La libertad de Kast

En La Mirada Semanal

La idea de libertad como aspiración de no interferencia sobre la vida y las elecciones individuales para lograr prosperar es una mera ilusión frente a la jerarquización de las posiciones sociales en las sociedades de libremercado. No obstante, en situaciones de crisis y confusión es capaz de arrastrar a segmentos sociales significativos y en ciertos casos con altos grados de fanatismo.

La apelación a la libertad en la franja de Kast no es otra cosa que la libertad según el tamaño de la billetera o según la posición en la jerarquía social. Para los desposeídos, se trata de la libertad de “dormir bajo los puentes y de robar pan para poder comer”, como diría Anatole France. La ideología que está detrás es la libremercadista proempresarial sintetizada por Milton Friedman (New York Times, 13-9-1970), según la cual “la responsabilidad social de una empresa es incrementar sus ganancias”. Esta fue introducida en Chile con éxito por los Chicago Boys desde los años 1950 y complementada por el neoliberalismo de Friedrich Von Hayek, que llegó a declarar (El Mercurio, 12-4-1981) en apoyo a Pinochet que “mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un Gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente“.

Kast es un fiel defensor de esta concepción de la libertad escudada en los tanques. La idea de libertad como aspiración de no interferencia sobre la vida y las elecciones individuales para lograr prosperar es una mera ilusión frente a la realidad implacable de la jerarquización de las posiciones sociales y económicas. No obstante, en situaciones de crisis y confusión es capaz de arrastrar a segmentos sociales significativos, en ciertos casos con altos grados de fanatismo. Suele acompañarse, y esto ya es más peligroso para las libertades públicas, de la apelación a un orden autoritario que preserve esa aspiración al individualismo negativo.

Este discurso choca frontalmente, en efecto, con la jerarquización estructural y la inmovilidad de las posiciones sociales que produce la sociedad de mercado y la concentración del capital material e inmaterial dominado por oligarquías. Esta tendencia a la concentración está abundantemente descrita por Thomas Piketty y colaboradores (ver https://wid.world/es) a escala global y es especialmente dura en Chile desde que se revirtieron a partir del golpe de 1973 los avances sociales acumulados desde los años veinte del siglo pasado (“no son 30 pesos, son 50 años”). En la sociedad de mercado, las posiciones asimétricas en la esfera económica, social y cultural determinan poderes y privilegios a los que solo accede una minoría, en nuestro caso prolongando el dominio oligárquico heredado de la colonia. La contra cara son las subordinaciones múltiples de las mayorías que solo poseen su capacidad de trabajar o de procurar obtener redistribuciones públicas para sobrevivir (fuente de los diversos populismos y clientelismos), lo que se prolonga en la estructura patriarcal del funcionamiento social y familiar.

La libertad real, en la tradición intelectual propiamente republicana, es aquella que impide la dominación de unos pocos sobre los demás. El proyecto histórico de lograr un régimen de libertad real es uno que incluye no solo la no-interferencia de los poderes sobre los individuos en sus derechos básicos sino la no-dominación, en la expresión de Philip Pettit. En ese proyecto, los individuos van construyendo en la interacción social condiciones materiales e institucionales suficientes y equitativas para desarrollar sus proyectos de vida y los de su comunidad. Se trata de la idea de la prosperidad compartida en un régimen democrático, en el que cada cual está defendido de los poderes arbitrarios. En esta formulación republicana de la idea de libertad, se expresa, además, la aspiración que nace con la modernidad de reemplazar la jerarquización social alrededor del capital por una asociación en la que el libre desarrollo de cada cual sea la condición del libre desarrollo de todos (y todas, insiste con razón el feminismo contemporáneo), en los límites de la resiliencia de los ecosistemas (insiste también con razón la visión ecológica).

Lograr esa libertad y esa emancipación asociativa, feminista y ecológica tiene sentido como proyecto de cambio social si se traduce en un Estado democrático y social de derecho que asegure una coordinación activa de agentes económicos plurales (públicos, asociativos y privados), asigne recursos para proveer bienes públicos suficientes y gobierne instituciones y mercados no monopólicos para inducir cooperación y dinamismo en la producción en condiciones de equidad social, territorial y de género, así como de sostenibilidad ambiental.

Todo esto contrasta profundamente con la libertad que Kast defiende, y la derecha en su conjunto en realidad, que es la ausencia de restricciones para concentrar el poder económico y político en una minoría oligárquica y patriarcal, depredar los recursos comunes en su beneficio y dominar autoritariamente al resto de la sociedad. Kast y la derecha ya no son un recurso de seguridad, sino una garantía de retroceso conservador en detrimento de la mayoría social y, por tanto, de inestabilidad y polarización prolongada.

Empleo, transferencias de ingresos y campamentos: tres nudos críticos de la salida de crisis

En El Mostrador

Si se compara los datos al tercer trimestre de 2021 publicados por el INE con los de hace dos años (mismo período de 2019, justo antes de la rebelión social de octubre y el inicio de un período de turbulencias sociales, políticas y sanitarias), nos encontramos con que la fuerza de trabajo (la suma de las personas ocupadas y las que buscan empleo) pasó de 9,7 a 9,1 millones de personas. Llegó a bajar a 8,2 millones en plena crisis en el segundo trimestre de 2020. El desempleo y la pandemia han provocado una contracción de la fuerza de trabajo, que hoy mantiene un rezago de 600 mil personas respecto al inicio de la crisis.

La población inactiva, pasó, a su vez, de 5,7 a 6,8 millones de personas en el mismo período de dos años, con una cima de 7,5 millones en plena crisis. Aquí se observa un rezago de 1,1 millón de personas que no han vuelto a la actividad económica por diversas razones. Lo grave es que una parte de esa población inactiva profundizó una situación de exclusión y privación, lo que se mitigó en parte con el IFE universal entre junio y noviembre de 2021. Esto arrojará cifras de baja pobreza monetaria para el promedio del año, según ha adelantado el Banco Mundial, no obstante las cifras de aumento de los campamentos que ha registrado Un Techo para Chile. Estos abarcan ahora 81,6 mil familias, la cifra más alta desde 1996. Abordar el grave aumento de los campamentos y la situación social que está detrás supone un fuerte desafío para el próximo gobierno en materia de transferencias de ingresos a las familias más vulnerables y de políticas específicas de integración en el empleo (especialmente femenino), junto al acceso a la vivienda. Se deberá terminar con la especulación con los suelos urbanos disponibles y realizar nuevos programas de acceso a vivienda social y a arriendos asequibles. Un Techo para Chile plantea con toda razón, además, la meta de "conseguir un déficit habitacional cero en 5 a 6 años" a partir de un faltante de viviendas que se calcula afecta a unas 500 a 600 mil familias.

Las personas ocupadas, en tanto, pasaron de 9,0 millones en el tercer trimestre de 2019 a 8,4 millones en el mismo período de 2020. La cifra trimestral más alta de ocupación hasta ahora registrada fue la del cuarto trimestre de 2019, con 9,1 millones, y la más baja fue la del segundo trimestre de 2020, en plena crisis económica, con solo 7,1 millones de personas. La pérdida de empleos en la crisis respecto al último trimestre de 2019 fue de cerca de 2 millones, de los cuáles no se han recuperado al tercer trimestre de 2021 unos 742 mil.

Esto es preocupante, pues la economía ya produce más que antes de la crisis, pero emplea menos trabajadores, especialmente por cuenta propia e informales. El trabajo dependiente suma hoy más personas que antes de la caída de la economía. Se puede descartar por el momento algún efecto estructural de cambio tecnológico generalizado, el que se producirá en algún grado pero en plazos más amplios. Por ejemplo, en la minería, un sector siempre candidato a la máxima automatización, el empleo pasó de 240 mil personas hace dos años a 220 mil en el tercer trimestre de 2021, sin cambios dramáticos. En la industria, se produjo solo una leve baja de 836 mil a 830 mil empleos en el mismo período. Las principales caídas de empleo se han producido en dos años en la agricultura (-156 mil), el comercio (-117 mil), la enseñanza (-116 mil), los hoteles y servicios de comida (-88 mil) y el transporte (-75 mil).

El desafío para el próximo gobierno será mantener una política macroeconómica no recesiva y que al mismo tiempo aborde una consolidación fiscal con nuevos ingresos de corto y mediano plazo, con una demanda de consumo suficientemente dinámica y una ampliación de la inversión pública y privada en infraestructuras y reconversiones verdes. El rezago en el empleo deberá abordarse mediante programas públicos enfocados en el cuidado de personas y la reparación ambiental -asociados a capacitación- para enfrentar la exclusión de los segmentos en desempleo de larga duración. En este aspecto, avanzar a las 40 horas semanales implicará no solo un mayor bienestar de los trabajadores sino también un mejor reparto de las horas de trabajo disponibles entre quienes necesitan trabajar.

