 años de duración en el cargo, lo que es una evidente anomalía democrática, además de perseverar en el carácter co-legislador pleno de una segunda cámara que subrepresenta a las regiones más pobladas y no refleja las mayorías periódicas. Todo esto se busca justificar como una supuesta mejoría del sistema político. ¿Cómo puede argumentarse seriamente que privilegiar indebidamente la representación conservadora traería más estabilidad al país? Es una simple ceguera autoritaria buscar ventajas institucionales de los defensores de los poderes existentes y dejar expresiones políticas relevantes fuera de las instituciones. Integrarlas es lo propio de la lógica de la democracia representativa como alternativa a la acción política extrainstitucional de los excluidos de ella. A su vez, mantener las acusaciones constitucionales a ministros es un sin sentido para la gobernabilidad, ya sea que estén en el gobierno unas u otras fuerzas políticas

El texto también mantiene al Tribunal Constitucional con funciones propias de una tercera cámara legislativa, con capacidad de revisión amplia de leyes en vez de circunscribirlo a la tutela de los derechos fundamentales y establecer en el resto la primacía de los órganos legislativos elegidos en la formación de la ley.

Es también una restricción democrática inaceptable mantener la atribución presidencial de nombramiento de los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea reducida a los cinco oficiales generales de mayor antigüedad "que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos". Se limita así la potestad de los representantes elegidos por la ciudadanía para hacer efectiva la subordinación del poder militar al poder civil nombrando el segundo a los altos oficiales, lo que es su condición básica dado que el primero tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza armada. Además, se mantiene la asignación directa de impuestos a la función de defensa, privilegio que no tiene ninguna otra como la educación, la salud o las pensiones, con excepción de las inversiones territoriales.

En materia ambiental, el texto establece que se debe promover la "sustentabilidad" y al mismo tiempo el "desarrollo”, usualmente asimilado a un crecimiento de la producción no sujeto al límite de la resiliencia de los ecosistemas. Las empresas y personas podrán recurrir normas ambientales en nombre del "desarrollo", es decir de sus intereses privados, lo que dificultará la protección del ambiente. Se establece que las aguas son un bien nacional de uso público, pero que su aprovechamiento se hará a través de un mercado de derechos privados, pues los otorgados por el Estado “confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos”, poniendo la propiedad privada por sobre la preservación de los ecosistemas, el consumo humano y la seguridad alimentaria.

Por su parte, se privatiza todavía más los bienes comunes, pues se hace de las concesiones una forma de transferencia de la propiedad pública y se permite que sean transadas en mercados. No se excluye de ellas a los bienes nacionales de uso público ni al litio y otros recursos estratégicos. A la vez, se consagra que el “dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este inciso”, es decir la propiedad privada, lo que fortalece la desnacionalización de la minería y disminuye sus aportes potenciales a los recursos públicos y al desarrollo equitativo y sostenible del país. 

En materia territorial, se establece un principio de subsidiariedad de alcance limitado que permite tutelar las competencias subnacionales desde el nivel central. El texto plantea una norma restrictiva basada en una indefinible idea de primacía de la eficiencia y eficacia -y no de principios de la democracia regional y local- y señala que "la ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas en el nivel local sobre el regional, y en este último, a su vez, sobre el nacional, siempre que dicha radicación implique un ejercicio más eficiente y eficaz de las funciones. Lo anterior, es sin perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución o las leyes reserven al gobierno nacional". Al mismo tiempo, lesiona gravemente el financiamiento de los municipios con bajos ingresos propios, al dejar con menos recursos al Fondo Comun Municipal, basado en las contribuciones de las viviendas de los más ricos que ya no estarán disponibles.

Luego, se procede a una anulación del Estado social, introducido en el texto como parte del acuerdo de 12 puntos de diciembre de 2022, con variadas normas. El texto parte por cercenar la capacidad regulatoria oportuna del Estado, pues lleva los reglamentos a la ley, lo que dificulta severamente la protección efectiva del trabajo, el consumo y el ambiente, e incluso la persecución de delitos emergentes. 

