Entre el bloqueo legislativo y la recesión
La cuenta presidencial reciente tuvo momentos significativos y apropiados en la defensa de la democracia y de la convivencia basada en valores civilizatorios compartidos. El Presidente Boric habló contra las discriminaciones y actitudes de agresión y violencia verbal inaceptables que se han observado en el escenario político de manera muy valiosa. No obstante, el escenario político y económico permanece borrascoso.
Esta postura de integridad democrática es la que llevó al Presidente Boric a retrucarle horas antes al Presidente Lula que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no son una construcción retórica. Tampoco lo es la crisis migratoria que ha provocado el colapso económico de ese país y su incidencia, entre otros países, en Chile. No obstante, el gobierno chileno debe acompañar, y seguramente lo hará en lo que le toque, la búsqueda de una salida democrática mediante elecciones generales con garantías para la oposición en 2024 en Venezuela. En esa salida está comprometido el Presidente brasileño, que busca tener un vínculo suficiente con Maduro y su régimen, más allá de lo que se pueda opinar sobre ambos, para incidir en un camino que debe incluir el retorno a la normalidad democrática, a la recuperación económica luego del uso rentista y con altas dosis de corrupción por décadas de sus amplios recursos y también terminar con el inútil y absurdo bloqueo norteamericano. Ese esfuerzo requiere ser apoyado.
El presidente postuló, por otro lado, un apoyo al posible resultado del proceso constitucional en curso, aunque se mantiene la incógnita sobre la conducta de la extrema derecha, que ahora lo controla. Su extremismo sectario puede llevar a un nuevo rechazo a la propuesta que resulte de ese proceso, mientras la de los “expertos” incluye un aumento del quórum de reforma constitucional (3/5) respecto a la norma vigente desde agosto pasado (4/7), lo que desde ya justificaría ese rechazo: las reformas de normas insatisfactorias -como es el caso de diversos artículos económicos y ambientales del borrador- serían más fáciles con el texto constitucional vigente que con el futuro. El borrador actual tampoco permite avanzar en superar la crisis con el mundo mapuche que ha optado por la insurgencia, ante la ausencia de un reconocimiento consistente a su historia y a su autonomía, por lo que la comisión sobre las tierras mapuche nombrada por el presidente tiene limitadas perspectivas de éxito. La retroalimentación entre represión militar generalizada y radicalización insurgente parece ser el escenario más probable, y el que menos resolverá un problema histórico.
El Presidente Boric recalcó en su cuenta los logros de su gobierno en materia de seguridad, como la ley de Reparación de Víctimas de Femicidio, la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el plan de Infraestructura para la Seguridad, la Política contra el Crimen Organizado, el plan Calles Sin Violencia y la recuperación de espacios públicos, las leyes que agravan el delito de secuestro y el porte de armas en lugares públicos, persiguen la conspiración para el sicariato y el delito de extorsión, quitan el patrimonio mal habido de quienes cometen delitos y aumentan las penas contra quienes proveen drogas a niñas, niños y adolescentes. Permanece, sin embargo, el interrogante sobre los roles policiales de las Fuerzas Armadas, que se han fortalecido de manera veloz en el último año mediante recurrentes Estados de excepción y reformas legales, pero que no debieran ser parte de la creación de un Estado militar-policial arbitrario y represivo, como siempre ha sido el enfoque de la derecha para defender sus intereses. Para el orden público deberán consolidarse progresivamente, en cambio, unas policías profundamente reformadas y fortalecidas, capaces de vincularse mucho más activamente con la sociedad en los barrios y territorios y ser mucho más eficaces en su tarea de protección de la ciudadanía, respetando sus derechos.
Resaltó el Presidente adecuadamente el aumento del sueldo mínimo de 350 mil a 500 mil pesos en 2024 con acuerdo con la CUT -lo que representa un alza en su valor real del 20%- y el subsidio para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas; la ley que reduce de manera gradual la jornada laboral a 40 horas; la ley que amplió la cobertura de la Pensión Garantizada Universal; el Copago Cero para que la salud pública sea gratuita para los usuarios de Fonasa de los tramos C y D; el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos junto a la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos, y así otra serie de logros.