Esto supondrá afinar las visiones entre el nuevo gobierno y el Banco Central para llevar a cabo una política económica coherente, que no se centre solo en bajar aceleradamente la inflación sin más consideraciones. La mayor inflación en 2021 ha sido impactada por el aumento del precio del petróleo y del gas, por rupturas de oferta externos e internos, por el mayor costo de los fletes y por impulsos de demanda (los retiros desde AFP) de carácter no permanente. Y también por una devaluación tendencial del peso respecto al dólar, en parte estimulada por la política de compra de dólares del Banco Central y en parte por la compra de dólares por agentes empresariales que han retirado dividendos de manera inusual desde las sociedades anónimas para invertir en activos externos.

La situación coyuntural es difícil, pero lo que no debe hacerse es provocar una recesión para bajar abruptamente la inflación (lo que ocurriría con nuevas alzas de la tasa de interés y con la caída del gasto público de 23% programada para 2022, lo que es un sin sentido mayúsculo), pues implicaría un sufrimiento social muy superior al efecto de la inflación en los niveles previstos (inferiores a los de 2008, en todo caso). Los más pobres pueden ser objeto de compensaciones mediante transferencias monetarias directas por el aumento de precios básicos que les afectan. Perder uno o varios empleos de sus miembros, en cambio, es la peor situación que puede ocurrir en las familias de menos ingresos -o en cualquier familia- y profundizaría las condiciones de marginalidad y exclusión que se han agravado en el país con la crisis. No se debe olvidar nunca que, con excepción de los niños, de los que estudian y de las personas de más edad, la inserción en el trabajo -incluyendo avanzar a una remuneración con derechos del trabajo doméstico fuera de mercado- es siempre la mejor política social y su pérdida es siempre una tragedia.

¿Inestabilidad y estancamiento?

En La Mirada Semanal

Avanzar por la ruta del cambio necesario o mantener el estancamiento conflictivo actual es una decisión que está en manos de la ciudadanía. El dilema es mantener el (des)orden social y político existente o habilitar las transformaciones que sean una garantía de avance hacia una nueva estabilidad equitativa y sostenible.

El debate público -si se pudiera llamar así a las campañas de descalificación que hoy presiden el paisaje mediático- está girando hacia la idea que la candidatura de izquierda produce inestabilidad y estancamiento. Una gran novedad discursiva, como se sabe.

Vamos por partes. He recibido un cuestionario por correo electrónico de una empresa de encuestas con, entre otras, la siguiente pregunta: “En una escala 0 a 10, donde CERO (0) significa que para Usted es más urgente que ‘Chile realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social’ y DIEZ (10) significa que para Usted es más urgente que ‘Chile recupere su estabilidad social y política para poder vivir tranquilo y con mayor crecimiento económico’, ¿Dónde se ubicaría Usted?”. Contesté 0, pero creo que la pregunta está esencialmente mal formulada. En efecto, este tipo de preguntas es parte del rol de creación y manipulación de opinión, en lugar de medición de la misma, que hoy tiene en Chile la mayoría de las encuestas.

¿No tiene acaso sentido pensar que para que “Chile recupere su estabilidad social y política para poder vivir tranquilo y con mayor crecimiento económico” es necesario que se “realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social”? Es bastante más razonable -si la honestidad intelectual importa un poco todavía en el país- abordar ideas sobre futuros posibles mediante una articulación de relaciones lógicas de causa-efecto antes que falsas antinomias.

El argumento es bastante simple: la mantención del actual orden de cosas en el plano institucional y económico-social es un factor de gran inestabilidad en el corto, mediano y largo plazo. La demostración de esta proposición parte por aludir lo que ha pasado en los dos gobiernos de Piñera: explosiones y estallidos sociales sectoriales y territoriales y una rebelión social generalizada a partir de octubre de 2019. Nada muy distinto a esta dinámica de inestabilidad se podría esperar de un gobierno de Sichel y de Kast, lo que no es un insulto sino una constatación. En efecto, mientras una parte minoritaria de la sociedad viva en la opulencia y se mantengan las carencias de la mayoría social en el acceso a la salud, las pensiones, la educación, el empleo, el transporte, la vivienda, junto a la subordinación estructural del trabajo y la discriminación de la mujer y los pueblos originarios, habrá ciclos sucesivos de inestabilidad garantizada. La fantasía autoritaria de repetir el golpe militar de 1973 para “restablecer el orden” es, en las condiciones de 2021, proponer una nueva masacre cuyo prolegómeno es la militarización de la Araucanía (que llevaría a la postre a sus eventuales autores inevitablemente a la cárcel) acompañada de la profundización de la fractura social y política actual, pero sin posibilidad de resolver problema de fondo alguno en la sociedad chilena.

Cambios que impliquen el fortalecimiento rápido de los servicios públicos básicos y la diversificación y dinamización de la economía, con nuevos sistemas de impuestos-transferencias y de regulación del trabajo, son no solo posibles sino indispensables para avanzar a condiciones más dignas de existencia y a una nueva prosperidad compartida. Es decir, a una nueva estabilidad. Para producir ese nuevo orden democrático deben converger a partir de marzo próximo la acción decidida de un nuevo gobierno y un nuevo parlamento comprometidos con reformas serias, los que a partir de un año deberán, además, traducir con rapidez en leyes las nuevas definiciones constitucionales que se aprobarán en julio-agosto próximo.

Sobre el tema de la “receta para ahuyentar la inversión”, es penoso leer a René Cortázar con el discurso exacto de quienes en 1989 se oponían a Patricio Aylwin y al programa de su coalición. Para Cortázar, todo lo que aumente salarios, impuestos y regulaciones no hace sino encarecer las inversiones y ahuyentarlas y “llevarnos al estancamiento”, como repite desde siempre el discurso UDI y de los Chicago Boys, sin mayor imaginación. En los últimos 12 años, es la derecha la que ha gobernado durante 8 y nos ha llevado, más que a un estancamiento, a un atolladero que, por la fuerza de las cosas, ha puesto en manos de una izquierda recompuesta y de un centro con definiciones progresistas -del que solía formar parte Cortázar- las llaves para salir de la crisis social más amplia que haya conocido nuestra sociedad en décadas.

Cabe subrayar que el discurso liberal ultraconocido no considera que una sociedad no puede sustentarse -sin terminar estallando- en una economía cuya competitividad descanse en la minimización de derechos sociales de los que trabajan y de la población en general. A la inversa, está más que demostrado por una amplia literatura que las sociedades más prósperas y estables lo primero que hacen es garantizar esos derechos, en grados diversos, como en su época defendía CIEPLAN y el propio Cortázar antes de dedicarse a directorios de empresas (y a una fallida candidatura a la Convención), en uno de los cuales fue multado por no actuar para que no ocurrieran repactaciones unilaterales de créditos al consumo lesivas para deudores muy modestos.

Por su parte, la tasa de impuesto a las utilidades no es hoy en Chile de las más altas en la OCDE (la tasa general es aquí de 25%), que es la comparación válida, y NO va a ser incrementada si Boric llega al gobierno. La tasa de impuesto corporativo en Alemania es, por ejemplo, mayor a la chilena, pues al 15% de base se aplica un recargo de solidaridad y un “impuesto de comercio” por un valor total de 30 a 33%, más alto en las zonas más prósperas y menor en las zonas con menos dinamismo económico. ¿No era que la “economía social de mercado” y su lógica del diálogo social eran una referencia para Cortázar, como lo ha sido Angela Merkel para muchos?

Lo que se prevé en el programa de Boric es un impuesto patrimonial que, bien aplicado, no debiera disminuir la inversión, o lo haría en una proporción aceptable,  junto a establecer una regalía que, bien concebida, NO disminuye la inversión, según la propia teoría neoclásica de la renta, la que NO justifica la apropiación indebida de sobreutilidades en la explotación de recursos naturales. Se agrega en el programa de Boric un aumento del impuesto personal al grupo de muy altos ingresos, básicamente por la desintegración del impuesto a las utilidades de las empresas y a la renta de las personas. Pero quedará en un nivel de tasa marginal muy inferior al aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos y Gran Bretaña en su etapa de mayor prosperidad en la posguerra o en diversos países de Europa en la actualidad. Desde luego, existirán amplias exenciones para los dueños de pyme que podrán mantener esa integración. Y claro, Boric introduce el tema de qué tipo de inversión hay que estimular (sostenible o no, por ejemplo) y en beneficio de quién (personas, grupos sociales y territorios), lo que supone una reflexión colectiva y ampliamente dialogada sobre el tipo de modelo de desarrollo que el país debe adoptar en las nuevas circunstancias.

Lo más curioso es que Cortázar insista en que sería nocivo establecer mayores restricciones y encarecimientos de los despidos para morigerar la inestabilidad en el trabajo, incluido en el programa de 1989, que fue precisamente lo que él pactó en 1990 con Sebastián Piñera. Entonces era bueno hacerlo. Ahora no. Lo propio respecto al aumento del salario mínimo, que también tuvo un salto significativo en 1990. Además, se opone a las 40 horas semanales,  lo que estableció Estados Unidos en 1943, en plena guerra (gobernaba un tal Roosevelt, claro), sin que se tenga noticia de que ese país haya quebrado desde entonces. Y se opone a la negociación por rama y a regular la subcontratación, lo que Manuel Bustos promovió siempre. Y así sucesivamente.