En materia laboral, se restringe el derecho a la no discriminación en el trabajo, al señalar el texto que "se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal", con lo que serían constitucionales discriminaciones arbitrarias aduciendo capacidad o idoneidad, una definición abiertamente laxa. Además, se limita el derecho a la huelga, que queda restringido solo a la negociación colectiva en la empresa, de muy baja cobertura en el país. Esto debe ser materia de ley, no de la Constitución. 

Por otro lado, se hace imposible uno de los fundamentos del Estado social, con la "libertad de elección" de la persona del "sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado", lo que vincula el acceso a la salud a los ingresos de los que disponen las personas. Se impide un sistema de salud universal independiente del mercado, al no permitirse el uso de cotizaciones generales para financiar prestaciones públicas en todo el territorio y a todos los habitantes. Un plan de salud universal sin un seguro universal que lo sustente y con Isapres y seguros privados no restringidos a prestaciones complementarias, se traducen en un sistema público desfinanciado y una salud para ricos y otra para pobres. Se trata también de materias propias de la ley, no de la Constitución.

El texto hace  imposible otro de los fundamentos del Estado social, la seguridad social, al establecer que "cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas (sic), y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno". Con estas definiciones no podrá haber mutualización de riesgos, del tipo del actual seguro de invalidez y sobrevivencia, ni sistemas de aportes y pago de pensiones que operan con cotizaciones obligatorias. Se blinda la presencia de entidades con fines de lucro como las AFP y compañías de seguros en el sistema de pensiones y también, a través de un artículo transitorio, se deja intactos los sistemas previsionales actuales como el de las Fuerzas Armadas y de Orden, aunque pasarían a ser paradojalmente contradictorios con la norma constitucional. Se trata también de materias de ley que no deben estar en la Constitución.

También se debilita otro pilar del Estado social, la educación pública (además de la protección del trabajo, la seguridad social y el acceso universal a la salud) al limitar el ámbito de los curriculums que garantizan contenidos educativos mínimos, sin ningún vínculo entre recursos públicos, gratuidad, libertad de enseñanza y deber de laicidad educativa. Se restringe así la enseñanza de los valores republicanos y privilegia la enseñanza religiosa o de cultos cuestionables. La “objeción de conciencia” puede, además, reforzar el rechazo de alumnos según el criterio arbitrario sobre las familias por parte del establecimiento educacional. A la vez, se define un sistema de financiamiento escolar que debilita el servicio público educativo al ligarlo al número de alumnos, sin consideración de la cobertura de escuelas públicas en todo el territorio y del necesario financiamiento parcial por establecimiento. Además, disminuye la tutela social del niño o niña en dificultades, al establecer una primacía educativa absoluta de la familia. Todos estos son también temas propios de la ley, no de la Constitución.

Finalmente, lo que no podía faltar en el coctel de la extrema derecha que se propone a la ciudadanía, es que se disminuye la progresividad de los impuestos (el principio según el cual las personas de más altos ingresos contribuyen proporcionalmente más que las de menos ingresos), al terminarse con el pago de contribuciones a la primera vivienda, que exime sobre todo a los dueños de viviendas más caras y con altos ingresos, pues el 77% de las casas ya están exentas de todo impuesto. Adicionalmente, el texto autoriza a deducir una lista de gastos personales del impuesto a la renta, con lo que el 75% de las personas de menos ingresos, que no pagan este impuesto, verán aumentado proporcionalmente su aporte a las arcas públicas, mientras el 25% de más altos ingresos pagará menos impuestos en términos absolutos y relativos. A la vez, establece un extemporáneo principio de indemnización a privados de las cargas públicas que sean calificadas de arbitrarias. Otra vez, se trata de temas propios de la ley, no de la Constitución, y que favorecen abiertamente a los más privilegiados. 

