Un proceso constitucional que debe ser rechazado

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Hoy se inició el Consejo Constitucional, que en un plazo de 5 meses (primera semana de octubre) deberá aprobar una propuesta de texto de nueva constitución. El 17 de diciembre se realizará un plebiscito que la aprobará o rechazará. El Consejo trabajará sobre la base de un borrador de constitución ya entregado por los “expertos” nombrados por el parlamento (/file:///Users/gonzalomartner/Downloads/anteproyecto-WEB.pdf). Hay normas insatisfactorias de todo tipo en el texto vigente, reformado muchas veces, pero también las hay en materia institucional, económica y ambiental en el borrador de los "expertos", en especial los quórum de reforma y normas de privilegio para el Senado, las FF.AA. y las grandes empresas mineras.  Más las que ahora agregarán muy probablemente los republicanos. 

En efecto, la lista de observaciones negativas sobre el borrador es desde ya larga, como que se mantiene un Senado plenamente colegislador que subrepresenta gravemente a las regiones con más habitantes y distorsiona la voluntad popular,  se mantiene la facultad de asignar directamente impuestos e ingresos a las FF.AA. sin pasar por el parlamento como un privilegio inaceptable, se protege las concesiones mineras actuales y se otorga una autonomía excesiva al Banco Central sin un mandato claro a la política monetaria de equilibrio entre inflación y empleo y de financiamiento de la transición contra el cambio climático, mientras los artículos ambientales son muy deficientes. Pero el tema principal es: ¿con qué quórum futuros parlamentos podrán reformar la constitución? Cabe señalar que el borrador constitucional incluye un aumento del quórum de reforma constitucional a 3/5, por sobre la norma vigente desde agosto pasado de solo 4/7. 

Asumimos que una nueva asamblea constituyente no se ve a la vuelta de la esquina después de la derrota del 4S-2022, que penalizó la radicalidad de visiones particulares y la gestión inicial del nuevo gobierno. Y tampoco se avizora que los republicanos que dominan el Consejo bajen los quórum de reforma y saquen del borrador las normas de privilegio para el Senado, las FF.AA. y las grandes empresas mineras. Se puede argumentar que existirán normas de derogación de ley y de iniciativa popular de ley previstas en el borrador, pero estas no incluyen las normas constitucionales.

Hay entonces normas vigentes que deben ser cambiadas, pero en el borrador también hay normas que no son aceptables para un orden democrático verdaderamente representativo de la voluntad popular y un Estado social propiamente tal. El tema central es el hecho cierto que serán más fáciles de cambiar las normas que se quiera por futuros parlamentos con el texto vigente (4/7) que con el que salga del consejo (3/5). Razón más que suficiente, además de los contenidos del borrador altamente cuestionables que probablemente serán aprobados por el Consejo, para rechazarlo en diciembre próximo.

Si eso ocurre, como todas las encuestas anticipan, no se producirá un congelamiento constitucional. El actual parlamento podrá aprobar por 4/7 desde enero de 2024, por ejemplo el Estado democrático y social de derecho en un formato mejor redactado que el del borrador y otras reformas que ya han sido consensuadas, como las que limitan la dispersión de partidos políticos en el parlamento. Más adelante, los futuros parlamentos podrán seguir perfeccionando las normas constitucionales que lo requieran en tanto se produzcan acuerdos de 4/7 (57% de los miembros del parlamento). Es decir, sería una perspectiva que se aleja de los congelamientos constitucionales de hierro destinados a proteger los intereses de los privilegiados, que son siempre, a larga, un factor de crisis recurrente. 

Después del veredicto del 4S/22, que rechazó un cambio de constitución que apareció, entre otras dimensiones, como uno que consagraba opciones de política por sobre las que se determinaran en las elecciones periódicas de gobierno y parlamento, queda rechazar el camino de los "expertos" y del Consejo y abrir un sistema de "evolución constitucional progresiva". El parlamento debiera ajustar en el corto plazo los principales consensos alcanzados en los debates desde 2020 y nuevos parlamentos debieran acomodar los cambios en la voluntad colectiva a lo largo del tiempo. De ese modo se podrá proveer una estabilidad dinámica del sistema político, que incluya cambios según lo vaya determinando la representación efectiva de la soberanía popular y con la definición básica de que Chile hace funcionar sus instituciones en un Estado democrático y social de derecho.