En El Mostrador
Nuestra sociedad sigue inevitablemente procesando los aspectos más difíciles de su historia reciente, especialmente en una fecha tan simbólica como los 50 años del golpe de Estado de 1973. Las nuevas generaciones se preguntan, con toda razón, qué pudo haber causado un crisis de tanta gravedad y con resultados tan violentos. Las respuestas nunca serán obvias y tendrán inevitablemente aspectos controvertidos. Seguir buscándolas será en cada etapa de la vida democrática plenamente pertinente, pues de otro modo no se podrán extraer las lecciones que eviten cualquier repetición de una crisis de esa naturaleza.
Como ha señalado el Presidente Boric, uno de los aportes iniciales que perduran en ese sentido es el libro-testimonio de Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena: las armas de la política, de 1976, reeditado por Siglo XXI en 2013. También lo es el libro de Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile, de 1978, en el que se resalta, como señala la presentación de la edición del libro por la UDP de 2013, “la primacía de los factores políticos por sobre los económicos en el colapso de la institucionalidad en 1973, planteando por primera vez la tesis de que, más allá de la actuación de las fuerzas radicales, fueron la erosión del centro político y la politización de las instituciones supuestamente neutrales los elementos que más influyeron en el derrumbe de la democracia chilena y el largo período dictatorial que le siguió”.
Daniel Mansuy ha publicado recientemente un texto que hace, desde el punto de vista conservador, una aproximación que busca ser intelectualmente honesta a la crisis de 1973. Es debatible tanto en su enfoque general como en diversos aspectos específicos, como no puede ser de otra manera, pero contrasta notoriamente con la falta de perspectiva de la representación política actual de la derecha.
La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, llegó a sostener hace un tiempo que “hubo mucha gente que sufrió de lado y lado, en eso tenemos que cambiar la actitud. Si yo le empiezo a decir lo que pienso y todas las barbaridades que hizo Salvador Allende, creo que no nos vamos a encontrar”. Fue consultada sobre si son “equiparables las barbaridades de Salvador Allende con las de la dictadura”, y Hoffmann contestó que “son bastante equiparables, diría yo”.
Una persona con responsabilidades públicas está introduciendo una distorsión histórica de grandes proporciones. Una cosa son políticas que atacaron intereses dominantes para procurar dignificar la condición de los trabajadores y campesinos, mejorar la alimentación de los niños, subir los salarios y redistribuir los ingresos, nacionalizar el cobre, culminar la reforma agraria y constituir un área de propiedad social, todo lo cual es muy debatible en sus finalidades y temporalidades e implicaba una polarización de la sociedad, pero se llevó a cabo en democracia, con garantías constitucionales, elecciones libres, separación de poderes y plena libertad de prensa y reunión, las que estaban plenamente vigentes el martes 11 de septiembre de 1973.
En ese día, por lo demás, el Presidente Allende anunciaría un plebiscito para dirimir el conflicto político y evitar un quiebre institucional. Se podrá decir lo que se quiera sobre las supuestas intenciones de la izquierda, el congreso socialista de 1967 y tal cosa u otra en la lógica de las campañas apocalípticas sobre las supuestas intenciones de la Unidad Popular de someter el país a Moscú, con plan Z incluido, pero la estricta e indesmentible realidad es la plena vigencia de las libertades y derechos desde el primer hasta el último día del Gobierno del Presidente Allende. Y todo esto en medio de atentados cotidianos de la extrema derecha, ayudada por miembros de los servicios de inteligencia de la Armada, según se ha documentado posteriormente. Esto incluyó la bomba puesta en la casa de mi familia –mi padre era ministro de Planificación del Presidente Allende– por Patria y Libertad el 2 de septiembre de 1973 y que por segundos no me costó la vida.
Otra cosa muy distinta es un golpe de Estado que partió bombardeando La Moneda, con el Presidente en su interior defendiendo la dignidad republicana de las instituciones hasta dar su vida. Golpe de Estado cuya finalidad expresa fue, en palabras de Gustavo Leigh, “extirpar el cáncer marxista”, es decir, masacrar a la mayor parte de los dirigentes de los partidos de izquierda, reprimir y castigar a los que gobernaban y someter por la violencia y el terror a los chilenos y chilenas que dieron el 44% de los votos a la izquierda en marzo de 1973. Esto incluyó campos de concentración, proscripciones y persecuciones, allanamientos masivos, torturas, violaciones y vejaciones de cuerpos, asesinatos, desapariciones de restos (en diversos casos en dos ocasiones), cárcel, exilio y una dictadura de 17 años con “metas y no plazos”, nada de lo cual existió ni por asomo bajo el Gobierno del Presidente Allende.
Permanece en Chile, desgraciadamente, una derecha con una distorsión de perspectiva sobre la base de una irracional teoría del empate que es ética y factualmente insostenible. Que la señora Hoffmann aluda a sus familiares militares como factor de adhesión obligada a la dictadura es también grave, pues muchos militares no fueron ni golpistas, ni torturadores ni asesinos. Hubo insignes mandos constitucionalistas como los generales Schneider y Prats, mientras dos de los cuatro comandantes en Jefe en ejercicio el 11 de septiembre se opusieron al golpe y fueron destituidos por su consecuencia democrática, el almirante Montero y el general Sepúlveda Galindo.
Otros lo fueron en distintas etapas anteriores y posteriores, como los generales Pickering y Sepúlveda del Ejército, los generales Poblete y Bachelet de la Fuerza Aérea, estos últimos presos y torturados, el capitán Araya de la Marina, asesinado por la extrema derecha, junto a muchos oficiales, soldados y marineros. Su memoria de hombres de armas comprometidos con la democracia y con la subordinación al poder civil solo merece respeto y consideración, en contraste con la felonía de los golpistas y la virulencia de sus aliados civiles, que no dudaron en configurar un régimen de violencia para permanecer indefinidamente en el poder.
El hecho es que una casta militar de oficiales oportunistas se alió a la oligarquía dominante tradicional, a la que sirvieron por casi dos décadas. ¿El resultado? Graves y prolongadas violaciones a los derechos humanos y una enorme concentración de la riqueza. La UDI pasó de protagonista de la dictadura –en tanto alianza del gremialismo y los Chicago Boys– a la representación meticulosa y sin desmayo, ni mayor disimulo, de los intereses oligárquicos.
En efecto, se niega hasta hoy, y también la nueva extrema derecha, a que los más ricos paguen más impuestos, que los trabajadores puedan negociar con instrumentos efectivos los salarios en las empresas o que las isapres, las AFP y las escuelas y universidades privadas dejen de lucrar a costa de la mayoría. Es el sector político heredero de un “modelo” que considera exitoso, pero que otros pensamos fue dictatorial, injusto, desigual e ineficaz. La economía ha sido usada para intentar validar históricamente un régimen que simplemente no tiene justificación para quien tenga alguna convicción democrática. A los que no tengan esas convicciones, cabe decirles que la dictadura tuvo un peor desempeño económico que el obtenido en democracia. Ahí están las cifras para quien quiera consultarlas.
Como se observa, lo que sigue en juego es el gran dilema de la sociedad chilena: el interés general o la ley del más fuerte, la justicia social (y hoy también la justicia ecológica) o el sálvese quien pueda del individualismo negativo que favorece a los poderosos, ese que encarnan la derecha y la extrema derecha. Para sostener sus fines, este sector sigue intentando distorsionar políticamente la historia, cuyo juicio no le es exactamente favorable.