Las oleadas inquietantes

En La Nueva Mirada

Cada tanto, una parte de las sociedades, en oleadas más o menos cíclicas, se hace mayoritaria para demandar autoridad, jerarquía, orden y homogeneidad del discurso público. En tiempos recientes, esto se ha expresado en una especie de hartazgo con la democracia y sus representantes más caracterizados. Es lo que acabamos de ver en Argentina y antes en Brasil, que logró sobrevivir a Bolsonaro, y de distintas maneras en Chile.

En las oleadas reaccionarias se pierde toda disposición y tolerancia hacia el debate de ideas contradictorias, se las asimila a peleas inútiles cuando no ilegítimas y se deja de asumir que sin respeto a los saberes constituidos y a la voluntad de reconocimiento de realidades complejas, no hay creatividad, innovación y progreso material y humano posible. 

El progreso sostenible de las naciones requiere de muchas cosas, pero desde luego de la libertad de pensar y crear, de expresarse individual y colectivamente y de actuar con reglas compartidas. Las soluciones burocrático-autoritarias o liberal-autoritarias llevan a sociedades reprimidas y/o conflictuadas, aunque puedan ostentar éxitos parciales. No se ha inventado para este fin algo distinto y mejor a los sistemas democráticos de generación, distribución y alternancia del poder político y a las economías con servicios públicos y con mercados y empresas autónomas reguladas social y ecológicamente. Pero las sociedades contemporáneas, incluyendo las de América Latina, están moldeadas por tendencias globales de individuación en medio de relaciones de mercado generalizadas y de un debilitamiento de las identidades comunitarias de distinto tipo. A esto se agrega que una parte de las sociedades siempre ha tendido, en nombre de la no conflictividad y de supuestas jerarquías naturales, a admitir los privilegios y las asimetrías de poder originadas en las tradiciones, la concentración ilegítima de la economía y la cultura patriarcal. Esto va más allá de los beneficiarios directos de los privilegios y constituye una corriente conservadora estable y de amplitud variable en las sociedades, que en determinados períodos termina por hacerse del poder gubernamental, además de controlar el poder económico y mediático. 

El conservadurismo ideológicamente estructurado rechaza en nombre de una cierta idea de la libertad (aquella que justifica privilegios) las acciones para contener las desigualdades y disminuirlas en el tiempo y asegurar grados suficientes de igualdad de oportunidades y de acceso general a bienes básicos. Es paradojal que las opciones autoritarias y favorables a la desigualdad se recubran de un discurso de libertad, pues ésta no se puede ejercer sin condiciones de equidad. Pero les resulta efectivo apelar a un espectro amplio de emociones y expectativas de cambio sin mayores precisiones. En todo caso, siempre argumentan en contra de las políticas e instituciones que históricamente se proponen canalizar los conflictos de interés socioeconómico con lógica de interés general,  o al menos mayoritario. Y, más recientemente, resisten las demandas de resiliencia ambiental y de igualdad de género. Argumentan que no existe tal cosa como la legitimidad del interés público, sino solo la de la suma de las decisiones individuales, que llevarían por arte de magia a resultados de mayor bienestar general por el dinamismo de la competencia en los mercados. Se aferran, además, a un discurso abstracto de mantención del orden, que se niega a reconocer que la delincuencia tiene causas sociales y culturales que no pueden ignorarse, más allá que el delito debe ser obviamente combatido siempre con la mayor firmeza. En efecto, la evidencia disponible muestra que las sociedades más seguras son las menos desiguales y las más integradoras de la diversidad y la participación.

