Sobre el taoísmo y la indignidad
La Convención constitucional fue primero virulentamente criticada porque supuestamente no avanzaba en su tarea y ahora se la acusa de precipitación y hasta se pide que resigne su tarea cuando está en plena etapa de decantación de su articulado luego de amplios procesos de consulta. Se agregan las señeras voces del consenso y los acuerdos amplios, solo que ahora en contra de los que está adoptando la Convención por 2/3 para hacer realidad los cambios institucionales que la sociedad demanda.
Cristián Warnken ha escrito lo que sigue: “¿Qué pasaría si la Convención se detuviera y se declarara en estado de silencio y escucha, y entendiera que la verdadera urgencia es “no hacer —por ahora— nada”? Por querer hacerlo todo y cambiarlo todo, no seremos más eficaces en superar las injusticias e inequidades de nuestro país. Nos falta un Lao-Tsé en el Palacio Pereira. Y también en La Moneda. Un consejero taoísta como al que suelo acudir cuando mis urgencias me impiden pensar, y vivir“.
¿No sería recomendable que, frente a la evidente agitación contra la Convención Constitucional de Warnken, volviera a recurrir a su consejero taoísta para entrar en un estado de silencio y escucha, digamos hasta el 6 de julio? En ese momento, con un poco más de calma, tal vez podrá apreciar el enorme avance que constituirá para Chile una nueva Constitución emanada de la representación de la soberanía popular y el sustancial contraste con la que nos rige en materia de libertades y de derechos individuales y colectivos. La Convención Constitucional tiene que trabajar en los tiempos y plazos que mandató el anterior Congreso por 2/3 de sus miembros y ratificó el 80% del electorado en octubre de 2020.
A los que no les guste el resultado, podrán votar en contra. Si el pueblo la aprueba, podrán organizar libremente una coalición política que propugne su reforma. La Constitución de 2022 llegará a puerto como resultado de arduas luchas por casi 50 años, en las que tantos dejaron sus vidas y desvelos y en las que otros nunca aparecieron o trabajaron para su mantención como soporte de un orden oligárquico y autoritario. La nueva Constitución será reformable por mayoría del parlamento o por iniciativa popular con firmas suficientes, como corresponde a un orden democrático. Algo bien distinto a la constitución espúrea de 1980, cuyo fin definitivo le cuesta tanto aceptar a meros agitadores que defienden el statu quo y que son a la postre tan poco taoístas.
Por su parte, el senador José Miguel Insulza califica de “indignidad” la eventual supresión del Senado y su sustitución por una cámara territorial que tendrá facultades colegisladoras en algunos temas de interés regional (aunque es un error incluir ahí la ley de presupuestos), pero con capacidad de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados por 4/7. ¿La razón?: “a mí lo que me molesta mucho es la reducción sustantiva de sus atribuciones, de su trabajo, de lo que hacemos (…). Pero aquí, lo que me llama más la atención de todo esto es que se diga que hay una Cámara de Diputados y una cámara de las regiones y que las dos legislan, pero cuando tiene una opinión la Cámara de Diputados, esa es la que prevalece. Es un poquito ridículo, porque uno siente que esa gente va a legislar sin ningún motivo“.
En Gran Bretaña, Francia, España y una larga lista el Senado representa los territorios en el proceso legislativo, pero sin prevalecer sobre la cámara que representa la soberanía popular. La complementa y propone cambios legislativos, pero no los dispone. Desde el nacimiento de la democracia moderna en la revolución francesa, los diputados no están para representar a sus distritos como lo hace un dirigente gremial a su gremio, sino para concurrir a conformar la legislación de general aplicación en escala nacional.
En algunos lugares, como en Alemania, una parte de la Cámara se elige por listas nacionales precisamente para subrayar que la ley está llamada a ser de validez para la Nación en su conjunto, no para un lugar particular del territorio. La administración territorial tiene otros órganos de decisión y representación para las funciones que le competen. Insulza lamenta que la representación territorial no prevalezca sobre la representación popular. Esta postura es legítima, pero sostener que la fórmula que está aprobando la Convención no existe en otras partes es un error de hecho un tanto interesado. Lo propio puede decirse de esta otra afirmación: “en ningún país de la región ha funcionado nunca un sistema unicameral”. Sin ir más lejos, en Perú el sistema parlamentario es unicameral.
Y luego viene la Gran Acusación: “lo que pasa es que han llegado ahí una cantidad de jóvenes, de personas, no son tan jóvenes tampoco, a la Convención Constitucional que creen que hay que destruirlo todo, y están pensando por destruir lo que les parece más molesto, que parece más simbólico y uno de esos es el Senado (…). Este senado que han inventado no sirve francamente para nada“. La molestia se extiende a la propia idea del proceso constituyente: “a uno le gustaría que esta cosa de la Constitución de pronto alguien dijera ‘no, no estoy de acuerdo’. Pero salir a buscar acuerdos así completamente vagos y poco precisos para contentar a moros y cristianos, a mi juicio es negativo para el país“.
Insulza es un conocido adepto de los acuerdos transversales y de los consensos, pero al parecer solo cuando favorecen su postura conservadora. Se le agradece, en todo caso, su franqueza, pero bastante menos sus afirmaciones que no se atienen a los hechos. ¿Votará, y el partido al que pertenece, en contra de la nueva Constitución? Así lo indica el tono y el contenido de sus comentarios, en la línea de Warnken y sus amarillos. Insulza, como coautor del mal arreglo de 2005, que mantenía el binominal, los altos quórum y el Tribunal Constitucional como tercera cámara legislativa, entre otras instituciones no democráticas, al parecer se inclina por plegarse a la idea de mantener lo esencial del antiguo régimen. Está en su derecho. Ahora bien: ¿qué tiene que ver esa postura con el socialismo y con la tesis histórica de Allende de suprimir el Senado y, más importante todavía, con la voluntad contemporánea de la sociedad chilena de dotarse de instituciones que expresen las opciones mayoritarias en vez de encadenarlas e imposibilitar que prevalezcan en beneficio de intereses oligárquicos? Una recomposición de las fuerzas políticas ayudaría bastante a una clarificación de las posturas y visiones de sociedad, para mejor ilustración de las opciones que se presentan a la ciudadanía.
