El 11 de marzo se inaugura un nuevo gobierno que expresará un completo recambio político en el país. No solo la derecha dejará de ser gobierno, sino que una nueva generación, la emergida de las luchas estudiantiles de 2011, y una nueva coalición de centro-izquierda, que poco tiene que ver con la Concertación y la Nueva Mayoría, se harán cargo de la administración del país en medio de un cambio constitucional de amplias proporciones.
El gobierno que termina tuvo un mal récord institucional, económico y también en el abordaje de la pandemia. En materia institucional, prolongando la ceguera de la derecha desde 1990, se negó a realizar los cambios constitucionales pendientes desde la transición. La presidenta Bachelet los dejó presentados en la semana previa a terminar su segundo gobierno con un corte más bien moderado. Hoy muchos en la derecha echan de menos ese formato. El resultado del inmovilismo político fue la rebelión de 2019 y el obligado pacto de cambio constitucional que al saliente presidente se le escapó de las manos, al no lograr la derecha en la elección de convencionales constituyentes el tercio de veto que había logrado imponer en el acuerdo del 15 de noviembre. Entre tanto, Piñera declaró la guerra contra un “enemigo poderoso”, cuya inexistencia señaló el propio general a cargo de manejar el estado de excepción, con una represión que violentó y mutiló a cientos de personas y terminó en la muerte de decenas de ellas, sin lograr evitar en nombre del orden las múltiples destrucciones y saqueos. El enfoque represivo frente al conflicto de la Araucanía no hizo más que agravarlo. Piñera intentó incluso, con la complicidad terminal de una parte de la ex concertación, militarizar constitucionalmente el orden público, lo que hubiera implicado un histórico retroceso de la democracia chilena.
Por su parte, la gestión económica de Piñera II partió con el diagnóstico según el cual el país necesitaba reformas liberales para crecer más e insistió, sin éxito por no tener mayoría parlamentaria, en un plan de disminución de impuestos a los empresarios y de desregulaciones laborales y ambientales. Luego navegó a la deriva al desatarse la protesta social, largamente contenida. Esta fue el resultado del hastío hasta la ruptura ante la falta de oportunidades, una protección social insuficiente, los abusos empresariales y el sobre-endeudamiento generalizado. Más tarde, la gestión de la pandemia dejó mucho que desear, aunque era de suyo bastante difícil. Las necesarias transferencias masivas a los hogares y pymes fueron tardías y de baja escala inicial, con la consecuencia de perder el control de factores claves de la política económica, que pasó a manos del parlamento con los tres retiros de fondos de AFP. Esta inacción política impidió al gobierno conducir un proceso racional de uso de esos ahorros, así como de los del seguro de desempleo, precipitando una fuerte recesión, la mayor desde 1983.
Más tarde, bastante avanzado el año 2021 y ante sus sucesivos fracasos electorales, Piñera provocó el mayor aumento de gasto público que conozca la historia de Chile, llevándolo a más de 30% del PIB, para luego generar un ajuste brutal en 2022. Se recuperó la producción e incluso creció en 2021 sobre el nivel previo a la crisis, pero el empleo quedó atrás: aún falta crear 400 mil puestos de trabajo para alcanzar el nivel prepandemia.
El zigzagueo de cierres y aperturas de actividad para enfrentar la pandemia se realizó buscando nuevas normalidades a destiempo en la producción y la educación, aunque se acompañó de un buen proceso de vacunaciones que descansó en la desdeñada salud primaria y de una adecuada gestión unificada de la respuesta hospitalaria, con corruptelas incluidas, despido temprano del personal adicional y sin lograr comprar las vacunas de mayor calidad (como si lo hizo Israel, por ejemplo), aunque las adquiridas cumplieron con su cometido. El resultado final es que, de acuerdo a los datos disponibles recopilados por la OCDE (Healh at a Glance), Chile ocupa uno de los peores lugares del ranking en términos de exceso de mortalidad desde la llegada del Covid-19, en relación al promedio registrado en los últimos cinco años y los decesos que se proyectaban, en circunstancias normales, para el período. Los fallecimientos se incrementaron un 25%, ubicando a Chile como el tercer país con mayor exceso de mortalidad asociada a la pandemia en la OCDE.
El cambio de folio, signado por el fuerte fracaso del segundo gobierno de la derecha desde 1990, incluye un cambio sustancial en el espacio del centro y la izquierda. La idea de un centro político predominante apoyado por una izquierda supuestamente socialdemócrata pero en realidad integrada al orden existente (el eje "transversal" DC-PS al estilo de Foxley-Walker y Escalona-Insulza), como hemos criticado abiertamente desde 2005, ha llegado a su fin. Este diseño no es el mismo que el que supone realizar acuerdos entre el centro y la izquierda en determinadas etapas, lo que muchos pensamos han sido y pueden seguir siendo necesarios y constructivos para fines específicos en el pasado y en el futuro. Pero no para construir un dique conservador que impida los cambios en la sociedad, como terminó siendo. La creación de nuevas fuerzas políticas emergentes en la izquierda, y su fragmentación, resultó inevitable.