Cuando las fuerzas democráticas de distinto signo gestionan inadecuadamente los asuntos públicos, o muy inadecuadamente cuando provocan crisis sociales o económicas al dar respuestas de interés corporativo y cortoplacista sin visión de interés general a los problemas de la sociedad y a sus condicionamientos globales, terminan validando la respuesta autoritaria. Ésta se basa en discursos de violencia ideológica y de discriminación racial e intolerancia hacia el distinto, que se agravan cuando las fuerzas democráticas se degradan y dejan capturar por el poder económico o dejan avanzar la corrupción en el Estado y el poder del crimen organizado. Y desde luego cuando logra hacerse del poder algún liderazgo o grupo burocrático que suspende indefinidamente la democracia, o mantiene algunas de sus formas, todo en nombre del pueblo y/o de la seguridad.

Las dificultades y angustias individuales y sociales, cuando se transforman en agudas y prolongadas, buscan remitirse a alguna autoridad fuerte y a la creación de climas sin contradicciones ni contradictores de esa autoridad. Con frecuencia se construyen chivos expiatorios hacia los que canalizar la agresividad y el descontento. La cultura y la ciencia y los extranjeros y pueblos considerados ajenos y culpables de amenazas a la homogeneidad tribal y nacional, suelen ocupar ese rol, lo que ha dado lugar en la historia a los peores genocidios y crímenes contra la condición humana.

Por eso la “gestión democrática de los asuntos públicos” no puede hacerse de cualquier manera.Siempre debe tener a la vista que la agresividad humana individual y colectiva y las violencias se anclan en impulsos inconscientes de los sujetos y en la pulsión de muerte que acompaña a la pulsión vital, y que pueden desbordarse socialmente. Por tanto, requieren ser contenidos y canalizados con comunidades de pertenencia fuertes y con proyectos comunes que respeten el Estado de derecho (y el derecho internacional en las situaciones de asimetría de poder entre países), lo que supone la provisión de paquetes consistentes de políticas públicas que mantengan niveles suficientes de empleo, remuneraciones, cobertura de riesgos y soportes efectivos de la igualdad de oportunidades, cuya interacción en el tiempo es lo que crea culturas de convivencia. 

Cuando estas condiciones no se cumplen o se degradan, suelen sobrevenir las crisis y altos grados de tensión social, respecto a los cuales la mera represión estatal, combinada o no con el libremercadismo, no resuelve nada, como ya demostraron en América Latina recientemente Piñera, Menem, Macri y Bolsonaro, con sus respectivas especificidades, y seguramente demostrará, salvo error u omisión, la nueva estrella ultraconservadora Milei.

Pero el diagnóstico debe ser más amplio. En palabras de Charles Melman (1931-2022), «el psicoanalista parte de su experiencia. Constata rápidamente que el deseo esencial es ser guiado y no la libertad. Es una constatación pesimista pero que es mejor ver de frente si queremos responder a ella no solamente en la cura sino también en el registro político«. Y agrega: «el conflicto entre dictaduras y democracias desde el siglo V antes de Cristo comenzó con el conflicto entre Atenas y Esparta. El poder de Esparta fue fundado bajo un consenso popular. En Atenas todo el mundo discutía y las reuniones de las asambleas estaban marcadas esencialmente por el conflicto entre las personas, los intereses y las corporaciones. Pero en Esparta, todos los ciudadanos estaban de acuerdo y marchaban al mismo ritmo. Y como lo sabemos, nunca hemos resuelto esa oposición entre el desorden democrático y la uniformización de la sociedad en Esparta«. 