En contraste, las declaraciones sobre estas materias del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, son críticas, pero en un tono respetuoso y matizado. Los conversos, es verdad, suelen ser más agresivos. Cerda aseguró que “si vamos a hacer algo como eso, se necesita un análisis bien acabado de cuáles son sus consecuencias porque evidentemente alguna consecuencia tiene que tener, y yo echo de menos que a veces no tenemos esos análisis sobre la mesa“. En efecto, el debate debe continuar, con el máximo de antecedentes sobre la mesa, de manera razonada y civilizada, como va a ocurrir a partir de marzo próximo.

Avanzar por la ruta del cambio necesario o mantener el estancamiento conflictivo actual es una decisión que está en manos de la ciudadanía, en buena hora. El dilema es mantener el (des)orden social y político existente o habilitar las transformaciones que sean una garantía de avance hacia una nueva estabilidad equitativa y sostenible.

Los compromisos climáticos siguen por debajo de los objetivos del Acuerdo de París

En El Mostrador

Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo récord en 2020. El 25 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que "la abundancia de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado, y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del período 2011-2020". De acuerdo con esta agencia de la ONU, la desaceleración económica causada por el COVID-19 "no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los gases de efecto invernadero ni en sus tasas de aumento, aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones".

La concentración de dióxido de carbono (CO2), el más abundante de los seis gases con efecto invernadero, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales. Como el dióxido de carbono (CO2) es un gas de larga vida, "el nivel de temperatura observado actualmente persistirá durante varias décadas aunque las emisiones se reduzcan rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero neto". En cuanto al metano (CH4) y al óxido nitroso (N2O), sus concentraciones equivalieron, respectivamente, al 262% y al 123% de los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.

Si se mantiene el actual crecimiento de la concentración de gases con efecto invernadero, el incremento de la temperatura a finales de este siglo superará por lejos el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 o máximo 2 °C por encima de los niveles preindustriales.

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha declarado, el 26 de octubre, que se deja al mundo en camino a un aumento de temperatura global de al menos 2,7 °C para este siglo, según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021. El informe señala que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) actualizadas y demás compromisos voluntarios asumidos para 2030 (las metas obligatorias por grupos de países del protocolo de Kyoto fueron abandonadas en 2015 en el Acuerdo de París), solo evitan un 7,5% adicional de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) pronosticadas para 2030, en comparación con la anterior ronda de compromisos. Para mantenerse en la ruta hacia el objetivo de 2 °C del Acuerdo de París, se necesitan reducciones de emisiones del 30% desde las cerca de 60 GtCO2e actuales. Y del 55% para alcanzar el objetivo de 1,5°C. Según el PNUMA, las promesas de alcanzar la neutralidad de emisiones son todavía imprecisas e inconsistentes con la mayoría de las NDC para 2030.

El gobierno de Piñera expuso también el 26 de octubre sus metas en la materia, las que deberán ser revisadas, evidentemente, en marzo. Al 2025, plantea el retiro del 65% de la generación a carbón de la matriz nacional, sumar entre 10.000 a 15.000 hectáreas de humedales urbanos protegidos, establecer un ecoetiquetado de reciclabilidad obligatorio y que el 100% de las áreas marinas protegidas pre 2020 cuenten con planes de manejo. Al 2030 plantea que un 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables, el aumento en el 50% de la red de estaciones de glaciares, implementar flotas cero emisiones en la gran minería y que el 100% de la población urbana tenga acceso a servicios sanitarios. Al 2040, plantea que se retiren o reconviertan la totalidad de las centrales a carbón, que el hidrógeno verde sea el 20% de la matriz de combustibles del país, que el 100% de los buses, taxis y colectivos sean cero emisión y se reduzca en un 40% el ingreso de residuos en mares y playas. Al 2050 postula que la matriz energética sea en un 100% cero emisiones, se reduzca en 70% las emisiones de la industria y minería y que un 30% a 50% de especies amenazadas cuente con Planes de Recuperación.

Este plan es insuficiente, aunque tiene el mérito de existir. El corazón del tema en Chile es que la mayor parte de la electricidad la siguen generando las centrales a carbón –las que más emiten CO2 a la atmósfera– mientras el transporte y diversas actividades siguen basadas en el uso de hidrocarburos. Las centrales a carbón deben salir del sistema ojalá en 2025 y en todo caso no más allá de 2030, y no hacia 2040 como plantea el gobierno, lo que requerirá fuertes inversiones en los sistemas de transmisión para permitir una mayor incidencia de la energía solar y eólica, e invertir en geotermia para asegurar la estabilidad del sistema.

Debe acelerarse, por otro lado, la generación eléctrica distribuida en los hogares para uso domiciliario, la electrificación del transporte público y privado, así como el uso de baterías basadas en hidrógeno verde en la minería y otras actividades de transporte, junto con aumentar el reciclaje de residuos y la disminución del uso de los bienes con residuos no reciclables, incluyendo evitar el consumo de bienes con obsolescencia programada. Lo que está en juego es transitar a una nueva estrategia de desarrollo que permita un mayor bienestar equitativo y sostenible de las actuales generaciones y la propia supervivencia, en las condiciones actualmente conocidas, de las futuras generaciones.

Una barrera sanitaria contra la ultraderecha

En La Mirada Semanal

Frente a un candidato de marcado signo ultraderechista, se debe establecer un cordón sanitario sin distinción de corrientes políticas democráticas para impedir su legitimación o, peor aún, que llegue al gobierno, y apoyar, en el caso que Kast llegue a la segunda vuelta, a cualquier demócrata que pueda derrotarlo.

Kast se propone reforzar el carácter autoritario del Estado, incluyendo establecer un Consejo de Seguridad Nacional de carácter permanente, ocupar militarmente la Araucanía, autorizar la violación de la correspondencia y establecer lugares de detención distintos de las cárceles, es decir campos de concentración o lugares secretos de detención, como indica su programa. Se propone derogar la ley de aborto por tres causales, terminar con el Ministerio de la Mujer, con el "lenguaje de género", con el Convenio 169 que establece la consulta indígena, derogar leyes de reparación por violaciones a los derechos humanos, indultar a los criminales presos por esta causa, dictar una "ley de punto final" y cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Siendo hijo de un inmigrante nazi que llegó a Chile con papeles falsos y que participó en el asesinato de campesinos en 1973, se propone perseguir la inmigración, construir una insólita zanja en el norte, expulsar extranjeros eliminando los recursos judiciales y administrativos y "sancionar" a las ONG que presten apoyo a los inmigrantes ilegales.Niega el cambio climático y quiere mantener las centrales a carbón. Es partidario de la versión más extrema del libremercadismo y de bajar impuestos y reforzar a las AFP, la legislación laboral y toda la legislación económica que protege al gran empresariado. Y así sucesivamente, incluyendo privatizar CODELCO, con un programa extremo que es simultáneamente autoritario y neoliberal.

Pero lo más grave es que Kast ha insinuado que la Convención Constitucional es ilegítima, augurando una grave confrontación civil en el país en caso de que su tesis prevalezca entre los poderes fácticos.

Frente a un candidato de marcado signo ultraderechista, los que creemos en la democracia, cualquiera sea nuestra legítima adscripción a una corriente política que concursa para llegar al poder mediante elecciones periódicas, debemos establecer un cordón sanitario para impedir su legitimación como un candidato más.  Y debemos apoyar, en el caso que Kast llegue a la segunda vuelta, a cualquier demócrata que pueda derrotarlo.

Es evidente que una postura auténticamente republicana no es la que está adoptando la derecha en Chile. Está dispuesta una vez más a apoyar el triunfo de la ultraderecha y a empujar al país a un retroceso autoritario que llevaría otra vez a una confrontación política y social de gran escala. Esto lo muestra Francisco Chahuán, presidente de RN, quien señala “que el candidato que va a pasar a segunda vuelta va a ser Sebastián Sichel, en caso contrario claramente votaremos siempre por el candidato del sector”. Lo que refrendan todos los voceros de la UDI, que en realidad son más cercanos a Kast que a Sichel.

Esta actitud de la derecha consistente en considerar a la ultraderecha autoritaria “como parte del sector“, puede llevarla otra vez al escenario del que no ha querido o sabido salir, aunque algunas de sus figuras lo hayan intentado: la confrontación entre un modelo de neodictadura que se remite a defender los intereses oligárquicos y un modelo de democracia en forma, en la que los ciudadanos determinan, a través de sus representantes o directamente mediante votación plebiscitaria, las orientaciones de gobierno y la legislación que rige la vida colectiva en el marco de un Estado de derecho y de separación de poderes que garantice los derechos individuales. De más está decir que la ultraderecha intentará plantear que el dilema es ellos o el chavismo, lo que es una evidente falsedad. Las fuerzas políticas representativas de la mayoría social que no está dispuesta a ningún retroceso en materia de libertades junto al avance de nuevos derechos sociales son sólidas y están llamadas a seguir colaborando.