Desde el 11 de marzo gobernará otra coalición, como algunos venimos postulando desde hace un buen tiempo: la de Apruebo Dignidad (Frente Amplio más Chile Digno, conformado por el PC, regionalistas-verdes y otras izquierdas) y el grupo de partidos PS-PPD-PR, la que se consolidó en la primaria Boric-Jadue y en la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Entretanto, terminó su ciclo la ex-Concertación, consagrando un rebaraje de cartas entre el mundo del centro y el de las diversas izquierdas. No obstante, ambos espacios eligieron 37 diputados cada uno, mientras en el Senado la presencia DC, PS y PPD sigue siendo predominante. Por ello, el nuevo presidente Boric ha procurado conformar una alianza estable de gobierno entre Apruebo Dignidad, con el grupo de 2011 a la cabeza, y la izquierda llamada socialdemócrata. Deberá, además, lograr acuerdos con la DC, el PH y el Partido Verde, dadas las realidades parlamentarias, junto a conseguir al menos un voto de oposición en el Senado para hacer avanzar sus iniciativas legales.
El nuevo parlamento habrá de debatir sobre las transformaciones que han estado en debate en la esfera pública, tales como: 1) una reforma tributaria progresiva y suficiente y una fuerte política de desconcentración de mercados; 2) una regalía minera basada en las ventas, eventualmente corregida por la productividad de los yacimientos, con una tasa que aumente significativamente según suba el precio del cobre, cuyo destino sea financiar el desarrollo científico y tecnológico y la diversificación productiva sostenible, incluyendo la expansión de CODELCO y la creación de una Empresa Nacional del Litio; 3) una reforma de pensiones sin AFP que introduzca un sistema mixto con reparto intergeneracional, solidaridad de género y acumulación de fondos colectivos con pensiones acordes con los aportes individuales, junto a una pensión universal básica que se acerque al 75% del salario mínimo; 4) un aumento del salario mínimo hasta alcanzar 500 mil pesos y un cambio en la negociación colectiva para que se realice por rama con titularidad sindical, junto a un fortalecimiento legal de la igualdad salarial entre géneros; 5) el mejoramiento del acceso universal a la salud, con extensión prioritaria de la salud primaria; 6) el fortalecimiento de la educación pública y de la calidad formativa no sexista en todos los niveles; 7) la creación de un sistema nacional de cuidados y de un subsidio familiar extendido, junto a un cambio drástico en la política hacia la infancia en dificultades que aumente el umbral de respecto a sus derechos y su integración social; 8) un fortalecimiento de las competencias descentralizadas para la gestión de los servicios urbanos, un fuerte impulso a la vivienda social y el urbanismo integrador y una expansión de las infraestructuras sociales y productivas; 9) la reforma de las policías para fortalecer la seguridad ciudadana, trabajar día a día contra la violencia de género y garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, con una persecución más eficiente del crimen organizado, del tráfico de personas y de la delincuencia cotidiana en los territorios; 10) la despenalización de la producción controlada del cannabis y poner término a la persecución del consumo, junto a políticas de contención y tratamiento de las adicciones, entre otros temas considerados en el programa de segunda vuelta de Gabriel Boric.
Probablemente la nueva coalición perderá votaciones parlamentarias y tendrá que construir compromisos más allá de sus filas, pero está llamada a defender su programa ante la sociedad para avanzar en la relegitimación de la democracia en el país, que es tal vez el desafío central del nuevo gobierno y debiera concitar el apoyo de todo el sistema político e institucional.
En el corto plazo, seguramente el gobierno abrirá un amplio proceso de diálogo en la Araucanía, fortalecerá la contención de la inmigración ilegal en el Norte y comprometerá su apoyo al trabajo de la Convención Constitucional para crear las mejores condiciones de un plebiscito de salida exitoso hacia septiembre. Deberá también sortear el peligro de provocar otra recesión evitable (como las de 1999 y 2009) dada una política monetaria restrictiva en un contexto de un nuevo choque de precios externos a raíz de la invasión rusa a Ucrania, la que no se puede controlar subiendo la tasa de interés. Este choque será, con una alta probabilidad, de gran magnitud y afectará directamente a los combustibles y los cereales, es decir el poder de compra de la mayoría. Al mismo tiempo, habrá que enmendar el choque fiscal dejado maquiavélicamente por el gobierno de Piñera, que prevé una caída de 23% del gasto público en 2022, con evidentes consecuencias recesivas. De no cambiar rumbos, nos encaminaremos a un horizonte de simultánea caída de la producción y el empleo con una fuerte inflación importada. Será la pesada herencia económica para el gobierno que se inicia. Los distintos desafíos deberán abordarse, como se observa, desde el día uno con un gran optimismo de la voluntad y el debido pesimismo de la inteligencia.