La tensión entre democracia, voluntad popular y autoritarismo está lejos de estar resuelta en nuestro país. Estamos viviendo una etapa especialmente polarizada por el agotamiento de un modelo económico-social hiperconcentrado, que se resiste a ceder su poder, y por el resurgimiento del conservadurismo tradicionalista que descalifica el orden democrático expandido paso a paso desde 1990 y los derechos que consagra. Esto requiere, más que en otras etapas, que los que creen en los valores de la democracia, los derechos fundamentales, los derechos de la mujer, la diversidad y la solidaridad con y entre los sectores desposeídos de la sociedad, puedan agruparse suficientemente y actuar con la mayor eficacia posible desde la política y la sociedad civil en contra del peligro de regresiones autoritarias. Y de las manipulaciones colectivas a través del miedo, especialmente si se considera que en el paisaje mediático actual, siempre según Melman, cada uno viene «a vender su propia imagen, su propia opinión independiente del saber que podría justificar su palabra”, en la era del repliegue sobre sí mismo y del «egocenio«, en la expresión de Vincent Cocquebert, etapa en la que se pone por delante el “culto del yo” por sobre alguna idea de destino común. 

No obstante, esto ocurre, paradojalmente, cuando las interdependencias sociales determinan más que nunca un destino común, cualquiera éste sea, en materias tan sensibles a las condiciones de vida como el acceso a la vivienda y los servicios urbanos, al empleo, a los ingresos, a la educación, a las atenciones de salud, a la movilidad y la seguridad cotidianas en ciudades vivibles. No puede sino constatarse que estas interdependencias inciden en las condiciones de existencia de cada cual y en su capacidad de proyectar su vida con algún grado de autonomía, la que está lejos de depender solo de sus decisiones individuales. A esto se agrega el desafío global de las perturbaciones climáticas, cuya mitigación y adaptación requiere de grandes cambios guiados desde la esfera pública en materia de sistemas de energía, producción y consumo, al menos si se quiere preservar la vida humana tal como se conoce hasta ahora.  

El desafío para las fuerzas sociales y políticas distantes de la díada autoritarismo/libremercadismo es enorme. Supone salir de las confrontaciones del día a día y ofrecer a la ciudadanía un nuevo ciclo de gobierno con estabilidad y seguridad democráticas y un sello creíble de progreso social y de sostenibilidad económica y ambiental.

El futuro de las alianzas en la izquierda

En El Mostrador

El PPD, según la prensa, está manifestando un descontento con el Partido Socialista (PS) porque no aprobó en su Congreso reciente una “Federación Socialdemócrata”. Hay quienes al parecer no entienden que el PS nunca ha sido un partido socialdemócrata tradicional y menos en lo que en Chile se entiende por tal; es decir, una variante social-liberal de tipo blairista.

El PS ha sido siempre un partido de izquierda, sui-generis pero de izquierda, lo que se volvió a expresar en el Congreso de 2023. El hecho de que después de la masacre de muchos militantes y de sus direcciones enfrentara a la dictadura con distintas opciones, que se produjera la división de 1979 con una parte que decidió recorrer un camino de alianzas con el centro para lograr una salida política y de masas a la dictadura y se alejara del PC, no lo llevó a perder su condición de partido de izquierda.

Las alianzas de la salida de la dictadura y los años posteriores, con el PS reunificado en 1989, ya son parte de la historia. Hay distintos balances, como es lógico. Personalmente, califico esa etapa como globalmente positiva y necesaria para recomponer la democracia, la izquierda en ella y la economía. Pero fue insuficiente para el objetivo de lograr una democracia plenamente soberana y una reducción drástica de las desigualdades, objetivos a los que el PS no puede renunciar. Por ello, el esquema de la Concertación, nostálgico para algunos, no puede reproducirse en la actualidad.

La realidad política es otra, marcada por la necesidad de agrupar a todas las fuerzas transformadoras para gobernar y enfrentar el bloqueo extremo de las derechas. Cabe lograr, votando en contra de la propuesta constitucional de la extrema derecha, que sigan avanzando cambios institucionales que establezcan el principio de mayoría para gobernar y legislar, por el momento, después del 17 de diciembre, con más reformas a la Constitución vigente. Y con una persistente propuesta económico-social de reversión de la apropiación privada de los recursos naturales y de la seguridad social.