La oposición debiera invitar a la derecha a establecer el mencionado cordón sanitario contra la ultraderecha. El propio Sichel se vio obligado a tomar distancia de los partidos de la derecha por su vuelco evidente hacia Kast.

Si la derecha no lo acepta, quedará en evidencia que sus convicciones democráticas no son sino de papel y cabrá ponerla frente a sus responsabilidades ante el futuro democrático de Chile y el bienestar de las nuevas generaciones.

La autonomía del Banco Central

En El Mostrador

En estos días en que Sebastián Piñera renovó el mandato de Mario Marcel a la cabeza del Banco Central, se escuchó con frecuencia el concepto de independencia de la autoridad monetaria, en circunstancias que su definición constitucional en Chile es la de autonomía. Quienes quisieran adquirir esa independencia expresan una típica pretensión de algunos jefes de entidades públicas que quisieran no estar sometidos al control de nadie, empezando por los ciudadanos y sus representantes elegidos. O la pretensión de los portadores de tesis dogmáticas en economía que no aceptan debatir sus ideas, las que, por lo demás, han mostrado ser con frecuencia bastante equivocadas precisamente porque son dogmáticas.

El trasfondo es atribuirle a "la política" y a "los políticos" una conducta de tontorrones irresponsables que solo piensan en su interés de corto plazo, y detrás de ellos a los ciudadanos y ciudadanas, de los que la política económica debiera estar protegida mediante su gestión por "técnicos" inspirados en el "pensamiento económico". Es decir, la suma del neoliberalismo (que considera inconducentes las intervenciones de política monetaria y fiscal contracíclicas) y de los prejuicios antidemocráticos (“la democracia protegida”) en acción.

El problema es que no hay tal cosa como "técnicos" neutros en economía, ni "pensamiento económico" consensual, sino opciones analíticas y de política diversas, más o menos rigurosas según los casos y más o menos capaces de interpretar las realidades y de inspirar acciones que permitan mantener los equilibrios macroeconómicos, incluyendo la estabilidad tendencial de precios y el pleno empleo en condiciones sostenibles.

Ninguna de esas opciones es neutral desde el ángulo que se le mire, y son fruto de ideas siempre controvertidas y de valores e intereses frecuentemente en conflicto, y deben ser consideradas y deliberadas como tales. Lo peligroso de consejos del Banco Central homogéneos es la ausencia de deliberación contradictoria sobre las opciones que toma la autoridad monetaria, las que son ampliamente discutibles. Y en ocasiones muy equivocadas, como en 1999 y 2008, situaciones en las que la política monetaria restrictiva frente a episodios inflacionarios no permanentes precipitó recesiones evitables y explosiones de desempleo de las que no se rindió cuenta a nadie. El actual aumento de las Tasas de Política Monetaria, con el argumento de llegar a la brevedad a una quimérica tasa "neutral" de 1% real, y detener expectativas inflacionarias que el mismo consejo del Banco Central ha contribuido a crear, está incrementando el peligro, según la opinión que algunos tenemos, de otra recesión en 2022 o al menos de un estancamiento evitable.

¿Qué dirían los que suelen rasgar vestiduras en nombre de la seriedad técnica si alguien propusiera que las autoridades de gobierno pudieran acusar ante la Corte de Apelaciones a un miembro del Consejo del Banco Central por estar favoreciendo intereses particulares? Con toda seguridad, que esto es un acto de populismo inadmisible que atentaría contra la necesaria independencia del Banco Central. Pues bien, esta figura está descrita en el artículo 15 de la actual ley.

¿Qué dirían los mismos si alguien propusiera que el gobierno pudiera destituir al presidente del Banco Central si así lo pidieran 3 consejeros y la mayoría del Senado? ¿O destituir a alguno o la totalidad de los consejeros con acuerdo del Senado? Horror, otro atentado contra la independencia del Banco Central. Pues bien, esta figura está incluida en los artículos 16 y 17 de la actual ley.

¿Qué dirían si alguien propusiera que el gobierno tuviera el derecho de suspender la aplicación de cualquier acuerdo o resolución que adopte el Consejo hasta por quince días, para su rediscusión, incluyendo subir la tasa de interés, salvo que la totalidad de los consejeros insista en su aplicación? Eso si que no: definitivamente se pondría en peligro la independencia del Banco Central. Pues bien, otra vez esta figura está incluida en el artículo 19 de la actual ley.

Algunos utilizan estadísticas que correlacionan sin causalidad demostrada las autonomías de la política monetaria –muy variadas según cada arreglo institucional– y descensos de la inflación, sin considerar la "varianza" en esa correlación: hay casos para todos los gustos. Otros radicalizan el argumento y tratan de establecer una correlación entre independencia del Banco Central del poder político y crecimiento elevado. El argumento es en ese caso todavía más pueril: ¿alguien tiene alguna duda que el caso más resonante de crecimiento acelerado y sostenido en las últimas décadas es China? En ese país no hay nada que se parezca a un Banco Central independiente o siquiera autónomo.

Se cita con frecuencia el caso de Estados Unidos como uno en el que la política monetaria estaría al margen de toda interferencia política de corto plazo. El excelente libro de Binder y Spindel (2017), The Myth of Independence: How Congress Governs the Federal Reserve, muestra que la situación es la inversa: lo que ocurre en la práctica es una creciente interdependencia entre las autoridades responsables de los distintos componentes de las políticas económicas. El propio expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y reconocido economista académico, sostiene una postura que debiera inspirar las normas que rijan en el futuro al Banco Central en Chile: “En ningún caso abogo por la independencia incondicional para los bancos centrales. (…) Los objetivos de política deberían ser puestos por el gobierno, no por el banco central en sí mismo; y el banco central debe demostrar con regularidad que cumple con los objetivos conferidos por mandato".

Consignemos también que, según el Acta de 1998, el Banco de Inglaterra puede recibir directivas en forma unidireccional del Departamento de Gobierno de Gran Bretaña: “El Tesoro, luego de consultar con el gobernador del Banco, puede darle órdenes a su dirección bancaria respecto de la política monetaria si ellas son requeridas por el interés del público y por las extremas circunstancias económicas”. Esas órdenes también deben ser aprobadas por el Parlamento dentro de un plazo de 28 días. Un mecanismo de este tipo debe ser contemplado en la futura legislación chilena.

En el caso de Japón, se mantiene un alto grado de coordinación con el gobierno en su legislación: “En reconocimiento del hecho de que la moneda y control monetario es un componente fundamental de la política económica, el Banco de Japón deberá mantener un contacto cercano con el gobierno y Ministerio de Economía, de manera que la moneda y el control monetario y la postura del gobierno en materia de política económica puedan ser mutuamente armoniosos”.

La razón es muy sencilla: la política fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos debe ser un todo coherente para ser exitosa. Esa ausencia de coherencia institucional en la Unión Europea –que carece de coordinación entre la política fiscal de los gobiernos y la monetaria de la Unión– y un cierto dogmatismo doctrinario y traumas históricos de algunos de los países que la conforman, explica que el desempeño del BCE haya sido poco eficaz en buena parte de la crisis de 2008, aunque mejoró con Draghi y su política de compra indirecta de bonos públicos, cuestionada por los ordodoxos, y con Lagarde, que se propone ampliar el rol del BCE al financiamiento de las acciones contra el cambio climático, rompiendo con el dogma de la neutralidad sectorial de la política monetaria.

La pretensión de independencia del Banco Central, suponemos que al estilo de la que se garantiza al Poder Judicial, es exhibida en Chile por los economistas del sistema, y los políticos conservadores que los apoyan, como una supuesta verdad tecnocrática. Pero en realidad no es más que una pretensión indebida de irresponsabilización democrática. Las autoridades económicas deben llevar a cabo una política coordinada con objetivos explícitos y coherentes –con estudios acuciosos sobre las situaciones existentes y sobre las trayectorias posibles y sus efectos– y responder por ellos periódicamente ante los ciudadanos y sus representantes elegidos.

La autonomía del Banco Central debe remitirse, en la doctrina de Bernanke, a escoger los medios técnicos para obtener resultados fijados por la autoridad gubernamental, no a sustituirse a esa autoridad en la fijación de esos objetivos. La Contraloría General es autónoma para verificar la legalidad de las actuaciones públicas. Pero no es independiente ni menos determina la orientación de esas actuaciones públicas, lo que corresponde a las autoridades elegidas por el pueblo. Y si la coherencia no existiera o se perdiera en alguna crisis, como en la actualidad, no será un grupo de cinco personas, por honorable que sea pero que pudiera creer que no debe responder ante nadie, el que esté en condiciones de obtenerla o restablecerla, sino el conjunto del sistema de decisiones públicas en el seno de las instituciones democráticas, a las que ningún órgano público debe sustraerse. 

David Card y los salarios mínimos

En La Mirada Semanal

Es una buena noticia que se le haya otorgado a David Card, de la pública Universidad de California en Berkeley, el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, establecido en 1969. La entidad premió a Card junto a Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens por procurar “utilizar experimentos naturales”, es decir “situaciones que surgen en la vida real que se asemejan a experimentos aleatorios”, las que son muy poco frecuentes en la vida económica y social.