El Presidente realizó, asimismo, una serie de valiosos anuncios como hoja de ruta de su gestión, muchos de los cuales están sujetos a una incierta aprobación de la reforma tributaria, como la compensación por la llamada deuda histórica originada en traspasos de la década de 1980 de los profesores y el cese del pago del crédito estudiantil universitario. También es incierta la capacidad de financiar plenamente compromisos como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la reducción de las listas de espera en las atenciones hospitalarias, más transferencias per cápita a la salud primaria municipal, avanzar a la sala cuna universal y a la creación de un sistema nacional de cuidados, la creación de centros contra la violencia sexual en regiones, el aumento de recursos para la seguridad pública y el establecimiento de incentivos a la productividad.
En este ámbito, permanece sobre todo la interrogante sobre la necesidad de un plan de reactivación económica más vasto frente a los signos de recesión, pérdida de empleos y el aumento de las personas jóvenes que no estudian ni trabajan (llegaron a 400 mil en febrero-abril), que ya se están produciendo. Evitar que se puedan prolongar y profundizar de manera grave es tarea de una política fiscal que deberá ser más significativa para evitar ese riesgo inútil, provocado por una política monetaria recesiva persistentemente equivocada. El Banco Central considera que se debe comprimir la demanda interna para combatir la inflación, desestimando su fuerte componente importado. Esta se encuentra en vías de normalización: el IPC promedio de los últimos 6 meses es solo un 4,4% superior al de los 6 meses previos. No existe en la actualidad tal cosa como un «exceso de demanda”. Ante el fuerte incremento de la demanda en 2021, la reacción de la oferta de bienes ha sido elástica dado el grado de apertura de la economía (lo que se reflejó en un gran aumento de las importaciones en 2022 y un mayor déficit en cuenta corriente, pero no en incontrolables presiones inflacionarias endógenas, como señala la narrativa oficial). También ha sido el caso de los servicios, que han ampliado su suministro sin provocar mayores presiones inflacionarias, con la excepción de la educación, en que los privados aumentaron sus matrículas y márgenes. En cambio, en los servicios de comunicaciones los precios disminuyeron.
En todo caso, la demanda interna alcanzó su máximo nivel en el cuarto trimestre de 2021, a raíz de una explosión del consumo por la suma de retiros de fondos de pensiones y las transferencias de emergencia a las familias, en plena coyuntura pandémica y electoral. Desde entonces, la demanda interna se sitúa por debajo de ese nivel. El dato más reciente indica que ha caído en -1,5% en enero-marzo de 2023 respecto al trimestre anterior, en términos desestacionalizados, y ha disminuido en -8,0% en doce meses. La caída trimestral se explica tanto por un deterioro de -2,5% del consumo de las familias (como se comprenderá, esto no ayudó demasiado al gobierno en el resultado del 7 de mayo pasado) y de -0,9% de la inversión (formación bruta de capital fijo).
Estas cifras hacen todavía más evidente y más urgente que el Banco Central debe bajar las tasas de interés. El gobierno debiera acelerar, por su parte, su gasto de inversión en vivienda, urbanismo e infraestructura (de preferencia procurando facilitar la transición energética verde y la mitigación del cambio climático) y aumentar las transferencias a los sectores más vulnerables vía suplemento de asignación familiar (bolsillo familiar electrónico).
En febrero-abril de 2023, el índice de actividad económica disminuyó en -0,2% en comparación al trimestre previo, el de enero-marzo (ver el gráfico). Se trata de una caída de -0,7% en ritmo anualizado. El índice mensual desestacionalizado ha caído desde febrero por tercer mes consecutivo, aunque con una muy leve caída en abril, después de un dinámico mes de enero que permitió buenos datos promedio del primer trimestre del año. Pero esto no se ha prolongado en los meses siguientes. La producción de bienes se ha comportado a la baja en el promedio trimestral móvil, pero sobre todo ha sido el comercio el que ha disminuido su actividad, mientras los servicios apenas crecen. Esto refleja una contracción del consumo de los hogares, que constituye el grueso de la demanda.
Que esta tendencia coyuntural se mantenga o no, y se pierda o no producción y empleos en los próximos meses, lo que ya ocurre con el empleo asalariado formal desde enero, dependerá de las decisiones de política que se adopten, para lo cual hay poco tiempo si se quiere impedir consecuencias previsibles y sobre todo evitables.