El plan progresista de más largo plazo debe seguir siendo la reducción de las desigualdades, incluyendo una negociación colectiva más allá de la empresa y una reforma tributaria progresiva. Por ello, no está en el ADN del PS renunciar a prestar apoyo a una administración de izquierda, por muchos defectos que pudiera tener. Las propuestas de alejarse del Gobierno con una coalición centrista, de cierto tono opositor, es lo que ha rechazado el Congreso del PS.

El PS se siente más bien parte plena de la coalición de gobierno del Presidente Gabriel Boric y ha subrayado su compromiso con el éxito de su administración. De ese éxito dependen el presente y futuro de la izquierda y el progresismo en Chile y sus luchas por la transformación de la sociedad chilena, sin perjuicio de dar a conocer sus puntos de vista en los espacios de diálogo y articulación entre el Gobierno y sus partidos de apoyo. Retroceder ante las dificultades que enfrenta el Presidente Boric, en un escenario sin mayoría parlamentaria y de profunda desconfianza de la sociedad en las instituciones, sería un error.

Su Gobierno ha logrado avances en la semana de 40 horas, el aumento del salario mínimo, el aumento de la pensión básica universal, el copago cero en la salud pública, la seguridad para las mujeres en la pensión alimenticia, el aumento del presupuesto para las policías y la seguridad ciudadana, junto con definir una política nacional del litio de alcance estratégico, entre otros temas altamente valorados por la mayoría social. Está en condiciones de consolidar otros, o al menos debe luchar por ellos, a pesar de los bloqueos, como una reforma solidaria de las pensiones y del sistema de salud y una reforma tributaria que permita que la tareas gubernamentales y los avances sociales no sean pagados por los que menos tienen.

Esto supone seguir apoyando los compromisos de programa en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres, de expansión de los mecanismos sociales de cuidado, de ampliación del Seguro de Cesantía, de negociación colectiva más allá de la empresa, de educación y formación para el trabajo, de vivienda y urbanismo integrador, de protección ambiental, de transición energética acelerada, aunque la derecha persista en bloquearlos. En especial, habrá que seguir insistiendo en una reactivación económica dinámica que conduzca a más creación de empleos y a mejorías de las remuneraciones.

Seguramente el PS va a buscar contribuir a una nueva derrota de la derecha en 2024 en las comunas y regiones, y acordará candidaturas comunes a gobernadores y alcaldes de todo el espectro democrático y progresista. Esto no habrá de impedir que diversas listas a consejeros y concejales expresen en simultáneo la pluralidad del campo progresista, cuyo peso respectivo debe ser dirimido, como siempre, por la ciudadanía. Dentro de ese campo, una lista deberá agrupar a la izquierda comprometida con la democracia, el cambio social, la protección del ambiente, las luchas por la igualdad y el respeto por las diversidades. Esa coalición no deberá limitarse al centrismo PPD-PR-PL, sino incorporar al Frente Amplio y a Apruebo Dignidad, para hablar claro.

Este núcleo de acción política de largo plazo no tiene por qué, tampoco, excluir acuerdos con el centro político (la DC y otros) y, desde luego, en el corto plazo en las candidaturas a gobernadores y alcaldes, y articulaciones con las diversas expresiones de la sociedad civil progresista.

Esa estrategia unitaria en la pluralidad debe buscar la prolongación de una opción que se proponga volver a derrotar a los conservadores y a la ultraderecha en la elección presidencial y que, para ello, dirima democráticamente en 2025 sus liderazgos en primarias y asegure una mayoría parlamentaria cohesionada para un Gobierno transformador, abierto, dialogante y plural en el período 2026-2030.

Se trata de salir de confrontaciones artificiales y ofrecer a la ciudadanía un nuevo ciclo de estabilidad democrática con un sello de progreso social y de sostenibilidad económica y ambiental, que sea claramente alternativo a las opciones autoritarias y socialmente regresivas de la ultraderecha que hoy domina el campo conservador en la sociedad chilena.