David Card y Alan Krueger (ya fallecido) mostraron en la década de 1990, utilizando datos comparativos de los estados de New Jersey y Pennsylvania en Estados Unidos -los que fijan su propio salario mínimo- que su aumento en una situación comparable no provoca desempleo. El libro que reseña esta investigación se llama sugestivamente “Mito y medición” (ver https://archive.org/details/mythmeasurement00davi), la que fue pionera entre las muchas que han derribado los mitos liberales con estudios empíricos rigurosos. La medición de Card y Krueger contradijo el análisis neoclásico típico de la interacción entre precios y cantidad demandada en el “mercado de trabajo”, según el cual el aumento del salario mínimo (precio) disminuiría la demanda de trabajo de las empresas, creando desempleo.

Como sabemos, la soberbia infundada de la academia convencional es bastante frecuente. El propio David Card testimonia que se alejó por un tiempo de la investigación sobre el tema por la hostilidad de sus colegas. Pero su metodología fue replicada en diversos casos por varios autores, en estudios en los que se compara la evolución del empleo en territorios en los que se ha aumentado y no aumentado el salario mínimo en el mismo período de tiempo. Se confirmó que ese incremento aumenta los ingresos de los trabajadores más pobres (ver https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20170085), sin efectos mayores en otras variables económicas, empezando por el empleo.

Este resultado no es banal si se considera la creciente pérdida de la participación relativa de los salarios en la distribución funcional del ingreso en el capitalismo contemporáneo. Según Jan Eeckhout, por ejemplo, la relación entre utilidades y planilla de salarios en Pfizer subió de 41% en 1980 a 210% en 2019, mientras tanto en el caso de Apple como de Facebook ese coeficiente es actualmente superior a 300%. Estas hiper-empresas han acumulado un impresionante poder de mercado que inhibe la entrada de nuevos competidores y la difusión de la innovación, mientras les permite un creciente control de los medios de comunicación y, en diversos casos, una fuerte influencia sobre el sistema político. 

David Card también estudió el efecto de la ola migratoria desde Cuba hacia Miami en 1980, mostrando que no provocó una ola de desempleo ni una baja de salarios, como el análisis convencional hubiera esperado. En estudios posteriores, refrendó la idea que la migración no provoca un mayor desempleo de los nativos de baja calificación (en https://web.archive.org/…/econ/conf/immigration/card.pdf).

Ahora el trabajo de Card es reconocido y recompensado por una entidad, el Banco Central de Suecia, que no es exactamente una ONG vanguardista. Los que postulan que debe mantenerse salarios mínimos bajos defienden intereses (contener los costos salariales es sostener altas utilidades), lo que es explicable desde su punto de vista. Pero ya no se puede aludir tan fácilmente la defensa de un eventual interés general (evitar el aumento del desempleo) para mantener remuneraciones legales mínimas bajas e impedir la negociación colectiva del salario con sindicatos fuertes. Esto ya lo había establecido Keynes -ver la reseña de economistas del FMI en https://www.imf.org/…/ft/fandd/spa/2014/09/pdf/basics.pdf- desde el punto de vista macroeconómico (los salarios bajos mantienen una demanda agregada insuficiente y un “equilibrio de subempleo”), pero los trabajos de Card y otros lo han demostrado con estudios empíricos en situaciones comparativas reales en escala microeconómica. Esto lo hizo acreedor del reconocimiento sueco y, esperamos, ayudará a disminuir la intensidad de las afirmaciones perentorias, pero no por eso menos equivocadas, de los economistas convencionales, los que suelen aludir un supuesto pensamiento económico no controversial que es simplemente inexistente.

La necesidad de una nueva regulación frente al sobreprecio del gas y otros bienes de consumo básicos

En El Mostrador

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha publicado un estudio –respecto del cual el Gobierno no ha dicho nada relevante– que concluye que existen sobreprecios del orden de un 15% en el suministro de gas licuado (mercado oligopólico con pocos oferentes) y de 13 a 20% en el de gas natural de cañería (mercado monopólico con un solo oferente). La FNE calcula que los distribuidores mayoristas de gas licuado han aumentado su margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55% entre 2014 y 2020, unos US$ 261 millones anuales que se sustraen del bolsillo del consumidor.

Ya la FNE había concluido en enero de 2020 que muchos medicamentos se siguen vendiendo con sobreprecios y que “una reforma estructural a este mercado podría traducirse en ahorros en torno a 40% en los precios de estos productos”.

También, planteó que “las farmacias por regulación deban dispensar el producto más barato dentro de una categoría de medicamento clínico, y que el precio de este sea fiscalizable y compuesto por el costo efectivo que la farmacia pagó por el mismo más una suma fija única en pesos que cobraría la farmacia por su labor como intermediario respecto de cualquiera de los productos médicos que dispense”.

Es decir, una fijación de utilidad máxima, lo que rompe con el dogma del libre mercado, sin que el Gobierno hiciera nada al respecto. Los consumidores siguen esperando, por lo que la próxima administración gubernamental y el Parlamento deberán actuar a la brevedad en la materia. Otra prueba de que el libre mercado es problemático en diversas situaciones ha sido el tema del examen de PCR para identificar el COVID-19, en el que el Gobierno tuvo que fijar un precio máximo: la realidad resultó más fuerte que el dogma frente a los abusos de precios que empezaron a producirse al iniciarse la pandemia.

A partir de marzo próximo, la FNE y las superintendencias respectivas debieran avanzar rápidamente en el análisis de otros dos mercados de servicios básicos en los que se puede presumir tarifas públicas que permiten ganancias monopólicas privadas injustificadas: el suministro de electricidad y de agua.

El tema es simple: donde hay monopolios naturales, es decir, en el caso en que los costos fijos son de gran magnitud, por lo que no se justifica más de un productor, dado que los costos unitarios caen a medida que aumenta la producción, deben existir tarifas públicas que permitan a los operadores cubrir los costos de producción y distribución pero impidan utilidades monopólicas en detrimento de los consumidores. Es el caso de la electricidad, el agua, el gas de cañería y la telefonía fija.

Donde hay oligopolios en el suministro de bienes de consumo básico –pocos oferentes que tienden a administrar los precios sin competencia–, es decir, al menos en el gas licuado, algunos medicamentos y algunos alimentos, debe existir una vigilancia e información pública de los precios, además del cobro de un impuesto a las sobreutilidades sobre el capital invertido (un parámetro razonable es el 5%), las que se originan en colusiones de precios. En el caso del gas licuado, es apropiada la recomendación de la FNE de impedir que los mayoristas intervengan en el mercado minorista, vale decir, prohibir la integración vertical. La banca debe también ser objeto de una vigilancia más estricta respecto a las comisiones cobradas y también ser objeto de un impuesto a las sobreutilidades.

De otro modo, se mantendrá el abuso de sobreprecios que penalizan a los consumidores y a los usuarios. Los libremercadistas pondrán otra vez el grito en el cielo. Pero su ideología no justifica el sistemático perjuicio al ciudadano común que monopolios y oligopolios producen en la prestación de servicios indispensables y de amplio consumo.

A dos años. Los significados del 18 de octubre de 2019

 Primera versión en La Mirada Semanal

Se discutirá por mucho tiempo sobre las causas de la rebelión popular de 2019. Pero entre éstas se cuenta el desfase institucional respecto a las demandas de la sociedad y la pérdida del rol de representación del mundo del trabajo y de la cultura por parte de la izquierda histórica.

Al cumplirse dos años del inicio de la rebelión popular el 18 de octubre de 2019, volverán a ofrecerse múltiples interpretaciones sobre sus causas y proyecciones. Esta rebelión no fue un episodio puntual sino un terremoto social. Duró más de tres meses, se generalizó con intensidad en todo el territorio chileno y tuvo hitos como el de los 1,2 millones de personas de todas las generaciones en las calles de Santiago y cerca de tres millones en todo Chile el 25 de octubre.

Se atribuye a Zhou Enlai haber respondido al ser preguntado sobre el significado de la revolución francesa que aún era muy temprano para saberlo. Desde luego, los múltiples libros que se publicaron a la rápida sobre el tema de la rebelión de octubre no han dejado un gran recuerdo. Pero puede aventurarse que hay al menos dos grandes causas y sus respectivas proyecciones que deben destacarse.

La primera es el desfase institucional respecto a las demandas de la sociedad. Existe una amplia literatura, a partir de Samuel Huntington, sobre la explosión de expectativas y demandas en contextos de crecimiento económico en “países en desarrollo”, que dio lugar a una interpretación autocomplaciente de las tensiones sociales acumuladas desde 1990: eran inevitables y no había mayor cosa que hacer que no fuera desplegar paciencia y habilidad política en la búsqueda de consensos. No obstante, no se consideró lo suficiente lo afirmado por el propio Huntington, en el sentido que el retraso en el surgimiento de las instituciones políticas apropiadas para permitir el cambio social y económico ponía en peligro el desarrollo democrático. La necesidad de pasar con rapidez a un régimen político que expresara la voluntad popular mayoritaria y que acudiera al pronunciamiento popular en las situaciones de crisis se dejó progresivamente de lado en la coalición de gobierno por falta de interés de su sector derechista.

