Se duplican las grandes fortunas y caen los ingresos del resto
La ONG británica Oxfam ha publicado un informe (https://oxfamilibrary.openrepository.com/…/bp…) que indica que la fortuna de los diez hombres más ricos del mundo se duplicó desde el comienzo de la pandemia (marzo de 2020 a noviembre de 2021), mientras los ingresos del 99% de la humanidad se han reducido. Esto se debe en buena parte a que “los bancos centrales inyectaron miles de millones de dólares en los mercados financieros para salvar la economía, muchos de los cuales acabaron en los bolsillos de los multimillonarios“. Se trata de Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google), Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Steve Ballmer (ex Microsoft) y Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Se observa el predominio de los dueños de las grandes empresas tecnológicas que monopolizan datos, inteligencia artificial y robots y emplean a millones de asalariados que los hacen funcionar repartidos por el mundo y venden sus productos y servicios globalmente.
El problema es que este nivel de concentración económica no es inocuo y, por el contrario, tiene graves consecuencias: “el aumento de las desigualdades económicas, de género y raciales y las desigualdades entre los países destruyen nuestro mundo”, indica la ONG en su informe titulado “Las desigualdades matan”. Según Oxfam, la desigualdad contribuye a la muerte de “al menos 21.000 personas al día” debido a los decesos mundiales por falta de acceso a la atención sanitaria, la violencia de género, el hambre y la crisis climática. Las emisiones individuales promedio de los 20 mayores milmillonarios superan en 8 mil veces las de cualquiera de los mil millones de personas más pobres en el mundo. ¿Una solución parcial para Oxfam?: “un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos procedentes de la pandemia de los diez hombres más ricos permitiría producir suficientes vacunas para el mundo, proporcionar una protección social y médica universal, financiar la adaptación al clima y reducir la violencia de género en 80 países”. Estos se quedarían todavía con “8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia”.
Como se observa, estamos lejos de las fatuidades de quienes señalan que en el mundo actual estaría superada la diferencia entre la izquierda (que defiende los derechos de los que viven de su trabajo, de las mujeres, de las minorías y de la naturaleza) y la derecha (que defiende con fiereza el sistema de acumulación ilimitada de capital privado que alimenta el crecimiento desigual, las discriminaciones y la depredación). El tema central en juego es que el aumento de la riqueza global -que ha crecido, según el Banco Mundial, en 44% entre 1995 y 2018- por el progreso técnico y el esfuerzo humano basado en el conocimiento permitiría hoy, y desde luego en Chile si se realizan las reformas necesarias, que al menos cada persona -empezando por niñas y niños y por las personas mayores- reciba ingresos y servicios básicos que le permitan desarrollar una vida digna, junto a una mayor retribución del trabajo a la altura de los aportes realizados a la prosperidad común.
La evolución reciente del mundo no puede menos que alimentar la aspiración colectiva a que la sociedad se organice de acuerdo al principio de la igualdad efectiva de derechos, obligaciones y oportunidades para alcanzar una vida en común equitativa y sostenible, y al mismo tiempo libre de dominaciones burocráticas. La aspiración igualitaria y libertaria (no hay libertad sin medios para ejercerla, afirmación que es la base de la distancia entre las ideas socialistas y las neoliberales) requiere defender la idea de una sociedad basada en el trabajo eficaz, la solidaridad y el respeto por la diversidad que construye una prosperidad democrática y sostenible. Esta supone poner a su servicio los aumentos de productividad -derivados del progreso técnico y de instituciones apropiadas- mediante el gobierno social y ecológico de los mercados, la diversificación de la economía y retribuciones acordes con las competencias y el esfuerzo realizado, junto a redistribuciones justas que permitan el acceso a ingresos básicos universales. Estas son posibles de financiar por un sistema tributario progresivo que contribuya al fin de la concentración extrema de riqueza heredada y de la apropiación indebida de rentas colectivas (especialmente las provenientes de los recursos naturales), empezando por redistribuir parte de los ingresos y la riqueza para al menos evitar la pobreza extrema, asegurar una educación universal de calidad y cubrir los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez precaria de los sectores de ingresos bajos y medios.
En el caso de Chile, el trasfondo estructural a superar es el hecho que el 10% de más altos ingresos concentra nada menos que un 59% del ingreso total, mientras el 50% de menos ingresos (la mitad de la población) obtiene solo el 10% de ese total, según el World Inequality Report de 2022 (ver https://wir2022.wid.world/). Esta realidad se replica en otras partes, pero no con la misma intensidad (con la excepción de países como Sudáfrica y Brasil). En Estados Unidos, las cifras son de 46% y 13%, en China de 42% y 14%, en Alemania de 37% y 19%, en España de 35% y 21%, en Francia de 32% y 23% y en Suecia de 31% y 24%, respectivamente. Así, en este país nórdico el 10% más rico concentra anualmente la mitad de los ingresos que en Chile, mientras el 50% menos rico recibe una proporción de los ingresos totales que es 2,5 veces mayor que en Chile. Esa es la diferencia distributiva concreta entre un modelo socialdemócrata y uno neoliberal, lo que depende de la voluntad colectiva de la sociedad y no de alguna inexistente condición natural inevitable o de un falso “precio a pagar” por un mayor crecimiento. Está más que demostrado que una mayor igualdad distributiva contribuye al crecimiento, y no a la inversa (ver https://www.researchgate.net/publication/264052444_Redistribucion_desigualdad_y_crecimiento).
Esta situación de inequidad profunda es la que explica la rebelión social de 2019 y las votaciones de 2020 y 2021, que han iniciado el desplazamiento de los defensores del orden existente (esperemos que lo suficiente, pues habrá bloqueos de todo tipo), lo que tendrá un hito sustancial con la nueva constitución en este año 2022.