Esto ocurrió a pesar del esfuerzo de quienes fuimos puestos en minoría en ella en beneficio del acomodo a una situación de veto oligárquico en las instituciones, que permitía mantener una relación no demasiado conflictiva con el poder económico, devenido con el tiempo en subordinación y complicidad parcial considerada no solo necesaria, sino que deseable. Al mismo tiempo, el acomodo a la constitución de 1980 y sus insuficientes reformas de 1989 -solo en parte morigeradas en las de 2005 con el término de los senadores designados y el restablecimiento de las potestades del presidente sobre las fuerzas armadas- permitía al sector derechista de la coalición de gobierno endosar a las trabas institucionales heredadas la ausencia de avances económicos y sociales sustantivos.

Se generó una conducta generalizada de desesperanza aprendida en los partidos de izquierda de gobierno y el deslizamiento al clientelismo al estilo del PRI mexicano, junto a connivencias financieras indebidas con el gran empresariado. Y finalmente al triunfo de Piñera en dos ocasiones. La integración social no se sustentó en redistribuciones de ingresos suficientes ni en la construcción de un Estado de bienestar con derechos sociales consagrados, sino en el crecimiento prolongado del empleo (aunque precario y sin negociación colectiva con sindicatos fuertes), de las remuneraciones (aunque menor que el incremento de la productividad), de gastos sociales (aunque muy por debajo de la proporción media en la OCDE en relación al PIB) y de un mayor acceso a la educación (al costo de un endeudamiento de los estudiantes y sus familias que financió establecimientos privados de baja calidad y que desplazó la educación pública).

Estos son logros paradojales y parciales, junto a la expansión del acceso al consumo masivo y el aumento de las infraestructuras, a los que no cabe quitar relevancia. Pero, junto a las contradicciones en los avances logrados,  las pensiones y la atención de salud permanecieron peligrosamente rezagadas y privatizadas, mientras los servicios básicos se mantuvieron en manos de monopolios privados con regulaciones débiles en un cuadro de desigualdad de acceso y de aguda concentración de la riqueza. La derecha ejerció sin contemplaciones su derecho a veto nacido de la persistencia de los senadores designados, del sistema electoral binominal y los altos quórum de aprobación de las leyes y reformas constitucionales, es decir con un  fraude institucional generalizado desde el punto de vista democrático.

¿Podían la desesperanza y la integración subordinada permanecer eternamente como cimiento del cuerpo social y de un sistema político con soberanía popular vetada? Evidentemente no. La resignación terminó por dar a lugar a una rebelión inorgánica, aunque precedida de múltiples luchas sociales organizadas o espontáneas, desencadenada por un aumento del pasaje del metro bajo la consigna directamente política de “no son 30 pesos, son 30 años”. El “esto no prendió muchachos” se transformó en la mayor rebelión social desde las emblemáticas protestas de 1983-1986 y sus barricadas, que permanecían en la memoria colectiva y en la transmisión intergeneracional mucho más de lo que la sociología convencional postulaba, convertida, por otro lado, en sociología de mercado y en acción de lobby empresarial.

Una segunda causa de la rebelión de 2019 fue la pérdida del rol de la izquierda en darle perspectiva política a las luchas sociales. Probablemente algún grupo pequeño quemó estaciones de metro, pero lo esencial del fenómeno fue su carácter espontáneo y masivo, aunque haya devenido con el tiempo en parte en una movilización minoritaria alentada por grupos ultra radicalizados. Buena parte de las distintas variantes de la izquierda había dejado de representar los intereses de la mayoría social y no había logrado pesar para establecer siquiera algún tipo de "pacto socialdemócrata" propiamente tal, que funcionó solo en ocasiones puntuales durante 30 años. La auto-atribución de la apelación de socialdemócrata por la izquierda reformadora devenida en izquierda reformada y acomodada (el bloque PS-PPS-PR), es simplemente una ironía frente a la realidad de su renuncia práctica a representar los intereses del trabajo y de la cultura y la promoción de una sociedad igualitaria y libertaria, y a luchar de manera organizada y persistente por ellos.

El primer resultado fue la pérdida de conexión con las generaciones jóvenes que se autonomizaron con razón a partir de 2011. Y luego con el resto de su mundo social de origen. Algo similar ocurrió con la cultura socialcristiana, nacida de la reivindicación de la promoción popular, la reforma agraria y la chilenización del cobre. Las llamadas fuerzas progresistas, como en otras partes, terminaron descompuestas por el largo acomodo a un poder burocrático subordinado al poder económico, o en todo caso sin voluntad suficiente de cuestionar su hegemonía.

El socialismo debiera haber constatado que ya no tenía nada que hacer en una coalición que terminó siendo el soporte político de una semi-democracia dominada por un capitalismo hiperconcentrado y gobiernos amarrados a políticas sociales débiles y a la carencia de regulaciones sólidas de los mercados y sus efectos sociales y ambientales negativos. No tenía sentido que el socialismo permaneciera instalado en concesiones y acomodos con el control oligopólico de la banca, la distribución y muchas actividades productivas, incluidas  la industria, la pesca y la agricultura de exportación; la entrega a capitales privados y a transnacionales de la minería nacionalizada en 1971; la persistencia de la privatización del agua y de los servicios básicos; la privatización de la educación y de una parte la atención de salud; la mantención de las pensiones en manos de las AFP y la persistencia de relaciones laborales asimétricas y precarias favorables al capital concentrado. El mérito de una coalición amplia que sirvió para terminar con la dictadura, no se extendió ni a la voluntad de terminar con los amarres institucionales antidemocráticos ni a establecer una economía regulada, sostenible y con derechos sociales efectivos. Para evitar la completa desnaturalización de su proyecto histórico, el socialismo debió haber reinstalado en la izquierda hace mucho tiempo su ubicación en el espectro político, lo que suponía redefinir su relación con el centro y dejar de hacer concesiones programáticas en nombre del realismo político. No lo hizo, por lo que la rebelión de 2019 también se produjo en parte contra los abandonos de la izquierda histórica.

Pero esa rebelión ha sido fecunda en sus efectos, aunque ha pagado altos costos represivos. Ha sido el punto de partida de la reconstrucción por etapas de un bloque de izquierda plural, capaz de llegar al gobierno en marzo próximo para sostener un proyecto de transformación social, cuya vigencia es evidente frente a la magnitud de las desigualdades y los abusos, del dominio patriarcal y de la depredación de la naturaleza. Y que, además, deberá hacerse cargo de los desastres de la gestión de Piñera en materia económica, social y sanitaria. Y sobre todo ha sido el punto de partida de un proceso constituyente único en la historia de Chile, cuya fuerza y profundidad es irreversible y dará lugar a la construcción, salvo errores graves en el camino, de una institucionalidad democrática basada en la soberanía popular, la que tendrá la potencialidad de dejar atrás el dominio oligárquico sobre la sociedad.

Piñera y la moralidad pública

En La Mirada Semanal

Debe producirse una señal histórica de la sanción de la violación del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a favor de sus intereses económicos o los de su familia ni eluden pagar impuestos.

Las nuevas publicaciones por la prensa internacional de documentos de estudios jurídicos que operan en paraísos fiscales revelan la profundidad de los mecanismos globales de evasión y elusión tributaria. En efecto, es extendido el uso de países o territorios con baja o nula tributación a los que los dueños de fortunas -bien o mal habidas- trasladan sus capitales. En ellos realizan transacciones sin mediar una actividad propiamente tal en el lugar, con una total ausencia de transparencia que asegura el secreto de la identidad de las personas y dueños finales de las empresas involucradas. En ocasiones, se trata de operaciones internacionales legítimas, pero las más de las veces existe la motivación de esconder ingresos y/o evadir o eludir los impuestos que deben pagar empresas y personas en los países en que realizan sus operaciones y extraen sus utilidades. En Europa se calcula en un 10% del PIB los recursos que los paraísos fiscales restan a las arcas gubernamentales.

El control de los paraísos fiscales ha avanzado por parte de diversas instituciones multilaterales y compromisos de los países. El Common Reporting Standard fue elaborado como mecanismo de intercambio automático de información financiera entre administraciones por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la evasión de impuestos y rige desde 2018.

A cada país le corresponde, en todo caso, sancionar la evasión de impuestos y terminar con el uso de paraísos fiscales para eludir su pago. Establecer una norma general antielusión con estándar OCDE es la primera tarea en Chile, pues hoy su ausencia impide investigar a cabalidad los ingresos de empresas y personas y hacer efectivo el pago de los impuestos correspondientes. Se debe, además, terminar con un secreto bancario extemporáneo que contribuye a la evasión del pago de impuestos.

Pero el hecho más dañino para la fe pública en Chile es que se ha confirmado que el propio presidente Piñera ha operado al menos como mandante en paraísos fiscales, figura que él mismo condenaba públicamente en 2016. Además, ha quedado en evidencia nada menos que la venta de un activo de una sociedad de familiares constituida mediante donaciones de su parte -venta que produjo altas utilidades- sujeta a una cláusula contractual de no modificación de regulaciones públicas en las que Sebastián Piñera tenía una alta incidencia. Señalar que el presidente no estuviera al tanto de ese contrato no parece una situación muy creíble.

La actuación recientemente conocida del presidente Piñera debe ser objeto de sanción política, pues su gobierno no declara hasta el día de hoy la protección ambiental -para la que existe una solicitud formal- de una zona que alberga un ecosistema marino único y en la que se planea inversiones mineras vinculadas a sus hijos y amigos. El parlamento debe hacer efectiva la responsabilidad de Sebastián Piñera y decidir la destitución de su cargo. El hecho que debe ser sancionado políticamente es que el gobierno ha insistido en hacer posible una inversión minera que daña el ambiente marino y en la que han estado involucrados negocios familiares del presidente y de amigos cercanos, con pagos asociados a mantener la normativa ambiental que está su cargo.

Esta debe ser la señal histórica, en momentos de refundación institucional, del cese de la violación por el actual presidente del pacto republicano según el cual los ricos y los poderosos no usan el Estado a favor de sus intereses económicos o los de su familia ni eluden pagar impuestos. En efecto, sin financiamiento suficiente de las instituciones y de los servicios públicos, no hay estabilidad social posible ni puede hacerse efectiva cualquier idea de igualdad de oportunidades en la sociedad. Además, debe legislarse con urgencia pasar al régimen general de impuesto a la renta los ingresos por herencia o donación, o su pago mediante transferencia de activos a un fondo patrimonial público que financie la desconcentración de la propiedad y la diversificación productiva. La contribución de los herederos a la prosperidad colectiva es simplemente igual a cero.

El escenario de marzo: “después de mi el diluvio”

En La Mirada Semanal

Un presupuesto en caída libre y un período presidencial recortado no es precisamente el marco adecuado para responder a las difíciles circunstancias que vive el país después de la rebelión social y de la pandemia, por lo que se debe construir con urgencia un horizonte de cambio con estabilidad. 

Quien quiera sea elegido para gobernar a partir de marzo próximo, se va a encontrar con un presupuesto fuertemente disminuido respecto al de 2021, de acuerdo al proyecto de ley recientemente enviado al parlamento. Según el gobierno, el presupuesto para el año 2022 alcanza a 82 mil millones de dólares “con una baja de 22,5% comparado con el gasto fiscal efectivo de este año, producto de la disminución del estímulo fiscal extraordinario y retornando a niveles de gasto en línea con la meta de convergencia”. Esto significa que ya no habrá IFE Universal, IFE Laboral, créditos subsidiados para pymes FOGAPE, bono pyme, prohibición de corte de servicios básicos ni post-natal de emergencia. A su vez, se habrá extinguido buena parte del efecto de los retiros desde los fondos de pensiones, que han alimentado la demanda de consumo de los hogares y generado presiones inflacionarias internas, pero con un efecto solo temporal. Una parte importante de la inflación de 2021, sin embargo, es de origen externo. Los retiros desde las AFP nada tienen que ver con la inflación de costos que proviene del sustancial aumento internacional del petróleo y de la devaluación del peso. Esta ha sido provocada por salidas de capitales y aperturas de cuentas en dólares, cuya persistencia no necesariamente se prolongará en el tiempo. 

El gobierno prevé dejarle un margen de nuevo gasto a la futura administración de 700 millones de dólares, una cuarta parte de lo que cuesta el IFE actual... al mes. Esto implica que el gobierno de Piñera busca dejar de herencia un ajuste de gasto del orden de 8% del PIB en un año, es decir una brutalidad propia de Sergio de Castro.

Recordemos que el proyecto de ley de presupuesto debe ser despachado antes del 30 de noviembre por el Congreso, sin que éste tenga la posibilidad de subir el monto total del gasto (solo puede mantenerlo o bajarlo) ni tampoco su composición, según las actuales reglas constitucionales de tramitación del presupuesto de la Nación. Esto tendrá, inevitablemente, efectos macroeconómicos. El gobierno y el Banco Central proyectan un crecimiento del orden de 2,5% en 2022, en circunstancias que no menos de medio millón de personas seguirán desempleadas por sobre el nivel de desocupación prevaleciente antes de la crisis, (otras 700 mil personas), pero se puede desencadenar una bola de nieve recesiva con la suma del ajuste fiscal y de aumentos de la tasa de interés de política monetaria hacia un quimérico nivel “neutral” de 1% real, en la doctrina actual del Banco Central. 

Como se observa, estamos frente a un intenso panorama de previsibles tensiones sociales que resultarán inevitablemente de un brusco ajuste presupuestario por el fin sin más consideraciones de las medidas tomadas por el actual gobierno -muchas de ellas tardíamente- durante la pandemia. Algo así como “después de mí el diluvio”, frase que se atribuye a Luis XV en los últimos años de su vida, cuando el descontento popular ya presagiaba amplias convulsiones sociales en Francia.

Si, además del panorama económico, se considera que el vice-presidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, del Frente Amplio, ha insinuado que la nueva Constitución puede acortar el próximo período presidencial, entonces el panorama para el hasta ahora más probable ganador de la elección presidencial de fin de año, Gabriel Boric, también del Frente Amplio, es el de un ejercicio de gobierno de, digamos, dos años.

Nada de esto es razonable. 

Lo que corresponde intentar frente a las difíciles circunstancias que vive el país después de la rebelión social y de la pandemia -en un mundo con muchas incertidumbres- es realizar cambios estructurales con estabilidad política. Esto nunca lo ha hecho ni podrá hacerlo un gobierno de dos años. La coalición Apruebo Dignidad, de la que emanará posiblemente el próximo presidente y será una de las con mayor representación parlamentaria, debe consolidar la relación entre sus componentes a partir de un diseño programático sólido para cuatro años. El paso siguiente, a fines de noviembre, debe ser conversarlo y concordarlo con mutuas concesiones con quienes estén dispuestos a apoyar al candidato en la segunda vuelta y, además, se comprometan a la realización efectiva de un programa común. Lo que supone no hablar de consignas, sino de políticas y programas precisos con sus financiamientos respectivos.

En marzo, el próximo gobierno debe enviar un proyecto de ley de corrección presupuestaria, como lo hizo el actual en abril de 2020 frente a la pandemia. Allí se debe establecer como prioridades un nuevo marco de ayudas a las pymes, de subsidios al empleo femenino y juvenil, de nuevos programas de servicio y cuidado a las personas y un nuevo monto de la pensión básica universal como soporte de las transferencias a las familias, junto a un fuerte programa de inversión verde. Esto implica tomar desde ya una opción política clara: no provocar una recesión con un brutal ajuste presupuestario y buscar una consolidación fiscal en el tiempo basada en una reforma tributaria suficiente y equitativa apuntando a un crecimiento de 3-4% y a un endeudamiento fiscal sobre el PIB no superior a 60% (la regla actual, ampliamente sobrepasada, de la Unión Europea).

Una nueva coalición de gobierno distinta a la derecha y sus concepciones neoliberales y capaz de hacer cambios favorables a las mayorías, pero de manera ordenada y firme, deberá ser el soporte para crear un horizonte político y económico adecuado para los próximos cuatro años. Otros enfoques en exceso especulativos pueden terminar por alimentar quimeras e inestabilidades que terminan por afectar a la mayoría social, que ya ha sufrido demasiado con la reciente crisis y con la precariedad estructural propia del modelo económico vigente. 

Un insuficiente aumento de la pensión básica

En La Mirada Semanal.

Frente a la presión social, el gobierno propuso un incremento de la pensión básica de bajo monto y la eliminación de algunas exenciones tributarias insuficientes frente al déficit fiscal de 2021. La reforma tributaria sigue pendiente.

El gobierno de Sebastián Piñera ha propuesto incrementar la pensión para personas mayores de 65 años que no tienen acceso a un sistema previsional y que están entre el 80% de menores ingresos. Su monto mensual aumentará de 164 a 179 mil pesos (ya aplicable a los más de 75 años), la línea oficial de pobreza, junto a extender el aporte complementario fiscal aplicable a pensiones basadas en cotizaciones previas hasta 520 mil pesos. En el proyecto de ley que acaba de enviar al parlamento propone eliminar parcialmente algunas exenciones como parte del financiamiento del aumento del aporte fiscal a las pensiones.

Esto incluye como componente más importante el inicio del fin de las exenciones de pagos de IVA en la construcción de viviendas de más de 2.000 UF y del impuesto territorial a partir de la tercera vivienda DFL-2, así como aplicar impuestos a los servicios como los de consultorías y otros. También incluye un muy bajo pago de 5% a las ganancias de capital. Entre estas normas de excepción se cuenta la exención del cobro de impuesto a la renta para las ganancias de capital en la enajenación de acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos con presencia bursátil. Solo que esto rendiría la suma de 56 millones de dólares, frente a un potencial de recaudación al menos 7 veces mayor si se eliminara la exención. Esta exención suma al menos unos 350 millones de dólares anuales de menores ingresos fiscales, según el SII, aunque es posiblemente mayor según los estimadores que se utilicen.

La posesión de acciones genera ingresos personales por los dividendos que distribuyen las empresas al obtener utilidades y por la ganancia de capital al venderlas. No existe ninguna razón válida para que ingresos personales provenientes de la posesión o de transacciones de capital bursátil no tributen bajo el régimen general de ingresos (impuesto global complementario). Lo mismo se puede señalar respecto al impuesto a las herencias, que debiera asimilarse al impuesto global complementario o permitir parte de su pago mediante transferencia de acciones al fisco, en vez de eliminar solamente la exención a los seguros de vida. Lo que correspondería por aplicación del principio de justicia tributaria y de progresividad es que todos los ingresos paguen los mismos impuestos según el tramo que corresponda (a más altos ingresos, mayores tasas).

Algunas exenciones se justifican por su efecto social o de difusión de impactos en la economía. Son pocas, como las del IVA a servicios sociales, del impuesto a la renta destinada al ahorro previsional o las que estimulan la capacitación, el gasto en investigación y desarrollo en las empresas o el uso de tecnologías no contaminantes. La mayoría, en cambio, no se justifica, pues favorece intereses particulares en detrimento del interés general. Según el Servicio de Impuestos Internos, las exenciones tributarias, es decir las excepciones a las reglas de general aplicación, sumaron en 2020 unos 9 mil millones de dólares, cerca de un 3% del PIB. Recordemos que el programa de Gabriel Boric plantea una reforma tributaria del orden de 8% del PIB (como en su momento el programa de Daniel Jadue) y el de Yasna Provoste una de 5% del PIB (y en su momento el de Paula Narváez una de 5-6% del PIB).

Y recordemos que los tributos en Chile representaban el 21% del PIB en 2019, a comparar con un 34% promedio en la OCDE, un 46% en Dinamarca y un 45% en Francia. Este tema es entonces parte necesaria -junto a la reducción de la evasión, la desintegración del impuesto a la renta personal y a las utilidades de las empresas, el impuesto a los súper ricos y la regalía minera – del debate para financiar las reformas redistributivas y de reconversión productiva sostenible que el país necesita con urgencia y que se van a dirimir en la próxima elección presidencial y parlamentaria.

La justificación que se alude con frecuencia es que no hacer tributar los ingresos del capital o hacerlo con tasas preferentes respecto a los ingresos del trabajo supuestamente incentivaría la inversión privada. Esa afirmación es discutible y en todo caso se efectúa al precio de hacer recaer el financiamiento de las cargas públicas en los ingresos del trabajo o en las compras de consumo de los hogares y personas, incluyendo las más modestas. Es el ambiente general de funcionamiento de la economía el que determina la expansión de la inversión privada antes que la exención del impuesto personal a las personas que invierten, aunque esto no suene bien a los oídos de los economistas neoliberales y de los intereses que defienden.

El caso Carozzi y la plutocracia

En La Mirada Semanal

El incidente Carozzi-La Red puso en evidencia la manipulación de lo medios por el dinero. Ahora cabe repensar el paisaje mediático chileno y crear nuevas instituciones y mecanismos de control democrático para terminar con la captura del poder político por la oligarquía económica.

La empresa privada (con fines de lucro, pero también eventualmente sin esos fines o con fines mixtos) cumple un rol necesario para producir bienes y servicios en economías complejas y dinámicas. Pero para que esa función sea socialmente útil, debe hacerlo centrando su actividad en el buen servicio a bajo costo con permanente innovación, y no en la extracción de rentas sociales o ambientales. Para ello debe  respetar los derechos laborales, la economía circular y la protección del entorno natural y de las comunidades en que se desevuelve, así como los derechos de los consumidores. Todo esto requiere de marcos regulatorios apropiados democráticamente establecidos.

A estos marcos las oligarquías económicas se han opuesto y se oponen con frecuencia en todas partes. En Chile lo hacen férreamente, emulando la cultura de la hacienda heredada de la colonia. Por eso sus corrientes más conservadoras se esmeran en intervenir y controlar la democracia, o suprimirla, como en 1973, precisamente lo que reseñaba el documental La Batalla de Chile. En la actualidad, lo hacen tanto mediante mecanismos de veto minoritario a favor de sus representantes e intereses como a través de la creación de climas de opinión que les sean favorables a través de los medios de comunicación comerciales.

Lo hecho por la empresa Carozzi al retirar su publicidad de La Red por difundir un documental que no es de su gusto, es simplemente inadmisible desde el punto de vista de los principios democráticos y de la libertad de expresión, como antes lo fue el financiamiento ilegal de campañas por grupos económicos. Los principales dueños de Carozzi son la familia Bofill y la empresa sudafricana Tiger Brands. Forma parte de su directorio Carlos Cáceres, ministro del Interior de Pinochet.

Ya había actuado en el mismo sentido el señor Juan Sutil y su grupo empresarial retirando el avisaje a CNN Chile por la cobertura de la protesta social. Es la oligarquía económica en acción, usando sus recursos para pautear a los medios, cuando no los compra directamente, como los ex canales universitarios 11 y 13. Nos enteramos, además, que Carozzi es parte del generalizado irrespeto de los derechos de los trabajadores que caracteriza al “modelo chileno” que tanto defiende el gran empresariado. En efecto, de acuerdo a dirigentes sindicales entrevistados por Interferencia, “Carozzi ha insistido en generar prácticas antisindicales y amenazas, lo que ha generado que en diez años el sindicato que agrupaba a más de 500 personas hoy no tenga más de cinco socios oficialmente”. El sindicato no sometido a la gerencia cuenta con socios clandestinos, que esconden a la empresa su afiliación para evitar represalias: “muchos de los socios fueron despedidos y otros renunciaron al sindicato”. La familia Bofill es una de las principales donantes del candidato Sichel, dicho sea de paso.

¿Es una exageración sostener que la pretensión de la empresa Carozzi es la de prolongar la concepción de Eduardo Matte Pérez, parlamentario, ministro e hijo del fundador del Banco Matte, antecesor del actual grupo Matte? Recordemos que este sostuvo en 1892 la canónica frase según la cual “los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Ha pasado desde entonces mucha agua bajo los puentes y los avances democráticos son considerables, fruto de sistemáticas luchas sociales y políticas. Estas hoy se han acelerado y dado lugar al proceso constituyente en curso. Pero para una parte de la oligarquía económica, la pretensión parece ser hoy la misma que en el siglo XIX, la que la Real Academia Española define como plutocracia:

la “situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado”.

El futuro orden constitucional y su respectiva legislación debieran, en primer lugar, hacer prevalecer el principio de mayoría en la toma de decisiones públicas para terminar con el poder de veto de las oligarquías. En segundo lugar, no someter más a la TV pública al financiamiento de empresas privadas, sino sostener su rol de sustento del pluralismo y de la promoción de la cultura y sus diversidades (junto a un sistema de radios públicas de calidad y educativas como en Gran Bretaña, Francia o España) con una tasa modesta aplicable a la compra de televisores, como en los mencionados países y otros europeos. Y sancionar expresamente en la ley el uso de la publicidad por los avisadores para censurar o discriminar contenidos en la TV privada. Cuando estos quieran hacer publicidad para sus productos, la legislación deberá establecer que su dinero no les da derecho a vetar ni promover contenidos.

Cabe considerar, por otro lado, que el cambio tecnológico será una buena ayuda para ampliar el paisaje audiovisual y su pluralidad. El futuro de la TV estará marcado por la televisión digital terrestre, ya en uso en condiciones “experimentales”. Esta ya incluye canales universitarios, algunos nuevos y otros que renacen después de haber sido abandonados y vendidos al mercado en las décadas pasadas, como lo fue en gran parte también TVN, obligada a vivir de la publicidad. Este es, junto a la política minera y la privatización de las empresas sanitarias, uno de los mayores errores de la transición, que los que pensábamos otra cosa no logramos evitar. Es una de las peores concesiones al poder económico privado de quienes se amoldaron al dominio oligárquico, y aseguraron así el financiamiento de sus campañas o bien el trabajo en grandes empresas después de pasar por el gobierno o por la política.

Con la televisión digital abierta se abrirá un mundo de más amplias posibilidades plurales de expresión audiovisual. La ley de 2014 y su reglamento de 2015 son un buen avance, perfectible en el futuro. El “apagón analógico“, que consagrará la generalización de este formato televisivo, estaba programado para 2020 y se amplió a 2025 por presión de los actuales canales. Ya existe en muchas otras partes. El nuevo gobierno debiera adelantar a 2023 su puesta en práctica. Este conjunto de procesos debieran considerarse como parte esencial del proceso constituyente que dará forma a una nueva República democrática y plural en Chile.